Ir al contenido principal

Etiqueta: Enemigos de la libertad

El Estado al abordaje

Recientemente la Armada de Estados Unidos liberó al capitán de un carguero secuestrado y militares franceses intervinieron para liberar a cinco tripulantes de un yate galo (uno de ellos murió durante el rescate). Los piratas aún mantienen en su poder 17 barcos y cerca de 300 tripulantes de diversos países, según organizaciones humanitarias.

Los Estados han aprovechado los incidentes para propagar la narrativa de unas fuerzas del orden luchando contra una banda de ladrones y asesinos, reforzando así la imagen heroica del Estado y la importancia de su misión protectora. Su mensaje anti-pirata no es reprochable, como tampoco lo son sus esfuerzos por rescatar a tripulantes inocentes capturados. Lo que sí es objetable es que el Estado se crea moralmente superior a los piratas, cuando es el mayor de ellos.

En La Ciudad de Dios San Agustín cuenta la historia de un pirata capturado por Alejandro Magno. El Emperador le pregunta furioso, "¿Cómo te atreves a hostigar los mares?" A lo que el pirata responde, "¿Cómo te atreves a hostigar el mundo entero? Porque yo lo hago con un pequeño bote, soy llamado pirada y ladrón. Tú, con una gran flota, hostigas el mundo y eres llamado emperador".

Los piratas son una suerte de recaudadores de impuestos que imponen un tributo a quienes cruzan su territorio para comerciar. El tributo asciende a 20-40 millones de dólares al año en forma de rescates, que es una modesta cantidad en relación con el volumen de comercio que transita por la zona. El impuesto pirata no es tan alto como para forzar a las compañías mercantes a buscar rutas alternativas y a la mayoría les sale más a cuenta ir desarmados y pagar los rescates que contratar un seguro para un barco armado. Además, el dinero es un lenguaje que los piratas entienden, y si se desata violencia podrían salir todos perdiendo.

El Estado también se arroga un derecho sobre los habitantes y los comerciantes en un determinado territorio y exige altos tributos que si no son satisfechos tienen fatales consecuencias para los evasores. Como los piratas, el Estado castiga y encarcela a quienes no pagan "el rescate".

Desde luego hay diferencias. Estoy tentado a decir que el Estado pretende ofrecernos algo a cambio de nuestros impuestos, aunque luego resulte ser un fraude, mientras que los piratas son honestos desde el principio y no tienen escrúpulos en mostrarse como lo que son: rapiñadores con ánimo de lucro. En rigor la diferencia es más sutil: el Estado es percibido como legítimo por parte de gobernantes y una mayoría de gobernados (lo que no quiere decir que sea genuinamente legítimo), mientras que los piratas son más conscientes de su condición de ladrones y no extraen su legitimidad de ninguna base de simpatizantes. Pero incluso esto último es matizable en la medida en que algunos se auto-proclaman Guardacostas Voluntarios de Somalia y quizás cuentan con apoyo popular, como reacción a la pesca descontrolada en aguas somalíes por parte de pesqueros extranjeros o al supuesto vertido de residuos nucleares. Por otro lado, es cierto que el Estado proporciona servicios, aunque lo haga de forma muy ineficiente, y suele ser más previsible en sus acciones que un grupo de piratas.

Charles Tilly en su ensayo War Making and State Making As Organized Crime (El desarrollo de la guerra y del Estado como crimen organizado) dijo que la delincuencia, la piratería, la rivalidad entre gángsters, la acción policial y la guerra pertenecen todos al mismo continuum. El Estado sólo ha perfeccionado los mecanismos de propaganda, cohesión y sumisión de la población. Pero el fundamento de su pretendido derecho a monopolizar la fuerza (y todo lo que está por debajo) en un territorio dado es el mismo que puede alegar un mafioso o los piratas somalíes. Existen porque tienen más fuerza y porque la gente bajo su dominio lo tolera (con más o menos simpatía).

Cuando cuestionamos la legitimidad del Estado sus valedores a menudo nos contestan que somos libres de marcharnos a otro país si queremos. Si nos quedamos significa que estamos aceptando su legitimidad, la de sus leyes y sus impuestos. Pero lo mismo podrían decir los piratas somalíes: si atravesáis nuestras aguas significa que aceptáis nuestros tributos, que podemos secuestraros y pediros un rescate, de lo contrario tomaríais otra ruta. El razonamiento, obviamente, no se sostiene, pues si tomamos esa ruta es porque el coste de la alternativa es aún mayor, no porque otorguemos un derecho a los piratas (o al Estado).

Para que nuestra mera permanencia en el territorio demuestre consentimiento hacia el Estado, éste debería tener un derecho previo sobre ese territorio. Sólo si te invito a mi casa y tú aceptas puedo decir que consientes mis normas. Si vengo yo a la tuya, te impongo mis reglas y te niegas a abandonar la casa, no puedo sostener que las aceptas por el hecho de permanecer donde estás, pues no tengo ningún derecho previo sobre tu casa.

El mafioso, los piratas o el Estado no tienen ningún derecho previo sobre el territorio que dominan. Ni el mafioso es propietario legítimo del barrio donde extorsiona a los comerciantes, ni los piratas son propietarios legítimos de las aguas donde secuestran los barcos mercantes, ni el Estado es propietario legítimo del territorio donde exige impuestos y regula casi todo lo que hacemos. Pero como en el caso de los piratas, preferimos pagar el rescate en vez de rebelarnos y acabar colgados del mástil.

Los cuentos fantásticos de Elena Salgado

Cuando en 1867 el barón Eugène Haussman compareció en la Asamblea francesa para justificar los enormes gastos causados por la reforma de París, a Jules Ferry se le ocurrió publicar un opúsculo denunciando los excesos presupuestarios bajo el título de Las cuentas fantásticas de Haussman, haciendo referencia a la ópera de Offenbach Los cuentos fantásticos de Hoffman.

La semana pasada Elena Salgado, contradiciendo lo que su antecesor en el cargo había declarado, afirmó que hay margen para más gasto público: "No puede no haberlo". Este lunes los 27 países que componen la Unión Europea han decidido por unanimidad expedientar a España por rebasar el déficit público consentido por el Pacto de Estabilidad, que es de un 3%. Parece que algo no cuadra y que la señora Salgado no hace bien las cuentas y no cuenta bien los cuentos.

Con las elecciones europeas en la puerta, la vicepresidenta segunda del Gobierno debería plantearse si estamos o no capacitados para cumplir con las normas del club o mejor nos hacemos bolivarianos como Ecuador, para mejor gloria de nuestro siempre sonriente salvador particular. Si hay que rebajar el déficit del 3’4% sobre el PIB en 2008 al 3% para este año en curso, habrá que reducir los gastos, aumentar los ingresos, o ambas cosas a un tiempo. Y el aumento de los ingresos, ya se sabe, viene de la mano de los impuestos. Aunque no habrá narices para subir los impuestos directos (IRPF y Sociedades) es un clamor popular que la puñalada va a venir por el lado de los impuestos indirectos: IVA e Impuestos Especiales, principalmente. ¿Se va a pedir a la ciudadanía un esfuerzo impositivo y no se va a contener el gasto público? Eso parece.

Pero los cuentos no acaban aquí. Pedro Solbes afirma que el expediente tendrá un carácter excepcional ("es que estoy en crisis") pero este tipo de actuaciones de las autoridades europeas tienen un protocolo muy claro. No se trata de penalizar un comportamiento demasiado "protector" frente a la crisis, sino que la Unión Europea considera que no nos hallamos ante un déficit excepcional o transitorio, de lo contrario no se habría iniciado el expediente, tal y como establece el Procedimiento de Déficit Excesivo. Esta apreciación es corroborada por las previsiones del propio Gobierno y según las cuales el 2009 se cerrará con un déficit del 5,8% del PIB. Probablemente esta cifra sea mayor si eliminamos el sesgo gubernamental.

Lo dramático es que las palabras de Salgado tienen el objetivo de tranquilizar como tranquiliza un narcótico. Por un lado a los grupos de presión (como los sindicatos o el cine) que miran como lobos a la espera de que se cumpla lo pactado en las elecciones y recibir el pago por su apoyo, pero también a quienes están quedándose en la calle y creen, de verdad, que la solución es más dinero, porque lo dice la tele. Y de esos hay muchos. El precio de la ignorancia es la manipulación. Por eso quienes perderían más si la gente dependiente fuera autónoma y con criterio son los mismos que defienden el entramado de nuestro sistema de educación. El Estado es el responsable de la crisis, de nuestra virtud, de nuestra casa, de nuestros hijos… nada hay que temer, hay margen para el gasto, y hay para todos. A los parados, dinero. A los jóvenes, dinero. A los actores y directores españoles, también. Y ya está.

Este es el mensaje. Y la respuesta de la Unión Europea es la apertura de expediente. A pesar de las palabras de Almunia que afirma que nadie habla de sancionar, el procedimiento es abrir un expediente, proponer unas medidas, establecer un plazo de cumplimiento de la norma pactada y, si no se consigue alcanzar el objetivo, sancionar al país con una multa. ¿Una nueva mentira al servicio del Gobierno? Eso parece. Y ésta también arriesgada, porque aunque el plazo establecido por la UE es el año 2012, parece que el déficit español no se recuperará tan pronto, dado el retroceso de la economía y la tendencia expansiva del gasto público.

¿Tranquilizan las palabras de Salgado? Lamentablemente, sí. Lo que me lleva a pensar que los españoles somos como críos deseando que nos mientan con historias de hadas y princesas. Pero, además, esta actitud acomodaticia y pueril encaja con los gobernantes cuentacuentos que tenemos. Con un pueblo maduro no estarían aún al mando.

¿Qué hace el Gobierno con nuestro dinero?

Sólo un 6% del gasto estatal (sin contar el de las comunidades autónomas) va dirigido a los llamados servicios básicos del Estado (justicia, seguridad ciudadana y seguridad nacional). ¿Qué hacen con el resto de nuestro dinero? Veamos unos ejemplos de los últimos días:

  • El Gobierno destinará 350 millones de euros a ONGs y proyectos de cooperación internacional, relacionados con el medio ambiente, con la inserción de gitanos, etc. Si quiere hacer el negocio de su vida, no monte una empresa, cree una organización sin ánimo de lucro y pida una ayuda. El Estado, en una brutal crisis, considera que nuestro dinero está mejor en organizaciones con grandes nombres humanitarios que en nuestro bolsillo para poder pagar la cuota de la hipoteca, por ejemplo. Después se extrañan de que algunas de estas organizaciones humanitarias sólo sean un fraude. Es el negocio de las ayudas.
  • El Ministerio de Industria ha comenzado en Aragón el programa de reparto gratuito en toda España de un total de casi 22 millones de bombillas de bajo consumo. ¿Gratuito? ¿Qué empresas se embolsarán tal "regalo"?
  • La Administración compra un cuadro por valor de 2,5 millones de euros. Algo así es fundamental para salir de la crisis.
  • El Prado gastará 192 millones de euros en los próximos cuatro años (48 millones de euros cada año). Miles de españoles habrían muerto de no hacerse algo así.
  • El Gobierno dilapida 50 millones de euros en más bombillas. Nos hemos preguntado quién se llevará todo ese dineral. Según El País, las grandes empresas, evidentemente. A propósito, hasta el 2011 el plan costará 245 millones de euros. Es la mejor opción en momentos de crisis y más sabiendo que el INEM sólo coloca al 2% de los desempleados. ¿Sabe priorizar este Gobierno?
  • Destinan 1.550 millones de euros para fortalecer la Ley de Dependencia. Hasta el defensor del pueblo ha denunciado los retrasos sistemáticos. A finales de 2007 el BBVA afirmaba en un informe que el 90% de los grandes dependientes no recibían tales ayudas. Dos años después, las quejas siguen. Otro desastre similar al de las pensiones. ¿Dónde está todo ese dinero que era nuestro?
  • El Congreso autoriza a gastarse 5,1 millones de euros mensuales en el envío de tropas a Somalia. Ya existen empresas privadas antipiratas españolas. ¿No sería mejor que los propios buques se costearan su seguridad en lugar de pasarles la factura a la familia media española? ¿No sería más barato? Si nosotros nos pagamos las alarmas y las puertas blindadas de nuestras casas, ¿por qué los barcos no pueden hacer lo propio?
  • El Ministerio de Industria se gasta cinco millones de euros en promocionar la TDT. ¿No tendrían que hacerlo las propias televisiones privadas con su dinero?
  • El Gobierno regala 75.000 euros para iluminar poblados indios. Si iluminaran algunas carreteras de aquí, tal vez habría menos accidentes.
  • El Ministerio de Medio Ambiente se gasta 1.240 millones de euros en derechos de emisión de CO2. No parece muy ecológico para un Gobierno que pretende proclamarse líder ecológico.
  • El Ministerio de Cultura destina 200.000 euros a restaurar la muralla de Zamora. Entre tanto, aumenta un 45% la demanda de alimentos en las entidades benéficas y Cáritas hace una llamada desesperada para reclutar más voluntarios.
  • El Ministerio de Medio Ambiente envía 7,29 millones de euros para el desarrollo rural de Asturias. No basta con el dinero del consumidor que voluntariamente lo deposita en estas empresas. Hay que sacárselo a otra persona de otra comunidad mediante la fuerza de los impuestos. Es la mejor forma de eliminar la libre competencia y que sólo quede en el mercado el mediocre en lugar del excelente.
  • El cine español gasta el triple de lo que ingresa. Las expensas las paga la familia media española aunque no vaya al cine.

Sólo son noticias recientes, de los últimos días. Si lee el BOE encontrará muchísimo más gasto inútil apoyado por sentimentalismos y presiones de los lobbies. Da que pensar que el Gobierno se gaste cientos de millones de euros en bombillas y sea incapaz de sufragar la munición a la Policía Nacional, o que pague varios millones de euros por un cuadro mientras la justicia es el mayor desastre de este país o mientras existen dudas más que fundadas de que no cobraremos las pensiones.

¿Y qué pasaría si redujeran el 90% de los impuestos dejando al Gobierno con sus servicios básicos? Que aumentaría la riqueza y la competencia, que tendríamos mayor poder adquisitivo, que los lobbies dejarían de vivir del cuento, etc. Pero, ¿y si el Gobierno también es tan inútil en la gestión de los llamados servicios básicos del Estado como en el resto de campos? Llegaríamos a la forzosa conclusión de que el Estado sólo es un mal innecesario.

Derecho a la vida

Cuando se observan los movimientos de un bebé en una ecografía se asiste al acontecimiento grandioso de la vida. A las 7 semanas después de la fecundación, el bebé mide ya de 17 a 22 mm, mueve sus brazos y piernas y su corazón late incansable a un ritmo de 80 latidos por minuto. Más grandioso aún es asistir al parto, o mecer al bebé en brazos y observar como duerme, mira o sonríe. Quién no haya experimentado sentimientos de ternura y de felicidad en esos momentos únicos, nunca podrá llegar a entender con propiedad la importancia de un ser humano.

Cada vida es única e insustituible. Para poder hablar con responsabilidad del derecho a la vida, sin el aislamiento propio de un mero planteamiento teórico, se necesita un mínimo de inteligencia emocional y de empatía y, desde luego, su completo desarrollo requiere haber sentido de cerca las fases de gestación, nacimiento y crecimiento de un niño.

Sin embargo, no pretendo juzgar con estas reflexiones la decisión privada de una mujer sobre su embarazo, aunque sí resaltar cómo, para el sostenimiento de la sociedad civilizada, es preciso que las instituciones ayuden a esa mujer a proteger la vida.

Defender la vida de un ser humano no debería tener que ver con la política. Debería quedar en un plano legal superior, protegido constitucionalmente y tutelado por jueces independientes, ya que está íntimamente relacionado con la viabilidad del orden extenso, complejo, abierto y evolucionado socio culturalmente, que caracteriza a las democracias occidentales más antiguas y arraigadas.

Si existe el derecho de una mujer a decidir interrumpir su embarazo, antes existe el derecho a la vida del bebé que se está engendrando en su interior, con el que colisiona directamente.

En el Estado de Texas, por ejemplo, la mujer que pretende abortar debe ser previamente asesorada por un equipo médico que le muestra imágenes reales tanto de las etapas iniciales de gestación del bebé como de los dramáticos resultados de un aborto provocado y, al mismo tiempo, le ofrece diversas soluciones de ayuda y adopción.

De un modo similar, para apelar a la responsabilidad individual sobre los propios actos, la mujer debería ser asesorada en cada hospital de Europa, con el soporte de una red asistencial adecuada que evitaría miles de muertes innecesarias, como los más de 100.000 abortos realizados durante el año 2008 en España.

Es decir, sería muy útil que existiese una red de entidades, públicas o privadas, que ante un embarazo no deseado ofreciesen a la mujer que quiere abortar la posibilidad de recibir ayuda social o de firmar la adopción de su bebé recién nacido para su cuidado por una familia con deseos de quererlo. Por ejemplo, si cada madre recibiese una asignación mensual durante su embarazo, en forma de cheque provida, se premiaría su responsabilidad al proteger la vida del bebé.

Ante la idea de que el Estado permita el desarrollo de redes asistenciales provida, hay que analizar su viabilidad en una sociedad abierta como la occidental, donde un orden extenso y complejo se genera (y es generado) por millones de ciudadanos actuando en libertad.

En primer lugar, el coste de una política provida es fácilmente asumible. Por ejemplo, si se lograsen evitar la mitad de los abortos provocados y si cada mujer que cediese su hijo en adopción percibiese 9.000 euros durante su embarazo, tan sólo se necesitarían soporte legal y financiación por importe anual de 450 millones de Euros.

La adopción provida debería promoverse desde entes privados, aunque si un Gobierno se involucrase representaría tan sólo un 0,13 % de las principales partidas de créditos por programas consignadosen el anexo I de los Presupuestos Generales del Estado español para el año 2009.

Dicha ayuda social sería mayor, si además existiese la posibilidad de prohijamiento de un bebé por parte de una familia que le asistiría durante los primeros años de vida, pudiendo mantener o ampliar las prestaciones de su tutela familiar en etapas posteriores. Como contraprestación, el bebé podría pasar vacaciones y fines de semana con la familia que le tenga prohijado y que tendría preferencia en caso de ulterior adopción.

Muchas familias estarían dispuestas a aportar dinero privado para proteger la vida de inocentes. Por ello, una nueva ley de adopción debería agilizar trámites y velar por la prestación de un servicio de calidad con entidades asistenciales, siempre bajo tutela previa por un juez independiente, que posibiliten diferentes modalidades de ayudas que incluyesen como opción la posibilidad de un acuerdo de prohijamiento o de un acuerdo de adopción entre la mujer que deseaba abortar y la familia que quisiese prohijar o adoptar su bebé.

En cualquier caso, se debe minimizar la picaresca, pero aunque existiesen algunos casos de simple lucro personal, el derecho a la vida es tan esencial para el futuro de Occidente que merece la pena su protección.

Finalmente, si los desembolsos fuesen fiscalmente desgravables, muchas familias de adopción (o prohijamiento) estarían encantadas de financiar los cheques provida y los gastos sanitarios, de manutención o educativos de los niños.

Desde luego, en vez de un Gobierno que instaure la eugenesia libre y no responsable, son siempre preferibles una Constitución que garantice un sistema judicial independiente y un Parlamento que sostenga una legislación que promueva la acción de entidades provida, públicas o privadas.

Leer Más

Un poco de caridad, por favor

Puede que la actual crisis económica haya hecho recordar a los amantes del cine clásico algunas escenas de películas de Frank Capra o de John Ford que retrataban las consecuencias de una Gran Depresión, películas que mostraban el panorama americano de los años 30 lleno de miríadas de pobres que buscaban entre la basura, se arremolinaban ante las instituciones de caridad o recorrían Estados Unidos a la búsqueda de un trabajo que les permitiera comer todos los días. Sin ánimo de comparativas innecesarias entre esos tiempos y los actuales, deberíamos analizar y defender, por su actualidad, el mecanismo de la caridad frente al de su gran enemigo, el Estado de Bienestar.

Nunca se ha conocido un número tan grande de organizaciones que prestan auxilio a pobres, desamparados, menesterosos, adictos, parados y otros grupos necesitados y pese a ello, la idea de caridad como un acto voluntario de ayuda a los que lo necesitan se ha perdido en favor de la acción del Estado, que despoja a los ciudadanos de parte de sus recursos y los dirige hacia grupos afines, protegidos, minorías privilegiadas o políticamente correctas, en detrimento de otros que pueden necesitar tanto o más estos recursos, todo ello con el suficiente despliegue mediático y de propaganda que permite magnificar logros o simplemente inventárselos.

Pero la caridad voluntaria tiene una serie de ventajas evidentes de eficiencia que no tiene ni puede tener la labor del Estado. Desde una perspectiva simplemente moral y ética, el carácter voluntario de la caridad privada frente a la coacción del Estado, despojador de recursos, ya sería suficiente para decantarse por la primera. Cada uno optará por ayudar a la organización que considere más adecuada o simplemente no hacerlo si piensa que la caridad no es el camino adecuado. Puede que a aquellos que les interese sólo los teóricos objetivos no aprecien esta diferencia entre lo público y lo privado, pero incluso en este caso, deberían reflexionar sobre ello.

Las organizaciones privadas de caridad tienen más capacidad para entrar en contacto con los problemas que la burocracia estatal. Sus voluntarios suelen tener una implicación personal o incluso emocional con los afectados que dista mucho de la que pueda tener cualquier funcionario. La gestión directa de los recursos les permite una mayor eficiencia, pues no necesitan mantener una burocracia innecesaria como la de las Administraciones Públicas, y en caso de fraude, éste puede detectarse mucho antes pues no habrá una organización política que lo tape o lo manipule durante demasiado tiempo, así que los donantes podrán decantarse por otras organizaciones que realicen una labor más acorde con sus pretensiones.

Es difícil hacer frente a los muchos problemas que pueden afectar a una sociedad enferma, así que la competencia entre organizaciones de caridad permite que ante un problema concreto se puedan probar diferentes soluciones o que distintas organizaciones se centren en distintos problemas, desde mendigos a parados, pasando por adictos que quieran desengancharse o marginados que quieran salir de la delincuencia. La propia inercia del sistema estatal y su continua politización impide precisamente la proliferación de ideas, limita el número de afectados a los que puede ayudar y minimiza esta asistencia en algunos casos hasta el punto del ridículo, como aquel ciego de Barcelona con un trastorno bipolar que recibió, en virtud de la Ley de Dependencia, un céntimo en concepto de ayuda económica.

Pero el mayor daño que puede hacer el Estado a la caridad privada es precisamente la competencia desleal y la politización de la ayuda que lleva a las organizaciones privadas a terminar pidiendo recursos públicos en vez de buscarlos entre sus simpatizantes y voluntarios, que desincentiva la creación de nuevas organizaciones si no es en un entorno político, y que da la idea equivocada y letal de que el Estado es el único que puede hacer frente de manera eficiente a los problemas sociales, promoviendo incluso entre los propios ciudadanos una desidia y una despreocupación sobre sus responsabilidades que lo único que genera es una mayor desintegración social.

Crisis peluda, ¡solución definitiva!

Voy a comer. Pongo la tele. La Primera para más señas, pues ya que por edad no estudié Educación para la Ciudadanía, por lo menos que me adoctrinen en la medida de mis posibilidades.

– ¡Los bancos son culpables! – truena el televisor.

En la pantalla, pequeños propietarios de pymes acusan:

– ¡No nos dan créditos, así vamos a tener que cerrar!

A Miguel Sebastián, expresando el sentir de millones de españoles, se le ilumina la bombilla (de bajo consumo) y amenaza: "Al Gobierno se le está acabando la paciencia con la banca". Pero lo más dramático, la mayor muestra de crueldad de los bancos, de su falta de compromiso y solidaridad con la ciudadanía estaba aún por llegar.

Aparece en la pantalla una empresaria, desesperada ante la falta de apoyo crediticio. Su negocio está a punto de hundirse, y los bancos le niegan auxilio. ¡Menuda injusticia! ¡Qué nacionalicen ya la banca! Además la indignada empresaria nos avisa. Si cierra su empresa, sus trabajadores irán al paro. Está claro, esta ciudadana ha de ser ayudada, ha de recibir líneas de crédito que le permitan seguir en el negocio.

Pero, un momento, ¿cuál es el negocio del que estamos hablando? ¿Cómo? ¿Un salón de depilación? Efectivamente, un salón de depilación. Con la crisis, con el paro, resulta que los consumidores responden de forma bajista a las ofertas depilatorias que ofrece dicho salón y parece ser que, aunque el depilado púbico se mantiene pese a sufrir ciertos retrocesos, el resto de los tratamientos van claramente a la baja, con un desplome del 95% en el completo de axilas y caídas superiores al 75% en el depilado intercejil por láser.

Efectivamente, la situación es peliaguda… Ahora, más que nunca, es cuando los bancos deben mostrar su lado humano y solidario.

Pero el problema es que los bancos no se fían un pelo de la viabilidad del negocio. Puede que no sea el momento de poner dinero en una actividad, que, si bien tiene evidentes ventajas estéticas, quizá no responda a la actual coyuntura. Realmente pretender que sea viable dicho negocio es un pelín arriesgado, y los bancos no tienen un pelo de tontos.

¿Qué queda entonces?

Pues nada, para eso están las ayudas públicas. Soluciones keynesianas para el sector depilatorio, las cuales, sin duda, fomentarán el empleo en dicho sector. Quizá mediante ayudas directas o con la entrega a través del INEM de bonos depilatorios a los parados, un sector de la población que esta el alza y que dispone del tiempo necesario para someterse a la actividad de dicha industria. Además, aunque dichos bonos no ayudarán al Gobierno a suavizar las cifras del paro, por lo menos sí "suavizaran" a los propios parados. Algo es algo. Hasta los sindicatos de clase podrían contribuir. Si Cándido Méndez, en vez de ofrecer propuestas tan imaginativas como la semana de cuatro días, ofreciese su cuerpo socialista al sector depilatorio, garantizaría la carga de trabajo durante una larga temporada.

Claro está que mucha gente pondrá el grito en el cielo ante esta inyección de dinero de los contribuyentes en la eliminación de vello. ¡La depilación no es un sector estratégico! (Aunque se suela hacer en sitios estratégicos.)

Aquí me pillan. Realmente, yo, al revés que los editorialistas de El País, no sé qué es un sector estratégico y qué no lo es. No entiendo por qué el cine español, un cine por el que la gente no está dispuesta a pagar una entrada, recibe ayudas de 75 millones de euros, por qué los gobiernos europeos deciden subvencionar con 5.000 millones de eurazos a Airbus, un avión que las aerolíneas no compran, o por qué se da dinero a sindicatos deficitarios a los cuales no se afilian ni los propios trabajadores (quizá si les regalasen un bono depilatorio…) y así un largo etcétera.

En fin, pelillos a la mar…

Aunque puede que el Gobierno en el fondo actué consecuentemente respecto al sector depilatorio, abandonándolo a su suerte. Si la batería de medidas aprobadas por ZP y su cuadrilla son puestas en marcha… se nos va a caer el pelo. ¡Y sin necesidad de láser!

Yo también quiero reflexionar

En efecto, prácticamente ni Dios va a ver una película española, entre otras cosas porque el Altísimo tiene otras muchas ocupaciones y además le gustan las películas de Schwarzenegger, hechas para atraer a la audiencia como Él manda. Esto demuestra que el razonamiento de Lasalle es un ejemplo claro de falacia pues llega a una conclusión cierta (cada vez menos espectadores van a ver cine español) a través de un argumento erróneo (el cine español es un producto de calidad). A menos que Lasalle suponga que los españoles padecen un brote agudo de cretinismo, que les lleva a consumir productos infumables pudiendo elegir otros excelentes por el mismo precio, habrá que concluir que si la gente va cada vez menos a ver películas españolas es porque son… ¿cómo decirlo sin ofender demasiado? ¿Una puñetera castaña, Lasalle?

El cine español, como cualquier otra actividad subvencionada fuertemente por los poderes públicos, no responde a los gustos de los consumidores a los que supuestamente va destinado, sino a las exigencias estéticas e ideológicas de quien ocupa el poder y tiene el mando del grifo de la subvención pública. Es normal, por tanto, que la inmensa mayoría de las películas que se hacen en España sean un ejercicio de onanismo sectario técnicamente mediocre, estéticamente lamentable e ideológicamente insultante, cuyo único objetivo es contribuir a la promoción de la agenda ideológica de la izquierda zapateril.

Los zejateros han conseguido la dudosa hazaña de hacer que la recaudación de las películas españolas sea inferior a la cuantía de las subvenciones directas que reciben del Estado, que no son sólo los famosos 88 millones de euros del fondo para la cinematografía, sino alrededor de doscientos cincuenta millonazos, una vez sumado el impuesto revolucionario que se exige a las televisiones españolas a través del famoso cinco por ciento de los beneficios que obligatoriamente deben destinar a la promoción del cine español. Para que se entienda bien la magnitud del expolio, es como si Zapatero subvencionara cada coche que sale de la factoría de SEAT con un importe superior al precio que el cliente paga por él cuando lo adquiere. Un despropósito de tintes delictivos y un insulto a la inteligencia, que sin embargo los políticos de todos los partidos dan por bueno siempre que en lugar de un utilitario con cambio automático se trate de una película que ataque virulentamente las creencias de más de la mitad de los resignados contribuyentes.

No deja claro el gran Lasalle cuál es la solución que propone el Neopepé para arreglar "el problema" del cine español, pero a tenor de la trayectoria reciente del partido, suponemos que consistirá en darle aún más dinero a la casta de mediocres subvencionados que viven del cuento cinematográfico, con la única condición de que en vez de tocarse la ceja durante la campaña electoral de 2012 se pongan una barba postiza en honor de Rajoy y aparquen momentáneamente el famoso cordón sanitario.

En cambio, la mayor parte de los votantes del PP seguramente preferirían que el responsable de cultura del partido hiciera gala de una mayor contundencia en sentido contrario. Con que tratara a los cineastas españoles como hizo con su compañera María San Gil sería suficiente.

La Internacional, versión progre-mix

Instrucciones de uso

Para leer este artículo y obtener el máximo efecto sonoro y emocional, se recomienda hacerlo en grupo (cuatro verdaderos liberales mínimo…ya sé que cuesta encontrarlos, pero en fin…) y en voz alta, en plan karaoke con esta musiquilla.

También se puede entonar “a capella”, es decir a viva voz, sin ayuda instrumental. Pero lo más auténtico  y emotivo sería cantarlo “con Capella”, si nuestro estimado Paco se ofrece…

Arriba artistas progresistas.
En pie, creadores de opinión.
Atruenan las ganas de pasta:
a vivir de subvención

El pasado hay que tergiversarlo,
legión de progres dispuestos a medrar
El País está de nuestra parte
y nos lo vamos a llevar…

Subvenciones pa´todos,
no dar golpe es genial.
Vivir del erario…
¡De nada nos va a faltar!

Subvenciones pa´todos,
no dar golpe es genial.
Vivir del dinero público,
¡eso es algo sin igual!
(bis)

Siempre con la pancarta a cuestas,
Prestige o la Guerra de Irak,
nosotros siempre a lo nuestro,
¡a ver si cae la subvención!

Mantener al gran tirano en Cuba,
Hezbolá o Hamás, lo mismo da.
Eso sí, no dar ni un palo al agua,
¡en fin, lo que sea menos currar!

Subvenciones pa´todos,
no dar golpe es genial.
Vivir del erario…
¡No podemos pedir más!

Subvenciones pa´todos,
no dar golpe es genial.
Vivir del dinero público,
¡eso es algo sin igual!
(bis)

Tenemos más cara que espalda,
artistas de la subvención,
vivimos de vuestros impuestos,
¡siempre en manifestación!

Nuestras pelis no venden ni una entrada,
no interesan al espectador,
por eso siempre estaremos
¡pidiendo nuestra subvención!

Subvenciones pa´todos,
no dar golpe es genial,
vivir del erario…
y de la solidaridad.

Subvenciones pa´todos
No dar golpe es genial,
vivir del dinero público
¡eso es algo sin igual!
(bis)

El peor asesor de la historia

Con un formato más original, y no tan elitista, es a lo que se dedica el canal Cuatro con el reality Ajuste de Cuentas. Si jamás ha visto el programa, se lo resumo diciendo que Vicens Castellano y su equipo usan el sentido común y la contabilidad financiera más básica para sacar a las familias adelante.

Si pasamos por una mala situación económica y nuestros gastos son superiores a los ingresos, no necesitamos un asesor para saber que hemos de replanificar nuestro estilo de vida: reducir los gastos, amortizar deuda, ahorrar e incrementar los ingresos en la medida de lo posible. Es algo que parece sencillo y obvio, ¿no? Pues no siempre.

Cuando llevamos este principio tan elemental a la política, la situación cambia radicalmente. Miren cómo actúan los gobiernos y muy especialmente el de Estados Unidos. Tienen una situación económicamente desastrosa y en lugar de suprimir los costes inútiles, ahorrar, reducir el endeudamiento y orientar nuestra producción a cosas realmente productivas (que sólo se consigue con más libertad de mercado), nos obligan a endeudarnos más para producir, además, cosas totalmente superficiales.

Barack Obama ha centrado su plan en el crecimiento económico basado en la inflación crediticia; en la creación artificial de empleo; en la estabilización del sistema financiero (lo que significa ampliar el monopolio bancario); en promover a golpe de talonario del contribuyente a empresas ecológicas; y en socializar el sistema sanitario. Para todo ello, va a robar a los americanos 787.000 millones de dólares (aunque se comenta que podría llegar a los 1,1 billones), que se suman a los 1,3 billones de dólares que ya tienen en cola.

Imaginemos que Obama se hubiese dedicado a asesor personal y ante una mala situación económica, nosotros le contratásemos. Siguiendo su particular filosofía keynesiana, nos diría que hemos de ingresar más dinero. Hasta aquí normal, pero ¿cómo? ¿Tal vez consumiendo menos o trabajando más? No, pidiendo más créditos al banco, es decir, endeudándonos más.

También nos diría que en lugar de destinar nuestros ahorros a lo esencialmente básico para nuestra familia, hemos de vender nuestro coche contaminante y gastarnos tres veces más en uno ecológico. (El primer experimento verde con los biocombustibles ha llevado el hambre a centenares de miles de personas. ¿Es el momento de seguir matando a más gente con esta excusa?)

También nos diría que todos los miembros de la familia han de trabajar para aportar más dinero. Y dado que nuestros hijos se han quedado sin empleo por la crisis, les hemos de asignar un sueldo para que hagan las tareas del hogar… y con esto incrementaremos nuestras rentas familiares. Cuando Obama habla de creación de empleos se refiere a esto. Paga con dinero del contribuyente el sueldo de otro americano dedicado a la construcción que vive a mil kilómetros de distancia. ¿Eso genera riqueza? La constructora OHL ya ha dicho que le parece perfecto, ¿pero es necesario? Lo que no cuenta Obama es que ese dinero en realidad sale de nuestro bolsillo y por tanto lo que se crea por un lado se destruye por otro.

Finalmente, para que todo sea perfecto y armónico, nos obliga a destinar parte de nuestro dinero a los gastos médicos del vecino del quinto. Ante su más que probable cara de estupor, Obama llama a este "saneamiento", Plan de Estímulo. Incluso nos monta una web con el grandísimo nombre de Recovery.gov donde sólo se habla de los beneficios de este plan, pero no de sus costes reales que son muy superiores.

Tal vez tendríamos que pedir a alguien como Vicens Castellano y a su reducido equipo que sustituya al Gobierno entero y aplique sus recetas a las cuentas públicas para reducir el peso del Estado en un 99,9%. Que dejen de robarnos el dinero para cosas que sólo repercuten en un futuro más negro y confuso. Todos estos "planes de estímulo", "ayudas" o como quiera llamarlos van contra el más elemental sentido común y sólo nos preparan para una siguiente crisis.

Parásitos

Sin embargo, también se emplea para referirse a toda "persona que vive a costa ajena", aprovechándose así del trabajo de los demás. Pues bien, los políticos de toda y clase y condición dependen para sobrevivir, única y exclusivamente, de los recursos que genera la sociedad.

Papá Estado es el aparato burocrático, altamente perfeccionado, en el que tales parásitos habitan y desarrollan su labor con el fin de satisfacer unos determinados intereses, los suyos. Así, dependen del organigrama estatal, entendido éste como toda forma de administración pública. La cuestión es que dicha estructura precisa, a su vez, acaparar recursos ajenos, ya sea riqueza (impuestos) o fuerza laboral (nacionalización económica) para subsistir.

En este particular contexto se desarrolla la histórica pugna Estado versus Mercado, en donde la clase gobernante trata de incrementar su poder a costa de la libertad y propiedad privada del resto de individuos. A lo largo del tiempo, esta relación siempre se ha mantenido de un modo inversamente proporcional. Es decir, a más Estado (o mayor poder político) menos mercado, y viceversa. No por casualidad, el totalitarismo se alza como un modelo en el que impera la anulación plena del individuo. De ahí precisamente que la sociedad prospere a pesar de los políticos y nunca gracias a ellos, tal y como pretenden hacernos creer algunos.

Ahora bien, la virulencia y apetito que muestran estos organismos varía en función de las ideologías que profesen. Los parásitos más intrusivos y devastadores para la salud del anfitrión que los alberga son aquellos que creen firmemente en la función que desempeña el Estado en favor de un concepto etéreo e inexistente denominado "interés general". Es sin duda el caso de todos aquellos políticos que, con independencia de las siglas, abogan por un Estado fuerte y protector para tener bajo cuerda a su mayor enemigo, el mercado.

Por el contrario, los auténticos liberales priman siempre y sin excepción la libertad individual frente a los poderes coactivos del Estado. Es decir, la defensa y desarrollo de los derechos naturales (vida, libertad y propiedad) bajo un Estado mínimo. Por desgracia, vivimos tiempos convulsos en donde los líderes de las principales potencias del planeta están aprovechando la gravísima crisis económica que ellos mismos generaron gracias a la banca central, para extender su función parasitaria sin cortapisas ni ambages de ningún tipo.

Ni siquiera Estados Unidos es ajeno a tal peligro tras el creciente intervencionismo público que sufre el país desde hace varias legislaturas. En la actualidad, el sueño americano que vislumbraron los Padres Fundadores corre el riesgo de desintegrarse por completo bajo la suicida estrategia anticrisis implantada por Bush, Paulson y Greenspan, y que ahora pretende incluso intensificar Obama, Geithner y Bernanke. Y detrás vienen los demás. Japón, Alemania, Francia y, por supuesto, España, entre muchos otros gobiernos, ya que insisten en rescatar a determinados sectores a costa de empobrecer a todos sus ciudadanos.

Por suerte, algunos empresarios españoles parecen despertar ahora del letargo y alzan su voz en contra de nuestros gobernantes con fuerza y meridiana claridad. El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Arturo Virosque, harto del engaño, ha sido el primer valiente de este país en decir verdades como puños. La situación es "de una gravedad absoluta, como no se había conocido nada igual y nuestros políticos aún se están riendo, aún salen con la sonrisa puesta". ¡Pim!. "Hablo mucho con los empresarios y ya no creen en los políticos porque son todos unos embusteros". ¡Pam! "No han hecho nada. Lo sabían todo desde hace dos años y lo han ocultado". ¡Pum!

"Los jubilados dejarán de cobrar la pensión en 2012" y después "los españoles tendremos que emigrar, saldremos de España en patera". Victoria por KO. Desconozco las recetas económicas que propone Virosque, pero coincido en el diagnóstico. Reacciones de este tipo, análisis realistas como el del profesor Velarde e indignación manifiesta como la mostrada por algún empresario ante el mismísimo Zapatero constituyen, precisamente, la masa crítica que precisa este país para comenzar a afrontar de verdad los graves problemas que se avecinan. No esperen más, puesto que si la cacerolada argentina llega a España, me temo que ya será demasiado tarde para reaccionar. No permitan que los parásitos que habitan este país acaben con el anfitrión.