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Etiqueta: Informe

Europa: desregulando con una mano, regulando con la otra

El coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana (IJM), Diego Sánchez de la Cruz, ha publicado el informe “Europe’s TechReg Paradox: Deregulating with One Hand, Re-regulating with the Other” en EPICENTER, el European Policy Information Center. 

El documento analiza cómo, pese a las promesas de simplificación normativa, la Unión Europea ha aprobado casi un centenar de leyes tecnológicas y cuenta con 270 entes reguladores en activo dedicados a esta cuestión, lo que termina asfixiando la innovación, especialmente en startups, y dejando a Europa rezagada frente a EEUU y Asia en sectores clave como la inteligencia artificial o las tecnologías emergentes.

EPICENTER es una red de doce think tanks europeos de orientación liberal, dedicada a informar el debate político europeo y promover los principios de una sociedad libre. Desde Bruselas, publica análisis y estudios para influir en la agenda comunitaria, defendiendo reformas que reduzcan trabas burocráticas y fomenten el crecimiento económico.

Para descargar y leer el documento, hagan clic aquí.

Europa frente al proteccionismo.

Europa frente al proteccionismo. Por una respuesta inteligente a la guerra comercial Europa frente al proteccionismo.

Ante la escalada de las tensiones comerciales que han desatado los aranceles impuestos por Estados Unidos en abril de 2025, el Instituto Juan de Mariana presenta un documento de contexto, titulado “Europa frente al proteccionismo”. Sus conclusiones son las siguientes:

🎯 Contexto general:

– Algunas políticas económicas de Trump (rebajas fiscales, desregulación, eficiencia gubernamental) pueden ser positivas para el crecimiento, pero la deriva proteccionista de La Casa Blanca tiene el efecto contrario.

– La ronda de aranceles masivos anunciada en abril de 2025, con tasas del 34 por ciento a China, 24 por ciento a Japón o 20 por ciento a la UE, supone una escalada que ahonda en el preocupante fenómeno de la desglobalización.

– El nuevo orden mundial, marcado por las crecientes hostilidades entre Estados Unidos y China, así como por el papel destructivo que viene desempeñando Rusia, obliga a abordar las grandes cuestiones económicas con una mirada geopolítica de largo plazo.

📉 Impacto económico inmediato:

– Esta medida provocó la cuarta mayor caída bursátil desde 1980, solamente superada por el crash de 1987, el punto crítico de la Gran Recesión en 2008 y el estallido de la pandemia del covid-19 en 2020.

– Los indicadores de incertidumbre en materia de política comercial y de política económica se han disparado y alcanzan valores máximos, propios de los peores momentos de la pandemia del covid-19.

❌ La equivocada obsesión con el déficit comercial:

– El déficit comercial no es un problema en sí mismo: puede coexistir perfectamente con un crecimiento económico robusto, como ha ocurrido durante décadas en Estados Unidos.

– Importar más de lo que se exporta no empobrece un país: al contrario, refleja una economía fuerte con consumidores activos y empresas que demandan bienes de capital y consumo.

– El déficit comercial suele ir acompañado de un superávit en la cuenta de capital. Otros países invierten en Estados Unidos, lo que equilibra su flujo financiero total.

– Estados Unidos tiene una economía menos abierta que otras potencias exportadoras: el comercio exterior representa apenas el 26 por ciento de su PIB, gracias a que su mercado doméstico es de enorme tamaño. Esta cifra es marcadamente inferior al 79 por ciento de Alemania o el 66 por ciento de España. Esperar un equilibrio bilateral con todo socio comercial es ilusorio.

– Usar el déficit bilateral como excusa para imponer aranceles es técnicamente erróneo, puesto que ignora el comercio de servicios, el papel de las cadenas globales de suministro y la función del dólar como moneda de reserva internacional.

📉 Efectos negativos del proteccionismo en la primera presidencia de Trump:

– Por cada empleo creado en la industria siderúrgica, Estados Unidos destruyo más de 16 puestos de trabajo en sectores que usan el acero.

– La guerra comercial con China costó 57.000 millones de dólares a los consumidores y las empresas de Estados Unidos.

– El hogar medio pagó 830 dólares anuales más por estas medidas.

⚠ Aranceles arbitrarios y técnicamente infundados:

– La fórmula usada para imponer aranceles basa en calcular el déficit en la balanza de intercambio de bienes.

– No se toman en cuenta los servicios ni se miden posibles prácticas desleales, como subsidios que distorsionen la competencia. Por tanto, se ignoran los procedimientos técnicos del comercio internacional y se recurre a un instrumento rudimentario y punitivo.

🇪🇺 Impacto en la UE:

– Bruselas estima un coste arancelario total de hasta 81.000 millones de euros al año, frente a los 7.000 millones que recaudaba hasta ahora Estados Unidos con los aranceles a la UE. Esto supone multiplicar por 12 la carga arancelaria aplicada a la UE.

– El impacto incluye 6.500 millones de euros de aranceles adicionales al acero y el aluminio, 16.500 millones “extra” a la industria automovilística y 58.000 millones en cargas nuevas para el resto de bienes exportados a suelo norteamericano. El 70 por ciento de las exportaciones europeas a Estados Unidos ven afectadas.

🇪🇺 Qué debería hacer Bruselas:

– Completar el mercado único. Ello conlleva beneficios de hasta 814 millones de euros, diez veces más que el coste de los aranceles aplicados por Trump. Consolidar de una vez por todas la integración económica europea supondría un incremento del 5 por ciento en el PIB comunitario. Para ello, es clave eliminar barreras en campos como los servicios, el ámbito digital, la energía, la contratación pública y las finanzas.

– La Brújula de Competitividad de la propia Comisión Europea apunta que reducir las trabas burocráticas dependientes de Bruselas en un 25-35 por ciento supondría un ahorro de costes administrativos de 37.500 millones de euros, lo que amortiguaría casi la mitad del golpe arancelario asestado por Trump.

– Asimismo, Bruselas puede acompañar estas reformas con una nueva agenda climática basada en replegar las restricciones “verdes” más costosas, como las que afectan a la industria automovilística, y en favorecer el despliegue nuclear, esencial para ofrecer un soporte energético fiable, seguro y limpio.

– Europa debe apostar por liderar una estrategia global de respuesta basada en más acuerdos comerciales. Es momento de responder con un liderazgo basado en la apertura, y no con más proteccionismo.

Si desea descargar el informe completo pinche aquí.

Asfixia empresarial: Un análisis de la sobrerregulación y la burocracia en España

“Asfixia empresarial” es un informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana, en colaboración con el Aula José Ramón Garcia. A lo largo de casi 70 páginas, el documento presenta un vistazo al problema de sobrerregulación que enfrenta la economía española, llegándotelo a destacadas conclusiones:

  • Cuatro de cada diez empresarios consideran que el problema de sobreregulación y burocracia es una de las cuestiones más críticas a la hora de invertir en España. De hecho, otorgan a esta cuestión una importancia similar a la que asignan a los impuestos, de modo que la presión normativa ya tiene una trascendencia comparable a la presión fiscal. Siete de cada diez empresarios consideran que la excesiva carga regulatoria es uno de los factores que más esta afectando a los niveles de inversion, que de hecho llegaron a finales de 2024 por debajo de las cotas alcanzadas en 2019.
  • Los obstáculos para el mercado único en Europa tienen un impacto cercano al 3,5 por ciento del PIB en España, mientras que la ruptura del mercado nacional propiciada por la fragmentación normativa autonómica tiene un coste del 3,5 por ciento del PIB. En total, el coste de estos obstáculos para que las empresas puedan operar en la UE y dentro de España asciende a 90.000 millones de euros, una cifra que equivale a 4.660 euros por hogar.
  • El 36 por ciento de la actividad económica desarrollada en España se da en sectores afectados por una carga regulatoria y burocrática excesiva, afectando a 1,9 millones de empresas y a 9,8 millones de trabajadores. Solamente en la última década se han conocido al menos 700 recursos contra decisiones regulatorias que restringen la unidad de mercado en nuestro país.
  • Al actual ritmo de creación de normas, España perderá 100.000 empleos en la próxima década debido a la acumulación de nuevos requisitos, restricciones y prohibiciones regulatorias. Esa complejidad también conduce a una mayor litigiosidad, desviando recursos de la economía productiva. De hecho, reducir a la mitad los niveles de congestión judicial apreciados en la jurisdicción civil de nuestro poder judicial permitiría elevar estructuralmente la inversión privada en unos 1.500 millones de euros.
  • La comparativa por comunidades autónomas resulta interesante, puesto que la carga regulatoria efectiva en Cataluña duplica la de Madrid, lo que reduce la renta de la primera comunidad en 1.141 por persona, destruyendo asimismo unos 52.400 puestos de trabajo.
  • Si comparamos a España con Europa, encontramos que igualar nuestra calidad regulatoria y nuestro aparato burocrático a los niveles observados en Dinamarca permitiría incrementar la renta per cápita en 2.589 euros. Lamentablemente, los distintos indicadores referidos a la calidad regulatoria en la UE y la OCDE nos relegan a la zona baja de la tabla.
  • Las regulaciones verdes han crecido con fuerza en el siglo XXI, con 9.489 instancias de este tipo aprobadas de 2000 a 2022. Por cada norma de este tipo aprobada en Francia, España ha puesto en marcha al menos seis disposiciones. Sin embargo, la evidencia muestra que una mayor carga regulatoria conduce a peores, no mejores, niveles de protección del medio ambiente. Hay, por tanto, una relación inversa entre regular más en esta línea y obtener mejores resultados.
  • De 1996 a 2022 se han aprobado 22.337 regulaciones de igualdad de género, más de un 80 por ciento de las cuales han sido impulsadas por los gobiernos autonómicos. En base a la evidencia disponible, no se aprecia una correlación entre introducir más carga normativa en este ámbito y obtener mejores resultados en los indicadores de referencia dedicados a la cuestión de igualdad hombre-mujeres, de modo que la clave no es regular más, sino regular menos y regular mejor.
  • La empresa promedio carga con una larga lista de requisitos burocráticos, como encuestas, obligaciones tributarias, obligaciones contables, procedimientos medioambientales e instancias de otro tipo. Su incidencia es muy significativa en términos de tiempo y recursos perdidos por las empresas afectadas, así como en lo tocante a la naturaleza intervencionista de muchas de estas disposiciones.
  • Asimismo, España tiene en vigor alrededor de 10.300 regulaciones laborales, de modo que el principal coste de empresa (mano de obra) está también sujeto a cotas de hiperregulación que han contribuido a hacer de España el país con más paro de la Unión Europea, con tasas que duplican la media comunitaria.
  • Las obligaciones tributarias no se quedan a la zaga, puesto que hay más de 200 modelos en vigor y las obligaciones de información son cada vez más extensas y tienen distintos calendarios de periodicidad.
  • Como medida complementaria de la complejidad asociada a la regulación tributaria en vigor, vale la pena señalar asimismo que las dificultades asociadas al cumplimiento de la normativa tributaria van también a más. Por ejemplo, el manual del Impuesto sobre la Renta de la Agencia Tributaria alcanzó en la campaña de 2023 una extensión de 1.921 páginas. En caso del IVA, su extensión en el último ejercicio asciéndelas a 360 páginas. Esta misma rúbrica llega a 796 folios en el caso del Impuesto de Sociedades.
  • Además de deprimir la inversión, la sobrecarga normativa mina el emprendimiento. España está en el puesto 97 del último ranking del Banco Mundial dedicado a medir las facilidades para hacer negocios. En lo tocante a las licencias de obra y construcción, recalamos en el número 79 del ranking. Incluso cuando ya se pone en marcha un negocio, el régimen de restricciones puede ser tan asfixiante como vemos en el caso del comercio, donde los grandes establecimientos ven limitada en un 90 por ciento su capacidad de apertura en domingos y festivos, a lo que hay sumar dobles licencias para el funcionamiento cotidiano, limitaciones de las ventas promocionales, impuestos específicos sobre este tipo establecimientos, etc.
  • La nueva Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad eleva de 80 a 1.125 los requerimientos d datos que deben suministrar las empresas. De esos 1.125, solamente un 20 por ciento son cifras puramente cuantitativas, de modo que las empresas deberán generar ingentes cantidades de nueva información cada año. Para una compañía de tamaño mediano, el coste anual rondará los 400.000 euros. Asimismo, la nueva Ley de Consumo Sostenible quiere imponer un régimen de multas especialmente oneroso, con sanciones de 100.000 euros a quienes se desvíen de unas pautas de comunicación recogidas en una guía de 60 folios. Otro reto en materia normativa es el llamado Gran Hermano Turístico contemplado por el Real Decreto 933/2021, que introduce la obligación de recabar hasta dieciocho nuevos datos de los clientes de hoteles, pisos turísticos y otros establecimientos del sector.

Puedes leer el informe completo AQUÍ.