Etiqueta: Enemigos de la libertad

"Todos debemos entender que la educación, las carreteras, los servicios… no son gratis. Todos debemos arrimar el hombro". ¿No le suena esta expresión de "arrimar el hombro"? También es muy usado por el Gobierno socialista español.

Cuando alguien le pide que arrime el hombro entiende que le está solicitando ayuda y que usted, de forma voluntaria, se la da si quiere. Esta expresión recibe un sentido totalmente diferente cuando es usada por los políticos. En política, arrimar el hombro significa que aprobarán leyes obligándole a pagar más dinero al Estado. Esto no es altruismo, ni bondad, ni mucho menos un acto solidario y de civismo, simplemente es un crimen y un robo ya que usted paga los impuestos porque el Gobierno le amenaza y extorsiona con multarle, juzgarle, encarcelarle o matarle si se defiende de la agresión estatal y no cede el tributo al Gobierno de turno.

Afortunadamente, la sociedad española se está dando cuenta de qué son los impuestos y de que estos son siempre ilegítimos. Según el Ministerio de Economía, casi un 50% de la población ve con buenos ojos no declarar al fisco todas las rentas obtenidas. Estos datos contrastan con los años anteriores. En 1995 sólo el 33% de la población encontraba lícito engañar a Hacienda para no dejarse saquear por el Estado. En 2006 esta proporción ascendió al 39% y en 2008 se sitúa concretamente en el 49%.

Casi el 88% de los encuestados piensan que "hay circunstancias en la vida personal o de una empresa que justifican cierto fraude para seguir adelante". Esto es muy interesante, porque contradice totalmente el argumento izquierdista de que los impuestos revierten directamente en el individuo como un efecto multiplicador al estilo keynesiano generando más rentas o bienestar para todos.

No pagar impuestos es algo más que un hecho circunstancial a la situación económica. ¿Se imagina que por ley tuviésemos que informar a un ladrón a qué horas no estaremos en casa para que él entrase a saquear nuestra propiedad? Si los impuestos son una incautación forzosa de nuestras rentas y de aquello que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo, ¿por qué ha de ser inmoral no informar al Estado de lo que ganamos? Si caemos en la extorsión del Estado, éste nos sacará nuestro dinero para comprar más votos, repartirlo entre sus grupos de presión o emprender proyectos de ayuda inútiles que no repercuten en nuestro bienestar. Más bien al revés, lo usarán para crear más leyes que les sirvan para controlar nuestras vidas. Engañar al fisco es un acto de defensa para mantener nuestro bienestar y conservar aquello que nos hemos ganado trabajando. Nadie tiene derecho a sacárnoslo.

¿De verdad cree que la presión fiscal, que supera ligeramente el 40%, es para pagar los llamados servicios básicos del Estado? Sólo en la recaudación por tabaco y licores ya se paga todo el presupuesto de Defensa. ¿Cree que los políticos administrarán mejor su dinero que usted? Ellos no les bajarán los impuestos, así que tome usted la iniciativa.

Una de las principales críticas que recibe recurrentemente España es la fuerte rigidez burocrática que impide hacer nada. Si la solución a los problemas económicos está en la reducción de leyes absurdas contra el libre comercio y el descenso en el número de funcionarios, el Estado ha hecho lo contrario. En España hemos pasado de 1,2 millones de funcionarios en 1990 a casi 2,6 millones en 2008, y quienes trabajan en el sector público no pueden emplearse a la vez en el privado. Esto significa una menor producción, más impuestos y un fuerte lobby que no para de absorber privilegios como el poder trabajar desde casa o recibir primas por no faltar al trabajo. En la economía privada, si no trabajas, te despiden. Los funcionarios son una casta privilegiada. ¿Cree que Gobierno y administraciones locales van a recortar cargos públicos arriesgándose a huelgas de todo tipo?

Todas las reacciones que ha tenido Zapatero para hacer frente al actual "problema de dificultades", esto es, crisis con atisbos de recesión, se han centrado en gastar más: más obra pública, más subsidios de desempleo, más funcionarios para crear cosas como el "observatorio de precios" y más subvenciones para los lobbies sociales y empresariales. Si el Gobierno ya está recaudando menos debido a la contracción económica y sigue gastando como un ludópata en un bingo, ¿de dónde sacará el dinero para su despilfarro? La respuesta es evidente: de nuestra cartera. Padeceremos una presión fiscal mayor y el peso de la deuda pública sobre el PIB crecerá, lo que significa que pagaremos aún más impuestos en el futuro.

Por definición, el Estado sólo sabe aplicar la fuerza. Es función de los medios de producción privados servir a la sociedad adaptándose constantemente a nosotros, independientemente de la situación económica en la que estemos. No lo hacen por amor, como dice el establishment socialista que hace el Gobierno, sino porque en ello les va su bienestar material.

Si el Gobierno se decida a llenar los bolsillos de las empresas con subvenciones y ayudas, éstas dejarán de esforzarse en crear empleo y servir al consumidor y al accionista. El principal benefactor de las empresas privadas será el Estado, no nosotros. Si de igual forma Zapatero considera, como ya ha hecho, que los subsidios de desempleo han de crecer, lo único que hará será premiar la baja productividad y el no trabajo. La sociedad y economía funcionan cuando se retroalimentan de forma natural y autónoma, no con transferencias de los actores económicos productivos hacia los no productivos. Esto sólo nos llevará a acentuar la crisis e invertir el proceso natural.

Entonces, si el bienestar material nos viene a través de los intereses de cada uno de los actores económicos que interactúan entre ellos demandando y ofreciendo productos y servicios, lo mejor será fomentar la empresarialidad y el esfuerzo personal. En este terreno, lo mejor que puede hacer el Gobierno es empezar a permitirles más libertad a la sociedad y al mercado para que cada uno use los mejores métodos de producción posibles para satisfacer al resto de la sociedad. Si el Gobierno actúa como un dictador de la producción controlando los medios de forma arbitraria por el simple hecho que no le gustan, como por ejemplo cuando se niega a que se emplee la energía nuclear, sólo conseguiremos menos innovación, menos bienestar y un mercado autárquico y cerrado a las necesidades reales del ciudadano.

Las crisis se deben a los falsos incentivos de los medios políticos, ya vengan de los bancos centrales –que crean ilusiones de crecimiento respaldadas por inflación– o del propio Estado. Los que han provocado esta situación sólo nos pueden ayudar disminuyendo sus funciones o desapareciendo de nuestras vidas. El número de funcionarios ha de disminuir drásticamente. Las subvenciones han de ser reducidas o incluso abolidas. Las leyes medioambientales no generan ningún beneficio que el mercado pueda valorar y nos acarrean un sinfín de costes, por lo que deben ser derogadas. Que elija el consumidor y no un burócrata en la Moncloa que vive de nuestro dinero. Y todo para que encima tampoco cumplamos nuestros compromisos ecológicos. Si lo que nos importa es nuestro bienestar material y no el de los burócratas, los impuestos han ser fáciles de recaudar y transparentes, lo que significa, en el corto plazo, crear un solo impuesto directo al consumo y bajo.

En fin, la mejor manera para superar la crisis es que el Estado se siga una estricta dieta y empiece a recortar sus funciones cediéndonoslas a nosotros, la sociedad civil.

Ya sabe, todo por culpa de esa crisis que según Zapatero no existe. Pero evidentemente, el Estado no es el único que se resiente por las consecuencias de esta "desaceleración transitoria ahora más intensa", también sufren las empresas privadas. Comparemos esta situación por separado.

El único fin social que tiene una empresa es obtener beneficios. A diferencia de las obligaciones del Estado, la empresa no ha de mantener la paz ni bienestar social. Las empresas dependen del plebiscito del consumidor. En condiciones de libre mercado no pueden abusar de él porque en caso contrario el cliente se irá a la competencia. Muchas empresas ahora están pasando por un mal momento y no han trasladado los aumentos de costes al cliente hasta que la situación les ha sido insostenible. Uno de los ejemplos que más han estado sonando estas semanas son las compañías aéreas, que han empezado a subir precios ante la imparable subida del crudo. Todo y así, aerolíneas como Iberia ya han anunciado que si su demanda baja mucho, bajará precios, es decir, se comerá más costes aún. Las empresas se amoldan a las necesidades de la gente para que todos, mundo empresarial y sociedad, podamos convivir. Los dos nos necesitamos y los dos nos consentimos mutuamente de forma libre. Pero la relación Estado–ciudadano no es la misma.

Estos días hemos oído la negativa del Gobierno a rebajar los impuestos a los combustibles. Solución que habría sido la más fácil y transparente para todos, tanto para empresarios como para trabajadores y ciudadanos. Las razones que han esgrimido los gobernantes para negarse a la rebaja fiscal han sido básicamente técnicas, pero también económicas. Hace dos semanas ocurrió lo mismo en Francia cuando Nicolás Sarkozy planteó suspender el IVA a los carburantes. Bruselas calificó las declaraciones de "error" y la propuesta se guardó en un cajón.

Con esta crisis estamos viendo que los estados, al no necesitar nuestro plebiscito para nada, se sacan la máscara comportándose como unos tiranos. Curiosamente, los que viven de la economía privada hacen todo lo contrario apretándose el cinturón y así podernos servir. ¿No sería más razonable, en la lógica actual, que fuesen los gobiernos y no las empresas los más comprensivos y flexibles con el ciudadano? Es decir, que recortasen costes, partidas innecesarias y de escaso valor para el ciudadano. En este panorama no tiene demasiado sentido pagar a actores ociosos que viven de cánones privado-estatales, empresas que están fuera del mercado y sólo se alimentan de subvenciones, tiranos de otros países o lobbies. El Gobierno también tendría que hacer una reducción de costes interno como todas las empresas en estado de crisis. Parece haber olvidado todo el mundo que el Estado no es un fin, sino un medio y muy poco eficiente a la luz de los acontecimientos.

Se nos viene encima una situación que está haciendo que nuestro poder adquisitivo se deteriore a una velocidad de vértigo, pero antes prefieren los gobernantes ver una huelga durísima con escasez de alimentos, de combustible, violencia, intentos de asesinato y hasta un muerto que no perder ni un sólo céntimo en recaudación. Nos dicen que no pueden hacer nada por problemas formales y por la enorme burocracia, obligándonos un día detrás de otro a apretarnos el cinturón. Para los políticos las cosas sólo son difíciles e imposibles si repercuten negativamente en los ingresos del Estado. Para ellos no es una cuestión de defender el bien común, sino de mantener y aumentar el dinero y el poder.

Si una empresa se comportase así con sus clientes cerraría a los dos días, epro al Gobierno no le ocurrirá. ¿Cree que le importa lo más mínimo esta situación a los burócratas? ¿Cree que alguien se va a acordar de todo esto en las próximas elecciones de aquí a cuatro años? ¿Qué incentivos tiene el Gobierno en cumplir con sus responsabilidades de proporcionar seguridad y bienestar al ciudadano en un sistema en el que se prima la avaricia gubernamental y ni siquiera hay leyes para castigar la irresponsabilidad política? ¿Es necesario que los gobiernos tengan tanto poder sobre nuestras vidas? Por si alguien lo ha olvidado, son ellos quienes nos han de servir a nosotros, y no al revés.