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Etiqueta: Iglesia católica

León XIV y Rerum novarum: de la revolución industrial a la era digital (II)

Escrito por Jaime Juárez Rodríguez en . Publicado en Análisis diario.

En la anterior entrega estuvimos analizando algunas de las cuestiones fundamentales de las que se ocupaba la famosa encíclica del papa León XIII –Rerum Novarum– y ello por cuanto recientemente elegido papa, manifestó que una de las razones por las que eligió el de León, como nombre papal, fue precisamente por la forma en la que la citada encíclica “abordaba la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial, y hoy la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su doctrina social en respuesta a otra revolución industrial y a los avances de la inteligencia artificial que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo”.

Así, en nuestro artículo comentábamos la visión de León XIII sobre cuestiones como el derecho de propiedad, su relación con la justicia y su necesidad social, y las razones por las que en criticaba el socialismo.

En la actual entrega vamos a rematar los comentarios de dicha encíclica hablando de lo que en la misma se expone sobre el Estado y su participación en la vida social para, en un último artículo hacer una referencia a otra de las encíclicas del citado papa, Libertas Praestantissimum, sobre la libertad y el liberalismo y tratar de analizar la aplicación de esos principios a la realidad actual, a fin de tratar de adivinar las líneas fuerza que en el orden político, social y económico, pueda tener el nuevo pontificado; un pontificado que, por la edad del elegido, se presume largo.

1.  El Estado y las autoridades políticas

A.   La necesidad de la autoridad política

A pesar de la crítica que hace el papa en Rerum Novarum al socialismo, y a la que ya nos referimos el mes pasado, en el pensamiento de León XIII está claro que no puede prescindirse del Estado y de las autoridades políticas, tal y como se deduce tanto de Rerum Novarum como de otros de sus escritos.

En efecto, en otra de sus encíclicas, Immortale Dei, de 1885, el papa León recuerda, en su punto 2, que “el hombre está ordenado por la Naturaleza a vivir en comunidad política”, dado que “no puede procurarse en la soledad todo aquello que la necesidad y la utilidad de la vida corporal exigen, como tampoco lo conducente a la perfección de su espíritu. Por esto la providencia de Dios ha dispuesto que el hombre nazca inclinado a la unión y asociación con sus semejantes, tanto doméstica como civil, la cual es la única que puede proporcionarle la perfecta suficiencia de vida”.  Eso sí, también señala que “ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe supremo que mueva a todos y cada uno con un mismo impulso eficaz, encaminado al bien común. Por consiguiente, es necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija” y que “surge y deriva de la Naturaleza y, por tanto, del mismo Dios, que es su autor”, un poder que “debe ser justo, no despótico, sino paterno, porque el poder justísimo que Dios tiene sobre los hombres está unido a su bondad de Padre. Pero, además, el poder ha de ejercitarse en provecho de los ciudadanos, porque la única razón legitimadora del poder es precisamente asegurar el bienestar público”.

B.   La persona es anterior a la comunidad política

Debemos también recordar algunos de los principios que ya apuntábamos en el artículo anterior referido a este tema. Y es que, para analizar ese papel que León XIII reservaba al Estado en la vida social hay que empezar recordando que, en el punto 6 de Rerum Novarum, deja claro que el hombre es anterior a la “república”, y “consiguientemente debió tener por naturaleza, antes de que se constituyera comunidad política alguna, el derecho de velar por su vida y por su cuerpo”, una declaración de principios muy relevante con la que establece una clara escala para valorar y juzgar el papel del individuo frente a la organización política. Así, “el que Dios haya dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género humano no puede oponerse en modo alguno a la propiedad privada”, como ya indicamos en la entrega anterior, habiendo dado Dios “la tierra en común al género humano no porque quisiera que su posesión fuera indivisible para todos, sino porque no asignó a nadie la parte que habría de poseer, dejando la delimitación de las posesiones privadas a la industria de los individuos y a las instituciones de los pueblos”. Así, en el punto 8, destaca, como ya indicamos en el artículo anterior, que, analizando la cuestión desde la naturaleza humana, uno se da cuenta de que “en la ley de la misma naturaleza [se encontró] el fundamento de la división de los bienes y consagró, en la práctica de los siglos, la propiedad privada como la más conforme con la naturaleza del hombre y con la pacífica y tranquila convivencia”, de forma que “las leyes civiles, que, cuando son justas, deducen su vigor de esa misma ley natural, confirma y amparan incluso con la fuerza este derecho de que hablamos. Y lo mismo sancionó la autoridad de las leyes divinas, que prohíben gravísimamente hasta el deseo de lo ajeno” al afirmar las Escrituras que “no desearás la mujer de tu prójimo; ni la casa, ni el campo, ni la esclava, ni el buey, ni el asno, ni nada de lo que es suyo”.

C.   La autoridad pública y la familia

Y no es sólo que la autoridad pública deba respetar el derecho de propiedad, sino que tampoco puede penetrar “a su arbitrio hasta la intimidad de los hogares” (punto 10 de Rerum Novarum), siendo la familia o sociedad doméstica, una “verdadera sociedad y más antigua que cualquier otra, la cual es de absoluta necesidad que tenga unos derechos y deberes propios, totalmente independientes de la potestad civil”, de forma que “es necesario que ese derecho de dominio atribuido por la naturaleza a cada persona (…) sea trasferido al hombre en cuanto cabeza de la familia; más aún, ese derecho es tanto más firme cuanto la persona abarca más en la sociedad doméstica” (punto 9).

A la vista de lo anterior, a nadie debe extrañar que, varios puntos más adelante, concretamente en el punto 26 de Rerum Novarum, León XIII advierta que, “no es justo, según hemos dicho, que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado; lo justo es dejar a cada uno la facultad para obrar con libertad hasta donde sea posible, sin daño del bien común y sin injuria para nadie”, razón por la que, en el punto 33 de la misma encíclica, también se señale que la propiedad privada no puede “ser absorbida por la dureza de los tributos e impuestos”, de forma que “el derecho de poseer bienes en privado no ha sido dado por la ley, sino por la naturaleza, y, por tanto, la autoridad pública no puede abolirlo, sino solamente moderar su uso y compaginarlo con el bien común”. Así, “procedería, por consiguiente, de una manera injusta e inhumana si exigiera de los bienes privados más de lo que es justo bajo razón de tributos”.

D.   Posibilidad de reacción frente a la autoridad pública

De hecho, en línea con todo lo anterior, en otra de sus encíclicas, Diuturnum Illud, de 1881, León XIII por un lado señala que “la necesidad obliga a que haya algunos que manden en toda reunión y comunidad de hombres, para que la sociedad, destituida de principio o cabeza rectora, no desparezca y se vea privada de alcanzar el fin para el que nació y fue constituida” (punto 3), para recordar también una causa que tiene el hombre para no obedecer (punto 8), “cuando se le exige algo que repugna al derecho natural o al derecho divino”, ya que si “los gobernantes rebasan el campo de su poder y pervierten la justicia”, no “puede valer su autoridad, porque su autoridad, sin la justicia, es nula”.

En igual sentido, se manifiesta también en el punto 9 de Rerum Novarum al señalar que: “siendo la familia lógica y realmente anterior a la sociedad civil, se sigue que sus derechos y deberes son también anteriores y más naturales. Pues si los ciudadanos, si las familias, hechos partícipes de la convivencia y sociedad humanas, encontraran en los poderes públicos perjuicio en vez de ayuda, un cercenamiento de sus derechos más bien que una tutela de los mismos, la sociedad sería, más que deseable, digna de repulsa”.

2.  Intervención de la autoridad pública en la sociedad; el principio de subsidiariedad

Como se ha dicho más arriba, el papa León XIII, sí le reserva cierto papel en la sociedad a la potestad civil. Concretamente en el punto 10 de su Rerum Novarum establece el principio general de dicha intervención: “Si una familia se encuentra eventualmente en una situación de extrema angustia y carente en absoluto de medios para salir de por sí de tal agobio, es justo que los poderes públicos la socorran con medios extraordinarios, porque cada familia es parte de la sociedad”. De igual forma, “si dentro del hogar se produjera una alteración grave de los derechos mutuos, la potestad civil deberá amparar el derecho de cada uno”, lo cual “no sería apropiarse de los derechos de los ciudadanos, sino protegerlos y afianzarlos con justa y debida tutela”.

Pero eso no significa, como pretenden algunos, tratar de igualar a todos los ciudadanos de una misma comunidad, ya que, como señala en el punto 13 de Rerum Novarum, “debe ser respetada la condición humana, que no se puede igualar en la sociedad civil lo alto con lo bajo. Los socialistas lo pretenden, es verdad, pero todo es vana tentativa contra la naturaleza de las cosas. Y hay por naturaleza entre los hombres muchas y grandes diferencias; no son iguales los talentos de todos, no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas; y de la inevitable diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna”.

Es decir, la potestad civil -el Estado- no sólo debe actuar orientado al bien común, sino que sólo debe intervenir en la vida de los particulares o de las familias cuando estos, por la razón que sea, son incapaces de solventar problemas graves de supervivencia o de vulneración de derechos mutuos, que es lo que se conoce como el principio de subsidiariedad, pieza clave en el planteamiento de la Doctrina Social de la Iglesia.

Y es que en la propia Rerum Novarum se establece la posibilidad/necesidad de que los propios individuos establezcan estructuras, a partir de la unión y de la cooperación, para solucionar los problemas de convivencia que puedan surgir entre ellos. Así, en el punto 34 de la citada encíclica, León XIII destaca, en lenguaje decimonónico, que “los mismos patronos y obreros pueden hacer mucho en esta cuestión, esto es, con esas instituciones mediante las cuales atender convenientemente a los necesitados y acercar más una clase a otra”. Así, en virtud de la propensión natural que impele al hombre -a la vista de sus cortas fuerzas humanas- a buscarse el apoyo de los demás, “igual que es llevado a constituir la sociedad civil, busca la formación de otras sociedades entre ciudadanos, pequeñas e imperfectas, es verdad, pero de todos modos, sociales” (punto 35). Sociedades contra las que no podrá actuar el poder político salvo que dichas sociedades vayan contra los fundamentos de dicha sociedad, “por ejemplo, si se pretendiera como finalidad algo que esté en clara oposición con la honradez, con la justicia o abiertamente dañe a la salud pública”.

Es más, en el punto 22 de la encíclica se critica el intento, de los poderes públicos, de suplantar la beneficencia de otras organizaciones, como es la Iglesia, “en cuyo lugar se ha pretendido poner la beneficencia establecida por las leyes civiles. Pero no se encontrarán recursos humanos capaces de suplir la caridad cristiana, que se entrega toda entera a sí misma para utilidad de los demás”.

Aun así, el papa Leon XIII reconoce que pueden existir situaciones en las que los individuos, las familias, o las organizaciones civiles intermedias no lleguen para solucionar los problemas sociales serios apuntados más arriba, recogiendo, en Rerum Novarum, algunos aspectos en los que ese poder civil tiene que estar especialmente vigilante y que en parte derivan de su propia naturaleza y del papel que a la autoridad se le asigna, como “jefe supremo que mueva a todos y cada uno con un mismo impulso eficaz, encaminado al bien común”, como decíamos antes, y que son, entre otros:

  • En primer lugar, los que gobiernan “deben cooperar, primeramente y en términos generales, con toda la fuerza de las leyes e instituciones, esto es, haciendo que de la ordenación y administración misma del Estado brote espontáneamente la prosperidad tanto de la sociedad como de los individuos, ya que este es el cometido de la política y el deber inexcusable de los gobernantes” (punto 23), pero destacando que “lo que más contribuye a la prosperidad de las naciones es la probidad de las costumbres, la recta y ordenada constitución de las familias, la observancia de la religión y de la justicia, las moderadas cargas públicas y su equitativa distribución, los progresos industriales y del comercio, la floreciente agricultura y otros factores de esta índole, si quedan, los cuales, cuanto con mayor afán sean impulsados, tanto mejor y más felizmente permitirán vivir a los ciudadanos”.
  • En línea con lo anterior, y con lo que se decía más arriba, considera el papa en su encíclica que uno de los puntos de mayor importancia es la obligación del poder público de “asegurar las posesiones privadas con el imperio y fuerza de las leyes” (punto 28)
  • Debe velar por la situación y bienestar de los más necesitados, pero “en virtud del mejor derecho y sin la más leve sospecha de injerencia, ya que el Estado debe velar por el bien común como propia misión suya” (punto 23). Así, en el punto 27 establece también como obligación del poder político que “los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente; y para que cada uno disfrute del suyo deberá proveer el poder civil, impidiendo y castigando las injurias. Sólo que en la protección de los derechos individuales se habrá de mirar principalmente por los más débiles y los pobres”, dado que “la gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela pública”.
  • Debe coadyuvar facilitando las estructuras para que “todos los ciudadanos”, sin excepción alguna, contribuyan “a la totalidad del bien común”, eso sí, reconociendo que “no todos, sin embargo, pueden aportar lo mismo ni en igual cantidad” (punto 25).
  • Por otra parte, “interesa a la salud pública cuanto a la privada que las cosas estén en paz y en orden; e igualmente que la totalidad del orden doméstico se rija conforme a los mandatos de Dios y a los preceptos de la naturaleza; que se respete y practique la religión; que florezca la integridad de las costumbres privadas y públicas; que se mantenga inviolada la justicia y que no atente impunemente unos contra otros; que los ciudadanos crezcan robustos y aptos, si fuera preciso, para ayudar y defender a la patria” (punto 26).
  • En el punto 29, también hace referencia a la necesidad de que el poder político se anticipe “con la autoridad de las leyes”, para “impedir que pueda brotar el mal, removiendo a tiempo las causas de donde parezca que habría de surgir el conflicto entre patronos y obreros”.

Este último punto, el de la relación entre patronos y obreros es especialmente importante en la visión del papa León XIII, y de toda la Doctrina Social de la Iglesia, dado la importancia relativa que le da al salario “libremente” acordado entre las partes, y los mecanismos que establece para su corrección cuando con él no se garantizan unos mínimos para el obrero. Ni que decir tiene que es una cuestión de importante debate para los liberales. Por eso la dejamos para la próxima entrega, en la que completaremos lo señalado en Rerum Novarum con la crítica que el papa León hace a la libertad y al liberalismo en su Libertas Praestantissimum, tal y como indicamos al principio.

Serie sobre León XIV y Rerum novarum

Sobre el anarcocapitalismo (V): anarquía en la Iglesia Católica

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

La elección de un nuevo Papa es siempre una magnífica ocasión para comprobar cómo una organización milenaria como la Iglesia católica es capaz de pervivir en el tiempo, haciendo uso de sus propias normas y en ausencia de un poder político que las regule. Muchas veces he puesto el ejemplo de la Iglesia como anarquía organizada, porque en ella son fáciles de percibir muchos de los rasgos que la definen y porque podrían servir de ejemplo de autoorganización para otro tipo de instituciones sociales o incluso comunidades en un futuro.

Es cierto que existe jerarquía en el ámbito eclesial, tanto a nivel territorial, con obispos y conferencias episcopales estatales –por cierto, un gran error, pues la Iglesia es católica y fue concebida antes de la existencia de los propios estados modernos–, como en la Santa Sede con su curia de cardenales y secretarios alrededor del Pontífice. Pero esta jerarquía es voluntaria, esto es, aceptada por las partes, no impuesta por la fuerza física. Esto es, cualquiera puede abandonar la Iglesia Católica y unirse a otra o a ninguna a voluntad, incluidos sus cargos jerárquicos, y puede volver a ella cuando quiera, siendo bien recibido, salvo casos extremos de excomunión, que también puede ser levantada.

Aunque no siempre fue así, ni en todas partes es lo mismo, la Iglesia contemporánea opera en prácticamente todo el mundo fuera de las estructuras del estado, habiendo sido abandonado su estatus de religión oficial del estado en casi todos aquellos países en los que este privilegio le era reconocido. Se dice en ocasiones que la Iglesia, o cualquier otra organización religiosa, precisa de un marco legal básico que defienda la libertad religiosa, esto es, que precisa de algún tipo de estado previo para poder operar, pero se obvia un aspecto muy importante: que la Iglesia como tal en sus orígenes no solo no nació del poder político, sino que lo hizo contra él. La Iglesia fue capaz de organizarse y sobrevivir a persecuciones organizadas durante siglos, que llevaron al martirio o a la prisión a muchos de sus miembros.

La Iglesia también predicó la fe a pueblos sin estado, como muchas tribus en territorios sin colonizar; fue reprimida en muchos otros estados, sean de otra religión oficial, comunistas o simplemente anticlericales, y padeció en épocas de revueltas, revoluciones o guerras civiles. Incluso a día de hoy está proscrita legalmente en varios estados. Esto es, la Iglesia no siempre disfrutó del favor oficial y de los privilegios de estados confesionales, sino que es una organización que es capaz de funcionar perfectamente al margen de las estructuras estatales. Es más, me atrevería a decir que, gracias a conservar muchos de sus rasgos originales, es capaz de cumplir mejor con sus labores fuera del estado que dentro de él.

Cuando se asocia con él acaba por adoptar muchos de los rasgos negativos del estado, burocratizándose, lo que lastra su credibilidad y acaba priorizando los objetivos del estado antes que los suyos. De hecho, podemos observar que su vitalidad a día de hoy es menor allí donde estuvo asociada al poder, y al contrario, allí donde fue perseguida o no disfrutó de prebendas, es donde su situación es comparativamente mejor. No nos equivocamos si afirmamos que la Iglesia como tal es una organización anárquica, en el sentido estricto de la palabra, y que a esa anarquía debe precisamente su duración en el tiempo y su extraordinaria capacidad de adaptación.

No es este un texto confesional, pero desde luego Dios nuestro Señor, al instituirla, no pudo pensar en mejores principios de diseño. Cabe entonces preguntarse cuáles son los principios que ha usado a lo largo del tiempo y que le han permitido no solo pervivir en el tiempo, sino expandir el número de fieles a lo largo de los siglos, proceso que sigue hasta hoy. El mundo católico tiene cada vez más fieles, excepto en el mundo occidental, especialmente en Europa, con matices, pero crece en Asia y África, hasta el punto de que autores como Manlio Graziano se atreven a hablar del siglo Católico en su libro homónimo sobre la estrategia geopolítica de la Iglesia Católica.

En escritos anteriores apuntamos que los estados se organizan internamente en anarquía atendiendo a principios de orden económico –esto es, incentivos selectivos para sus miembros, sean estos beneficios o evitar perderlos– y valores ideológicos que los cohesionan, como ideologías, tradiciones o códigos de honor compartidos por sus miembros. Si los estados priman sobre todo los beneficios materiales para sus miembros, la Iglesia, sin descuidar del todo lo crematístico o los bienes de posición, como estatus o prestigio, ha incidido en el aspecto ideológico, en este caso la creencia en los mismos principios religiosos, expresados en forma de dogmas o tradiciones de obligatoria observancia si se quiere formar parte de la misma.

La Iglesia tiene unos dogmas que la definen y distinguen de las demás iglesias y que obligatoriamente deben ser aceptados para formar parte de ella, pero formar parte de ella no es obligatorio. El Credo Niceno, que se declama en todas las misas, es una buena síntesis de las creencias de un católico. Establecerlas fue un proceso secular, en el que una mera letra bastaba para ser excluido de la comunión, como es el caso de los debates con los arrianos sobre la naturaleza de Jesucristo y Dios Padre. Una letra en griego marcaba la diferencia entre considerarlos de la misma naturaleza o de naturaleza similar, lo que obviamente no es lo mismo e implicaba consecuencias teológicas muy relevantes. Este culto por la ortodoxia del dogma es una forma de que la Iglesia católica no se confunda con otras o se desnaturalice y caiga en el eclecticismo y la irrelevancia.

El número de creyentes no es lo relevante, sino el mantenimiento de la creencia tanto en el tiempo como en el espacio, de ahí lo importante que es no hacer concesión alguna en los dogmas. De hacerlo, simplemente se disolvería. Solo pueden permitirse cambios en cosas accesorias, pero nunca en el núcleo central de su doctrina. Por eso, los que claman por la actualización de la organización, lo que en el fondo están pidiendo es su disolución. Recordemos las sabias palabras de Georges Sorel, quien en sus Reflexiones sobre la violencia afirmaba que la Iglesia perdura porque no cambia; si cambiara, haría ya mucho tiempo que estaría acabada.

Otro aspecto que permite mantener una organización estable sin necesidad de coerción es el uso de la liturgia. La liturgia incluye desde el vestido, los ritos y las formas del culto y el calendario eclesiástico, que solo con ver los trajes del oficiante o las velas encendidas nos permite saber en qué tiempo estamos y cuáles van a ser las pequeñas variaciones de la misa. El toque de campanas, ya casi perdido, con sus toques según el tipo de celebración a realizar, también ilustra al fiel del tipo de culto que se va a celebrar. La liturgia católica es la misma o muy semejante en todo el mundo, lo que permite mantener la unidad en la diversidad de culturas del mundo.

El principio de subsidiaridad, en el que lo que se puede resolver a nivel local no se sube a niveles superiores –esto es, una descentralización muy flexible–, impide que la curia de Roma se vea desbordada por la enorme cantidad de problemas que pueden surgir en una entidad con 1500 millones de fieles, a la vez que permite al centro disponer de información tácita de todas y cada una de sus parroquias de ser necesario. Los mecanismos de financiación, tanto del culto como de sus obras sociales, siguen un esquema similar, con parte de sus rentas aportadas al obispado o a Roma, según sus necesidades y disponibilidad de medios, lo que incluso permite subsidios cruzados entre diócesis. Esta anarquía ordenada pudo comprobarse perfectamente en el cónclave celebrado estos días pasados.

El Papa fue elegido, con la asistencia del Espíritu Santo, que guía, pero no ordena la elección, de entre los miembros del colegio cardenalicio, que son todos hombres de Iglesia, pero entre los que no existen relaciones estrictas de poder entre ellos. Podría decirse que existen grupos organizados dentro de los cardenales electores, pero son relaciones de afinidad cultural o doctrinal, no grupos de fuerza. Estos grupos, dado el sistema de votación existente de mayoría de dos tercios pensado para que salga un papa que no enfade a la mayoría más que uno muy popular, deben pactar entre sí y llegar a acuerdos. En el pasado pudiera ser de otra forma, pero hoy en día esto no implica una imposición forzosa y violenta de una minoría sobre el resto.

Aunque el sumo pontífice sea reconocido internacionalmente como la cabeza de un estado, esto no implica que la organización interna del Vaticano sea como la de un estado convencional; de hecho, podríamos decir que sus centenares de habitantes viven en uno de los territorios más libres políticamente del mundo, pues las relaciones entre sus dirigentes y sus escasos ciudadanos no están regidas por relaciones de fuerza, sino de exclusión. No está pensada como estado, sino como una entidad para garantizar la independencia del papado del poder temporal.

Podría ser un excelente modelo de organización de una sociedad sin estado, incluyendo su previsión social, si los católicos por fin comenzásemos a observarla con ojos distintos de los que estamos acostumbrados. Estoy seguro de que el nuevo Papa León XIV será capaz de conservar la Roca de Pedro en su esencia, para que pueda servir de faro a la humanidad durante varios milenios más, hasta el fin de los tiempos. De momento, todo parece indicarlo.

La Iglesia y la propiedad

Escrito por Andrés Ureña Rodríguez en . Publicado en Análisis diario.

Mucho se ha comentado en las últimas semanas sobre el nombramiento del papa León XIV como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Se han formulado diversas hipótesis sobre cómo será su pontificado, a qué le dará prioridad y qué rumbo tomará la Iglesia en los próximos años. Un aspecto muy comentado ha sido la elección de su nombre y su clara alusión a su antecesor nominal, León XIII. Es bien conocida, y ha sido mencionada por el papa, la encíclica Rerum Novarum, documento vertebral para entender la doctrina social de la Iglesia y sus postulados frente las corrientes económicas que tomaban fuerza en el ocaso del siglo XIX.

La elección del nombre “León” y los escritos mencionados, han hecho que muchos vaticanistas, expertos y aventureros hayan decidido llamar al nuevo papa, “el papa de la paz”, “el papa de lo social” o “un nuevo Francisco”. Sin entrar a debatir sobre esos calificativos (no considero tener la capacidad para analizar asuntos tan elevados), creo que hay algo, sin embargo, que no se debe dejar pasar por alto: uno de los elementos constitutivos de cualquier paz y dignidad social pasa por el reconocimiento de la propiedad individual como ente vertebrador de una sociedad justa (no aquella que busca el igualitarismo marxista ni tampoco un mercado sin reglas). Eso es uno de los mensajes fundamentales de la mencionada encíclica, y debe seguir siendo una de las banderas a defender por parte de la Iglesia, si ésta pretende seguir defendiendo la dignidad de cada hombre (algo que estoy seguro quiere hacer).

La defensa de tales ideas no es nueva. Desde por lo menos el siglo XVI, con el advenimiento de nuevas rutas comerciales y actividades económicas, un grupo de religiosos católicos agrupados en la llamada Escuela de Salamanca, capitaneados por el Padre Juan de Mariana, se dedicaron a defender la idea fundamental de que el hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios, y cuyo fin último es buscar la salvación a través de sus actos y fe, debe tener la posibilidad de disfrutar del fruto de su trabajo como mejor le parezca. Nada ni nadie debe interferir con eso mientras la explotación de dichos frutos no afecte la dignidad o integridad de otro hombre. Esto no quiere decir que debamos tener un mercado sin reglas (a veces mal llamado “capitalismo salvaje”); o lo que es casi peor, un férreo control estatal sobre las ganancias del trabajo de cada hombre. Se requiere de una armonía entre libertad individual y responsabilidad colectiva para garantizar un adecuado progreso tanto individual como social.

Esto es lo que la Iglesia (obviando las subversiones marxistas camufladas so pretexto de liberación de las almas) ha defendido siempre, y hoy en día no es menos importante. En un contexto donde la polarización social extrema y el tribalismo son pan de cada día (en gran medida debido a crisis económicas y avances tecnológicos a una velocidad exponencial), resulta muy importante retomar aquellas palabras escritas por León XIII: “El primer y más fundamental principio, por lo tanto, si uno se compromete a aliviar la condición de las masas, debe ser la inviolabilidad de la propiedad privada.” ¿Por qué? Primero por el imperativo moral que emana del derecho natural del hombre y su dignidad, pero además (siendo más utilitaristas), porque sólo así se puede conseguir una paz duradera.

En momentos donde un nuevo pontífice hace un fuerte llamado a la paz y al triunfo de la concordia y la razón frente a la locura de la guerra, espero que quienes actualmente formamos parte de esta gran tradición occidental (seamos creyentes o no), tengamos claro que no es con extremos políticos o diatribas insulsas que podremos superar las crisis que actualmente atravesamos. Es una vez más recuperando las banderas de la propiedad, la libertad, la justicia y la dignidad (todo exigible no sólo a quien nos gobierna, si no a cualquier ser humano que aspire a vivir en sociedad), que lograremos enderezar el rumbo que llevamos. León XIV nos da ya algunas claves con gestos sencillos, como su nombre pontificio, pero debemos “coger el guante” y volver a poner estos principios como faros fundamentales.

Sobre las primeras reacciones a la elección de León XIV

Escrito por Octavio Palomar Yáñez en . Publicado en Análisis diario.

La elección de un nuevo sumo pontífice, como dicta la tradición, está llena de incógnitas, especulaciones y expectación. Gracias al Espíritu Santo, el heredero de Pedro fue escogido con brevedad, pues más tiempo, en este mundo donde todo debe ser inmediato por un consumismo desmedido (incluido en este caso) que invade también el ámbito mediático, considero que hubiera sido desastroso. Y no digo que esto sea bueno, en absoluto, pero sí que nos ha librado a los católicos, del tormento de unos medios carroñeros que empezarían a hablar de cisma, ruptura o de una Iglesia dividida y polarizada.

No pretendo hablar del antiguo cardenal Prevost en exceso, pues no he investigado a fondo de él. Sí pretendo hacerlo de aquellos que lo han hecho desde el momento en el que, Dominique Mamberti, cardenal protodiácono, ha dicho el nombre del elegido. Con hablar del papa, no me refiero a mencionar su nombre, opinar de cuál puede ser su futura labor, o posicionarle, de manera respetuosa, en una continuidad bergogliana o una postura más alejada del fallecido pontífice jesuíta; me refiero a aquellos que han saltado a la palestra, acorde a sus típicas formas, con recurrentes tópicos. Desde aquellos que ya le tachan de ‘masón’ (que los hay) o ‘progre’, hasta los que critican la supuesta ‘opulencia con la que se ha presentado’ o le señalan como ‘encubridor’.

Creo que es importante señalar las primeras palabras que ha dicho León XIV: “¡La paz esté con todos ustedes! Queridísimos hermanos y hermanas…”. Esta sencilla frase, aparentemente inofensiva (para cualquier católico), es casi un ataque desde la percepción de todos los mencionados anteriormente. Parecerá una exageración, pero no lo veo así, pues todos ellos llevan el enfrentamiento en sus venas. Estas mismas personas son las que con el papa anterior, también le pusieron las etiquetas del ‘papa progre’, ‘representante del maligno en la Tierra’, ‘masón’ o ensalzaban su figura por supuestamente tener una ruptura con los anteriores y, según ellos, adaptar la iglesia católica a la sociedad y que era una tortura para los fachas y neoliberales (curioso que la mayoría de estos, al 95% de seguridad, son de los que en las comuniones y bautizos, están en el bar hasta que termina la ceremonia y luego van directos al banquete).

Ahora, con León XIV, en plataformas como X o medios de comunicación, desde un primer momento le quieren posicionar como ‘progre’ o ‘conservador’, buscando absolutamente cualquier consuelo de sus vacíos corazones y cerebros, que solo se ven saciados cuando se genera ese conflicto entre bandos que tanto ansían que también llegue al papado. Todo esto es una clara demostración de la sociedad, pues este cónclave y este último papado, han vivido una sociedad polarizada, donde la dialéctica marxista de bandos, de oprimidos y opresores ha llenado todo el mundo, incluso en los sectores más supuestamente antimarxistas. Por parte de los católicos, y de cualquier persona sensata y que confíe en la paz, no se debe caer en este conflicto.

Por ahora, a este nuevo papa solo se le podría juzgar, basándose en determinadas declaraciones anteriores, o su primer discurso desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Desde luego que no valoraré ahora si es continuista o no,  pero por lo dicho en su discurso, no ha dicho nada que no sea el Evangelio y el espíritu de la iglesia. Pero ya tenemos: a personas tachándole de woke porque no ha dicho nunca que haya que hundir pateras a cañonazos y degollar islamistas y apedrear homosexuales; y personas tachándole de encubridor de pederastas, por casos aún no esclarecidos y por los cuáles se tomaron medidas preventivas o de absoluto machista y retrógrado por no haber bailado el agua a todos aquellos que quieren sacerdotas y matrimonios homosexuales.

A todo aquel que conserve algo de sensatez, y quiera mantenerse en la paz, que no señale a este papa, mucho menos antes de ver sus actos. Y a aquellos que se santiguan temiéndose lo peor o celebran porque supuestamente sea un ‘revolucionario’ como Francisco, solo informar de algunos asuntos del anterior pontífice:

  • Era profundamente antiabortista y clasificó a los médicos que facilitaban esta cruel práctica como sicarios.
  • Hablaba de acoger y no odiar al inmigrante, un mensaje profundamente cristiano, pero no defendía la pérdida del catolicismo ante ellos, sino su acogida para su posterior conversión. Lo que viene siendo, evangelización.
  • No ha tocado prácticamente nada de la doctrina de la iglesia, la iglesia, por mucho que quieran vender los progres, no ha cambiado para el mundo. El mensaje se ha adaptado al tiempo, pero el contenido no. Es el mundo quien debe adaptarse a la iglesia, no a la inversa.
  • Se oponía al matrimonio homosexual, a la ordenación sacerdotal de las mujeres y a la eutanasia. En cuanto a lo primero, dijo una cosa muy acertada, y es que él no podía juzgar a un gay por ser gay, pues es él mismo quien sabrá cómo manejar su vida y posteriormente ser juzgado antes de la vida eterna.
  • Ha hecho una labor acorde a su orden y pensamiento, pero esa labor fue comenzada por sus antecesores, también, una labor pastoral. A alguno le parecerá errónea o no, pero no sabemos qué es lo que quiere León XIV, seguramente ni él lo sepa del todo y para ello está Dios para guiarle.

Y después de esta pequeña lista, diré claramente que ninguno de los dos bandos podréis otorgaros la medalla, da igual que os guste o no, no sois nadie más que personas vacías que tratáis de buscar un aliado en vuestras tristes luchas. Véis en una estola bordada un motivo de desprestigio o de ensalzamiento porque intentáis interpretarlo a vuestro antojo. Tratáis de pensar que el plan de Dios, es el vuestro y os da rabia ver que solo lo conoce Él, tratando de pasarlo a vuestras luchas absurdas con lenguajes políticos, cuando aquí no solo hay política, sino divinidad.

Vivamos en paz este nuevo papado, e incluso, ignoremos a estos guerrilleros que tratan de dividirnos a los propios católicos y recemos por ellos. Pues la paz hoy en día, no solo es no pelearse de forma física, sino también es evitar la confrontación dialéctica de bandos. Confiemos en que León XIV lleve a la iglesia en buen camino, pues es un pilar fundamental para occidente y su labor es la evolución de la civilización que hoy en día somos, por mucho que los Estados a través de su propio endiosamiento quieran hacernos creer que no es así.

Francisco, ¿el papa del progreso?

Escrito por Law & Liberty en . Publicado en Análisis diario.

Por Richard M. Reinsch II. El artículo Francisco, ¿el papa del progreso? fue publicado originalmente por Law & Liberty.

Al comenzar su papado, el argentino Jorge Bergoglio SJ, conocido en el mundo como el Papa Francisco, indicó que lideraría una rehabilitación humanitaria-democrática de la Iglesia católica mientras seguía pastoreando a su rebaño hacia el futuro. Aunque su compromiso expresaba muchas políticas y políticas progresistas de izquierdas, también informaba de su responsabilidad principal, y sesgaba la forma en que entendía su papel como guardián de los juicios de la Iglesia sobre la fe y la moral.

A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco siguió haciendo gala de un sentimentalismo autoelevador arraigado en normas cósmicas de justicia y lo aplicó a distintos problemas mundiales que consideraba cruciales, como la inmigración ilegal, el cambio climático o la desigualdad económica. Se veía a sí mismo como un Papa del futuro, mostrando a la Iglesia cómo estar a la altura de los tiempos. En cambio, su legado ya parece pasado de moda.

Inmigración

Uno de los primeros episodios llama la atención por cómo el Papa Francisco malinterpretó la responsabilidad del Estado, la legitimidad democrática, el Estado de derecho y la necesidad de límites en la toma de decisiones políticas. Lo hizo identificando la justicia con el humanitarismo moralista, como ilustra su primer viaje fuera de Roma tras convertirse en Papa a la comunidad insular italiana de Lampedusa en 2013. Lampedusa se había convertido en el punto de desembarco de muchos inmigrantes procedentes de África y partes de Oriente Medio que buscaban llegar a Italia y otros destinos europeos. La pequeña isla, de unos 6.000 habitantes, había recibido casi 8.000 migrantes solo ese año.

Las travesías fueron peligrosas, y miles de migrantes se ahogaron en el mar Mediterráneo, lo que debería haber sido desalentado por las autoridades públicas europeas, incluida la Unión Europea.

El Papa Francisco prestó su voz a esta tragedia. Anunció sumariamente a los habitantes de Lampedusa que la muerte de los migrantes se debía principalmente a la indiferencia de Europa: «¿Quién es responsable de la sangre de estos hermanos y hermanas?». preguntó. «¡Nadie!», respondió, y luego continuó: «Cada uno de nosotros responde: no he sido yo, yo no estaba aquí, ha sido otro». También arremetió contra los ciudadanos de Lampedusa, muchos de ellos católicos, que ni siquiera merecían su sensibilidad pastoral, a pesar de que eran los que estaban soportando directamente los costes de la invasión de migrantes, que más que duplicaba su población. Francisco también culpó a las fuerzas globales del capitalismo, que, según afirmó, hicieron necesario que estos inmigrantes abandonaran sus hogares y pueblos para venir a Europa. Francisco lanzó estas consignas ideológicas con temerario abandono.

Con sus acciones, el Papa Francisco ayudó a crear la falsa noción de que las democracias europeas deberían acoger a millones de inmigrantes de Oriente Medio y África. Afirmó en términos inequívocos el derecho de los migrantes a trasladarse a Europa, a ser alojados y cuidados por lo que él creía que eran los recursos interminables de un continente insensible y rico. El coro de la apertura de fronteras tenía por fin un líder espiritual. Ni la prudencia ni la auténtica caridad pueden prevalecer sobre el derecho absoluto del inmigrante. En el planteamiento del Papa, el bien común de una Europa antaño cristiana debe dar paso a preocupaciones exclusivamente humanitarias, a una compasión generalizada que es tan secular como religiosa.

Lo que el Papa Francisco no dice es lo que la Iglesia católica enseña realmente sobre las naciones y los inmigrantes, una enseñanza que se basa en principios de justicia y prudencia.

Las naciones tienen la responsabilidad ante sus ciudadanos de garantizar la protección y la administración de los recursos para el bien común de quienes han sido confiados a las autoridades públicas. Los seres humanos que llevan la imagen de Dios también deben tener la oportunidad de prosperar y vivir en una sociedad decente, permitiéndoles, como cuestión de justicia, cuando esto les ha sido negado, trasladarse y buscar prosperar en otro lugar. Cuando sea posible, las autoridades nacionales deben acoger a las personas y familias en estas situaciones extremas, pero también deben tener en cuenta sus propias limitaciones y necesidades a la hora de tomar estas decisiones.

Un pensamiento tan lúcido escapó a la comprensión de Francisco sobre esta cuestión a lo largo de su pontificado. Repetía su línea de pensamiento en la situación de los migrantes en Estados Unidos, sin dedicarse nunca a la sobria labor de aplicar con prudencia las normas de justicia y misericordia, prudencia y decencia a las circunstancias concretas a las que se enfrentan los ciudadanos y los estadistas. Habló despreocupadamente, en lugar de hablar como un líder que tiene la tremenda responsabilidad de guiar los pensamientos, si no los corazones, de casi mil quinientos millones de católicos. Ni una sola vez dio voz a lo que pensaban los ciudadanos de las naciones europeas y de los Estados Unidos sobre las compensaciones y las cargas de las migraciones de millones de personas a sus países, muchas de ellas de civilizaciones diferentes con costumbres culturales, creencias, amores, odios, tan diferentes de las suyas y algunas decididamente hostiles a la propia religión cristiana. Al final, negó implícitamente la legitimidad de la nación democrática, las fronteras que la hacen posible y el consentimiento de los gobernados que debe informarla. Con demasiada frecuencia, actuó como si fuera el Sumo Sacerdote de la religión de la humanidad de Auguste Comte en lugar del Santo Pontífice Romano.

Las consecuencias políticas y culturales de los numerosos ejemplos «Lampedusa» que marcarían Europa durante la última década fueron enormes. Ninguna más que el fatídico verano de 2015, cuando la alemana Angela Merkel abrió las puertas de Europa a un millón y medio de inmigrantes, un gesto que presagiaba la política populista que surgió en muchos países europeos y en Estados Unidos. El Papa Francisco pensó que estaba dando paso a un tipo de Iglesia Universal Humanitaria que trabajaría junto a una Europa que acogiera al mundo en su seno igualitario. Sin embargo, la mayoría de los fieles católicos de Europa y Norteamérica, aunque sienten compasión por los migrantes, siguen siendo conscientes de lo que se puede y no se puede dar en estas circunstancias. En lugar de estar a la vanguardia en este tema, era un sacerdote progresista que luchaba en la retaguardia, pareciendo a veces enfadado con un Occidente que no se tomaba sus palabras en serio o al pie de la letra.

El cambio climático

Otro rasgo distintivo del mandato de Francisco fue su devoción por el cambio climático, una cuestión inevitablemente interconectada con el libre mercado, la legítima autoridad política, la pobreza, la desigualdad, la población y la familia. Las ideas de Francisco sobre estas cuestiones se hicieron eco de la ideología progresista dominante, y fueron más evidentes en la encíclica papal de 2015 Laudato Si’ (Alabado seas). Como subrayó el politólogo Daniel Mahoney, el documento demuestra una comprensión de la creación y del lugar del hombre como su principal administrador. Es rico y está bien enunciado. El Papa recuerda a su rebaño que el progreso moral no es sinónimo de progreso tecnológico. Como también señala Mahoney, la sólida base teológica del documento podría haberse utilizado para desarrollar un enfoque sensato del cuidado de los recursos de la Tierra. Sin embargo, en lugar de un debate racional, el documento está marcado por una retórica apocalíptica que describe un planeta afligido y en decadencia, todo por culpa de las actividades egoístas y consumistas del hombre.

En la encíclica, el Papa Francisco afirma que el aire acondicionado, por ejemplo, es un gran problema causado por las masas de todo el mundo que buscan su comodidad, ajenas a los daños causados por el deseo de estar cómodos en el interior. ¿Ha considerado alguna vez que el aire acondicionado ha ayudado a salvar innumerables vidas de personas en hospitales de África, Asia y Oriente Medio? Culpa a un capitalismo rapaz que antepone los deseos humanos al bienestar del planeta y de las generaciones futuras.

Abundan más ejemplos de destrucción: Francisco nos advierte de que las predicciones catastrofistas ya no pueden acogerse con ironía o desdén. Vamos camino de dejar un legado de escombros, desolación y suciedad a las generaciones venideras. El ritmo del consumo, del despilfarro y de los cambios medioambientales ha desbordado de tal modo la capacidad del planeta que nuestro estilo de vida contemporáneo, por insostenible que sea, no puede sino precipitar futuras catástrofes, como las que periódicamente se producen en distintas zonas del mundo.

El documento ofrece innumerables ilustraciones como éstas. Sin embargo, lo que se echa totalmente en falta es la mínima conciencia empírica de que los avances tecnológicos, el afán de lucro, la mayor especialización de la economía, los derechos de propiedad y el Estado de derecho han sido la forma en que las sociedades occidentales se han enriquecido al tiempo que contaminaban gradualmente menos. Las economías se han vuelto más eficientes en la producción y más refinadas en el uso de la energía. En cambio, los católicos reflexivos han recurrido a voces más equilibradas y humildes como la de Bjørn Lomborg, antiguo director del Instituto de Evaluación Medioambiental del gobierno danés, que nunca ha rehuido la realidad del cambio climático, al tiempo que ha explicado de manera crucial que la adaptación y el ingenio que proporcionan las economías de mercado permiten a las personas hacer frente a los cambios provocados por el cambio climático. El fin no está cerca.

Quienes han estudiado el constitucionalismo occidental, y la creencia de que el poder de un gobierno está determinado por un conjunto de leyes, observan que las apelaciones a la «emergencia» y la «necesidad» (como se ve en esta encíclica papal) son emblemáticas de los intentos de romper las barreras de la prudencia, el Estado de derecho y la conciencia de los límites del poder. Lo que Francisco realmente quería era la aplicación de la política de guerra en las políticas de cambio climático. Acogió con satisfacción la gobernanza de grandes organismos transnacionales que no responden ante nadie mientras imponen atronadoramente diversas exigencias sobre el cambio climático, como la de que todos dejemos de conducir vehículos de gas. La retórica apocalíptica del Papa, que en un momento dado en Laudate Deum (Alabado sea Dios) -un documento escrito intencionadamente para influir en la 28ª Conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (conocida como COP 28) que se celebrará en Dubai en 2023- informó al mundo «de que podríamos estar acercándonos al punto de ruptura» de nuestra existencia actual.

Irónicamente, como profeta de la fatalidad, el Papa Francisco siempre parecía estar a gusto con los actores de Hollywood y las élites europeas cuyas políticas de cambio climático e ideas corporativistas han devastado muchas economías de la eurozona, incluida la alemana, han perjudicado el sustento de los agricultores europeos y han convertido la energía en un bien de lujo en toda Europa. Todas políticas que conducirán a apagones intermitentes durante algún tiempo, si los recientes acontecimientos en España y Portugal son un anticipo. A menos, claro está, que las naciones europeas recuperen el sentido común y eviten las fantasías apocalípticas.

A lo largo de su papado, Francisco ha afirmado preocuparse de forma generalizada y enfática por los pobres. Pero, como señala un editorial crítico del Wall Street Journal, su sensatez nunca estuvo a la altura de su preocupación cuando defendió las ideas que los mantendrían en la pobreza.

Rara vez mencionó que las empresas ofrecen oportunidades tanto a los empleados como a los consumidores de sus bienes o servicios. Su retórica y sus enseñanzas sobre los mercados estaban marcadas por la hostilidad. ¿Observó alguna vez la abundancia de las economías occidentales y se preguntó si esta situación de abundancia podría explicarse por algo más que la explotación y el abuso? Si es así, nunca lo comunicó. No entendía que el beneficio es la prueba de que una empresa ha reunido capital, trabajo y otros recursos de forma beneficiosa para los consumidores, enriqueciendo la vida de todos. En su opinión, el beneficio era igual a la codicia y fue condenado sin juicio. Debía más que un poco a la corriente ideológica peronista populista de izquierdas de su Argentina natal, una corriente que informó la corrosión política y económica de ese país antaño próspero.

Desigualdad

Mientras muchos pensábamos que la raíz de los males era el pecado, en su discurso de noviembre de 2014 ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Francisco afirmó que debemos «resolver la raíz de los males, que es la desigualdad.» Para acabar con la desigualdad, o lo que es realmente el aspecto inherente a cualquier sociedad libre, debemos «renunciar a la autonomía absoluta del mercado y de la especulación financiera, y actuar principalmente sobre las estructuras de desigualdad.» ¿Dónde existe algo reconociblemente llamado libre mercado aparte de la ley, la legalidad y la dignidad de las personas? No se nos dijo. Con demasiada frecuencia, el Papa redujo la doctrina social católica a ese igualitarismo dogmático y a los clichés ideológicos que lo acompañan.

Francisco nunca pareció preguntarse si muchos de los pobres no asumían la responsabilidad de sus vidas en parte porque creían a élites como el Papa, que en todas partes los proclamaban víctimas de mercados globales e impersonales. La Biblia habla en múltiples tonos de los pobres, para referirse a mucho más que la privación material, una condición que ha marcado la suerte del hombre en esta tierra durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Los «pobres de espíritu» resuenan en las Escrituras, el movimiento del alma de quienes buscan la misericordia de Dios, el poder sanador de Dios en unas vidas marcadas por el pecado, el sufrimiento y la traición. Los pobres bíblicos no son el proletariado amado por los ideólogos que los invocan para socavar la responsabilidad personal y política y justificar nuevas formas de opresión.

Las enseñanzas de la Iglesia

El compromiso de Francisco con la visión política progresista a menudo lo pone en una relación incómoda con las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Los pilares de la misión de la Iglesia católica, que proclama el acto salvífico de la muerte y resurrección de Cristo, son la confesión y el arrepentimiento, es decir, el reconocimiento del pecado y el alejamiento de él. Francisco nunca se ha pronunciado en contra de este mensaje, pero tampoco lo ha gritado a los cuatro vientos. Contrasta la escasez de sus declaraciones sobre el arrepentimiento con sus casi incesantes comentarios sobre las estructuras de desigualdad, el planeta traicionado, la injusticia de la pena de muerte y la cuestión de los inmigrantes.

Habló a menudo de la misericordia de Dios, casi como si fuera a caer sobre cualquiera, pero sólo con gran reticencia mencionó el arrepentimiento, que la Iglesia cree que es el requisito para su plena recepción. ¿Por qué? El arrepentimiento exige un interrogatorio del alma y plantea las cuestiones fundamentales del bien y del mal, del bien y del mal. Hace hincapié en el único progreso que realmente podemos hacer en esta vida, en lo cerca que podemos estar de la vida de Dios. El progreso es un imperativo moral y espiritual del alma, nada más.

Muchos comentaristas han señalado que nada cambió bajo el papado del Papa Francisco en lo que respecta a cuestiones que los progresistas dentro de la Iglesia han tratado de alterar durante mucho tiempo: cuestiones de sexo y matrimonio, y la perspectiva de mujeres sacerdotes. Y es cierto. Pero esto pasa por alto sus indicaciones significativas en los Sínodos de los Obispos sobre la Familia de 2014-15 de que quería cambiar la enseñanza de la Iglesia para los divorciados y vueltos a casar para permitirles recibir la comunión sin una declaración formal de que el primer matrimonio no era de hecho un matrimonio válido. En aquel momento fue rechazado por los obispos de África y de otras partes del mundo en vías de desarrollo.

Sin embargo, la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, publicada por el Papa Francisco, aumentó la confusión por su ambigüedad a la hora de defender la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. Dio lugar a que obispos de diferentes países sacaran conclusiones distintas sobre lo que la Iglesia enseñaba ahora. Cuatro cardenales enviaron una «dubia» a Francisco, que se traduce como «dudas», o un conjunto de preguntas pidiendo aclaraciones sobre la doctrina enviada a la Santa Sede. Buscaban claridad, si no la reafirmación de lo que la Iglesia había proclamado durante mucho tiempo como una sentencia sobre el matrimonio que emanaba del propio Cristo. El Papa les ignoró.

Francisco cambió la doctrina de la Iglesia sobre la pena de muerte, declarando que el castigo nunca puede justificarse (si tiene el poder unilateral para cambiarlo es otra cuestión totalmente distinta). Sin embargo, durante toda su historia, la Iglesia siempre ha enseñado lo contrario. Aunque muchos creyeron erróneamente que el Papa Juan Pablo II había excluido el uso de la pena de muerte como una cuestión de justicia, en realidad había declarado que ya no creía que el castigo fuera necesario para proteger el bien común, dada la capacidad de alojar a los reclusos de forma segura, pero nunca lo condenó categóricamente. Entendía que el gobierno, como fideicomisario del bien común, a diferencia de los particulares, siempre tendrá derecho a quitar vidas humanas para cumplir con esta responsabilidad primordial.

Lógicamente, muchos se preguntaron qué sigue después del cambio radical de Francisco en la enseñanza sobre la pena de muerte. El lenguaje utilizado para justificar este cambio se basa en un razonamiento puramente secular y progresista en «una conciencia global emergente» sobre la injusticia de la pena de muerte. Después de todo, ¿qué no podría justificarse si el fundamento de la moralidad ya no es la ley natural y la conciencia del bien y del mal arraigada en categorías primordiales, sino que se encuentra en el arco del progreso que separa lo correcto de lo incorrecto en nada más profundo que «los tiempos están cambiando»? Sólo más tarde el Papa Francisco respondió a esta pregunta afirmando que incluso la cadena perpetua era injusta. Desde los salones de la facultad, por fin se escuchó una palabra nunca pronunciada en esos confines: Amén.

Una nota final sobre el papado de Francisco debe considerar su manifiesto desdén por los católicos «conservadores» u «ortodoxos». El ensayo de monseñor Robert Barron «Francisco al completo» relata algunos de los insultos que lanzó, muchos dirigidos a sacerdotes jóvenes, «el esclavo cerrado y legalista de su propia rigidez»; «¡doctores de la letra!»; «la rigidez esconde el llevar una doble vida, algo patológico»; “¡profesionales de lo sagrado! Reaccionarios”. Se refirió a los jóvenes sacerdotes conservadores como «pequeños monstruos».

Estos mismos clérigos y los laicos que sintonizan con ellos representan lo que sin duda es la parte más vibrante de la Iglesia. Pruebas recientes demuestran que los bautismos de adultos están aumentando incluso en las iglesias de Europa, moribundas desde hace mucho tiempo. Los jóvenes, sobre todo, acuden a la Iglesia. Las encuestas ponen de manifiesto que los sacerdotes que se están ordenando últimamente son mucho más tradicionales y están más arraigados en el pensamiento profundo de la Iglesia. Francisco siempre ha parecido desconectado, cuando no desaprobador, de estos «brotes verdes» emergentes en la Iglesia.

Todo tiene sentido. Como muchos de nuestros intelectuales y clérigos mayores, el Papa Francisco creía que la línea entre el bien y el mal se encontraba en la actitud de cada uno hacia el progreso. Entonó que la Iglesia católica debía afirmar ahora la verdad ideológica progresista. Sin embargo, al pretender ser el Papa del Progreso, se convirtió en el Papa de la Retaguardia, el líder de una Iglesia liberal moribunda que había surgido en ocasiones a finales de los años sesenta y setenta, pero que está dejando de importar rápidamente, al igual que la delgada huella de su pontificado en la Iglesia.

La Iglesia Católica y bitcoin

Escrito por Daniel Morena Vitón en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en La Iglesia Católica y bitcoin

La Iglesia Católica no se ha pronunciado oficialmente ni a favor ni en contra de Bitcoin y otras criptomonedas. El motivo principal es la prudencia que deben tener las jerarquías antes de emitir un juicio moral sobre algo nuevo y desconocido. Pero sí que diversos cargos eclesiásticos y laicos se están pronunciando en contra de Bitcoin y del resto de criptomonedas por considerarlos “elementos especulativos sin ningún valor real que sirven a las grandes empresas en contra de los intereses de clases medias y bajas”.

Esta afirmación puede tener parte de verdad cuando menciona la especulación, pero se equivoca en decir que es mala per se y que perjudica a las clases bajas cuando en la realidad la actividad especulativa ayuda a la asignación eficiente de los recursos. Aunque no es el tema por tratar y, como además, soy escéptico sobre los diferentes criptoactivos, argumentaré por qué en el caso de Bitcoin esta afirmación es radicalmente falsa.

Qué es Bitcoin

Para criticar Bitcoin, hay que entender en qué consiste. Bitcoin es un tipo de dinero digital dentro de una red descentralizada P2P que permite enviar pagos online sin necesidad de que un intermediario valide la transacción. Es una cadena continua de bloques de información basada en un método de consenso bajo proof-of-work. La diferencia entre Bitcoin y cualquier otra criptomoneda es que está descentralizada. Ningún individuo ni organización puede modificarla.

El sistema de la red P2P basado en una proof-of-work consiste en que, cada vez que se emite una transacción, los nodos mineros (también hay nodos no mineros) recogen las transacciones en un bloque cada 10 minutos y deben competir para ser los primeros en actualizar el libro público de contabilidad y ganar el bloque. Para ello, gastan bastante energía para que la CPU resuelva la proof-of-work, que son problemas matemáticos difíciles de resolver, pero con una solución fácil de comprobar.

Transacciones seguras

Una vez se anuncian las transacciones, el resto de los nodos aceptan o rechazan la validez del bloque viendo si se han gastado los bitcoins con anterioridad. Si aceptan, deciden trabajar en ellos para el siguiente bloque. El minero que ha emitido el bloque válido recibe una recompensa en bitcoins, que se perdería en caso de ser una atacante de la red habiendo gastado energía de manera inútil. Por tanto, la mayoría de los nodos tienen inventivo a ser honestos.

Cada usuario tiene un monedero y posee una clave privada, que después genera una dirección pública, a la que poder enviar bitcoins o satoshis (las unidades divisibles de cada bitcoin) y que se puede comprobar mediante una firma. La clave privada es única y es imposible de adivinar mediante la dirección pública. Sólo los individuos o entidades con claves privadas serían propietarios de bitcoins. Es imposible conocer la clave privada de otro usuario. Pero las transacciones entre direcciones son públicas, lo que hace posible saber qué fondos tiene determinado usuario y de quién los ha recibido, aunque eso no implica saber su identidad real.

No atenta contra el Catecismo

Únicamente con explicar el funcionamiento de Bitcoin, se entiende que es un proyecto de moneda digital deflacionaria, puesto que su oferta está limitada y que elimina la necesidad de intermediarios en la red para validar las transacciones. La finalidad de Bitcoin fue, según dio a entender su creador, Satoshi Nakamoto, conseguir un dinero similar al mejor dinero que ha existido, el oro, según autores como Guido Hülsmann. A su vez, Bitcoin pretendía ser un dinero efectivo pero digital, sin necesidad de bancos o cajas de ahorro, siendo simplemente un monedero.

Por tanto, no hay ningún motivo para atacar Bitcoin que pueda estar enlazado al Catecismo de la Iglesia católica y sus enseñanzas sobre la moral. Los argumentos que se dan en contra son que sirve para fines especulativos (como si fuese malo, pero no quiero entrar a ese debate), favorece el crimen organizado y perjudica a la clase media y baja frente a los intereses del gran capital. Todos esos argumentos son falsos, o parcialmente falsos. Además, los críticos se olvidan de que Bitcoin otorga independencia financiera, que es importante para llevar una vida digna, y lleva un dinero seguro a personas perseguidas y oprimidas por gobiernos tiránicos.

Prevalecen los inversores a largo plazo

Es cierto que muchos individuos usan Bitcoin con fines especulativos, pero definitivamente son una minoría. Como las direcciones y transacciones son públicas, se pueden analizar y sacar gráficos estadísticos. Uno de ellos es el de long-term holders (LTH), que según Glassnode en 2023 ocupa un 78% de toda la oferta de Bitcoin. Los long-term holders son aquellos usuarios que no han hecho transacciones en más de 155 días. Por lo tanto, el 78% del Bitcoin está en manos de individuos o empresas que buscan una reserva de valor, una especie de oro digital.

La red Bitcoin es libre y puede entrar cualquiera, por lo que no se puede sacar, de ahí que favorezca únicamente a las grandes corporaciones. Es cierto que las grandes corporaciones o monopolios de la violencia, como EEUU o China, han estado comprando grandes cantidades de Bitcoin. Se estima también que su creador, Satoshi Nakamoto, tiene unos 700.000 bitcoins y hay otros grandes tenedores que puede causar fluctuaciones notables en el precio, pero eso ocurre con cualquier bien. Por eso no se puede sacar de ahí que perjudique a las clases medias y bajas, dado que sería como decir que el oro era un mal dinero porque grandes corporaciones como la Compañía de Indias Orientales o diversos monarcas mercantilistas acumulaban grandes cantidades de oro. No hay relación entre ambas afirmaciones y cualquier individuo con acceso a internet puede comprar Bitcoin.

Bitcoin y crimen

Hay que desestimar el argumento del crimen organizado. Es cierto que en Silk Road usaban Bitcoin, ya que las autoridades civiles desconocían su funcionamiento. Sin entrar en el debate de si las actividades de Silk Road eran ilícitas, usaban Bitcoin como podrían haber usado dólares o euros. Es más, la mayor parte del crimen organizado o, mejor dicho, de las actividades que se pueden dar en el mercado que son ilícitas (estafas, venta de bienes robados, sicarios…) porque dañan derechos de propiedad ajenos se efectúa en dólares. Además, Bitcoin dificulta las actividades criminales porque las direcciones y transacciones son públicas, por lo que, si se relaciona una dirección con una entidad criminal, se puede ver sus movimientos. La única diferencia es que no se puede confiscar si no se dispone de las claves privadas.

La imposibilidad de la confiscación de bitcoins es buena para el correcto desarrollo de la justicia. La confiscación de bienes de manera preventiva es peligrosa y puede llevar a que los gobiernos la usen de manera arbitraria, como hicieron en Canadá con una campaña para recaudar dinero a favor de los camioneros que se oponían a las restricciones Covid. Aquel que ha agredido a terceros debe ser obligado a reparar el daño causado hacia las víctimas, pudiendo ser privado de libertad. Que Bitcoin no sea confiscable no evita que un criminal sea detenido. Simplemente, se evitan las confiscaciones preventivas porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Juan Pablo II

No solo Bitcoin puede llegar a ser el dinero estable que pidió Juan Pablo II, sino que puede ayudar en la evangelización y la labor social de la Iglesia Católica. La vocación de la Iglesia católica es universal y, por tanto, miles de misioneros viajan a zonas donde los locales están sometidos bajo el yugo de gobiernos tiránicos, que impiden a los locales prosperar, o islamistas que les ejecutarían de convertirse al cristianismo y rechazar la Sharía. Las donaciones en Bitcoin podrían ser uno de los mejores mecanismos para llevar a cabo estas misiones.

De momento, la evangelización en naciones subdesarrolladas no se está llevando a cabo con Bitcoin, pese a cada vez más locales lo usan para proteger sus ahorros. Pero sí que está empezando a haber ejemplos, como el de las monjas Benedictinas de María, Reina de los Apóstoles, en Kansas. Dirigidas por el capellán Matthew Bartulica, que da misa tradicional en latín y es defensor de Bitcoin, financiaron la construcción de una nueva iglesia mediante donaciones en Bitcoin. No es el único caso, la Archidiócesis Católica Romana de Washington DC empezó a aceptar donaciones de criptomonedas. Finalmente, en 2023, Matthew Pinto organizó la primera conferencia cripto-católica en EEUU. Argumentó por qué los católicos tenían que tener en cuenta las criptomonedas y Bitcoin.

Aunque sigue habiendo muchas voces en contra, esto es el comienzo. Bitcoin puede ayudar a reconstruir la civilización cristiana. Por eso la jerarquía eclesiástica no debe emitir juicios imprudentes sobre la naturaleza de Bitcoin. Debe usarlo frente al dinero fíat, mediante el cual los gobiernos acaban con nuestros ahorros y nuestras libertades. Además, el dinero fíat ha fomentado el cortoplacismo, que tanto daño ha hecho a la moral pública. Y ha fomentado modos de vida no acordes al Evangelio.

Ver también

Bitcoin y la crisis de legitimidad del Estado (I): introducción. (Álvaro D. María).

Bitcoin y la crisis de legitimidad del Estado (I): camino a las micrópolis. (Álvaro D. María).

Liberalismo y bitcoin. (Manuel Polavieja).

Las inmatriculaciones

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Desde hace unos años me llaman poderosamente la atención las insistentes denuncias de algunas asociaciones, los medios de comunicación que les jalean y los dirigentes del PSOE actual, que pastorean a todos ellos, contra las inmatriculaciones de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad por parte de la Iglesia Católica.

Los activistas mencionados sostienen que la curia eclesiástica habría usado un medio privilegiado de inmatricular fincas en el Registro de la propiedad, reservado para las distintas administraciones públicas y las personas jurídicas dependientes de la Iglesia Católica por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria[1] (en su redacción dada por el texto refundido de 8 de febrero de 1946 ) para, de forma sistemática, apropiarse de la propiedad de bienes inmuebles públicos que no le pertenecen, aunque mantenga la posesión.

En sus furibundas diatribas proclaman que, en cambio, a ellos solo les movería el interés por defender el patrimonio artístico del Estado, que, erróneamente, asimilan “al común” de los ciudadanos españoles[2]. Una de las versiones más hilarantes sostiene que todo respondería a una conspiración del gobierno de José María Aznar López y la jerarquía católica a fin de saciar la codicia de esta última.

Siguiendo esa pintoresca teoría, la reforma de la Ley Hipotecaria que promovió el gobierno en el año 1998[3], habría tenido como fuerza motriz facilitar esas supuestas apropiaciones indebidas. La confluencia de esta postrera reforma con las certificaciones previstas en el artículo 206 LH del texto aprobado en 1944 en tiempos de la dictadura del general Franco, habría surtido los efectos apetecidos por los sempiternos conspiradores.

Obsérvese que juntar de una tacada a tres de los grandes demonios de la cosmovisión del PSOE y sus allegados políticos, académicos y mediáticos en una operación desplegada a lo largo de más setenta años (¡!) es una superchería de dimensiones colosales, pero así están las cosas en la fábrica de mentiras y manipulaciones atrincherada en la calle Ferraz de Madrid.

No en vano el mantra continuó durante la XII legislatura. Antes de la moción de censura que llevó a su candidato a la presidencia del gobierno, el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados consiguió aprobar en abril de 2017 una proposición no de ley, en la que, asumiendo como realidad incontestable las sospechas lanzadas previamente por varias asociaciones ad hoc, se instó al Gobierno a elaborar un estudio en el que se recogieran todos los bienes que desde 1998 hasta 2015 se hubieran inmatriculado a favor de la Iglesia Católica, y procediera a reclamar la propiedad de los mismos, si dicha inmatriculación se hubiera realizado sin los requisitos legales necesarios o afectando a bienes públicos.

La ausencia del más mínimo rigor de estos planteamientos explota la ignorancia sobre cuestiones históricas y jurídico registrales relativamente complejas que aqueja al gran público. Es por esto por lo que resulta crucial  aclarar algunos puntos para atenerse a la verdad y desenmascarar la propaganda. El cambio de actitud en apenas diez años ante la inmatriculación en 2006 de la Catedral de Córdoba, conocida como Mezquita por conservar el salón de columnas con arcos de herradura del anterior templo musulmán, constituye una muestra inestimable de la mala fé y las malas artes de unos leguleyos con mucho poder.

Comencemos por recordar, no obstante, que, con antecedentes en las Contadurías de hipotecas, el modelo de Registro de la Propiedad vigente en España data de 1 de febrero de 1861[4], fecha en la que se aprobó la Ley Hipotecaria. Frente a un sistema como el alemán, que se decantó por el carácter constitutivo de la inscripción en un registro público para el reconocimiento de la transmisión del derecho de propiedad inmobiliaria y los demás derechos reales que la gravan, los legisladores liberales españoles del siglo XIX introdujeron una institución que se limitaría a dar publicidad, con inscripciones voluntarias, a los derechos previamente existentes, sobre la base del historial de la finca registral (no personal) y las variaciones que sobre ella fueran produciéndose, así como sus transmisiones.

El objetivo declarado en la exposición de motivos de esa Ley era ofrecer seguridad jurídica al tráfico inmobiliario, tradicionalmente falto de transparencia en lo que se refería a los derechos reales que gravaban la propiedad[5]. No obstante, según coinciden diversos historiadores del Derecho, la protección del tercero de buena fe que confía en lo que publica el Registro de la Propiedad se dirigió principalmente a asegurar la posición de los adquirentes de bienes desamortizados[6] que habían pertenecido a la Iglesia Católica, que el estado confiscó y que posteriormente subastó entre particulares, junto a gran parte de los bienes comunales.

El mecanismo de la LH que permite a ese tercero, adquirente inscrito de una determinada propiedad, eludir las posibles acciones contra su adquisición del dominio, se atribuye a la conveniencia de proteger a todos aquellos adjudicatarios de bienes desamortizados cuya posición podría debilitarse por un cambio legislativo o la propia postura de la Iglesia Católica de plantear litigios para recuperar bienes que se le habían incautado.

Para articular ese sistema desde el Estado se promovió el acceso de todas las fincas existentes en el territorio español al registro de la propiedad, al frente del cual un funcionario especializado se encargaría de velar que los títulos inscribibles guardaran unos requisitos formales. Generalmente que se declarasen por escritura pública autorizada por notario o por ejecutoria judicial.

Ahora bien, el sistema partía de la necesidad de la inmatriculación (aunque ese término no apareció hasta 1944) de cada finca, la cual solo se podría conseguir mediante un título traslativo del dominio que supondría, asimismo, la inscripción del dominio a favor del titular. De esta exigencia quedaron relevados aquéllos que hubieran adquirido sus propiedades antes del 1 de enero de 1863, quiénes podrían inscribir sus títulos en el Registro sin necesidad de que constara el dominio previamente inscrito a favor de sus transmitentes. Como excepción, la Ley permitió la inscripción de situaciones posesorias cuando el interesado carecía de un título exhibible.

No resulta nada sorprendente, pues, que durante muchos años una gran parte del tráfico inmobiliario se desenvolviera sin un reflejo registral. Dicho sea de paso, la exigencia anterior hacía casi imposible la inmatriculación de los bienes inmuebles pertenecientes a la Iglesia Católica, pues, como recordaban las leyes desamortizadoras que confiscaron una gran parte de su patrimonio durante el siglo XIX, se encontraban en “manos muertas” que no transmitían la propiedad, por más que la Iglesia pudiera ceder la explotación de sus bienes mediante diversos contratos.

Las sucesivas reformas de la Ley Hipotecaria tendieron a mitigar el rigor exigible para el acceso de las fincas al Registro de la Propiedad o, incluso, a solventar el problema de la interrupción del tracto sucesivo, esto es, la situación en la que los adquirentes del derecho de propiedad de una finca que había sido ya inmatriculada se abstenían de inscribir su derecho.

Ha de tenerse en cuenta, por otro lado, que el derecho civil español continuó la tradición romana del título (contrato no necesariamente escrito) y el modo (transmisión de la posesión) sin necesidad de inscripción registral, como forma usual de adquirir y transmitir la propiedad, además de la donación y la sucesión. Y que la usucapión romana, o adquisición de la propiedad y los demás derechos reales mediante la posesión continuada en concepto de dueño, incluso sin justo título ni buena fé, durante un cierto número de años, ha sido una institución común del derecho civil español desde el Fuero Juzgo del Reino Visigodo, las Partidas de Alfonso X el Sabio hasta llegar al Código Civil[7].

En ese contexto se aprobó la reforma de la Ley Hipotecaria de 1944-46 y su reglamento. Con el ánimo de fomentar la inmatriculación de fincas en los registros de la propiedad, amplió los mecanismos para ello, simplificando el expediente de dominio,    introduciendo el título público de adquisición y las actas de notoriedad, así como regulando las certificaciones administrativas o eclesiásticas de dominio. Estas últimas permitieron a la Iglesia Católica inscribir a nombre de sus diversas personas jurídicas bienes inmuebles de todo tipo, excepto los templos destinados al culto, sin que esto signifique que el Estado discutiera la titularidad de estos últimos.

Dicho todo lo anterior, el planteamiento de estos supuestos defensores del patrimonio histórico español (que no significa público) está completamente sesgado. El posible vicio de inconstitucionalidad del artículo 206 LH (mientras estuvo vigente) no debe hacer perder de vista que las inscripciones así conseguidas quedaban suspendidas de efectos respecto a terceros durante dos años – como en el resto de medios de inmatriculación- y que, en cualquier caso, ceden ante el ejercicio de acciones ante los tribunales por parte de quiénes demuestren su derecho, con independencia de lo que publique el Registro. En la práctica tanto el uso del título público de adquisición, como el expediente de dominio o el acta de notoriedad como título complementario para la inscripción podían (y pueden en los casos que se mantienen) utilizarse para inscripciones que no están justificadas, total o parcialmente, en la titularidad de un derecho previo.

Durante los últimos veinticinco años se han producido reformas de mucho más calado en la regulación del Registro de la Propiedad que han afectado a la relación de esta institución con los datos y los planos del Catastro; a su implicación en la ejecución y vigilancia de una actividad urbanística disparatadamente regulada o, más recientemente, la  desjudicialización de los expedientes de dominio para inscribir el dominio que, desde 2015, se tramitan ante un notario público.

Curiosamente, el informe remitido por el Ministerio de Relaciones con las Cortes al Congreso la semana pasada sobre los bienes que la Iglesia Católica inscribió desde 1998 hasta 2015, la mayoría templos, viene a reconocer que el examen de los presuntos excesos debe realizarse caso por caso. Sin embargo, dada la dependencia económica que mantiene la Iglesia Católica con el Estado, algo que plantea otro género de debate, no deben descartarse nuevas actuaciones del gobierno para intervenir su rico patrimonio inmobiliario.

[1] El Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél y las de la Iglesia Católica, cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos

[2] No se presenta la diferencia esencial, establecida en la ley de 1985, dentro de los bienes integrantes del patrimonio histórico español, entre los bienes de dominio público y patrimoniales de las administraciones públicas, de un lado, y los bienes de titularidad privada, de otra. 

[3] En realidad una reforma del Reglamento hipotecario, aprobado por el R.D 1867/1998, de 4 de septiembre, que se dirigía esencialmente al objetivo de hacer efectivo un Registro de la propiedad basado en datos catastrales, en cuya exposición de motivos se aludía a que “se suprime por inconstitucional la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico”

[4] Aunque la Ley entró en vigor dos años más tarde: el 1 de enero de 1863.

[5]  En esa exposición los legisladores asumían que las leyes hasta aquel momento vigentes “ni garantizan suficientemente la propiedad, ni ejercen saludable influencia en la prosperidad pública, ni asientan sobre sólidas bases el crédito territorial, ni dan actividad a la circulación de la riqueza, ni moderan el interés del dinero, ni facilitan su adquisición a los dueños de la propiedad inmueble, ni aseguran debidamente a los que sobre esta garantía prestan sus capitales.”

[6] Durante el siglo XIX las principales normas desamortizadoras de los bienes de la Iglesia fueron: El Real Decreto de 19 de febrero de 1836, dedicado a la desamortización de los bienes del clero regular, la Ley de 29 de julio do 1837, destinada a desamortizar los bienes del clero secular, la Ley de 2 de septiembre de 1841, que puso en pleno vigor a la de 1837, y la Ley general desamortizadora de 1 de mayo de 1855. Con la firma del Concordato de 1851, se reanudaron las relaciones entre Iglesia y Estado. A cambio de no pleitear con los compradores de bienes eclesiásticos desamortizados, la Iglesia consiguió, entre otras ventajas, el fin de la desamortización de su patrimonio ( Tomás y Valiente, Francisco: El marco político de la desamortización en España. Ed. Ariel Barcelona, 1977, pags. 103-106),

[7] El artículo 1959 del Código Civil establece que se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción determinada en el artículo 539.