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Excluyendo a los interesados, todos disfrutamos de esta sensación cuando una pequeña tienda de informática barcelonesa venció en los tribunales a la todopoderosa SGAE al declararse ilegal en la Unión Europea la imposición indiscriminada del canon digital.

Ana María Méndez, la propietaria de Traxtore, se dejó la piel y algo más en la batalla. Perdió una de sus dos tiendas y despidió a sus ocho empleados, convirtiendo su negocio en una empresa familiar en el más puro significado de la palabra: ya sólo ella y sus familiares trabajan en ella. Pero la sentencia es clara: el canon es legal –injusto o no es otra cuestión–, pero no puede justificarse que se cobre indiscriminadamente a todos, incluyendo organismos públicos y empresas. Al fin y al cabo, este mecanismo se justifica bajo la presunción de culpabilidad, asumiendo muy probable que vayamos a usar un disco duro o un CD para guardar pelis, y no puede aplicarse allí donde presuponer tal cosa resulta más bien ridículo.

Al comienzo de su calvario, Ana María Méndez fundó Apemit, una asociación que representa a las pequeñas empresas de informática como la suya. Ahora el Gobierno, forzado por su santa cabezonería, se ve forzado a rehacer la legislación que regula el canon. Se empiezan a acumular las denuncias de ayuntamientos y otros organismos exigiendo que se les devuelva el dinero ilegalmente recaudado, y no es cuestión de dejar pudrirse demasiado el tema, no sea que le hagamos un roto a las SGAE. Pero claro, a la hora de tomar una decisión, prefiere no hacerlo solo y ha decidido negociar con los implicados. Ana María, que es la única razón por la que se ven obligados a reunirse, no estará entre ellos.

Veamos, el canon lo pagamos usted y yo. Quienes más han sentido sus efectos han sido quienes venden productos gravados con él. Por lo tanto, ni los consumidores ni la tiendas serán consultados por el Gobierno.

¿Por qué habría de ser distinto el canon de la jubilación o la legislación laboral? Usted, que seguramente no esté representado por UGT ni CCOO, irá a buscar trabajo en empresas que seguramente no estén representadas por la CEOE. Sin embargo, ahí están, negociando en su nombre. Despotismo ilustrado, que se le llama.

Entiéndase. Estamos en una democracia, más o menos. Por lo tanto, quien debe tomar las decisiones es el Gobierno o el parlamento, dependiendo de qué estemos hablando. Si a los sindicatos, la patronal, las empresas tecnológicas o las SGAE no les gustan sus decisiones, que con su ajo se lo coman. ¿Qué se quiere consultar a los interesados a ver qué opinan? Se puede entender. Pero en tal caso lo lógico sería preguntar a los interesados de verdad, los ciudadanos que pagamos las consecuencias. Y parece claro que en este caso los más representativos son Apemit, la Asociación de Internautas o incluso la OCU si nos ponemos.

Aunque quizá sea mejor así. Al fin y al cabo, González-Sinde ya hizo en su día el paripé de reunirse con unos y otros para acabar pariendo su ley de cierre administrativo de sitios web, recientemente rechazada por el Congreso. Casi mejor que no disimule.

Sucede cuando grupos de extrema izquierda, o izquierda extrema, o como diga Pepiño que debemos llamarlos, organiza algaradas callejeras, rompe escaparates y pone silicona en las puertas de los comercios. Para ellos, muchas medidas que se aprueban en los parlamentos y se negocian en reuniones internacionales son clamorosamente injustas, y la protesta contra ellas justifica que se cometan ciertos desmanes, desde los piquetes de las huelgas hasta las algaradas extremadamente violentas que han tenido lugar cuando se ha reunido el G-8, 9, 20 o el número que sea.

Este martes puede aprobarse en el Congreso la Ley Sinde mediante un mecanismo legal pensado para acelerar los trámites legislativos a leyes que reúnen un amplio consenso. Dado que no es así, y que de hecho la Ley de Economía Sostenible lleva dando tumbos por el Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados hace ya más de un año, está claro que están cometiendo un fraude. La ley ataca las libertades de los ciudadanos y, por más que hayan puesto un parche, será una comisión la que, por vía administrativa, decida qué sitios web pueden cerrar y cuáles no. A la Audiencia Nacional se le deja un plazo brevísimo para decidir si se está violando o no el derecho a la libertad de expresión, y su participación es más una coartada que una salvaguarda.

Tenemos el derecho, y casi diría el deber, de protestar contra esta salvajada. Debemos hacer ruido, quejarnos a nuestros mal llamados representantes, aparecer en todos los medios de comunicación para que nuestra voz se oiga, castigar a estos impresentables en las urnas… pero lo que no podemos hacer es lo mismo que hacen esos grupos violentos de extrema izquierda, por más que el campo de batalla sea la red y no la vía pública.

Si los piquetes son malos, y lo son, hay que estar contra ellos sea cual sea la causa que defiendan. Ataquen a la casta política o, Dios no lo quiera, este mismo diario, que más de una vez y de dos ha sufrido este tipo de sabotajes. En caso contrario no seríamos ciudadanos responsables, sino hooligans de la política. Lo que se está haciendo estos días con diversos sitios web, desde los pertenecientes a partidos políticos hasta la SGAE, es un piquete. Todo lo virtual que se quiera, pero un piquete. Con su acción, están poniendo silicona en las vías de acceso a la web y están impidiendo que tanto los partidos políticos como los ciudadanos que quieren acceder a sus web puedan disfrutar de la libertad de hacerlo.

De hecho, tan grave me parece lo que está pasando que empiezo a verme empujado a defender que hoy se apruebe la malhadada Ley Sinde. Porque en caso contrario estaríamos enviando un mensaje muy peligroso: que la casta política ignora las razones y las protestas como Dios manda, pero hace caso cuando un grupo de vándalos se dedica al piquete y el sabotaje. Cuando se empieza a recorrer ese camino, puede que el primer paso sea un triunfo para las libertades, pero los siguientes nos llevan derechitos al infierno.

El fecundo laboratorio Xerox PARC había mostrado el camino: los ordenadores debían adoptar la metáfora del escritorio, emplear un ratón y usar iconos y ventanas. Apple había sido el primero y Microsoft anunció que pronto lanzaría un entorno gráfico similar. Pero pasaron dos largos años hasta que en noviembre de 1985 presentó Windows 1.0. Fue la primera versión del producto más exitoso de la compañía y fracasó miserablemente.

No fue el único, todo hay que decirlo. Por aquel entonces varias empresas intentaron hacer lo mismo. Digital Research lanzó GEM, IBM sacó TopView y otras compañías lanzaron productos similares como Visi On o Desqview/X. Todos intentaban ser el entorno gráfico de referencia y ninguno lo fue, más que nada porque con los PC de entonces iban a pedales. Pero Microsoft perseveró, y a la tercera fue la vencida. Windows 3.0 no era más rápido que la versión original, pero los ordenadores en los que se ejecutaba sí. Habían cambiado mucho en cinco años.

Es difícil minusvalorar la importancia de Windows en la historia de la informática. Fue el principal responsable de extender la informática a todos los hogares de la clase media de los países desarrollados. Mis compañeros de profesión –los informáticos, no los periodistas– seguramente se lleven las manos a la cabeza ante esa afirmación, pero el mejor producto no es necesariamente el mejor hecho, el más rápido, el más fácil de usar. Es el que mejor responde a las necesidades de la gente. Y eso hizo Windows.

En realidad, ni siquiera Microsoft tenía mucha fe en que aquella fuera la vía. Mientras trabajaba en él mantenía una colaboración con IBM para desarrollar un nuevo sistema operativo, llamado OS/2, escrito desde cero, tecnológicamente mucho mejor que Windows… pero incompatible con el software creado para MS-DOS. No llegó a tirar del todo, pero hasta el sorprendente éxito de Windows 3.0 en 1990 –sorprendente sobre todo para Bill Gates y los suyos– Microsoft siguió colaborando con el invento.

Pese al empuje que han recibido las ventas de ordenadores Apple estos últimos años, lo cierto es que más del 90% de los ordenadores que se conectan a internet lo hacen con Windows. Ahora vivimos una época en que cada vez hacemos más cosas en la red y nuestro navegador parece tener más importancia que nuestro sistema operativo, porque tanto Windows como Mac OS X como Linux cubren las necesidades básicas de los usuarios. De hecho, es un grave problema para Microsoft, porque la mayoría de sus clientes están más que satisfechos con XP.

Windows ya no está en el candelabro, que diría aquella, pero es el producto informático más importante de este cuarto de siglo junto al navegador web. Aunque nos duela cada vez que sale la maldita pantalla azul.

Hicieran lo que hicieran, que generalmente era o malo o nada, los políticos siempre hablaban en el mismo sentido: había que proteger a los autores, esto de la piratería estaba muy mal, había que tomar medidas, etc.

Pero esta última semana parecen haber cambiado las tornas. David Cameron fue el primero en disparar, anunciando que el próximo año se revisará la legislación sobre derechos de autor. Al parecer, el premier británico quedó impresionado por una conversación con los fundadores de Google en la que éstos aseguraron que, de haberse regido por las leyes británicas, nunca podrían haber creado el buscador. La razón: las leyes de propiedad intelectual en el Reino Unido son muy estrictas, y los casos de "uso legítimo" muy limitados.

Lo más probable es que tras la revisión las leyes sean más parecidas a las de otros países, respetando la posibilidad de citar o hacer parodias sin enfrentarte a una demanda por violación de derechos de autor. Pero el cambio de tendencia sí es significativo. Cameron sigue escuchando a los lobbys, mas no sólo a los de siempre.

El bombazo, no obstante, venía de Bruselas. La vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de esa cosa pomposa llamada Agenda Digital, Neelie Kroes, aseguró que el "copyright no es un fin en sí mismo" sino un medio para incentivar la creación y que deja la capacidad de decisión en manos de intermediarios, impidiendo en muchos casos al público acceder a las obras artísticas y dejando "un vacío que es cubierto por contenidos ilegales". Incluso rechazó "enmarcar el debate sobre los derechos de autor en términos moralistas satanizando a millones de ciudadanos".

¿Se traducirán estas opiniones en medidas concretas? Pues previsiblemente no, al menos a corto plazo. Pero parecen indicar que los lobbys culturetas ya no lo tendrán tan fácil en Europa y deberán remar contracorriente.

¿En toda Europa? No. Aquí, naturalmente, la ley Sinde que permite a la administración cerrar sitios web a las órdenes de las esgaes sigue su curso y será aprobada con los votos de PSOE, PNV y CC. Volveremos a llegar tarde, naturalmente.

Lo primero fue felicitarse porque les daban la razón. Sí, como lo oyen. Pese a que lo único que se dirimía en el tribunal era si cobrar indiscriminadamente el canon era legal o no, la noticia desde su punto de vista debía ser que no habían declarado ilegal el canon, algo que nunca estuvo en el debate. Desgraciadamente, el canon es legal, por más injusto que sea: eso no estaba en discusión. Lo que se dirimía es si podía cobrarse a todo quisqui.

Todo el chiringuito del canon se basa en la presunción de culpabilidad: si te compras un CD o un DVD virgen, o si compras un disco duro de un tera de capacidad, se asume muy pero que muy probable que lo vas a usar para guardar música o pelis, peazo sinvergüenza. Pero aún dentro de esa aberración que, dicho sea de paso, cada vez es más común en nuestro ordenamiento jurídico –o qué otra cosa son la mayoría de las regulaciones–, resulta imprescindible justificar esa presunción. De ahí que incluso en España existan límites al canon. Por ejemplo, si el disco duro que te compras va destinado a ser el principal del ordenador, no se cobra este tributo porque no se puede asumir que lo vayas a utilizar con fines malévolos.

Pero claro, hay muchísimo material informático que se pasó por alto, y del que puede afirmarse que casi nunca será utilizado para hacer copias privadas de material protegido por derechos de autor. Sin duda, algún funcionario o trabajador habrá que coja un CD de la empresa al que haya podido echar mano para grabar lo último de Ramoncín. Pero en su mayor parte esos soportes serán empleados para los fines legítimos de las administraciones públicas, profesionales o empresas. Aún así, pagaban canon. Y a eso es a lo que en Europa han dicho que nanai de la China.

Ante esto queda la gran pregunta: ¿y lo que se ha cobrado ya? Pues según un lumbrera de EGEDA "no tiene sentido" devolverlo" porque "no conozco ninguna ley fiscal que diga: me cargo la desgravación de la vivienda y lo aplico a los cinco años últimos y que esa retribución se le pida a los contribuyentes". Curiosa la analogía cuando las entidades de gestión se han pasado años negando lo evidente: que el canon es un impuesto que, eso sí, cobran asociaciones privadas. Pero tiene razón: si el Estado intentara hacer eso, sería ilegal.

El problema, claro, es que la analogía es absurda, porque coloca a EGEDA y SGAE como contribuyentes, víctimas de la voracidad del Estado, cuando en realidad son ellos los que recaudan. La analogía correcta sería que, después de haberse cargado la desgravación de la vivienda y haberla aplicado retroactivamente, los tribunales declararan ilegal ese cambio: evidentemente, los ciudadanos afectados tendrían derecho a reclamar a Hacienda el dinero que ilegalmente les quitaron. Eso es lo que dice la sentencia.

No cabe duda de que Zapatero y Sinde procurarán cambiar la ley para que los ciudadanos paguemos más para compensar lo que dejen de cobrar ilegalmente a empresas y administraciones públicas. Pero tampoco sería de extrañar un aluvión de reclamaciones. Ambas cosas llevarán tiempo. La primera porque resulta difícil que un Gobierno ya muy impopular obligue a los españoles a pagar unas cantidades que, por lo visto, no son las justas en sí: están puestas para que le cuadren las cuentas a Teddy. La segunda porque los tribunales en España son como son. Pero mientras tanto nos vamos a reír. Después de tantos años de injusticia, nos lo merecemos, ¿no?