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Etiqueta: educación

Segregación racial de izquierdas

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

No es casualidad que esa feliz comparación se haya pensado en Cataluña, donde hasta los partidos de derechas o conservadores presumen de repetir con más insistencia y eficacia que los demás todos los mantras de la izquierda.

Pues ha sido allí, en Cataluña, en la región más secuestrada por la ideología de izquierdas, de la que ha sido expulsado nada menos de Boadella por la intolerable pretensión de ser libre, donde ha reaparecido una de las vetas más siniestras de la izquierda: la segregación en la escuela. El consejero de Educación de Cataluña, Ernest Maragall, va a poner en marcha unas escuelas específicas para inmigrantes, y el Gobierno de Zapatero lo apoya. Como titula El País: "Corbacho apoya que la Generalitat segregue inmigrantes fuera de la escuela". Y esto lo ha hecho el ministro de trabajo socialista en un acto del PSC, es decir, en casa y ante el resto de socialistas catalanes.

Qué idea más de izquierdas y más nacionalista esta de considerar a las personas como partes de una clase o de un grupo de personas. Ven un auténtico peligro en concebir a cada uno de nosotros como individuo responsable. Ya decía John Dewey, el padre de la educación progresista, que "la gente independiente y que actúa por sí misma es un anacronismo para la sociedad colectivista del futuro". El futuro ya ha llegado, y tiene en un rincón de España su refugio.
 

Ni Maragall ni Corbacho son originales en su izquierdismo segregacionista. En Estados Unidos la educación fue privada desde antes de que naciese como país, y para cuando el sistema fue secuestrado por el Estado, las escuelas privadas ya habían escolarizado a la práctica totalidad de los niños. La escuela pública, entonces una excepción, tenía sus ayatolás, como Francis Bellamy, ardiente defensor de la segregación racial en los colegios y uno de los muchos progresistas racistas de Estados Unidos, una tradición que no se ha extinguido allí y de la que, por lo que se ve, tampoco aquí somos ajenos.

Garantizar la educación libre, el uso y la enseñanza del castellano

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Cuando las políticas intervencionistas del Estado se convierten en el credo de una nueva religión a la cual rendir una fe ciega, se incrementan de modo exponencial los ataques a los derechos fundamentales de los ciudadanos a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley.

Cuando se impone la ingeniería social y se intentan establecer nuevos valores morales, los dirigentes liberticidas guían a los países hacia su particular utopía y, de modo lento pero constante, se perjudica la convivencia pacífica en el medio y largo plazo.

Después de tres décadas de democracia, las fisuras normativas de la Constitución Española de 1978 han permitido que se impongan las políticas independentistas, de diferenciación sentimental y de adoctrinamiento segregacionista en Cataluña, País Vasco, Galicia y algunas otras regiones.

El Manifiesto por la Lengua Común denuncia la instrumentalización del idioma y de la educación para conseguir determinados fines políticos y, solicita las reformas legislativas que sean precisas para devolver a los ciudadanos sus derechos. Sin ánimo de ser exhaustivo, permítanme analizar brevemente algunos de los artículos de la Constitución que deben valorarse a la hora de garantizar la educación libre en castellano.

Para empezar, podemos observar como el artículo 14 que, en teoría, garantiza que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de (…) opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", está siendo vulnerado sin que ningún Gobierno se atreva a aplicar el artículo 155.

Diversas comunidades autónomas están imponiendo la lengua regional propia (también española) con legislaciones, actos y sanciones administrativas que dificultan o imposibilitan el empleo del castellano, como lengua común oficial de España: en la educación, en el uso institucional u oficial y, en el acceso a la función pública en igualdad de condiciones.

Debido a las vergonzosas sentencias del nada independiente Tribunal Constitucional, el que quizás sea el único artículo bien redactado de la Constitución, el artículo 3, ha dejado de ser válido en muchas comunidades autónomas que penalizan el uso del idioma español, llegando incluso a imponer reglas a empresas para etiquetaje, rotulación, facturación o contabilidad, aunque se traten de negocios privados, en su particular paranoia independentista de regulación sobre la vida de los demás.

Para garantizar su uso y aprendizaje, es necesario reformar el artículo 148 y el artículo 149 para restituir las competencias en educación y en el uso y enseñanza del castellano dentro del ámbito del estado central.

Junto con lo anterior, una vez bien definidas las competencias en ésta y otras áreas, puede eliminarse el apartado 2 del artículo 150. Así se cerrará una de las principales deficiencias constitucionales por la cual se han ido centrifugando competencias hacia las autonomías hasta duplicar el tamaño del Estado, se ha incrementado la opresión de los derechos individuales y se ha disparado la corrupción local.

Para garantizar el modelo de educación, pública o privada, que elijan los padres para sus hijos, aparentemente la redacción del artículo 27 es adecuada, pero precisa ciertos retoques para garantizar la enseñanza en español y para limitar que el Estado sólo pueda definir el nivel de conocimientos básicos para las diversas titulaciones: sin imposiciones morales ni religiosas, sin discriminación, y sin adoctrinamiento.

En cualquier caso, es imprescindible abordar una redefinición del artículo 53 para garantizar una tutela directa "efectiva" por los jueces sobre el derecho a la educación y el uso del castellano, junto con el derecho de propiedad y la libertad de empresa, entre otros.

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Colegio y problemas familiares

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Muchos padres se quejan que los maestros hacen demasiadas vacaciones y que por cada servicio adicional han de pagar una importante cantidad de dinero. A la incómoda situación se añaden lo caras que son ya las escuelas privado-concertadas y la rigidez de sus horarios. Para solventar la situación, profesores y padres reclaman lo mismo: mayor intervención del Estado para que desvíe fondos públicos a las escuelas y que estas puedan contratar más gente, y a la vez, reduzca el desembolso familiar hacia estas empresas.

¿Cree que la falta de plazas y poca flexibilidad de las escuelas es un problema de dinero? No del todo. Cuando empieza el año escolar, salen noticias alarmándonos de la falta de centros. Este mismo año hemos podido leer que hay guarderías donde la lista de espera es de dos años o localidades donde más de la mitad de los solicitantes se quedarán sin plaza. Si tan fuerte es la demanda, ¿cómo es que hay tan poca oferta? La diferencia entre alta demanda y poca oferta genera automáticamente un amplio margen empresarial que se reduce con el tiempo debido a la entrada de competidores, hasta llegar a un punto en el que se estanca. Pero no es el caso de guarderías ni escuelas, donde la oferta es deficiente de forma crónica.

Si usted quiere abrir una escuela necesita un sinfín de licencias que pueden tardar más de un año en llegar, según la desidia del funcionario que le toque. No es de extrañar que aparezcan guarderías y escuelas que carecen de los permisos necesarios a pesar que su calidad sea más que aceptable. El gran número de requisitos oficiales a cumplir, la gran inversión a desembolsar por parte de los empresarios, la enorme paciencia que han de tener con los funcionarios y la continua modificación de normas surgidas de los caprichos de unos políticos que ofrecen subvenciones discrecionalmente hacen que la oferta sea muy inferior a la demanda.

La gran regulación provoca que el sector funcione como un monopolio con grandes barreras de entrada. Cuando a alguien se le ocurre una alternativa, como las ludotecas, el sector entero se lanza contra ella pidiendo que la regulen hasta el extremo. La idea de los lobbies de maestros es cargar de costes administrativos a las nuevas iniciativas para dañarlas en el mayor grado posible. La excusa es la que usan todos los grupos de presión minoritarios para perpetuarse en el tiempo a costa de los demás: la presunta falta de calidad, seguridad y buen servicio de sus competidores. Parece irónico que las guarderías y escuelas hablen de buen servicio cuando tienen el horario que les da la gana sin que les importen ni lo más mínimo las necesidades de su teórico cliente.

Cuando los políticos se ocupan de un asunto que afecta a la sociedad, la repercusión siempre es la misma: colas, ineficiencia y mala calidad. La justicia, por ejemplo, es un monopolio del Estado. Esto ha provocado que actualmente existan dos millones y medio de casos por resolver. La administración ni siquiera puede ofrecerse a sí misma la calidad que exige a los demás. Ahora, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona tendrá que indemnizar con más de 40.000 euros a unos trabajadores por intoxicarlos con insecticida. Claro que no se tiene que preocupar por la multa, porque la está pagando usted con el dinero de sus impuestos.

El único interés que tiene el Gobierno y las administraciones locales en controlar la educación no es ofrecer un mejor servicio, sino adoctrinar a los más jóvenes de la sociedad y ampliar su voto cautivo al sector de los educadores para que dependa de los favores del Gobierno central y local. Las escuelas no nos sirven a nosotros, sino a los políticos, que son quienes realmente les pagan con nuestro dinero mediante subvenciones para los sueldos de profesores, el material informático, la "atención a la diversidad" y todo lo que sea necesario para establecer vínculos firmes con los políticos. Además, no sólo pagamos parte de la educción de nuestros hijos, sino también la de otros que no conocemos. Usted está pagando los profesores de otros niños aunque no tenga hijos, aunque aún teniéndolos ya no estudien o no hayan empezado a hacerlo. Lo va hacer hasta que muera. Y no lo hace por un acto de amor, sino por coacción institucional. Por más que les duela a los socialistas, el amor a punta de pistola no es amor, sino violación. En eso consiste que el Estado se meta en educación.

Los políticos han de salir de la gestión empresarial de las escuelas privado-concertadas porque sólo nos causan problemas sociales y económicos. Una escuela tiene la misma estructura económica que una zapatería, un gran almacén o un concesionario de coches. Todos ofrecen un servicio por el que cobran y donde la demanda es suficiente como para crear una amplia estructura competitiva que, consiguientemente, abarataría costes y reduciría el precio final para el cliente (nosotros); podría ampliar servicios y, en lugar de ser un sector continuamente precario, daría dinero a una gran parte de la sociedad.

Modelos de educación

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

La asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) se ha constituido en la polémica más importante del sistema educativo español desde que el Gobierno socialista de Felipe González aprobara la LOGSE en 1990. No sólo ha conseguido que se manifiesten cientos de miles de personas contrarias a su implantación, sino que ha movilizado a la sociedad civil hasta el punto de que se han creado innumerables organizaciones que luchan activamente por su desaparición y cientos de padres se han acogido al derecho a la objeción para sus hijos. Algunos tribunales les han dado la razón y el conflicto entre sociedad civil y poder político no ha hecho más que empezar.

Pero EpC es una consecuencia lógica del sistema educativo que sufrimos en España, de cualquier sistema educativo público. La instrumentalización de la educación para conseguir determinados fines políticos es una tentación demasiado fuerte como para que los gobiernos no la usen de manera interesada. En España, hay que unir a la EpC las políticas educativas de los gobiernos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco y de las coaliciones socialistas-nacionalistas en Galicia y las Islas Baleares. En todos ellos la educación en la lengua de la región (y no en castellano) se ha convertido, no en una opción, sino en una obligación para los residentes. Incluso en comunidades autónomas como la valenciana, gobernada por un PP que en teoría es contrario a este proceso, la educación pública en valenciano tiene un peso considerable.

La educación pública es, como vemos, un difusor del credo socialista, ecologista o nacionalista y olvida su labor docente. Poco importan los resultados si al final de la edad académica los jóvenes han aprendido los principios básicos del régimen. No importa que las pruebas que periódicamente se realizan para evaluar los conocimientos de los alumnos arrojen resultados cada vez más lamentables. Una ley que baje el listón de los conocimientos básicos o que permita la posibilidad de pasar de curso o incluso acabar todo el proceso con varios suspensos, resuelve en términos estadísticos el problema. La propaganda hace el resto.

La descentralización se ha convertido en un proceso nefasto para la educación española, pero no por su naturaleza policéntrica, sino por el carácter de las instituciones que compiten entre sí. De hecho, estamos ante una competencia entre estamentos públicos, que nada tiene que ver con la competencia entre empresas y particulares en un sistema de libre mercado. Los conflictos con y entre ellos se resuelven mediante el enfrentamiento directo y la coacción, no con la captación de los clientes de la competencia, y los gobernantes legitiman en las urnas políticas liberticidas, mientras que los ciudadanos tienen pocas opciones para revertirlas, salvo la protesta o largos y complicados procesos en los tribunales.

Como hemos visto, no importa la suavidad o la dureza del régimen, su legitimidad o su carácter ilícito, el sistema público es susceptible de corrupción en todos los casos, y su eficiencia está limitada por su propia naturaleza. La educación privada es la única opción razonable ante los desastres que aquejan a la pública, pues en ella confluye la actividad empresarial, la competencia por un servicio mejor y la voluntariedad de todas las partes. El problema es que para que cale esta idea hay que refutar uno a uno todos los tópicos que recaen sobre la educación privada.

El mercado y la crisis alimentaria

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Artículos en prensa.

La desfachatez de los burócratas liberticidas no parece conocer límite. Los liberales, que saben algo de economía, suelen intentar enseñarla con argumentos, no la sermonean como artículo de fe. La sociedad libre y el mercado no intervenido que ésta incluye son la mejor solución institucional posible para los diversos problemas sociales, pero esto no significa que el mercado garantice soluciones para todo, simplemente porque hay problemas irresolubles o que sólo pueden arreglarse de forma parcial o circunstancial dadas las limitaciones humanas. En un mercado libre se aprovecha el conocimiento práctico y disperso de todos los participantes que responden a incentivos adecuados y se relacionan de forma pacífica y voluntaria. Son los tecnócratas quienes pretenden de forma arrogante que ellos saben más que el orden social espontáneo, y no proponen sino que imponen sus "soluciones globales" (por llamarlas de alguna manera) mediante la coacción política.

Hay que tener mucha cara dura para hablar de fallos de mercado respecto de la agricultura, uno de los sectores económicos más intervenidos. Los gobernantes no paran de ponerle trabas (falazmente denominadas "ayudas" o "protecciones") y no sólo escurren el bulto ante los problemas que ellos mismos crean, sino que demonizan cuanto pueden a su chivo expiatorio favorito: el mercado, que es impersonal (no puede defenderse), y además parece controlado por los ricos sin corazón.

La crisis financiera, con sus efectos de especulación y acaparamiento e incremento de precios de las materias primas, no la ha causado el mercado sino el Estado mediante la manipulación monetaria y crediticia. Los biocombustibles son una mala idea subvencionada por el Estado. Los desajustes entre oferta y demanda son normales cuando los agricultores llevan tantos años desconectados de los consumidores y de la competencia y enganchados a las subvenciones. Las restricciones a las exportaciones impuestas por muchos países son un fenómeno político ajeno al comercio libre.

El lugar que les corresponde a la agricultura y a la alimentación lo deben decidir libremente miles de millones de individuos y no unos pocos ungidos. La crisis humanitaria es algo muy serio: los tecnócratas no van a arreglarla pidiendo más poder regulatorio y más medios para sí mismos. Tampoco la ministra Espinosa repitiendo el grandilocuente topicazo de La agricultura, un sector estratégico, criticando la globalización, defendiendo la autarquía y mostrándose orgullosa de la calamitosa Política Agrícola Común europea.

Las falacias de Peces

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Dentro de la furibunda campaña desatada por el Gobierno para exigir sumisión a sus planes de implantar su Educación para la Ciudadanía obligatoria, el señor Peces Barba se encargó de publicar un artículo en el órgano de propaganda habitual de la mañana. Uno de los inspiradores de este adoctrinamiento estatal en las corrientes del socialismo para niños se ha dado cuenta de que la reciente sentencia del TSJ de Andalucía –seguida por otra en la misma línea– abre una vía de agua de incalculables consecuencias para sus planes: su seguimiento podría convertir la "asignatura" en optativa.

Como punto de partida recordemos que estas decisiones judiciales han reconocido el derecho de unos padres a ejercer la objeción de conciencia frente a esa asignatura, que sus hijos no la cursen y, por lo tanto, que se les exima de ser evaluados. Pues bien, como para abrir boca, Peces, sin duda informado, pero acaso sobreestimando la influencia evidente del Gobierno sobre los jueces, se atreve a pronosticar sobre la primera sentencia que "no tiene (…) muchas posibilidades de sobrevivir a un recurso serio que ya está en marcha".

A mi modo de ver, el meollo de su peculiar tesis reduce el debate a la contraposición de dos apartados del artículo 27 de la constitución española de 1978. Según él, la declaración de que "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales", contenida en el apartado 2, fundamenta y legitima la denominada Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos como un trasunto de la ética pública recogida en la Constitución. Siempre según Peces, ante esa declaración no puede invocarse la "ética privada" recogida en el 27.3 que reconoce el derecho a recibir la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones, como derecho de los padres. Todo ello, porque –aunque tiene el exquisito detalle de identificar a los herejes recurrentes en un artículo de escasas líneas– "la Iglesia no puede pretender que esas convicciones sean siempre las que la jerarquía interprete, ni mucho menos que eso abarque a la ética pública democrática que es competencia de la soberanía popular y de la regla de las mayorías que marcan el sentido de las normas, entre ellas las que dibujan los contenidos de la Educación para la Ciudadanía".

Un enunciado tan impreciso como el que, según él, legitima al Estado para imponer una ética pública, prevalece sobre el mandato expreso que se deduce de la frase "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Olvídense de la distinción, que parecía común entre estatistas socialdemócratas, de los campos normativos atribuibles al estado (derecho) y al individuo/sociedad (ética): Peces ha superado ese estadio de la evolución histórica.

Obsérvese, por otro lado, la grosera trampa tendida por este autor respecto al sujeto del derecho a la objeción de conciencia. En realidad no son los padres que formulan la objeción de conciencia quiénes quieren defender sus convicciones frente al Estado, sino la Iglesia (que, como era de esperar, identifica con la jerarquía católica). Esta falacia constituye uno de los ejes de la descalificación de todo posible objetor de conciencia, así como la presentación de una falsa disyuntiva entre pensamiento secular, que debe imponer el Estado apoyado en la mayoría, y las creencias religiosas. A continuación, pretende soslayar el ataque contra la filosofía de la libertad que los programas y objetivos de esta asignatura para la enseñanza primaria y secundaria representan, con el expediente de que ese adoctrinamiento resulta una consecuencia más de la evolución del pensamiento político y jurídico occidental, como si éste hubiera sido unívoco.

En varias ocasiones insiste en descalificar los argumentos de la sentencia como contrarios a la modernidad. Mezcla referentes de un signo y sus contrarios para apuntalar su pintoresca afirmación de que la imposición de toda esta cosmovisión antropológica socialista (en su versión de la corrección política) a los niños y adolescentes, constituye un lógico trasunto del pensamiento liberal (¡!). Uno contempla con estupor la enumeración de Bodino, Grocio, Bentham, Kant y, para colmo, Locke, como modestos precursores del excelso pensamiento pecesbarbiano. Evidentemente, el autor confía demasiado en el desconocimiento de las aportaciones de estos filósofos y las escuelas a las que comúnmente se les asigna.

Sin embargo, el mandarín que es Peces supura por la herida al percatarse de que el tribunal de Andalucía sopesa la genérica obligación de obedecer las leyes y la excepción a ese sometimiento, amparada también en el derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa, recogido en el artículo 16 de la misma constitución que dice defender. Como consecuencia de ello recurre a otro hombre de paja de signo contrario, cuando identifica a las muchas y variadas escuelas de derecho natural con un "anarquismo jurídico, que sitúa a la voluntad de cada individuo por encima de la norma aprobada por mayoría en las sociedades democráticas".

No puede ser por simple ignorancia, sin embargo, que este catedrático de Filosofía del Derecho omita el análisis de los fundamentos de una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la que el tribunal andaluz hace parcas referencias, cuando ha tachado a éste de contrario a la modernidad.

No en vano, el tribunal europeo estimó la queja de unos padres noruegos contra la denegación por parte de las autoridades de su petición de eximir completamente a sus hijos de asistir a las clases de una asignatura obligatoria denominada Cristianismo, Religión y Filosofía. A la postre, los jueces entendieron que el programa de dicha asignatura sesgaba sutilmente al alumno hacia la prevalencia de la iglesia evangélica luterana, frente a otras religiones incluidas en su objeto de estudio. Por cierto, la constitución noruega (artículo 2) atribuye el estatuto de religión oficial del reino a dicha iglesia cristiana, al tiempo que proclama la libertad religiosa. En definitiva, el tribunal llegó a la conclusión de que la actuación del estado noruego vulneró el artículo 2 del protocolo primero del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en cuanto que no respetó el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas y filosóficas. Y ello a pesar de que las autoridades noruegas reconocían a los padres un derecho de objeción de conciencia parcial a esa asignatura. Bien es cierto que su ejercicio obligaba a los progenitores a escrutar la información de las escuelas sobre las actividades derivadas de cursar esa asignatura para, llegado el caso, formular una petición fundada de exención de participación de sus hijos en una concreta.

A este respecto, el tribunal reafirma que la norma aplicable no permite diferenciar entre una instrucción religiosa y otras materias, sino que prescribe al estado respetar las convicciones de los padres, bien sean religiosas o filosóficas, en el conjunto del programa de la enseñanza reglada por el Estado. Asimismo, prohíbe al Estado perseguir un fin de adoctrinamiento que pueda considerarse irrespetuoso de las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Ahí radica el límite que no se puede traspasar, enfatiza la doctrina de la Corte de Estrasburgo.

Si el Gobierno de Z consiguiera que el Tribunal Constitucional avalase su adoctrinamiento nada sutil, el recurso al Tribunal de Estrasburgo podría amparar a los padres objetores y desbaratar la infalibilidad que blande este botarate. Reconozcan, padres liberales, dondequiera que residan en España, que ha llegado el momento de plantear la objeción de conciencia contra una asignatura obligatoria para sus hijos que ataca los fundamentos de la libertad.

Nuestros hijos no serán adoctrinados

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Eso es algo irrelevante porque, digan lo que digan los tribunales, miles de padres vamos a seguir impidiendo que nuestros hijos sean adoctrinados por la caterva de funcionarios que metisteis a dedo en el sistema público de enseñanza para destruirlo desde dentro, con todo éxito, la verdad sea dicha. Que no, Peces, que no. A nuestros hijos sólo les damos nociones de moral individual los padres, porque no sólo es nuestro derecho, reconocido constitucionalmente, sino también nuestra obligación.

A ti, Peces, te debe parecer muy bien que a niños de catorce años se les someta a un tercer grado para inducirles a probar las relaciones homosexuales, pero muchos padres creemos que, aparte de una marranada, eso no es algo que entre dentro de las competencias del, llamémosle, profesorado logsiano que ya nos toca sufrir y pagar a través de los impuestos. Los socialistas, que vivís opíparamente y lleváis a vuestros hijos a excelentes colegios privados, queréis que los niños del sistema público crezcan creyendo férreamente en las bondades del marxismo como sistema de ordenación social y económico, porque no siendo suficiente con crear generaciones enteras de fracasados intelectuales que sólo podrán aspirar al trabajo manual poco remunerado, además queréis que os agradezcan toda la vida el adoctrinamiento sectario al que les habéis sometido y a la hora de votar actúen en consecuencia. Eso ya lo hacéis gracias a que tenéis un mercado cautivo, formado por miles de padres que no podemos pagar un colegio privado además del muy deficiente servicio público que ya soportamos con nuestros impuestos. Confórmate con eso, Peces, que ya es mucho, y olvídate de la Educación para la Sodomía aunque tus amigos autores y editores dejen de ganar una millonada con esta vaina.

Si tan seguro estás, Peces, de que la Educación para la Locomía es una maravilla de asignatura, ¿por qué no dejas que los padres elijamos libremente si queremos que nuestros hijos disfruten de sus contenidos? Estoy seguro de que habrá cientos de miles de obreros, votantes de tu partido, que harán como Los del Río cuando el referéndum de la Unión Europea, y llevarán a sus jonathanes y sus yessis cada día al colegio más contentos que unas pascuas sabiendo que tú y tus amigos os vais a encargar de convertirlos en unos espléndidos ciudadanos anticapitalistas, admiradores del Ché Guevara, partidarios de la lucha contra el cambio climático, de la alianza de civilizaciones y la exploración de la sexualidad en todas las direcciones. O sea, que mercado hay, pero no esta bien que te aproveches de que el chiki-chiki haya ganado de nuevo las elecciones para convertir la formación moral infantil en un monopolio dirigido por ti y tus cuates.

Ya sabemos que lo vas a intentar con todas tus fuerzas, pero, como te decía al principio, miles de padres no estamos dispuestos a dejar que pisoteéis nuestro derecho a decidir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. Aunque tengamos que ir a la cárcel, Peces, fíjate bien en lo que te digo. Para cojones los nuestros.

Ni un paso atrás

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El origen está en la tabla rasa de John Locke y su ensayo sobre el entendimiento humano. El último año del XVII se publicó en Francia y causó gran impresión en Claudio Helvecio, quien tras decir que "Locke ha abierto el camino a la verdad", llevó la tabla rasa al tablero de las aulas. Si nuestro conocimiento viene de las impresiones del exterior, ¿por qué no cambiar las circunstancias para remodelar al hombre? Y ¿qué sitio más adecuado para modelar las conciencias que la educación? Entendía por ésta no sólo la escuela sino las circunstancias sociales impuestas por la legislación. El francés fue rescatado por Gregori Plekhanov, cuyo nombre no le dirá nada si no añado que es el fundador del marxismo ruso. De ahí a Lenin sólo había un paso.

Nuestra izquierda, tan cutre como la que más y con un espíritu totalitario que rezuman por los poros, ha hecho suya la pretensión de convertir a los hijos de todos en instrumento de sus sueños de transformación social. Los padres no tienen nada que decir, porque sus planes no tienen por qué coincidir con los de la izquierda, irredenta de sus viejas aspiraciones. Si se amoldan, bien, que siempre hubo una parte de la sociedad cautiva, encantada de gritar "vivan las caenas".

Pero otra parte de los españoles son aún conscientes de sus derechos y sencillamente no están dispuestos a ceder. Frente a la imposición de Educación para la Ciudadanía, el último de los arbitrios socialistas para hacer de la sociedad lo que ésta no quiere ser, se ha levantado una auténtica revuelta social, un movimiento de objeción de conciencia incomprensible para quien no concede el derecho de que los demás tengan conciencia propia. Ni un paso atrás es su lema. Ni un paso atrás, porque sería una traición a la defensa de nuestros derechos y nuestra libertad. Ni un paso atrás porque los socialistas están dispuestos a tomar todos los pasos adelante que sean necesarios para imponerse sobre cada uno de nosotros y nuestros hijos. Ni un paso atrás porque nos asiste nuestro derecho a desengancharnos del Estado cuando éste se arroga el poder de decidir por nosotros lo que nos concierne.

Reeducación para la ciudadanía

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero es que además el espacio es muy bueno. Si Libertad Digital Televisión es una de las pocas razones que justifican encender el televisor, "Reeducación para la ciudadanía" es motivo suficiente para invertir media hora de tu vida frente a la pantalla.

La elección del Protágoras de Platón para iniciar esta andadura televisiva no pudo ser más acertada. El sabio de Abdera, en el diálogo platónico que lleva su nombre, pretende enseñar una especie de "educación para la ciudadanía" a los hijos del rico Calias (cobrando una pasta, por supuesto), algo ante lo que Platón, por boca de Sócrates, se muestra sorprendido, consciente de que nadie puede enseñar a otro a ser ciudadano ni, mucho menos, cobrar por ello. Siglos más tarde, Santo Tomás repetiría los argumentos para criticar la vulgarización de la fe y el adoctrinamiento catequético con abandono de la teología.

Y en este estado de la cuestión transcurrieron casi veintiséis siglos de Historia… hasta que llegó José Antonio Marina para enmendarle la plana al griego y al aquinaetense, ese par de metomentodos. Para Marina, uno de los principales ideólogos de la asignatura zapaterista, es imprescindible que el estado enseñe a los niños la virtud ciudadana, como Protágoras pretendía hacer con los hijos de Calias. La justificación para esta manipulación de las conciencias infantiles es terrible. Dice Marina: "¿Tienen razón los padres que reclaman su derecho a educar moralmente a sus hijos? Sin duda. Y si todos los hicieran con una maravillosa eficacia, la escuela podría dedicarse a otra cosa".

Cualquier persona con un mínimo apego a su libertad y a su derecho a formar a sus hijos debería espantarse ante semejante panorama. De hecho así está ocurriendo, a tenor de la negativa de muchos padres a que sus hijos sean sometidos a estas sesiones de adoctrinamiento preparadas por el gobierno. Pero nos faltaba un Platón que explicara a los protágoras contemporáneos que lo suyo no es educación, sino tiranía. Ahora ya lo tenemos. No tiene las espaldas tan anchas como el ateniense y su melena difícilmente podría calificarse de leonina, pero nadie es perfecto. Es una lástima que Albiac no tenga televisor en casa. Le gustaría mucho el programa.

Informe PISA: desánimo, tristeza

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Los datos en 2006 del informe PISA son muy desalentadores: el nivel educativo de España cae de nuevo por debajo de la media de miembros de la OCDE, aproximándose al perfil de naciones ajenas al progreso de Occidente. Este informe relega a España a un mínimo puesto 31 entre los 57 países participantes del mismo. PISA 2006 (Programme for International Student Assesment) valora cada tres años a más de 400.000 jóvenes de 15 años de edad, entre ellos 20.000 españoles que suspenden en todo: matemática, lectura, escritura, ciencias. Algunas regiones salen malparadas de la prueba; la situación de Andalucía entristece profundamente, no demasiado lejos en comprensión lectora de Azerbaiyán. Sólo se muestran brillantes Rioja y Castilla-León, quizá en este último caso por la tradición generosa e ilustrada, al estilo machadiano, de sus maestros.

El descalabro es de tal magnitud, las perspectivas son tan adversas, que nadie quiere asumir responsabilidad alguna. Los encargados actuales de la educación señalan a la familia como primera culpable histórica de la debacle. Las asociaciones de padres acusan al sistema formativo en su conjunto. Los intervencionistas preconizan mayor gasto público como exclusivo remedio frente a la situación. El profesorado no se hace valer, ni está ni se le espera. La opinión generalizada prescinde sin más de este asunto.

El problema no es de hoy mismo; se revela unas cuantas décadas atrás. En los comienzos de la transición democrática, con alto grado de irresponsabilidad, los sucesivos gobiernos entregaron la educación a las comunidades racistas e independentistas, por lo que nunca ha sido posible implementar en España un programa común imprescindible para los estudiantes en su infancia y primera juventud, sin distingos, digamos siquiera próximo al estilo de la escuela francesa o similar. La situación es difícilmente reversible, hay demasiados intereses espurios en juego; no será factible alcanzar cierta unidad formativa esencial que permita, por ejemplo, a un recién joven titulado con escasos recursos afrontar con seguridad los múltiples retos que genera el devenir de la propia vida, incluyendo al mercado como uno de los escenarios inevitables de esa misma vida; se agudizarán las divergencias entre clases sociales.

La impostura define a la izquierda española en esta cuestión. En un principio, los progresistas adivinaron en el profesorado un inmejorable agente para la propagación de su estrategia política, de ahí su insistencia aparente en favor de la educación pública. Sin embargo fracasaron, quizá deseaban mayor incondicionalidad de los pedagogos hacia su causa, no estimaron la firme oposición de algunos sectores educativos. Al final prefirieron lo más cómodo, que consiste en olvidarse de la realidad y sus problemas, obviando cualquier clase de negociación digna de tal nombre. El socialismo continuó el pago innecesario al separatismo y siguió abundando en su desinterés por la educación de forma paradójica por medio de una estéril, tal como se ha comprobado, bulimia legislativa.

A su vez, la enseñanza no es materia de agrado para la derecha. Nunca lo ha sido, le aburre, siempre va del ronzal del confesionalismo. Los liberal-conservadores españoles no se sienten cómodos; cuando se encuentran en plazo, no saben qué hacer con la formación. Un esclarecimiento de este extraño modo de actuar puede ser el clásico complejo de inferioridad ante la presunta potencial cultural de la izquierda. Otro argumento sería el origen biográfico de sus dirigentes: altos funcionarios ajenos al mundo de la creación, el mercado y los negocios, que es donde años después, para la mayoría de la gente, se dilucida el fruto de una acertada o pésima educación. Conviene recordar que ellos comenzaron la cesión del sistema educativo al nacionalismo rampante. En cualquier caso, la incapacidad congénita de la derecha española –excepciones aparte– para intuir y aplicar los procesos de la comunicación humana parece un misterio insondable, un extraño fenómeno que no emerge en otros partidos de su entorno ideológico y geográfico.

En este momento los estragos de la mala calidad educacional pueden apreciarse incluso entre trabajadores relativamente jóvenes. No hay que insistir en los quinceañeros que fueron sujeto activo de la investigación PISA. En España existe una horquilla de población ocupada entre 25-35 años de edad en la que se observa los desperfectos de la dinámica comprehensiva de la LOGSE así como la decadencia de metodologías anteriores. Refiriéndonos en concreto a los programas estatales de formación continua, es perceptible la incuria de empleados que integran la plantilla de reputadas firmas multinacionales. La sintomatología es variada: no preguntan en absoluto, apenas razonan las causas de los acontecimientos, no tienen capacidad de abstracción, son incapaces de elaborar visiones globales, se distraen con pequeñeces, prestan desmesurada atención a la casuística, manifiestan frecuente hostilidad, son insolidarios entre sí, improvisan todo, odian la teoría y fingen en la práctica, no construyen nada de valor.

Esta variedad de formación profesional se asemeja a la educación secundaria en que asimismo incumple tres principios vitales en la docencia: libertad, autoridad y recompensa.

Primero, libertad o voluntariedad para ir o no a clase. En la formación continua está claro: no obligatoriedad como hasta ahora; quien lo desee, que acuda al aula y recibirá algún tipo de reconocimiento. En la educación secundaria: permitir una rápida incorporación laboral a quien considera el instituto una suerte de presidio o pérdida de tiempo. McClelland, psicólogo industrial, decía que el exceso de educación alimenta la aversión al riesgo. Los ejemplos de emprendedores de éxito con escasez de horas de escuela son innumerables.

Segundo, defensa motivada de la autoridad. El profesor ha perdido los papeles, se sobreexpone a una aglomeración de ojos que le vigilan: alumnos, padres, departamentos de personal. No hay magisterio, sino simple coordinación de recursos, es casi otro pupilo más. No puede tolerarse el desplome de recursos físicos y mentales por dicha presión. Si aparecieran injusticias, acúdase a instancia superior para su investigación.

Tercero, recompensa por lo aprendido. Quien tuvo fuerzas para continuar su aprendizaje, visto el panorama, debe exigir la valoración de su esfuerzo a través de una evaluación. La infantilización evidente en las aulas es motivada por la ausencia o futilidad de las valoraciones. Los errores de fondo en clase quedan impunes. Si persiste la tabla rasa para todos, no germinará la emulación y la excelencia desaparecerá.

Los elitistas de cualquier índole no deberían frotarse las manos, creyendo que ante tamaña agitación, sobrevivirán en su fulgor. Para que una sociedad funcione se necesita entretejer cada jornada la colaboración de millones de comportamientos, experiencias y capacidades más o menos variables. Si la élite quedase como exclusiva propietaria del discernimiento, igualmente sucumbiría, ya que la mayoría resultante de la red social en un instante determinado incumpliría sus órdenes, por la sencilla razón de que dejaría de entenderlas.