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Anarcocapitalismo y los desafíos ecológicos contemporáneos (II): soluciones de mercado a la custodia del entorno

Escrito por Jorge García Girón en mayo 8, 2025. Publicado en Análisis diario.

En la primera columna con la que se introdujo la presente trilogía se argumentó en favor de los mecanismos de mercado y la libre empresa para la coordinación espontánea de los procesos dinámicos de autoorganización ecológica, aportación otrora expuesta de forma magistral por los teóricos de la ecología de mercado vinculados a la Escuela Austríaca de Economía (véase Huerta de Soto 2020a para una recapitulación detallada a este respecto) y que está en perfecta consonancia con la naturaleza adaptativa y el proceso voluntario de cooperación social del libre mercado, que constituyen la manifestación más pura del capitalismo libertario.

En las líneas que prosiguen, manteniendo una unidad argumental con respecto al primero de los artículos de esta saga, se analizan sucintamente una serie de consideraciones complementarias vinculadas al seguimiento y monitorización de los factores ambientales. Se hace hincapié en cómo las innovaciones tecnológicas en relación con la custodia privada del territorio y de la flora y fauna silvestre podrían contribuir al proceso de mejora en la definición de los derechos de propiedad sobre el entorno natural a través de la creación de un constante incentivo y estímulo empresarial como el que cabría concebir bajo un modelo competitivo de mercado totalmente libre (p. ej. Esplugas 2007).

Aun bajo la premisa de que la inerradicable incertidumbre práctica inherente a los procesos de interacción dinámica y evolutiva de los sistemas ecológicos pudiese ser (al menos parcialmente) superada mediante la estimación y cuantificación de las correspondientes interacciones directas e indirectas entre factores ambientales (véase la discusión a este respecto en la primera columna de esta trilogía), todavía quedaría por resolver el diseño y optimización de las pertinentes medidas de control ambiental que, en un escenario de mercado totalmente libre de injerencia estatal, permitiese rastrear el origen de la agresión y la cadena de actos de invasión sobre la persona o la propiedad afectada, dilema que ha sido bautizado como el problema del transporte (Dolan 1990).

Esta cuestión encaja perfectamente con las limitaciones técnicas típicas de la época en la que fue formulada, en la que las herramientas numéricas de dispersión de contaminantes, por ejemplo, estaban una fase de desarrollo relativamente incipiente, en parte por las limitaciones propias de los modelos de cajas y probabilísticos Gaussianos de aquel momento (al menos en comparación con los modelos Eulerianos, matemáticamente más sofisticados, en los que existe una referencia tridimensional cartesiana fija), la escasa capacidad de cálculo de los procesadores de antaño o la carencia de datos espacialmente explícitos sobre las condiciones físicas y químicas que interfieren en el proceso de transporte de sustancias contaminantes.

El avance científico y tecnológico ha impulsado el uso de instrumentos isotópicos para vigilar la trayectoria de los contaminantes en diferentes partes de la Tierra, predecir su distribución y estimar sus consecuencias en los ecosistemas naturales, mediciones que también son susceptibles de ser empleadas para mejorar los modelos numéricos de dispersión de contaminantes antes referidos. En efecto, allende el análisis y la trazabilidad de la contaminación físico-química, el análisis de isótopos estables puede utilizarse para el estudio de niveles tróficos (incluidas las relaciones alimentarias entre especies extintas), especies invasoras, cambios sutiles en los ciclos biogeoquímicos globales, patrones de movimiento en animales o alteraciones en el ciclo hidrológico, por citar unos pocos ejemplos (véase el monográfico de West y col. 2010 para profundizar en la miríada de aplicaciones de esta tecnología en materia de control y seguimiento ambiental), lo que allana el camino a la gestión privada del entorno natural en relación con la capacidad del mercado de impulsar la compensación por daños o perjuicios a las personas o propiedades afectadas.

Por ejemplo, una entidad privada de custodia interesada en la protección y conservación de las praderas de fanerógamas marinas (incluidas como Hábitat de Interés Comunitario dentro de la Directiva Hábitats y cuyas especies de flora se encuentran recogidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) podría estudiar la huella isotópica de δ¹⁵N y δ¹³C en los tejidos vegetales para asociar una fuente contaminante con una eventual daño (con o sin invasión física) causado por la dispersión de vertidos urbanos, agrícolas o salineros al medio marino (p. ej. Lepoint y col. 2004), facilitando con ello la carga apropiada de la prueba y permitiendo, así, demostrar la correspondiente cadena causal de actos de invasión sobre la propiedad de tal ecosistema marino, al objeto de que pudiesen operar los estándares jurídicos libertarios propios de un teórico orden anarcocapitalista (véanse Rothbard 1990 y 1995 para un sugerente tratamiento a este respecto).

Nótese que el autor de esta columna no está aseverando en modo alguno que el estado actual de la tecnología permitiese resolver toda conexión irrefutable entre el acusado y su agresión contra el demandante con el propósito de establecer una eventual responsabilidad más allá de cualquier duda razonable. A buen seguro que demostrar los efectos derivados de un impacto ambiental podría afrontar un problema de prueba de causación directa, en parte como consecuencia de las reacciones erráticas de los agentes contaminantes y sus dinámicas no en pocas ocasiones impredecibles. No obstante, este argumento no invalida que la aparición de un mercado libre y sin interferencia alguna del Estado en la citada esfera de la vida social se procure de «encontrar soluciones a la hora de introducir las necesarias innovaciones tecnológicas que sean precisas para la definición y defensa de derechos de propiedad en áreas en las que hasta ahora esto no ha sido posible» (Huerta de Soto 2020).

Así como los avances técnicos descritos en el anterior párrafo ilustran la potencial viabilidad a futuro de los principios de la Libertad y de las instituciones que hacen posible la regulación espontánea del mercado (por ejemplo, en relación con la invasión ilegítima o daño ambiental sobre la integridad de la tierra o propiedades muebles de otra persona y, con ello, la delimitación del grado de responsabilidad estricta del agresor en tales actos ilícitos), en el actual marco estatal en el que el medio ambiente está declarado bien público, obstaculizando o directamente imposibilitando su privatización, existe una tendencia incontrovertible a crear toda una serie de efectos distorsionadores que inducen a la destrucción del entorno (consecuencia, según Walter E. Block, del teorema de la imposibilidad del socialismo, en este caso, aplicado al monopolio estatal en materia de medio ambiente y recursos naturales).

Es más, la deforestación del bosque tropical amazónico es el prototipo de las funestas consecuencias que conlleva el intervencionismo a través de las políticas públicas sobre la protección y conservación de la naturaleza, tal y como se destila del informe ya clásico del World Resources Institute (1989) y cuyas principales conclusiones también han sido convenientemente acreditadas en estudios científicos recientes (p. ej. Skidmore y col. 2021). Así, por ejemplo, las inversiones del gobierno brasileño a través de sus programas de subsidios e incentivos fiscales sobre los ranchos ganaderos y otras actividades agropastorales, la construcción indiscriminada de carreteras federales y las cuantiosas inversiones públicas en proyectos hidroeléctricos elefantiásicos se han mostrado como la principal causa de pérdida de recursos forestales en el país.

Ulteriores intentos por corregir la situación por parte de la administración federal, y en particular los Termos de Ajustamento de Conduta (TACs, por sus siglas en portugués) aprobados en julio del año 2009 al objeto de auditar y monitorizar la deforestación ilegal y el grado de sostenibilidad de las cadenas de suministro de ganado, estaban condenados al fracaso desde el momento en que fueron originalmente concebidos, intuición que ha sido recientemente corroborada de forma empírica por West y col. (2022) en la prestigiosa revista Conservation Letters. En efecto, tras más de una década desde la promulgación de los TACs, casi un tercio de la producción agropastoral ilegal en Brasil ha sido practicada en áreas protegidas y en territorios de soberanía indígena reconocidos en el artículo 231 de la Constitución Federal, amén de las consecuencias económicas que dichas políticas han tenido sobre las ventajas monopolísticas de unas pocas compañías (p. ej. JBS, Bertin, Minerva, Marfrig), con la consecuente cartelización y restricción de la producción, como acertadamente ya había vaticinado Murray N. Rothbard en su célebre obra “Poder y Mercado”, concebida como la tercera parte de su magnum opus “El Hombre, la Economía y el Estado”. Afortunadamente se ha descubierto el porqué de este esperado fracaso.

Y es que, tal y como llevan predicando desde hace varias décadas los teóricos de la ecología de mercado, es la regulación y la agresión institucional concretada en la intervención sistemática y coactiva del Estado lo que dificulta o impide el cálculo económico racional de los agentes, en este caso, acarreando la desaparición de masas boscosas de alto valor ecológico sobre las que no se han establecido instituciones que definan, apliquen y garanticen los correspondientes derechos de propiedad, con ello impidiendo la custodia privada de reservas o la producción de atractivos espacios ecológicos salvajes.

La pérdida mundial de vida salvaje es otro ejemplo de los perversos incentivos inexorables a la gestión pública y la ineficiencia de funcionamiento de las decisiones gubernamentales por vía estatal reglamentaria, cuyo inevitable resultado es siempre el deterioro y la sobreexplotación de los recursos naturales. Los teóricos de los fallos de mercado arguyen, no obstante, que la comercialización de la fauna y la flora silvestre es uno de los principales agentes agresores de la biodiversidad y muchos han puesto la desaparición del bisonte de las praderas del oeste de los Estados Unidos y Canadá como el principal ejemplo que avalaría su cadena de razonamiento.

No obstante, como bien ha señalado Lueck (2002), entre otros autores, el verdadero problema que causó el declive de las poblaciones de bisonte en el Nuevo Mundo consistió, precisamente, en que no existían derechos de propiedad sobre los rebaños de estos animales, de modo que los cazadores furtivos podían cazar los individuos para extraerles la piel sin tener que asumir ni ser responsable de los costes derivados de su extinción local. En las últimas décadas, resultado de la evolución en los derechos de propiedad de los bisontes americanos desde el dominio público hacia la propiedad privada, el número de cabezas ha aumentado drásticamente, sobre todo gracias al ingenio de los empresarios encargados de su gestión (muchos de ellos pertenecientes a las comunidades de las naciones tribales, como es el caso de los Rosebud Sioux en las tierra de los Sicangu Oyate en Dakota del Sur) que han facilitado la creación de un potente mercado de productos cárnicos.

De la misma manera, el pastoreo de renos en la Laponia finlandesa se ha mantenido históricamente de forma tradicional en régimen de propiedad privada, existiendo en la actualidad unos 6.700 dueños de las tierras en las que se apacentan (datos extraídos de la Reindeer Herders’ Association). Aunque en Finlandia el pastoreo de renos no es considerado fiscalmente como una actividad con ánimo de lucro y el número máximo de cabezas para un único empresario está regulado por un estricto sistema de distritos, la cabaña ganadera en el país se ha duplicado en el último siglo, de nuevo evidenciando el innegable potencial de las soluciones basadas en el mercado y en los derechos de propiedad para la gestión de la naturaleza (incluso cuando, como en el caso que nos ocupa, el mercado se encuentra fuertemente intervenido por cuotas y regulaciones).

Los críticos con la posición defendida por el autor de esta reseña contraargumentarán que tales soluciones propuestas por los teóricos de la ecología de mercado se encuentran circunscritas a aquellas especies para las que exista una posibilidad explícita de aprovechamiento por parte de la industria alimentaria. Sin embargo, y reivindicando la sabiduría popular del refranero patrio, “dato mata relato”, como corrobora la recuperación de las poblaciones de aligátores en los Estados Unidos, particularmente en Luisiana, Florida y Texas. Y es que estos reptiles habían sido llevados casi a la extinción después de décadas sufriendo los efectos de la caza furtiva y la sobreexplotación (en Luisiana, por ejemplo, el tamaño poblacional de este saurio no superaba los 100.000 ejemplares vivos en los años 50 del pasado siglo).

Tras la aprobación de licencias para el establecimiento de criaderos privados a partir de 1989, la implementación de nuevos proyectos empresariales impulsados por la fuerza mercantil ha multiplicado sus efectivos poblacionales, un crecimiento que ha permitido reclasificar su estado de riesgo y que ha sido consecuencia directa del comercio y la creación de ranchos privados destinados al aprovechamiento turístico, recreativo y cinegético. Estas actividades económicas, además, aportan cuantiosos ingresos estables y son una importante fuente de puestos de trabajo, contribuyendo al desarrollo local de las comunidades en las que se emplazan: solamente en el Estado de Florida los beneficios de estos ranchos y criaderos ascienden a 14 millones de dólares al año (estimación realizada por Harry J. Dutton, Jefe de la Comisión para la Conservación de la Vida Salvaje en Florida).

En suma, la experiencia de los bisontes americanos demuestra hasta qué punto la incapacidad de establecer derechos de propiedad privada sobre la vida salvaje puede contribuir a la desaparición de especies, uno de los más notables desafíos ecológicos contemporáneos, mientras que las estrategias de conservación privada de sus poblaciones, como la cría de renos en Laponia o los ranchos de aligátores en las regiones meridionales de Estados Unidos, ponen de manifiesto cómo se puede subvertir el típico efecto de la tragedia de los bienes comunales a través del ímpetu y la fuerza impulsora del libre mercado y el cálculo económico racional.

¡Imagine el lector cuánto se podría avanzar en la resolución efectiva de estos retos ambientales bajo un Orden Natural basado en la Libertad y en la propiedad privada y en el que el diseño institucional impulsase el florecimiento de los incentivos inherentes a la custodia privada y a todo mercado libre de injerencia estatal!

Se ruega a los amables lectores que compartan con el autor cualesquiera críticas o apreciaciones sobre este manuscrito a través de la siguiente vía de contacto institucional: jogarg@unileon.es

Referencias útiles para profundizar en los aspectos tratados en la reseña

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Block, W. E. (1990). “Environmental Problems, Private Property Right Solutions”, en Block, W. E. (ed.) Economics and the Environment: A Reconciliation (pp. 281-332), The Fraiser Institute, Vancouver: Canadá.
Dolan, E. G. (1990). “Controlling Acid Rain”, en Block, W. E. (ed.) Economics and the Environment: A Reconciliation (pp. 215-232), The Fraiser Institute, Vancouver: Canadá.
Esplugas, A. (2007). Libertad sin estado: ¿es factible el anarcocapitalismo? Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política, 4(2): 205-253.
Gibbs, H. K., Munger, J., L’Roe, J., Barreto, P., Pereira, R., Christie, M., Amaral, T. y Walker, N. F. (2016). Did ranchers and slaughterhouses respond to zero-deforestation agreements in the Brazilian Amazon? Conservation Letters, 9, 32-42.
Hoppe, H.-H. (2004). Monarquía, Democracia y Orden Natural. Unión Editorial, Madrid: España.
Huerta de Soto, J. (2020). “Ecología de Mercado” en Estudios de Economía Política (pp. 217-228). Tercera Edición. Unión Editorial, Madrid: España.
Katz, M. (1969). The Function of Tort Liability in Technological Assessment. University of Cincinnati Law Review, 38: 587-662.
Lepoint, G., Dauby, P. y Gobert, S. (2004). Applications of C and N stable isotopes to ecological and environmental studies in seagrass ecosystems. Marine Pollution Bulletin, 49(11-12): 887-891.
Lueck, D. (2002). The Extermination and Conservation of the Bison. The Journal of Legal Studies, 31(2): 609-652.
Repetto, R. (1988). The Forest for the Trees? Government Policies and the Misuse of Forest Resources. World Resources Institute, Washington D.C.: Estados Unidos.
Rothbard, M. N. (1990). “Law, Property Rights, and Air Pollution”, en Block, W. E. (ed.) Economics and the Environment: A Reconciliation (pp. 233-279), The Fraiser Institute, Vancouver: Canadá.
Rothbard, M. N. (1995). La Ética de la Libertad. Unión Editorial, Madrid: España.
Rothbard, M. N. (2015). Poder y Mercado: El Gobierno y la Economía. Unión Editorial, Madrid: España.
Skidmore, M. E., Moffette, F., Rausch, L., Christie, M., Munger, J. y Gibbs, H. K. (2021). Cattle ranchers and deforestation in the Brazilian Amazon: Production, location, and policies. Global Environmental Change, 68: 102280.
West, J. B., Bowen, G. J., Dawson, T. E. y Tu, K. P. (2010). Isoscapes: Understanding movement, pattern, and process on Earth through isotope marking. Springer, Dordrecht: Países Bajos.
West, T. A. P., Rausch, L., Munger, J. y Gibbs, H. K. (2022). Protected areas still used to produce Brazil’s cattle. Conservation Letters, 15(6): e12916.

Anarcocapitalismo y los desafíos ecológicos contemporáneos (I): la gestión de la incertidumbre

Escrito por Jorge García Girón en enero 15, 2025. Publicado en Análisis diario, Doctrina.

La ecología de mercado (free-market environmentalism), expresión que corresponde al título original del libro de Terry L. Anderson y Donald R. Leal (1993) que es referencia obligada en este campo, ha dotado a los teóricos de la ciencia social, muy particularmente de la economía, de una más profunda y sutil comprensión de la organización y los mecanismos de autorregulación de los sistemas ecológicos, en tanto que interacción dinámica entre los grupos humanos con el medio físico y biótico.

Más allá del absoluto paralelismo en cuanto a la concepción espontánea y evolutiva de los procesos de mercado y la ciencia ecológica (véase, por ejemplo, Huerta de Soto 2020a), no son pocos los autores que han puesto en duda la capacidad de coordinación y ajuste que surge del mercado con respecto de la gestión de los elementos y recursos de la naturaleza (p. ej. Blumm 1992), un debate que resulta de especial interés a la hora de analizar la viabilidad de un eventual marco social post-estatal en el que el entorno natural haya trascendido su carácter reservado al dominio público para estar organizado basándose en un entramado policéntrico de contratos voluntarios regulados por la libre empresa y los incentivos de mercado.

Viejas y nuevas cuestiones

Inspirado en el artículo seminal de Edwin G. Dolan (1990), en este comentario y en la serie que le procede en forma de trilogía se bosquejan algunas cuestiones que, a juicio del autor, plantean los desafíos medioambientales contemporáneos en el contexto de un escenario de mercado totalmente libre de injerencia estatal: (I) la gestión de la inexorable incertidumbre práctica vinculada a las interacciones ecológicas, (II) la definición de los derechos de propiedad en relación con el entorno natural, y (III) el problema de los costes de transacción.

En aras de la brevedad, se obvian aquellos argumentos críticos vinculados con la situación de monopolio, la doctrina de las externalidades negativas, los bienes públicos y el problema de los free riders o el dilema de la equidad intergeneracional, en tanto que estos razonamientos ya han sido replicados in extenso en monográficos previos (en castellano por Huerta de Soto 2020b). También se pone de manifiesto cómo el enfoque adaptativo, evolutivo y dinámico inherente al sistema anarcocapitalista podría contribuir a circunvalar estos desafíos característicos de la modernidad, no por ello obviando la máxima que advierte que la gama y variedad de soluciones empresariales provistas por el orden espontáneo del mercado a estos problemas concretos no pueden ser determinadas ex ante.

La incertidumbre

En esta primera reseña se aborda la incertidumbre estructural que constituye el locus cœruleus de las dinámicas ecológicas, en absoluto paralelismo con los procesos espontáneos a los que responde el desarrollo económico, y se discute cómo la fuerza mercantil podría acometer estrategias de mejora en relación con el estado de la naturaleza, sobre todo en contraposición al actual marco institucional y burocrático dominado por el monopolio estatal.

Como en cualquier área compleja de la ciencia, la aparición de incertidumbres es un rasgo intrínseco de los sistemas ecológicos, concebidos como procesos de interacción dinámica y evolutiva de tipo no lineal cuya autoorganización depende de una miríada de circunstancias características de sus respectivas coordenadas de tiempo y lugar, un principio axiomático y con vocación universal que la ciencia ecológica ha bautizado como dependencia del contexto.

En efecto, la inferencia del tamaño poblacional de una especie, un estadístico demográfico relativamente “simple”, depende de las correspondientes estimaciones de parámetros como la natalidad, la mortalidad o las tasas de inmigración y emigración, descriptores de naturaleza estocástica cuyos cálculos están sujetos a una inerradicable incertidumbre práctica. A ello se le suma la naturaleza no aditiva (sinérgica o antagónica) de la infinidad de interacciones protagonizadas por los diferentes mecanismos de organización ecológica, cuya prevalencia y magnitud siguen plagando de incertidumbre empírica las proyecciones en su dimensión espacial y temporal.

La lluvia ácida

El perfeccionamiento de nuevas técnicas de modelización multivariante, como los modelos de ecuaciones estructurales o los análisis de comunalidad, por poner dos ejemplos de rutinario empleo en el campo de la ciencia ecológica, han permitido probar y estimar interacciones dinámicas a partir de parámetros estadísticos y suposiciones cualitativas sobre la causalidad entre variables, mejorando la cuantificación de los efectos directos, indirectos y sinérgicos entre los factores ambientales.

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo y optimización de estas y otras herramientas de modelización serían claves para solucionar de manera efectiva las correspondientes agresiones a los derechos de propiedad sobre el entorno natural en una futura sociedad post-estatal, sobre todo a colación del debate que suscitó a finales del pasado siglo la valoración de los efectos directos e indirectos de la lluvia ácida sobre las aguas continentales y las masas boscosas en las Montañas Rocosas de los Estados Unidos.

Y es que la acidificación de las precipitaciones (derivada de la contaminación atmosférica por óxidos de nitrógeno y azufre) intervino como un agente impactante no lineal cuyos efectos sobre la biota se manifestaron sinérgicamente (aunque en función del contexto particular de los condicionantes ambientales característicos de cada lugar) en combinación con el ozono troposférico de las zonas periurbanas (fenómeno conocido comúnmente como smog fotoquímico) y los iones metálicos retenidos en la matriz arcillosa del suelo.

El papel de la regulación

La expeditiva respuesta política a la problemática causada por el fenómeno de la lluvia ácida al otro lado del Atlántico vino acompañada de un severo esfuerzo regulatorio que cristalizó con la aprobación de los New Perfomance Standards de la Clean Air Act (Ley del Aire Limpio) de 1977, cuyo sobrecoste anual se ha estimado en casi 80 millones de dólares al año desde la era Bush (datos extraídos del Programa Nacional de Evaluación de las Precipitaciones Ácidas), en parte por la estricta aplicación de las normas de la mejor tecnología disponible que, en lugar de fijar niveles de emisión específicos mediante la autorización de carbón más limpio y de bajo contenido en compuestos sulfurosos, obligó a los propietarios de las instalaciones térmicas a implementar sistemas de filtrado de gases más caros, menos eficientes y de muy complicada manipulación.

A todo ello se le sumó el esfuerzo de la administración federal por conseguir una drástica reducción en los niveles de emisión de los precursores químicos de la lluvia ácida sin tener en cuenta las incertidumbres inherentes en los modelos de compartimentos ambientales, obviando el desacoplamiento temporal entre la reducción de las emisiones gaseosas y la merma de las sedimentaciones ácidas en el suelo y la biota, un enfoque que infringe de facto las bases de la teoría ecológica de metasistemas al perseguir soluciones estáticas a problemas dinámicos y multidimensionales.

El papel de la libre empresa

En contraposición a la intervención sistemática y regulatoria de la administración pública, fundamentada en forzar a terceros la internalización de los efectos ambientales so pretexto de los mecanismos disciplinarios y de control político exigidos por omniscientes, benevolentes y laureados burócratas y expertos (entiéndase la ironía), las mejoras en las recetas concretas y específicas de tipo técnico e institucional legítimamente confiables a la libre empresa y al entramado de procesos espontáneos que distinguen al modelo anarcocapitalista de cualquier otra forma de organización social, conllevarían la adopción de soluciones innovadoras y descentralizadas articuladas a través de los intereses particulares e incentivos de mercado; por ejemplo, a través de la asunción de responsabilidad de los daños causados por una acción contaminante, dando lugar a un proceso negociador entre el acusado y los receptores de la contaminación (demandantes).

En efecto, bajo el paraguas del marco teórico que ofrece la ecología de mercado, una vez identificada(s) la(s) fuente(s) contaminante(s) se obligaría a los primeros a pagar por los daños causados sobre la propiedad ajena a través de indemnizaciones o interdictos según los principios y normas establecidos por los pertinentes estándares jurídicos libertarios. Este enfoque adaptativo, consustancial a la teoría general del capitalismo libertario, y que reconoce explícitamente las incertidumbres inherentes a los fenómenos naturales, resultaría compatible con los principios fundamentales que vertebran la ciencia ecológica moderna, garantizando en términos dinámicos e intertemporales la solución a los problemas medioambientales contemporáneos a través de acciones ingeniosas e imaginativas surgidas evolutiva y empresarialmente en Libertad.

Innovación

En futuras reseñas que serán publicadas en este foro de forma regular se examinarán los potenciales beneficios de la custodia privada de los recursos naturales y la biodiversidad, en especial en comparación con los modelos de gestión pública vía regulaciones administrativas, haciendo énfasis en las innovaciones técnicas necesarias para minimizar los daños generados sobre la propiedad en relación con el entorno natural, así como el surgimiento de la falacia de los costes de transacción como consecuencia inapelable de la actual deficiencia en materia de definición y defensa de los derechos de propiedad, en contraste con el diseño institucional que cabría concebir en un mercado libre de coerción estatal.

Se ruega a los amables lectores que compartan con el autor cualesquiera críticas o apreciaciones sobre este manuscrito a través de la siguiente vía de contacto institucional: jogarg@unileon.es

Bibliografía

Anderson, T. L. y Leal, D. R. (1993). Ecología de Mercado. Unión Editorial, Madrid: España.

Bengtsson, J. (2010) “Applied (meta)community ecology: diversity and ecosystem services at the intersection of local and regional processes”, en Verhoef, H. A. y Morin, P. J. (eds.) Community Ecology: Processes, Models and Applications (pp. 115-130), Oxford University Press, Oxford: Reino Unido.

Block, W. E. (1990). “Environmental Problems, Private Property Right Solutions”, en Block, W. E. (ed.) Economics and the Environment: A Reconciliation (pp. 281-332), The Fraiser Institute, Vancouver: Canadá.

Blumm, M. C. (1992). The Fallacies of the Free Market Environmentalism. Harvard Journal of Law and Public Policy, 15: 371-389.

Catford, J. A., Wilson, J. R. U., Pyšek, P., Hulme, P. E. y Duncan. (2022). Addressing context dependency in ecology. Trends in Ecology and Evolution, 37(2): 158-170.

Dolan, E. G. (1990). “Controlling Acid Rain”, en Block, W. E. (ed.) Economics and the Environment: A Reconciliation (pp. 215-232), The Fraiser Institute, Vancouver: Canadá.

Hoppe, H.-H. (2004). Monarquía, Democracia y Orden Natural. Unión Editorial, Madrid: España.

Huerta de Soto, J. (2007). Liberalismo versus Anarcocapitalismo. Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política, 4(2): 13-32.

Huerta de Soto, J. (2020a). “Ecología de Mercado” en Estudios de Economía Política (pp. 217-228). Tercera Edición. Unión Editorial, Madrid: España.

Huerta de Soto, J. (2020b). “Derechos de Propiedad y Gestión Privada de los Recursos de la Naturaleza” en Estudios de Economía Política (pp. 229-249). Tercera Edición. Unión Editorial, Madrid: España.

Rothbard, M. N. (1990). “Law, Property Rights, and Air Pollution”, en Block, W. E. (ed.) Economics and the Environment: A Reconciliation (pp. 233-279), The Fraiser Institute, Vancouver: Canadá.

Urban, P., Sabo, P. y Plesník, J. (2021). How to define ecology on the basis of its current understanding? Folia Oecologica, 48(1): 1-8.

Ver también

Calentamiento cada mil quinientos años. (Antonio Gimeno).

La economía circular o el intervencionismo perfecto

Escrito por Alberto Illán Oviedo en agosto 16, 2021. Publicado en Análisis diario.

La economía circular gusta, y a algunos, mucho. Es una concatenación de posibilidades que nos lleva a una utopía perfecta, de equilibrio con el medioambiente, de necesidades adecuadas y moderadas en la sociedad, que reduce y minimiza cualquier contaminación o daño al entorno, disminuyendo o, incluso, evitando el uso de nuevas materias primas (de nuevo, en beneficio para el ecosistema). Es tal el entusiasmo que, según la UE, este sistema verde será responsable de un incremento de la competitividad y una mayor innovación, que producirán un crecimiento económico que cuantifica en un 0,5 por ciento adicional del PIB y un incremento del empleo de nada menos de 700.000 trabajos solo en la UE cara a 2030. No tengo muy claro que estas cifras dadas por la UE sean especialmente brillantes y ajustadas a la realidad, pero son las que aparecen en este documento.

Además, es una economía abierta a más “palabros”, esos conceptos que con frecuencia se nos meten en el lenguaje técnico y terminan adornando cada vez más discursos ligados a las modas y a lo político y económicamente correcto. En el artículo anterior, expuse que la reducción, la reutilización y el reciclaje eran la base del sistema. Sin embargo, actualmente podemos encontrar otros cuatro conceptos que se han ido intercalando entre estos, aunque quieran decir más o menos lo mismo: reutilizar, reparar, renovar, reciclar, recuperar, rediseñar, reducir. Nada que no veamos en la web de una gran empresa, en un anuncio de televisión, que escuchemos en un mensaje de algún famoso concienciado con el medioambiente, de algún gurú o un coach que dedique su acreditada vida laboral a enseñarnos qué hacer, cómo hacerlo y qué evitar. Es tal el entusiasmo que despierta que sería bueno sacarle sus puntos oscuros, incluso sus inconvenientes.

La economía circular mimetiza los ciclos naturales, los sistemas ecológicos en los que nada parece desecharse, al menos en teoría. Siempre he tenido dudas sobre la supuesta eficiencia de la naturaleza. Esta no es un diseño inteligente en el que todo está pensado al dedillo y nada se escapa a la mente creadora. La evolución actúa sobre lo que hay en un momento dado. En un ecosistema, las relaciones entre las partes tardan cientos, miles o millones de años en crearse y el aprovechamiento de los recursos no tiene por qué ser perfecto (suponiendo que se pueda definir qué es aprovechamiento y qué es perfecto). Tampoco responden a un objetivo, pues el ecosistema surge, vive durante un tiempo y luego desaparece o es sustituido por otro; las especies aparecen y desaparecen, aunque todo esto no implica que no se desarrollen sistemas que lo reparen en cierta medida, si el daño no es excesivo. Un ecosistema está sujeto a cambios constantes, la mayoría lentos o muy lentos, a los que es fácil adaptarse, y otros rápidos, posiblemente catastróficos, o que implican respuestas más veloces que las habituales[1].

La economía circular no es un sistema que surja de manera espontánea y que crezca de una manera natural; por el contrario, es un sistema pensado y planificado, que ha buscado modelos externos para implementarse y que tiene claro qué tipo de procesos está permitido, cuál está prohibido y cuál tiene su uso condicionado por las normas que establecen sus creadores. Estamos ante un sistema que nada tiene de natural, aunque muchas veces se identifique con ello, sino más bien de artificial, entendiendo por tal lo que sale de la mente de ciertas personas, según sus conocimientos, ideas preestablecidas, objetivos y necesidades que tengan o propongan. Si buscamos algo parecido a un sistema natural, no deberíamos fijarnos en la economía circular, sino en el libre mercado, donde las relaciones son voluntarias y espontáneas, incluyendo las normas que las regulan.

En la economía circular se establece una jerarquía en cuanto a quién debe recibir el mayor beneficio. El primer mandamiento es que el medioambiente no debe salir perjudicado o, al menos, que el daño sea mínimo y reparable. Todo lo que no cumpla esta primera norma está prohibido o muy condicionado. ¿Deja eso en segunda posición las necesidades de la gente? Pues no, tampoco diría yo que ocupen ese lugar. El cómo es tan importante como el qué. Al no ser un sistema espontáneo, los que piensan, implementan y mantienen vivo el sistema son tan importantes como el propio sistema. Toda maquinaria debe tener unos técnicos que la mantengan; técnicos, funcionarios, financiadores y un largo etcétera de personas, instituciones y empresas que la hacen posible estarán por delante de las necesidades de otras personas que deberán, no sólo adaptar sus necesidades y deseos a estas normas, sino también costear su mantenimiento y posibles sobrecostes, en definitiva, su financiación. La eficiencia no será base de la economía circular, sino su supervivencia, incluyendo los que viven por y para ella.

No es casualidad que las grandes empresas participen en esta filosofía de hacer las cosas o, al menos, que dediquen bastante de su presupuesto de márquetin y publicidad a vender su actividad como una que aspira a ser circular. Sea cierto o no, la economía circular está moviendo muchos miles de millones en forma de proyectos favorecidos con subvenciones, financiación ventajosa y todo tipo de ayudas que se promueven desde instituciones estatales, supraestatales y políticas en general. De hecho, el ecosistema económico que genera estas políticas medioambientales atrae a muchos emprendedores, que no empresarios, y surgen organizaciones, que no empresas, que viven de ello y que no sé si tendrían ingresos en un sistema más libre, menos intervenido. Suelen ser las más activas en la propaganda, en fortalecer las ideas y la ideología que las mantienen vivas. No es extraño que los anuncios de reciclaje sean tan abundantes en las televisiones en abierto. La supuesta innovación estaría marcada por los límites del sistema, no por la capacidad de imaginar cosas. Podrían extraerse ideas de los ecosistemas, pero es también bastante posible que algunas de esas ideas no sean adecuadas. Acceder a algo que esté fuera del sistema cíclico será burocráticamente imposible o, al menos, muy difícil. Y los puestos de trabajo serán los ligados a dichas actividades.

La economía circular es un sistema económico “perfecto” para un sistema estatal con fuerte tendencia a la intervención, con o sin un ecosistema empresarial ligado a ella. No es por tanto extraño que, desde la UE, desde los gobiernos nacionales o desde los regionales y locales se fomente, pues son precisamente ellos, los políticos, funcionarios y técnicos del Estado, los encargados de crearla, dirigirla e implementarla. En plena crisis climática, con el apocalipsis cerca, su instalación es una necesidad moral y, por ello, su filosofía y sus conceptos vuelven a aparecer en los documentos, papers y otras gansadas oficiales, universitarias y políticas.

¿Estamos ante un engañabobos? Tampoco estoy diciendo eso. La ciencia y los desarrollos ligados a lo que se llama economía circular me parecen muy interesantes y estoy seguro de que están dando mucha información y conocimiento para hacer que nuestra economía sea mucho más eficiente y menos dañina. La economía lineal, esa que han dicho que es lo contrario de la circular, la que termina con todo en el vertedero, nunca ha sido así. La gente tiende a reutilizar de manera espontánea, cambia cosas de uso y les da más vida, vende o intercambia cosas con conocidos y desconocidos. Prácticamente toda la base de este sistema ya existía antes de que se definiera, y funcionaba. Que ciertas personas con ciertos intereses lo hayan sistematizado un poco y lo hayan bautizado con un nombre bastante llamativo no lo hace nuevo. Lo que sí es nuevo es la manera de usarlo, una herramienta de ingeniería social que conduce a un intervencionismo perfecto.

[1] Un ejemplo de ello fue la desaparición de los grandes mamíferos o la de los marsupiales, que sobrevivieron nada más que en Oceanía (y alguno en América), o la fluctuación de los niveles de oxígeno en la atmósfera, alterando el tipo de fauna y flora sin, por ello, acabar con la naturaleza.

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El Mar Negro (III): el intervencionismo económico turco

Escrito por Alberto Illán Oviedo en junio 14, 2021. Publicado en Análisis diario.

En el Mar Negro, como en casi todos los mares del mundo, se ha producido la conocida tragedia de los comunes. Mientras que la población es lo suficientemente pequeña como para no alterar significativamente los ecosistemas, tomar un determinado recurso vivo de los mares no tiene por qué producir un daño irreversible, ya que los ecosistemas poseen una capacidad natural de recuperación, seguramente más poderosa de lo que los ecologistas sugieren habitualmente, aunque no menos cierto es que resulta limitada. Por el contrario, cuando la presión es excesiva y no es capaz reponer los animales pescados, el recurso tenderá a desaparecer y alterará el ecosistema. Poner solución a esto es complicado.

En primer lugar, hay que ser consciente de que existe el problema; y esto no es tan fácil, ya que no todos tendrán suficiente información y perspectiva para percibirlo y otros ven en cualquier acción un acto incalificable de agresión al medio. Para el progresismo ecologista, siempre hay un problema que abanderar, ya sea porque existe realmente o porque estamos cerca de alcanzar ese punto de no retorno que conduce al desastre[1]. Para los que viven de este recurso, cualquier alteración de la manera que tienen de explotarlo suele ser vista como una amenaza para su forma de vivir, sus negocios y su prosperidad[2].

En segundo lugar, hay que estar determinado a actuar para solventarlo. En los ambientes liberales, se invoca la propiedad privada como principal herramienta, ya sea del semoviente o del territorio, donde gozaría de la protección de su dueño o dueños, propiciándose acuerdos con otros propietarios que amplíen la protección. Los más intervencionistas apelan a la regulación, a poner límites legales, y esta forma de actuar es la más habitual. Ambos sistemas tienen sus limitaciones, sus problemas y sus ventajas[3].

El éxito o fracaso de la regulación medioambiental depende de tres cosas. En primer lugar, de si la Ley está basada en un conocimiento exhaustivo de lo que se quiere regular. La ecología como ciencia está en desarrollo desde hace unas décadas y, aunque los conocimientos son profundos, aún se están aprendiendo cosas, y una de ellas es cómo influye realmente el ser humano y sus actividades en la capacidad de recuperación de los ecosistemas. En segundo lugar, la legislación medioambiental está muy influida por la ideología imperante y, a veces, es complicado o imposible distinguir entre la ciencia y el dogma de lo políticamente correcto. Esta influencia, sobre todo en las políticas más intervencionistas, supone que la legislación pasa a ser una herramienta de ingeniería social, evitando o limitando un comportamiento en el corto plazo y consiguiendo un nuevo y teórico estado del territorio en el largo plazo[4]. En tercer lugar, e íntimamente relacionado con el punto anterior, se puede entrar en colisión con otras leyes existentes.

La protección del medioambiente puede entrar en conflicto con la legislación que protege la propiedad, al perder el dueño el control de algunos aspectos de lo poseído. Esto nos lleva a poner en duda la coherencia del sistema legal, además de limitar la empresarialidad responsable, reduciendo la protección del medioambiente a una simple cuestión de actuar según indican las leyes y no a una cuestión de responsabilidad sobre nuestros actos y los daños que podemos cometer. Basta echar una ojeada a la prensa para ver que este tipo de daños casi siempre se achaca al libre mercado, al capitalismo y a una falta de regulación de nuestro “espíritu depredador”, nunca a al sistema político y a las normas que promulga. Esto es lo que ocurrió en Turquía en los años 80 y que tuvo como consecuencia una disminución peligrosa de la fauna marítima del Mar Negro.

Los años 70 del siglo XX habían sido para la república turca muy malos, más preocupado de su enfrentamiento con Grecia y la invasión de Chipre que de mejorar la calidad de vida de los turcos. La economía se había precarizado y, en el contexto de la Guerra Fría, habían surgido movimientos extremistas, tanto religiosos como de extrema derecha y extrema izquierda. Esta inestabilidad, con casi 7.000 muertos, se solventó el 12 de septiembre de 1980 con un golpe de Estado a manos del ejército, uno de los poderes reales dentro del país, que instaló una dictadura que duraría hasta 1983, año en el que volvió a la senda democrática, eso sí, con una constitución hecha por los golpistas, cuyo líder, Kenan Evren fue presidente hasta 1989.

La economía turca en estos años, que supuestamente se liberalizó, tomó la dinámica de crecimientos rápidos y fuertes recesiones y esto puede ayudar a entender su impacto en el ecosistema, impacto que tiene poco que ver con el egoísmo o el interés del empresario-pescador, sino más bien con la planificación económica. La política turca de estos años era una mezcla de renacimiento del nacionalismo, cierta tendencia a la autarquía, una gran presencia de corrupción institucional y, en el asunto que nos lleva, ignorancia científica. En los años 80, había una gran demanda de tierras en torno al Mar Negro, lo que estaba suponiendo un problema para la inestable democracia turca, así que el Gobierno decidió dirigir el interés de estas personas hacia la pesca, que siempre se ha visto como un recurso “infinito”. Los pescadores tradicionales se vieron, sin comerlo ni beberlo, compitiendo con nuevos pescadores que habían recibido concesiones gubernamentales. El Gobierno subvencionó la actividad, dando préstamos a bajo interés sin demasiado control, típico de un régimen corrupto. Los pescadores turcos se unieron a los soviéticos y empezaron a pescar sin limitación de capturas. Incluso instituciones como el Banco Mundial ayudaron al gobierno turco en la financiación del sector y, de esta forma, la burbuja crecía con ayuda de las instituciones internacionales. Inevitablemente, se creó rápidamente una industria conservera que aprovechaba esta aparente abundancia.

Fueron unos años donde se crearon fortunas rápidas o se ampliaron otras: bajos costes, abundancia de recursos, poca competencia…, ya que los pescadores tradicionales no tenían barcos lo suficientemente dotados (ni recursos financieros para comprarlos) como para enfrentarse a los nuevos “empresarios”. Las flotas abastecían a las conserveras y volvían a la carga. Sin embargo, en no muchos años, los peces empezaron a escasear. Los primeros afectados fueron los pescadores tradicionales, cuyos caladeros habían sido esquilmados. Es posible que algunos pudieran ver dónde iba todo esto y se bajaran del carro antes del desastre, pero no todos lo hicieron e incluso otros se sumaban al carro de la inversión. Los barcos altamente tecnificados para detectar los cada vez más escasos bancos de peces subieron su precio astronómicamente, pues con tecnología más antigua era casi imposible conseguir algo, tal como evolucionaban las circunstancias. Las inversiones eran altas, pero los beneficios empezaban a escasear. Para hacernos una idea del expolio, la captura de anchoa en 1984 fue de 320.000 toneladas métricas, mientras que, en 1989, la cantidad se redujo a 15.000. La ruina se abatió sobre todos; los pequeños pescadores no tenían dónde pescar, los grandes tenían unas deudas con los bancos que habían financiado sus flotas y las industrias conserveras ya no tenían qué conservar. Y parte de la economía y la sociedad turca entró otra vez en crisis.

Alguien podía preguntarse por qué no se hizo nada desde la Administración, ya fuera la central o las regionales. Todo sistema político conlleva corrupción. Ciertas personas intentan aprovecharse para sí mismos o para otros del poder que ostentan y la financiación que mueve su parte del sistema. Los políticos de la democracia turca estaban más interesados en conseguir el voto de las comunidades costeras que de denunciar el daño que estaba haciendo una política promocionada por el propio sistema, así que era preferible hacer la vista gorda a lo que ocurría. El resultado fue catastrófico, pero no por los malvados empresarios ávidos de dinero que se saltaban una regulación protectora, sino por una confluencia de políticos ávidos de poder, o al menos de votos, que vendían a amigos y gente sin escrúpulos favores que les permitían conseguir a todos, mientras todo fuera bien, pingües beneficios[5]. El daño no fue sólo para el ecosistema, fue también para los que vieron invadida su forma tradicional de vida y para gente que, con poca vista, decidió invertir en algo que su Gobierno aconsejaba. Puede que alguno diga que estos últimos se lo merecen, por no fijarse en quién es el enemigo y confiar en trileros, pero no menos cierto es que no todo el mundo tiene esa perspectiva del liberal que vigila a los vigilantes.

Quizá deberíamos empezar a distinguir entre ciencia e ideología, entre ecología y ecologismo. Cuando se produce un daño, es deber del que lo hace, repararlo. Esto tiene que ver con la responsabilidad y con el sistema moral. Los problemas en los ecosistemas casi siempre se han abordado desde la perspectiva de la intervención y la prohibición, raramente desde la prevención responsable, la asunción del daño y su reparación. Si dejamos en manos del Estado la protección exclusiva del medioambiente, o cualquier otra cosa que consideremos esencial, nos estaremos inhibiendo del problema, relegando su solución e incluso su planteamiento a una institución oportunista. Seremos incapaces de ver el problema y, mucho menos, de ser críticos con las medidas propuestas y de participar en el sistema con nuestra acción individual. Estamos acostumbrados a pensar que estas grandes “gestas políticas” dependen de otros y que nuestro rol es obedecer lo que se dice. Con estos artículos he querido mostrar, más que demostrar, a través de varios ejemplos, que las instituciones públicas son incluso más dañinas que los actores privados, pues su daño afecta a todo el territorio, incluso más allá del que controlan. El ecologista es un personaje que se ha convertido en una marioneta de intereses más altos y es una pena, porque no siempre sus reivindicaciones son una majadería ideológica; por el contrario, pueden ser un aviso muy serio de que algo va realmente mal. Y no me estoy refiriendo a esta religión que se ha montado en torno al cambio climático, estoy refiriéndome a daños que se pueden constatar con datos científicos y a los que hay que hacer caso con proporcionalidad, no con un alarmismo injustificado. Es una pena que el cuidado del medioambiente haya caído en manos de un intervencionismo político aterrador.

[1] Es una estrategia habitual de los movimientos progresistas, ya sea por temas medioambientales o sociales. Rozar el desastre supone la atención de los medios, de ciertos sectores sociales y, sobre todo, de los políticos, que son quienes mayoritariamente les consiguen los recursos financieros necesarios para la supervivencia y la prosperidad de sus organizaciones.

[2] En este caso, se les considera egoístas, debido a que dan prioridad a sus intereses económicos frente a los problemas globales, pensando en el corto plazo frente al larguísimo plazo, que es en el que se mueven las instituciones con argumentos medioambientales. Es cierto que habrá personas y empresas creadas por dichas personas que optarán por conseguir beneficios a costa de, en este caso, la extinción de un recurso en una zona concreta. El problema es que se suele asignar este comportamiento al libre mercado y al capitalismo, y esto no es cierto. Un empresario partidario del libre mercado entenderá que su prosperidad recae en que el recurso necesita recuperarse y no de cualquier manera, sino en unas condiciones adecuadas para poder seguir explotándose, así que estará abierto a entender las razones que argumenten los medioambientalistas y podrá incluirlas en sus sistemas productivos. También podrá hacer campaña a favor de estas medidas y no por ello dejará de ser partidario de la libertad, ya que esta irá acompañada de la responsabilidad.

[3] En el ámbito marítimo que nos incumbe es más complicado, pero no imposible, aplicar la propiedad privada. Las especies marítimas, en especial las que se pescan, van y vienen y recorren miles de kilómetros. La acuicultura marina sólo se puede aplicar a algunas especies y dado que no se pueden compartimentar y aislar del resto de mar, se producen epidemias en las explotaciones que se extienden a los ecosistemas, como, por ejemplo, el piojo marino, un parásito que arrasa sin piedad. Entiendo la filosofía subyacente, que comparto, pero me cuesta no pocas veces ver su implantación. En tierra, los cotos de caza privados, con un buen mantenimiento, son ricos ecosistemas que se conservan bien. Al final, el éxito depende de aspectos morales de dueños y visitantes, de cumplimiento de acuerdos y de una vigilancia de los aspectos técnicos que permitan un estado adecuado del terreno según cambian las circunstancias, así como de una perspectiva en el largo plazo de la empresa.

[4] Este tipo de ingenieros suelen obviar algunos efectos no deseados y daños colaterales sobre otros aspectos de la sociedad, daños que ven, pero consideran menos importantes que sus objetivos largoplacistas. Es más, suelen ser incapaces de detectar tales efectos y daños colaterales, por lo que los daños suelen ser muchos más de los previstos. Un ejemplo reciente lo tenemos con la tarifa eléctrica y sus nuevos horarios, que todos estamos padeciendo.

[5] En el colmo de la desvergüenza, algunos políticos turcos echaron la culpa de la falta de pescado a los delfines que, por otra parte, también estaban siendo capturados masivamente por las flotas pesqueras, pues, todo hay que decirlo, a la hora de pescar, les cuesta discriminar entre especies pescables y otras que no deberían serlo. Aunque en este caso, la tecnología es cada vez más eficiente.

El Mar Negro (I): Un acercamiento

El Mar Negro (II): El impacto soviético