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(VII) La falacia de la inversión pública

El lenguaje económico IX: Fiscalidad

Escrito por José Hernández Cabrera en noviembre 1, 2021. Publicado en Análisis diario.

Actuando en libertad cada individuo revela lo que considera bueno: «Sea pues bueno aquello que sea elegible por sí mismo» (Aristóteles, 2009: 77). Por el contario, lo malo procura ser evitado. El hombre por imperativo biológico —sostenimiento y perfeccionamiento de la vida— necesita apropiarse de bienes pudiendo hacerlo de dos formas: «El trabajo y el robo, el propio trabajo y la apropiación por la fuerza del trabajo de otros»; distinción que Oppenheimer (1926: 24) denominada «medios económicos» y «medios políticos».

El origen del impuesto nunca fue un mítico «contrato social», sino la apropiación violenta de la riqueza mediante la conquista (Bodino, 1576). Paulatinamente, el impuesto se fue sistematizando con funcionarios al servicio de las élites políticas; por ejemplo, la unificación que supuso el Sistema Métrico Decimal (Lavoisier, 1799) facilitó la labor confiscatoria del Estado moderno.

El tributo enriquece a quien lo percibe y empobrece a quien lo paga, por ello, uno intenta acrecentarlo y el otro intenta escamotearlo. Cobrar impuestos requiere de una capacidad técnica que combina información, organización, coacción y persuasión. A pesar de que el Estado posee la fuerza para doblegar la resistencia de sus víctimas, procura conseguir su voluntariedad o, al menos, su anuencia. La persuasión incrementa el ingreso fiscal mediante la reducción de costes del recaudador. El lenguaje, sin duda, es una potente herramienta de legitimación fiscal cuya finalidad es hacer creer al individuo que los tributos son justos, necesarios y que, en última instancia, él es el principal beneficiario. En el presente artículo, por fiscalidad o tributación entendemos cualquier obligación dineraria o servidumbre (militar, electoral, judicial) forzosa.

El impuesto no es voluntario

«El interesado, antes de actuar de uno u otro modo, valora y pondera la posibilidad de que otro ejerza coacción sobre él» (Mises, 2011: 766). El impuesto no es voluntario, se cobra bajo amenaza; no obstante, el recaudador intenta disfrazarla empleando verbos —aportar, colaborar, contribuir, destinar, pagar, participar, prestar, sufragar— que infieren voluntariedad. Sin duda, sería más realista llamar «confiscado» al «contribuyente». El actual «Impuesto de Bienes Inmuebles» (I.B.I.) se llamaba «contribución». La Constitución española (art. 31. 1) reza: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos […]». De igual modo, se pervierte el significado de «colaboración» (art. 118): «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así́ como prestar la colaboración requerida […]». La «participación» y «colaboración» que exige el Estado es sui generis; por ejemplo, negarse a «participar» como miembro de un Jurado supone multa entre 150€ y 1.502€; y negarse a «colaborar» en la realización de encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE) conlleva sanción. Las organizaciones criminales privadas emplean la misma técnica que el Estado, por ejemplo, así se dirigía E.T.A. al abuelo de Santiago Abascal: «Sr. ABASCAL, hace algún tiempo recibió Vd. una carta nuestra en la que le hacíamos petición de 10 millones de pesetas como contribución económica a la lucha del Pueblo Vasco […]».

Otro eufemismo es llamar «prestación» a cualquier forma de servidumbre o trabajo forzado, como el servicio militar obligatorio. De igual modo, el verbo «pagar» es usado equívocamente cuando declaramos «pagar» impuestos o «pagar» el sueldo a los políticos. Analicemos este titular: «Los españoles destinan el 52% de sus salarios al pago de impuestos»; aquí los verbos «destinar» y «pagar» enmascaran la naturaleza violenta de la fiscalidad. El ciudadano no «paga» salarios públicos, ni «sufraga» obras o servicios públicos y ni siquiera «paga» su propia jubilación. Es el gobierno, previa confiscación, quien realiza todos esos pagos. Sería más apropiado afirmar que los políticos se pagan a sí mismos. Otras veces, una cuota forzosa se camufla como «aportación»: «El sistema […] se financiará con los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores». Cual trilero, el gobierno retiene a las empresas un dinero que luego les devuelve como «crédito» formativo y, de paso, se embolsa cada año más de 900 millones € por cursos no impartidos.

Otra perversión del lenguaje es esta: «El Gobierno ha pedido un esfuerzo adicional a los ciudadanos durante la crisis»; o bien: «Los españoles han asumido sacrificios y en cuanto podamos bajaremos los impuestos»; pero los políticos no piden permiso para saquear a los ciudadanos. El colmo del cinismo es denominar «voluntario» al período de pago (sin recargo) de ciertos tributos municipales: I.B.I., tasa de basura, impuesto de circulación, etc.

Para combatir la manipulación verbal es recomendable hablar en plata, por ejemplo, la cuota que «pagaban» las empresas por su pertenencia forzosa a las Cámaras de Comercio era más conocido como «impuesto revolucionario». Otra estrategia es hacer ostensión verbal de estar siendo coaccionado; por ejemplo, algunos políticos separatistas prometen su cargo por «imperativo legal» para manifestar su oposición al statu quo político. De igual modo, podríamos adjetivar como «forzosos» específicos hechos y situaciones; por ejemplo: contribuyente forzoso de impuestos, médico colegiado forzoso Nº…, presidente forzoso de la mesa electoral…, miembro forzoso del jurado…, etc

Competitividad fiscal

La palabra competitividad tiene una connotación positiva. La competencia mercantil proporciona a los consumidores bienes económicos con la mejor relación calidad-precio posible. Los peores competidores desaparecen o son adquiridos por los mejores. Al hablar de competitividad fiscal se da a entender que los gobiernos compiten entre sí buscando el plácet de los ciudadanos, pero el Fisco no es una empresa ni compite como una empresa. En primer lugar, la competencia fiscal es contraria a la naturaleza expansiva del poder político: «Un gobierno es tan fuerte como lo son sus ingresos» (Chodorov, 2002: vii). No nos engañemos, ni siquiera la (estatista) curva de Laffer busca el interés del contribuyente, sino optimizar el ingreso fiscal. Los índices de competitividad fiscal (ICF) que elaboran fundaciones y think tanks libertarios son empleados para persuadir a los gobiernos y que sean fiscalmente atractivos a residentes y empresas. Esta estrategia se ve fuertemente contrarrestada con acusaciones de dumping fiscal y por el intento de «armonización» fiscal proveniente de saqueadores sin complejos. Más que competir, los gobiernos se cartelizan para subir impuestos; por ejemplo, tras la crisis de 2008, se orquestó un catastrazo nacional que multiplicó el I.B.I. por 3,5 en una década. Sería más apropiado llamarlo «Índice de agresión fiscal».

En segundo lugar, los gobiernos no quiebran por falta de competitividad fiscal; por ejemplo, Cuba lleva 60 años siendo un pésimo competidor fiscal y perdiendo población, pero ahí sigue. Los Estados no se ven obligados a reducir su fiscalidad, por el contrario, el avance imparable del Estado social no ha hecho sino incrementarla.

Dumping fiscal

En un artículo anterior ya vimos que prohibir la venta a pérdida o dumping carece de justificación ética y económica. El dumping es un fenómeno exclusivamente mercantil ya que los gobiernos no venden bienes a precios de mercado. La incorrecta acusación de dumping fiscal, por tanto, se refiere más bien a tener una fiscalidad «demasiado» baja. Por ejemplo, se acusa a la Comunidad de Madrid de «deslealtad» porque sus impuestos —sucesiones, donaciones y patrimonio— son más bajos que en otras regiones. Toda propuesta de «homogeneización» o «armonización» fiscal es un intento igualitario de saquear a todos al máximo nivel.

Paraíso fiscal

Un deslizamiento lingüístico es probablemente el origen de la metáfora «paraíso fiscal», dado el parecido entre los sustantivos ingleses haven (refugio) y heaven (paraíso). En cualquier caso —refugio o paraíso — nos estamos refiriendo a una jurisdicción con nula o baja fiscalidad que atrae a capitales y residentes de otros Estados. Los paraísos fiscales han sido objeto de las peores acusaciones —blanqueo de capitales, fraude, elusión— por la mayoría de gobiernos (auténticos «infiernos» fiscales), que ve mermada su capacidad confiscatoria. Resulta cómico que los mayores agresores fiscales acusen a los más moderados de «prácticas fiscales abusivas». El mundo al revés. En particular, La Unión Europea (2021) tiene una lista negra de 21 jurisdicciones que no «cooperan» lo suficiente al saqueo fiscal de Bruselas.

Impuesto confiscatorio

Se trata de un pleonasmo pues todo impuesto, en mayor o menor medida, es confiscatorio. Sin embargo, los hablantes entienden por «confiscatorio» un tributo desmedido o abusivo: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio» (CE, art. 31. 1). El legislador hace un brindis al sol cuando no precisa el significado de «confiscatorio», permitiendo el expolio fiscal con impunidad. Esta argucia convierte al gobierno en dueño y señor de toda la riqueza, estipulando en cada caso qué porción reclama para sí y cuál permite conservar al contribuyente (Chodorov, 2012: 8).

El impuesto progresivo es regresivo

La (espuria) justicia social exige que los más ricos sean sacrificados en el altar del Estado social mediante una fiscalidad «progresiva». Paradójicamente, como apunta el profesor Benegas Lynch (2014), las personas con ingresos más bajos (supuestos receptores del botín fiscal) resultan perjudicados de forma indirecta. A medida que la renta se incrementa, generalmente, la proporción dedicada al consumo disminuye y la dedicada al ahorro e inversión aumenta. El impuesto progresivo reduce el consumo de los más «ricos», pero reduce en mayor proporción la inversión en bienes de capital; y una menor tasa de capitalización implica salarios e ingresos reales más bajos. Por otro lado, el impuesto progresivo desincentiva el trabajo de los profesionales más productivos, agravando la escasez de servicios altamente valorados por los consumidores. Por ejemplo, un afamado cirujano reducirá voluntariamente el número de intervenciones quirúrgicas. En definitiva, el impuesto progresivo penaliza los factores de producción capital y trabajo: «La producción y la riqueza total ha sido rebajada» (Mises: 2011: 779).

Confusión fiscal y jurídica

Consiste en hacer que la legislación fiscal sea tan intrincada, ambigua y cambiante como sea posible, de tal forma que constituya un arcano para los legos y un laberinto para los técnicos, que ven mermada su capacidad de asesoramiento. Cuanto más confusa y alambicada sea la normativa más ventaja tiene el Fisco que, actuando como juez y parte, interpreta la norma en su favor. La inseguridad jurídica de individuos y empresas es la seguridad económica al gobierno.

La confusión fiscal intersecta con el Derecho. El legislador enmascara la coacción haciendo creer al ciudadano que un deber legal —fiscal, militar, electoral, judicial— es al mismo tiempo un derecho. Por ejemplo: «Son derechos y deberes de los vecinos: […] d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales». Sin embargo, para un mismo individuo algo no puede ser simultáneamente derecho y deber (García-Trevijano, 2012). Veamos otra mentira: «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España». Claramente, el servicio militar obligatorio no es un derecho porque si lo fuera podría dejar de ser ejercido, es decir, todo derecho incluye su abstención. Votar tampoco es derecho y deber. El sufragio activo es un derecho político y su corolario es el derecho de abstención (no votar). Es una indecencia que los legisladores elaboren falacias informales, a saber, «usos equívocos de términos y abusos de imprecisión» (Vega, 2007: 196).

Bibliografía
Aristóteles (2009). Retórica. Madrid: Alianza Editorial

Benegas Lynch, A. (2014). «El rol de la desigualdad de ingresos y patrimonios» [Video file]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ZZ-mfv9-Ohs&t=833s

Bodino, J. (1997). Los Seis Libros de la República. Madrid: Tecnos.

Chodorov, F. (2002). “The Income Tax: Root of all Evil”. [Online edition]. Ludwig von Mises Institute.

Consejo de Europa: https://www.consilium.europa.eu/media/52208/st12519-en21.pdf

Constitución española de 1978.

Constitución suiza de 1995.

Mises, L. (2011). La Acción Humana. Madrid: Unión Editorial.

Oppenheimer, F. (1926). The State. New York: Vanguard Press.

Sánchez, D. (2013). “Taxes and History” [Video file]. Recuperado de https://www. youtube.com/watch?v=bOjaE_-BNY0

García-Trevijano, A. (2012). «El voto es un derecho, no un deber». Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=NNgtyr5HDtY

Rothbard, (2013). El Hombre, la Economía y el Estado (vol. II). Madrid: Unión Editorial. Vega, L. (2012). Si de argumentar se trata. España: Montesinos.

(VII) Sobre lo público

(VII) La falacia de la inversión pública

El lenguaje económico (VIII): Sobre lo público

Escrito por José Hernández Cabrera en octubre 4, 2021. Publicado en Análisis diario.

En el Derecho romano, res publica era todo aquello no privado (res privata). La propiedad privada puede ser individual o colectiva, pero cuando decimos que algo es público —sanidad, educación, seguridad— entendemos que su titular es un ente político y que su utilización está controlada por un gobierno y un cuerpo de funcionarios. Lo público es lo relativo a lo colectivo, pero también se identifica con todo aquello perteneciente al Estado, siendo esta última acepción es la que más nos interesa.

El término «público» está asociado al de «interés general». Ambos gozan de tan buena fama que todo así calificado queda automáticamente revestido de un halo de superioridad ética y jurídica. Sin embargo, no existe idea que presente un historial más criminal que esta falsa supremacía de lo público sobre lo privado, de lo general sobre lo particular y del Estado sobre el individuo. Basta con decir que algo es «público» —orden, salud, moral—, de «utilidad pública» o de «interés general» para justificar cualquier atropello a la libertad y a la propiedad del individuo. La propia Constitución española (Art. 128.1) es un buen ejemplo: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». La pandemia por Covid-19 ha sido el último gran episodio de abuso del poder político bajo el pretexto de la salud pública. En realidad, parafraseando a Randolph Bourne (2013), la pandemia «es la salud del Estado». Resulta, por tanto, del máximo interés desvestir lo público de su manto beatífico y exponer a las claras su auténtica naturaleza.

Lo público no es de todos

El primer mito es creer que algo público es de todos. «Todos» es un término ambiguo, ¿quiénes son todos? Los estoicos imaginaron que toda la tierra, al comienzo (1), era común a todos los hombres y llamaron a esta condición communis possessio originaria. De aquí surgió el sofisma de creer, como San Ambrosio, que toda propiedad privada era fruto de la usurpación (Leoni, 2011: 70). Suponer que algo es de todos nos conduce a imaginarios absurdos, por ejemplo, nadie podría consumir bienes sin el permiso del «resto» de la humanidad.

La titularidad pública de un bien otorga al gobernante de turno y a ciertos funcionarios su control económico. Es la autoridad quien fija, en cada caso, el uso y disfrute del bien público. Por ejemplo, en un espacio público —calle, parque, playa— la autoridad estipula las condiciones de uso, incluida la prohibición absoluta, como ocurrió durante el ilegal confinamiento por Covid-19. En ciertos casos se aprecia con más claridad que un bien público no es de todos. Por ejemplo, una vivienda o un coche oficial asignado a un alto cargo del Estado está a su servicio exclusivo y al de su familia. Los gremios que no están sujetos al mercado, como afirma Mises (2011: 966): «De servidores se transforman en dueños y señores de los consumidores. Cualquier medida beneficiosa para sus asociados pueden adoptarla, por dañosa que resulte para el común de las gentes». La prueba más contundente de que lo público no es de todos es la imposibilidad de enajenar las participaciones que (imaginariamente) corresponden a cada propietario, tal y como explica Ana Sanchís (2021: 33):

“Si algo realmente “es de todos nosotros”, ¿cómo es que no puedo liquidar mi parte? ¿Cómo es que no puedo vender, alquilar, subastar, prestar, tasar, hipotecar, legar, regalar ni destruir mi parte, ni simplemente renunciar a ella? ¿Cómo es que no puedo acordar con otro comprarle la suya y aumentar así la mía? […] ¿Cómo es que ni siquiera se me informa de cuánto vale mi porción? En definitiva, ¿qué clase de propiedad es esa, qué cuento nos están contando?”

La única forma de evitar la confusión es delimitar el bien público en cuestión, identificar a «todos» los individuos con derecho sobre él y concretar el tipo de derecho. Por ejemplo, la Suerte de Pinos, en la española Comarca de Pinares, es una institución medieval que establece la propiedad comunal sobre la explotación forestal en 23 municipios de las provincias de Soria y Burgos. Anualmente, cada vecino del pueblo recibe una parte alícuota del dinero procedente de la venta de madera.

El dinero público tampoco es de todos. La desafortunada frase de Carmen Calvo —«El dinero público no es de nadie»— contiene una brizna de verdad. Una vez que el Estado ha confiscado el dinero a sus legítimos dueños y pasa al erario, sus administradores lo dilapidan como si no tuviera dueño, se quema como pólvora de Rey (2). Sin embargo, el dinero público, al igual que el resto de bienes del Estado, tienen un dueño efectivo: aquellos que lo consumen directa o indirectamente en forma de rentas, subsidios, contratos públicos, etc.

El servicio público

Los entes estatales y las empresas públicas, con frecuencia, buscan legitimar su existencia afirmando ser un «servicio público». No tener ánimo de lucro, es algo que supuestamente les ennoblece. Sin embargo, los empleados públicos no trabajan gratis, todos se lucran al cobrar sus nóminas; pero existen muchas formas ilícitas y subrepticias de lucrarse con lo público: a) Trabajando menos horas de las estipuladas o reduciendo el rendimiento. b) Utilizando los medios del Estado en su provecho personal: por ejemplo, los políticos y los trabajadores (incluidas las familias) de la sanidad pública disfrutan de listas de espera paralelas a expensas del resto de usuarios. De igual modo, la seguridad pública se convierte en la seguridad privada de los altos cargos (3). También es frecuente usar al personal —escoltas, conductores, ordenanzas— en labores domésticas. c) Malversando fondos públicos: gastando el dinero en fines —obsequios, viajes, gastos personales— distintos de los legalmente autorizados. d) Pagos en metálico o «mordidas»; por ejemplo, un tanto por ciento sobre el importe tras cada adjudicación de contrato público. Este dinero puede ir directamente al bolsillo del político o a un recaudador oficioso que posteriormente reparte el botín entre los dirigentes del partido. Por último, e) Puertas giratorias. Los políticos tejen una red —empresas públicas, organismos, fundaciones, agencias, observatorios, etc.— donde poder acomodarse en el futuro (4).

Otro error es llamar «públicos» a ciertos servicios —taxis, farmacias, notarías, registros de la propiedad y mercantiles— cuya oferta ha sido interferida por el gobierno. Es obvio que todos los servicios se ofrecen «al» público, pero el gobierno utiliza esta argucia cada vez que desea manipular un negocio. Por ejemplo, en Baleares y Canarias el transporte aéreo interinsular ha sido declarado «servicio público» para imponer obligaciones —rutas, frecuencias, horarios— a las compañías y otorgar falsos derechos —subsidios— a los residentes.

Tampoco hay tal cosa como «utilidad pública». La utilidad —el valor— siempre es subjetiva. El interés, la razón, la inteligencia o la voluntad, son atributos exclusivos de las personas: «Sólo los individuos piensan y actúan» (Mises, 2010: 217).

Las ayudas públicas

Existe una generalizada aceptación social sobre la bondad de las ayudas públicas. Tras cada catástrofe o crisis económica los afectados piden ayudas a las autoridades. Los sustantivos «ayuda» y «solidaridad», adjetivados como «públicas», quedan automáticamente pervertidos. La ayuda genuina debe ser voluntaria y utilizando medios económicos propios. Toda ayuda pública es espuria porque el dinero ha sido obtenido mediante la violencia fiscal. Los fines éticos exigen medios éticos. Lo correcto es remediar los infortunios a través de instituciones de previsión —familia, seguros, mutualidades— y caritativas —religiosas, fundaciones— que no sean coercitivas. «Salvar» o «rescatar» empresas —bancos, aerolíneas, fabricantes de automóviles, industria cinematográfica, etc.— en quiebra, con dinero público, es otra perversión del lenguaje; se trata de eufemismos que disfrazan un robo al contribuyente. Por último, algunas ONG y fundaciones también presumen de no tener «ánimo de lucro», pero como no quieren o no pueden recaudar fondos de forma voluntaria, recurren al gobierno para lucrarse con dinero confiscado.

(1) La idea de «comienzo» también es engañosa y tiene una connotación bíblica. Nunca ha habido un comienzo porque la historia del hombre es un continuo biológico y antropológico.

(2) Los soldados de los Tercios españoles debían pagar la pólvora con su propio salario. La pólvora de rey era aquella que provenía del botín de guerra. La segunda se gastaba más alegremente que la primera.

(3) Durante el carnaval de Tenerife, en 2012, los seis escoltas de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) asignados al alcalde santacrucero, José Manuel Bermúdez, cobraron 14.842 € en concepto de horas extra.

(4) La Unión Europea es la mayor puerta giratoria con unos 50.000 empleados propios (funcionarios y agentes). Como anécdota, tras el Brexit, quedaron vacantes los 73 escaños que ocupaba el Reino Unido en el Parlamento europeo. Los eurócratas no perdieron la ocasión para repartirse 27 nuevos escaños (5 a España) aduciendo motivos demográficos y de representación.

Bibliografía

Bourne, R. (2013). War is the Health of the State. John Calvin Jones.

Constitución española (1978).

Leoni, B. (2011). La libertad y la ley. Madrid: Unión Editorial.

Mises, L. (2010). Teoría e Historia. Madrid: Unión Editorial.

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Sanchís, A. (2021). «Avance de la Libertad». Revista libertaria de opinión y debate. Núm. 13. Madrid: Fundación para el avance de la libertad.

Serie El lenguaje económico

El lenguaje económico (VII): La falacia de la ‘inversión’ pública

Escrito por José Hernández Cabrera en septiembre 2, 2021. Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en El lenguaje económico (VII): La falacia de la ‘inversión’ pública

En los últimos años la expresión «gasto público» viene siendo reemplazada por «inversión pública». La razón es evidente: «gasto» es un término peyorativo mientras que «inversión» sugiere la existencia de rentabilidad. Algunos vendedores emplean esta misma argucia lingüística para convencer a sus clientes, por ejemplo, dice el joyero: «Comprar esta pieza única no es un gasto, sino una inversión».

La inversión es un fenómeno exclusivo del sector privado. Los inversores, previo ahorro o crédito, arriesgan su propio dinero y, aunque no son infalibles, solo abordan proyectos potencialmente rentables. El beneficio, en su caso, es la prueba de haber servido cumplidamente las necesidades y deseos del consumidor, mientras que la pérdida indica que los factores de producción fueron mal empleados. Rentabilidad económica, por tanto, es sinónimo de utilidad social.

Por su parte, el político no arriesga su propio dinero, sino que «dispara con pólvora de rey». Elabora su presupuesto con criterios políticos (reelección) y, frecuentemente, procurando el ilegítimo enriquecimiento propio y de terceros (corrupción). En el mejor de los casos, el gasto público ralentiza la acumulación de capital; en el peor, ocasiona consumo de capital, disminución de los salarios reales y, en definitiva, la reducción del nivel de vida de la población. Por ejemplo, en la década de 1960 el gobierno de EE.UU. gastó 153.000 millones de dólares (actuales), equivalente al 3,5% de su PIB, con el objetivo de poner un hombre en la Luna. No es posible llamar «inversión pública» al empobrecimiento de millones de familias norteamericanas que, para mayor gloria nacional, fueron privadas de específicos bienes. Gastar dinero confiscado no es invertir.

Los defensores del gasto público afirman que sin el concurso del Estado determinadas obras o servicios —aquellos no rentables en el ámbito privado— nunca se hubieran realizado. Este argumento, lejos de favorecer su imagen, señala al gobierno como ente especializado en acometer proyectos ruinosos. Por ejemplo, es trivial presumir que España sea líder mundial en líneas ferroviarias de alta velocidad cuando el desproporcionado coste de las obras ha privado a millones de consumidores del consumo de otros bienes más urgentes y necesarios. Otros ejemplos ruinosos de «inversión» pública han sido el aeropuerto de Castellón, una instalación fantasma sin actividad (150 meuros); el deficitario Auditorio de Tenerife (72 meuros) y la ingeniosa central eléctrica de Gorona del Viento, en la isla del Hierro (100 meuros), donde el coste de producción de la energía hidroeólica es cuatro veces mayor que la térmica (diesel). Estos proyectos públicos nunca debieron hacerse porque han empobrecido al público: la inmensa mayoría de españoles. Por otro lado, que los consumidores utilicen las infraestructuras y servicios públicos no es prueba de su utilidad. Sólo la voluntariedad en la adquisición de un bien es prueba genuina de su utilidad.

La rentabilidad de la «inversión» pública en ciencia es otro mito muy extendido. Algunos se lamentan de la «fuga» de talentosos investigadores españoles porque sus salarios son relativamente bajos. Otra queja es la poca estabilidad laboral ya que la continuidad de los proyectos está supeditada a fondos no garantizados. Los investigadores no son los únicos que desearían cobrar mucho más y tener la tranquilidad de ser funcionario. El argumento principal para reclamar más «inversión» pública en investigación científica es espurio, a saber, la presunta rentabilidad del gasto. Para ello, publican sesudos estudios que demuestran que, por cada euro invertido en ciencia, la sociedad recupera el doble o triple de la cantidad invertida. Esto es falso porque no hay forma de averiguarlo. Solo la inversión privada, mediante el cálculo económico, puede indicarnos si una inversión ha sido o no rentable. Otros «informes» vinculan gasto en ciencia y creación de empleo. Resulta sospechoso que ni un solo estudio de este tipo admita rentabilidades negativas. La causa es evidente: todos esos análisis de rentabilidad son falaces porque carecen de un método válido. La afirmación que toda investigación, per se, produce un retorno positivo a la sociedad es una falacia y presenta las deficiencias propias de cualquier sistema público: a) Incentivos. Son los propios investigadores o sus jefes políticos quienes deciden qué investigar. Ellos tienen intereses particulares que no siempre coinciden con los intereses de los contribuyentes. Además, el prestigio que tiene la ciencia es usado instrumentalmente por las autoridades. Por ejemplo, antes de promulgar una ley es habitual que una legión de científicos (en la nómina de la Administración), cual zapadores, vaya preparando el terreno. Si el gobierno quiere prohibir que se fume dentro de los vehículos privados asistiremos a una avalancha de estudios «científicos» que estiman en miles los muertos al año por esta causa, la mayoría de ellos «niños inocentes». De esta manera, la verdad científica (siempre provisional) es fácilmente pervertida y sustituida por la verdad «oficial» que dicta el gobierno. b) No existe forma racional de saber si una investigación ha sido o no rentable porque no hay cálculo económico; y tampoco es posible afirmar que la ciencia genera empleo porque no es posible aislar, en el experimento, el resto de variables que actúan. Las ciencias empíricas y las ciencias sociales emplean métodos distintos y es un error confundir correlación con causalidad. c) La ciencia no es gratis. Todo euro gastado en investigación ha debido ser previamente confiscado a los ciudadanos, quienes poseen necesidades propias, tal vez, más urgentes que la investigación científica. Los defensores del gasto público olvidan el coste de oportunidad, es decir, lo que hubiera podido hacer un contribuyente con su dinero si no se lo hubieran arrebatado. En el libre mercado son los consumidores quienes determinan, mediante el mecanismo de precios, la producción de la ciencia para atender sus necesidades más perentorias.

Por último, otra falacia asociada al mito de la «inversión pública» es la referida al «impacto económico» del gasto público. Los gobiernos, pero sobre todo las empresas públicas, afirman que su gasto es rentable para la sociedad; utilizan la ilusoria teoría keynesiana para hacernos creer que cada euro confiscado se multiplica de forma milagrosa haciéndonos a todos más ricos. Por lo visto, los políticos y sus acólitos están (por alguna desconocida razón) mejor dotados que los propios empresarios para identificar proyectos viables, algo que Friedrich von Hayek llamó «la fatal arrogancia».

En definitiva, en el sector público no hay tal cosa como «inversión», ni es posible medir la rentabilidad o el «impacto» del dinero gastado. Primero, el dinero público se obtiene mediante la violación de la propiedad privada, por tanto, su origen es inmoral. Segundo, las decisiones de gasto obedecen a intereses políticos y de grupos de interés. Tercero, no hay propiedad privada de los factores de producción y es imposible el cálculo económico. Y cuarto, la responsabilidad pecuniaria queda reemplazada por el riesgo moral: los «inversores públicos» se han blindado legalmente frente a sus errores y desmanes.

Serie El lenguaje económico:

El lenguaje económico (VI): La sanidad

Escrito por José Hernández Cabrera en agosto 2, 2021. Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en El lenguaje económico (VI): La sanidad

La sanidad, como ya vimos el mes pasado con la biología, es otro de los ámbitos favoritos de la retórica económica. Así, cuando creemos que la economía funciona según nuestra idea de lo que es correcto la adjetivamos como «sana» o, si se aleja, como «enferma». Algunos ejemplos son: «sanear» la economía», una industria o una empresa; tener una moneda sana», etc. Otro uso metafórico fue la histórica «fiebre» del oro, movimiento migratorio de 300.000 trabajadores hacia California, entre 1848 y 1845, para dedicarse a la minería del oro y negocios auxiliares. Vemos algunos de los tropos más empleados en economía.

1. El médico

Cuando decimos que algo está «enfermo» resulta inevitable la aparición de un «médico». Eminentes economistas (Samuelson y Nordhaus, 2006: 34) afirman que: «En todos los casos, las fallas de mercado provocan producción o consumo ineficientes y el Estado puede contribuir significativamente a curar la enfermedad». Es decir, el libre mercado sufre supuestas enfermedades —externalidades, gorrones (free riders), monopolios, competencia imperfecta, etc.—, pero por fortuna tenemos un excelente galeno —el gobierno— dispuesto a remediarlas. La analogía del médico y el enfermo sirve espuriamente al intervencionismo económico. Los economistas Austriacos han refutado sobradamente todos los mitos —fallos de mercado— que integran la Teoría de los bienes públicos: «Es un razonamiento erróneo, ostentoso, montado en contradicciones internas, incongruencias, apelando a interpretaciones basadas en prejuicios y creencias populares asumidas, pero sin mérito científico alguno» (Hoppe, 2013: 83). El gobierno, más que a un médico, se asemeja a un pésimo curandero.

2. La salud no está en venta

Con frecuencia, colectivistas y personas con elevada «sensibilidad» social afirman que la salud no debería estar sometida a las leyes del mercado. «La salud no está en venta» y otros eslóganes parecidos son habituales en las manifestaciones de las conocidas «mareas blancas». Sobra decir que esta pretensión es tan imposible como desear que la ley de la gravedad no afecte a quienes se suicidan tirándose al vacío.
Quienes afirman que la sanidad debería ser gratis, en el fondo, pretenden robar los medicamentos a las farmacéuticas, el equipamiento hospitalario a sus fabricantes y esclavizar a los trabajadores de la sanidad. La salud o la atención sanitaria, por mucho que se proclame y declare, no es un derecho humano, sino una necesidad sujeta a las leyes de la economía. «La salud no tiene precio» es otra falacia similar. Precisamente, porque la salud es altamente valorada por los consumidores, los productos y servicios sanitarios son objeto de intercambio económico y reflejan precios de mercado.

3. Demonizar el comercio sanitario

Los enemigos del libre comercio sanitario lo demonizan lingüísticamente de varias formas. La primera es utilizar el sinónimo peyorativo «tráfico» pues todo traficante —armas, drogas, órganos, migrantes— es visto como un malvado. La segunda es utilizando eslóganes espurios —«la salud no está en venta»— que ya han sido desenmascarados por el marginalismo económico, es decir, los consumidores no compran clases de bienes (salud, seguridad, cultura), sino específicas cantidades de productos y servicios (20 aspirinas de 0,5 gr., 1 alarma antirrobo, 2 entradas al museo). En tercer lugar, incluso ciertas ofertas comerciales en el ámbito sanitario son vistas con recelo. Por ejemplo, en nuestro país, algunos colegios de dentistas han lanzado la campaña: «Tu boca no está de oferta», cuya finalidad oficial es alertar a los consumidores de la publicidad «engañosa», precios «excesivamente» bajos, materiales de «mala» calidad y prácticas «erróneas» que ponen en riesgo la salud de los pacientes. Nosotros, por el contrario, apreciamos una práctica mercantilista para interferir la competencia de las franquicias dentales y otros proveedores low-cost. Recordemos que en el libre mercado todas las calidades son bienvenidas, todas tienen su público y que cada individuo tiene una percepción subjetiva sobre la calidad; por tanto, es un grave error difamar los productos y servicios de menor calidad, así como las ofertas comerciales y descuentos. Además, estas campañas suelen caer en contradicciones internas; por ejemplo, la mayoría de clínicas dentales aplica descuentos a las familias si dos o más hijos reciben a la vez un tratamiento de ortodoncia. ¿Significa esto que la boca del segundo hermano está de oferta?

4. Economía o salud: un falso dilema.

Otro error frecuente es contraponer la salud a la economía, como si una se obtuviera a expensas de la otra. Durante la primera ola de la pandemia por Covid-19 muchos gobiernos prohibieron determinadas actividades económicas para (supuestamente) proteger la salud. Esto afirma Fernando del Pino Calvo-Sotelo (2020: 47):

El gobierno ha creado un debate maniqueo y falaz contraponiendo la voluntad de «salvar vidas» (defendida por la izquierda, esto es, los buenos) con la de «salvar la economía» (defendida por la derecha, esto es, los malos). […] No hay contradicción alguna entre salvar la economía y salvar vidas, porque la economía salva vidas. Si hundimos la economía, no podremos financiar los recursos para sostener nuestro sistema sanitario.

Análogamente, resulta baladí y arbitrario establecer una jerarquía entre las clases de bienes. La frase «la salud es lo primero» contiene una brizna de verdad pues determinadas enfermedades son incapacitantes, pero el consumo de servicios sanitarios, equipamiento y medicamentos debe sufragarse con ahorro, es decir, con trabajo previamente realizado. Sin trabajo no podemos costear la sanidad. Un país que restringe institucionalmente su economía mediante el confinamiento y el cierre arbitrario de negocios no «esenciales» verá reducida su capacidad sanitaria.

Bibliografía

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2006). Economía. Méjico: McGraw-Hill

(18ª edición).

Hoppe, H. (2013). Una Teoría del Socialismo y el Capitalismo. [Versión Kindle]. Innisfre

Pino, F. (2020). «El confinamiento como experimento totalitario». Expansión (15 mayo).

Serie El lenguaje económico:

El lenguaje económico (V): La biología

Escrito por José Hernández Cabrera en julio 2, 2021. Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en El lenguaje económico (V): La biología

Un campo muy fértil en el empleo de metáforas y analogías económicas es el de las ciencias naturales y la biología. Se dice, por ejemplo, que «la economía se parece más a un sistema biológico que a una máquina» (Pino, 2020); los consumidores se defienden de los «virus» informáticos; se dice que el capitalismo laissez-faire es la «ley de la selva» o que en el ámbito mercantil «el pez grande se come al pez chico»; que cierta industria es el «músculo» económico del país o que en cierta región el paro es «endémico»; en el marketing se oye decir que cierto mercado (como la fruta) está «maduro» o que los productos tienen un «ciclo de vida» (Porter, 2009: 206; Kotler y Armstrong, 2003: 337): nacen, crecen, alcanzan la madurez y mueren. La lista de tropos es interminable, algunos resultan inocuos, pero otros forman parte de una retórica perversa que no facilita el análisis racional de los problemas; algo que el profesor Rodríguez Braun llama —también metafóricamente— lenguaje «envenenado».

Cuerpo, salud y enfermedad

Es frecuente hablar del «cuerpo» social como sinónimo de sociedad. Por ejemplo, el famoso Leviatán (1651) de Hobbes muestra un dibujo alegórico del soberano: un gigante portando corona, cetro y espada cuyo cuerpo está formado por minúsculos individuos o súbditos. La «mano invisible», que acuñara Adam Smith en La riqueza de las naciones (1776), es probablemente la metáfora corporal más conocida. En el ámbito académico se llama «corpus» (cuerpo) al conjunto de datos y textos relativos a una disciplina. El médico y economista francés François Quesnay (1694-1774), fundador de la Escuela fisiocrática, decía que el dinero en la economía era como la sangre en el cuerpo humano. Y si admitimos que la sociedad o la economía son como un cuerpo biológico, resulta inevitable pensar que éste puede estar «enfermo» y que, cual médico, «el Estado puede contribuir significativamente a curar la enfermedad» (Samuelson y Nordhaus, 2006: 34). Los apóstoles de Keynes afirman que una economía «debilitada» se puede fortalecer con las «vitaminas» que le administra el gobierno en forma de inflación. Un buen ejemplo de «estímulo» económico fue el ruinoso Plan E: la pócima keynesiana del gobierno de Zapatero, cuyo resultado fue rematar al enfermo. Por su parte, los austriacos dicen que la inflación es un «cáncer» y los sindicalistas afirman que la retirada de ayudas gubernamentales a ciertos sectores —siderurgia, automovilístico— debilita el «músculo» industrial o el «tejido» empresarial.

La ley de la selva

En la naturaleza los animales viven en libertad. El depredador situado en un escalón superior de la cadena trófica se alimenta del animal situado en otro inferior. El primero solo puede sobrevivir a expensas del segundo, dicho coloquialmente: el pez grande se come al pez chico. Cuando se afirma que el capitalismo laissez-faire es la «ley de la selva» se producen varias y desafortunadas analogías. Se piensa que las empresas actúan como los peces, por ejemplo, que el gran distribuidor comercial se «come» al pequeño comercio; o que los empresarios se «alimentan» (explotan) de sus empleados, sustrayéndoles la mítica plusvalía. Surgen múltiples metáforas que llevan asociada una condena moral: los especuladores financieros son «tiburones» y los fondos de inversión (capital riesgo) especializados en la compra de activos muy depreciados son «buitres».

Estos tropos biológicos aplicados a la economía carecen de sentido desde cuatro ópticas: A) Biológica: La cadena trófica o alimentaria forma parte del funcionamiento natural de cualquier ecosistema. No hay animales «buenos» y «malos». Los tiburones, lobos, hienas y buitres —vistos por el público con antipatía— no son ni mejores ni peores que el resto de animales. B) Moral: La conducta animal es instintiva. Sólo la «acción humana es intrínsecamente moral, está referida al orden moral» (Ayuso, 2015). C) Institucional: En la selva no hay instituciones —derecho, comercio, justicia, seguridad— que resuelvan los intereses antagónicos entre las especies. En el libre mercado, en cambio, la conducta humana queda sometida a los principios generales del derecho: buena fe, honradez, veracidad, lealtad, etc. Y como los hombres no son ángeles, la ley sanciona a los infractores. D) Económica: En la naturaleza, las relaciones entre especies (con excepción de la simbiosis) son de tipo «suma cero»: unos ganan a expensas de otros. En el mercado, quienes intercambian obtienen un beneficio mutuo.

Tampoco los darwinistas sociales aciertan al afirmar que la sociedad es una «lucha» por la supervivencia entre los más aptos frente a los menos aptos, una pugna entre ricos y pobres, entre patronos y empleados o más últimamente, entre sexos. «El concepto de lucha por la existencia, que Darwin tomó de Malthus sirviéndose de él en la formulación de su teoría, ha de entenderse en un sentido metafórico» (Mises, 2011: 210). En definitiva, no hay nada «salvaje» en el sistema capitalista. En el mercado no se libra una lucha a muerte por la supervivencia, sino la pacífica cooperación a través de la división del trabajo (Mises, 2011: 174):

Los dos hechos fundamentales que originan la cooperación, la sociedad y la civilización, transformando al animal hombre en ser humano, son, de un lado, el que la labor realizada bajo el signo de la división del trabajo resulta más fecunda que la practicada bajo un régimen de aislamiento y, de otro, el que la inteligencia humana es capaz de reconocer esta verdad.

Fondos buitre

Se llama —peyorativamente— fondo «buitre» a un específico tipo de inversor especializado en la compra de activos muy depreciados y de alto riesgo: deuda pública de gobiernos poco solventes, empresas en quiebra, hipotecas de difícil cobro, etc. Al igual que los buitres se alimentan de lo que otros animales desechan —carroña—, los fondos «buitre» asumen los trabajados y riesgos que la mayoría de inversores elude. Su labor, lejos de ser censurable, cumple una función económica de gran importancia. Primero, respecto de los gobiernos, estos inversores no caen en la trampa de ceder ante las «reestructuraciones» de deuda y quitas, chantaje político cuya finalidad es obtener coactivamente un descuento. Un gobierno tiene poder absoluto para coaccionar y confiscar la propiedad privada, pero sólo en su ámbito soberano. Los fondos de capital riesgo, afortunadamente, acuden a la justicia privada internacional para obligar a los gobiernos a honrar sus pactos: Pacta sunt servanda. Sin ir más lejos, el gobierno de España acumula 42 arbitrajes internacionales que reclaman 15.000 millones de euros por lucro cesante (recorte de las subvenciones en la producción de energía renovable). Con respecto a las empresas, los fondos «buitre» compran compañías quebradas y las reflotan para luego venderlas. Esto no es distinto a comprar una casa en ruinas, reformarla y venderla a un precio superior. Los vendedores de los activos depreciados, por su parte, aceptan las ofertas (supuestamente abusivas) porque claramente les beneficia. Si los fondos buitre no existieran se produciría un mayor consumo de capital. Algo parecido podríamos decir de los «tiburones» financieros, esos míticos villanos cinematográficos que especulan en bolsa e intrigan para hacer caer la cotización de un activo mediante posiciones «cortas» —mal llamadas «bajistas»— (Lacalle, 2013). La realidad muy distinta: los inversores toman decisiones basadas en un riguroso análisis de la situación de cada empresa, del sector y la competencia. Por tanto, resulta maniqueo dividir metafóricamente a los inversores en «ángeles» (business angels) y «tiburones» cuando todos buscan un mismo fin: obtener beneficios de su actividad especulativa. Los especuladores, en búsqueda de lucro, de forma no intencionada, provocan un «mejor» —más aproximado a la realidad— ajuste en el precio de las acciones. Sólo tras un reflexivo análisis praxeológico puede el economista advertir la importante función social de los míticos «tiburones» y «buitres» económicos.

Desempleo endémico

Un endemismo es una especie —vegetal o animal— que habita en un área única y limitada. Cuando se dice, por ejemplo, que en España o en Grecia el desempleo es «endémico» podemos cometer el error de olvidar que el paro es un fenómeno institucional. El desempleo nada tiene que ver con la biología, la latitud o el clima, sino que es consecuencia exclusiva del intervencionismo. La legislación laboral es la principal causante del paro, pero otras regulaciones —comercial, industrial, turística, urbanística— reducen artificialmente el número de empresas, autónomos y empleados. En una economía no interferida por el gobierno, «para encontrar trabajo, el interesado, o reduce sus exigencias salariales, o cambia de ocupación, o varía el lugar de trabajo» (Mises, 2011: 708). No es endémico el desempleo, lo único que es habitual y permanente es la obsesión regulatoria de las autoridades.

Bibliografía

Ayuso, M. (2015): «El Estado como sujeto inmoral». Recuperado de:

<https://www.youtube.com/watch?v=hQJYQIoNOV0>

Kotler, P. y Armstrong, G. (2003): Fundamentos de marketing. México: Pearson.

Lacalle, D. (2013). Nosotros, los mercados. Barcelona: Deusto (Kindle).

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Pino, F. del (2020): «El confinamiento como experimento totalitario». Recuperado de: https://www.fpcs.es/el-confinamiento-como-experimento-totalitario/

Porter, M. (2009). Estrategia competitiva. Madrid: Pirámide.

Rodríguez Braun, C. (2002): «Nuestro lenguaje envenenado. La retórica de la economía». Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=dNR3FHlTwtw

Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2006): Economía. Méjico: McGraw-Hill

(18ª edición).

Serie El lenguaje económico

El lenguaje económico (IV): La física

Escrito por José Hernández Cabrera en junio 1, 2021. Publicado en Análisis diario.

La influencia de la física en el lenguaje económico forma parte de un fenómeno universal, a saber, el ascendiente de la racionalidad científico-tecnológica en todos los ámbitos del saber. Este hecho «tiene sus raíces en el pensamiento de Descartes y de Bacon, así como en el éxito espectacular de la física newtoniana, y se desarrolló a través de la mentalidad ilustrada y positivista» (Marcos, 2010: 67). El enorme prestigio de la física creció en los siglos XIX y XX, siendo considerada la ciencia por excelencia debido a su elevada capacidad predictiva. Thomas Khun (2006: 314) advirtió: «La potencia de una ciencia parece aumentar con el número de generalizaciones simbólicas que quienes las practican tienen a su disposición». Los científicos sociales, encandilados por la física, emularon su método sin percatarse que resultaba inadmisible reclamar algo que estaba fuera de su alcance: la predicción cuantitativa. Dicho en román paladino: «No se puede pedir peras al olmo». Los más conspicuos científicos sociales fueron abducidos por el positivismo: en el derecho, Kelsen; en la psicología, Skinner; y en la sociología, Durkheim (2001: 77):

“[La ciencia] Estudia el calor al través de las variaciones de volumen que producen en los cuerpos los cambios de temperatura, la electricidad a través de sus fenómenos físico-químicos, la fuerza a través del movimiento. ¿Por qué ha de ser una excepción la solidaridad social?”.

Los economistas tampoco escaparon a este influjo y pronto comenzaron a utilizar los términos de la física y la mecánica: aceleración, centro de gravedad, ciclo, densidad, equilibrio, fuerza, inercia, masa, velocidad, etc. Todos ellos fueron empleados para acuñar fenómenos sociales. Eminentes economistas definen al mercado como un «mecanismo» a través del cual compradores y vendedores interactúan o que «los precios son la rueda que equilibra el mecanismo del mercado» (Samuelson y Nordhaus, 2006: 26). Algunos de estos deslizamientos lingüísticos resultan inocuos, pero otros son confusos, falaces y funestos.

1. Capacidad de carga

Los medios de transporte —camión, barco, avión, ascensor, etc.— tienen limitaciones técnicas que son especificadas por los fabricantes. A su vez, los gobiernos fijan límites máximos —peso, viajeros— para cada categoría de vehículos. Un territorio, sin embargo, no tienen límites en cuanto al número de residentes que pueda albergar. Por ejemplo, la isla canaria de La Palma (708 km²) y Singapur (721 km²) tienen una superficie parecida, pero la segunda (censo: 5,7 millones) está 68 veces más poblada que la primera (censo: 84.000). Es un error deslizar el concepto y el término «capacidad de carga» desde el ámbito industrial al social. Se habla incorrectamente de la «capacidad de carga» de un destino turístico y del «exceso» de turistas, hoteles o vehículos que debe soportar. Fijar topes al crecimiento o al consumo es un acto arbitrario, basado en prejuicios, avalado por informes espurios y cuyo nefasto resultado es el intervencionismo económico, urbanístico y medioambiental. En última instancia, retrasa el progreso y reduce la calidad de vida de los habitantes. Por ejemplo, se imponen moratorias turísticas que impiden la construcción de nuevos hoteles e incluso los espacios naturales y los senderos de montaña son objeto de esta absurda idea de «capacidad de carga».

2. Elasticidad

En física, elasticidad es la propiedad de un cuerpo sólido para recuperar su forma cuando cesa la fuerza que la altera. En economía, a medida que sube el precio de un bien los consumidores reducen su cantidad demandada, y viceversa. El concepto de elasticidad está referido a esta respuesta, que es diferente para cada bien y para cada individuo en función de su escala de valores. También en el ámbito fiscal se habla de «elasticidad de la base imponible», según Rallo (2018): «Suele ubicarse en torno a 0,4: es decir, un incremento del 1% en el tipo impositivo conduce a una reducción del 0,4% en la base imponible». Como ya hemos expuesto en artículos anteriores, la respuesta de los individuos ante los cambios en los precios no puede medirse acudiendo a curvas u otros expedientes matemáticos.

3. Equilibrio

En física, se dice que un cuerpo o un sistema está en equilibrio cuando sobre él actúan diversas fuerzas que se anulan mutuamente. Equilibrio es sinónimo de reposo, estabilidad y ausencia de cambio. En la economía nada permanece en equilibrio y éste tan sólo es un escenario imaginario que sirve al razonamiento económico. En efecto, «a quienes actúan nada les interesa el equilibrio ni los precios de equilibrio, conceptos estos totalmente ajenos a la acción y a la vida real» (Mises, 2011: 837). No obstante, en el libre mercado, la competencia entre empresarios (ávidos de obtener ganancias) tiene un efecto equilibrador de los precios.

4. Fuerza

Las fuerzas físicas —gravitacional, electromagnética y nuclear— y las fuerzas económicas no tienen relación alguna. Según Mises (2011: 405): «Nada hay de automático ni mecánico en el funcionamiento del mercado». En economía, la palabra «fuerza» es metafórica. Para Marx y Engels (2013) las «fuerzas productivas» eran los diversos medios de producción: trabajo, máquinas, herramientas, materias primas, etc. Se dice que el mercado se rige por las fuerzas de la oferta y la demanda. Para Mises (2011: 502), tan reacio al empleo de tropos, la «fuerza» impulsora del dinero expresaba su capacidad de generar cambios. Otras veces, el significado de fuerza tiene connotaciones misteriosas: por ejemplo, la mítica fuerza que origina el «subconsumo» o que «induce a un exceso de frugalidad» (Keynes, 1943: 326). Por último, algunas organizaciones —políticas, sindicales, empresariales— también se autodenominan «fuerzas».

5. Liquidez

Es la «facilidad con que es posible convertir un activo en el medio de cambio de la economía» (Mankiw, 2007: 444). El dinero en efectivo y los depósitos a la vista son los activos más líquidos, le siguen los sustitutos monetarios —cheques al portador,

cheques de viaje, pagarés—, acciones, participaciones en fondos de inversión, bonos, letras del tesoro, etc. El dinero-mercancía —oro y plata— tiene una liquidez intermedia y, por último, los bienes inmuebles o las obras de arte son activos poco líquidos por su menor facilidad de venta. Un sinónimo (no metafórico) de liquidez sería «mercabilidad» (Mises, 2011: 482)

6. Velocidad

En física, la velocidad a la que un cuerpo se desplaza es la cantidad de unidades de espacio que recorre en una unidad de tiempo (v= e/t). En economía, por velocidad del dinero se entiende la «tasa a la que el dinero cambia de manos» (Mankiw, 2007: 462). Sin embargo, el dinero no se desplaza, tan solo cambia de dueño en cada transacción. Ni el dinero ni el resto de bienes intercambiados circulan a «velocidad» alguna; de nuevo, estamos ante otra metáfora. Para definir el número de veces que una moneda es intercambiada en un año, los economistas podrían haber elegido otros términos más adecuados, por ejemplo: frecuencia de intercambio o rotación del dinero. Según Mises (2011: 484), el dinero nunca está en circulación porque «no hay momento alguno durante el cual el dinero no sea de nadie, de ninguna persona o entidad». Existe la creencia popular —por otro lado, infundada— de que es bueno para la economía que el dinero esté en movimiento. Sin embargo, como afirma Shostak (2018):

Son las acciones con propósito individual las que determinan los precios de los bienes y no una velocidad mítica. El hecho de que la llamada velocidad sea 3 o cualquier otro número no tiene nada que ver con los precios promedio y el poder adquisitivo promedio del dinero como tal.

Si aumentar el número de intercambios, per se, fuera algo positivo, deberíamos gastar con frenesí hasta el último céntimo de nuestro saldo en efectivo. No olvidemos que el dinero solo es un medio de intercambio, por tanto, no se es más rico imprimiendo más dinero ni gastándolo desaforadamente. Dinero «ocioso» es otra mala metáfora porque el dinero atesorado (saldo en efectivo) cumple una función vital: proporciona seguridad económica frente a la incertidumbre. Según Mises (2011: 484): «Lo que suele denominarse atesoramiento no es más que un saldo de metálico superior —según la opinión de quien enjuicia— al considerado normal y conveniente». En definitiva, la creación de riqueza nada tiene que ver con la velocidad de circulación del dinero, sino con las mejoras en la cantidad y calidad de la producción de bienes.

7. Miscelánea

Otras metáforas físicas resultan inocuas: A) «Masa» monetaria es la cantidad agregada de dinero que hay en una economía. Hay distintas masas monetarias —M0, M1, M2, M3, M4— en función de su «liquidez». B) «Apalancamiento» es sinónimo de endeudamiento. C) «Nivel» de precios es otro desliz lingüístico copiado del comportamiento de los fluidos. Una metáfora más apropiada sería «convulsión de precios» (Mises, 2011: 496). D) «Vehículo» de inversión. E) «Aceleradora» de empresas. F) «Densidad» de población. G) «Ciclo» de vida del producto, «ciclo» económico. H) En econometría, «inercia» es la medida de la dispersión de los datos respecto a un punto llamado «centro de gravedad». Para terminar, les dejo un ejemplo de cómo el lenguaje físico y el matemático pueden ser combinados de forma ininteligible en algo que metafóricamente podríamos llamar «diarrea» mental:[1]

Si tenemos un conjunto de n individuos sobre los que se han medido k variables podemos representar a dichos individuos como un conjunto de n puntos en el espacio vectorial R^k. Dado un punto p del espacio R^k y una base ortonormal de dicho espacio, la inercia total de los individuos respecto al punto p es igual a la suma de las inercias de los individuos respecto al punto p a lo largo de cada uno de los vectores de la base ortonormal.

Bibliografía:

Durkheim (2001) [1893]: La división del trabajo social. Madrid: Akal.

Keynes, J. (1943): Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Méjico: FCE.

Kuhn, T. (2006): La estructura de la revoluciones científicas. Méjico: FCE.

Mankiw, N. (2007): Economía. Madrid: Thomson.

Marcos, A. (2010): Ciencia y Acción. Méjico: FCE.

Marx, K. y Engels, F. (2013) [1848]: El manifiesto Comunista. Madrid: Fundación de

Investigaciones Marxistas.

Mises, L. (2011): La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Rallo, J. (2018): ‘Destope’ de cotizaciones sociales: demagogo, injusto e ineficaz. Recuperado de: https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2018-01-22/destope-de-cotizaciones-sociales-demagogo-injusto-e-ineficaz_1509173/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=news_ec&utm_content=textlink&utm_term=opinion

Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2006): Economía. Méjico: McGraw-Hill

(18ª edición).

Shostak, F. (2018): «El problema con la “velocidad del dinero”».

[1] https://jjgibaja.wordpress.com/2008/02/14/descomponiendo-la-inercia/

Serie El lenguaje económico