Etiqueta: Innovaciones y nuevas tecnologías

Sentarse ante la bandera de Estados Unidos en un desfile no supuso ningún "desprestigio" para nuestro país ante el gigante norteamericano; tampoco incitar a otros países a desertar de Irak. Sin embargo, que una directiva de Google nos mencione junto a China o Irán, sí.

El caso es que el gigante de internet no hizo más que referirse a un hecho, puntual, sí, pero muy significativo. Un juez de lo mercantil de Barcelona solicitó al Ministerio de Industria el bloqueo ¡cautelar! de una serie de sitios web por el imperdonable delito de incitar a un boicot contra los productos catalanes. Al margen de que nos pueda parecer justo o injusto, conveniente o no, parece claro que ni es delictivo ni justifica la suspensión de un derecho –este sí, real– como es la libertad de expresión. Google no dijo que fuera algo generalizado, pero está claro que España pidió el bloqueo de uno de sus servicios, su proveedor gratuito de blogs, en un claro desprecio a las libertades de los ciudadanos.

El asunto es significativo porque aquella decisión judicial fue recibida con un atronador silencio. Nadie protestó, a nadie le pareció mal. Muchos seguramente ni se enteraron, porque los grandes medios no dedicaron ni una línea a la noticia. Los demás, con eso de que eran gentes de derechas y contrarios a la España plural y todas esas zarandajas, pues se callaron porque, quién sabe, posiblemente en el fondo no les pareciera mal.

Es lo que sucede con Willy Toledo. El actor, en una carta en la que demuestra ser un genio de la escena en comparación con su habilidad para la pluma, venía a decir que durante la semana pasada se atacó su libertad de expresión. ¿La razón? Que otros que no son él y no opinan como él hicieron uso de su libertad para criticarlo. Eso era una "caza"; se puso en marcha una "apisonadora"; algo inadmisible, en suma, fruto del contubernio del capital y demás estupideces que suelen soltar estos cuates cuando no tienen nada inteligente que decir, algo que ocurre con bastante frecuencia.

Willy Toledo, como buena parte de la izquierda que dice defender a ultranza la libertad de expresión, en realidad no hacen otra cosa que apoyarse en la ley del embudo. Las más altas garantías deben quedar reservadas para ellos; los demás no merecen ni la hora y si sufren las consecuencias, bueno, algo habrán hecho para merecerlo. Es lo mismo que hace El País atreviéndose a criticar a Google cuando no se dignó en su momento a informar del incidente al que el gigante de internet hizo referencia en el Congreso estadounidense.

A veces tengo la impresión de que muchos de éstos sólo se diferencian de un Chávez o un Castro en que no tienen el poder suficiente para ejercerlo como quisieran. Pero recuerden: es la derecha española la radical, la que no es "uropea", la culpable sempiterna de la crispación que acosa a sus sedes. Incluso, sí, la de Arriola. Cuánto amor por las cadenas. Por ponérnoslas, digo.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.

…para proteger la innovación en lo que podrían llamarse los extremos de la red, es decir, aquello que se conecta a ella. Por ejemplo, los servicios y aplicaciones web o herramientas como Skype.

El problema de esta aproximación, que a primera vista suena tan razonable, es que olvida que para poder fomentar esa innovación en los extremos de internet debemos eliminarla en buena medida dentro de la propia red. La imposición de la neutralidad impediría cambiar muchas cosas en las redes de telecomunicaciones: sin duda, muchas de ellas serían negativas para los usuarios, y por tanto terminarían siendo desechadas por éstos mediante el viejo método de votar con los pies y llamar a la puerta de la competencia. Pero algunas podrían ser beneficiosas, e imponiendo la neutralidad impediríamos que pudieran desarrollarse.

Desgraciadamente, muchos no entienden este problema, porque es mucho más sencillo apreciar la innovación en productos finales, como son los sitios web, antes que en bienes más intermedios como puedan ser las redes. De ahí que venga tan bien la denuncia de tres sitios web, uno de ellos propiedad de Microsoft, contra Google por abuso de posición dominante. Lo que quieren es que sea público y transparente el modo en que se ordenan los resultados de las búsquedas en Google ya que éste tiene alrededor del 90% del mercado en Europa, y un pequeño cambio en el algoritmo puede significar para una empresa que dependa de la web perder un porcentaje brutal de sus visitantes.

El razonamiento de quienes proponen lo que han llamado "neutralidad en la búsqueda" es tremendamente familiar. Los buscadores deberían seguir principios imparciales que dependieran solamente de la relevancia, principios que deberían ser públicos. Además, se debería prohibir que pusieran sus propios servicios en posiciones relevantes de las búsquedas, como ha hecho Google con su función "Universal Search", que coloca su servicio de mapas cuando buscas una dirección o su comparador de precios cuando se escribe cualquier producto. ¿La razón? Pues que no estar en los buscadores es casi lo mismo que desaparecer de internet. En la práctica, es casi lo mismo que esa posibilidad con la que nos asustan quienes quieren regular la red, la de que puedan desconectar a sitios web que no paguen un extra a las operadoras.

Si quienes apoyan la neutralidad en la red se creyeran realmente sus argumentos, tendrían que estar también a favor de la neutralidad en la búsqueda. Pero el problema aquí es que resulta mucho más sencillo verle el truco al razonamiento. Si Google dijera públicamente cómo ordena los resultados y no pudiera cambiar esa orden, ni integrar otros servicios suyos, sería un producto mucho menos útil. Miles de creadores de sitios web los modificarían para aparecer los primeros en determinadas búsquedas, que quedarían ahogadas en resultados basura haciéndonos regresar a los días en que encontrar algo en internet resultaba una misión imposible. Encontrar respuesta a nuestras preguntas nos llevaría mucho más tiempo. Y Google (o Bing) carecerían de libertad para mejorar su servicio como han hecho hasta ahora.

Esencialmente, Google y Telefónica son lo mismo: intermediarios entre nosotros y ese vasto océano de información y servicios que es internet. Si se quiere regular a uno, inevitablemente se terminará regulando al otro. Y si no, al tiempo.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.

… (tal y como se nos decía desde el Gobierno para justificar el despilfarro de alrededor de 30.000 millones de euros hasta 2008), lo que ayudaría a colocar a España en el panteón de las economías del futuro, entonces no se entiende que Miguel Sebastián, ese ministro de Industria amigo de la mentira, proclame ahora que España está "en el tope" del desarrollo de estas fuentes de energía.

A menos que me haya perdido alguna nota de prensa del INE o del Inem, tengo la impresión de que nuestra economía ni ha regresado a la Champions League en la que supuestamente se encontraba ni ha bajado de los 4,5 millones de parados. Y, sin embargo, Sebastián ya está viniendo con las rebajas de este maná celestial bajo argumentos tan irritantes como que las energías renovables tienen "limitaciones económicas", a saber, que hay que pagarlas y son mucho más caras que el resto.

¡Habrase visto que a algún miembro de este Gobierno le preocupe mínimamente la realidad! Tan caras son que algunos ya avisamos de que, con datos de cierre de 2008, los 30.000 millones de euros que habrán ayudado a maquillar las finanzas privadas de algún empresario del ladrillo mediante su reconversión verde destruían 2,2 empleos por cada uno que decían crear.

Esa debe ser la insostenibilidad a la que se refiere Sebastián: mientras éramos ricos nos podíamos permitir el lujo de tirar el dinero público –ése que no es de nadie– por el retrete de La Moncloa, pero ahora que ya no cabe ningún parado más en España y para que más inri nos miran con desconfianza desde el extranjero, hay que empezar a disciplinarse un poquito.

Bien está. Por cierto, que su compañero de partido Jesús Caldera va pregonando desde ese think tank de partido llamado Fundación Ideas que esas renovables tan caras e ineficientes que ya han desbordado todos los límites técnicos y económicos de España van a impulsar la creación de millones de puestos de trabajo en unos pocos años.

Ver para creer: un castillo de naipes incapaz de sobrevivir en el mercado sirviendo al consumidor y al que ya ni un manirroto Gobierno puede sostener será el futuro de nuestra economía. Será que esperan que cuando todo se haya desmoronado, los molinitos se mantengan en pie en medio de la devastación e impulsados por la principal fuente de riqueza de España, a la sazón propietario único del planeta Tierra: el viento.

Menos mal que la credibilidad y fiabilidad de algunos siguen a la misma altura a la que están dejando nuestra economía. Si no, sería para echarse a temblar.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

En primer lugar, la banca ya se ha caído del guindo. La mayoría de entidades, otrora adalid de la "solidez" y "solvencia" del sistema financiero español, acaban de reconocer abiertamente lo que hasta hace dos días se negaban a aceptar. Esto es, que el mercado inmobiliario ha quebrado y, por lo tanto, los promotores no pueden afrontar el pago de su deuda, próxima a los 325.000 millones de euros.

La propia Asociación Hipotecaria Española advierte de que "el sistema no puede asumir la deuda inmobiliaria" y "las refinanciaciones posteriores (proceso conocido como roll-over) estarán comprometidas". ¿Qué está pasando? Bancos y cajas son concientes de que el crédito concedido a los promotores es incobrable y, como resultado, tendrán que acabar incorporando a sus balances gran parte del stock inmobiliario –pisos y, sobre todo, suelo–, cuyo precio de mercado es muy inferior al que consta en sus balances contables, lo cual se traduce en suculentas pérdidas que, por el momento, ocultan.

Si a mediados de 2009 la banca acumulaba cerca de 100.000 pisos embargados, ésta acabará absorbiendo, como mínimo, medio millón en manos de los promotores hasta 2012, por no decir casi todo –entre 1 y 1,6 millones, según los cálculos–, sin contar con una abultada cartera de suelo que, hoy por hoy, carece de salida en el mercado. En resumen, la crisis financiera nacional está a punto de comenzar.

Segundo punto. Ante tal panorama, como no podía ser menos, el sector pide ayuda al Gobierno. En concreto, emplear dinero público (el de los contribuyentes), ya sea a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Banco de España o Estado, para "financiar" al sector del ladrillo. Y es aquí donde está la clave. ¿Qué reclama la Asociación Hipotecaria? Muy simple: que los contribuyentes desembolsen los 325.000 millones de euros en créditos que los promotores adeudan a bancos y cajas y que, en su mayor parte, son incobrables. De este modo, el sector financiero no tendrá que absorber el citado stock. ¡Fantástico!

Y es que las primeras medidas destinadas al rescate público del sector inmobiliario han obtenido un rotundo fracaso. En 2008, el Gobierno anunció que el ICO avalaría la concesión de créditos por valor de 25.000 millones de euros (2,5% del PIB) destinados a la compra de VPO y préstamos a los promotores de vivienda protegida. ¿Problema? Ni los promotores pueden construir, dada la parálisis que sufre el sector, ni los ciudadanos quieren seguir endeudándose aún más para comprar unos pisos que están sobrevalorados.

Y puesto que las medidas destinadas a estimular la demanda no han dado sus frutos, ahora lo que se plantea es intervenir por el lado de la oferta. Que el Gobierno compre el stock, cosa que ya están haciendo múltiples comunidades autónomas, o que, directamente, se rescate el ladrillo mediante la concesión de ayudas, tal y como reclama ahora el ex ministro socialista Jordi Sevilla.

El problema es que cualquiera de estas medidas implicará, en todo caso, un incremento disparatado del endeudamiento público, con todo lo que ello implica: nula recuperación económica, descuadre aún mayor de las cuentas públicas, aumento de la presión fiscal y riesgo de quiebra soberana. Cubrir el enorme agujero que ha dejado la burbuja inmobiliaria con impuestos presentes y futuros es, a todas luces, inaceptable, inmoral, vergonzoso e ilegal. Es un robo, un atraco a mano armada que no podemos ni debemos consentir.

Puesto que el famoso Fondo de Rescate Bancario (FROB) sigue paralizado en Bruselas, ante el temor de que se salve indiscriminada y arbitrariamente al sector de las cajas de ahorros (en manos de los políticos), las entidades aspiran a que seamos nosotros quienes tengamos que cargar con la factura. ¡Y se quedan tan anchos, oiga!

Pues bien, ni rescate inmobiliario ni rescate bancario. Que cada palo aguante su vela. Los promotores han quebrado, ya que con rebajas del 15% o 20% optan por declararse en concurso y entregar los pisos a sus acreedores para saldar la deuda. Y puesto que el mercado sigue sobrevalorado en un 30% de media, serían bancos y cajas los encargados de liquidar el stock a pérdidas. Sin rebajas sustanciales no habrá ajuste.

¿Que eso va a comprometer la solvencia de numerosas entidades? No cabe duda. Entonces, ¿qué hacer? Analizar caso por caso y proceder a una dura y transparente reestructuración e, incluso liquidación ordenada, del sector mediante privatizaciones y apoyos públicos puntuales que, en todo caso, deberán ser devueltos con intereses una vez saneado el sistema. Lo contrario sería, simplemente, injusto, además de desastroso.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.