Etiqueta: Empresas públicas

Después de repasar de forma sucinta el origen del sector público empresarial – valga la paradoja – español, articulado en torno al Instituto Nacional de Industria (INI) – aunque no solo –  dejé consignada su reconfiguración por parte del gobierno de Felipe González Márquez con el nombre de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)[1] como engarce para continuar el análisis del mes anterior.

Aunque durante cierto tiempo recorrió por el debate político español el espejismo de que ésta entidad pública, podría canalizar la liquidación de las empresas públicas o mantener posiciones residuales en aquéllas que se estaban privatizando, tan solo se produjo un repliegue. Antes al contrario, los sucesivos gobiernos recurrieron a su anómalo estatuto jurídico – que adopta la falacia de que los gestores públicos actuarán como los particulares si se les permite actuar bajo un régimen jurídico de derecho privado – para burlar los controles presupuestarios y administrativos (incluida la contratación[2]) así como dificultar la fiscalización y la rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas y las Cortes Generales.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Como fiel heredera del desbarajuste que ha caracterizado al holding estatal, cualquiera que haya sido su nombre, la regulación entrecruza – y por ende difumina – las máximas responsabilidades administrativas y políticas de su estructura. En efecto, por un lado, el artículo 10 de la Ley 5/1996 adscribe la SEPI al Ministerio de Industria y Energía. Bajo sy dependencia y supervisión debe perseguir objetivos como la mayor rentabilidad de las acciones y participaciones que se le adjudiquen; la fijación de criterios de gestión de las mismas conforme al interés público; la gestión y amortización de la deuda generada por el INI[3] y la ejecución en el ámbito de las empresas de que sea titular, de las directrices del Gobierno en materia de modernización y reestructuración industrial.

Sin embargo, el artículo 15.2 de la misma Ley establece que el Presidente y el Vicepresidente de la SEPI serán nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Hacienda. Hasta tal punto, la sociedad pública está inmersa en un galimatías competencial que su portal indica que está adscrita al Ministerio de Hacienda, en contra de lo que dispone su ley fundacional.

La cuestión no resulta menor, habida cuenta de que los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez Pérez-Castejón mantuvieron vacante el puesto de presidente durante la pandemia del Covid-19 y el despliegue de la primera fase del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) en 2020. Solamente a finales de marzo de 2021 nombró a Belén Gualda González, cuando arreciaba el escándalo por el rescate de la compañía aérea hispanovenezolana Plus Ultra.

Óscar Puente Águeda

A la postre, esta situación llamará la atención de los jueces y tribunales que se encarguen de ventilar las responsabilidades de los participantes en las tramas de corrupción cleptocráticas que tienen secuestrados gran parte de los poderes públicos en España. No por casualidad que el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, atribuyera a la SEPI la gestión del fondo mencionado. Al mismo tiempo que el gobierno asaltaba todo tipo de empresas participadas por esta sociedad y le asignaba una función nueva, muy diferente de las previstas en su ley constitutiva, mantenía  en su jefatura en funciones al vicepresidente Bartolomé Lora Toro, tras la dimisión en octubre de 2019 del presidente Vicente Fernández Guerrero  por su imputación en la reapertura de la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

Sea como fuere, los mimbres de un agente opaco que creaba nuevas empresas públicas o adquiría participaciones significativas en las privadas[4] ya se había puesto en marcha antes de la llegada al poder del pícaro infame, que detenta el puesto de presidente del Gobierno.

Aun así, durante los últimos seis años la hidra estatal ha multiplicado sus tentáculos y los canales por los que interviene en la sociedad y la economía.

Recientemente, por ejemplo, aprovechando la grandilocuente adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “para la transformación tecnológica del país” el gobierno aprobó el Real Decreto 676/2024, de 16 de julio, por el que se regulan las condiciones de la transformación de la filial de la SEPI, Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores, S.A, en la Entidad Pública Empresarial Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, (SETT) para adscribirla al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar Puente Águeda.

Margen para la arbitrariedad

Por arte de birlibirloque una empresa pública, filial de la SEPI, limitada – es un decir- al ámbito de la microelectrónica y semiconductores pasa a tener atribuciones para “impulsar y ejecutar la financiación y la inversión en sectores estratégicos vinculados a la transformación digital, las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías digitales o el sector audiovisual”. 

Sin tapujo alguno el gobierno presenta unos mecanismos, que fraudulentamente declara amparados en el Derecho privado, para proporcionar arbitrariamente préstamos e inversiones en capital o cuasi capital (o una combinación de estos) al sector privado y a entidades del sector público que se dediquen a actividades similares.

No sin razón, los medios de comunicación críticos han calificado la combinación de estos “mecanismos” y los planes de degeneración del gobierno y propaganda institucional como una antesala de la censura, con premios para los acólitos que reproducen sus cuentos y películas. Llueve sobre la ciénaga.

Notas

[1] Básicamente, mediante el artículo 107 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-30903 y el Real Decreto Ley 5/1995, de 16 de junio, sustituido por la Ley 5/1996 de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público.

[2] El art. 12 de la Ley 5/1996, aparte de proclamar que la SEPI se regirá por el ordenamiento jurídico privado, civil, mercantil y laboral, excluye la aplicación de la legislación de contratos de las administraciones públicas a su gestión, aunque indica que se someterá a “los principios de publicidad y concurrencia”.

[3] Según el informe de auditoría de las cuentas anuales consolidadas de la SEPI del ejercicio 2016, la deuda del extinto INI se amortizó “anticipadamente” a finales de diciembre de 2015. https://www.sepi.es/sites/default/files/2017-11/CuentasAnualesConsolidadasSEPI2016.pdf

[4] Con la advertencia de que no agota el listado de empresas públicas, animo al lector a repasar por sí mismo en el portal de la SEPI las empresas en las que se jacta de participar de forma mayoritaria (10) o minoritaria (14). Respecto a las que califica como de participación “indirecta” tan solo facilita el número redondo: 100. Ni una sola razón social.

Ver también

El INI redivivo al servicio del tirano (I). (José Antonio Baonza Díaz).

La SEPI y la competencia desleal. (Gabriel Calzada).

Apenas dos años de terminada la contienda civil española, mientras la II Guerra Mundial se encontraba en su punto culminante, el dictador Francisco Franco Bahamonde dispuso una Ley que estableció el Instituto Nacional de Industria (INI)[1] en España.

Inspirado en el IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale) fundado por el gobierno fascista italiano de Benito Mussolini, su propósito declarado (Art. 1) era «Propulsar y financiar, en servicio de la Nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial de las que se propongan como fin principal la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país o que se dirijan al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica».

Durante un largo periodo de tiempo, bajo el mando directo del ingeniero y militar Juan Antonio Suanzes Fernández[2], esta entidad – que funcionaría bajo las reglas del derecho de sociedades, pero sometido al control férreo del gobierno[3] – llegaría a ser el mayor grupo industrial español, con presencia en sectores económicos muy diversos[4], tanto  empresas concesionarias de monopolios del Estado[5], como explotadoras de negocios – con claros privilegios legales y financieros – en competencia con las privadas.

Empresas públicas antes del Plan de Estabilización

Por otro lado, los criterios políticos que guiaban la gestión de este conglomerado determinaron numerosas adquisiciones de compañías con pérdidas crónicas o nula rentabilidad[6]. Situación que no fue  revertida radicalmente por la liberalización económica posterior al Plan de Estabilización de 1959. Los motivos “sociales” tenían un gran predicamento durante el franquismo, de manera que el mantenimiento con subvenciones públicas de empresas ruinosas se prolongó durante lustros.

Conviene recordar, no obstante, que empresas monopolísticas, tan conocidas en su tiempo, como Campsa (luego Repsol) Renfe, Telefónica, o Tabacalera nunca formaron parte del INI. El caso de RTVE, fruto de la fusión de Radio Nacional y Televisión Española, reviste un carácter aun más peculiar. Desde que el gobierno republicano de Alejandro Lerroux declarase la radiodifusión una función “esencial y privativa del Estado” asignada a la Dirección general de comunicaciones en 1934[7], durante el franquismo pasó a depender del Ministerio de Información y Turismo; convertirse en organismo autónomo del Estado entre 1977 y 1980; Ente Público hasta 2007 y, finalmente, “Corporación”, con un capital perteneciente por entero a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Teneo

Precisamente la aparición de ésta fórmula de reconfiguración del INI con el nombre de SEPI se tramó por el gobierno del PSOE de Felipe González Márquez, al mismo tiempo que se desarrollaba un proceso de restructuración industrial. Mediante un simple artículo de la ley de presupuestos para 1992[8] previó la creación de una sociedad anónima de titularidad pública, a la cual el Instituto Nacional de Industria (INI) transferiría las acciones de aquellas empresas públicas susceptibles de ser gestionadas con criterios empresariales homogéneos y que se regiría con estricta sujeción al ordenamiento jurídico privado.

Este grupo se llamaría Teneo, según sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros. A continuación[9], el gobierno impulsó la creación en paralelo de la Agencia Industrial del Estado y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La primera agrupó las participaciones públicas en las entidades mercantiles sujetas a planes de reestructuración, mientras que la segunda recibiría las participaciones de titularidad pública en las restantes entidades mercantiles que le parecían al gobierno rentables.

Con la falta de transparencia característica de los gobiernos españoles respecto a los detalles, en aquel tiempo se esgrimió como argumento fundamental que la puesta en marcha del Acta Única de reforma de la Comunidad Económica Europea impedía las subvenciones a las empresas públicas por parte del Estado, a excepción de sectores muy concretos.

Repliegue sin liberalización

Este repliegue táctico de la participación estatal en la actividad económica no se acompañó de una simplificación regulatoria y una liberalización de los mercados, ni de reformas serias para reducir el tamaño ni los déficits públicos recurrentes en las cuentas de las administraciones públicas a largo plazo. Bien es cierto que, aparte de conseguir el cumplimiento de los criterios del Tratado de Maastricht para acceder al euro[10], el primer gobierno del PP de Jose María Aznar López decidió la disolución de Teneo, que vendría a ceder su balance a su único accionista en ese momento, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Una medida insuficiente para un propósito más ambicioso de reducir estructuralmente el tamaño del sector público empresarial, si no eliminarlo.

Antes al contrario, la habilitación al gobierno, bajo la dependencia directa del Ministerio de Hacienda, para gestionar a su capricho una sociedad pública dirigida supuestamente a obtener la mayor rentabilidad de sus acciones y participaciones, simulando que el Estado es como un empresario más, sembró la semilla del desbarajuste y la arbitrariedad.

La extrema izquierda y los sindicatos atrincherados en las empresas públicas propagaron con evidente éxito propagandístico que el cierre de algunas que estaban en quiebra o las privatizaciones de Repsol, Endesa, Telefónica o Iberia supusieron el “desmantelamiento del Estado” y la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo. Obviamente, el efecto de expulsión sobre la actividad empresarial privada que provocan tanto el gasto público como los privilegios de las empresas públicas no se consideran por estos apologetas de “lo público”. Como tantos otros discursos, incluido el de la derecha mercantilista, estas falacias ocultaban lo que se estaba fraguando.

Empresas públicas: SEPI

En realidad, la SEPI, con los gobiernos siguientes de Jose Luís Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy Brey, continuó su proceso de huida de la fiscalización y de rendición de cuentas, tanto desde la perspectiva interna de la Administración pública como del Tribunal de Cuentas o, en última instancia, la política de las Cortes Generales.

Asimilar formalmente a las empresas estatales a sociedades mercantiles privadas significa no querer reconocer la radical diferencia entre unas y otras. Los estados o sus gobiernos no pueden identificarse con las personas que se asocian voluntariamente, arriesgan su capital y, usando su capacidad creativa, descubren oportunidades de ganancia que surgen en su entorno. La administración pública que aporta capital a una empresa tiene que extraerlo de forma coactiva de empresas y personas naturales o financiarse con sus privilegios. Los intereses generales no pueden confundirse con los particulares de los políticos que ostentan el poder en un momento determinado.

Gaspar Ariño Ortiz

Porque ésta última confusión interesada constituye el pilar sobre el que descansa la justificación de un conglomerado público que actúa tan pronto como un fondo de inversión o como un “audaz inversor” que quiere asumir la propiedad del capital de cualquier compañía que le interese y su dirección. Como señaló Gaspar Ariño Ortiz[11],

junto a los intereses teóricos de los propietarios o de los managers, en la normal relación de agencia, se interponen aquí unos intereses de nuevo cuño, que son los de los burócratas y políticos. Los primeros buscan ante todo maximizar su influencia, el tamaño y amplitud de sus departamentos (ya que no pueden elevar mucho sus salarios, amplían su influencia). Los políticos, sobre todo, lo que quieren es ser reelegidos y mantenerse en el cargo o posición que ocupen, para lo cual necesitan desesperadamente cultivar sus clientelas y asegurar votos para el futuro.

Gaspar Ariño Ortiz

Considero necesario este exordio histórico y teórico para abordar la situación actual. Si todo lo anterior resulta cierto con carácter general, imagine el lector lo que puede suceder cuando el tinglado de la SEPI se utiliza como ariete por un tirano.

Notas

[1] La Ley de 25 de septiembre de 1941, publicada en el BOE del día 30 siguiente. Téngase en cuenta que en ese momento todavía no se había aprobado la Ley constitutiva de las Cortes (17 de julio de 1942) que les atribuiría algunas competencias legislativas, sujetas, no obstante, al veto del Jefe del Estado. Éste, “mediante mensaje motivado y previo dictamen favorable del Consejo del Reino” tenía la potestad de devolver las leyes a las Cortes para nueva deliberación …

[2] Quién fue director desde la fundación del INI hasta 1961, en que presentó su dimisión por sus diferencias con el ministro Gregorio López Bravo. A lo largo de ese tiempo, de forma curiosa, compaginó en un par de periodos dicho cargo con el puesto de Ministro de Industria.

[3] “El Instituto Nacional de Industria utilizará los métodos de las Sociedades Anónimas privadas para sus fines estatales, pero conservando siempre en la gestión y administración el control del Gobierno” (Art. 2 Ley)

[4] No solo los considerados “servicios públicos”, hiperregulados, como el agua, la energía, los transportes, las comunicaciones, los servicios urbanos o las infraestructuras de obra civil, en el sentido expansivo que la doctrina administrativista confirió a este concepto.

[5] Resulta muy interesante repasar el estudio pionero de Pedro Schwartz Girón y Manuel Jesús González González “Una historia del Instituto Nacional de Industria(1941-1976)“. Editorial Tecnos. Madrid 1978.

[6] Así, como ejemplos, tenemos mineras del carbón, siderúrgicas y astilleros como Uninsa, Hunosa, Altos Hornos del Mediterráneo, Hijos de J. Barreras o Astano.

[7] Ley de Radiodifusión Nacional de 26 de junio de 1934, publicada en la Gaceta de Madrid el 28 siguiente.

[8] El 107 LPGE 1992 de más que dudosa constitucionalidad por la especialidad de este tipo de leyes de presupuestos, que las inhabilita para reformar la estructura del sector público empresarial, por ejemplo.

[9] Mediante Real Decreto Ley 5/1995, de 16 de junio convalidado el 10 de enero por la Ley 5/1996.

[10] Relativos a 1) una Tasa de inflación que no podía ser mayor que un 1.5% respecto a la media de los tres Estados de la eurozona con menor inflación durante los últimos tres años precedentes al examen de la situación del país que quiere ser admitido. 2) el cumplimiento de un déficit presupuestario que no podía representar una cantidad mayor que el 3% del PIB al final de año precedente.

3) el cumplimiento de una Deuda pública que no podría superar el 60% del PIB 4) La obligación del estado a participar en el mecanismo de tipos de cambio del Sistema Monetario Europeo (SME) sin ninguna ruptura durante los dos años precedentes al examen de la situación ni devaluación de la moneda nacional y 5) el mantenimiento de un tipo de interés nominal a largo plazo que no podría exceder un 2% a la media de los tres estados con menores tasas de inflación (los mismos que los del punto 1) durante el año precedente al examen.

[11] “De la empresa pública a la empresa con participación pública: ¿privatización o reforma? Quizás ambas cosas”. Revista de Administración Pública. Núm. 138 Septiembre-diciembre de 1995.

Ver también

¿Por qué fracasan las empresas públicas? (Santos Mercado).

Deoleo, y el falso interés nacional. (Juan Ramón Rallo).

Cómo el Metro de Nueva York se convirtió en una pesadilla. (Gregory Bresiger).

Chanchullos políticos, pérdidas totales. (Jorge Valín).