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A Intereconomía le ha caído, literalmente, la del pulpo, 100.000 eurazos, por emitir un autopromocional en el que se criticaba el desfile del Orgullo Gay. No es que la multa sea totalmente desproporcionada para el presunto delito del que se acusa a la cadena, es que tal delito no existe. En un país libre cada uno puede criticar lo que y a quien le plazca siempre que, al hacerlo, no acuse a alguien de ser algo que no es. Es decir, que no se puede llamar a alguien “hijo de puta” sino estamos en condiciones de demostrar que la madre del aludido se dedica al viejo oficio de la prostitución. Punto. A partir de ahí entramos en el terreno de la opinión, santuario sagrado donde una democracia se la juega. La nuestra se la juega continuamente y suele perder.

En España como no teníamos suficiente con el engendro ese del “derecho al honor”, nos estamos inventando continuamente leyes y regulaciones nuevas que imponen lo que se puede y no se puede decir, escribir o difundir por las ondas hercianas. A Intereconomía la han cogido con un artículo perdido de una ley que, a su vez, se acoge a una directriz comunitaria. El típico caso de Leviatán legislativo que lo único que persigue es atemorizar al personal opinante para que se lo piense dos veces antes de emitir un juicio. El poderoso lo celebra y el ofendido se regodea como gato panza arriba sabiendo que desde ya mismo es inmune a la crítica.

La izquierda, que es muy arrojada y muy de llamar asesino a Aznar sin necesidad de demostrar nada, tiene una epidermis finísima, de apenas unas pocas micras de grosor. Ellos, como es lógico, tienen carta blanca para decir lo que les venga en gana, pero, ¡ay!, como los de enfrente hagan lo mismo arman la de San Quintín y se ponen a toda leche el camisón de la abuela de Caperucita. Son los dos raseros. El de unos, el suyo, es de malla gruesa que lo deja pasar todo. El de los otros, el nuestro, es de malla fina de esa que retiene hasta las impurezas microscópicas.

Esto es así porque, en su universo simbólico, ellos representan el Bien y nosotros el Mal, ellos el luminoso mañana y nosotros el pasado retrógrado. Como la gasolina que pone en marcha el motor de explosión del cerebro progre son los mantras, es fácil saber sobre quién debe caer todo el peso de una ley hecha sólo para los malos. Por eso, a igualdad de “delito”, con Intereconomía se ceban mientras que los mismos que han promovido el castigo pueden seguir desfilando vestidos de obispo blasfemo con un miembro viril de gomaespuma colgando de la sotana. Y no les pasará nada. Faltar el respeto es algo que sólo ellos se pueden permitir.        

Otros, en cambio, dejaron al descubierto en su web los datos personales de millones de personas. No pagarán ni un duro.

¿A qué se debe esta diferencia entre un caso y otro? Sencillamente, a que el primero es una empresa privada, Iberia, y el segundo un organismo público, el INEM. La Ley Orgánica de Protección de Datos incluye dos regímenes completamente separados de sanciones, uno para empresas y otro para las administraciones públicas. En el primer caso, puede imponer sanciones de hasta un millón de euros. En el segundo, un tirón de orejas.

La lógica detrás de este doble rasero es el llamado criterio de caja única. Dado que todo el dinero que reciben todas las administraciones viene de un mismo bolsillo, el nuestro, no tiene mucho sentido mover la pasta de un departamento a otro. Mejor que se quede donde está y nos ahorramos los costes de transferirlos, rehacer presupuestos, etc. Suena lógico, y hasta cierto punto lo es. Pero crea un incentivo perverso: mientras que las empresas se han ido poniendo las pilas en cuanto a la protección de sus datos, las administraciones se lo toman con una pachorra que pa qué.

Vean si no el caso del INEM. Tenían noticia desde diciembre de 2008 de un error que permitía obtener los datos de todas las personas que hubieran estado alguna vez apuntadas a las listas del paro. Un error, además, que todo el que sepa un poco de programación web sabe que es debido a un descuido y que cuesta bien poco corregirlo. ¿Hicieron algo? Naturalmente que no. Cuando fueron "condenados" por la Agencia Española de Protección de Datos finalmente movieron un dedo, o dos. Y ya está. No se tienen noticias de que nadie haya perdido su trabajo por esto.

De hecho, ni siquiera políticamente han sufrido daño alguno por esto. Resulta que cuando se emitió la resolución, la misma agencia que mueve Roma con Santiago para informarnos de los más mínimos detalles de las reuniones de su director, Artemi Rallo, con la red social de moteros de Cuenca para asegurarse de que los menores de 14 años no pueden entrar en ella no tuvo a bien sacar una nota de prensa para informar a los periodistas, y a través de ellos a los españoles, del caso más grave de desprotección de datos que ha tenido lugar en España. ¿Por qué? No se consideró noticia, parece ser. Yo por mi parte pienso mal. ¿Y ustedes?

Dado que es un problema de incentivos, no es sólo el INEM el que se toma con cierta tranquilidad este problema, naturalmente. Samuel Parra, el mismo experto que descubrió y denunció el caso, ha criticado la inacción de la DGT ante una reciente "condena" de Protección de Datos. Resulta que la web nos permitiría con cierta facilidad averiguar los puntos que tiene en el carnet cualquier conductor que conozcamos. Basta con tener el NIF y la fecha de expedición del primer carnet, y aún sin saber lo segundo la cosa es relativamente fácil, pues no hay límite de intentos, así que puede probar todas las fechas que estimo oportuno automáticamente. Suponga que es usted una compañía de seguros. ¿Verdad que es una noticia como para frotarse las manos?

Pues bien, el responsable de informática de la DGT, un tal Luis de Eusebio, ha dicho que como hasta ahora no han detectado ningún intento de aprovecharse del sistema, pues que no lo cambian. ¡Y que no lo cambian, oiga! Naturalmente, el mes que viene cobrará íntegro su sueldo, y el que viene, y al otro. De nuestro dinero. Luego habrá quien se pregunte por qué soy liberal.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.

Pero este antiguo jefe de campaña de Jordi Sevilla, el lobista encargado de que el Gobierno aprobara lo que los de la ceja querían que aprobara, tiene razón en algo: la ley Sinde es un "modelo español y de izquierdas" para lidiar con las descargas en internet.

Existen actualmente dos ideologías que cabe identificar como líderes indiscutibles en censura en internet. La extrema izquierda, el comunismo, con ejemplos clásicos como Cuba, Vietnam o China y algunos que se apuntan con gran interés como Venezuela. Las teocracias y autocracias islámicas, con Irán como estandarte, también tienen su lista de enemigos de internet, entre los que se encuentran países como Túnez o Arabia Saudí. No son los únicos; enemigos de la libertad los hay en todos los regímenes con ansias de gobernar a perpetuidad al margen del consentimiento de sus súbditos. Pero sorprende que haya entre ellos tantos amigos de este Gobierno, dedicado a la Alianza de Civilizaciones y el apoyo al socialismo del siglo XXI.

Me dirán que esto no es necesariamente la izquierda, al igual que Pinochet no es la derecha, y tendrán razón. Pero desgraciadamente sí que es la izquierda realmente existente hoy aquí en España. Una izquierda que se ha aliado con los regímenes de Cuba y Venezuela y que ha promovido el entendimiento con países como Irán o Turquía bajo la premisa de que debemos suprimir la libertad de expresión para no incomodar a los musulmanes, como dejó claro Zapatero en su famosa carta escrita al alimón con el primer ministro turco Erdogan; un texto infame que deberían recordar todos aquellos que ahora se escandalizan con la ley Sinde.

Durante todo este tiempo, la izquierda supuestamente moderada que puebla internet no ha protestado; para ella, todo aquello que fuese en contra de Estados Unidos era bueno por definición. Había que desertar de Irak, sentarse ante la bandera; promover una política exterior distinta, más europea, que no viese todo en blanco y negro. No se podía mirar el mundo como si una peli de buenos y malos se tratara. Al fin y al cabo, lo peor del mundo es Guantánamo. Y no, no se referían a Cuba, esa patria de quienes mueren de hambre por la libertad, sino a ese pequeño pedazo de tierra donde se asienta una base militar norteamericana.

Mal que les pese reconocerlo, y no lo reconocerán, de aquellos polvos vienen estos lodos. Si Zapatero y su Gobierno se han amigado con toda dictadura y régimen abominable que han tenido a mano no era porque creyesen en la libertad. El problema es que sospecho que algunos de quienes se tiran de los pelos por la ley Sinde tampoco lo hacen porque les preocupe la censura, siempre y cuando lo que se censure sea a esa gentuza de la derecha. No, lo hacen porque, al fin y al cabo, el asunto este de las descargas es algo a lo que el Gobierno estadounidense quiere que pongamos coto y, como dijo Revel, a estas alturas ser de izquierdas se ha convertido en sinónimo de ser antiamericano.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.