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Etiqueta: Enemigos de la libertad

Hay que secuestrar el presupuesto

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“A billion here, a billion there -sooner or later it adds up to real money." Everett Dirksen

“Deficit reduction is painful, so better to get it over with now”

Esta semana se han liquidado 12.000 millones de dólares en futuros bursátiles americanos. El jueves, un minuto antes del cierre, se vendieron 5.000. Hay miedo al “secuestro del presupuesto” y la incertidumbre del techo de deuda, que comentamos aquí. Y es un miedo infundado promovido por los defensores del gasto excesivo -bancos de inversión y analistas los primeros-.

Estados Unidos debe secuestrar el presupuesto, ya. Es imperativo. Si no, las dudas sobre las cuentas públicas pasarán a convertirse en certezas.

Hay muchas lecciones que podemos aprender del problema fiscal de Estados Unidos, que va camino de superar a Grecia en deuda sobre PIB. La primera es que imprimir moneda y monetizar deuda simplemente no genera crecimiento. La patada hacia delante solo aumenta la bola de nieve. La segunda es que los problemas estructurales de gasto deben afrontarse de manera decisiva, y casi quirúrgica, porque luego los parches son peores.

 

Un problema de gastos, no de ingresos

El problema en EEUU no es de ingresos –que se solucionó con el vencimiento de parte de las deducciones fiscales-, sino de gasto excesivo. Un gasto público, que -ajustado por inflación- ha sido el más alto desde 1951, durante el mandato del presidente Obama (datos Office of Management and Budget). Como comentábamos aquí, el gasto público se ha disparado durante la administración Obama a un 24% del PIB de media, comparado con un 22% en la época de Reagan, un 19% durante los mandatos de Bush padre e hijo, y un 17% con Clinton. En España, el gasto público es ya el 45% del PIB -algunos cálculos llegan al 52%-.

Los ingresos fiscales de EEUU en 2012 subieron –gracias fundamentalmente al sector de petróleo y gas y a los impuestos a las personas físicas- a 2,45 billones de dólares (trillones americanos), un aumento del 6%.Tras el vencimiento de los beneficios fiscales de diciembre 2012, los ingresos volverán a subir en 2013 un 7%… Pero, oh sorpresa, la máquina que lo fagocita todo, el gasto público, llevaría a EEUU a aumentar su déficit de nuevo, a pesar de las subidas de impuestos. ¿Les suena?

En Estados Unidos, muchos claman por subir impuestos “a los ricos”, el cuento del “sistema Buffett”. Es un engaño, porque lo que esconde es la destrucción de la clase media, que es la que sufre la represión financiera. Aumentar un 45% los impuestos a los ricos no reduce el déficit ni en un 0,1% -al ser progresivo-. Es un subterfugio para seguir gastando y exprimiendo a los trabajadores asalariados.

Es cuestión de matemáticas. Aumentar los impuestos a los ricos no sube los ingresos de un 16% del PIB a un 22%. La riqueza total de los mayores millonarios de EEUU aumentó en 2012 en 4.000 millones de dólares. Si les hubieras podido confiscar el 100% de ese incremento –irreal a todas luces- no se hubiera reducido prácticamente nada el déficit, que es de un billón (trillón americano).

Los gastos y por qué no es sostenible mantenerlos

Un 21% del presupuesto americano se gasta en un sistema de salud caro e ineficiente –Medicare, Medicaid y CHIP-. Supone 769.000 millones de dólares. Otro 20% del presupuesto americano (718.000 millones de dólares) se gasta en defensa y, finalmente, un 20% a la seguridad social, que sostiene a 35,6 millones de pensionistas.

Y ahí está el problema. El número de trabajadores por pensionista era de 5,1 en 1960, pero había descendido a menos de 3 en 2012, y se espera que caiga a 2,2 en 2030. ¿Les suena? En España ya es menos de 2 trabajadores por pensionista.

Aunque suene “políticamente incorrecto”, Mitt Romney tenía razón. Un sistema donde más del 40% de la población vive de apoyos estatales y no contribuye, hunde a la clase media si atacamos el problema desde los impuestos. Donde se equivocaba Romney era en pensar que podía aumentar o mantener el gasto de defensa, que es insostenible.

La solución está en cortar gasto y la independencia energética

Pero la solución, de nuevo, está en las materias primas y en reducir los gastos. Estados Unidos ya importa menos de 6 millones de barriles al día de petróleo, la cifra más baja desde 1992, gracias a la revolución de producción domestica. Si les interesa, lean aquí el camino a la independencia energética de EEUU. Esto tiene un efecto positivo adicional. Hay que gastar menos en ser el policía de Oriente Medio, que en mis cálculos supone casi un 12% del gasto de defensa americano anual.

Pero si se va a sostener el sistema de seguridad social y sanitario, los recortes deben ser quirúrgicos, continuados y sistemáticos. Por eso, el secuestro es un método que funciona. Porque quita poder decisor al que gasta, se corta matemáticamente y obliga a ser eficiente aunque no se quiera.

El impacto del secuestro

El gobierno federal tiene 2,2 millones de funcionarios y otros ocho millones contratados –compárenlo con nuestros 3,2 millones para una población varias veces inferior-. Se estima que el secuestro lleve a un recorte de al menos 800.000 empleados públicos. Y se puede hacer ahora, precisamente, que los sectores de alta productividad están generando empleo de calidad.

En cuanto al PIB, Macroeconomic Advisors (MA) espera un impacto del 1,3% en 2013 y del 0,6% en 2014. Irrelevante comparado con la mejora de la factura energética que EEUU está llevando a cabo por aumento de producción doméstica. Por ello, estoy convencido de que si se secuestra el presupuesto la caída del PIB no va a ser la que predicen algunos. Ahora, si se mantiene el gasto, el efecto destructor del endeudamiento sí va a tener un impacto en subidas de impuestos y caída de actividad económica.

Menos de un 10% de las ventas del índice S&P 500 depende del gobierno y un 75% de ese impacto recae en los sectores de defensa y farmacéutico-sanidad. De hecho, de los recortes anunciados, más del 50% son en defensa. Es decir, que el secuestro del presupuesto tiene un impacto muy limitado sobre los sectores que realmente generan empleo y riqueza en Estados Unidos, tecnología, servicios y petróleo.

Para mí, el miedo al secuestro es simplemente la reacción de un mercado adicto a la deuda y enganchado a las apuestas inflacionistas. Y, como tal, es una oportunidad para invertir en EEUU fuera de los sectores afectados –defensa y healthcare-.

Un mercado ‘yonki’ que pide deuda

Este no es un mercado de inversores y gestores públicos prudentes -sí, los políticos son también “el mercado”-. Es un mercado de yonkis esperando que se inyecte más droga al enfermo de la economía global. Y hay que temerlo por ello. Deuda con más deuda a costa de generaciones futuras, aunque todas las medidas de patada hacia delante no funcionen. Por eso, siempre digo que tengamos cuidado con legislar mirando a lo que pide un mercado adicto. Si premia el gasto y la inflación, como ocurre hoy, es pan para hoy y desastre para mañana.

¿Por qué defiendo el secuestro del presupuesto? Primero, porque el impacto máximo es de un 1,3%-1,5% del PIB, menos de un 1,2% en las empresas del S&P 500, pero extremadamente positivo para el déficit, ya que supone –junto a las otras medidas adoptadas- reducir hasta un 30% el déficit anual.

 

Por otro lado, lo defiendo porque no requiere tremendas negociaciones políticas y compromisos, es automático, incuestionable y –lo más importante- duradero. Es decir, su efecto en el gasto se extiende a más de un año.

¿Secuestrar el presupuesto en España?

Aprendamos a no llegar a una situación similar a la americana. No nos contemos el cuento de la lechera de las exportaciones, que además se están desacelerando, y como comentaba El Confidencial aquí, evitemos que España siga siendo el país de la eurozona con mayor déficit público, gastando unos 100.000 millones de euros más de lo que ingresa, a pesar de una subida de impuestos brutal que ha llevado a los ingresos del Estado a subir imperceptiblemente, incluidas las trampas en facturas y adelantos. Cuando los gestores son incapaces de administrar correctamente sus presupuestos, se les reduce. Si es automáticamente, mejor. Si dejamos la ejecución a su albedrio, siempre se llega a la trampa del “cuarto trimestre”. Gastar y esconder.

Secuestrar el presupuesto es sano. Obliga a ser eficiente y gestionar los recursos desde la realidad, no desde el cuento de “el año que viene todo sube”. La política del avestruz no sirve.

Sí, Estados Unidos seguramente subirá el techo de deuda en abril, pero su situación de gasto y deuda ya no es compleja, es dramática. Y la política de bajar tipos, imprimir, sostener un gasto inútil y monetizar deuda no funciona. Pero aún hay gente que pide repetir. No me cuenten historias de puestos de trabajo creados, que se hubieran creado igual sin esas políticas monetarias, porque vienen de sectores globales como sanidad y petróleo… o que “hubiera sido peor”, el engaño más insultante cuando se incumplen todos los objetivos de creación de empleo, reducción de déficit y deuda que se pretendían conseguir con las políticas expansivas.

Si Estados Unidos se “pone las pilas”, y por fin reduce gastos, tendrá un cierto impacto en las previsiones optimistas de todo el mundo. Pero ese impacto, si se aprovecha ahora que muchos de los sectores de alta productividad están funcionando, es parte de la solución. Adaptarnos todos, sobre todo los gobiernos, a un mundo que no es todo crecimiento, pero que tiene mucho futuro si se permite a las empresas florecer.

Pero si Estados Unidos, y nosotros con ellos, seguimos con la política del avestruz, los problemas volverán a presentarse unos meses después. Seguro.

Hacerse el sueco

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Si hay un país que para el españolito medio ha representado un sueño inalcanzable, ese es Suecia. En primer lugar, porque hay suecas, y eso, en un país caracterizado por su “landismo”, ya es bastante. En segundo lugar, y desde una óptica más política, porque después de décadas de propaganda progre, Suecia es vista por muchos como el paraíso de lo social, de lo público, el paradigma del Estado del Bienestar.

Así, prueben a discutir con un progre sobre voracidad impositiva estatal y desmesurado gasto público. Rápidamente el modelo sueco saldrá a colación para demostrar que lo que necesita España es precisamente eso: más impuestos, más sector público… ¡Como en Suecia!

La verdad es que si miramos el nivel de vida de los suecos, la lógica de usar a Suecia como modelo es inapelable… El problema es que dicha Suecia, la Suecia de un sector público desmesurado, de un estado omnipresente, ya no existe, como bien dice Maurico Rojas, pero bueno, ya sabemos que para la progresía lo importante no es la realidad, sino la ideología…

Y el caso es que, durante unos años, aquí en España hemos sido ¡por fin! suecos. Y de los de antes… Hemos vivido en una cálida y divertida Suecia mediterránea, disfrutando de una sanidad, una educación, unos servicios sociales públicos de niveles cuasi escandinavos… Y con un coste similar (o muy superior si le añadimos comisiones…).

Pero, a diferencia de dicho país nórdico, que ha sido capaz de pagárselo a base de elevados impuestos, eso sí, pero aplicados sobre una economía muy liberalizada y, por tanto, muy productiva, en España, los ingresos vinieron de tasar una economía muy intervenida y en consecuencia improductiva, basada en el endeudamiento generado por la triple burbuja…

Si encima, a esto le sumamos el contar con una clase política hispana que en su forma de manejar el erario público, en vez de a los sobrios y honestos suecos, se parece más bien a sus antepasados vikingos, está claro que, después de unos años gloriosos, el sueño sueco se nos ha acabado.

Esto no da para más, volvemos a ser españoles, improductivos, deficitarios y en el paro.

Pero la sociedad española no quiere verlo… Presa de la demagogia, con unos niveles de formación económica tercermundistas, no está dispuesta a renunciar a un sector publico desmesurado e insostenible, a unos niveles de gasto público que, basados en una actividad económica inflada e irreal, son absolutamente inasumibles.

Y una vez más, con la clase política al frente, recurrimos a Suecia como fuente de inspiración, para directamente “hacernos los suecos”…

Pero esta vez, y van dos seguidas, tampoco el “modelo sueco” nos va a funcionar… A lo mejor, deberíamos mirar a la otra orilla del Báltico.

Egoísmo de Estado

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Los liberales estamos acostumbrados a recibir lecciones morales por parte de los socialistas de todos los partidos. La réplica a los argumentos a favor de la libertad suele caer en el sentimentalismo demagógico para tachar de egoístas a todos los que discuten que el Estado es el encargado de prestar una serie de servicios.

Normalmente apelan a la necesidad de ayudar a los más necesitados para curar graves enfermedades o escolarizar a los niños que de otra forma no tendrían oportunidades. Olvidan que los costes de estos servicios ofrecidos por el Estado son muy superiores a los mismos que el sector privado oferta pese a esta competencia desleal e ilimitada de los que tienen el presupuesto público de su parte. Además de resultar más baratos, la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios suele ser mayor. La trampa aquí reside en que los costes de los servicios estatales no se perciben como tales, pues los impuestos se recaudan en base a un hecho imponible en lugar de pagarse por la contraprestación de un servicio como las tasas. El acceso a muchos servicios estatales no está regulado por ningún precio (aunque sea menor del coste como las tasas universitarias) y, por tanto, no se percibe como tal. Cuando pagamos impuestos, desconocemos a dónde va a parar nuestro dinero y cuando utilizamos muchos servicios prestados por el Estado se crea una ilusión de falsa gratuidad por aquello que en realidad ya hemos pagado o tendremos que pagar a base de endeudarnos.

No se discute, en cambio, que otros servicios esenciales como podrían ser la alimentación y su distribución se deje en manos del "capitalismo salvaje". Hoy podemos comer prácticamente cualquier cosa por exótica que sea y el sustento básico tiene precios bajos en relación a la renta media impensables en otros tiempos. El libre mercado ha propiciado que tengamos comida barata y abundante sin que el Estado tenga que planificar nuestra alimentación a través de comedores sociales o cartillas de racionamento. Ha ocurrido lo mismo en otros sectores básicos para nuestro día a día como es el textil. En los sistemas capitalistas comprar ropa de abrigo o calzado no es un problema cuando no hace demasiado tiempo era una preocupación vital y desgracidamente en muchos países comunistas continúa siéndolo.

No es comprensible que quienes defienden la libertad política persigan la libertad económica para hacernos creer que el Estado es capaz de garantizar y prever nuestras propias necesidades. Pero es que además se trata de un sistema egoísta en el que se pretende ayudar al prójimo con el dinero ajeno, el de los contribuyentes. No hay grandeza en ayudar a tu vecino si para ello necesitas robar a un tercero.

En la última gala de entrega de los premios Goya, tuvimos que escuchar a actrices que propugnaban "terminar con un sistema que roba a los pobres para dárselo a los ricos". Estoy de acuerdo, la distribución de la riqueza consiste en saquear a los contribuyentes para repartir prebendas, entre otros, a los cineastas subvencionados. Se trata de un sistema egoísta que impide que cada cual sea generoso o egoísta con lo que gana gracias a su trabajo y esfuerzo. Una vez más, el Estado sustituye la responsabilidad individual en su más íntima humanidad, el altruismo, por una falsa solidaridad colectiva que tan solo sirve para limpiar conciencias atormentadas con las desgracias que ocurren a nuestro alrededor. Si creemos que los impuestos son bajos, nada nos impide hacer donaciones al Estado y si queremos ayudar a los demás podemos socorrer al prójimo en lugar de confiar en que otros lo hagan por nosotros. Lo contrario, es puro egoísmo.

Extorsionadores extorsionados

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Definamos extorsión… Según la RAE: "Usurpar, arrebatar algo a alguien utilizando la amenaza respaldada por la violencia". Más claro, agua. Una vez establecido, sin lugar a dudas, el significado de la palabreja, podemos ponerle un adjetivo que la suavice, que tranquilice nuestra conciencia. Podemos calificarla de democrática, social, solidaria… O, mejor aún, podemos quitar el término extorsión y hablar de política redistributiva, políticas sociales, justicia social, socialismo, Estado del Bienestar. Podemos adornarla, camuflarla u omitirla… Pero estamos hablando de simple y llanamente extorsión.

Una extorsión que la gran mayoría de la población acepta, valora e intenta practicar deliberadamente, votando a unos políticos que les prometen ser su "brazo extorsionador" a cambio de un salario público, coche oficial y otras prebendas… Porque lo que es indudable es que la extorsión tiene ventajas para quien la practica, pues gracias a ella se puede disponer de los bienes, del trabajo y del dinero de los demás para propios y personales fines.

Y si encima , en vez de tener que hacerlo personalmente, podemos recurrir a la mencionada extorsión delegada, pues mejor, mucho mejor…, tanto desde el punto de vista de la propia integridad física, pues no es lo mismo amenazar en plan Soprano al tendero de la esquina para que te entregue un sobre con parte de recaudación del mes a que lo haga por nosotros un inspector de hacienda, como desde el punto de vista moral, pues al apoyarnos en la política, tenemos la "justificación democrática", es decir, nos decimos a nosotros mismos que la extorsión del prójimo, cuando es ejercida en nombre de un 51% del censo electoral, se convierte en un derecho…

Y por supuesto, siempre nos queda la "justificación solidaria" que nos hace aceptar la extorsión, siempre que se ejerza sobre "los ricos" y sea para unos "buenos fines", que, curiosamente, suele coincidir al 100% con los intereses de quienes la defienden.

Así, la sociedad española se ha convertido en una sociedad "extorsionadora", una sociedad que no aspira a vivir de su trabajo y de la riqueza que este pueda crear, sino de la riqueza que nuestros políticos, cumpliendo sus promesas electorales, sean capaces de quitar al prójimo y gastársela en nuestras necesidades, deseos e ilusiones…

Por ello, quizá haya cierta ironía cósmica, "kármica", en la dramática situación actual… Una España que creyó ciegamente en la política y los políticos, en el Estado omnipotente y paternalista, en el atajo de las políticas" redistributivas", que nunca creyó en la libertad, la competencia y la responsabilidad individual, descubre, perpleja y desorientada, que está siendo extorsionada por aquellos en quienes, confiada y alegremente, delegó.

Es lo que pasa cuando se trata con profesionales del tema, ya saben…

La desfachatez del estatismo

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

El relato oficial es un cúmulo de responsabilidades ocultas. Díaz Ferrán adeuda a Banesto, Novagalicia y otras entidades bancarias, especialmente cajas de ahorro, una cifra de euros cercana a los 419 millones. Los perjudicados son, directamente los accionistas de esas entidades y los impositores de las mismas. El ex presidente de la CEOE no puede responder ante los acreedores porque no quiere, simplemente, al haber establecido una trama de evasión de sus obligaciones contractuales ante los propietarios privados. Debe y no paga. La espectacularidad del caso viene exacerbada por la situación de crisis que levanta clamores justos que apelan a la conculcación de los derechos de propiedad. Pero especialmente se escucha otro tipo de apelaciones menos claras en cuanto a la defensa de esos derechos fundamentales y sí más claras en la condena al capitalismo que permite hechos similares. Nada más lejos de la realidad esta última interpretación, ya que es justamente el capitalismo el que asienta por delante de muchos otros derechos los de propiedad y su defensa jurídica y penal.

De esta manera, la condena del capitalismo y no la de un simple sospechoso de robo a propietarios particulares, como debería considerarse a Ferrán, es lo que prima, de forma que se oculta el hecho de que el supuesto ladrón solo pudo perpetrar su delito con la aquiescencia, precisamente, del sector no privado y no capitalista, es decir, del estado corporativista. Sin la manipulación política de bancos y, especialmente, de cajas de ahorro es muy posible que Ferrán no hubiera llegado a endeudarse hasta tales niveles. Es, justamente, por esa intromisión política que el crédito se ofreció muy por debajo de los límites que la prudencia y la tasa natural de interés presente en la economía aconsejaban. La expansión crediticia y los asientos políticos en los consejos de administración de las entidades financieras hicieron posible el “caso Ferrán” y Ferrán, simple y supuestamente, robó.

Pues bien, a pesar de el sustrato real del todo lo ocurrido con el propietario de Viajes Marsans, sucede que el relato vulgarizado y falso permite comparar a su lamentable protagonista con el suceso de las empresas transnacionales que planifican la evasión de sus impuestos. Starbucks, Apple, Amazon y otras están siendo acusadas e investigadas parlamentariamente en el Reino Unido, es decir, por los representantes de “lo público”, y con escenografía rayana en lo obsceno. Parece ser que estas firmas han planificado la reducción de sus costes tributarios de manera legal (por más que dichos costes sean esencialmente ilegítimos) y que eso, en momentos en los que la envidia social es demagógicamente excitada por políticos y movimientos de revival post-marxista, es considerado tan insolidario como lo supuestamente perpetrado por Ferrán.

De manera que el epílogo oficial de todo esto es que, cuando un desaprensivo roba, es decir, viola los derechos de propiedad que el capitalismo de libre empresa consagra, la culpa no es del sistema politizado que propicia esa transgresión ni simple y penalmente del ladrón, sino del capitalismo. Cuando ciertas empresas reducen costes evitando que el fisco conculque los derechos legítimos de propiedad por vía tributaria con el consiguiente beneficio para los consumidores que disfrutan de productos abaratados, eso se considera un delito de lesa solidaridad también. Lo que se exacerba aquí es la codicia de quienes se benefician del estado gigante, llamado del bienestar, que siguen queriendo parte de la tarta a costa de la competitividad de las empresas.

Lo que subyace a unos y a otros casos es que cuando un paradigma explicativo es el dominante en la sociedad, cualquier caso es referido a él, sea cual sea su etiología y sean cuales sea las consecuencias perversas de esa explicación.

La huida de lo público

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Existen demasiados mitos y tópicos sobre los servicios públicos que, en momentos como el actual, se convierten en barreras casi infranqueables incluso para personas razonablemente inteligentes. Lo cierto es que quien puede evita lo público. Si hay autopista como alternativa a un puerto de montaña o a una autovía o carretera nacional, quien puede paga para disfrutar el servicio que ésta proporciona. Si podemos permitírnoslo, enviamos a nuestros hijos a colegios privados, o en cualquier caso concertados, como opción más deseable frente a la oferta pública. Si está a nuestro alcance, preferimos contratar un seguro sanitario privado a tener que acudir a ambulatorios y hospitales públicos para casi cualquier dolencia. Y siempre, cuando podemos acogernos a alguna desgravación, deducción o mecanismo tributario menos gravoso, lo hacemos, buscamos quien nos asesore, y terminamos pagando menos impuestos. Lo público repele al ciudadano que tiene la posibilidad de escapar de sus deficiencias.

No es ninguna casualidad que lo público normalmente tienda a funcionar justo allí donde no es necesario. Si las políticas “sociales” van dirigidas a garantizar a determinadas capas de la población servicios considerados esenciales, todo ello bajo un pretexto igualitarista, lo que se consigue en realidad es que los más pobres reciban de la administración prestaciones de una calidad inferior a la que reciben los menos pobres.

Los vecinos de localidades y distritos más pudientes no necesitan que el Estado intervenga y redistribuya a su favor, ya que con su nivel de renta, sometidos a menores impuestos, podrían perfectamente disfrutar en el mercado de una calidad idéntica o muy superior por un menor coste. Tenderá a suceder que los centros públicos de estos barrios, por así decirlo acomodados, estén menos concurridos, ya que muchos de sus habitantes preferirán recibir una educación y una sanidad privadas. Es habitual que los firmes defensores de lo público cuenten sus inmejorables experiencias personales. No es casualidad que en su mayoría formen parte de esos grupos menos necesitados, que disfrutaron de las ventajas que gana lo público en un entorno pudiente donde la empresa privada le ha quitado de encima a muchos de sus potenciales usuarios (entre otras circunstancias).

Además de todo esto, lo público también resulta excesivamente oneroso, sin que con ello se logre mejorar la calidad de los servicios que provee. Supongamos que el gasto per cápita de las administraciones en sanidad ronde los 3000 euros anuales (aproximadamente es lo que sucede en España). Eso equivaldría a un desembolso de 250 euros mensuales por ciudadano. Sin embargo, en este mismo contexto de intervención, un seguro médico privado de calidad rondaría los 70 euros mensuales, es decir, 840 euros anuales. Parece evidente que el margen privado para extender sus prestaciones y garantizar mayor cobertura sin superar el coste en que incurren las administraciones, es bastante amplio.

Con la educación pública sucede algo similar. En España, el coste medio por alumno crece año tras año, y ha llegado a duplicarse en la última década. En un contexto estrictamente privado, si tenemos en cuenta que no todo el mundo va a la universidad ni realiza estudios superiores, y del mismo modo, la formación en una u otra materia varía ampliamente en su coste, los ciudadanos tendrían a su alcance educación privada a precios relativamente asumibles, plural y de calidad. El actual panorama de fracaso escolar y profunda descoordinación por el que atraviesa nuestro sistema educativo, que dirigen las administraciones y prestan directamente en mayor proporción que la empresa privada, no puede ser más pesimista a la vez que elocuente.

Pero es que además, ¿acaso no debería considerarse justo que el coste medio por habitante o alumno redundara en una calidad homogénea para todo el sistema? Es decir, ¿cómo explican los defensores de lo público que los más necesitados sean precisamente quienes peor servicio reciben? Lo cierto es que esos guetos nacen, se consolidan y enquistan precisamente por culpa del intervencionismo del Estado. La situación se entiende perfectamente cuando advertimos que cualquier individuo que logre progresivamente generar una renta creciente con la que bien podría recibir mejor sanidad y educación contratándolas con la empresa privada, se dará de bruces, entre otros artificios del Estado, contra la progresividad del sistema impositivo. Existe un umbral muy difícil de superar, y que impide que, a pesar de tener mayor renta, ésta permita a los individuos proveerse de servicios privados que sustituyan o complementen los que presta directamente la administración.

Como decía, resulta extraordinariamente sencillo presumir de lo público cuando uno ha vivido siempre en una zona de cierto nivel de renta, y los centros educativos y sanitarios se han ido ajustado a un inferior número de alumnos o pacientes, en contextos culturales mucho más previsibles y sosegados. Convivirán con colegios, institutos y hospitales privados, y la apariencia será de cierto equilibrio e “indudable” calidad y alternativa. El Estado de bienestar tiende a “funcionar” mejor justo donde no hace falta. Pretender lo contrario, atacando con cargo al presupuesto público exactamente las causas que han sido descritas, exigirá en cualquier caso que se produzca un ensanchamiento del abismo que el Estado abre entre ricos y pobres mediante impuestos, regulación y la bancarrota en que se encuentra nuestro actual sistema de seguridad social del que únicamente puede escaparse el ciudadano cuando ha alcanzado un elevado nivel de renta, por culpa, entre otras circunstancias, de la progresividad impositiva.

La cuestión será entonces dar con la manera de desmontar este injusto, costosísimo e ineficiente sistema de “malestar” sin que sean los más pobres quienes sufran doblemente las consecuencias de su existencia y derribo. Una posibilidad que evitaría dicha circunstancia sería que quien pagase sanidad y/o educación privada pudiera deducirse su coste en el impuesto sobre la renta. Así, la entrada de la empresa privada en estos sectores concretos sería perfectamente competitiva y proporcional al abandono de la pública que decidirían los ciudadanos a medida que su renta se fuera incrementando, y con ella, el poder para evitar lo público y huir de los servicios prestados por la administración (que, como ya se ha dicho, es una tendencia constatable dentro de las sociedades desarrolladas sometidas a la égida de un gran Estado).

Si surgen mercados educativo y sanitario lo suficientemente competitivos y asequibles para los ciudadanos, también los más pobres podrán permitirse escapar de lo público sin padecer los males de la progresividad fiscal. En un escenario donde cualquiera pudiera deducirse en el pago de sus impuestos el gasto privado soportado en educación y sanidad, crecería exponencialmente el número de personas que optasen por recibir dichos servicios en el mercado, y no de mano del Estado. En todo caso, los centros públicos, sanitarios y educativos, que aún existieran, verían tremendamente disminuido su coste, acorde con un menor número de pacientes, y de ese modo resultaría más asequible homogeneizar la prestación del servicio con independencia de la renta media o las circunstancias sociales y culturales de cada zona.

@JCHerran

Tres preguntas (para este verano)

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Ya casi a las puertas de agosto, había pensado escribir este mes un Comentario menos histórico o académico (como tiendo a hacer en esta columna) y plantearles tres cuestiones sobre las que vengo pensado en estos últimos días por si las quieren llevar a sus reflexiones playeras o montañosas…

La primera tiene que ver con la grave (y omnipresente) crisis económica que padecemos; y relacionado con ello me llamó la atención el eco que ha recibido la labor asistencial que presta Caritas. Como han puesto de manifiesto sus gestores, durante el último año se ha multiplicado el número de personas que buscan (y encuentran) su alimento diario en los diversos comedores que llevan adelante otras tantas instituciones religiosas. Hay un famoso vídeo en youtube que rodó un publicista conocido al encontrarse a un amigo en ese trance de necesitar ayuda. Pero no quería referirme a este aspecto, sino a otra labor asistencial que presta Caritas: en su Memoria 2011 del Programa de Empleo explica que por medio de este servicio fueron atendidas en toda España más de 80.000 personas; de las que consiguieron trabajo un 16% (casi 14.000).

Pues bien, me pregunto: ¿cómo es posible que sea necesaria (y da la sensación que más eficiente) la presencia de organizaciones particulares en el ámbito de la formación para el empleo, cuando existe un organismo público, el INEM, que supuestamente debería ofrecer esa tarea como principal objetivo? Parece confirmarse, una vez más, la postura de quienes defendemos la iniciativa privada en cualquier ámbito de la actividad humana; también en este campo de la labor asistencial, donde machaconamente se nos habían vendido las bondades de un supuesto estado del bienestar, que no lo es tal (y además está en completa bancarrota).

La segunda pregunta gira en torno a una cuestión más complicada, si cabe, y sobre la que ya habrán podido leer alguna otra opinión en estos comentarios. Me refiero al aborto; y en concreto me han inquietado varias estadísticas que también se publicaban recientemente: ¿por qué la drástica reducción de los niños nacidos con Síndrome de Down en los últimos años? Aunque se trata de un tema generalmente desatendido, sobre el que todo el mundo pasa de puntillas, parece que ya empiezan a conocerse algunos datos reales. Así, la Fundación Down España editaba en su último boletín los resultados de una revisión sistemática de la literatura sobre tasas de interrupción del embarazo en mujeres que se habían sometido a un diagnóstico prenatal (amniocentesis) en los Estados Unidos: los índices variaban desde un 61% en California al 93% en Maine. Para el caso español parece que nadie se atreve a estudiar a fondo tales estadísticas, pero se habla de en torno a un 80% menos de nacimientos de niños con esta deficiencia.

No resulta extraño, por lo tanto, leer las conclusiones de su Presidente, José Fabián Cámara Pérez, a propósito del debate sobre la modificación de la actual regulación existente de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva: "es necesario modificar el actual supuesto discriminatorio que permite el aborto hasta la 22ª semana en el caso de graves anomalías en el feto" ya que, según explica, "este aspecto supone de facto una discriminación por motivo de discapacidad". Por esta razón, opinaba que la regulación legislativa del aborto deberá ser debatida y sometida a decisión, pero considerando que "los límites o condicionantes que se establezcan tendrán que ser iguales para todos los seres humanos en esta situación, sin distinción por el hecho de que el feto sea o no una persona con discapacidad".

El presidente de Down España apuntaba finalmente que no hay una respuesta clara para un tratamiento "adecuado" de la discapacidad en la futura Ley del Aborto. En este sentido, hacía referencia a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que defiende y ampara la consideración de este grupo como "sujetos de derechos, dignos de pleno reconocimiento y respeto, en igualdad al resto de seres humanos".

Mi tercera pregunta: ¿quién es John Galt? Encontrarán la respuesta (con mayor facilidad que las anteriores) si se animan a leer este verano La rebelión de Atlas (el título original en inglés es Atlas shrugged): una de las novelas de culto de Ayn Rand. Tal vez un poco extensa (necesitarán de unos cuantos días por delante), pero que tiene pasajes memorables como la hipócrita acusación de "antisocial" que hacen unos políticos mediocres e interesados contra los empresarios exitosos; su rotunda defensa de la propiedad privada o la también vehemente justificación del dinero como motor de progreso humano (y, por cierto, basado en un riguroso patrón-oro). Mucho ánimo y felices vacaciones.

Dependientes del delirio

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Cualquiera que sea la evolución de la quiebra de facto producida en las cuentas del Estado español (entendido como el conjunto de las administraciones públicas de España) en las próximas semanas, deben distinguirse distintos grados de urgencia para acometer reformas de calado que atajen el enorme desfase entre los impuestos que recauda a una sociedad exangüe, debido a la recesión y los impuestos confiscatorios promovidos por el gobierno, y los compromisos de gasto que ha venido asumiendo durante los últimos años.

Como ha apuntado recientemente el director de este Instituto, las burbujas financiera e inmobiliaria crearon a su vez otra en el sector público, por lo que, una vez reventadas las dos primeras, resulta obligado pinchar la última para no arruinar la recuperación bajo montañas de déficit y deuda pública después de los necesarios ajustes que se están produciendo en el economía española. Está en juego la prosperidad general de los españoles durante mucho tiempo. Las medidas del gobierno de Rajoy pueden acelerar, arrostrando en primera instancia el descontento de muchos beneficiarios del actual estado de cosas, o retrasar ese proceso indefinidamente, derrochando ingresos en el pago de los intereses de la deuda pública.

Frente al tremendismo y a las increíbles mentiras que la casta política española, secundada por sus turiferarios en los medios de comunicación dominantes, está vertiendo para mendigar al Banco Central Europeo una financiación que no prestan los inversores particulares, conviene insistir en que debe reducirse el gasto estructural para cuadrar las cuentas públicas y evitar la materialización del desastre. Si el banco central comprara aún más deuda pública española e italiana, el euro concebido como un sustitutivo de un patrón monetario óptimo quedaría condenado al fracaso. No obstante, la tentación de ampliar su poder para los políticos europeos sin unos problemas financieros tan acuciantes es fuerte, aunque violen los tratados y actúen contra los intereses de sus contribuyentes. Después de todo, cuentan con la colaboración de los dirigentes de los países supuestamente beneficiarios por esa socialización de las deudas, quienes están dispuestos a renunciar a la soberanía en aras de conseguir sus objetivos a corto plazo.

Antes que simular como pícaros irresponsables que no pueden reformar la estructura de un Estado insostenible y maldecir a los inversores que exigen una prima adicional para asumir el riesgo de financiar un tinglado de tan incierto futuro, los dirigentes políticos podrían confeccionar en cuestión de días sendas listas de competencias y funciones, clasificándolas en función de su necesidad. Incluso con la muy mejorable constitución de 1978 en la mano, cabría aclarar la distribución de competencias entre las administraciones y establecer el orden de importancia de sus funciones, centrándose los debates más prolongados en la colocación de algunas en los márgenes inferiores. Obviamente, el objetivo de dicho inventario no puede ser otro que eliminar gradualmente las funciones no esenciales y a los sectores públicos enteros encargados de prestarlas, de manera que desaparezcan de los presupuestos y dejen de aumentar los déficits públicos.

A este respecto, debe observarse que el penúltimo ajuste, aprobado por decreto-ley del gobierno, consolida un régimen fiscal confiscatorio en España –vedado por el artículo 32 de la constitución- ya que la subida de los tipos de IVA y las retenciones a cuenta se suman a otras de impuestos directos. En la vertiente del gasto, el gobierno se ha limitado a suprimir la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos (haciendo responsables a justos por pecadores) suspender la eficacia de la ley de dependencia durante dos años sin cuestionar su propia existencia, y reducir la prestación de desempleo.

El mantenimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia revela elocuentemente la resistencia del gobierno a replantearse ni una sola de las funciones del Estado. A pesar de la pomposa propaganda consensuada en el momento de su aprobación, ese llamado "cuarto pilar del estado del bienestar" no es más que una promesa insensata a una población que envejece a pasos agigantados (y no necesariamente con buena salud) de que el Estado sufragará su asistencia domiciliaria por enfermeros o ayudantes, con independencia de su nivel de renta. Hasta ese momento la legislación española de seguridad y asistencia social, se "limitaba" -con esquemas alejados al contrato de seguro que la hacían inviable- a ofrecer prestaciones por incapacidad laboral sobre la base de una cotización anterior o, en el caso de las prestaciones no contributivas, a proporcionar subsidios a personas impedidas que no hubieran cotizado a la seguridad social ( o a sus familias en el caso de los incapaces) siempre que sus rentas fueran inferiores a determinados baremos.

Contradiciendo abiertamente el texto constitucional, el cual contempla estas instituciones del estado del bienestar dentro de los "principios rectores de la política social y económica", que solo pueden invocarse ante los tribunales en la medida que se desarrollen mediante leyes (Art. 53.3 CE), se denominó "derechos" a esas nuevas prestaciones, con un nuevo reparto absurdo de competencias entre administraciones. En un momento en que la casta política creyó que los impuestos anticipados derivados de la burbuja inmobiliaria llenarían las arcas públicas indefinidamente, se dio un paso temerario en el ilusionismo fiscal característico del estado de bienestar. La evidente necesidad de atender a personas con dificultades de movilidad, que los españoles comenzaban a paliar contratando a esforzadas y pacientes inmigrantes latinoamericanas y europeas del Este, sería pagada por el Estado y sus terminales autonómicos. La genial idea solo reportaría beneficios, dado que, además se "crearían puestos de trabajo", es decir, se eximiría a ciertas empresas previamente homologadas de competir por prestar esos servicios a las familias en ese incipiente mercado. El señuelo quedaba claro: un enfermero cualificado sustituiría a esas aficionadas que no contaban con formación especializada. ¡Y gratis porque la factura la pagaría el Estado!

Como cabía esperar, el aluvión de peticiones desbordó a los gestores públicos y durante cierto tiempo escuchamos la clásica disputa por dilucidar qué administración pagaría el sistema. Para ganar tiempo los gobiernos autonómicos ralentizaron la tramitación de esos expedientes. Sin embargo, una vez que su insostenibilidad ha quedado patente, el gobierno se resiste a reconocerlo y actuar en consecuencia. Definitivamente, los políticos españoles dependen del delirio.

De la caridad bien entendida

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Una de las peores consecuencias de la crisis es el elevado número de personas con serios problemas económicos. Algunos no pueden satisfacer sus necesidades más básicas; no sólo no pueden hacer frente a los gastos corrientes, sino que incluso no pueden comer todos los días o vivir bajo un techo, propio o alquilado, todas las noches.

Los servicios sociales públicos se encuentran en una situación que ellos mismos juzgan como desesperada. Un estudio del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid asegura que en esta Comunidad se atienden todos los días alrededor de 5.000 peticiones de ayuda de personas y familias en situación límite. Pese a que aseguran que la Administración autonómica aporta las ayudas que ha prometido, las peticiones por Renta Mínima se han disparado. En algunos ayuntamientos, hay listas de espera de hasta dos meses. La situación es tan desesperada que, de seguir en esta línea, el 60% de los solicitantes no podrá obtener la ayuda requerida. El Colegio habla de recortes de servicios de entre el 25% y el 45% respecto a lo que no hace mucho se venía dotando y que sólo hay un trabajador social por cada 14.500 habitantes.

Las peticiones/conclusiones de este estudio son claras:

  • Ampliación de las partidas presupuestarias dedicadas a ayudas económicas directas a las familias.
  • Modificación del marco legislativo para poder reglamentar las ayudas económicas a familias con normativas adaptadas a los tiempos.
  • Agilización de los procesos y plazos de gestión de dichas ayudas.
  • Acceso de los inmigrantes irregulares a estas ayudas.
  • Que las administraciones central, autonómica y local se comprometan al fortalecimiento de los servicios sociales.
  • Ampliación del ratio de atención, hasta conseguir llegar a un trabajador social por cada 3.000 habitantes.

Si investigamos en otras Comunidades Autónomas y ayuntamientos, la situación no es mucho mejor. Los presupuestos son cada vez más cortos, las organizaciones sociales denuncian recortes y los trabajadores sociales se manifiestan pidiendo más. Desde su perspectiva, resulta aberrante que, precisamente ahora, que es cuando su labor es más necesaria, tengan más dificultades presupuestarias. ¿Tienen razón al denunciar esta situación? Desde mi particular punto de vista, no demasiada y tampoco deberían sorprenderse tanto.

Durante siglos, la caridad ha sido ejercida, sobre todo, por personas e instituciones privadas sin imponer ninguna obligación a los que, por la razón que fuera, no desearan ayudar a otras personas. Y al frente de esa labor, ha estado tradicionalmente la familia. A la familia se ha acudido cuando la desgracia o las malas decisiones han tenido nocivas consecuencias. Y ha sido la familia la que, por lo general, nos ha ayudado a pasar el mal trago. A continuación, tenemos a amigos y conocidos, y si por alguna razón no queremos que ni unos ni otros conozcan nuestra situación, hemos acudido a las instituciones de caridad. Por razones tradicionales, la caridad se ha identificado con la Iglesia, pero ha habido otras organizaciones financiadas y patrocinadas por empresas o personas adineradas que se han dedicado a ello. En todas ellas ha destacado una cosa: el carácter voluntario de los participantes, de los que buscan ayudas, de los que allí trabajan o aportan material o mercancía, y, desde luego, de los que financian todo lo que haya de ser financiado.

El Estado ha ido colonizando actividades que son propias de la sociedad civil, de los individuos que la conforman, y entre ellas, la caridad. Durante décadas, este término se ha ido reconvirtiendo en solidaridad, un sinónimo de justicia social que, a su vez, apunta al viejo clásico de la redistribución de la riqueza. Al Estado le cuesta permitir que haya otras instituciones que compitan con él, y poco a poco ha ido socavando la actividad de estas asociaciones tan necesarias, que se han reducido o se han reconvertido en organizaciones que, definiéndose a sí mismas como no gubernamentales, dependen del presupuesto público. Incluso las ideologías más progresistas han ridiculizado y atacado las simples relaciones familiares, quizá porque muchas veces han considerado a la Iglesia, el mayor defensor de la familia, como su principal enemigo. Paradójicamente, han favorecido la alienación de las personas que, reclamando justicia social y esperando que el Estado lo haga por ellos, no actúan si no es a su sombra.

Si la solidaridad ha sustituido a la caridad, si el Estado ha sustituido a la sociedad civil y el primero depende de los impuestos que obtiene de la segunda, no es de extrañar que, ahora que la crisis del Estado de Bienestar está en su apogeo, cuando los excesos de los políticos no tienen suficiente con lo que coactivamente nos arrebatan, las labores que algunos consideran más esenciales y, por tanto, deben tener un carácter estatal, se vean abocadas a recortes, incluso antes de la reducción del enorme aparato estatal y la corrupción que arrastra. Pero ésta no es la peor parte; lo peor es que el Estado ha atenuado el espíritu cooperativo de la gente, que sólo sabe ejercerlo bajo los parámetros de la moral pública.

Competitividad internacional y el ajuste del gasto público

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

En cierto modo, la actual tensión política y social es similar a la ocurrida en los años 30 del siglo XX, que permitió el ascenso de las ideologías colectivistas del nazismo, el fascismo o el comunismo. Así, por ejemplo, si observamos la suma de los votos a los partidos políticos extremistas en Grecia se acerca al 40% de un electorado que parece no estar dispuesto a realizar sacrificios y prefiere abrazar utopías. Si bien, afortunadamente, en otros países europeos parece que, de momento, los ciudadanos están siendo política y económicamente más sensatos y maduros.

La crisis económica y financiera que atraviesan España y Europa requiere un cambio cultural que deben asumir las autoridades y los ciudadanos. En vez de dejar caer sus voluntades hacia el lado de las soluciones erróneas y radicales que pretenden imponer más Estado y más gasto "social", los europeos deben estar dispuestos a afrontar la necesidad de imponer la austeridad en las cuentas de las administraciones públicas, ajustar los gastos a los ingresos de las familias, trabajar más duro y mejor, investigar, desarrollar e innovar, emprender nuevos negocios que aporten valor añadido a la sociedad y, en definitiva, competir con excelencia para poder sufragar nuestro nivel de vida con exportaciones de bienes y servicios.

1. Competitividad internacional

Europa está ante una encrucijada histórica que determinará su papel geopolítico en las próximas décadas. Por un lado, los ciudadanos europeos se han acostumbrado a su actual nivel de vida con multitud de derechos "sociales" que son provistos, de forma ineficiente, por un gigantesco estado de "bienestar".

Y, por otro lado, aunque Europa dedica un presupuesto mínimo a los asuntos de seguridad interior y exterior porque cuenta con el paraguas protector de los Estados Unidos de América, la creación de riqueza en las naciones europeas viene descendiendo de manera imparable en las últimas décadas y, para retomar la senda del crecimiento económico, se requiere realizar una considerable reducción del gasto público e implementar reformas estructurales para ganar competitividad frente a las áreas económicas de los países emergentes como los denominados BRICKS (Brasil, Rusia, India, China, Corea del Sur y Sudáfrica).

2. Estructura de gasto público en España

Tal y como sucede en la mayoría de los países de Europa, y a pesar de los ajustes realizados en la administración central por el actual Gobierno de España, el gasto "social" sigue siendo excesivo porque todavía representa un 56 % sobre los capítulos I a VIII en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 [1] frente a un 58 % en los PGE 2011 [2] y, en el presente contexto de recesión económica y bajos ingresos tributarios, sigue lastrando —aún más— la economía española.

Esto último significa que, si queremos sanear las cuentas públicas para poder atender los pagos comprometidos por el Estado, sin necesidad de subir aún más los impuestos a las personas físicas y jurídicas [3][4], es imprescindible sumar la austeridad en la administración periférica y que el ajuste fiscal llegue con rigor y seriedad a las 17 Comunidades Autónomas y a las entidades locales porque, curiosamente, las Transferencias a otras Administraciones Públicas ascendieron desde 42.810,63 millones de € en el año 2011 hasta los 49.686,40 millones de € en los PGE 2012 [5].

Adicionalmente, ese porcentaje implica que sigue siendo excesivo (e insostenible) un gasto social de 175.382,70 millones de € sobre los 311.825,85 millones de € de los capítulos I a VIII, teniendo en cuenta que se ha reducido el dinero destinado a los servicios públicos básicos desde los 19.731,10 millones de € en el año 2011 hasta tan sólo 17.909,01 millones de € en el 2012 para Justicia, Defensa, Seguridad ciudadana e Instituciones Penitenciarias y Política Exterior.

Estos datos económicos explican por qué la mayoría de españoles tiene la sensación (o la certeza) de que no operan con la suficiente eficacia tanto el servicio exterior como la justicia y la seguridad. Es un hecho que los recursos públicos detraídos de nuestros impuestos se están dedicando a asuntos más "sociales" y "autonómicos", lo que está mermando la calidad de los servicios fundamentales que debería prestar un Estado a sus ciudadanos y que justifican su propia existencia como institución.

En definitiva que, para poder hacer frente a sus pagos, las Administraciones Públicas tendrán que rebajar las prestaciones sociales e introducirse el copago en multitud de servicios públicos en Europea, porque es la única vía económica para garantizar su sostenibilidad por medio de su provisión público-privada o sólo privada. La otra vía es la subida de impuestos, que provoca el estancamiento del consumo, desincentiva la función empresarial y, por tanto, nos sumerge con un mayor lastre en la recesión económica.

3. Toma de decisiones en política económica

La reticencia de los políticos a tomar decisiones económicas, para realizar los cambios necesarios en la estructura de gasto de las administraciones públicas, viene provocada por el deterioro electoral que tienen que asumir, y que sólo puede minorarse con una política de comunicación muy cuidada, que sea didáctica y logre transmitir adecuadamente los valores de transparencia, honradez, austeridad, esfuerzo y sacrificio que se requieren para salir de una crisis económica y financiera.

Sin embargo, es especialmente importante que arraigue con fuerza entre las autoridades el sentido de Estado y la visión estratégica a largo plazo que exigen la necesidad de gestionar con austeridad pública, con fomento del ahorro y con impulso de la empresarialidad, para dotar un área política y económica que compita con garantías de éxito en el contexto de la economía mundial, para lo cual el Euro puede ayudar, siempre que se le deje actuar como un patrón monetario, para que fuerce a los gobiernos hacia la reducción del gasto público y hacia las reformas estructurales; sin necesidad de recurrir a los déficit presupuestarios y a las emisiones de deuda soberana para financiarse que operan a medio y largo plazo en contra de los principios del crecimiento económico.

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