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Etiqueta: educación

La insidia como ideología

En estas páginas se ha abordado por mejores plumas las regulaciones derivadas de ese esperpento de moldeamiento de mentes infantiles que la perversidad habitual de sus mentores dio en llamar Educación para la Ciudadanía.

Sin embargo, los efectos destructivos (constructivos, evidentemente, para aquellos que quieren forjar un ser humano autómata que obedezca sin rechistar al poder establecido) de una sola asignatura obligatoria de doctrina quedarían muy atenuados si no fuera acompañada en todos los grados de la enseñanza y los medios de comunicación de un discurso ideológico que se ha colado transversalmente en todas las materias imaginables.

El ejemplo de la monserga del "calentamiento global" –nótese que convertido en escaso tiempo al mantra del "cambio climático"– nos ha demostrado hasta qué punto estas tendencias de manipulación grosera de la realidad se proyectan, incluso, sobre campos científicos donde la cautela y las advertencias sobre las limitaciones del conocimiento humano impiden llegar a conclusiones precipitadas. Menos aún, emprender un sistema de planificación a escala mundial para controlar la emisión de determinados gases. Tarde o temprano, los efectos contraproducentes del Protocolo de Kioto conducirán a su abrogación de facto.   

A pesar de la preeminencia en el mundo cultural y académico de ideas socialistas y liberticidas, no resulta difícil desmontar la implacabilidad de las machaconas técnicas proselitistas de sus turiferarios. Una de ellas, muy utilizada por el diario El País y allegados, consiste en la sistemática purga de hechos y datos que desluzcan los precocinados ideológicos que sirven a sus lectores. Solo proceden a sus famosas campañas de persecución y linchamiento cuando perciben a un rival peligroso para su tambaleante influencia. Como se sabe, este diario de referencia para los "progres" españoles comenzó su existencia blandiendo el espíritu de la ilustración y teniendo cierta calidad formal. Sin embargo, lleva mucho tiempo convertido en una caricatura autocomplaciente de si mismo, gracias a los ímprobos esfuerzos de una hornada de semialfabetos que lo han despeñado por la mediocridad, a mayor gloria de los poderes fácticos proclives al PSOE.

Otro ámbito en el que se descubren improbables casualidades es el de los manuales de enseñanza de idiomas. Va ya para demasiado tiempo que los estragos causados por la corrección política nacida en Estados Unidos se esparcen entre las principales lenguas del globo. Pero, en concreto, cuando, observamos los manuales más utilizados en la enseñanza del español para extranjeros encontramos los mimbres de esa recreación ideológica y de ese moldeamiento potencial de los futuros hablantes de nuestra lengua. Siguiendo las contraindicaciones para el mantenimiento de la salud mental y la búsqueda del conocimiento, nos podemos quedar perplejos con las selecciones de textos y los asuntos de actualidad escogidos. Afiliarse a Greenpeace o a una ONG es lo que un joven español medio está pensando en hacer. El reciclaje de basuras y la lucha contra el cambio climático pavimentan el camino a la perfección de todo ser humano. La "lucha contra las desigualdades" en su versión pajinesca lleva bastante tiempo anunciada en muchos manuales.

No puede sino mover al pasmo que un libro de escasas páginas reduzca el pensamiento y la literatura españoles y latinoamericanos a autores como Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Gabriel García Márquez o Ernesto Cardenal, con alguna concesión a Octavio Paz y Arturo Pérez Reverte. No cabe duda de que los perfectos idiotas latinoamericanos … y españoles, como bautizaran de forma sublime los autores del gran manual dedicado a ellos (entre ellos, Carlos Alberto Montaner, ganador del premio Juan de Mariana 2010), que pululan por la facultades de filología española y las editoriales al uso priman el adoctrinamiento a través del aprendizaje del español como lengua extranjera.

Un observador imparcial no puede dejar de reconocer la grandeza artística de la literatura de García Márquez, pero, si además de no mencionarse a otros autores tan relevantes al menos –como el reciente Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa– se atribuye mérito al primero por haber impulsado la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, la sospecha de tendenciosidad se convierte en certeza.

No sería justo dejar de reconocer la cantidad y, en algunos aspectos, la calidad del material didáctico para aprender español que puede encontrarse en el mercado. En general, sirve para el fin propuesto, en la medida que conjuga el enfoque comunicativo con múltiples tareas para estimular la adquisición de las destrezas necesarias para dominar el idioma. Se aprecia,  sin embargo, un claro sectarismo en la selección de los temas para incitar a hablar a los alumnos, así como cuando ofrecen información sobre la cultura, la sociedad y las costumbres españolas y latinoamericanas. Por cierto que el mantenimiento de una medida contra la libertad de comercio de libros en España, como es la imposición de precios semifijos a los editores (Arts. 9 y 10 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas), permite conseguir estos manuales más baratos en librerías localizadas en el extranjero.

Obviamente, los atractivos diseños e ilustraciones a todo color no mitigan esos vicios, sino que ponen de manifiesto el terrible desfase que existe entre los medios técnicos de que dispone el hombre actual y la amalgama de supersticiones e ideas falsas que tanto predicamento tienen entre las élites supuestamente cultas.

¿Saberes nuevos?

A menudo, la concentración en enunciar con claridad y transparencia hallazgos consistentes y lógicos hace perder de vista hasta qué punto predominan –al menos, en número e influencia– las fuerzas estatistas y socialistas en los círculos académicos españoles. La implacable máquina de intereses creados durante decenas de años por los estados de bienestar occidentales, articulada con poderosos instrumentos de apariencia jurídica destilados por los positivistas, han ido tejiendo una inmensa maraña de embustes subvencionados en el campo de las ciencias sociales.

Vienen estas reflexiones al hilo de la reciente constatación –para mí– de la pequeña victoria que se han anotado los llamados "trabajadores sociales". Sabía de la existencia de lo que se llamaba una diplomatura en ese campo: Un cóctel para adoctrinar y adiestrar en tres años a jóvenes dispuestos a desempeñar esa labor de "asistentes sociales" al servicio de toda suerte de administraciones públicas. Ahora bien, los cultivadores del engrandecimiento del estado debieron percatarse de las indudables ventajas de elevar el rango académico de esas técnicas de ingeniería social. Después de todo, para el común de nuestros contemporáneos, aun con las sospechas que se derivan de su escasa calidad, los estudios universitarios reglados y reconocidos por las autoridades estatales van acompañados de una presunción de "seriedad" e, incluso, utilidad.

Me refiero al otorgamiento al "Trabajo social" de la categoría de estudios de grado superior y su encuadramiento en los programas de las facultades de Derecho. La presentación de los planes de estudio de esta nueva carrera dice responder a necesidades de capacitación profesional demandadas por la sociedad, pero la colocación de los titulados depende exclusivamente de decisiones adoptadas por los gobiernos u organizaciones paragubernamentales. Su recitación con pretensiones asépticas por sus promotores, empero, produce escalofríos a todo aquel que sienta aversión por el intervencionismo estatista.

Siempre desde la perspectiva de un ingeniero o un cirujano que puede manipular a su gusto un "cuerpo social" (¡ay, las metáforas!) y utilizando un lenguaje para iniciados, una información típica comienza por contarnos que las competencias específicas del título de grado en Trabajo social son conocer y analizar las exigencias legales del ordenamiento jurídico vinculadas al conocimiento de los derechos sociales que favorezcan las relaciones personales y familiares y el ejercicio de la ciudadanía. Continúa indicando que otro objetivo del trabajador social consiste en la elaboración de un pronóstico de intervención en consenso con los objetivos profesionales y la realidad social planteada. Por último, terminará por subrayar que va dirigido a crear una "burocracia social" impermeable a los cambios políticos, pues, no por casualidad, esos nuevos expertos investidos de respetabilidad se encargarán de diseñar y desarrollar proyectos de políticas y programas que aumenten el bienestar de las personas, promoviendo el desarrollo de los derechos humanos, la armonía social y colectiva, y la estabilidad social. ¿Les suena, verdad?

Se me dirá que la proliferación de títulos académicos que no sistematizan auténticos saberes y conocimientos, sino planes y programas de intervención para el estado, diseñados por algunos miembros de la Academia prestos a convertirse en cortesanos, no es algo nuevo. Cabría incluso pensar que ese ha sido el objetivo de los estados a la hora de aprobar los programas de estudio y homologar los estudios universitarios que se reconocen en un determinado ámbito.

No obstante, todavía cabe distinguir las auténticas disciplinas del conocimiento, por un lado, de los enfoques socialistas que se encuentran en las mismas. Aunque quiera encubrirse esa enseñanza ideológica con una supuesta capacitación profesional demandada por la sociedad. Tras la caída del prestigio que propios y extraños atribuyeron al socialismo "científico" de Marx, llevamos décadas soportando monsergas feministas, ecologistas y tercermundistas –con el retorcimiento multiculturalista–, las cuales plagan especialmente los medios de comunicación de masas y los templos universitarios de casi todo el Planeta.

A toda esa panoplia se añaden estos estudios de "trabajo social" donde pretende integrarse disciplinas diversas como la sociología, la psicología, la antropología, el derecho o la economía. El marchamo socialista no puede ocultarse. Si alguien se maravilló del consenso bobalicón que suscitó, por ejemplo, la ley de dependencia, aprobada la pasada legislatura como cuarto pilar (sic) del estado de bienestar en España, debería reparar en el abono predominantemente utilizado durante largos años en los "campus" universitarios.

Previsiblemente, la elevación del rango académico de los estudios de "trabajo social" supondrá la irrupción de estudiantes de "doctorado" y el reparto de becas de investigación en esta área para unos cuantos avisados.

Conviene percatarse del salto cualitativo conseguido por estos nuevos nigromantes del culto del Estado y de sus poderes taumatúrgicos, para, a continuación, alertar a los incautos propensos a caer en las redes somníferas de la buena conciencia del estado del bienestar y, en definitiva, desenmascarar una operación que consiste en hacer pasar por saber neutro y científico unas cuantas viejas recetas de imposición del socialismo.

Los revoltosos de Londres pagarán por su educación

Los estudiantes que en las últimas semanas han tomado el centro de la capital británica para protestar por la subida de las tasas universitarias no se han salido con la suya. En la Cámara de los Comunes, la ley pasó por un estrecho margen y con gran desgaste para los socios liberal-demócratas de la coalición gobernante. Se temía que la Cámara de los Lores pudiera tumbar la legislación, pero finalmente no se ha doblegado a las presiones y la ha ratificado. Es un paso en la dirección de una universidad menos subvencionada, más competitiva y más responsiva a sus usuarios.

El pilar de la nueva legislación y objeto de la controversia es la subida del límite máximo de las tasas universitarias. Hasta ahora la vasta mayoría de las universidades inglesas (entidades sin ánimo de lucro registradas como “charities”) no podía cobrar más de 3290 libras de matrícula a los alumnos. Como el coste medio real por alumno es de unas 7000 libras, el resto corría a cargo de los contribuyentes. Pero a partir de 2012 las universidades tendrán libertad para aumentar las tasas hasta 9000 libras (10.500 euros), de forma que los recortes previstos en el presupuesto de educación universitaria se verán compensados por un aumento de los ingresos de los usuarios del sistema.

Para los socialistas desinformados, la subida de la tasas supone negar el acceso a la universidad a los más pobres. ¿Quién puede pagar 6000 o 9000 libras al año? Cabe aclarar, no obstante, que en Inglaterra el dinero de la matrícula lo avanza el Estado en forma de crédito. Nadie tiene que abonar las tasas para entrar en la universidad, y solo estará obligado a repagar la deuda el graduado que llegue a ganar más de 21.000 libras al año. Antes solo estaban exentos de la devolución los graduados que no llegaban a las 15.000 libras anuales, así que la reforma favorece al cuartil con menos recursos.

Así, cada mes los estudiantes pagarán un 9% de sus ingresos por encima de 21.000 libras, con un tipo de interés progresivo que será nulo para las rentas más bajas. Si la deuda no se repaga en 30 años, se extingue. Las condiciones son tan “progresistas” que a lo mejor acaban demostrándose insostenibles: el gobierno estima que en el mejor de los casos solo el 50% de los alumnos llegará a repagar la deuda completamente.

¿Es injusto que los graduados sufraguen su educación? La universidad no es gratis, nada lo es. Además, casi la mitad de los jóvenes pasa hoy por la universidad (contra el 6% hace 50 años). Solo hay dos formas de afrontar este coste: o la pagan vía precios (o tasas diferidas) los que más se benefician de ella, los graduados, o la pagan vía impuestos los demás. Se estima que los graduados ganan alrededor de 100.000 libras más que lo no graduados a lo largo de su vida (algunos, mucho más). ¿Por qué los segundos tienen que subsidiar a los primeros?

Pero acaso el aspecto más positivo de esta reforma es la nueva estructura de incentivos que introduce: las universidades ya no dependerán de los fondos del Estado, de modo que tendrán que competir por el favor de los estudiantes. El efecto de esta competencia será un aumento de la calidad de la enseñanza. Las universidades exitosas captarán más alumnos y se expandirán, mientras que las universidades más ineficientes se contraerán. Todas tendrán más incentivos económicos para mejorar. Los precios variables de las matrículas también transmitirán información sobre la demanda y la relevancia de determinados cursos.

La coalición gobernante ha enfatizado las virtudes de un sistema universitario con más elementos de mercado, que responda ante los usuarios a los que sirve. Pero la oposición aborrece esta separación de la universidad del Estado. En palabras de Ed Miliband, el líder laborista, “tenemos que evitar un mercado en la educación superior, donde unas universidades puedan cobrar más que otras. Es una cuestión de principios”. ¿Qué principios?

Los laboristas defendían un impuesto a los graduados que sería recaudado por el Estado y repartido según su criterio a las universidades, perdiéndose el vínculo entre la universidad y sus usuarios y el incentivo a ofrecer un mejor servicio en un entorno más competitivo. Todo sea por los principios…

La reforma está inspirada en el reciente informe de Lord Browne, encargado por los laboristas salientes, que reivindicaba la supresión de todo control de precio, de forma que cada universidad tuviera libertad plena para fijar el precio de la matrícula. Aunque la reforma de la coalición está bastante en sintonía con las recomendaciones de Browne, no ha querido ir tan lejos y ha mantenido un tope en los precios. Tampoco se han hecho propuestas ambiciosas por el lado de la oferta, como facilitar la entrada al sector de universidades con ánimo de lucro. Por eso las universidades inglesas seguirán teniendo problemas para competir globalmente con Harvard, MIT o las pujantes universidades chinas.

Nuestro derecho a educar

En primer lugar por motivos jurídicos. La Constitución no prohíbe a los padres educar en casa y no obliga a escolarizarlos. Como mucho, obliga a que los niños reciban una educación. El argumento de María Emilia Casas en la sentencia es estupefaciente. Dado que la Constitución no prohíbe que la ley prive a los padres del derecho de ser ellos los educadores, será válido lo que diga la ley del momento. Y entiende que la actual ley educativa sí niega ese derecho. Recordemos que el Constitucional tiene que juzgar las leyes en función de que se adecuen o no a la Constitución. Aquí hace todo lo contrario. Interpreta la Constitución en función de lo que diga una ley de rango inferior.

Por si ello fuera poco, lo que sí prevé la Constitución es que España firme tratados internacionales, como la Carta de Derechos del Hombre, de 1948, que reconoce el derecho de los padres de educar a sus hijos, o la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que dice lo siguiente: "Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas". Es decir, que reconoce el derecho de los padres de enseñar a sus hijos según la metodología pedagógica que consideren más adecuada. Y es evidente que no tienen por qué encontrarla en la educación reglada.

Todo ello aparte de que la familia había educado a sus hijos con un éxito académico que todos, incluidos desde luego los padres de María Emilia Casas, hubiésemos querido para nuestros hijos. Y todavía hay mucho más que decir sobre la sentencia.

La enseñanza en casa no está muy extendida. Y, además, esto es una sentencia, no una ley, de modo que no va a cambiar mucho esa realidad tras la decisión del Tribunal Constitucional. Pero la última libertad que poseemos todos es la de obviar al Estado, declararnos en rebeldía frente a sus normas injustas y organizar nuestra vida como la entendamos. Y estamos hablando de nuestros hijos y nuestro modo de educarles, de modo que sí, es nuestra vida y nadie tiene derecho a decidir sobre ella, aparte de nosotros. La libertad de estas familias es la nuestra y es mucho lo que nos jugamos en esta nueva lucha del Estado contra nuestros derechos.

El Tribunal Constitucional y el derecho a la educación

El Tribunal Constitucional dicta una sentencia y los medios de comunicación acceden a ella antes de que el recurrente sepa siquiera que se ha fallado sobre su recurso. Así es España, amigos.

Durante años, los Tribunales españoles han dictado sentencias favorables a las familias que educan –educamos– en casa porque no existe ninguna ley que lo prohíba y, por tanto, rige el "Principio de Permisión": lo que no está expresamente prohibido, se considera permitido. El Estado no puede limitar derechos y libertades si no es por medio de una ley específica. Además, nos amparan la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahora va el TC y se saca de la manga una sentencia plagada de imprecisiones jurídicas, en la que eleva la escolarización a la categoría de “derecho del menor”, pero un derecho que es obligatorio y que está por encima de la libertad de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos.

Al Ministerio Fiscal se le fue la pinza y argumentó que “la educación en el hogar debe cumplir unos requisitos”. Que yo sepa, ninguna ley española establece requisitos para educar en casa, porque ninguna ley española reconoce explícitamente esta posibilidad. Pero ahora el Ministerio Fiscal nos ilustra y nos indica qué requisitos debemos cumplir, a saber: “por un lado, que su finalidad obedezca al pleno desarrollo de la personalidad humana y, por otro, que esté asegurada la suficiencia de contenidos, ya que es principio constitucional la habilitación a los poderes públicos para homologar e inspeccionar el sistema educativo”. Y se quedan tan anchos, oye.

Al principio, pensaba que el TC y el Ministerio Fiscal no dominaban el uso del lenguaje. Pero veo que lo que no dominan es el Derecho. Y, por si fuera poco, luego llegan los medios de comunicación y terminan de liarla parda con un amarillismo que no le hace bien a nadie. ¿Dónde han estado los medios cada vez que ha salido una sentencia favorable al homeschooling?

De repente, la comunidad homeschooler española está en estado de alarma porque a alguien se le ha ocurrido interpretar la sentencia del TC como si fuera una ley orgánica que nos obligara a todos a escolarizar. La Asociación para la Libre Educación ha tenido que hacer una llamada a la calma porque algunas familias han creído que esto era algo así como el fin del mundo (del mundo homeschooler español, al menos). En su comunicado oficial inciden en el hecho de que una sola sentencia no crea jurisprudencia y de que una sentencia no es equiparable a ninguna ley.

Veo el tratamiento que los medios de comunicación (salvo contadas excepciones) hacen del tema; leo comentarios anónimos en internet; veo el miedo que tienen las familias y me pregunto en qué clase de país vivimos. No sé si somos conscientes de lo que está en juego. No digo que el homeschooling sea la panacea y que todos debamos hacerlo, no digo eso. Pero sí creo profundamente en la libertad de elegir. Y tengo la convicción de que, si cedemos en la educación de nuestros hijos, lo habremos perdido todo.

*Al terminar de escribir este artículo, leo que el P-Lib se ha posicionado a favor del homeschooling y en contra de la sentencia del TC. Es –y supongo que será- el único partido español que se atreve a mojarse en un tema como éste.

Cheque escolar: poder para los padres

La enseñanza en España es un completo desastre. Y no es una apreciación individual, sino un hecho objetivo. Los datos de los sucesivos informes PISA que miden la calidad educativa en todo el mundo son concluyentes. España va a la cola en casi todos los apartados del informe, especialmente en los tocantes a ciencias y matemáticas, en el que se sitúa muy por debajo de la media de los países de la OCDE.

Nuestros niños y jóvenes reciben una pésima educación a pesar de que el presupuesto dedicado a este capitulo no hace sino aumentar. Hoy hay más y mejores escuelas que en cualquier otro momento de nuestra historia. El profesorado es numeroso, está bien remunerado y el oficio de enseñar disfruta del prestigio social que antaño no tuvo. Los medios técnicos de los que dispone el sistema educativo nada tienen que envidiar a los de los países más ricos del mundo.

Las escuelas españolas tienen aulas amplias con calefacción. Desde hace más de una década no existe masificación porque han coincidido dos circunstancias que habitualmente no se dan; a saber, prosperidad económica y bajos índices de natalidad. Esto ha repercutido en altísimas inversiones por alumno, inéditas desde que se creo la instrucción pública en España hace algo más de siglo y medio. El colegio público medio tiene campos deportivos, gimnasio, aulas dedicadas a la informática, laboratorios, cursos de idiomas y otras instalaciones y servicios que, hasta hace no mucho, eran patrimonio de la educación privada.

Aquí aparece la paradoja. Mientras la inversión en educación describe una curva ascendente, la calidad desciende en la misma proporción. ¿Por qué sucede esto? Básicamente por dos razones de fondo. La primera, de sobra conocida, es la aplicación de un modelo educativo anclado en la mediocridad, que penaliza el mérito y rechaza la disciplina. La segunda es una cuestión de titularidad. La enseñanza pública en España es eso mismo: pública, es decir, forma parte orgánica del Estado, que, aparte de financiarla con cargo al erario, se encarga de gestionarla.

Los colegios en España son, como los ministerios, propiedad del Estado. El profesorado y el personal de administración y servicios son funcionarios. A los ciudadanos nos toca un colegio por zona de residencia y hemos de escolarizar a la fuerza a nuestros hijos en él. Aunque todos pagamos la infraestructura y las nóminas mediante impuestos, la libertad de elección y el control sobre la educación es nulo. El Estado mediante las Comunidades Autónomas, a las que están transferidas las competencias, hace y deshace a su antojo ofreciendo un plato único, generalmente indigesto, oneroso para los bolsillos del contribuyente y, de propina, muy ideologizado.

El resultado está a la vista. Desde la administración insisten, además, que, aunque mejorable, no existe otra opción. O esto o caer en la insondable sima de la liberalización educativa, lo cual implicaría, según ellos, un verdadero drama escolar. Las familias de menos recursos sacarían a sus hijos de los colegios y los pondrían a trabajar. Se pondría fin a la igualdad de oportunidades y España volvería a los tiempos bárbaros en los que apenas un décimo de la población sabía leer y escribir.

Ante un panorama tan sombrío todos tragan y nadie piensa. O casi nadie. Thomas Paine ya propuso a finales del siglo XVIII un sistema mediante el cual el coste educativo corriese a cargo del Estado, pero fuesen los padres quienes decidiesen a qué escuela llevar a sus hijos. Entre uno y otros mediaría un cheque que, anualmente, el Gobierno enviase a cada hogar para cubrir la factura del colegio. Esta idea de Paine se debatió en Francia a finales del siglo XIX sin grandes resultados. Los estatistas, temerosos de privar al Leviatán de una de sus mejores herramientas de adoctrinamiento, frenaron la iniciativa.

Un siglo después el economista Milton Friedman recuperó la idea ante el abandono de la enseñanza pública por parte de los gobernantes. Los contribuyentes seguirían financiando la educación, pero ésta no sería un apéndice estatal, sino que, tanto la titularidad como la gestión correspondería a agentes privados especializados en ofrecer este tipo de servicio. Ante la avalancha de críticas Friedman arguyó que, precisamente porque le preocupaba la educación pública y universal, era vital encontrar un sistema que mejorase su eficacia y garantizase la calidad.

En cuestiones de eficiencia, satisfacción del cliente y calidad ningún monopolio puede medirse con la libre concurrencia de actores que acuden al mercado con la intención de ganarse el favor de los consumidores. Esto es así en todos los sectores de la economía y mucho más en proveedores de bienes y servicios básicos como la alimentación, el vestido o la educación. Nuestro ordenamiento jurídico afirma que recibir una formación académica básica es un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Eso, claro, no significa que tenga que ser el mismo Estado el encargado de suministrar esa formación. Y es aquí donde el cheque entra en juego.

Como en otras actividades, el Gobierno se limitaría a fijar el marco legal y efectuar las inspecciones oportunas. Los jueces, por su parte, arbitrarían los conflictos y observarían el cumplimiento de los contratos entre ambas partes. Resumiendo, lo mismo que sucede, sin ir más lejos, en el mercado de los alimentos, con la diferencia de que éstos no se pagan con dinero del contribuyente a pesar de que son infinitamente más necesarios para vivir que la enseñanza.

La familias recibirían un cheque que atendería la totalidad de los gastos escolares del curso. Ese cheque podrían gastarlo en el colegio que quisiesen. Así de simple. Las ventajas serían muy numerosas. En el sistema escolar público habría, por vez primera, sanísima competencia entre colegios. Esto haría aumentar la oferta educativa en función de una demanda que, en el caso de la educación, se ha demostrado variadísima. Los padres tendrían donde elegir y se acabarían de golpe interminables conflictos como el del laicismo, los derivados de la lengua vehicular o el de la selección de contenidos.

Habría colegios muy religiosos y otros que no lo serían en absoluto. Colegios especializados en las artes y otros en disciplinas como las ciencias o las humanidades. Habría, por último, colegios normales, equilibrados en todo y sin asomo de excesos ideológicos o académicos. La cantidad de unos y otros la fijaría la mayor democracia de la historia, que es y seguirá siendo el orden espontáneo emanado del libre mercado, donde, de forma pacífica, convergen voluntades coordinando la sociedad como ningún otro sistema basado en la coacción ha conseguido jamás.

La calidad de la educación variaría de un centro a otro, pero subiría ostensiblemente respecto al modelo centralizado y estatal que padecemos actualmente. El mercado premia y fomenta la excelencia. El profesorado malo sería, como la mala moneda o el café de achicoria, retirado paulatinamente del mercado educativo. El buen profesor sería promocionado. La razón es fácil de entender. Ningún padre quiere que su hijo sea un zoquete iletrado. Muy al contrario, los primeros interesados en la exigencia escolar y la disciplina suelen ser los padres. Con el cheque en la mano podrían escoger entre la lenidad logsiana de la nueva pedagogía, actualmente de curso forzoso, y escuelas donde los aprobados generales no fuesen moneda corriente.

Los amigos de lo público estarían de enhorabuena. Salvo alguna excepción atada al estatus, desaparecerían definitivamente los colegios privados. Todos lo serían. El Gobierno no tendría que asignar cantidades siempre crecientes para mantener el gravoso, conflictivo e hipersindicalizado mamotreto educativo. Serían los empresarios del sector los que, asignando recursos y factores, se encargasen de esa menudencia.

Todos ganaríamos. Entonces, ¿por qué no se adopta el cheque escolar? Probablemente porque sean demasiados los intereses que se amontonan sobre la enseñanza. El Estado no quiere prescindir de algo tan ideológicamente útil que, además, le proporciona una generosa clientela reacia a exponerse al veredicto de la libre elección. De ahí que sea un tema tabú y a quien se atreve a tocarlo le caen dicterios por doquier. Es, utilizando un símil educativo, una asignatura pendiente que tal vez nunca podamos aprobar.    

España, un país de analfabetos… empresariales

España es un país altamente deficitario en cultura emprendedora, señal inequívoca de la baja competitividad, del voraz intervencionismo estatal y de la fuerte rigidez económica. Dicha incultura empresarial constituye un pesado lastre, un grave problema de difícil solución dado el rancio izquierdismo que propugna el conjunto de la clase política nacional.

En cuanto al analfabetismo empresarial, existen indicadores para todos los gustos. Así, por ejemplo, según una reciente encuesta, casi un tercio de los jóvenes que inician una carrera universitaria aspira a convertirse en funcionario frente a apenas un 28% que ambiciona crear su propio negocio. La situación es, si cabe, mucho peor cuando se analiza el espíritu de los desempleados: a finales de 2009, casi el 40% de los parados estaba considerando opositar mientras que un 14,67% afirmaba estar ya preparando los exámenes de acceso. Por desgracia, tan sólo un 33,6% barajaba la apertura de un negocio como opción plausible, según un estudio realizado por Adecco.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Entre las múltiples razones existentes, destacaría dos. Por un lado, la figura del empresario no goza de excesiva popularidad entre los jóvenes españoles en los últimos años. Y ello, debido, sobre todo, al monopolio educativo, tanto en el ámbito del conocimiento técnico como ético, que ejercen los poderes públicos mediante la imposición de itinerarios en centros públicos y privados. Programas en los que el estudio de la economía es nulo o bien fuertemente ideologizado a fin de ensalzar las bonanzas del todopoderoso Estado y vilipendiar al malvado capital.

Basta con ojear algunos de los manuales que manejan los actuales estudiantes de primaria y secundaria para percatarse de la orientación vital que es inculcada a golpe de decreto desde los poderes públicos. La asignatura Educación para la Ciudadanía constituye el más claro ejemplo de dicha perversión educativa. El empresario es tachado de “sanguijuela social que vive de la sangre ajena”, explotando vilmente a los pobres trabajadores al tiempo que destroza el medio ambiente con el único fin de expoliar al resto de ciudadanos. Mientras, sindicatos y partidos políticos (gobierno) son encumbrados a lo más alto de la esfera social, héroes en el papel de defensores sociales, humanitarios y ambientalistas.

El problema es que los escasos jóvenes que, milagrosamente, hayan logrado esquivar esta terrible intoxicación y, pese a todo, mantengan su natural espíritu emprendedor intacto se toparán con todo un cúmulo de dificultades artificiales en el mundo laboral en caso de que osen abrir un negocio. Y es aquí, precisamente, donde entra en juego el segundo factor de analfabetismo empresarial tan característico de España: la intervención del Estado. Crear una empresa se convierte aquí en un arduo y complejo proceso burocrático y fiscal repleto de zancadillas en el que el éxito dependerá, en gran medida, de la tenacidad, valentía, arrojo y cuasi milagrosa obcecación del susodicho empresario en ciernes. Y es que, España ocupa, con honorable mérito, el puesto 144 del mundo (de un total de 183 países) en cuanto a facilidad para “abrir una empresa”, según el informe Doing Business 2011 del Banco Mundial.

Resulta que es más fácil iniciar un negocio en Congo, Venezuela, Argentina o Zimbabwe que en España… ¡Ahí es nada! Sin duda, precisamos de un cambio radical en esta materia para ensalzar la figura del empresario a nivel educativo y social, así como para facilitar al máximo el inicio de la imprescindible, básica y vital aventura emprendedora.

Educar en casa

Chocan dos concepciones básicas. Una liberal, que espera que surjan ciudadanos formados e independientes, con un criterio propio y capaces de labrarse una carrera con aportaciones valiosas para la sociedad. La otra es mucho más ambiciosa. No se contenta con que los ciudadanos realicen sus propios planes, ni lo busca. Lo que pretende es transformar la sociedad; echar nuestra forma de vida al basurero de la historia y erigir sobre nuevas bases una construcción nueva y maravillosa que colmará los sueños de justicia infinita de algún iluminado.

Pero para ello es necesario cambiar a las personas, lograr un hombre nuevo que se amolde a la sociedad del futuro y libre de las cadenas que le atan a lo viejo. Por eso la instrucción, es decir, aprender los saberes que hemos heredado y codificado en un conjunto de asignaturas, que era el objetivo tradicional de la educación, es ahora un obstáculo. Y por eso la degradación de la educación, el hecho de que los púberes de hoy sepan menos que lo que sabí­an sus padres y sus abuelos es un resultado natural, perfectamente explicable por el hecho de que el objetivo no es empaparse de los conocimientos de nuestra civilización, sino olvidarlos para crear otra, nueva y distinta. El vací­o se llena con valores que no son el resultado de la precipitación de nuestra experiencia, sino ideologemas con los que se quiere programar al hombre nuevo progresista.

El instrumento adecuado para todo ello son los colegios públicos. Los privados, concertados o no, otorgan a los padres una mayor autonomí­a, un mayor control sobre la educación de sus hijos. Pero hay unos cuantos españoles para los que esa libertad es insuficiente. Sigue siendo una educación reglada y muy restrictiva sobre lo que se puede o no se puede enseñar en las escuelas. Y por eso, prefieren educar en casa. Son un millar o dos de familias; es difí­cil saberlo. No llevan a sus hijos al colegio y se han lanzado a la aventura de enseñarles, ellos, todo lo que deban saber. No es ya que les transmitan su forma de ver la vida, sino que les instruyen.

En España viven en la alegalidad, y da miedo proponer que se les reconozca su pleno derecho a elegir cómo quieren educar a sus hijos, no sea que acaben con más dificultades que las que ya tienen. Se da la paradoja de que a muchos se les acusa de abandono familiar por tener a los hijos… ¡en casa! En pocos casos como éste, de la libertad de unos pocos depende la libertad de todos, ya que lo que está en juego es nuestro derecho a elegir sin restricciones la educación que queremos para nuestros hijos.

La decadencia del pensamiento español

Ninguna universidad española está situada entre las 25 mejores del mundo y, en las puntuaciones sobre la calidad de las universidades del mundo, nunca aparecen bien clasificadas las universidades de España.

Salvo por puntuales aportaciones en ciencias experimentales e ingeniería y, de forma acusada en el ámbito de las ciencias sociales, el mundo académico e intelectual español padece males endémicos como la permanente dependencia de los presupuestos públicos, la escasa colaboración con las empresas privadas en las labores de investigación, la incapacidad de producir obras singulares y de iniciar escuelas de pensamiento que logren relevancia mundial y, desde luego, la carencia de publicaciones y trabajos en donde se logren impactos en la comunidad científica internacional y, se observe cierto racionalismo crítico con respecto a las instituciones, la economía política, el derecho constitucional y otras áreas clave para la evolución sociocultural del país.

Universidad y Academias

Tener personalidad y criterios propios en la universidad española está penalizado, ya que supone hacer frente a muchos obstáculos políticos, crearse problemas académicos y generar envidias profesionales que dificultan la carrera académica. Existe endogamia en los tribunales académicos y muchos contratos y oposiciones para profesores suelen estar “orientados” de antemano. No prevalecen la sana competencia en mérito y capacidad ni la experiencia previa en el sector privado. Por el contrario, predominan las tareas meramente lectivas y los contactos departamentales de cada candidato y, finalmente, las investigaciones recaen en alumnos de doctorado becados con sueldos miserables o, en el peor de los casos, terminan siendo otorgadas a amigos “enchufados” y a personas con los contactos políticos adecuados.

Quizás el aspecto más dañino para el país sea la facilidad con que los profesores suelen replicar las ideas y conceptos económicos venidos del extranjero, sin tener capacidad crítica para desarrollar discursos propios que identifiquen las relaciones causales responsables del crecimiento socioeconómico de la nación. Su carencia de racionalismo crítico, se refleja en la extrema permeabilidad del profesorado español hacia las ideologías cientistas contrarias al arraigo de la civilización.

Por supuesto, existen excepciones a la regla que permiten que los alumnos no pierdan la esperanza en el conocimiento y la investigación críticos pero, debemos reconocer que muchos académicos terminan defendiendo las ideologías colectivistas o, al menos, no critican con suficiente fuerza el intervencionismo y se prestan al juego de los políticos que controlan el presupuesto de cada universidad, para recibir prebendas públicas en forma de puestos de alto cargo, asientos en las Academias, premios, cátedras o subvenciones de investigación.

Ante este panorama universitario y académico, con un amplio colectivo de catedráticos y profesores sometido al dinero público y, por tanto, a las directrices y caprichos de los políticos de cada Comunidad Autónoma, no es de extrañar que las utopías nacionalitas logren propagarse por los medios de comunicación regionales sin que exista una comunidad científica que desvele sus falacias y critique con fuerza sus graves inconvenientes. Tampoco tiene que asustarnos que los políticos sólo reciban informes y estudios que avalen y publiciten sus arbitrios y, otorguen una patina académica al intervencionismo en las Administraciones Públicas.

 Ruptura con la Escuela de Salamanca

La decadencia del pensamiento español no es una novedad del siglo XXI ya que, desde finales del siglo XVI y principios del siglo XVII se fueron produciendo acontecimientos que produjeron una traumática ruptura con las ideas de la corriente crítica y reformista de los escolásticos de la Escuela de Salamanca.

Se procesaron y encarcelaron escolásticos como Fray Luis de León o Juan de Mariana en España, se silenciaron los discursos académicos más osados y, se destruyeron los ejemplares que circulaban por Europa de aquellos libros catalogados como prohibidos por sus ideas críticas y reformistas como De Rege et Regis Institutione.

La inamovilidad en el tratamiento de los asuntos de la economía política fue la mayor responsable de la decadencia de España durante los siglos señalados y, sin duda, aceleró el proceso de independencia de los territorios de ultramar durante el siglo XIX. Familia real, religión católica, nobleza e intelectuales que ocupaban los altos cargos del Gobierno y que se mantenían unidos en el mantenimiento de sus privilegios a costa de la pobreza y el escaso desarrollo de la mayoría del país.

El olvido académico y universitario de las referencias al pensamiento de la Escuela de Salamanca se agudizó durante los siglos XVIII, XIX y XX. Tuvo que ser la inglesa Marjorice-Grice Hutchison, partiendo de la lectura del ensayo La época del mercantilismo en Castilla 1500-1700 (1943) del erudito profesor José Larraz, la investigadora que rescatase del olvido el racionalismo crítico de los escolásticos españoles e hiciese renacer sus ideas para el resto del mundo con su monumental obra “The School of Salamanca” (1952). Con anterioridad, los estudios sobre los escolásticos españoles fueron parciales y sin la profundidad intelectual que requerían en ámbitos de las ciencias sociales como la filosofía moral, la historia, el derecho constitucional o la economía política.

Irresponsabilidad de los Intelectuales

El profesor José Luis Ramos Gorostiza realiza un interesante análisis en su trabajo “Carácter nacional y decadencia del pensamiento español” donde aborda el empleo del “carácter español” como principal explicación de la decadencia socioeconómica de España lo que, sin duda, constituyó una forma fácil de cargar responsabilidades en el pueblo y eludir las evidentes responsabilidades de la clase dirigente.

Documenta el profesor Ramos Gorostiza como los famosos historiadores Menéndez Pidal, Américo Castro o Sánchez Albornoz consideraban la historia de España como “manifestación en la cronología de un permanente carácter español” (1) y, como los conocidos ensayistas Salvador de Madariaga o Pedro Laín Entralgo argumentaban sobre las particularidades españolas como clave para la comprensión de España.

De este modo, podemos comprobar como los intelectuales españoles, que más influyeron sobre los políticos de su época, han venido cargando las culpas de la decadencia socioeconómica de España en falacias históricas como el “carácter nacional” o la “leyenda negra”, en vez de identificar la irracionalidad de las autoridades públicas y denunciar el intervencionismo generalizado de los diversos regímenes políticos que ha padecido España.

 Conclusiones

Salvo en contadas excepciones, no se ha ejercido crítica sobre la acción de los políticos que, mayoritariamente, han buscado utopías que retrasaban España respecto de otros países europeos y no han seguido las relaciones causales que arraigan la sociedad civilizada y favorecen el progreso, a pesar de que fueron identificadas perfectamente por la Escuela de Salamanca y refinadas por Juan de Mariana.

Hoy en día, al igual que en los siglos pasados, la decadencia del pensamiento español permanece y los intelectuales prefieren achacar los problemas a la idiosincrasia española (u otras ideas más peregrinas como los especuladores internacionales, los empresarios, el capitalismo o la falta de regulación gubernamental en los mercados) en vez de identificar las carencias institucionales, el relativismo moral y la ausencia de valores de la clase dirigente, el positivismo jurídico y el intervencionismode todos los partidos” como las causas reales de la decadencia y de las crisis en España.

En todo caso, la endogamia y la dependencia de los fondos públicos de la Universidad y de las Academias significa que buena parte de los intelectuales realizan investigaciones inanes para el desarrollo de la sociedad civilizada en España y, aún peor, se publican estudios sociales, históricos, culturales o económicos nada rigurosos que emplean argumentos en donde prevalecen los intereses electorales y partidistas en lugar de la independencia, la sujeción de los razonamientos a las relaciones de causalidad y el análisis crítico de la realidad.

Las noticias sobre los múltiples casos de corrupción y prevaricación demuestran que no es el honrado pueblo español, sino la casta política y judicial, la responsable directa de la decadencia y de las crisis en España.

Desde luego, también son responsables indirectos la mayoría de intelectuales (y las editoriales y medios de comunicación que les dan cobijo), ya que no buscan dotarse de medios para lograr independencia y, adolecen de los valores morales y el coraje para arriesgarse a criticar el intervencionismo del régimen político e intentar influenciar sobre las máximas autoridades del país con el objetivo de reformar las instituciones, realizar una segunda transición y dotar a España de las condiciones estructurales que permitan afrontar el futuro con garantías de estabilidad territorial, convivencia pacífica y progreso socioeconómico.

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¡El sistema educativo funciona!

Lamento decepcionaros pero tenía que decirlo: el sistema educativo funciona. Es prácticamente perfecto. Educar, no educa, pero es que no fue creado -ni es mantenido- para educar.

El sistema educativo fue creado, en primer lugar, como parking de niños. Es un lugar dónde puedes dejar a tus hijos durante muchas horas al día y, así, dedicarte a tu vida de adulto. Meter a los niños en la escuela te permite pasar ocho horas diarias en un trabajo que no te gusta por un sueldo que, probablemente, tampoco te compense.

Empezamos (empiezan) por escolarizar a los niños de tres años y enseñarles cosas que aprenderían de todos modos. ¿Alguien cree de verdad que los niños no aprenderían los colores, los números o los conceptos de “grande”, “pequeño”, “cerca” y “lejos” si no fueran al cole? Los niños aprenden sin dificultad cualquier cosa que les interese o que les resulte útil en su vida diaria.

Los niños crecen y les obligamos (les obligan) a leer un libro por semana y resumirlo. Un libro que, quizás, es infumable. Un libro que, aunque sea espléndido, quizás ellos no habrían elegido. Con lo que sembramos la semilla del odio a la lectura. Siguen creciendo y seguimos (siguen) obligándoles a estudiar cosas que ni les interesan ni les servirán para nada más que para seguir estudiando, para pasar de un curso a otro y sacarse un título tras otro.

Los niños y los adolescentes no pueden trabajar (no es que no sean capaces, es que es ilegal que lo hagan) y tampoco pueden estar todo el día en la calle o en sus casas sin vigilancia mientras sus padres trabajan. Así que el sistema educativo es la solución perfecta al problema que nos hemos creado.

Con cada crisis económica, el Estado ha añadido más años a la enseñanza obligatoria. Esos cursos de más han tenido que llenarse de contenido, para lo que se ha ampliado el currículum con materias de todo tipo. La inercia de los años nos ha llevado a convencernos de que uno no estaba correctamente educado (académicamente hablando) si no sabía hacer un análisis morfosintáctico, despejar la X y “cantar” la lista de los reyes godos. Obviamente, ante una situación general de falta de trabajo, al Estado le interesa más tener estudiantes que tener parados. Nos han convencido de que una carrera universitaria es imprescindible para triunfar en la vida. Y, después de la carrera, mejor si complementas tu formación con un postgrado o un doctorado. Así que los jóvenes no entran en el mercado de trabajo (o en las listas del paro) hasta los treinta años de edad, más o menos.

El sistema funciona. Es un sistema perfecto que, además, mantenemos entre todos, nos guste o no, lo utilicemos o no. Es el parking de niños más barato del mundo, porque no pagas lo que cuesta. Todo sea por el bien común.