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Etiqueta: Enemigos de la libertad

El oro del César

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

A mediados de mayo de 2002, los entonces presidentes del Gobierno, José María Aznar, y el de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, inauguraron con pompa y boato la remodelación del intercambiador de transportes de Nuevos Ministerios. Entre las principales novedades que presentaba, una terminal de facturación que permitiría a los usuarios del aeropuerto dejar las maletas en el centro de Madrid, y libres de bultos, dirigirse a tomar sus vuelos. Sobre el papel era un sistema cómodo y rentable y las autoridades públicas, la Comunidad y el Ministerio de Fomento, seguros de su éxito, lo publicitaron con exceso. Pero la realidad es cabezona. Siete años después los mostradores de facturación permanecen cerrados.

Cualquier empresa que con su dinero hubiera acometido tal proyecto, además de cesar o despedir a los responsables, hubiera analizado las razones del fracaso. Pero los poderes públicos no juegan con su dinero, sino con el del contribuyente, y los fracasos raramente tienen un precio político. Pese a las previsiones, a la gente no le gustaba dejar sus maletas tan lejos de los aviones en los que iban a embarcar. Pero la ineficacia iba más allá, el trazado del metro sólo llegaba a las terminales que en ese momento existían. Cuando el Ministerio de Fomento inició y construyó la terminal T4, que acaparó Iberia, la facturación en Nuevos Ministerios dejó de tener sentido, pues este medio de transporte no llegaba hasta allí. La aerolínea española anunció su intención de no facturar en estos mostradores, dada la dificultad logística de llevar las maletas a la T4 y poco después el resto de aerolíneas siguieron su ejemplo.

La terminal de facturación fue un rotundo fracaso, pero en muchos casos es difícil establecer cuando una obra pública es rentable o no, porque no vende nada. Por mucho que la M-30, autopista de circunvalación de Madrid, sea usada por miles de usuarios todos los días es difícil establecer si semejante infraestructura podría generar beneficio. La remodelación que ha acometido el ahora alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, para mejorar su trazado y reducir los problemas de atascos y accesibilidad ha endeudado a los madrileños que deben en su conjunto más de 7.000 millones, hipotecando así la capacidad de futuras administraciones, pero sobre todo, arrebatando a los ciudadanos la capacidad de invertir ese dinero en negocios o actividades que sí que son rentables, que son los que generan empleo y riqueza.

Otro macroproyecto de Alberto Ruiz-Gallardón, la celebración de los juegos olímpicos en 2016 que se ha llevado Río de Janeiro, ha tenido un fin que no ha sido de su agrado, pero ha evitado que la deuda de Madrid se haya disparado aún más. De todas formas, la promoción ha costado a los madrileños la no desdeñable cantidad de 17 millones de euros, cantidad que, invertida en negocios rentables, hubiera ayudado a hacer más llevadera la grave crisis financiera que sufre España.

Y quién paga estos excesos si no los contribuyentes, los ciudadanos. Tanta deuda no ha traído otra cosa que un incremento de impuestos, (IBI, tasa de la basura) y un sospechoso aumento del número y la cuantía de multas. Los ayuntamientos, los ministerios, no tienen otras formas de financiarse salvo la enajenación de sus activos, como el uso del suelo y que tras la burbuja inmobiliaria ha perdido valor. No venden nada y no entienden de rentabilidad. Sólo tienen planes, una burocracia que alimentar, cada vez mayor y en el peor de los casos, un megalómano o un visionario al mando. El oro del César es el de todos, pero lo maneja uno, para nuestra desgracia.

El regreso de Mr. Butskell

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

De 1945 a 1979 la política del Reino Unido se caracterizó por un alto grado de consenso entre el partido conservador y el laborista al coincidir ambos en una amplia gama de objetivos políticos dirigidos a dar apoyo entusiasta al Estado del bienestar y a establecer una economía mixta a base de medidas keynesianas, modelo económico de demanda y régimen de reparto.

Se acuñó la denominación de Butskellismo para definir un modo de gobernar muy similar cualquiera que fuera el partido instalado en el poder, simbolizado tanto por el ministro de Hacienda conservador Rab Butler como por su antecesor en el cargo, el laborista Hugh Gaitskell. Se veía como algo completamente normal el gasto público desbocado, la bondad del mantenimiento de las nacionalizaciones y el otorgamiento de inmunidad y privilegios legales a los sindicatos, a los que se trató con guante blanco por aquella época.

Sin embargo, al término de este periodo la realidad fue que las trade unions camparon por sus respetos poniendo de rodillas a los sucesivos gobiernos de Wilson, Heath y Callaghan. Los violentos piquetes diseñados por Arthur Scargill y la implantación de errados incentivos en las empresas gestaron una aguda crisis de fines de los años 60 que duraría toda la década de los 70. Aquello dejó la economía y la productividad del Renio Unido "hechas unos zorros". Se tuvo incluso que acudir al FMI para solicitar su ayuda.

Margaret Thatcher denunció sin reparos dichas políticas consensuadas de la posguerra como destructoras netas de riqueza. Su llegada al poder supuso un punto de inflexión hacia políticas de privatizaciones, de desregulación y liberalizaciones, atando en corto a los sindicatos e intentando achicar el obeso e ineficiente Estado providencia mediante reducción del gasto público (el austero presupuesto público de 1981 se hizo célebre). Pero lo más importante de todo fue que se cambió de paradigma y de valores dominantes.

Fueron dichas medidas tan efectivas y contundentes para el saneamiento de la economía británica que al variar de color el gobierno tras John Major, el laborista Tony Blair –en su largo mandato como primer ministro– no osó cambiar las directrices principales que había fijado la dama de hierro, conformando una nueva época que vino a llamarse Blatcherismo.

Vargas Llosa, Mendoza y Montaner denunciaron en su brillante libro conjunto El regreso del idiota que la ideología marxista está fuertemente asentada en Latinoamérica y que, pese a sus clamorosos fracasos, volvía una y otra vez a manifestarse en diversas formas y caudillos. Mostraban lo difícil que es –por desgracia– cambiar el rumbo de la política en su sufrido continente. Lo mismo puede decirse de Europa con respecto a la socialdemocracia.

En el Reino Unido la actual crisis económica y financiera va a dar paso, sin duda, a un mayor intervencionismo del Estado en la economía. El laborista G. Brown no desaprovechará, como se ve, dicha oportunidad. Lo malo es que su contrincante, el conservador David Cameron, habla a veces como un perfecto centrista de consenso. Su trayectoria es aún una incógnita. El flamante Obama, por su parte, está tomando los pasos necesarios para europeizar y socialdemocratizar de igual modo a los EE UU.

En España no hemos dejado de padecer nuestro particular Butskellismo desde la época de la Transición (pese al primer interregno aznarista). Hoy está más vivo que nunca. Ante las ocurrencias progresistas de Zapatero, el líder de la "oposición" no hace sino poner paños calientes para amortiguar algunos de los excesos de su rival político pero no representa, desgraciadamente, una verdadera alternativa. Estamos embarcados sin remedio en un nuevo consenso político que calificaría de Zapajoyismo a la española.

La manera en que ninguno de ellos afronta la actual crisis para atajarla con determinación y la coincidencia de ambos partidos hegemónicos españoles en demasiados temas es tan clamorosa que no deja espacio a dudas: se ha instalado en nuestros pagos un paradigma único de pensamiento socialdemócrata redivivo.

Es, básicamente, la implantación de un régimen monopartidista disfrazado de bipartidismo (nacionalismos periféricos aparte) pensado para una sociedad adocenada y dependiente delEstado. ¡Bienvenido Mr. Zapajoy y el regreso de las viejas y gastadas recetas keynesianas de terceras vías!

Zapatero contra Hesíodo

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Por supuesto Keynes? Los políticos llevan ochenta años aplicando sus desastrosas políticas con grandes dosis marxistas. ¿Qué espera encontrar de nuevo? ¿Que el socialismo es el mayor fracaso de la historia? ¿Por qué no probamos algo nuevo?

Almunia y demás burócratas, lean algo que ha desaparecido de la memoria de la humanidad: que la libertad es fuente de prosperidad, justicia y riqueza. Les recomiendo Los Trabajos y los Días, del filósofo griego Hesíodo (S. VIII–VII a.J.C.). El primer libro de carácter liberal que nos ha llegado hasta ahora. En este opúsculo el autor lanza una serie de recomendaciones a su hermano Perses que se dedica a vivir de los demás y del propio Hesíodo, ya que pretendía quedarse con toda la herencia. Hesíodo le recomienda que viva de sí mismo. Trabaja y sé justo, porque si vives a costa del rendimiento del trabajo de los demás, sólo obtendrás miseria, enfrentamientos y te encontrarás con la perdición del hombre: "Sé justo para que el trabajo sea provechoso".

La obra de Hesíodo es tan actual como la crisis que sufrimos en España, y sin duda tiene más sentido común que Marx o Keynes. Hesíodo somos los ciudadanos, los currantes, las pymes, las grandes empresas, los autónomos, los comercios… Los que cada día trabajamos para llegar a final de mes y sólo contamos con el rendimiento de nuestro trabajo, nuestros ahorros y nuestras inversiones. Nadie tiene derecho a sacarnos a punta de pistola estos logros personales.

Perses, el hermano crápula y vago, el hedonista, el parásito son los políticos, los burócratas, los sindicatos, la patronal, los bancos centrales, los del Plan E. Son los lobbies económicos y sociales, los portavoces del pensamiento único y políticamente correcto que sólo subsisten y se enriquecen de las subvenciones. Los rentistas del Estado son incapaces de que su "trabajo sea productivo" y han de vivir del erario público sin dar palo al agua.

Ahora, que es cuando tendríamos que recordar que nuestro mayor baluarte es nuestro capital financiero, intelectual y laboral –el de cada persona– viene el Gobierno y le da un martillazo mortal. Quieren sacarnos más de mil euros por familia de media con subidas de impuestos, y sólo es el principio. Con el elevado gasto de Zapatero –un 12% de déficit esperado para 2010– el Gobierno lo tendrá que gravar todo y a todos. No le queda más remedio, no puede sacar el dinero de otra forma ni de otra parte, ya que es incapaz de producir algo útil como un empresario.

Zapatero prepara una ley de economía sostenible que sólo va a generar trabajos inservibles pues tendrán que financiarse con más impuestos. Eso significa distorsionar los incentivos del mercado, eliminando los proyectos que se demandan, los productivos, para irse a estos otros improductivos, pero más rentables debido a los grandes márgenes de las subvenciones. El beneficio se lo volverán a llevar unos pocos con el dinero de todos. El Gobierno dirige el mercado. Este fue el sistema que llevó a la URSS a su ruina, el de economía planificada, y nosotros lo volvemos a instaurar.

Reflexione cómo funcionan los sectores donde el Estado se ha involucrado. Por ejemplo, el gran grito del socialismo: "educación gratis". No es gratis, nos dedicamos a pagar la escuela (que no educación) de otras personas con un alto coste monetario y de formación. El resultado de tal proeza nos lo dio ayer la OCDE. En Estados Unidos, el porcentaje de alumnos que no pasa de la enseñanza obligatoria es sólo de un 12%. En España el fracaso es del 49%. Eso sí, el Gobierno quiere regalar a los chicos un portátil. Lo usarán para conectarse a Facebook y subir a YouTube los insultos y golpes que proporcionan a sus maestros.

En Estados Unidos Obama ha planteado una sanidad pública más extensa que los actuales Medicare y Medicaid. El rechazo de la población ha sido contundente. Son los adinerados de aquí que se van a Estados Unidos a operarse y no los estadounidenses los que vienen a España. Los datos desmienten el mito de que en Estados Unidos la gente está desamparada ante la sanidad. El libre mercado funciona, el Estado sólo genera colas y desesperación.

España tiene uno de los mercados laborales más proteccionistas de Europa y, en consecuencia, dobla la tasa de paro europea. La filosofía de vivir de las rentas de otro, como ya nos advirtió Hesíodo, sólo forja la miseria y enfrentamiento.

Las reformas que necesita España no pueden significar más Estado productor, ni planificador ni paternalista. Estamos a la cola de Europa por creer en estos anacronismos de ingeniería keynesiana. España necesita más responsabilidad individual, competitividad y que cada uno viva de su producción. España necesita más libre mercado. Las pruebas son patentes.

No me lo creo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Es decir, que la crisis ha tocado fondo y que a partir de ahora no tenemos que seguir bajando los ojos cuando nos hablen de economía.

El relato es el siguiente: los hechos se presentan, desnudos, inanimados y objetivos ante los ilustrados burós que, con su análisis wertfrei y su refinado instrumental, no habrían podido evitar la conclusión, contenida ya en la marcha de las cosas, de que a partir de ahora sólo podemos ir a mejor. ¿Y la coincidencia en la fecha? No podía ser de otro modo cuando es la misma realidad que, claro es, no puede dar las mismas noticias más que en el paso del tiempo en que tienen lugar. Fed y BCE, atentos a la marcha de los acontecimientos, ¿por qué iban a retrasar la noticia, más cuando con ella nos alegra los corazones, tan arruinados como nuestros bolsillos?

Ciertamente. Sólo que en este relato faltan otras muchas coincidencias que, en conjunto, dibujan un cuadro muy diferente. Pues, ¿hasta qué punto son estos dos bancos centrales diferentes? Desde el estallido de la crisis han actuado al unísono, ya sea al alimón, ya con el concurso de otros bancos centrales. Siempre para inflar las respectivas monedas, inundar el mercado de liquidez y retrasar el colapso inevitable del castillo de naipes financiero que crearon ellos mismos. Ahora no sólo coinciden en el acelerador hacia el abismo, sino que ofrecen, gustosos, el mismo mensaje de optimismo a lo Telma y Louis.

Pero, ¿y la realidad? Ella tampoco es independiente de los bancos centrales. No es un objeto que se observa por un microscopio. La crisis es el muerto tendido en el suelo y los bancos centrales el asesino con la pistola humeante en sus manos. "Hay síntomas de resurrección", declaran circunspectos a los medios de comunicación como si fueran un CSI y no el criminal.

Luego la realidad, a la que tienen secuestrada, puede darles la razón o no. Como la libertad interior del reo, la economía guarda, atada y drogada como está, ciertas libertades que la hacen discurrir por caminos distintos a los que buscan sus captores. Pero esa no es ahora la cuestión. Lo que no me creo es el relato. No me creo ni la objetividad, ni la independencia ni la circunspección ni la honradez de los bancos centrales. Es a ellos, más que a sus palabras, a quienes no me creo.

El free-rider y sus secuelas

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Todos conocemos el caso reprobado del gorrón, quien se beneficia de la fiesta sin poner ni un euro para montarla. Dicho más elegantemente, quien se niega a contribuir deseando que los demás sí lo hagan y que produzcan el bien del que él también disfrutará.

Esta situación se da cuando no se lleva a cabo la internalización de los beneficios. Los organizadores de la fiesta recaudan voluntariamente fondos y luego organizan la fiesta en una plaza pública, por ejemplo. En ese caso no pueden evitar que los free-riders disfruten de todo. Los organizadores pueden preferir, por razones de tradición o por reducir costes, que es mejor festejar en el lugar público antes que hacerlo en un recinto cerrado donde puedan excluir a los gorrones. También podría considerarse que, sea cual sea el lugar, lo correcto es que la fiesta “sea para todos”. Independientemente de la situación, la existencia de un bien público (decidido por tradición, por reducción del coste de internalizar o por cualquier otra motivación ideológica) es un incentivo para el free-rider.

Lo que hay que recalcar es que el free-rider no es más que un caso particular de la figura del comportamiento racional del ser humano que, en pleno uso de su función empresarial, tiende a reducir costes y a maximizar beneficios, siempre subjetivamente considerados. Apoyándose en la existencia de free-riders, los defensores de las agencias tributarias argumentan que existe una solución a través de la contribución obligatoria a los gastos de la fiesta. Se dice que, así, cada uno aceptará el tributo siempre que todos los demás también lo soporten. Pero, ¿se acabó el problema del gorrón?

No, sin duda. Seguimos teniendo una propensión natural a desear beneficios con los menores costes posibles. En el nuevo estado de cosas en que todos contribuyen, tendemos a conservar nuestra innata alma de free-riders, pero con consecuencias aún más negativas para la mayoría. Ahora los free-riders son aquellos que creen o que saben objetivamente que hay otros individuos que aportan más que ellos recibiendo su misma porción de fiesta. Tales gorrones desean que las cosas sigan igual. Los que, por el contrario, piensan o saben que contribuyen más quieren cambiar las cosas habida cuenta, y esto es muy importante, de que no pueden escaparse de contribuir a causa de la coacción que sufren y de la legitimación ideológica que difunde la bondad absoluta de los impuestos. La simple existencia de la coacción para que todos contribuyan desencadena un sinfín de efectos aún más perversos que los de la fiesta pagada por pocos y disfrutada por muchos. Por ello, la confiscación impositiva, lejos de arreglar el problema de los free-riders, lo agrava. Y esto se produce sea cual sea el ámbito territorial que abarque la sociedad de festejos con capacidad confiscatoria.

La tendencia humana a que la diferencia entre costes sufridos y beneficios percibidos sea lo mayor posible, lleva el espíritu del gorrón adonde sólo puede darse, ante situaciones en que no se quiere (o no se puede) excluir su presencia por razones de bien público bendecido ideológicamente (la educación, la cultura, la limpieza urbana, el medio ambiente, etc.). Lo que se propicia con la “solución tributaria” es que haya una imparable presión sobre el gasto público (que la fiesta sea mayor y mejor) y una no menos inexorable carrera de los grupos organizados por hacer recaer sobre la mayoría de los individuos la mayoría de los costes. Con todo ello, se exigirán más y más gastos para la fiesta del barrio sin que cada individuo admita su responsabilidad en sufragar su parte.

Eso es lo que ocurre en los estados modernos, grandes y pequeños: cada ciudadano exige gastos elevados y mínimos impuestos para sí mismo, sin querer percibir la necesidad de corresponder unos con los otros. Consecuentemente, los políticos buscan modos de satisfacer esas demandas, bien camuflando impuestos hasta donde se pueda, bien endeudándose, inflando el crédito, atendiendo a determinados grupos de presión, alentando la gorronería de determinados sectores, o mediante una combinación variable de todo ello.

Atajar esta vía perversa de solución del problema del free-rider exige una definición estricta de los derechos de propiedad de manera generalizada. Y esto sólo puede lograrse desacreditando intensamente la ideología de “lo público” y constriñendo lo más posible la existencia de esos bienes públicos. Se precisa, pues, difundir la idea de que los beneficios de los servicios han de ser para quienes los pagan voluntariamente aunque antes hubiera que, de manera transitoria, establecer que sólo recibieran beneficios quienes los hayan de pagar obligatoriamente.

En términos generales se hace imprescindible intensificar la vía de ataque a los servicios públicos en la línea de internalizar los beneficios, de privatizarlos y desregularlos. Cualquier otra propuesta de fraccionamiento formal de los poderes públicos es estéril.

Zapatero, cómprame el piso

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Calla, como no podría ser de otra manera, que tal vez nuestros problemas económicos se deriven de que la construcción se ha inflado sobremanera hasta representar el 10% del PIB. Qué lejos quedan aquellos tiempos en que España crecía a ritmos de crucero y la construcción apenas representaba al 6,5% del PIB. Qué años aquellos 1997, 1998 y 1999 en los que España reducía el paro en medio millón de personas por ejercicio sin despeinarse demasiado y sin tener que rendir culto al ladrillo como santo motor de nuestro modelo productivo.

Ah, pero la gente es desmemoriada, en diez años llueve mucho y dan para mucho, por ejemplo para construir emporioítos gracias al crédito barato de los bancos centrales y a ese interesado mecanismo para financiar los ayuntamientos españoles que se llama suelo urbanizable.

No sé, porque nunca estuvo en mi naturaleza integrar el Gosplan patrio, si la construcción debe representar el 10%, el 1% o el 90% del PIB español. Ni me gustan las histerias socialistas contra el ladrillo ni los entusiasmos lucrativos de la patronal del ramo. Si por una vez dejáramos al libre mercado actuar, sin restringir el suelo, sin escupirle a la cara (y a la seguridad jurídica) del arrendador por ser un marvado capitalista, sin manipular los tipo de interés, sin cambiar viviendas de protección oficial por papeletas electorales o sin recurrir a costosísimas obras públicas para maquillar las cifras del paro, entonces probablemente sabríamos cuál debe ser la presencia de ese sector en nuestra economía. Simplemente, será la que necesiten que sea los consumidores, y no, como ha sucedido hasta la fecha, la que necesiten que sea políticos y banqueros.

Ahora bien, una cosa es desconocer qué peso y configuración (Lazcano cree que tiene que ganar peso la rehabilitación de viviendas; será que debe de conocer que todos los españoles están pensando en meter en sus casas a los obreros del Plan E que les están levantando ahora mismo la acera de enfrente) ha de tener el sector de la construcción en España y otra muy distinta pasar por alto las recomendaciones que lanza su lobby para salir de la crisis.

Es cierto que mientras haya stocks invendidos de viviendas, ningún otro constructor volverá a edificar un inmueble. ¿Qué sentido tiene construir más si todavía hay un millón de pisos sin vender? Por eso Lazcano pide al Gobierno que compre ya los inmuebles que acumulan los bancos. La cuestión es, ¿a qué precio? Si de reducir los inventarios se trata, tan efectivo como adquirir las viviendas a precios astronómicos sería bombardearlas.

Ah, que no es sólo eso, que lo ideal es darle una salida útil y productiva a ese stock de pisos. Bueno, pues entonces no dilapidemos forzosamente el dinero de unos contribuyentes que, como consumidores, se niegan a comprar los pisos a sus precios actuales. Ahora bien, si éstos se ajustan y caen a la mitad, tal vez muchos proyectos empresariales que ahora se guardan en el cajón o en los que ni tan siquiera se piensa, comiencen a ser rentables. Al fin y al cabo, los edificios –ya sea en forma de alquiler o amortización– suponen uno de los costes más importantes para una empresa, especialmente para las pequeñas y medianas a las que PP y PSOE tanto dicen querer ayudar.

Bueno, pues que den ejemplo. Ni un euro para comprar pisos a los bancos o a los promotores. Que dejen de trincar los amigos de los políticos a costa del resto de los ciudadanos: eso sí sería un cambio del modelo productivo de España que, me parece, no se va a dar.

To el mundo al cine… ¡ar!

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Todo sea por proteger a la cultura española. Ángeles González-Sinde, nuestra excelsa Kulturleiter, con el aplauso unánime del gremio, ha decidido que el cine español tenga una cuota de pantalla garantizada. Sin duda, era una medida muy necesaria, pues las producciones patrias, incluidas las suyas propias, pasaban fugazmente por las carteleras, debido a la insensibilidad de los exhibidores, incapaces de ver más allá de la taquilla y reconocer los valores de nuestro cine, un cine por otra parte reconocidísimo en los más variados festivales internacionales.

Si, bueno, ya se les daba un pastizal a fondo perdido para que hiciesen las películas y se ganasen más que dignamente la vida. Pero eso no era suficiente. Estamos hablando de creadores, de artistas, de personas que no miden la vida desde el punto de vista superficial del dinero… ellos necesitaban y se merecían algo más. Y esto es lo que se va a conseguir obligando a los cines a mantener sus películas en cartel a pesar de que no vendan entradas. A partir de ahora, nuestros creadores podrán ver su nombre en las carteleras, no fugazmente como hasta ahora, sino de forma continuada gracias a los desvelos de nuestra ministra.

Pero hay un problema. ¿Y si, como probablemente pase, tampoco acuden los espectadores a verlas? ¿Qué pasará con la moral de nuestros cineastas? No olvidemos que ellos son artistas, creadores, espíritus sensibles… no son como los demás ciudadanos. Por ejemplo, un vendedor de muebles no vende una mesa y simplemente deja de ingresar dinero, pero su espíritu creativo (del cual carece) no se resiente…pero el espíritu de un artista sí, con lo que ello significaría de negativo para creatividad española y el futuro éxito de nuestro cine en los festivales internacionales

Es necesario cerrar el círculo. Nuestros cineastas no pueden depender ni económica ni anímicamente de un público caprichoso e insolidario, un público que se empeña en ver lo que le da la gana sin la más minima conciencia social.  Por ello, aunque las subvenciones a tutiplén fueron un primer paso y la futura ley de cuotas de pantalla es el segundo, falta la última medida, la LAOPE, la Ley de Asistencia Obligatoria a Películas Españolas

Básicamente, la LAOPE es otra ley de cuotas, pero no aplicada a los exhibidores sino a los consumidores finales, a los espectadores. Es muy fácil. Basta con poner en marcha una Cartilla de Cine Español, personal e intransferible. Así, si un joven quiere ver la última de Bruce Wills, Terminator 7 o cualquier otra película americana, deberá mostrar su cartilla con el sello de haber asistido a una película española en cartelera. Y no vale entrar y salir. Unos dispositivos de control, similares a los de control de personal de cualquier empresa verificarían que el propietario de la cartilla ha estado de principio a fin viendo la película.

Tampoco valdrá contratar a alguna otra persona, un parado o un inmigrante sin papeles por ejemplo, para que sustituya al propietario la cartilla …Aunque dichos colectivos suelen quedarse con los trabajos más desagradables, aprovecharse de su situación y obligarles por una mísera cantidad a tragarse una película española claramente supera el límite de lo tolerable.

El cine español es una responsabilidad de todos y todos hemos de aportar nuestro granito de arena, aunque reconozco que es muy duro. Pero ya que no hay mili podría contemplarse dicha tarea como un método para forjar el carácter de los más jóvenes, demasiado acostumbrados a hacer lo que les da la gana…

Pero aún así, queda un segmento de población que no contribuirá a dicho esfuerzo. Son dos grupos, aquellos que prefieren bajarse las pelis de internet y aquellos a quienes no les interesa el cine.

Para los primeros, mano dura. Obligando a que por cada película americana descargada se tenga que descargar una española, se incrementaría drásticamente el número de descargas de estas últimas, lo cual sería un argumento para conceder a nuestro cine más y más subvenciones… aunque teniendo en cuenta que más del 90% de las descargas son de porno, Torbe, el Rey del Porno Hispano, se haría de oro.

¿Y para los segundos, para esos individuos cinéfobos que no pisan una sala de cine nunca? Pues… ¡a la mierda! ¡Se les lleva a ver cine español cuatro o cinco veces al año por la fuerza! Total, ya les obligamos a pagar la pelis con sus impuestos. Otra coacción más, ¿qué más da?

¿Se excitan los censores chinos con vacas suizas?

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Ninguna de ellas tiene la menor utilidad para salir de la crisis, sino al contrario, pero como de lo que se trata es de presentar proyectos para cubrir la cuota "informativa" de los telediarios, ahí tenemos al Consejo de Ministros produciendo casi diariamente nuevos planes económicos, todos basados en la misma consigna: gastar más.

Ahora quiere la vicepresidenta que vayamos en moto. Supongo que dará ejemplo, aunque para ello tenga que renovar parte de su fondo de armario incorporando pantalones, botas y chupas de cuero. Verla llegar a La Moncloa en ciclomotor (mejor en sidecar, dada su edad) sería un gran incentivo para el plan "Moto E", que así se llama el último invento para salir de la crisis, consistente, como saben, en sacar del bolsillo de unos contribuyentes 9 millones de euros para introducirlos en los de quienes decidan hacer caso al Gobierno y pasarse a las dos ruedas.

Esos nueve millones de euros son, en realidad, una subvención encubierta para los fabricantes y vendedores de ese tipo de vehículos, pero como los progres no ven demasiado bien eso de entregar el dinero directamente a los empresarios (salvo si son de la banca), prefieren hacerlo a través de persona interpuesta (los que decidan comprar una moto), así de paso todos participamos de la liturgia socialdemócrata y hacemos como que luchamos hombro con hombro para salir de la recesión.

El socialismo consiste en robar a unos para darle a otros, excepto el 40% destinado a los gastos burocráticos. El proyecto económico de Zapatero era, por tanto, tan inservible hace cinco años como ahora. La única novedad es que cuando se produce una crisis económica, el daño que las ideas socialistas provocan a la economía se multiplica hasta tener consecuencias irreversibles.

Y luego está el factor de corrupción popular que el socialismo siempre lleva aparejado. Por ejemplo, los que habían decidido adquirir una motocicleta están muy contentos con esa subvención que han trincado del bolsillo ajeno, sin embargo, bastará con que reparen un momento en los varios miles de líneas de subvención a las que no tienen derecho por sus circunstancias personales o profesionales para darse cuenta de que les están tomando el pelo y de paso vaciándoles el bolsillo. En cuanto una parte de los once millones de votantes socialistas comprendan tan sencilla ecuación, asunto solucionado.

Las medidas anticrisis van a pasar factura

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

"…vivimos abriendo restaurantes en un lado y otro del mundo para poder respaldar esta profesión y seguir adelante, ya que el Gobierno no nos ofrece ninguna ayuda. El dinero va para proyectos de cine o moda".

Sergi Arola — Cocinero.

Entrevista en El País

Sin duda, trabajar es un asco… ¿Es mejor vivir del dinero del Gobierno? Más tiempo libre, más dedicación a nuestros hobbies y más horas para la familia o para nuestros amigos. Pero también, más dependencia, más servilismo, más clientelismo político, más pobreza. Tal vez el Estado del Bienestar, o quienes lo representan, los políticos, sólo nos vendan la cara más bonita, pero el Estado del Bienestar no da para todo. ¿Los pobres, los desfavorecidos, los parias se llevan algo? ¿Y la clase media?

El sistema actual, lo que se llamó tercera vía, pretendía eliminar la cara oscura del capitalismo –el del estado depredador– a la vez que daba más oportunidades a los menos favorecidos. El resultado ha sido un sistema mucho peor y cruel. El dinero se ha sustituido por las influencias y las amenazas de los grupos de presión. Todo lo que se hace en política y articula el Estado del Bienestar obedece a presiones de grupos empresariales, sociales y políticos. No tiene nada que ver con el capitalismo. Éste es el intercambio de bienes y servicios de modo voluntario y pacífico.

La cita del Arola es el paradigma de esta sociedad. Él es cocinero. Cree que su sector es mejor que el cine y la moda. A la vez, en el sector del cine, creen que ellos son más necesarios que los cocineros, que siempre los hay. Los de la moda piensan que la gente ha de vestir e ir a la última; ha de ser un derecho, por el que el Gobierno ha de pagarles. Los banqueros opinan lo mismo sobre su sector, lo mismo sucede con el del automóvil o el de las grandes empresas ecológicas.

El Estado del Bienestar es el auténtico sistema depredador donde todos quieren vivir a costa de los demás sin que ninguno se haga responsable de sus propios actos. Como decía el gran economista Frédéric Bastiat: "El Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a cuenta de todos los demás".

La última muestra de cómo el Estado del Bienestar premia la irresponsabilidad, al inútil, y sólo distribuye el dinero del ciudadano entre los lobbies y genera pérdidas netas totales, ha sido la iniciativa gubernamental del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). El capital inicial del FROB consta de 9.000 millones de euros (6.000 provienen de fondos públicos y 3.000 de los actuales Fondos de Garantía de Depósito). El Fondo se puede ir endeudando en varias fases y, con autorización de la ministra de Economía, puede multiplicar su capital público hasta por diez (60.000 millones de euros).

Algo así supondría un 6% adicional de déficit público. Este dinero ha de salir de algún lado. Y sólo puede hacerlo: reduciendo o eliminando deducciones –si los 400 euros ya se han quedado en nada, al "cheque bebé" le quedan cuatro días–, y subiendo impuestos directos e indirectos de forma acentuada, tanto a particulares como a empresas. Dicho en román paladino: todos pagamos más y recibimos menos. Bueno, no todos. Los malos gestores empresariales son consumidores de impuestos totales, ellos ganan.

Al subir los impuestos, más dinero se desviará a la economía sumergida, la demanda interna del país bajará, la pobreza de la clase media aumentará y, evidentemente, la recuperación económica no llegará en un corto plazo. Evidentemente, todo esto no afectará muy positivamente al rating de España, por lo que el coste de la deuda podría aumentar.

Imagínese que algo así se hace en mayor o menor medida sobre el sector del turismo, automovilismo, moda, cine… o que a nuestro chef, Sergi Arola y amigos, les empiezan a dar nuestro dinero. El principal cliente de las empresas ya no seremos nosotros, sino el Estado. Todas ellas quedarán subordinadas a sus designios en lugar de a nuestras necesidades. Transferencias de capital forzosas de particulares y empresas hacia el Estado y que éste vaya distribuyendo según el peso del lobby de turno.

El resultado es el actual. Un capitalismo de Estado donde todos los actores económicos, la sociedad, sirven como instrumento para beneficiar a unos privilegiados rentistas estatales por el supuesto bien común. El gran estado depredador, sin duda, es el Estado del Bienestar.

¿Y si estalla la deuda pública?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Al grito de ¡más madera!, Zapatero ha hecho oídos sordos a las recomendaciones que apremian la necesidad de abordar profundas reformas estructurales en el ámbito laboral, energético, comercial y administrativo para salir cuanto antes de la crisis. Lejos de apostar por la liberalización económica, las rebajas fiscales o la reducción del gasto público, el Gobierno tira de chequera con el ilusorio objetivo de que la administración relance a la economía. Y, efectivamente, tirará, pero hacia al barranco, al conjunto de los españoles.

Más allá de la necedad que supone tratar de cambiar todo un modelo productivo a golpe de decreto, en lo que constituye una imitación burda y torpe –gracias a Dios– de los planes quinquenales de Stalin, la clave de las medidas anunciadas por el presidente radica en el coste futuro que supondrá al bolsillo de los contribuyentes. En un alarde de chulería temeraria y prepotencia irracional, Zapatero apuesta firmemente por aumentar la deuda pública con el fin de salvar a sectores en quiebra e impulsar actividades improductivas, tales como las energías renovables o los servicios sociales. Es decir, un derroche de dinero a espuertas cuya factura, tarde o temprano, habrá que pagar.

Y ello, bajo el argumento falaz de que España aún tiene margen para permitirse un mayor endeudamiento público. El Gobierno olvida que ya ha despilfarrado más de 50.000 millones de euros bajo las siglas del Plan E sin obtener ningún resultado visible. Pese a ello, echará mano de más gasto público, cuyo efecto será igualmente nulo.

Sin embargo, lo dramático no son los resultados sino sus consecuencias. España es uno de los países más endeudados del mundo. En concreto, el auge inmobiliario de los últimos años, animado por tipos de interés artificialmente bajos, ha permitido que la deuda viva haya pasado de representar el 212% del PIB nacional en 2002 al 344% en 2007. Además, es deuda de muy baja calidad. La economía española sólo generaba 28 céntimos de PIB en 2007 por cada euro de deuda comprometido, debido a las malas inversiones financieras acometidas al calor de la burbuja crediticia.

Por si ello fuera poco, España es uno de los países más endeudados con el exterior. La falta de ahorro interior –anclada en torno al 20% del PIB– impedía que la banca nacional pudiera satisfacer la disparatada demanda de créditos, sobre todo hipotecarios. Los bancos tuvieron entonces que buscar fondos fuera del país. El endeudamiento nacional neto –lo que familias, empresas y Administraciones Públicas deben al exterior– pasó de 85.000 millones de euros en 1996 a cerca de 860.000 millones (el 80% del PIB) en el segundo trimestre de 2008.

La abultada deuda privada y el grave déficit exterior de la economía española sitúan al país en una situación especialmente delicada frente a la tormenta perfecta que, precisamente, ha generado el estallido de la crisis del crédito a nivel internacional. En la actualidad, el mercado está purgando los excesos pasados vía recesión, morosidad, deflación, quiebras, restricción del crédito y paro. Es decir, identificado las malas inversiones y reestructurando la actividad productiva. Sobre todo, en aquellos sectores que más se beneficiaron de la burbuja, como es el caso de la banca, el motor o la construcción.

En lugar de facilitar el ajuste mediante una mayor liberalización económica, Zapatero ha visto una oportunidad para tratar de imponer por ley su modelo ideal, una economía "verde y social", que tan sólo puede ser sostenida a base de subvenciones. Si su plan triunfa se disparará el déficit presupuestario, la deuda pública y la presión fiscal, al tiempo que se restringirá aún más el crédito al sector privado. Tan sólo con las medidas ya aprobadas, la deuda pública amenaza con alcanzar el 80% del PIB en 2010. Y ello, sin contar los más de 100.000 millones de euros que, como mínimo, precisará el Estado para salvar de la quiebra a numerosas cajas de ahorro.

Es decir, si el problema de España es la falta de ahorro y el exceso de deuda, lo que propone ahora el Gobierno es más deuda para apagar el incendio. La japoneización de la economía española está servida. Sólo que con un matiz. Los inversores confían en el ahorro y el superávit comercial de Japón para devolver los compromisos financieros adquiridos por su Gobierno, y que ascienden al 160% del PIB. La rigidez y la falta de competitividad propia de la economía española hará que la confianza en los bonos del Tesoro se evapore como un azucarillo en un vaso de leche caliente. De ahí, a una crisis como la vivida en algunos países latinoamericanos hay tan sólo un paso. Bienvenidos, pues, a la burbuja de la deuda pública.