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Etiqueta: Enemigos de la libertad

¿Es la redistribución de rentas tan necesaria y deseable?

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

“Ninguna riqueza en el mundo ni distribución de ésta pueden comprar la paz y la armonía tan esenciales para la existencia humana”, Hans Sennholz

Hoy en día se da por hecho la necesidad y deseabilidad de la redistribución de las rentas, de las personas más adineradas y con más renta hacia las que carecen de recursos “suficientes” (cualquiera sea su significado). Dado que no partimos de situaciones de igualdad de condiciones por diversas razones, es necesario que la acción estatal intervenga para facilitar las cosas a aquellos que parten de las condiciones menos favorables. Muy simplificadamente, esta es una de las razones por las que se justifica un papel importante del estado en la educación, la sanidad, o en la misma distribución de la renta, entre otras parcelas.

En favor de la redistribución se suele apelar a toda una serie de argumentos éticos y morales, donde el concepto de “justicia social” juega un papel clave. Por ello, es importante analizarlos, y si fuera necesario, plantear críticas y alternativas.

Sin embargo, aquí me centraré, si bien de manera incompleta, en argumentos económicos que pueden aducirse para discutir la deseabilidad de la redistribución de la renta vía intervención estatal. La lista podría ser muy larga, como enumera Robert Higgs en Diecinueve consecuencias olvidadas de la redistribución de renta, por lo que me centraré en solo unos pocos.

Se suele decir que el hecho de que la riqueza esté acumulada en unas pocas manos, hace imposible el que se reduzca la desigualdad y se mejore el bienestar de las clases medias y bajas. Sin embargo, en una economía capitalista de libre mercado, la riqueza en forma de capital favorece a la mayor parte de la sociedad. Claramente, beneficia a los propietarios de ese capital, pero también tiene efectos positivos sobre los demás integrantes de la sociedad.

Por un lado, todos nos beneficiamos comprando los bienes y servicios sin cuyo capital no existirían. Y por otro, una mayor capitalización de la economía implica, aislando los demás factores, una mayor demanda de trabajo y mayor productividad, lo que empujará hacia arriba los salarios reales y/o el empleo.

Desde este punto de vista, los efectos de la redistribución obtendrían probablemente resultados contrarios a los perseguidos. Esto es debido a que se establecerá una tasa impositiva mayor a los que, en general, contribuyen más al proceso de capitalización de la economía. El resultado será una reducción del capital disponible, que asimismo afectará negativamente al nivel de los salarios reales y/o el empleo.

Aparte de esto, otros argumentos en contra de los impuestos progresivos y otras medidas de redistribución, podrían ser los siguientes.

El carácter desincentivador que estas medidas pueden tener sobre el trabajo y el esfuerzo. Como dijo Henry Hazlitt en un brillante artículo titulado La tarea a la que se enfrentan los liberales, “la doble pregunta que todo plan para aliviar la pobreza debe responder es: ¿cómo se pueden mitigar las penalidades del fracaso y la desgracia sin desincentivar el esfuerzo y el éxito?"

También en el área de los incentivos, estas medidas suponen un incentivo a la evasión y elusión de impuestos, a través de métodos legales y no legales, surgiendo así la economía sumergida.

Además, en la realidad, los impuestos progresivos sobre la renta no suelen afectar a los individuos con más riqueza, sino a los que aportan más al proceso productivo mediante el trabajo (más rentas). Por ello, resulta dudoso que sean los más ricos de una sociedad los que más contribuyan vía impuestos, siendo que éstos pueden tener su mayor parte de riqueza en forma de activos financieros, inmobiliarios o de otro tipo. Así, los que se ven más afectados suelen ser las clases medias, que son los más accesibles fiscalmente, tienen poca influencia política, suelen carecer de conocimientos acerca de “trucos” para escaquearse del pago de impuestos legalmente, etc.

Por tanto, cabe plantearse: ¿Disminuye el estado del bienestar realmente la pobreza? Aunque muchos responderían afirmativamente sin pensar un segundo, lo cierto es que existen casos históricos en los que un mayor esfuerzo gubernamental no ha supuesto una disminución de la desigualdad. Lowell Gallaway muestra en un artículo el caso norteamericano en la segunda mitad del siglo XX. Mientras que en 1969 las transferencias de renta suponían un 9% de la renta total, en 1994 esta cifra era del 16%. Sin embargo, la proporción del ingreso medio respecto al 20% de la población con menos ingresos aumentó en un 45% entre estos años. Es decir, a pesar del aumento del gasto público en la ayuda a los más necesitados, el resultado fue que la distribución de la renta se hizo más desigual.

Russ Roberts en su entrada sobre Caridad para una enciclopedia económica, habla del efecto expulsión que las acciones gubernamentales relacionadas con el estado del bienestar tienen, y han tenido históricamente –en concreto en la década de los 30 de la Gran Depresión en EEUU-, sobre las aportaciones individuales y voluntarias de ayuda a los más necesitados. Y concluye: “¿Qué pasaría si el gobierno dejara la caridad en ayuda de los pobres al sector privado nuevamente? La caridad privada seguramente incrementaría”.

Antes de la introducción del estado del bienestar entrado el siglo XX, a pesar de que la acumulación de capital y riqueza eran menores, existían alternativas para ayudar a los más pobres, centradas especialmente alrededor de organizaciones religiosas. El filántropo, teórico monetario y banquero Henry Thornton constata esta realidad en la Inglaterra de finales del XVIII y comienzos del XIX.

Como conclusión, podríamos decir que lo realmente importante de un sistema social y económico, es que se asegure la posibilidad de mejora de la situación de los individuos, gracias a su esfuerzo personal y la ayuda voluntaria que se pueda conseguir, y se ofrezca la mayor garantía de éxito al mayor número posible de personas de conseguirlo.

En recesión, pero con un sincrotrón

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

"… (es) un buen ejemplo de para qué sirven los impuestos que pagan los ciudadanos, invertidos inteligentemente y que revierten en la sociedad, en el futuro, en la calidad de vida". La cosa en cuestión ha costado más de 200 millones de euros desde 2003, y hasta 2022 el gasto ascenderá a los 400.

Si usted leyera en la portada de este periódico que países como Burundi o Mozambique, que tienen un nivel de pobreza del 68% y 70% respectivamente, han montado el mayor acelerador de partículas de África, ¿qué pensaría de ellos? Bueno, que son países donde sus políticos viven totalmente despreocupados de la población, no les importa en absoluto el nivel de vida de sus ciudadanos y que tiranos así tendrían que estar en la cárcel.

España cuenta ahora mismo con 4,1 millones de desempleados, sin maquillar las cifras. El informe Avance del Mercado Laboral refleja que el presente mes puede acabar con una tasa de desempleo oficial del 20%. Somos el único país de la UE que aún está en recesión.

El miércoles, la compañía de rating Fitch rebajó la calificación de Portugal poniéndola en perspectiva negativa. El Ibex bajó más del 1% debido al miedo de los inversores a que a España sea el siguiente objetivo de las empresas de rating. ¿Se ha dado cuenta el Gobierno de cómo está el país y de cómo pueden sufrir sus ciudadanos? No están entrando inversores en el país, se están yendo.

¿Cree Zapatero que una cosa que no da ningún beneficio como el sincrotrón (y que por eso mismo lo paga el Gobierno) nos "abre una buena ventana al futuro", es dinero "invertido inteligentemente" y aumenta "la calidad de vida" del ciudadano español? ¿Qué pensarán en Europa de barbaridades como esta? Pues lo mismo que haríamos nosotros si Zapatero presidiera Burundi o Mozambique. Lo único que se le puede ocurrir a un inversor alemán, francés, inglés o americano es que los políticos de aquí viven en una república bananera. Que España es un país tercermundista por ser incapaz de adecuar la política a la realidad.

Los políticos siempre tienen sus propios intereses que no tienen nada que ver con los de la población. El dinero que va al Estado es el usurpado al ciudadano. No hay más.

En este diario se ha planteado un debate sobre la subida del IVA. Hay analistas favorables y en contra. Piense como ciudadano en lugar de ponerse el gorro de gran analista y estadista. ¿Quiere que su dinero se tire en cosas así? ¿De verdad piensa que el sincrotrón es sólo una anécdota curiosa del Gobierno? Pues tiene muchos más ejemplos: consulte esta nota que escribí en mi blog, Déjate robar insolidario. El despilfarro del Gobierno es inimaginable. Ningún ciudadano, analista ni gran economista tiene capacidad alguna en decidir o influir en qué cosas inteligentes se ha de gastar el dinero el Gobierno. Eso es trabajo del libre mercado. De las necesidades de las personas y las empresas. El Estado sólo gasta el dinero en comprar votos y favorecer a sus lobbies. En las decisiones políticas no hay sentido común, ni responsabilidad, ni sensatez.

El Gobierno es como un cáncer. La única forma de limitar su daño es extirparlo con un duro tratamiento para el paciente. Es doloroso, deja secuelas temporales, pero nos garantiza acabar con el problema del todo. Curar un cáncer con paños calientes y aspirinas no es pragmático, sino un gran error.

Subir los impuestos, cualquiera de ellos, no es negociable. De igual forma que no lo es que nadie nos robe por el bien de todos o por nuestro bien. Porque los impuestos siempre son eso, un robo a la propiedad. Sólo hay una solución a la crisis de España. Menos poder para los poderosos. Una menor área de influencia del Estado. Tal vez parezca difícil conseguirlo, pero pensar que subir impuestos va a repercutir en el bienestar del ciudadano y nuestros hijos, es una auténtica irresponsabilidad cívica por más responsable que sea políticamente.

Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

El Estado debe obligar a los hijos a cuidar a sus padres

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Si defendiera lo que dice el título no sólo protestarían los liberales, sino todos los hijos en general. Sin duda, quieren a sus padres y se preocupan por su bienestar, pero ninguno cree que deban estar legalmente obligados a cuidar de ellos. La ayuda se presta de forma voluntaria. Incluso si se trata de padres en situación muy precaria, que han criado a sus niños con gran pena y esfuerzo durante años, nadie apoya una ley que redistribuya renta entre familiares o que reconozca el derecho social a vivir en casa de los hijos.

Sin embargo, cuando hablamos de gente desconocida, el espíritu y el lenguaje de la voluntariedad son rápidamente sustituidos por los de la imposición. La solidaridad y el deber moral ya no consisten en prestar ayuda al prójimo por propia iniciativa, sino en cargar impuestos para satisfacer derechos sociales.

¿No es paradójico que tengamos, hacia individuos anónimos de los que ignoramos su integridad o sus méritos, obligaciones que no tenemos ni para con nuestros padres o seres más queridos? Si alguien no cuida de sus padres como merecen, le acusamos de ser un mal hijo, pero no pedimos que lo metan en la cárcel. Nadie nos tacha de insolidarios por no exigir que el Estado obligue al hijo a asistir a sus progenitores so pena de cárcel.

En cambio, si alguien se resiste a la redistribución de sus ingresos es multado, embargado y, a la postre, encarcelado. Si alguien expresa su opinión en contra de esa redistribución forzosa es calificado de insolidario, dando por descontado que esa postura emana de un sentimiento egoísta o de indiferencia hacia las necesidades de los demás.

“Si no crees que una persona tiene derecho a una vivienda o a una pensión digna, ¿significa que te da igual que duerma debajo de un puente o que no disponga de dinero durante su vejez?” Es la típica reacción del estatista a la postura del liberal. Como dice Theodore Darlympe, el socialismo atrofia la imaginación. Fuera de los derechos sociales parece que no sepan concebir ninguna alternativa a que la gente viva bajo un puente o los ancianos se mueran de hambre. No reparan en que el liberal, en lugar de limitarse a tranquilizar su conciencia apelando a supuestos derechos sociales, prefiere interesarse por la materialización práctica de ese derecho; a saber, cuál es la mejor manera de proveer viviendas a precios asequibles y hacer que nuestros mayores disfruten de cuantiosas pensiones, concluyendo que hay que liberalizar el suelo y privatizar las pensiones para que los trabajadores puedan capitalizar sus ahorros. Al final es el liberal quien pregunta al estatista: “¿te da igual que una persona duerma debajo de un puente o que un anciano tenga una pensión mísera mientras tu Estado del Bienestar declare solemnemente que garantiza una vivienda y una pensión digna a todos?”.

Lo más curioso, como señala Bryan Caplan, es que el Estado del Bienestar, con sus programas universales, ni siquiera cobra a los ricos para ayudar a los pobres. Retórica aparte, la redistribución es básicamente horizontal, y esto es así por razones de incentivos, grupos de interés y dinámica electoral. El Estado no carga un impuesto a Pedro para ayudar a Juan, cargan un impuesto a Pedro para ayudar a Pedro. O, en palabras de Bastiat, “el Estado es la ficción por la cual todos pretenden vivir a costa de los demás”.

Estado de Bienestar, una teoría con pies de barro

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

La teoría económica dominante, basada en la Justicia Social, se ha materializado en la mal llamada Economía del Bienestar, hoy vigente en la mayoría de países occidentales, propagándose además como un virus letal que todo lo infecta entre las facultades de Económicas de medio mundo. Como consecuencia, economistas y políticos centran toda su atención en cómo redistribuir de la forma más eficiente posible la riqueza que posee una determinada sociedad.

Es lo que se conoce como intervención pública y, por desgracia, las escasas críticas que recibe consisten, casi exclusivamente, en poner en duda la buena gestión de los recursos disponibles. Es decir, en denunciar el despilfarro en el que tan habitualmente caen los organismos estatales. Sin embargo, dicho planteamiento adolece de un vicio circular de imposible resolución si los agentes implicados no alcanzan a comprender la naturaleza misma de la ciencia económica.

El esquema teórico vigente que guía a la Economía hace aguas en su misma base y, por ello, se formulan respuestas inadecuadas a preguntas erróneas. Así, la clave no radica en dilucidar si el poder público gestiona bien o mal unos recursos escasos que se suponen dados a fin de evitar su despilfarro, sino en cómo articular un marco institucional adecuado para que florezca la innata capacidad creativa del ser humano y, de este modo, impulsar al máximo la función empresarial, principal motor del desarrollo económico y social.

La Economía del Bienestar construye su armazón en torno al concepto de "eficiencia estática", una estrecha y reducida dimensión de la teoría económica, ya que tan sólo analiza cómo mejorar la administración de los recursos disponibles para minimizar su despilfarro. No cabe duda de que el desarrollo y profundización de esta parcela ha cosechado grandes éxitos en el ámbito de las Ciencias Naturales, y más concretamente, en la Física (eficiencia energética) y en la Ingeniería Mecánica, pero su hegemonía ha terminado por imponerse igualmente en el campo de la acción humana, esto es, las Ciencias Sociales y la Economía, con nefastos resultados.

De hecho, tal y como muestran las enseñanzas del afamado Leon Walras, la economía neoclásica, mayoritaria en nuestros días, constituye una copia casi exacta de las aplicaciones propias de la física mecánica del siglo XIX. Conceptos tales como la "necesaria" redistribución de la renta (Arthur Pigou) y de la riqueza (Wilfredo Pareto), bajo la falaz excusa de alcanzar el máximo nivel de "bienestar" social posible, parten precisamente de este error. A saber, concebir la eficiencia como algo únicamente estático, sin tener en cuenta la dimensión creadora y especulativa que, desde sus orígenes, tenía el concepto de eficiencia económica.

Y de aquellos barros estos lodos. La preeminencia de la eficiencia estática en el cuerpo de la teoría económica continuó desarrollándose a lo largo del siglo XX hasta plasmarse plenamente en el ámbito político bajo el título "Estado de Bienestar". De este modo, durante décadas la Economía ha descuidado por completo su esencia misma al marginar de su análisis y estudio la eficiencia dinámica que, tal y como señala Jesús Huerta de Soto, consiste en "la capacidad para impulsar, por un lado, la creatividad empresarial y, por otro lado, la coordinación, es decir, la capacidad empresarial para buscar, descubrir y superar los diferentes desajustes sociales".

Así pues, más allá de la administración eficiente de la casa familiar (eficiencia estática), el problema económico fundamental consiste en cómo incrementar la hacienda actuando empresarialmente y comerciando con ella (eficiencia dinámica). Un campo clave que, sin embargo, ha quedado relegado al más absoluto olvido en la mayoría de los manuales que emplean los estudiantes y profesores de Económicas.

La función empresarial, o si se prefiere la acción humana –tal y como enfatizaba Ludwig von Mises en su Tratado de Economía–, no consiste esencialmente en asignar medios dados a fines también dados de una forma óptima sino que, básicamente, consiste en buscar, descubrir y darse cuenta de nuevos fines y medios de forma activa y creadora.

Y es que, el hombre más que homo sapiens es homo agens o, si se prefiere, un homo empresario que actúa aprendiendo del pasado y usando su innata capacidad creativa (justo lo que nos distingue de los animales) para imaginar el futuro y, así, poder ir creándolo paso a paso.

Es lo que Mises denomina Praxeología, un campo de estudio en el que la teoría de la eficiencia dinámica cobra un papel primordial. Y es que, bajo este nuevo prisma todo cambia. Lo relevante no es alcanzar el máximo nivel de producción posible evitando el despilfarro y la óptima asignación de unos recursos dados mediante la redistribución, sino potenciar las capacidades empresariales del hombre para lograr ampliar continuamente una hipotética frontera máxima de producción que, gracias a la aparición de nuevos descubrimientos antes no concebidos, termina por convertirse en una curva difusa debido a su constante crecimiento y avance.

De este modo, el enfoque de la eficiencia dinámica sitúa la empresarialidad en el centro del cuerpo teórico, y sobre esta sólida base se construye el resto del edificio derribando, simultáneamente, los agrietados y constreñidos muros que encorsetaban, dejando sin respiración, a la ciencia económica. La adopción de dichas lentes dinámicas modifica la perspectiva del mundo.

Lo importante en el mercado no es alcanzar resultados "óptimos", sino propiciar las condiciones necesarias que favorezcan la creatividad empresarial. Es decir, orientar la política económica hacia la configuración de un marco institucional que respete al cien por cien la propiedad privada, potencie los intercambios comerciales de carácter voluntario, garantice el cumplimiento de los contratos y, en resumen, favorezca la actividad empresarial.

La sociedad más justa y ética será, pues, aquélla que con mayor energía y solidez defienda la empresarialidad inherente que yace en el espíritu de cada ser humano. Por ello, dicha concepción es incompatible con la existencia de un marco institucional caracterizado por el paternalismo estatal, la coacción política, los esquemas de redistribución (Economía del Bienestar) o la ausencia de plena libertad para ejercer el intercambio voluntario y, sobre todo, la función empresarial. La "eficiencia dinámica" es la llave maestra que abre la puerta a un nuevo mundo, no sólo económico sino también social y político.

Trasvase, otra palabra maldita en el PP

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Zapatero firmó el decretazo anti PHN antes de fumarse el primer pitillo como presidente del gobierno, y Marcel-lí Iglesias, Maragall y Carod-Rovira se enfundaron unos meybas y se fueron a la desembocadura del Ebro a celebrarlo con cava. Sólo les faltó acercarse a Villena a miccionar sobre la primera piedra del trasvase del Ebro, imagen que hubiera esmaltado perfectamente el compromiso de los nacionalistas y socialistas con la vertebración territorial de la nación española.

Los cuatro ignorantes del apocalipsis oficiaron de esa forma tan cateta el pretendido ritual de su victoria sobre Aznar, ese facha, pero lo que en realidad hacían era contravenir una ley del Reino de España a cuyo mandato estaban ellos obligados en primer lugar, en tanto dirigentes institucionales. Sobre la responsabilidad de Zapatero en el desafuero, sobra cualquier comentario, dado que la rebeldía constitucional es la nota característica de su estilo de gobierno.

Lo interesante en todo este asunto es que el partido de Aznar haya preferido de nuevo, de la mano de Rajoy, diluirse en el paisaje, para no desentonar ni siquiera en uno de los problemas graves de una parte de España, de cuya defensa había hecho siempre gala, con espléndidos resultados electorales.

Hoy es el día en que no sabemos aún qué opina Rajoy sobre el problema del reparto del agua entre las zonas húmedas y secas de España, porque ha hablado tan poco y de forma tan críptica que sus declaraciones podrían ser esgrimidas por defensores de tesis completamente opuestas. Es cierto que el programa electoral del PP contempla la necesidad de llevar el agua sobrante de unas cuencas a las deficitarias, y que, si juzgamos a un partido por lo que hace cuando está en el poder, también lo es que antes de ser desalojado del gobierno el PP aprobó el PHN y procedió simbólicamente a su puesta en marcha. Pero es igualmente innegable que, desde que está en la oposición, en el partido de Rajoy se oyen más las voces de los que quieren blindar los ríos a su paso por el territorio de su comunidad que los que exigen el cumplimiento íntegro de lo contemplado en el último programa electoral.

Sin ir más lejos, María Dolores de Cospedal, a la sazón secretaria general del partido –un partido con vocación nacional–, ha sido la principal impulsora de la cancelación del único trasvase que trae agua al sediento levante español, rubricando con su firma el texto de una reforma estatutaria en Castilla-La Mancha que establece expresamente la muerte del Tajo-Segura. Si el contrato que el PP ofrece a sus votantes incluye en lugar destacado su apoyo al reparto del agua con criterios de solidaridad interregional y la segunda de a bordo dedica sus mayores esfuerzos a promover todo lo contrario, algo debería decir el presidente del partido, para aclarar la confusión que sin duda atenaza a los que le otorgaron su voto en las zonas sedientas de la península.

Rajoy es partidario de llevar agua a las zonas que las necesitan cuando hace campaña allí, y exquisitamente discreto cuando le preguntan al respecto en las cercanías del Ebro, el Duero o el Tajo, mayormente para no molestar a los progres sostenibles y altermundistas, no sea que le acusen de depredador del medio ambiente.

Para mala suerte del gallego, resulta que en las regiones que demandan el agua sobrante de otras zonas de España –a las que, por cierto, ampara absolutamente la legislación en la materia– gobierna su mismo partido, con unos dirigentes regionales que no parecen dispuestos a traicionar a sus votantes, sobre todo porque están mucho más cerca de ellos que sus jefes asentados en los cómodos despachos de la calle Génova.

No pretendo decir que estemos ante el inicio de un proceso de rebelión interna en el PP, pero las elecciones autonómicas son a comienzos del año próximo y los políticos del sureste también necesitan imperiosamente ganarlas. Dada la habitual falta de escrúpulos en la clase política, no nos asombraríamos de nada de lo que pudiera ocurrir. ¿Y Rajoy?

España en 2010

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Echando la vista atrás, no cabe duda de que el pronóstico se ha cumplido: acabamos de sufrir la mayor recesión económica de las últimas décadas tras registrar una caída del PIB superior al 5% –si se descuenta el peso de los estímulos públicos–; un paro muy próximo al 20%; y un intenso descuadre en las cuentas estatales, con un déficit superior al 7% a cierre de año.

Ahora bien, ¿qué cabe esperar de 2010? Organismos y analistas ofrecen sus previsiones para el año entrante. En este sentido, lo primero que cabe resaltar es que este tipo de pronósticos son inútiles, ya que fallan estrepitosamente en la inmensa mayoría de los casos. Son meras adivinanzas carentes de valor porque, entre otras cosas, hacen uso de modelos estáticos de naturaleza matemática que, partiendo de teorías económicas erróneas, no contemplan un principio básico en economía: el futuro está por hacer. Por ello, si fallaron en 2009, es muy probable que también lo hagan en 2010.

Sin embargo, sí es posible atisbar ciertas tendencias en España de cara a los próximos 12 meses. En concreto, una positiva y dos negativas. La buena noticia es que, tal y como cabía esperar, la recesión ha logrado purgar en 2009, al menos parcialmente, los excesos que generó la expansión crediticia orquestada por la banca central en la última década. El sobredimensionado sector inmobiliario se está ajustando, aunque muy lentamente, el consumo y la demanda de crédito caen con fuerza, el ahorro crece a tasas históricas y las empresas reducen costes y ajustan plantillas. Es decir, los agentes privados se están apretando el cinturón para sobrellevar su pesada deuda.

Como resultado, la crisis se ha llevado por delante 300.000 empresas y casi dos millones de puestos de trabajo. Sin embargo, la sana limpieza que aplica el mercado aún no se ha completado y, de hecho, se está postergando sine die por culpa de la intervención estatal. Como era de esperar, el Gobierno se ha puesto manos a la obra y, haciendo uso de la deuda pública, ha hecho lo peor que podía hacer.

Esto es, intentar salir al rescate de la economía mediante políticas de gasto: entre otras medidas, crear empleo artificial (Plan E); subvencionar la compra de coches; ampliar prestaciones por desempleo; comprar stock inmobiliario e impulsar la construcción de VPO; ingentes ayudas públicas a sectores industriales (industria, carbón, renovables…); concesión de créditos públicos (ICO); permitir trampas contables y refinanciaciones inútiles con el fin de retrasar la necesaria reestructuración y la quiebra de entidades financieras.

Los efectos de estas políticas ya son visibles: aumento récord del déficit público, subida de impuestos y restricción del crédito a empresas y familias solventes (crowding out). Si a ello se suma la inexistencia de reformas estructurales para mejorar la competitividad de nuestras empresas en el exterior, tan sólo cabe concluir que el Gobierno está impidiendo la ansiada recuperación económica.

Así pues, 2010 será una continuación de 2009. La agonía se prolongará gracias a la intervención del sector público. Si bien es posible que el PIB repunte en algún trimestre, el crecimiento económico será prácticamente nulo e incluso no se descarta un nuevo cierre en negativo. De este modo, España corre el riesgo de enquistarse con una tasa de paro estructuralmente elevada, próxima al 20%, ante la imposibilidad de generar empleo. Además, no cabe esperar ningún cambio de rumbo o corrección por parte del Gobierno.

Y es que es muy probable que el Ejecutivo socialista mantenga su estrategia de estímulos públicos e inexistencia de reformas y austeridad en las cuentas para mantener la pax social y asegurarse la reelección en 2012. Eliminar partidas presupuestarias y recortar de forma drástica ayudas públicas es un precio electoral que, hoy por hoy, no está dispuesto a pagar el PSOE. Así, de mantener esta senda, 2010 podría ser, sin duda, el inicio del fin. Un punto de inflexión a peor ya que, en ese caso, el Gobierno aumentará aún más la deuda y subirá otra vez los impuestos, convirtiendo en depresión lo que hoy es ya una intensa y larga recesión económica.

Verde no, roja

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

No es que la previsión fuera tranquilizadora, porque en esas materias se puede hacer mucho daño a la economía del país y Zapatero es un virtuoso del desastre, pero cuando leemos el resumen de la vicepresidenta económica con los puntos más destacados de la nueva normativa es inevitable reconocer que los socialistas nos han vuelto a sorprender.

O sea, que el principal escollo que nos impide salir de la crisis es el sueldo que los accionistas de una empresa pagan voluntariamente a sus gestores, delito de leso socialismo que el Gobierno se propone remediar con esta ley, anunciada como la iniciativa estelar de esta segunda legislatura. Porque además de ciertas reformas legislativas para agilizar la pesada burocracia estatal y las habituales apelaciones al apoyo a la investigación y el desarrollo, lo más destacado de este proyecto de ley, a juzgar por la sinopsis de la ministra Salgado, es la decisión de Zapatero de controlar lo que las empresas pueden o no pagar a sus ejecutivos. Sobre los tres sueldos de la Pajín o los cinco de de Cospedal, en cambio, el Gobierno no dice nada, convencido tal vez de que la labor de los políticos profesionales es mucho más importante que la de los ejecutivos de una multinacional. Y en parte es así, porque si los directivos de las grandes compañías hacen ganar dinero a los propietarios de la empresa, no vea usted la paletada de pasta que algunos políticos hacen ganar a los propietarios de terrenos urbanizables o a los productores de cine.

Por otra parte, seguimos sin saber a qué se refiere Zapatero cuando propone un nuevo modelo productivo, exactamente igual que le ocurre a él mismo. Si el arcano de la sostenibilidad ha sido desvelado en esta ley, la Salgado lo oculta al público, salvo que la clave para la nueva economía productiva, sostenible y respetuosa con el calentón global sea vigilar de cerca lo que gana el presidente del Santander y su equipo directivo. Que igual lo es, no pongamos trabas a la imaginación del Consejo de Ministros. Y si no es así, al menos ya han dado un titular a los medios "progresistas" y una mano de vaselina a electores de extrema izquierda, encantados de creer que Zapatero castiga a los ricos aunque estén en el paro y sin poder llegar a final de mes.

La sostenibilidad de Zapatero es básicamente esa, mantener subsidiados a sus votantes y darles su ración mensual de radicalismo legislativo. Este mes ya llevan recetadas dos dosis generosas, con la ley del aborto y ésta otra para la economía "roja". Todo un atracón, y eso que todavía no es Navidad.

Artistas y sindicados, todos paniaguados

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

El pasado viernes los culturillas reclamaron un mayor grado de intervención pública e, incluso, hicieron un dantesco llamamiento para manifestarse contra los empresarios, a los que en gran medida culpan del aumento del paro.

Este martes, el turno ha sido para CCOO que, ni corto ni perezoso, aboga por reducir la jornada laboral y que el Estado abone el recorte de salarios que, en todo caso, se produciría. No voy a entrar aquí a valorar esta medida, cuyo fracaso ha sido rotundo en la vecina Francia. Para aquellos que quieran profundizar en el tema pueden consultar numerosos artículos, por ejemplo, aquí, aquí y aquí.

Basta con decir que, de llevarse a cabo, y dada la profunda crisis que padecemos, la recuperación económica será una mera utopía. La depresión se enquistaría hasta tal punto que España se convertiría nuevamente en un emisor neto de emigrantes en busca de un trabajo y un futuro mejor fuera del país.

Mi objetivo no es, pues, enumerar los nefastos efectos de tales políticas sino desenmascarar a los autores de tales necedades económicas. Y para ello, tan sólo es necesario acudir al diccionario para condensar y resumir en un mismo término la verdadera naturaleza de tale grupos sociales. La palabra en cuestión es paniaguado: "servidor de una casa, que recibe del dueño de ella habitación, alimento y salario; allegado a una persona y favorecido por ella".

Artistas y sindicatos viven por y para el Estado. Son unos mantenidos, cuyo único fin es acrecentar el poder del Gobierno y, así, aprovecharse aún más de la posición privilegiada que le ha otorgado su dueño. En este sentido, actúan igual que un perro fiel. Ya sea por mandato o iniciativa propia, ladran, e incluso muerden si es necesario, de forma instintiva para proteger y ayudar a su amo. El problema es que, por desgracia, en este caso el perro es un lobo, puesto que sus acciones repercuten negativamente en el bienestar del resto de ciudadanos.

No es algo nuevo. En concreto, la alianza entre el mundo de la cultura y el poder político se fraguó, curiosamente, en pleno auge del absolutismo francés. Para más señas, durante el reinado de Luis XIV (El Rey Sol), allá por el siglo XVII. Fue entonces cuando, bajo la férrea dirección económica de Jean-Baptiste Colbert (1619-83), los artistas comenzaron a vivir de la sopa boba gracias a la protección estatal.

Colbert, el paradigma del mercantilismo, quiso poner bajo su tutela la vida intelectual y artística de Francia. Su objetivo, asegurarse de que este gremio, hasta entonces una profesión como las demás, sirviese para glorificar al rey y, por tanto, los intereses del Estado –"el Estado soy yo", frase atribuida a Luis XIV.

La máxima autoridad económica del Rey Sol organizó a los artistas e intelectuales en academias y les apoyó financieramente para comprar sus servicios, mediante cuantiosas subvenciones y la concesión de proyectos gubernamentales. La Academia Francesa fue nacionalizada con el fin de defender e impulsar la lengua nacional. La Academia de Pintura y Escultura, que ostentaba el monopolio de la instrucción artística, se puso a las órdenes del Rey. Colbert fundó, además, una Academia de Arquitectura para trabajar en el diseño y construcción de los grandiosos edificios estatales y onerosos palacios.

También creó un monopolio teatral y musical, hasta el punto de que ninguna compañía u orquesta podía tocar en París sin previa autorización de dichos organismos que, cómo no, vivían de los fondos públicos. El Gobierno absolutista francés concedió amplios subsidios y subvenciones para mantener a sus fieles siervos artísticos e intelectuales. Exenciones fiscales, nombramientos, donaciones… Toda una serie de prebendas comenzaron a fluir hacia este grupo de privilegiados, aniquilando así su espíritu de independencia… Hasta hoy.

Por supuesto que no todos los artistas ni sindicados comen de la mano de Papá Estado, pero es evidente que como grupo, siguen conformando una casta particular dentro de la sociedad francesa y, por supuesto, española. No obstante, la llegada de los Borbones (de origen francés) al trono de España también conllevó el traslado de ciertas costumbres.

En definitiva, artistas y sindicados, todos paniaguados, ya que su fin es servir al Estado, no a la sociedad civil. De ahí su interés y obsesión por acrecentar el poder del Gobierno (socialismo). Pese a todo, no deja de ser curioso que en lo que respecta a los artistas la política de la subvención pública fuera instaurada por el mayor déspota del Antiguo Régimen, que aún por encima era Rey, ¿no creen?

Artistas contra su crisis

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Así, un manifiesto sobre la crisis firmado por artistas por el hecho de ser artistas debería ser poco más que irrelevante. ¿Se imaginan un manifiesto de artistas sobre la física nuclear o sobre la química estructural? No, porque todo el mundo sería consciente desde un principio de que estarían haciendo el más espantoso de los ridículos.

Con la economía, sin embargo, los de la farándula parece que tienen barra libre. No digo que la profesión económica no haya contribuido mayoritariamente al descrédito y a la vulgarización de su ciencia, pero desde luego los errores de unos no justifican las barbaridades de otros.

Nuestros artistas consideran que la crisis es responsabilidad de haber dejado que "los capitales financieros y los mercados sean los únicos reguladores de las relaciones económicas" y de haber entregado absoluta libertad a los bancos para "incrementar artificialmente la deuda con tal de ganar más dinero". No se preguntan, claro, qué papel juegan en todo este tinglado los bancos centrales, esos monopolios públicos sobre la emisión de un dinero "de curso forzoso" (¡viva el libre mercado!) que no es ya que dejaran a los bancos privados incrementar su deuda en libertad, sino que les incentivaron a hacerlo colocando durante varios años los tipos de interés a niveles artificial y ridículamente bajos.

"¡Ah!", dirán los artistas, semejante plutocracia se debe a la "complicidad de las autoridades con los poderosos que controlan el dinero y las finanzas, esto es, la falta de una auténtica democracia". Gruesas palabras que una vez más no significan nada. ¿O acaso esperan que de haber sometido a votación popular las deliberaciones de los bancos centrales "el pueblo soberano" hubiese votado a favor de subidas de los tipos de interés? ¿Acaso el pueblo llano –y el no tan llano– no era el primero entusiasmado con que los bancos le ofrecieran hipotecas casi gratis? No deberían olvidar nuestros artistas que siempre que los bancos prestan dinero a alguien es porque ese alguien quiere endeudarse. ¿Hubo muchas reticencias al endeudamiento por parte de familias, empresas y administraciones públicas en España y Estados Unidos? No lo parece, habida cuenta de que no sólo el endeudamiento de los bancos, sino el de todos los agentes pasó a estar en máximos históricos.

Claro que quizá a las pobres clases proletarias no les quedó más remedio que endeudarse debido a la implementación de "políticas neoliberales basadas en reducir los salarios y la presencia del Estado, el gasto social y los impuestos progresivos para favorecer a las rentas del capital". El problema, vaya por donde, es que desde la Gran Depresión nunca los salarios, el peso del Estado y la presión fiscal fueron más elevados que en los diez años durante los que se gestó la crisis. 

Y si en enumerar las supuestas causas de la debacle nuestra "cultura" no ha estado muy acertada, a la hora de proponer recetas para favorecer la recuperación todavía han estado menos atinados: más gasto público, nuevas subidas de impuestos y más regulaciones públicas. Justito justito lo que está haciendo con gran éxito Zapatero para hundir nuestra economía so pretexto de reanimarla. Será por eso que Willy Toledo no ha firmado, de momento, el manifiesto de los artistas, demasiado moderadillo y ultracapitalista para un genuino izquierdista como él.

Pero en cualquier caso ahí tienen la variedad de alternativas de que dispone la izquierda. Más derroche, más expolios y menos libertad. En lo único en lo que difieren es en los grados. El tibio Zapatero logrará un 25% de paro y sus recetas, de aplicarlas, nos llevarían al 50%. Pero de recuperación y creación de riqueza, nada de nada.

Será, pues, que el arte tiene poco que ver con la ciencia económica. Claro que también cabe la posibilidad de que los artistas no estén haciendo economía, sino política. Ya conocen esa máxima que reza que "la política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros". En nuestro país, sin embargo, el mundo de la cultura ha conseguido con sus movimientos de ceja convertir la política en el arte de obtener el dinero de los pobres y el voto de los ricos para proteger a los segundos de la libre competencia de los primeros. ¿Entienden ya por qué no les gusta el mercado? Ahí afuera hace mucho frío como para ponerse a ganar el pan honradamente sirviendo a los consumidores.

¿Para qué sirven los presupuestos?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

De este modo, el Gobierno debía justificar de antemano de dónde obtendría los recursos y a qué los destinaría, no pudiendo desviarse ni un milímetro de semejante declaración.

El keynesianismo y su insaciable recurso a la deuda pública, sin embargo, enterraron esta constringente finalidad del presupuesto. De límite a la acción arbitraria del Gobierno se convirtió en un instrumento de "política económica" destinado a "estabilizar" la economía, recurriendo, no al pago religioso de impuestos que repercute con severidad y realismo sobre las generaciones presentes, sino a la adicción a un endeudamiento que traslada y diluye el coste entre las generaciones futuras.

Así, el sarao que durante estos días se celebra en el Congreso de los Diputados difícilmente va a parir un documento que refleje en alguna medida la realidad y las previsiones de futuro. El debate presupuestario es un inútil ritual donde todos mienten y todos saben que mienten. Desempeñan su papel de (irresponsables y falsos) representantes del pueblo que debaten durante largas y tediosas sesiones como si les fuera algo en ello, como si les importara lo más mínimo la fuente y el destino de esos 150.000 millones que arrebatan cada año a los sufridos contribuyentes.

De nada sirven unos presupuestos que no se conciben para ser cumplidos sino, precisamente, como una formalidad que le permita al Gobierno hacer de su capa un sayo. Lo que buscan es aprobar un documento que nazca ahogado en las milmillonarias emisiones de deuda que ya tiene pensado acometer Zapatero. De nada sirven porque aunque se cumplieran, nuestro país –todos nosotros– estaríamos condenados por esta casta política a seguir despeñándonos por el precipicio.

Merece la pena recordar en este punto dónde está nuestra economía: nos hemos endeudado hasta decir basta durante casi una década con el extranjero para especializarnos en construir bloques de hormigón a precios que casi hicieron palidecer al Palacio Imperial de Tokio. Ahora, cargamos que el peso de una deuda que esperábamos amortizar vendiendo inmuebles a los inocentes guiris y que, sorpresa, ya no tenemos manera de minorar salvo reduciendo drásticamente nuestro consumo, aceptando sueldos menores, recortando los precios de los bienes y servicios que vendemos al extranjero y, sobre todo, permitiendo que el valor de las viviendas se hunda hasta niveles que hagan rentable reutilizar en otras actividades todos esos cementerios de ladrillo. En otras palabras, ahorro, austeridad y tocar con los pies al suelo para captar los recursos que nos permitan, primero, amortizar nuestro elevadísimo endeudamiento y, segundo, reorientar nuestra estructura productiva.

¿Y qué nos ofrece el Gobierno para ello? Gasto, gasto, gasto y más impuestos. Fantástica receta para pulirse el escaso ahorro que hemos ido generando gracias a nuestros sacrificios y para impedirnos que repitamos experiencia en el futuro debido al estallido cada vez más inminente de nuestras obligaciones tributarias.

Dispendios que para más inri van a parar en dos direcciones, a cada cual peor: la primera, a recolocar a los pobrecitos constructores que adictos al cemento sólo quieren cambiar el adjetivo del sector en el que trabajan, obra privada por pública; la segunda, en mantener con aguinaldos a unos cinco millones de desempleados a los que el propio Gobierno y sus amados sindicatos impiden trabajar por puro sectarismo ideológico. No sólo, pues, el Estado nos obstaculiza la reducción de nuestro insostenible endeudamiento, sino que además se dedica a impedir que la economía se reestructure y a tapar los agujeros que él mismo abre con contumacia.

Tenebroso panorama al que este sainete del Congreso sólo puede hacerle honor. Una economía moribunda a la que nuestros políticos se encargan de propinarle la puntilla, tanto en el fondo como en las formas.