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Etiqueta: educación

70 años de Estudio

No diré con libertad, porque Estudio nació en el albor de la dictadura, de un régimen que aún continuaba la guerra por otros medios. Aquél 1940, Jimena Menéndez-Pidal fundó Estudio junto con Ángeles Gasset y Carmen García del Diestro. Jimena, su solo nombre ha impuesto el respeto de tres generaciones de alumnos de Estudio, tuvo las mejores oportunidades para formarse como una gran intelectual. Tenía en su casa al filólogo e historiador por excelencia de la generación del 98.

Se formó en la Institución Libre de Enseñanza, cuyos métodos llevó, en parte, a su obra más destacada, y que no es otra que Estudio. La ILE, como ha contado recientemente Alicia Delibes, resultó en un fracaso educativo notable. Por eso, entre otras cosas, tiene tanto mérito que Estudio no sólo no haya compartido con la Institución Libre de Enseñanza el fracaso, sino que incluso se convirtiese en una institución de relevancia, con una calidad educativa reconocida. Quizá sea porque Jimena, como su madre, fue una gran pedagoga.

Estudio busca un equilibrio entre la formación intelectual de los alumnos y su aprendizaje físico y estético. El colegio busca el desarrollo integral de la persona, más allá de la simple instrucción que, claro es, no se deja de lado. También busca que sus alumnos tengan un contacto con la naturaleza fruto del conocimiento, o al menos de la curiosidad.

Se dice de Estudio que es una institución liberal. Será porque ha sido el primer colegio en que chicos y chicas compartían clase, en una clara violación de la ley que el régimen sólo le permitía a Jimena. Será, también, porque es un colegio laico, aunque esté fundado por tres catoliconas y se represente entre sus muros un bellísimo Auto de Navidad. Será por los rastros de tradición republicana. Liberal o no, lo cierto es que está inspirado en una concepción del ciudadano que es más rica de lo que pueda enseñar una asignatura específica.

En este año cursarán alumnos que son ya la cuarta generación de Estudio. Hoy, este colegio no es tan descollante como lo fue en la dictadura porque, afortunadamente, muchas de las características que le son propias se han extendido a todo el sistema educativo.

Es inevitable pensar qué hubiera pasado si no se hubiera dado la paradoja de que la llegada de la democracia no viniese acompañada de la libertad de enseñanza, que es empresarial y educativa. El Estado se viste con nuevos ropajes, pero se resigna a controlar las mentes de nuestros hijos. ¿Qué nuevas formas de enseñar, qué nuevas propuestas, qué experiencias no podríamos haber ganado si fuera plenamente libre crear un colegio y elegir el modo de instruir a sus alumnos? Sólo lo podemos imaginar cuántos Estudios habrían surgido en los últimos 30 años.

Educación para la individualidad

No se trata de una nueva asignatura que se proponga para el sistema educativo sino una actitud generalizable y especialmente recomendable para padres responsables tanto como para docentes decentes a fuer de incorrectos. La sociedad abierta, extensa, grande, como se la quiera calificar, necesita individuos que tengan más conciencia de que realmente lo son y menos, mucha menos, conciencia de identidad nacional, grupal, étnica, regional o nacional por muy preexistente o relativamente preferible que sea.

Tales herencias pueden ser buenas para el individuo o menos buenas. Es posible que herede pautas no decididas por nadie en concreto y que tienen un valor, o no, para la supervivencia de más individuos en su ámbito, pero, en todo caso, ha de ser el propio individuo quien revalide la vigencia para él mismo y, tanto si lo hace tras seria reflexión, como si es utilizando el mecanismo de la imitación, ha de apechugar con lo que elija.

Peter Berger habla en The Capitalistic Revolution de la gran sociedad moderna como hija legítima de la conciencia individual que se labró en los albores de la Edad Media británica y, en general, germánica. Habría que añadir, y el mismo Berger no niega esta aportación, la herencia mediterránea grecolatina y judeocristiana. Toda una conjunción de valores compartidos que concluye, en una de sus más importantes derivaciones, en el de no estar obligado a compartir valores. Lo que no quiere decir, y esto contra conservadores y socialistas, que debamos no compartir nada.

La individualidad, vinculada a la propiedad privada o extensa, está, no obstante, amenazada por diversos colectivismos cuyo reciclaje ideológico, en el peor sentido de este vocablo, se gesta en Occidente, cuna del individualismo. Es así que las identidades nacionales de distinto pelaje resaltan la obligación de ser catalán si se es catalán o español si se es español. No es que no se deba ser nada de eso si es lo que el individuo lo elije, pero que se hable o no determinado idioma entra dentro de lo que el individuo debe calcular y, subsiguientemente, decidir sin tener por ello que exigir que los demás subvencionen su deseo o que lo sigan a punta de pistola.

Hoy se estila, en una vuelta de tuerca más del colectivismo, ser aficionado de un club de fútbol y profesar Dios sabe qué identidad. Va tomando cuerpo, es el caso más visible, que tener un gusto por el Barça es estar contra Esperanza Aguirre o que aficionarse al Real Madrid equivale a lanzar puyas contra el afán independentista de Laporta. Ser del Barça y admirar la gestión de la presidenta de Madrid es ser un rara avis, lo mismo que lo inverso. Habría que promocionar esta postura, este atipismo, aunque solamente se trate de un testimonio, de un posicionamiento metodológico que deje claro que el individuo es lo primero, luego el individuo y, después, bastante después, la adscripción grupal parcial o total, permanente o circunstancial, que el individuo adopte y que no compromete a nadie más que a él.

El del fútbol es un mero ejemplo pero el repunte colectivista es un hecho generalizado y fomentado desde las instancias del poder político, no solamente, pero también aprovechando una crisis económica generada en las salas, antesalas y sótanos del mismo.

Por eso hay que reivindicar las actitudes iconoclastas contra la imposición de sets de identidades colectivas y proponer el supermercado identitario variado y cambiante. La educación estatal y obligatoria no ayuda mucho en esto y sería preferible que, si hay docentes como los citados arriba, promuevan el estudio del hombre desde el hombre, desde la subjetividad del mismo, desde el sacro respeto a la del vecino y desde la responsabilidad más rigurosa con las consecuencias de las propias elecciones. Escribió Bertrand de Jouvenel en su Sobre el poder, citando a Ihering, que en la Roma republicana, los senadores, tan graves como si fueran miembros de una asamblea de reyes, practicaban la actitud condensada en la máxima etiamsi coactus, attamen voluit. Estamos lejos, muy lejos de tal rigor en la asunción de la propia libertad y, quizá, no sea necesario tanto para defenderla, pero el punto en que nos hallamos hoy donde nuestras decisiones y exabruptos "identitarios" (vocablo que, en sí, es ya uno) son cargadas a lomos del vecino, sólo pueden acabar en un freno a la propia expansión de la sociedad. Lo único que puede asegurarla es la expansión del individualismo.

¿Competencia cultural o integración forzosa?

Según Vermoet, mi crítica a la prohibición del velo omite dos cuestiones relevantes desde un punto de vista liberal: hablamos de menores de edad, sobre los cuales el Estado tiene potestad para dictar normas de comportamiento; y el Estado es el titular de las escuelas públicas, luego tiene derecho a establecer las normas que estime oportunas.

Ninguno de los dos argumentos me parecen coherentes con los principios liberales. En efecto hablamos de menores de edad, pero son los padres y no el Estado los que deben decidir sobre la educación de sus hijos. El Estado no tiene ningún derecho a interferir en tanto no se produzca maltrato o abuso, y hacer una excepción para determinados colectivos religiosos no sólo vulnera sus derechos sino que sienta un precedente que puede volverse en tu contra (como de hecho ocurre con asignaturas como Educación para la Ciudadanía). Es ingenuo pensar que el Estado va utilizar el poder que se le ha concedido en la dirección que uno personalmente desea.

No basta que alguien sea el titular de una propiedad para reconocer su derecho a establecer las normas, hace falta que sea titular legítimo. Si Pedro me roba el coche no tiene luego ningún derecho a llevarlo al desguace. El Estado, que usurpa a los padres el poder decisión en el ámbito educativo (y, vía impuestos, los medios económicos para tomarla), es la antítesis del propietario legítimo. La educación debería privatizarse y desregularse completamente, permitiendo que el mercado ofrezca una amplia variedad de modelos educativos. La competencia fomentaría la excelencia y presionaría los precios a la baja. Los padres, y no el Ministerio de Educación, decidirían lo que es mejor para sus hijos.

Este es el escenario ideal, extremo que quizás Vermoet no comparte. Pero no es el escenario actual, ¿qué normas de conducta deben regir en la enseñanza pública mientras ésta exista? Yo soy partidario de conceder autonomía a los padres dentro del sistema público: si se recluta a sus hijos, al menos que puedan elegir en la medida de lo posible. Si quieren que lleven un crucifijo o un velo por motivos religiosos, creo que es razonable permitirlo. El laicismo en la escuela no es neutro, también implica una imposición de valores (a saber, impone un ambiente no-religioso que los padres a lo mejor no desean). El argumento de Vermoet de que no puede cuestionarse el derecho del Estado a imponer normas de conducta va en contra de su defensa del derecho de los padres de elegir la lengua oficial en la que sus hijos deben estudiar. ¿Acaso no cuestiona que la Generalitat excluya el castellano de las aulas, aludiendo al derecho a elegir de los padres?

Lo mismo respecto a las calles y otros espacios públicos (que también privatizaría). Me inclino por la tolerancia de comportamientos pacíficos en espacios públicos, entre ellos vestir un burka. Por otro lado, tampoco hacen faltan leyes para prohibir el nudismo o los emblemas nazis, basta la costumbre (o el sentido del ridículo), que es lo que guía la mayoría de nuestros comportamientos. El código penal no prohíbe ir desnudo por la calle, y en Barcelona hubo asociaciones nudistas que incluso promocionaron ir por la vía pública sin ropa. Todavía no he visto a nadie paseando como vino al mundo.

Dicho esto, el burka y el nudismo no son equiparables. La razón por la que algunos quieren prohibir el nudismo (o el burkini en las piscinas públicas) es de tipo higiénico, o porque se considera de muy mal gusto, poco decoroso, etc. Dejando a un lado si este argumento justifica la prohibición del nudismo en la calle, las razones que se utilizan para defender la prohibición del burka suelen ser otras (pues vestir un burka es literalmente lo contrario que ir desnudo): opresión de la mujer por parte del marido, sumisión al Islam etc. Es decir, se pretende prohibir el burka por motivos paternalistas (para proteger a las mujeres de su propio adoctrinamiento y religiosidad, o porque se asume que están siendo coaccionadas, etc.).

Vermoet, no obstante, rechaza el argumento paternalista y defiende la prohibición de los velos integrales en base a su condición de "símbolo político". Pero no parece darse cuenta de que entonces entramos en el terreno de la libertad de expresión. Si es legítimo prohibir el burka porque "representa el integrismo islámico y la esclavización de las mujeres", ¿por qué no prohibimos las camisetas del Che, que representan la mayor tiranía que ha asolado la humanidad? Numerosos símbolos, propaganda y opiniones políticas tienen una influencia bastante más devastadora que el burka, pero obviamente no se prohíben porque sería una atentado contra la libertad de expresión.

Vermoet habla de "destalibanizar" Afganistán como se "desnazificó" Alemania, algo que Estados Unidos está lejos de conseguir después de ocho años de ocupación y que va a la raíz del problema: el burka es una manifestación externa de determinados valores, y no vas a cambiar esos valores arraigados prohibiendo sus manifestaciones externas. De hecho puede que tenga el efecto contrario, al percibir los afectados que se ataca su religión y su identidad. Alemania se "desnazificó" porque los alemanes mismos repudiaron esas ideas, no porque se prohibieran los símbolos nazis o se llevara a cabo una "reeducación forzosa".

Vermoet dibuja un cuadro bastante negro de la situación actual: fundamentalismo en auge en el mundo musulmán, radicalización de las minorías en Occidente. La no-integración de muchos musulmanes no es un problema baladí, y el fundamentalismo islámico es preeminente en varios países. Pero la realidad sigue siendo que los países musulmanes más retrógrados son también los más atrasados, y los más avanzados (Turquía, Jordania, los emiratos del Golfo) están muy influidos, en distinto grado, por nuestra cultura y son bastante más tolerantes y cosmopolitas. En Gaza puede que se vean mujeres con burka en la playa, pero en Dubai se puede llevar bikini. Creo que es obvio cuál de las dos regiones es la más pujante.

Como apuntaba en mi artículo anterior, la influencia de nuestros valores en Oriente Medio es tan intensa (a través del cine, la televisión, la música, la literatura, el deporte, la moda, los negocios) que los gobiernos se ven obligados a censurar los medios para que la sociedad no se "corrompa". En Occidente ni nos planteamos la censura en esos términos, porque los mensajes reaccionarios de Mahoma o el Corán no tienen ninguna acogida entre nosotros. Así es como se demuestra la superioridad de los valores occidentales.

Aún más difícil es aislarse del influjo de nuestra cultura si se trata de un musulmán viviendo en Occidente. En la medida en que sus hijos vayan a la escuela con otros niños nativos, tengan amigos de otras creencias religiosas, vayan al cine o a jugar al parque, vean la tele, se conecten a internet, lean la prensa, vayan a la universidad, trabajen en empresas o monten un negocio… nuestros valores harán mella. La intolerancia se cura interactuando con gente que piensa y actúa distinto. La guetización dificulta esa interacción, pero no creo que la mayoría de familias musulmanas puedan aislarse herméticamente con éxito aunque quieran, sobre todo en el caso de los más jóvenes. No en vano han inmigrando a Occidente con el fin de prosperar y eso normalmente implica ir a la universidad, participar en el mercado laboral o comerciar con gente diversa.

En mi crítica resaltaba el hecho curioso de que se tome como referencia el modelo de integración francés y no el de Estados Unidos, donde la prohibición del velo ni siquiera es debate. Al fin y al cabo Estados Unidos no padece los problemas de inmigración que tiene Francia, pese a tener una proporción mucho mayor de inmigrantes. Vermoet responde que en Estados Unidos sí hay integración política y los musulmanes no odian los valores del país, pero la razón por la que esto es así quizás hay que buscarla precisamente en la actitud americana más respetuosa con la diferencia. En Estados Unidos no tienes que renunciar a tu identidad o a tu cultura para ser considerado americano y, recíprocamente, considerarte americano. En Francia se exige una asimilación más fuerte si quieres ser considerado francés. La integración muchas veces requiere también de una actitud abierta o respetuosa por parte de la sociedad receptora. Sobre todo se trata de no fomentar estereotipos que alienen a los inmigrantes más susceptibles de dejarse influir, y de tenderles la mano o incluso encontrarse a mitad del puente si hace falta. Si perciben rechazo y hostilidad de entrada es probable que se autoexcluyan.

Vermoet habla del Reino Unidos y de Londres, ciudad en la que vivo. Tiene razón en que hay muchos guetos, mezquitas y una minoría radical, pero en general (y pese a los atentados terroristas de 2005) su modelo de integración funciona mejor que otros. Londres es un mosaico de culturas y nacionalidades conviviendo en casi perfecta armonía. No hay disturbios racistas, se puede pasear tranquilo por cualquier barrio (los ricos dejan sus Ferrari y sus Bentley aparcados en la calle, sin temor a que nadie los raye, robe o queme) y rebosa vitalidad, contrastando con un París envejecido y a ratos conflictivo. Londres es una ciudad internacional con conciencia de serlo. París es una ciudad francesa con inmigrantes.

La mejor educación, en Castilla-León

¿Cuál es el mejor modelo universitario del mundo? ¿El modelo francés estatista con universidades como la Sorbona? ¿El modelo americano de libre empresa y competencia con campus tan prestigiosos como Harvard, el MIT o Stanford? ¿La tradición británica de Oxford y Cambridge? ¿Las prestigiosas instituciones alemanas como Gottingen o Heildelberg?

Pues no señores, ni Ivy League, ni Ox-bridge, ni nada de nada. Si la calidad de un modelo universitario se mide en como da respuesta a las necesidades educativas de la comunidad, el mejor modelo universitario está en España, en Castilla León para más señas.

Efectivamente. En dicha comunidad española se ha llegado al óptimo, al clímax universitario, según la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras: "las cuatro universidades públicas de la región, ya cubren sobradamente la demanda de las enseñanzas tanto presenciales como no presenciales".

Toma ya. El modelo universitario definitivo, la panacea educativa ha sido hallado al fin, y por un sindicato comunista, nada menos. Ellos conocen a la perfección la demanda de enseñanza que existe por parte de la sociedad castellano leonesa (y la española y mundial, pues la enseñanza universitaria por definición es universal y abierta) y saben a ciencia cierta que con lo que hay ya está cubierta dicha demanda… sobradamente.

Por eso se oponen a la creación de una nueva universidad privada virtual en la región, pues "se rompe el principio de igualdad e incide de forma negativa en la calidad del sistema de Educación Superior".

Esta sobradamente claro. Para los comunistas de Comisiones, la situación actual es la óptima, un modelo universitario que, según ellos, da absoluta respuesta a todas las necesidades educativas que tenga o pueda tener el ciudadano. Y si alguien no está de acuerdo y quiere elegir otro modelo de educación, allí estarán para tratar de evitar que dicho ciudadano se equivoque pues "los mayores servicios de calidad están garantizados ya con recursos públicos", aunque aquí se les olvidara añadir el "sobradamente" después de "garantizados".

Aunque sorprendentemente afirman a renglón seguido que "cada vez es más difícil la captación de alumnado", lo cual indica que posiblemente muchos ciudadanos no están muy de acuerdo con el "principio de igualdad" y no acaban de ver dichos "mayores servicios de calidad" prefiriendo otras opciones, lo cual es descorazonador para un comunista que sabe "sobradamente" lo que la gente necesita mucho mejor que ellos mismos.

En fin, una nueva "sobrada" por parte de unos sindicalistas al cual precisamente no le sobran afiliados y que, eso sí, viven sobradamente de nuestros impuestos.

¿Y ahora qué?

El presidente gallego, en cambio, parece tener una confianza muy limitada tanto en el orden constitucional como en la sensatez de los ciudadanos, no de otra forma cabe explicarse que haya sometido a una especie de referéndum la necesidad de modificar la legislación educativa aprobada por su antecesor, el socialista Touriño en compañía de su socio Quintana, ambos eliminados por el desagüe de la política tras el brillante batacazo electoral del pasado mes de marzo.

Pero si Núñez Feijoo creía que la encuesta realizada a los padres gallegos va a darle una mayor legitimidad para introducir las reformas que prometió en la pasada campaña electoral, mucho me temo que el resultado no va a coincidir con sus deseos. Y es que mientras los gobiernos se encarguen de "planificar" la educación a despecho de las decisiones individuales de los padres de los alumnos, siempre habrá un número importante de afectados que verán suprimido su derecho a elegir. Y ya hemos comprobado la capacidad de victimismo y agitación de los nacionalistas cuando resultan perjudicados por una decisión democrática.

El problema se resolvería devolviendo a los ciudadanos las competencias que los distintos gobiernos se arrogan en exclusiva, como el tipo de sanidad o educación que quieren recibir. En este segundo caso serían las decisiones individuales de los padres con hijos en edad escolar lo que ordenaría el mapa educativo, que es lo que pide la admirable organización cívica Galicia Bilingüe, y no al revés, como ocurre ahora. Es la administración la que debe someterse al criterio de los contribuyentes libremente expresado y no al contrario. Los políticos, como empleados nuestros que son (y además con contrato temporal), deben dar la máxima libertad a los que les pagamos el sueldo y limitarse a cumplir con nuestras exigencias.

Sólo falta que los jefes de los gobernantes, es decir usted y yo, decidamos que hay cosas en las que un empleado no se debe meter jamás. Igual algún siglo de estos lo conseguimos.

Ajo y agua

Como ha dicho elocuentemente el ministro de Educación, "las familias deben asumir que la lengua vehicular es el catalán". Qué educación reciben sus hijos es cosa de los Montilla, los Gabilondo y una pléyade de burócratas sin nombre ni vergüenza que les suplanta.

Me sorprende cómo se ha recibido la noticia en algunos medios. ABC habla de ataques "al castellano". Como si el idioma fuera un ente real distinto de quienes lo hablan y escriben. ¿Qué es "el español" o "el catalán" sino el modo de comunicarse de un conjunto más o menos grande de personas? A los nacionalistas les sobran las personas, que a poco que se les dé protagonismo empiezan a decir lo que les da la gana y a mostrar una inconveniente inclinación a tratar sus propios asuntos como les da la real gana. No. Lo mejor es hablar de un ente, de un fantasma, "el catalán", como si tuviese vida propia, al margen de quienes lo hablan. Saussure, a la hoguera. ¿Quién puede alegar nada razonable frente a una creación mística, como ese "catalán" sublimado? Oponerle "el castellano" es un esfuerzo vano, porque en el terreno de la mí­stica el nacionalismo lleva demasiada ventaja. Hablemos de los catalanes y de sus derechos.

También me llama la atención el titular de El Mundo. La llamada LEC es una declaración de independencia educativa. Es de independencia, sí­, pero no de España, que serí­a lo de menos, sino de independencia de los ciudadanos y de sus derechos. ¿Para qué querrí­amos una España unida en la que nos gobernase un hampa como la de la clase polí­tica catalana? España, antes rota que roja, o que protofascista.

Porque aquí­ lo que está en juego no es "el castellano" o "la independencia". Lo que está a la vista de todos es que el sistema polí­tico actual no tiene de democrático más que la envoltura. No se hace lo que quieren los ciudadanos, sino lo que quieren los polí­ticos. Una democracia autoritaria, un autoritarismo dizque democrático. Ese es el peligro en las aulas de Cataluña y fuera de ellas.

Unas críticas al cheque escolar

Atribuido a Milton Friedman aunque ya propuesto por Thomas Paine en el siglo XVIII y debatido en Francia en 1870, el cheque o bono escolar ondea como bandera de la libertad en la enseñanza. Los que lo defienden aseguran que es la opción que aporta más de este principio a las familias así como incentivos a la mejora de los centros educativos.

Las variedades de cheque escolar son muchas pero la relevante para los liberales que lo defienden es la de cheque ilimitado (sin zonificación escolar o adscripción de colegio por residencia u otros motivos), suplementario (que el usuario pueda aportar una cuantía adicional con sus propios fondos) y con transporte incluido. Admitir un cheque escolar con más restricciones significaría una diferencia tan mínima respecto del actual sistema que apenas es digno de comentar.

El cheque, se dice, aumenta la capacidad de elegir de los padres. Así, éstos encontrarán mayores niveles de satisfacción. Además, los centros, al competir por atraer a los alumnos, tendrán un incentivo para mejorar su gestión, docencia, instalaciones, etc. Visto así parece sencillo y lo es, quizá, en exceso.

Lo que el bono no cuestiona es el sistema de enseñanza pagado con los impuestos. Parte de que el Estado aporta los fondos a los colegios para su funcionamiento garantizándolos al completo para las etapas obligatorias y para los de titularidad pública fuera de ella. Que la enseñanza esté a cargo de los tributos entra en la lógica de considerarla como un bien público básico, que debe ser garantizado a todo el mundo, productor de igualdad de oportunidades así como generador de unas externalidades positivas que benefician a todos en general y que, por consiguiente, todos deben pagar. En eso los partidarios del cheque escolar están de acuerdo con los que mantienen una enseñanza sin capacidad de elegir para los padres. Los argumentos del bien público y las externalidades se adornan con correlaciones estadísticas más que cuestionables que no son el objeto de este comentario. Unas, vinculan la enseñanza con el falaz PIB y otras, los salarios o el empleo con el nivel de instrucción.

Lo definitorio del bono escolar es que el usuario del servicio decide con su elección a qué colegio irá el subsidio. Pero el dinero de los impuestos sigue estando sometido a los condicionamientos habituales. Partiendo de que el Estado detenta la representación de la voluntad general (bajo los mecanismos democráticos o no que estén en vigor), la concesión de fondos se aplica bajo la premisa ideológica de establecer los fines del servicio público en cuestión. En el caso de los colegios, éstos, a cambio de ser sostenidos, deben seguir la orientación pedagógica que marque el estado: qué contenidos enseñar, cómo enseñar y cuáles han de ser los resultados de la enseñanza.

En un hipotético sistema de cheque escolar, como el definido arriba, los requisitos burocráticos públicos contradicen la dinámica liberal que se introduce. Habría que prever que el bono puede acabar en que unos colegios hayan de cerrar (los de zonas de escasa población, por ejemplo) y otros ampliar sus instalaciones en zonas donde, por añadidura, habría otros centros con aulas vacías a consecuencia del nuevo sistema. El resultado de las elecciones de los padres puede, en suma, acabar divergiendo respecto de la actual distribución zonal de los colegios que se considera, por imposición administrativa, eficiente y satisfactoria pues, simplemente, la libertad está plenamente ausente. El cheque puede hacer variar las dimensiones de los colegios y acabar desajustando la situación burocrática e ineficiente del presente, con situaciones nuevas, como la del cierre de unas aulas y la infrautilización de otras, que serán vistas como contradictorias con la esencia de la misma gratuidad. Desde una perspectiva liberal es, sin duda, irrelevante ante el incremento de libertad. Pero, en este contexto y dado que la gratuidad implica que el Estado, garante del místico interés general, ha de asegurar la equidad social y territorial, ¿aguantaría el cheque los ataques que sufriría desde estos principios? Pienso que no. Si hay consenso en torno a ellos, los partidarios del cheque se verían arrinconados por la argumentación.

Para introducir el cheque, como medida transitoria hacia la rápida y plena libertad empresarial en la enseñanza, el principio de gratuidad debe ser combatido. Por el contrario, las experiencias existentes lo restringen como instrumento de liberalización y se utiliza como mecanismo de eficiencia en el gasto, compensación de desigualdades e incremento de la sensación de satisfacción del usuario.

En el sistema actual, que hace desaparecer toda opción a la libertad, la ficción de que se logra el equilibrio y la equidad es mayor que en un sistema mixto, libertad-gratuidad, como el que preconizan los propagandistas del cheque. La reducción de la equidad que conlleva atenta contra el principio consensuado. La viabilidad del cheque escolar, que podría existir, está condicionada, por ello, al cuestionamiento frontal de la presencia de dinero público en la educación y a una tendencia decidida de retirada del mismo.

Además, tratándose de que el Estado regula la extensión, contenido y modos de la educación al subsidiarla, el problema de los costes de un modelo de bono que acepta la gratuidad apenas difiere del que se presenta en el actual, que se centra que el bloqueo de una función empresarial impulsora de la creatividad pedagógica, la diversidad docente y la multiplicación de modos de financiación. Los costes de la gratuidad son, pues, altos. ¿Cómo podríamos estar en términos educativos si el Estado no fuera nuestro principal docente, con o sin cheque?

En defensa de la deducción a la vivienda

¿Por qué los gobiernos han mantenido históricamente una actitud hostil hacia el oro? ¿Cómo se fue produciendo, taimada y veladamente, la expropiación del oro de los particulares por parte de los Estados? ¿Cuál es el papel que juega hoy en día el metal amarillo? ¿Cómo, por qué y dónde invertir en oro?

Todas estas y muchas otras preguntas se plantearán y resolverán en el Gold and Silver Meeting que se celebrará en Madrid el próximo 18 de junio y donde tengo el honor de compartir cartel con figuras tan internacionalmente conocidas como el profesor Antal Fekete, el inversor James Turk y los empresarios Hugo Salinas Price y Vern Rampton.

Cada uno desde su ámbito, experiencia y conocimientos tratará de arrojar luz sobre las anteriores cuestiones que, en buena medida, definen la situación y el futuro de nuestro sistema monetario y financiero.

Puede que usted crea que el oro es cosa del pasado y que ha dejado de tener cualquier tipo de utilidad monetaria. En parte estará en lo cierto: los gobiernos de todo el mundo odian el oro y han intentado romper cualquier vinculación que su dinero de curso legal guardara con él.

No voy a intentar convencerle de lo contrario porque en ese caso se ahorraría venir al Gold and Silver Meeting, y lo cierto es que el resto de ponentes podrán exponer estos asuntos con mucha más maestría que yo.

Sólo déjeme plantearle alguna pregunta que quizá le lleve a cuestionarse esos dogmas tan establecidos sobre la inutilidad del oro y que tal vez le animen a pasarse por las conferencias.

  • Si buena parte de la demanda de oro se derivaba de que actuaba como respaldo del dólar, ¿por qué entonces el 60% de todo el oro que se ha producido en la historia de la humanidad se ha extraído a partir de 1971, cuando se rompió la vinculación con el dólar?
  • Si el dólar es dinero y el oro no lo es, ¿por qué cuando en 1971 Richard Nixon abandonó el sistema de Bretton Woods (que establecía la convertibilidad entre el billete verde y el metal amarillo) el precio del oro pasó del entorno de los 35 dólares por onza a 800 en unos años? Al fin y al cabo, si el dólar y sólo el dólar es dinero y buena parte de la demanda de oro se derivaba de actuar como respaldo al dólar, ¿por qué fue éste quien se depreció y no el oro?
  • Si el oro es una inversión como cualquier otra (o incluso mucho peor que las otras), ¿por qué ha sido el único activo junto con la deuda pública que no ha perdido valor, sino que lo ha ganado de manera considerable, durante esta crisis financiera?
  • Si el oro sólo tiene una función ornamental y actúa como un bien de lujo, ¿cómo es posible que se revalorice durante las crisis económicas? ¿No deberíamos todos en esos momentos vender el oro a cambio del dinero oficial que nos ofrece el Estado? ¿En las crisis nos refugiamos en los lujos?
  • Si el patrón oro se abandonó porque era un mal instrumento para evitar las quiebras bancarias y porque cada vez el metal amarillo resultaba más escaso, ¿por qué el sistema bancario mundial ha vuelto a quebrar durante la actual crisis y por qué en la actualidad hay más oro per cápita que en pleno s. XIX cuando estaba en su apogeo el patrón oro?
  • Si el oro es el mejor dinero posible, si los individuos, pese a los Estados, siguen acudiendo masivamente a él en tiempos de incertidumbre y los motivos que nos han vendido los políticos para abandonarlo son falsos, ¿por qué el mundo utiliza actualmente un dinero fiduciario de curso forzoso cuyo valor depende en última instancia de la voluntad del Estado?

Pues precisamente por esto último. En el Gold and Silver Meeting lo explicaremos con más tiempo y detalle.

Cheque escolar: las ideas primero

Hace sólo diez años, quienes querían tener el cheque en sus manos era la mitad de los españoles. El cheque o bono escolar ha ganado adeptos sin que ningún partido se haya atrevido a hacer de él una bandera.

¿El Partido Popular? Hasta que no sea el 90 por ciento de la gente la que lo quiera para sí, no comenzará a planteárselo, que su integridad moral no da para más. Y eso que proponerlo no tendría más que ventajas para el propio partido y para la gente que dice representar. Es atractivo. Es fácilmente comprensible y plantea un debate en el que sólo puede salir ganando. Una vez implantado, la gente tendría más poder para elegir la educación que quiere para sus hijos, lo que diluye, sin anularlo, el poder de la infiltración ideológica en las aulas. Y tiene difícil vuelta atrás. Cuando una familia se acostumbra a elegir, ¿quién puede convencerla de que es mejor que no lo haga? El cheque escolar, además, se puede combinar con cuentas ahorro-escolar y con escuelas a la carta.

Las posibilidades son enormes. Pero lo llamativo de este caso es que el creciente interés de los españoles por este sistema ha llegado al margen de los partidos políticos y, de forma destacada, del partido que debería estar más interesado en promoverlo, el PP. Ha sido la propia sociedad, con iniciativas particulares, la que ha ido ganando terreno a la corrección política.

Por eso es importante el juego de la cuerda entre las ideas y la política. La política es siempre posibilista, pero el terreno de juego lo pone el debate de las ideas. A medida que se avance, si llega el caso, en la consideración de los españoles por las ideas liberales, en esa medida, se irán desplazando PP y PSOE. Es un camino mediato, indirecto y largo. Pero es el único que puede llevarnos a una sociedad un poco mejor.

Titulitis

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció durante la clausura del IV Congreso Africano de Mujeres Emprendedoras de El Cairo que las mujeres sin titulación que acrediten experiencia suficiente en el cuidado de niños o mayores podrán acceder a un título oficial equivalente al de un grado medio antes de que empiece el verano. Y yo me pregunto: ¿para qué?

Las perspectivas del Ejecutivo son asombrosas; por una parte asegura que esta medida beneficiará a medio millón de personas que no tienen estudios o los tienen primarios, además afirma que la medida fomentará el empleo en áreas como el cuidado de los mayores y de los discapacitados y, por último, hará visible a centenares de mujeres que llevan años ejerciendo sin que nadie les reconozca experiencia y capacitación. El Gobierno ha tirado de estadística estatal para defender su alcance, aprovecha el anuncio para dar algo de oxígeno a una ley como la de Dependencia que fue estrella y que ahora por no tener no tiene ni presupuesto, y apela a la moral pública y a cierto sentimiento de culpa de hijos desagradecidos para justificar una medida inútil.

Lo que la vicepresidenta no ha contado o quizá ni siquiera ha contemplado es que la creación de una titulación oficial supone una serie de recursos humanos, técnicos y presupuestarios que pagará el contribuyente le guste o no la medida. Tampoco se le ha ocurrido que se crea un título que, como todos los oficiales, limita o perjudica la entrada en el mercado laboral a infinidad de personas que habiéndose formado en otros circuitos educativos distintos de los reconocidos por el Estado, en las propias empresas o como en este caso en los hogares, buscan trabajos acordes con su experiencia y conocimientos sin necesidad de que nadie "oficialmente" tenga que reconocer su valor.

Llevamos décadas con empresas de limpieza en las que millares de mujeres y hombres han trabajado sin necesidad de aportar más conocimientos que los que ambas partes necesiten y reconozcan, incluyendo algunas de ellas cursos de formación que corrija carencias, ¿por qué no podía ser igual en el caso de empresas dedicadas al cuidado de niños, ancianos o personas con minusvalías? De hecho, y si las empresas empiezan a tirar de títulos oficiales, ¿no quedarán en la calle sin trabajo muchas personas que no puedan acceder a él al no tener tiempo ni ganas para pedirlo?

Hace unos meses, las autoridades madrileñas se sacaron de la manga un nuevo título que habilitaba a los porteros de discotecas para realizar su trabajo. El resultado ha sido que la demanda de portero "oficial" se ha disparado ya que se presentaron muchas menos personas de las que necesitan pubs, discotecas y otros garitos parecidos. En estos momentos y gracias a las autoridades madrileñas es posible que muchas empresas estén incumpliendo la ley para tener un mínimo de control en las puertas de sus negocios. Un problema de delincuencia ha derivado en una intervención estatal que ha generado paro por una parte e ilegalidad por otra, lo que dará pie a más faltas, esta vez estrictamente administrativas.

El título oficial es un papelito que pocas veces sirve de algo. La educación pública española está llena de títulos oficiales y los alumnos que terminan sus estudios tienen que seguir estudiando (y pagando) unos años más para obtener más títulos en forma de cursos de posgrado o algún que otro máster para optar con cierta ventaja a un puesto de trabajo. Paradójicamente, estos cursos de posgrado cada vez valen menos en tanto el Estado sigue exigiendo oficialidad a los organizadores y la oficialidad se reparte al mejor postor.

La sociedad española está aquejada de titulitis y la titulación oficial sigue expandiéndose tanto como el Estado sigue invadiendo aquellas partes de nuestra vida que aún manteníamos vírgenes. Y no parece haber vacuna.