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Etiqueta: Innovaciones y nuevas tecnologías

Menos libertad en Internet

Por desgracia, nada ha cambiado a mejor desde hace doce meses. Al contrario, la situación ha empeorado desde un punto que ya era pésimo. Son muchos los millones de seres humanos que no pueden disfrutar de un acceso a la red en libertad, y más de cien las personas que se han visto en prisión por oponerse en el ciberespacio a sus gobernantes. En la lista de gobiernos represores encontramos algo que también se repite de forma constante: está formada por dictaduras de signo comunista o que reprimen a poblaciones de mayoría musulmana.

En la primera de estas categoría entran desde tiranías que se mantienen en la máxima pureza de la hoz y el martillo, como Cuba o Corea del Norte, hasta otras que aunque no se definen como comunistas están más cerca de esta definición que de cualquier otra. Es el caso de Bielorrusia, país gobernado por un Alexander Lukashenko que recientemente decía de sí mismo que es mejor "ser un dictador que ser gay" . Aunque existen elecciones, en la última dictadura de Europa los tics de la época soviética siguen dominando la forma de ejercer el poder, y los opositores, en la red y fuera de ella, son reprimidos con dureza y muchas veces terminan en prisión.

Tampoco faltan los regímenes que han optado por una mezcla de comunismo político con ciertos niveles de apertura económica, como Vietnam, Birmania (gobernada por una junta de militares comunistas) o China. De este último país cabe destacar que es desde hace muchos años la mayor cárcel de internautas del mundo. En la actualidad, en el gigante asiático sufren penas de prisión 78 personas condenadas por el "delito" de expresarse a través de la red.

Entre las dictaduras musulmanas también hay variedad: suníes como Arabia Saudí y chiíes como Irán; teocráticas, como las dos anteriores, o laicas como Siria; del Golfo, como Bahréin, o del Asia Central como Uzbekistán y Turkmenistán; abiertamente anti occidentales, Irán y Siria de nuevo, o nominalmente aliadas de Europa y de EEUU, como la petro-monarquía más extensa de la Península Arábiga. A pesar de todas sus diferencias, comparten algo respecto a la red: cualquier represión es poca. Todo vale para impedir su normal desarrollo, desde la censura hasta la detención de internautas.

Las principales vícitmas de las tiranías que someten a las poblaciones de Arabia Saudí, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Irán, Uzbekistán, Siria, Turkmenistán y Vietnam, Bahréin y Bielorrusia son sus ciudadanos, tanto los que se conectan (o quisieran hacerlos) como los que no. Pero también sufrimos los efectos de su represión quienes nos conectamos a internet en el resto del mundo. Se nos impide acceder a opiniones e informaciones independientes de esos países, así como comunicarnos con libertad con sus habitantes si es nuestro deseo. Nuestra libertad también está siendo restringida por esa colección de dictadores musulmanes y comunistas.

Los jueces contra Sinde, y Wert

Es un argumento bastante endeble, porque lo primero que se le ocurriría a una persona sensata es si no sería mejor acelerar el funcionamiento de los tribunales, que afectaría a cosas bastante más importantes que las descargas. Pero dado que ese es un problema que hasta ahora nadie ha logrado solucionar, podría parecer comprensible.

Pero el razonamiento tiene un problema de base, y es que la Ley Sinde-Wert, como empieza a ser conocida, no acelera nada, sino que toma el camino opuesto al que están recorriendo los jueces. Excepto en un par de casos, en los que además hubo sentencia de conformidad –es decir, un acuerdo para evitarse líos–, los distintos tribunales que se han visto con el caso de una web de descargas lo han sobreseído al no apreciar delito alguno. Acaba de saberse el sobreseimiento de Cinetube, que hace unas semanas se puso la medalla de ser mencionado por el FBI en el escrito de acusación del caso Megaupload, pero no es una sorpresa. Lo raro sería lo contrario.

En definitiva, la ley Sinde-Wert crea un atajo que permita a un organismo administrativo cerrar sitios web que los jueces, con las leyes en la mano, consideran completamente legales. Y sin modificar ni la LSSI ni la Ley de Propiedad Intelectual de modo que se considere fuera de la ley la actividad de enlazar a descargas de videojuegos, pelis, series y música. La diferencia entre alojar un contenido protegido y enlazarlo es la que existe entre, pongamos, una web de pornografía infantil y Google. Si se aceptara la ilicitud del enlace no sólo se provocaría grandes dolores de cabeza a multinacionales ya establecidas, sino que sería una piedra más contra la innovación en internet en España.

No sé a ustedes, pero no parece juego limpio por parte del Estado darse la potestad de destruir actividades privadas que el propio Estado reconoce como legales. La única opción que les queda a estos sitios web será recurrir a las primeras decisiones que tome esta corte suprema sin jueces que instaura la Ley Sinde-Wert. Pero mientras se estudian estos recursos estarán cerrados sin haber cometido delito alguno. Es la diferencia entre un Estado de Derecho y un Estado social y democrático de Derecho, supongo.

Megaupload, el fin de un gigante con los pies de barro

 

Hasta hace poco más de una semana Megaupload era uno de los grandes puertos virtuales donde millones de internautas hacían parada y fonda. Ofrecía archivos, es decir, películas, discos de música, libros y todo tipo de información que puede ser descargada y visualizada en una pantalla. Era un destino atractivo. Todo, absolutamente todo, estaba allí, desde los taquillazos más recientes de Hollywood hasta el último disco de Lady Gaga pasando por las series de televisión más populares. Utilizarlo era simple, tan sólo hacía falta disponer de un ordenador, una conexión ADSL y tiempo para la descarga y posterior visionado, audición o lectura de los contenidos descargados.

Era el modelo definitivo de file sharing o compartición de archivos. Catálogo amplio, multilingüe, sin esperas y con rapidez garantizada, el nirvana mismo del internauta aficionado a las descargas. Pero, de pronto, para pasmo de medio mundo, se apagó. Y no porque sus dueños decidiesen dedicarse a otra cosa, sino porque el FBI lo cerraba fulminantemente en una cinematográfica operación internacional denominada “Megaconspiracy”. Al minuto la noticia copó las portadas de todos los diarios del planeta abriendo un controvertido debate que no ha hecho más que empezar y que promete momentos de gloria para lo que queda de año.

Pero, ¿qué es lo que hacía Megaupload para ocasionar una reacción tan expeditiva por parte de la temida oficina federal de investigaciones? Simple, una buena parte de los archivos que albergaban sus servidores estaban allí sin el consentimiento de sus propietarios, y eso es ilegal, ya que va contra las leyes de propiedad intelectual. ¿Subían ellos esos archivos sin permiso?, no, su negocio no era tan arriesgado. Si lo hubiesen hecho así hace ya mucho tiempo que les habrían cerrado la web. Lo hacían de un modo más sibilino. Tal y como reza su propio nombre, usuarios de todo el mundo “subían” (upload) contenidos a sus servidores, la empresa los almacenaba, los clasificaba y los colocaba listos para su descarga por parte de otros usuarios.

Todo eso cuesta bastante dinero. Tanto el ancho de banda, es decir, el tráfico de datos, como el alojamiento de esos datos es caro. Ni que decir tiene que, tratándose de películas, la cantidad de datos a almacenar y transferir es altísima. Los dueños de Megaupload, sin embargo, no eran unos benefactores de la humanidad que ponían toda esa infraestructura por amor al arte. Su verdadero negocio, de donde sacaban el dinero, no era de la carga, el upload, sino de la descarga, el download. Los usuarios podían elegir entre dos modalidades: una gratuita con esperas y descarga lenta, y otra rápida previa compra de un bono de descarga que se denominaba “cuenta premium”. La venta de esas cuentas es lo que hizo millonarios a los dueños de Megaupload.

Millonarios y excéntricos. Detrás de la palabra mágica que hacía furor en Internet había cuatro europeos –tres alemanes y un holandés–, capitaneados por Kim Schmitz, un antiguo hacker condenado en tres ocasiones por craquear una red empresarial, por fraude y por desfalco. Lo que Schmitz nunca había pisado hasta ahora era la cárcel, donde de seguro va a pasar los próximos años de su vida. Los otros correrán parecida suerte.

Schmitz, un informático de 38 años nacido en una ciudad de provincias del norte de Alemania, siempre quiso ser millonario. La irrupción de Internet le cogió muy joven, con veinte años recién cumplidos. Se especializó entonces en la naciente piratería informática, lo que le ocasionó la primera de sus condenas, de la que salió ileso. Entonces se empezó a hinchar la burbuja de las puntocom y Schmitz, inquieto y emprendedor, se subió sobre ella. Pero no para crear riqueza, sino para apoderarse de ella con malas artes.

En 2001 compró una compañía, Letsbuyit.com, y anunció que iba a invertir un dineral en ella. Las acciones subieron como la espuma, entonces Schmitz la vendió llevándose una jugosa tajada en concepto de plusvalía. A los pocos días Letsbuyit quebró irremisiblemente, pero el alemán ya había desaparecido con el dinero. Para entonces ya se hacía llamar Kim Dotcom (puntocom) o Kim Tim Investor. Lo cierto es que hacer negocios con él era una práctica de alto riesgo. En 2002, después de quebrar otras dos empresas tras obtener un préstamo sin garantías de 280.000 euros, fue detenido en Bangkok y extraditado a Alemania. Fue juzgado por insider trading (uso de información privilegiada) y condenado a pagar una multa, pero se libró de la cárcel. Al año siguiente volvió a vérselas con la justicia alemana por un caso de desfalco. Fue condenado a dos años de prisión, pero no llegó a ingresar.

Eso le hizo abandonar definitivamente su país natal y conseguir otra nacionalidad a la que recurrir en caso de problemas. Consiguió un pasaporte finlandés y concibió su siguiente pelotazo. Se trataba de Megaupload, fundada en la primavera de 2005 con una pequeña inversión. Para evitar problemas se llevó la sede de la empresa a Hong Kong mientras él, por su parte, se mudaba a la remota Nueva Zelanda, donde alquiló una gigantesca mansión de cuento de hadas muy similar a la que Michael Jackson tenía en California. La llamó Dotcom Mansion. Para evitar problemas con las autoridades locales, se prodigó en donaciones, como las que hizo a la fundación que atendía a las víctimas del terremoto de Christchurch.

El gobierno neozelandés estaba encantado con su nuevo vecino. Llegó a comprar 10 millones de dólares en bonos del Tesoro y era uno de los principales contribuyentes del archipiélago. Y es que Schmitz no era un millonario ahorrador, sino un consumidor compulsivo. Le perdían todos los lujos: jets privados, yates, viajes a la Costa Azul para codearse con las estrellas del celuloide, coches deportivos, fiestas por todo lo alto con mujeres de postín en los destinos más exclusivos del planeta. En la pura ostentación se le iba una buena parte de los cuantiosos beneficios que Megaupload le dejaba. Pero la empresa no hacía más que crecer. Pronto se dio cuenta del potencial de la pornografía y montó Megaporn. Cuando se percató de lo demandado que era el vídeo en streaming al estilo de YouTube lanzó Megavideo, un servicio en el que se podía ver casi cualquier película on line aunque, eso sí, había que pagar si se pretendía ver entera porque a los 72 minutos la reproducción se detenía. Una trampa magistral. El espectador ya había cogido el hilo y quería ver el final, lo que le llevaba a tirar de Visa para adquirir un bono de descarga.    

El modelo Megaupload funcionaba a las mil maravillas pero sus cimientos eran de barro. Alojar y distribuir contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual es un delito en todo el mundo. Schmitz se defendía arguyendo que él no subía esos archivos, que se limitaba a poner el puente y que, si los propietarios se lo pedían, retiraba el archivo en cuestión. Servir de puente y lucrarse con ello es de dudosa legalidad, además, cuando los titulares de los derechos solicitaban la retirada de un archivo no siempre desaparecía, o lo hacía y volvía a aparecer a los pocos días con otro nombre. A fin de cuentas, el núcleo del negocio era disponer de contenidos atractivos. Megaupload premiaba a los que subían las películas o las series más demandadas, lo que demuestra que muy buena fe no tenían.

Un pequeño porcentaje de todo el material que había en los servidores de la empresa estaba allá arriba con todos los papeles en regla. Esos archivos (apuntes de universidad, informes y archivos variados) se podían almacenar y distribuir legalmente, pero ni Schmitz ni sus socios vivían de ellos. Ahora queda por determinar que va a ser de toda esta información, que, en rigor, debería ser devuelta a sus legítimos propietarios. El otro fleco que queda pendiente es retornar a los usuarios el remanente de los bonos de descarga que no han podido consumir.

Eso, y mucho más, se dilucidará en los próximos meses ante un tribunal federal de los Estados Unidos. Por de pronto Schmitz y los suyos se encuentran en una prisión neozelandesa pendientes de extradición. Afrontan tres cargos de máxima gravedad y los reclama el FBI, el servicio aduanero de Hong Kong, la policía holandesa, la fiscalía de Rotterdam, la policía metropolitana de Londres, la oficina de investigación criminal de Alemania y la policía montada del Canadá. De esta Schmitz no va a salir tan bien librado como en ocasiones anteriores. A Kim Dotcom, motejado por el mismo como Kimble (en honor al protagonista de la película “El Fugitivo”) se le ha acabado la huída.  

El coste de la ciberprohibición

Desafortunadamente, como afirma Antonio José Chinchetru, esta iniciativa empresarial no es de esperar en España. Los políticos, y la gente en general, tienden a pensar que la prohibición es el remedio a todos los males. La poca madurez intelectual, moral y económica de muchos les hace pensar que las prohibiciones son una acción necesaria para una sociedad mejor. En este caso no me refiero a las prohibiciones de imperativo ético como el robo o el asesinato, sino las que condenan estilos de vida. La realidad es que su único origen es la protección de los grupos de presión, y sus excusas mera propaganda para autojustificarse.

Las prohibiciones sobre estilos de vida no funcionan porque no hacen desaparecer la demanda real, es decir, no eliminan las ganas que tiene la gente de consumir aquel bien o servicio prohibido. La ley no es mágica. En Estados Unidos prohibieron el alcohol en los años 20 y solo trajo el aumento de la delincuencia, el nacimiento de bandas e incluso el aumento del consumo de alcohol. El propio presidente de Estados Unidos tenía su reserva de alcohol en la Casa Blanca. Hace un siglo que se prohibieron las drogas y hoy día más gente conduce drogada que bebida. Prohibir estilos de vida solo tiene costes para la sociedad.

Y es que prohibir cuesta dinero. Mucho. Ese dinero lo paga el ciudadano. Cada euro gastado en una prohibición significa un euro menos que se gasta en políticas públicas, sanidad, seguridad, justicia, carreteras o cualquier otro servicio privado o estatal. Por ejemplo, un grupo de policías investigando webs no puede a la vez detener a violadores. Y así, en toda la estructura que la ley mande como funcionarios, jueces, abogados, carceleros, papeles, programas informáticos, controles que disminuyen el rendimiento de las empresas privadas que tendrán que fiscalizar a sus usuarios…

¿Y todo para qué? Para satisfacer a lobbies como SONY, los actores, productoras, distribuidores, a Walt Disney… Este lunes entrevistaron a Alex de la Iglesia. Afirmaba que la cultura ha de tener suficiente entidad como para verse reflejada por un Ministerio que luchara contra los lobbies. Se refería a las telecos que, según él, ganan con las descargas a pesar de que estas empresas afirman que los que consumen grandes cantidades de tráfico son clientes deficitarios que aumentan el precio global del servicio.

Alex de la Iglesia quiere asegurar sus rentas por medio de la prohibición y la violencia de la ley. ¿Qué hemos de hacer los ciudadanos? ¿Exigir un Ministerio del Pueblo para que nos defienda de gente como esta? Eso ya existe y se llama Estado. Sin embargo, no solo nos ha dejado abandonados, sino que nos ha atacado. Y si SOPA o la ley Sinde no funcionan ¿qué pedirá el señor de la Iglesia, SONY y Walt Disney? ¿La creación de una subdivisión del ejército para aniquilar a los que se bajen películas? En fin, mejor no dar ideas.

La propiedad intelectual es un invento que no tiene nada que ver con un delito. Lea atentamente este escrito de Stephan Kinsella (famoso abogado americano especializado en el tema): Contra la propiedad intelectual. O puede ver este video (hecho cuando el proyecto SOPA se llamaba ACTA).

Ni SOPA, ni la ley Sinde van a hacer un mundo mejor, al revés. Estaremos más controlados, tendremos menos libertad, nos costará dinero y el Estado hará peor el trabajo que ya hacía. Todo ello para satisfacer a los lobbies que son incapaces de adaptarse a su tiempo. Son las empresas que han de satisfacer a los consumidores, no al revés. Los ciudadanos podemos existir sin empresas, pero al revés no tiene sentido. Por más que lo obliguen por ley.

El PP prefiere el siglo XX al XXI

Pero eran otros tiempos, y la desgracia de aquellos honrados empresarios no se tradujo en leyes de solidaridad con el sombrerero que nos obligaran a todos a ponernos algo para cubrirnos la cabeza al menos una vez por semana. Fue lo lógico, lo racional, lo liberal. El cambio de gustos de una desgracia para ellos, pero nadie tenía la culpa, así que los Gobiernos de entonces no decidieron imponer ningún "recargo complementario temporal de solidaridad" para sufragarles las pérdidas.

Estamos en 2011, y muchas cosas han cambiado. De modo que varias industrias están sufriendo el embate de las nuevas tecnologías. Son en su mayor parte intermediarios dedicados a acercarnos arte y entretenimiento, que se han visto en un escenario en el que los costes de distribución de sus productos se acercan a cero. Si estuviéramos en los años 50 habrían adaptado sus procesos de negocio para competir en el nuevo escenario. Pero estamos en 2011, y muchas cosas han cambiado a peor.

Así pues se empezó imponiendo un canon digital primero sobre discos ópticos y más tarde sobre muchos otros dispositivos de almacenamiento bajo el razonamiento de que podían ser empleados para almacenar esos productos de la industria discográfica y audiovisual en formato digital. Aquella medida atentaba contra la justicia, pues partía de una presunción de culpabilidad: daba lo mismo que usaras aquello para copiar las fotos de tus niños; debías pagar. De modo que desde internet muchos ciudadanos empezaron a organizarse en contra de ese canon digital y el PP aparentemente ha decidido hacerles caso. Pero es sólo eso apariencia: este extraño impuesto privado no será eliminado sino sustituido por los impuestos que pagamos al Estado. Seguiremos subvencionando a la  SGAE pero a través de los presupuestos. Es decir, ya no son culpables sólo los que se compran un pincho USB; también lo es la abuela que no ha visto un ordenador ni en fotos. Ahora se nos presume la culpabilidad a todos y cada uno de los españoles. Un gran avance. Y eso que nos prometieron eliminar subvenciones a la cultura.

Pero lo peor es que con esta medida el PP ha intentado ocultar lo peor: la aprobación del reglamento de la Ley Sinde y, con él, la facultad de una comisión administrativa para cerrar sitios web. Quisieron cerrarlas por la vía judicial y perdieron, así que han decidido –en lugar de cambiar la ley– quitar a los jueces de en medio. Tanto el nuevo ministro Wert como otros apologistas de esta ley han querido pintar a la oposición a esta medida como un apoyo incondicional a los sitios web de descargas. Sin duda hay de eso. Pero lo principal es que existen muchos modelos de negocio en internet que nunca podrán aparecer en España gracias a esta norma.

Imaginen que Youtube hubiera nacido en enero de 2011 en España. Ya sé que requiere un esfuerzo, pero háganlo. Mucha gente subiría vídeos sacados de la tele o el DVD, aunque fueran fragmentos. Con esta ley, una comisión administrativa tendría perfecto derecho a cerrarlo antes de que prosperara y lo comprara Google. Evidentemente, las trabas a las nuevas empresas son muchas más, pero añadir a toda prisa esta inseguridad jurídica añadida no va a ayudar. El PP está favoreciendo a empresas de toda la vida, que no consiguen adaptarse a lo que quieren los consumidores, a costa de las compañías punteras que sí podrían hacerlo. Un hurra por el chiste ese del Ministerio de Competitividad.

El Gobierno se la juega a un torpe PP

El futuro Gobierno de Rajoy se quitaba de en medio la "patata caliente" de tener que ser el encargado de sacar adelante tan impopular norma. O eso creían. Al final la realidad resultó muy diferente y a ZP y los suyos la jugada les salió redonda.

Además de por una incapacidad evidente para gobernar de forma correcta, el Ejecutivo de Zapatero se ha caracterizado durante estas dos legislaturas por su habilidad para tomar el pelo al que ha sido estos años el principal partido de la oposición. Y está dando muestra de ello hasta el último momento. Antes del Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría reconocía que el PP había apoyado que el Gobierno en funciones aprobara el reglamento en cuestión. Como era previsible, en las redes sociales muchos aprovecharon para pasar el foco de la indignación del PSOE al partido de Rajoy. El ardid socialista había sido un éxito.

El PP había caído una vez más en una trampa hábilmente tendida por el PSOE para dejarle en mal lugar. Y buena parte de la responsabilidad de ello recae en la propia víctima, no sólo en el tramposo. En la calle Génova deberían haber tenido en cuenta que este tipo de jugadas caracterizadas por la total falta de sinceridad y lealtad institucional forman parte de la manera de actuar del socialismo español. Ha sido así a lo largo de estas dos últimas legislaturas, y no tenía por qué cambiar durante los últimos días de un moribundo Gobierno en funciones.

Rajoy y los suyos deberían haber tenido en cuenta algo que resulta evidente y que ya comentamos en este espacio digital una semana antes de que el PP cayera en la trampa. A un PSOE que está pasando su peor momento en décadas no le conviene aprobar el reglamento de la Ley Sinde cuando ya gobierna en funciones. Le resulta mucho más práctico dejar este asunto en manos del próximo Ejecutivo. Como el Partido Popular apoyó la norma en el Congreso, va a tener difícil hacer frente (si es que tiene voluntad de ello) a las presiones de los sectores interesados en que el reglamento vea la luz.

Este artículo paga a Ana Pastor

Sin embargo, no está alejado de la realidad. Para ser precisos, quien paga el sueldo de Ana Pastor y los millonarios pagos de la televisión pública a diversas productoras es usted, estimado lector, con la factura de su conexión a internet. Cuando el Gobierno de ZP decidió eliminar la publicidad de Televisión Española impuso a las operadoras de telecomunicaciones la obligación de financiarlas. En concreto, obligó a estas compañías a entregar el 0,9 por ciento de sus ingresos para mantener un monstruo burocrático y sobredimensionado que, con la excusa del servicio público, se dedica a adoctrinar y a ofrecer programas como Corazón, Corazón.

Desde la Comisión Europea ya se ha advertido que dicho canon a las operadoras puede ser ilegal, y hasta el propio PSOE reconoce en su programa electoral que es probable que las instituciones europeas obliguen a eliminarlo. Sin embargo, Zapatero, Rubalcaba y los suyos están empeñados en mantenerlo. Y no sólo eso. La CMT, un regulador teóricamente independiente pero en la práctica al servicio del Gobierno, ha decidido apretar todavía más las tuercas a Telefónica y le obliga a tirar otros 38 millones de euros a ese pozo sin fondo que son los presupuestos de RTVE.

El mantenimiento de esa televisión pública de la que algunos se sienten tan orgullosos supone un pesado lastre para el avance de la red en España. Los pagos que las operadoras están obligadas a hacer para financiar la ruinosa RTVE perjudican de manera grave sus cuentas de resultados. Y, que nadie se lleve a engaño, terminan perjudicando a sus usuarios. El dinero utilizado para pagar el sueldo de Pepa Bueno o la serie Cuéntame no puede ser invertido, por ejemplo, para mejorar los servicios de los proveedores de internet o, por qué no, para que les compense ofrecer mejores ofertas a sus clientes.

Nadie ha explicado con argumentos convincentes en qué lógica se basa imponer a los proveedores de internet, y por tanto a sus clientes, la obligación de mantener económicamente a Televisión Española. Lo único que queda claro es que esto perjudica tanto a dichas empresas como a sus usuarios.

Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.

El secreto de Coca-Cola, Google e Inditex

La propiedad es fruto de la escasez pero, por suerte, el innato ingenio humano es ilimitado. De ahí, precisamente, que la propiedad intelectual carezca de sentido y, por tanto, la explotación monopolística de un producto u obra por la vía de la patente y el copyright, previa autorización estatal, sea ilegítima desde el punto de vista liberal. Dicha argumentación teórica, espléndidamente desarrollada por Albert Esplugas (ver, por ejemplo, aquí, aquí o aquí), se puede constatar en la práctica observando el desarrollo de grandes éxitos empresariales.

Coca-Cola, que acaba de cumplir 125 años de historia, es una marca registrada (su seña de identidad), pero su fórmula original, el secreto mejor guardado de la compañía, no está patentada, es decir, permanece en la más estricta confidencialidad. Y es que la existencia de patente obliga a la publicación, y consiguiente acceso público, del invento en cuestión, tal y como explica el propio Marcos de Quinto, presidente de Coca-Cola en España y Portugal. La fórmula de la conocida bebida sigue siendo un enigma a día de hoy, pese a las numerosas especulaciones existentes. Aunque es posible conocer su composición, la receta –mezcla exacta, presión a la que se cocina, tiempo de cocción en los distintos procesos– sigue guardada con el máximo celo por la empresa.

John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, creó la fórmula del jarabe en mayo de 1886. En su año de lanzamiento apenas se vendían nueve Coca-Colas al día. En 2010 se consumieron 19.400 bebidas cada segundo. La empresa ostenta desde hace tiempo la marca comercial más famosa del mundo, con un negocio superior a los 100.000 millones de dólares al año y con el ambicioso objetivo de duplicar su tamaño para 2020, lo cual implicará vender más de 3.000 millones de unidades cada día.

La moraleja que entraña la historia de la Coca-Cola es que "si quieres explotar una idea (en este caso una fórmula) no es preciso patentarla". De hecho, desde su creación la bebida ha sido imitada en numerosas ocasiones por la competencia hasta el punto de que diferenciar una marca de otra con los ojos vendados resultaría muy difícil para muchos. Y es que, tal y como aclara De Quinto, el largo éxito de esta empresa no radica en la bebida en sí sino en una laboriosa labor de marketing y publicidad para actualizar y renovar constantemente la marca y los valores a ella asociados: felicidad y juventud… "La chispa de la vida".

Además, copiar la fórmula exacta en ningún caso garantizaría el éxito comercial de la bebida por parte de otros. En su libro Por Dios, la patria y Coca-Cola, Mark Pendergrast preguntaba a un directivo de la empresa qué pasaría si la fórmula saliera a la luz y fuera explotada bajo el nombre Yum-Yum.

Su respuesta: "Muy bien. ¿Y después qué? ¿Qué ganarían? ¿Cómo harían la distribución? ¿Y la publicidad? ¿Se da cuenta de adónde quiero llegar? Hemos dedicado más de 100 años y cantidades incalculables de dinero a consolidar el patrimonio de esta marca. Sin nuestra producción masiva y nuestro increíble dominio del mercado cualquiera que intentase copiar nuestra marca no llegaría a ninguna parte y debería cobrar la bebida demasiado cara. ¿Por qué la gente compraría Yum-Yum, que en realidad es igual que Coca-Cola, pero cuesta más, cuando puede comprar la auténtica Coca-Cola en cualquier parte del mundo?".

La clave es que la compañía estadounidense no vende un simple refresco sino Coca-Cola, una marca con más de un siglo de historia, un auténtico símbolo para varias generaciones. Cosa distinta es que alguien venda el producto haciéndose pasar por Coca-Cola para tratar de engañar al consumidor, lo cual sí supone un atentado directo al derecho de propiedad al suplantar una identidad ajena y, por tanto, cometer un fraude.

El caso de Google es igualmente paradigmático. El buscador se ha convertido en apenas una década en una de las empresas tecnológicas más rentables del mundo. Y todo parte de un algoritmo creado por Sergei Brin y Lawrence Page en la Universidad de Stanford en 1998. Esta mágica fórmula matemática para ordenar las búsquedas de internet constituye, igualmente, su secreto mejor guardado.

La historia de este algoritmo comienza con el Page Rank, un motor que ordenaba las búsquedas en función del número y la importancia de los links que apuntan a una determinada página web. Su revolución, y su ventaja competitiva respecto a los buscadores más empleados por entonces, radicó en emplear la inteligencia colectiva de la red (los usuarios de internet) para determinar qué sitios son más relevantes.

Sin embargo, la novedad aquí radica en que el algoritmo en cuestión sí está patentado, por lo que los ingredientes básicos de la fórmula –los 200 factores que Google evalúa en una web para posicionarla en su buscador– son conocidos. Pero el Page Rank es sólo la punta del iceberg, la idea original que dio nacimiento a la empresa. Su éxito radica en su innovación. Google modifica constantemente su algoritmo. Tal y como señala uno de sus directivos, "las personas se fijan en el Page Rank porque es reconocible, pero hay muchas otras cosas que han mejorado su relevancia". Muchas de estas "otra cosas", conocidas como "señales", permanecen en secreto. Desde su fundación, Google no ha dejado de crecer a base de innovar sus productos y crear otros nuevos para satisfacer mejor a sus clientes.

Así pues, la moraleja de Google sería algo así como "renovarse o morir". Y, efectivamente, su obra está inacabada por definición, ya que se encuentra en incesante construcción y mejora.

Por último, se podría citar un caso opuesto. Amancio Ortega comenzó a trabajar muy joven como empleado en dos pequeñas tiendas de ropa en La Coruña. En 1972 fundó su propia empresa, dedicada a la fabricación de batas, y en 1975 abrió la primera tienda de Zara en la misma ciudad gallega. Algunos consideran que la clave de su éxito radicó en copiar los diseños de las grandes marcas que desfilaban en París.

Es decir, una apropiación intelectual que, sin duda, de poco o nada le hubiera servido al maestro de Arteixo (la sede de Inditex en La Coruña) sin su incansable capacidad de trabajo y brillante creatividad para diseñar y poner en marcha un espectacular modelo de negocio que hoy en día es estudiado con detalle en las universidades más prestigiosas del mundo –modelo que, por cierto, ahora es copiado por muchas otras empresas–.

En este caso, el secreto de Inditex va mucho más allá de la fabricación de ropa ajustada a unos u otros estándares de moda. La reducción de los costes de producción, la logística, la distribución, el estudio detallado del mercado en el que opera cada una de sus tiendas –distribuidas por medio mundo–, la cuidadosa selección de locales o su enorme flexibilidad para adaptarse al entorno en cada momento y lugar son algunos de los factores que han interactuado para dar como resultado prendas cuya calidad y precio son altamente demandadas por cientos de millones de personas en decenas de países. ¿Moraleja? "El éxito deriva del modelo de negocio, no tanto del producto". Ortega es hoy uno de los hombres más ricos del mundo y su gran obra, Inditex, un imperio textil admirado a nivel internacional.

Coca-Cola, Google e Inditex han conquistado el mercado por méritos propios, alzándose como líderes mundiales en sus respectivos sectores sin necesidad de ostentar una patente de corso expedida por un gobierno para explotar monopolísticamente sus productos durante un tiempo determinado por ley. Las ideas son libres y su propiedad intrínseca.

Neutralidad contra libertad

No es que sean unos cambios traumáticos, pero los Tratados con nuestros socios nos exigen hacerlos.

Y en eso estábamos, cuando surgen las voces de siempre (mejor dicho, la voz, que tampoco hay tantas interesadas en el tema) para recordar a los representantes del pueblo la necesidad de garantizar la neutralidad y la libertad en Internet.

De lo que sigue sin enterarse la voz, es de algo que las otras muchas voces ya apagadas, como la de Google, sí se han enterado. Y es que la neutralidad de la red no tiene nada que ver con la libertad en la red. Al contrario, la regulación de la neutralidad de la red es una amenaza contra la libertad en la red, incluso a la libertad de esa voz que está clamando por ella.

En primer lugar, Internet es en estos momentos libre, y en eso cabe poca discusión. Sin necesidad de regular nada en lo referente a su neutralidad, ocurre que los principales protagonistas de la misma no han podido o no han querido restringir la libertad. Así que el que pida regulación para obtener libertad (algo por cierto paradójico), debería demostrar que la libertad hasta ahora disfrutada está en peligro. Y para ello no basta gritar lo de que viene el lobo.

En segundo lugar, una regulación de la neutralidad de red atentaría contra la libertad. Directamente, contra la de los operadores y legítimos dueños de las redes de telecomunicaciones, a los que se impondrían límites en el uso que pueden hacer de sus bienes. Seguro que a la voz no le apetece que le digan lo que tiene que hacer con su blog, su coche y su casa.

Pero indirectamente también contra las de los internautas de los que la voz se erige en defensor. Porque, si se les deja libertad, los operadores, que están aquí para ganar dinero, y eso solo lo pueden hacer sirviendo a sus clientes lo que piden, tratarán de ajustar su capacidad de telecomunicaciones a las demandas que más valoren los individuos. Y si estos prefieren que los paquetes que llevan información sobre el estado en tiempo real de las carreteras lleguen antes que el millonésimo fragmento de una película iraní de hace 10 años, los operadores tratarán de hacer que así sea. De esta forma, los internautas tendrán libertad para elegir los servicios que les interesen, y los operadores, para darles los mismos en busca del beneficio.

Pero si se mete por medio algún burócrata diciendo que todos los paquetes son iguales, y enseñando a los operadores cómo hacer su trabajo, nada de esto pasará. Al contrario, serán los intereses del burócrata, su supuesto conocimiento técnico, los que guíen las decisiones de los operadores. Lo que llevará a una pérdida de variedad, de riqueza, e incluso a poner en riesgo la red. Vamos, nada de libertad y más bien todo lo contrario.

Es esperable de los políticos que traten de restringir el ámbito de libertad de los individuos, sobre todo en un mundo que aún no tienen controlado, como es el de Internet. Lo que no se entiende es que cuenten con cómplices en el mundo cuya libertad quieren cercenar. A ver si la voz se entera de una vez: en Internet es posible que haya neutralidad si hay libertad. Pero es seguro que no habrá libertad si se impone la neutralidad.

La capacidad de emprendimiento de la SGAE

El azar ha hecho que esta semana haya estallado un escándalo que afecta a los directivos de la SGAE, principal beneficiaria del otro tipo de la llamada propiedad intelectual: los conocidos como derechos de autor o copyright.

La justificación de estos derechos está en que la creación ha de ser propiedad de su creador. Eso está muy bien y es manejable, si la creación toma una forma material. Pero, ¿qué ocurre cuando lo creado es una idea, como pueda ser una historia, o una canción? El sentido común dice que solo se puede poseer algo que exista, que tenga materia, que sea aprehensible de alguna forma y con límites controlables, que sea manejable.

Entonces, dado que una historia o una canción no tienen sustrato material, la cuestión es cómo delimitar su propiedad. Si, por ejemplo, la historia se materializa en un libro o una película en DVD, o la canción, en un CD o en un fichero MP3, sí existe algo material que poseer y controlar: el libro, el DVD, el CD, el fichero MP3 son cosas que podemos manejar, romper, prestar, tirar por la ventana, pero no la historia o la canción en sí.

Así las cosas, se inventaron los derechos de autor, para tratar de dar "materia" a algo abstracto y carente de ella, y por tanto de posibilidad de ser poseído. El problema es que, ausente un sustrato material que dé objetividad a los límites de la propiedad, estos se hacen difusos y quedan sujetos a la arbitrariedad. Una vez más, la arbitrariedad de los políticos.

El ejemplo más claro es la existencia de una duración determinada para los derechos de autor. Si yo me compro un coche, éste será mío mientras no me deshaga de él; no hay un límite temporal a su propiedad. Sin embargo, no ocurre otro tanto para la propiedad intelectual. Se reconoce que es mía pero solo durante un periodo determinado en la norma, de 10, 15 o los años que sean. Sujeto siempre a discusión y a presión por los grupos interesados.

Este ejemplo es suficientemente ilustrativo: la propiedad intelectual, al no estar sustentada en parámetros objetivos, se puede ampliar o reducir tanto cuanto se desee desde la instancia gubernamental. Y, por fin, hemos llegado a la SGAE. Porque este es el principal negocio de la institución de marras, y por lo que todos le cobramos antipatía: ampliar y ampliar los límites subjetivos de los derechos de autor, por cuyo uso ella cobra.

Y hay que reconocer que en esta tarea, la SGAE se ha mostrado tan excelente como el mejor emprendedor. Su "negocio" crecía (y crece) por el sistema de prueba y error: se denuncia un caso al juez y, si se obtiene una sentencia favorable, ya sabe que ha encontrado otro filón. O, si no se consigue, se va uno a los políticos para convencerles de que los derechos de autor abarcan también lo que sea que se le haya ocurrido (soportes digitales, teléfonos móviles, conexiones ADSL, bodas, bautizos, fiestas privadas…).

Lástima tanta capacidad de innovación dedicada a un objetivo tan lamentable. Esperemos que encuentre su justo castigo.