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Etiqueta: Enemigos de la libertad

Globalización y fiscalidad

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Cuanto más plana es la tierra más se empeñan los estatistas en reducirla a poblados herméticos. El enésimo coletazo del proteccionismo, el fiscal, resurge con nuevas medidas legislativas en pro del mantenimiento de los contribuyentes dentro del corral gubernamental y las organizaciones estatalistas (OCDE, UE… etc.) comandan las últimas ofensivas para configurar estas medidas.

El surgimiento de los llamados paraísos fiscales –centros financieros internacionales offshore (CFIO), que mueven el 60% del dinero en el mundo– respondieron a la necesidad de proteger los patrimonios ante posibles expropiaciones y elevados impuestos y han entablado una fuerte competencia por atraer inversores extranjeros. Además, las empresas (e incluso los gobiernos) han aprovechado esa actividad financiera carente de cargas fiscales que los bancos allí establecidos realizan para conseguir fondos y capital a reducidos costes. De este modo, se empezó a hacer frente a la fiscalidad o, como felizmente la definiera Jean Babtiste Colbert, a "el arte consistente en desplumar a la gallina de forma que se obtenga el mayor número de plumas con el menor cacareo posible".

Ante estos cacareos cada vez más potentes, los estados han tenido que modificar sus legislaciones para hacer más difícil el aprovechamiento de estos refugios. Así, el derecho positivo interno de los países atacó la huida hacia los paraísos eliminando las deducciones, exenciones, créditos fiscales y otros beneficios a entidades que operan en estos lugares. Paralelamente, las administraciones de los Estados han venido incrementando sus relaciones estableciendo los llamados Convenios de Doble Imposición para repartirse sus soberanías fiscales e intercambiar información de cara a evitar el fraude fiscal.

Tal ha sido el rearme administrativo que, en determinados aspectos, interesa a la propia Administración que las sociedades operen en los paraísos fiscales, porque de ese modo aprovechan las clausulas anti-abuso añadidas en sus legislaciones y les hacen tributar por lo que lo habrían hecho en el infierno fiscal al que pertenezcan.

Pero para ello les es de vital importancia contar con la herramienta imprescindible para todo buen tirano que se precie (y que es clave en fiscalidad): la información. De ahí que en 2001, los antaño "paraísos fiscales" pasaron a llamarse "jurisdicciones colaboradoras o no colaboradoras" según compartían con las administraciones más agresivas información fiscal. Y es que ya sabemos que para el poder, la información entendida como espionaje es vital para su supervivencia.

Por todo ello, es de resaltar que las medidas administrativas sean la respuesta a lo que emerge (así lo ilustra el subtítulo "An Emerging Global Issue" de un importante trabajo de la OCDE contra la competencia fiscal). La actuación gubernamental siempre es respuesta, va a la zaga, va en contra, de lo que surge del actuar de aquellos que comercian y se relacionan bajo el principio de la autonomía de la voluntad, contratos y soberanía individual. E igualmente curioso que el problema surja gracias a cambios tecnológicos y comerciales como Internet y los transportes, elementos que han hecho tanto bien a la humanidad y que tanto posibilitarán en el futuro. Sin embargo, no deja de ser normal si tenemos en cuenta que los que llevan adelante estas iniciativas todavía siguen los esquemas expoliadores de mayores ingresos públicos para sufragar mayores gastos públicos negando la conducta diaria de los que en busca del bienestar material siguen emigrando o trasladando su capital a jurisdicciones de menor extorsión.

Una excusa o falacia bastante utilizada y que pretende tocar la fibra sensible de los ciudadanos es que con mayores trasferencias de información entre administraciones podría combatirse en mayor medida la lacra del terrorismo. No obstante, mucho más fácil sería detectar estas actividades en un mundo en el que no le fuera preciso a la gente decente huir y ocultarse de los gobiernos como si fueran criminales.

Y es que, realmente, para aquellos que usan este tipo de países o, en un plano más abstracto y general, aquellos que compiten fiscalmente con los mastodontes occidentales ofreciendo menor tributación, verdaderamente significa un intento de escapar a sus garras. Una escapatoria que también se analiza con estudios empíricos que intentan justificar las políticas emprendidas y alertar de los efectos negativos de la competencia en impuestos pecando todos ellos, sin embargo, de un análisis estático y de conclusiones encerradas en sus escuetas teorías alejadas de la acción humana y muy próximas a la política.

Nos encontramos, en resumen, ante una colosal batalla entre la globalización y la fiscalidad. O cómo la creciente intensidad de las relaciones pacíficas intentan defenderse de las ansias confiscatorias de los estados.

La Europa del malestar

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Europa, el otrora paradigma del progreso, está dejando de serlo de tanto mirarse al espejo y vanagloriarse de su "modelo de bienestar" mientras abandona los principios sobre los que se funda su prosperidad. Con un crecimiento económico estancado del 1’5% anual, 19 millones de parados, un desempleo juvenil del 18%, una elevada deuda pública y una población cada vez más envejecida, Europa quizás debería dejar de jactarse de su exclusivo "modelo social" y plantearse más bien su definitivo desmantelamiento. Unas cuantas cifras y datos comparativos pueden ayudarnos a visualizar el alcance de este letargo.

La economía mundial está creciendo a un ritmo del 4%, India lleva años liberalizando su economía y creciendo aceleradamente al 7% anual, lo mismo que China, que en los últimos 25 años ha crecido a una tasa histórica del 9%. Estados Unidos también crece a un ritmo notable del 4,4%. La economía europea, sin embargo, apenas llega a crecer un 1,5%. Lo que explica estas disparidades es la medida en que el Estado coarta la función empresarial de los individuos, su capacidad para advertir y aprovechar oportunidades de ganancia en el mercado y prosperar. Los Estados del Bienestar europeos gestionan la mitad de la riqueza nacional (además de regular la otra media), lo que equivale a decir que los europeos son esclavos a tiempo parcial que trabajan la mitad del año para la administración pública. El gasto estatal en relación con el PIB es del 48,2% en la Unión Europea, casi 10 puntos por encima de la media de la OCDE y 15 puntos por encima del gasto público de Estados Unidos, que es del 35,6%. A este respecto vale la pena comparar la evolución de los indicadores europeos (Francia, Alemania e Italia como referencia) con los indicadores de Estados Unidos, sociedad que cabe considerar ligeramente menos intervenida.

En 1990 la renta per cápita alemana representaba un 80% de la renta per cápita estadounidense, la francesa representaba un 78% y la italiana un 76%. Una década después la renta de los tres países europeos no sólo no se había acercado a la renta norteamericana sino que se había alejado entre 10 y 5 puntos cada una. Estados Unidos, con un nivel de desempleo del 5%, ha incorporado 20 millones de personas al mercado laboral desde 1990. Francia, Alemania e Italia, con tasas de desempleo que rondan el 10%, sólo han visto aumentar su población activa en tres millones. En Estados Unidos trabaja el 63% de la población, mientras que en Alemania, Francia e Italia sólo el 50% de la población se dedica a trabajar. Entre 1990 y 2002 las horas trabajadas por empleado se han mantenido en Estados Unidos mientras que en los tres países europeos han descendido abruptamente. El 78% de los italianos desempleados tiene que esperar más de seis meses para encontrar trabajo, lo mismo que el 65% de los alemanes o el 54% de los franceses. En Estados Unidos sólo el 18% de los parados tiene que esperar más de seis meses. La producción de bienes de alta tecnología ha crecido un 419% en Estados Unidos en el período 1980-2003. Francia, Alemania e Italia han registrado respectivamente un crecimiento del 242%, del 52% y del 69%. Por otro lado la tasa de nacimientos por mujer es en Estados Unidos del 2,1%, mientras que en Europa no llega a la tasa de reemplazo. Si la tendencia actual continúa la población europea no tardará en contraerse, lo cual amenaza la viabilidad de los sistemas de pensiones públicos y limita las posibilidades de crecimiento de la economía, pues habrá menos individuos productivos. ¿Es éste el boyante modelo social europeo? Las encuestas sobre satisfacción personal revelan que en general los norteamericanos se sienten más satisfechos con su vida que los europeos: el 57% de los norteamericanos se declara muy satisfecho con su vida, frente al 14% de los franceses, el 17% de los alemanes y el 16% de los italianos. En cuanto a la pregunta de si están de acuerdo en que el éxito viene determinado por circunstancias que escapan a su control, el 65% de los norteamericanos responde negativamente, frente al 44% de los franceses y el 31% de los alemanes e italianos. ¿No será esto último un reflejo del grado en que unos y otros controlan en efecto su propia vida o son dependientes del Estado?

Lo cierto es que Europa es próspera a pesar de los Estados del Bienestar, no gracias a ellos. El magnificado modelo escandinavo va quedándose obsoleto mientras Irlanda, el país menos intervenido de Europa, les supera por el flanco. Suecia era en 1970 la quinta nación más próspera de la OCDE e Irlanda ocupaba la posición 22. En 2003 Irlanda pasó a ocupar el cuarto puesto y Suecia el 14. Con un gasto público similar al de Estados Unidos, Irlanda ha experimentado un desarrollo espectacular estas dos últimas décadas, mientras Dinamarca, Suecia y Finlandia se sumían en un período de profundo estancamiento. Suecia y Finlandia no han creado empleo en 20 años y, junto con Italia, los países escandinavos son los que han registrado los peores resultados económicos de Europa.

El gasto público de las 10 economías de más rápido crecimiento del mundo entre 1980 y 1995 (Corea del Sur, Tailandia, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Botswana, Mauricio, Chipre, Indonesia y Malasia) se situó de media cerca del 25%. Europa dobla esta cifra. Para los países con un gasto público inferior al 25% del PIB el crecimiento medio es del 6,6%; para los países con un gasto público del 50-59% el crecimiento registrado es del 2%.

Los Estados del Bienestar son la fuente del malestar europeo. La intervención pública no complementa el mercado ni dota de más oportunidades a los individuos; actúa como una losa sobre la iniciativa privada y la creatividad empresarial. Si Europa quiere retomar la senda del progreso deberá abandonar el camino de la servidumbre.

La justicia de la tarta dada

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Los valedores de la "justicia social" parten de la falsa premisa de que nos hallamos en un mundo estático de recursos dados, y enjuician la realidad desde el punto de vista de quien observa una tarta y se pregunta cómo debería repartirse sin considerar que no había tarta que repartir antes de que alguien la creara. De esta forma se juzga un resultado (la distribución final de la tarta) prescindiendo del proceso que lleva a este resultado (la creación de esta tarta), por lo que se da la circunstancia de que un determinado orden de cosas puede tildarse de injusto con independencia de cuál haya sido el comportamiento de los individuos que participan en ese proceso. Si la realidad se aleja del objetivo marcado por el ingeniero social se tachará de injusta aun cuando las acciones de los individuos particulares no hayan invadido los derechos de nadie. Esto supone una subversión de los principios de justicia tradicionales: las acciones no son justas o injustas en función de si interfieren o no en la libertad ajena sino a la luz de un "óptimo social" definido por el planificador de turno.

El mercado es un proceso dinámico en el que continuamente se genera y se transmite nueva información. Los recursos no están dados. Aunque los factores de producción primigenios existan físicamente, sólo pasan a existir como medios cuando el hombre los descubre. El individuo crea los medios de la nada al descubrirlos y destinarlos a satisfacer necesidades humanas, pues antes de que los descubriera y aprovechara estos recursos no existían para nadie. El mercado es en este sentido un proceso de descubrimiento, un proceso de creación de bienes ex novo. Oportunidades de ganancia inadvertidas hasta el momento, inexistentes a efectos humanos, son descubiertas y aprovechadas por individuos perspicaces. El empresario que advierte una discrepancia en la estructura de precios, que piensa que puede adquirir factores de producción a un coste total menor que el ingreso que obtendrá de la venta del producto de estos factores, está descubrimiento una oportunidad de ganancia latente, que nadie más había percibido (de lo contrario ya habría sido explotada). Al aprovechar esa ganancia descubierta se genera un beneficio, una tarta, que no existía antes de que el empresario lo percibiera. La tarta no estaba allí lista para ser distribuida en cualquier momento, el empresario la ha creado de la nada al descubrirla. En ausencia de precios de mercado el empresario no hubiera podido advertir ninguna discrepancia, no habría podido descubrir ninguna tarta, y ninguna tarta habría para repartir.

Como señala Rothbard, en el mercado no hay ningún proceso distributivo aparte del proceso de producción e intercambio. Los medios y los ingresos se producen y se distribuyen simultáneamente en un proceso de descubrimiento y aprovechamiento de oportunidades de ganancia inadvertidas. En tanto los defensores de la "justicia social" y de la "libertad positiva" en general obvien esta faceta creadora del mercado estarán juzgando la distribución de una tarta sin comprender cómo se cocina.

Hacienda o el antimercado

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

En múltiples ocasiones, la legislación tributaria hace referencia al valor normal de mercado. La administración acude a este concepto cuando los precios por los que surgirá el hecho a gravar son inferiores "a los de mercado" y por ende, menor la tributación. Así, cuando la recaudación podría ser inferior y la tarjeta de crédito de los políticos corre riesgos de engordar un menos, la "ley" prevé que se tribute no por lo que realmente se acordó, sino por lo que hipotéticamente se habría acordado entre "sujetos independientes en condiciones normales de mercado". Lo que ellos llaman "valor normal de mercado".

Sin embargo, ¿hasta qué punto esta idea económica utilizada por la administración para definir lo que es el valor de mercado está fundamentada? ¿Podemos conocer esa entelequia? ¿Con estadísticas? Se trata de una argucia bañada con apellidos rotundos ("de mercado") carente de toda base científica y que no son sino precios administrativos fijados arbitrariamente, creados y usados a conveniencia para hinchar las bases imponibles y para que la Agencia Tributaria pueda cumplir con el automatismo ciego y no sujeto a la voluntad de los ciudadanos de recaudar siempre cuanto más mejor.

La administración dispone en su magnificencia que sólo considerará valores de mercado aquellos fijados entre partes independientes en condiciones normales de mercado. ¿Independientes? Si suponemos que por independientes no quiere decir que ni se conozcan ni se hablen ni hayan tenido ningún tipo de relación, sino que cada uno posea autonomía con respecto al otro, ¡es la propia administración la que incumple su definición! Ya que al imponer un precio establecido mediante estudios o estadísticas está anulando a las verdaderas partes contratantes (sobre las que se cierna en cada caso) a la vez que las está considerando inválidas para fijar su propio precio de intercambio voluntario que sí sería de mercado.

Todo precio de mercado responde a la interacción de las preferencias de los sujetos implicados y no es de recibo que los funcionarios quieran imponer unas preferencias estandarizadas a unos individuos que no tienen nada que ver. En cada operación se plasma la elección entre los partícipes que han actuado y, de este modo, el precio de mercado no es más que una relación de intercambio histórica y, por consiguiente, no extrapolable. Es decir, yo no puedo equiparar la operación que realizó Óscar y Luis con la que realizó Iraida e Inés. Son sujetos diferentes que expresaron una elección, un acto empresarial distinto, según sus gustos y necesidades en aquel determinado momento.

Por tanto, no se puede objetivizar ni hacer medias aritméticas de aquello subjetivo para luego aplicarlo a todos bajo la bandera… ¡del valor de mercado! Y aunque se tratara de empresas del mismo grupo o vinculadas, nos encontraríamos en el mismo escenario: el mercado. En ese caso se trataría de empresas que se aprovechan de una estructura organizativa a la que han llegado a través de medios pacíficos de cara a reducir costes de todo tipo y fiar precios a voluntad. Por lo que no se les puede imponer un valor o precios diferentes a los que podrían llegar contando con esa organización empresarial que es de mercado.

No se puede imprimir sobre el papel aquello que dependerá de cada cual. Ni separar determinadas actuaciones llevada a cabo en el mercado y considerarlas extrañas a él. La invención de precios considerados por la administración tributaria como "normales de mercado" para sustituir a los verdaderamente de mercado (fijado entre partes) es una tergiversación teórica que, a diferencia de los auténticos precios de mercado, no busca satisfacer las voluntades de los ciudadanos implicados sino expropiar parte de la propiedad de los individuos coaccionados.

En definitiva, es una errónea idea económica aprovechada por la administración para fijar ad hoc un precio administrativo-tributario sobre el que extraer vitalidad a los negocios, justificada con informes estadísticos y demás estudios con información empresarial objetivizada que no puede captarse en su totalidad a menos que se desnaturalice. Una desnaturalización que recuerda a los sistemas soviéticos en los que primaba más el capricho del comisario que el hambre del pueblo, y que en tiempos venideros va a cobrar relevancia cuando se introduzcan los llamados "precios de transferencia" (precios por los que tributar fijados para las relaciones internacionales entre empresas vinculadas).

Por desgracia, parece que cuando se habla de sistema fiscal se entre en otro mundo que nada tiene que ver con la realidad. Como si éste fuera la parcela o el corral del estado al que siempre, al final, se cede y se justifica como la necesaria carga que debemos soportar para que todo el tinglado funcione y no sobrevenga la anarquía.

El socialismo cayó, precisamente porque se arrogó la facultad divina de establecer los precios de mercado sin mercado (sin propiedad) y, por tanto, sin cálculo económico. La administración tributaria y el sistema fiscal de occidente continúan por la misma senda de la imposición y ejecutando día tras día y con energías desenfrenadas lo que antaño no era sino una muestra de fatal arrogancia y despotismo. Pero en este caso, no se trata de esclavizar en su totalidad al pueblo, sino de extraer la savia del comercio libre. Ahora el vampiro no caerá por su propio peso. La economía continuará soportando el yugo y los ciudadanos continuaremos trabajando para el estado… gratis y sin opción. Esperemos que el desprendimiento se acelere.

Los delincuentes son feos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Al final va a ser verdad eso de que la cara es el espejo del alma. Y mira que yo debería ser el primero en callarme, por razones que saltan a la vista, pero resulta que un estudio ha encontrado una correlación entre ser un joven atractivo y tener menos posibilidades de cometer delitos como robos o venta de drogas.

Es evidente cual ha de ser el próximo paso: un programa nacional de reducción de la delincuencia basado en la nacionalización de la cirugía estética y su extensión a toda la población menor de 26 años que no cumpla con los cánones de belleza exigidos para asegurarse de que no caiga en la espiral de la delincuencia. Miles de Jennifer López de Jesús y Brad Pritt del Sagrado Corazón recorrerán en breve nuestras calles, gracias al cuidado que nuestro gobernantes nos dedican desinteresadamente. O algo así. No se rían, que esa excusa se ha empleado para justificar grandes extensiones del estado providencia debido a la correlación hallada entre la pobreza y la delincuencia.

La correlación en sí no significa mucho; necesita de una teoría que la sustente. Cuando dos fenómenos están correlacionados estadísticamente, pueden suceder cuatro cosas: que el primero cause el segundo, que el segundo cause el primero, que sea casualidad o que ambos estén causados por un tercero. A primera vista, la diferencia entre una y otra teoría es que parece haber una causa que enlace pobreza y delincuencia que no está presente entre belleza y delincuencia. En resumen: el que no tiene lo roba para tenerlo. O, al menos, un porcentaje de los que no tienen, que tampoco es cuestión de llamar ladrones a todos los pobres, que ya tienen bastante con lo que tienen.

Sin embargo, no está tan claro; podríamos suponer igualmente que existe un conjunto de actitudes y patrones de comportamiento que llevan tanto a la pobreza como a la delincuencia. En Estados Unidos, la correlación entre vivir en barrios con casas de poca calidad, baratas y, por tanto, habitadas por pobres y la delincuencia llevó a los reformadores sociales a llevar a cabo ambiciosos programas públicos de construcción de viviendas sociales sólo para ver cómo estos nuevos barrios se degradaban rápidamente y se convertían casi en un calco de los primeros.

Del mismo modo, se podrían establecer causas para que la fealdad lleve a la delincuencia. Si tomamos las conclusiones del estudio, parece que siendo atractivo es más sencillo conseguir trabajo y, si tomáramos como cierto que la pobreza causa delincuencia, ya tendríamos esa relación que buscamos. Otra razón, aunque más exclusiva de los varones, es el hecho de que existen pocas cosas que estimulen más la violencia del sector más propenso a ella (los hombre jóvenes) que la falta de relaciones sexuales, y evidentemente siendo poco atractivo es más difícil tenerlas.

Así pues, creo que he dejado claro cuál será un futuro punto de los programas electorales de la izquierda. Sería además coherente. Si los socialistas siempre han pretendido que todos seamos iguales en ingresos, ¿por qué no en físico? Después de todo, el físico resulta muy importante para muchas facetas de la vida, y un mal cuerpo o rostro provoca a algunos más infelicidad que un sueldo escaso. ¡Cirugía plástica para todos, ya!

Equidad planificada

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

El principal recelo ante la libertad económica suele basarse en el desamparo de los menos favorecidos. Suele pensarse que si uno tiene libertad para no dar limosna, entonces habrá muchos que no alcanzarán por sí mismos un nivel de bienestar aceptable. De ahí, concluyen que una mínima (o no tan mínima) redistribución es inevitable para que la sociedad sea justa. Este razonamiento plantea diversos problemas:

Derechos que precisan víctimas. Como dice de Frédéric Bastiat en La Ley, "mire a ver si la ley beneficia a un ciudadano a costas de otro, haciendo lo que el mismo ciudadano no puede hacer sin cometer un crimen". Esto es crucial. Si yo reclamo mi derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, usted para respetarlos simplemente habrá de abstenerse de matarme, esclavizarme o robarme; no tiene porque dedicarme un solo segundo de su tiempo. Pero si reclamo mi derecho a la igualdad económica, como tenga usted más riqueza que yo, tendrá que renunciar a ella por la fuerza. Usted ya no es el propietario de los frutos de su trabajo sino sólo de los que sobren después de la repartición.

La hipoteca sobre la virtud. Cuanto más capaz sea usted de crear riqueza, tanto más tendrá que dar. Cuanto más incapaz, más recibirá. ¿Trabajará usted al máximo rendimiento? ¿Podrá alguien honestamente sorprenderse de que una sociedad que grava la riqueza y subvenciona la pobreza acabe sin la primera y se hunda en la segunda? A esto, los economistas suelen llamarlo el riesgo moral: el peligro cierto de que dando ayudas por situaciones lamentables, se acaba estimulándolas. Después vendrán los defensores de esa política acusándonos de sabotear su santurrona sociedad progresista.

La sociedad dividida. Es precisamente cuando una sociedad adopta este principio redistributivo que aparece en un seno una nueva división. Lejos de volverse más igualitaria, esa sociedad queda fracturada. No ya entre los receptores netos y los contribuyentes netos de fondos. La división crucial es otra: la de los que deciden quién da qué a quién y los que sólo pueden acatar la decisión arbitraria. Porque, si lo que queremos realmente es igualdad, ¿no deberíamos ser iguales en lo más importante? Y en este caso, lo importante es la decisión de quién da qué a quién. Ah, pero esa decisión no puede distribuirse igualitariamente, en último término una voluntad ha de prevalecer. Y, curiosamente, no es la voluntad del que ha sabido crear esa riqueza.

Burocracia y corrupción. A medida que esta división va estableciéndose, emerge una clase social compuesta por los gestores de este sistema redistributivo. Una clase que no crea nada, simplemente redistribuye. Decía Perry Mason que al investigar un crimen hay que tener tres elementos: motivo, oportunidad y coartada; casi se diría que estaba pensando en este caso.

El agujero negro. Obsérvese, por lo tanto, que sobre la capacidad de crear riqueza aparecen ahora dos cargas: la transferencia a los beneficiarios del esquema redistributivo y los gastos de gestión de este esquema. Por lo comentado en el apartado sobre el riesgo moral debería ser evidente que la primera carga tiene una tendencia natural muy clara a aumentar. Este motivo ya de por sí, incrementa a su vez la segunda carga. Pero es que esta segunda carga, la burocracia, tiene como bien explica la Escuela de la Elección Pública, una tendencia propia a buscar fondos, es decir, a aumentar sus gastos para crecer. De ahí, que cuando se pone en marcha un programa de redistribución la tendencia es siempre a que aumente el gasto por encima de su capacidad de financiación. Es decir, es un sistema inestable y autodestructivo.

Cierto profesor de economía explica que tenía la costumbre de preguntar a sus alumnos, a principio de curso, sus preferencias sobre una sociedad con o sin redistribución. Al comprobar, año tras año, que sus alumnos se decantaban arrolladoramente por la primera, les proponía que a final de año sumar todas las notas y dividirlas entre el número de alumnos para alcanzar así un grupo verdaderamente igualitario: todos obtendrían la nota media del grupo. Año tras año, los igualitarios alumnos, bueno, preferían hacer una excepción a sus nobles principios socialistas; que están muy bien para cargárselos a los demás pero para sí mismos preferían una sociedad individualista. Ya lo decía el sabio Hillel: no desees para los demás lo que te resulta odioso para ti. O dicho de otro modo, si crees tan poco en este principio que no lo aplicas por propia iniciativa a tu vida, ¿cómo vas a imponérselo a los demás?

Ley de dependencia del estado

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

La ley de dependencia del estado merece ese nombre. No porque sea un ley de ámbito estatal referida a las personas dependientes, sino porque es una ley que consagra y sistematiza la dependencia del estado. El aparato estatal, formado por políticos, funcionarios y subvencionados, sobrevive a costa de expoliar sistemáticamente a los ciudadanos productivos. Una estrategia estatal de supervivencia implica generar múltiples intereses que favorezcan su existencia: las muchas personas que reciben del estado más que lo que contribuyen (que a menudo es nada) tienden a preferir que el sistema gubernamental se mantenga o se expanda. Jubilados con pensiones públicas, sindicalistas, funcionarios o empleados públicos (profesionales de la educación, de la sanidad, de diversos servicios colectivos), receptores de subsidios varios: a todos les interesa de forma egoísta que las cosas sigan como están, y si es posible que se colectivice todo aun más. Los pobres envidian a los ricos y votan felices y convencidos para que se les confisque su riqueza y se reparta el botín: todo en nombre de un tan presunto como inexistente contrato social.

Como lo normal es que los seres humanos no se dejen robar pasivamente, los intelectuales cortesanos están permanentemente a la busca de excusas para intentar justificar la coacción institucional: el estado sólo quiere hacer el bien, ayudar a los necesitados, perseguir a los insolidarios que no aceptan cargar con su parte de responsabilidad colectiva. ¿Cómo negar ayuda a los más necesitados, a quienes por enfermedad, accidente o envejecimiento no pueden ya valerse por sí mismos y necesitan ayuda ajena? Los políticos sabios y bondadosos van a crear un sistema nacional de dependencia que creará muchos puestos de trabajo y estimulará la economía, compensará a los familiares que se ocupan de sus seres queridos más débiles, y resolverá todos los problemas imaginables.

Tras esta imagen de bondad se esconde la pulsión del poder, el deseo del dominio o control sobre otras personas, todo intencionalmente confundido mediante múltiples falacias comúnmente aceptadas. Si los más necesitados tienen algún derecho especial frente a otras personas, estos derechos no pueden ser derechos humanos, es decir derechos que se tienen por ser humano y sólo por ser humano (y no por estar enfermo o ser pobre). La necesidad no genera ningún derecho especial, y los que los políticos afirman reconocer se obtienen de forma ilegítima a costa de violar el derecho natural básico de propiedad. La justicia no tiene nada que ver con la redistribución de riqueza.

Los más ancianos podrían haber ahorrado para su vejez, o confiar en la ayuda de sus hijos (si no los tienen sus ahorros serán mayores). Los accidentados y enfermos podrían haber suscrito algún tipo de seguro que les garantizara una ayuda en caso de fatalidad. Pedir ayuda es muy diferente de exigirla. Confiar en los sentimientos de afecto y solidaridad de los otros es muy diferente de reclamar por la fuerza derechos inexistentes frente a completos extraños. El estado destruye los lazos espontáneos de la familia y la sociedad y pretende sustituirlos por trámites burocráticos impersonales. Crea empleos ineficientes a costa de destruir los auténticamente productivos. Y afirma estar resolviendo los problemas que previamente ha causado y sistemáticamente agrava.

¿A usted le preocupan los dependientes necesitados? ¿A qué espera para demostrarlo ayudándoles? Lo que hagan los otros es cosa de ellos, ¿o es que es usted de esos resentidos que no hacen nada más que quejarse de lo poco solidarios que son los demás? ¿Pretende usted convencerles u obligarles a ayudar? Si usted cree que es una persona pacífica y tolerante, ¿por qué se acerca a mí armado para que participe en un sistema de solidaridad que yo sé que no es adecuado? Claro que usted no viene directamente, prefiere reclamar a sus representantes políticos para que me envíen a sus fuerzas de inseguridad. Que mira por dónde también son dependientes del estado.

El PP, como el PSOE

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

La Ley de Dependencia, según se anuncia, proporcionará subvenciones a las familias con enfermos imposibilitados que necesitan la ayuda de otra persona para valerse. Doña Ana Pastor, en dicha entrevista, se mostraba encantada con la propuesta que, de hecho, ya se le había ocurrido a ella mucho antes; y para que no hubiera dudas sobre su pasión redistributiva, afirmó tajante: “ojalá yo pague muchos impuestos para que el Estado pueda ayudar a estas personas”. Pero si el PP y sus cuadros fuesen de veras un partido liberal y no, como diría Hayek, una socialdemocracia de derechas, denunciarían esta nueva intromisión estatal en la esfera privada, por varios motivos.

En primer lugar, el deseo de la Pastor de pagar muchos impuestos para que el estado sufrague estas políticas no constituye ninguna lección de ética, pues lo moral es un atributo privado del ser humano que depende de únicamente de su propia voluntad, y los impuestos no son contribuciones voluntarias, sino incautaciones coactivas. La solidaridad con cargo al presupuesto no es virtud, sino cinismo, y el hecho de que ella pida a gritos que el gobierno le esquilme el bolsillo aún con más fiereza no la hace mejor persona que los que sentimos más apego a lo que ganamos honradamente.

En segundo lugar, el juego de intereses que se pone en marcha con la redistribución pública ejerce una distorsión profunda en las relaciones sociales, creando castas de ganadores (consumidores netos de impuestos) o perdedores (contribuyentes netos), según los criterios que el gobierno de turno utilice para ejercitar su poder coactivo. ¿Por qué subvencionar a las familias con un enfermo de Alzheimer y no a las que tienen muchos hijos, o a los abuelos que cuidan de sus nietos, o a los bailarines de striptease, que levantan el ánimo de las personas con problemas, o a los curas, que procuran alivio espiritual y son también gente encantadora?

En tercer lugar, es una falacia el pensar que la redistribución estatal opera uniformemente entre ricos y pobres. Al contrario, el peso de esta supuesta redistribución recae en gran medida dentro del grupo de los “no poseedores”, cuyas circunstancias personales les impiden hacerse subvencionar por el resto, en virtud de los criterios estatales vigentes en cada momento. Decía Rothbard que la doctrina de la redistribución se resume en que unos pobres terminan pagando la factura de otros pobres. En el caso de la Ley de Dependencia, habrá beneficiarios netos (enfermos imposibilitados, con rentas bajas pero con bienes patrimoniales suficientes) que estarán siendo subvencionados por personas con un menor poder adquisitivo (por ejemplo, familias numerosas con escasos ingresos y grandes problemas para llegar a fin de mes). La Pastor se muestra encantada con este sistema. Ella sabrá. En todo caso que se lo explique a sus votantes.

Finalmente, la subvención pública desincentiva el ejercicio de la responsabilidad individual y erosiona los vínculos familiares. El estado socialdemócrata aspira a dirigir nuestra vida desde la cuna hasta el final de nuestros días, mediante la expansión de un gigante burocrático que cada vez fagocita un trozo mayor de la riqueza que creamos los ciudadanos. Así, el sistema público de pensiones, alienta a la mayoría de las personas a no preocuparse de ahorrar lo necesario para garantizarse una vejez desahogada, a la espera de que el estado socorra sus necesidades. Los hijos, a su vez, eluden la obligación moral de cuidar de sus progenitores imposibilitados en la ancianidad, exigiendo al Estado (es decir, al resto de contribuyentes) que se encargue de ejercer esa función, con grave deterioro de los lazos intergeneracionales propios de la institución familiar.

Lo cierto es que la socialdemocracia hace mucho tiempo que dejó de ser una opción política para convertirse en un régimen, en cuyo juego de intereses electorales el PP sólo es el ala moderada. Y nada más.

Los malos humos de la represión estatal

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Aparte de las manipulaciones estadísticas, posible exageración sobre los efectos del tabaco, y el poder hegemónico del gobierno sobre las personas, podemos hacer un análisis de qué significará la ley para nuestra estructura productiva.

Recordemos que en España se producen más de 42.000 toneladas de tabaco al año y unas 20.000 familias viven de la industria generando unos ingresos cercanos a los 150 millones de euros. Que la industria tabaquera sea tan grande, a pesar del estado (altos impuestos, regulación de la publicidad…), significa que su existencia es la respuesta a una necesidad real. Esto es, una gran masa de la comunidad quiere consumir tabaco tal y como demuestran los resultados del sector, cualquier otra lectura sería sujetiva y partidista.

Restringir o abolir un sector productivo por razones morales o neo–puritanas significa la pérdida de libertad individual (impuesta por el dictador moral) y la destrucción de la libre estructura productiva por la que ha apostado voluntariamente la comunidad (anulada por el dictador de la producción). Violar la libertad siempre traerá pérdidas netas totales donde la empresa restringe su capacidad creadora y social (beneficios, dividendos, empleos…), y el individuo ve disminuir sus opciones.

En este proceso además aumentarán los trámites burocráticos, costes de vigilancia estatal, funcionarios… a los que se tendrán que someter empresas y particulares. La represión no sólo niega la libertad de unos a expensas de otros, sino que además, es cara de mantener generando corrupción administrativa.

Pero el error va más allá incluso. La ley antitabaco provocará las quejas de los empresarios afectados (bares, discotecas…). Recuperar su estatus anterior radicará en la movilización pacífica y/o violenta que les ha enseñado el estado del bienestar. Si arman suficiente escándalo o destruyen la propiedad ajena como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el gobierno les creará compensaciones económicas, no reduciendo los impuestos que pagan ya que eso sería un acto de sentido común, sino creando ayudas y subvenciones que pagaremos todos (fumadores, no fumadores, inmigrantes, estudiantes…). Esto significa un total o combinación de: más impuestos a empresas ajenas al sector y consecuente pérdida de competitividad, más impuestos a los particulares, reducción presupuestaria en otras partidas estales (sanidad, obras públicas… no, tranquilos que de RTVE no recortarán ni un solo euro), aumento de la deuda (que significa más impuestos en el futuro)… para después transferirlo a los empresarios y trabajadores que han sido víctimas del estado. De hecho, el sector del tabaco ya recibe fuertes subvenciones de la PAC. ¿No le parece un sinsentido? La nueva ley será la excusa perfecta para hacer crecer la vorágine estatal.

¿Qué es lo que han creado los políticos? Otro monstruo, la historia del estado del bienestar resumida en otra ley liberticida. Han convertido un sector que era próspero, generaba numerosos lugares de empleos directos e indirectos, cuantiosos beneficios y respetaba la libertad individual en un arma de control irresponsable donde, claro, el estado es el mayor beneficiario: 7.500 millones de euros por parte del gobierno español en impuestos y 63.000 millones para la Unión Europea.

La libertad nos beneficia a todos, el intervencionismo nos esclaviza social y económicamente. Pero aún y así, si nos “molesta el humo”, la solución no es prohibirlo, sino desregular la economía para que el mercado cree más lugares como Starbucks, donde no se puede fumar.

Estamos en el S. XXI, pero desgraciadamente el fin de la Segunda Guerra Mundial no significó el desmoronamiento del fascismo, ni la caída del muro de Berlín la desaparición del socialismo. El totalitarismo estatal aún está entre nosotros, y eso se paga.

Pérdidas invisibles

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El gran logro social de la ONCE, la supuesta integración social de los ciegos y otros colectivos de discapacitados, no pasa de ser un espejismo que se difumina a poco que se analice de la manera más superficial. Y es que si bien un elevado porcentaje de los ciegos españoles encuentra hoy trabajo, la inmensa mayoría (más de un 90 por ciento) lo hace estrechamente ligado a la venta del cupón, lo que difícilmente puede considerarse como una integración en la sociedad.

Por otro lado, esas actividades de integración se llevan a cabo gracias al disfrute de un privilegio gubernamental con forma de monopolio que consiste en la tenencia de una licencia para participar en un mercado, el de los juegos de azar, que se traduce en penas de cárcel para quien lo hace sin el raro beneplácito del estado.

Pero el disfrute de un privilegio no siempre es garantía de éxito. Y si no, que se lo digan a la ONCE. La pasada semana la organización española de ciegos anunció el incremento sustancial de sus números rojos que pasan de los 12,2 millones de euros del año pasado a los 75 millones a lo largo de este ejercicio. Y eso que las barreras de entrada al mercado de las apuestas posibilita que la ONCE lleve a cabo sus actividades en un entorno de privilegios proteccionistas. Pero ni las más duras barreras de entrada pueden evitar que el consumidor deje de comprar el producto favorecido si no considera que su coste sea inferior al beneficio que otorga adquirir “la ilusión de todos los días”.

Sin embargo, las buenas relaciones del la ONCE con el poder político le permitirá despreciar al veredicto del consumidor con aires de gran dictador. Y es que, tal y como acordó con el gobierno del Partido Popular en febrero de 2004, la ONCE puede recibir subvenciones que cubran la pérdida de apoyo del consumidor. Así, la ONCE se ha convertido en una parte más del aparato estatal. Y los ciegos, en el instrumento perfecto para obtener rentas ajenas.