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Etiqueta: Innovaciones y nuevas tecnologías

González-Sinde, escudo de Zapatero

Ese iba a ser, por lo que parece, el famoso modelo español para combatir las denominadas descargas ilegales por internet. Sin embargo, ¿es eso cierto? No del todo.

El problema del anterior planteamiento es que no identifica de forma correcta a los actores. Por mucho que Rodríguez Zapatero haya salido a desautorizar a su ministra de Cultura, no es creíble que él no supiera de la inclusión de la famosa cláusula. Para empezar, el propio jefe del Ejecutivo había anunciado a bombo y platillo, y como para mayor gloria de él mismo, el proyecto de ley en cuestión. ¿Acaso haría algo así si no conociera su contenido? Una respuesta positiva a esta última pregunta sería como para ponerse a temblar al implicar una gran irresponsabilidad por parte del inquilino de La Moncloa.

Pero no queda ahí la cosa. Aunque muchos parezcan haberlo olvidado, la polémica medida había sido incluida en un proyecto de ley de un ministerio diferente al de González-Sinde. En concreto, el texto entra dentro del ámbito de responsabilidad de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Resultaría extraño que Elena Salgado no informara a su jefe de la inclusión de contenidos procedentes de otro departamento. Si hubiera actuado de esa manera, Zapatero debería plantearse muy en serio su inmediata destitución.

Recordemos además que no es la primera vez que desde un Gobierno presidido por Zapatero se intenta sacar adelante una medida así. Los borradores del proyecto de la LISI, con la que se reformaba la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, eran todavía peores. Llegaban a incluir a las entidades de gestión de derechos de autor entre las "autoridades competentes" para cerrar páginas web. Y en aquel entonces la ministra de Cultura era Carmen Calvo, no Ángeles González-Sinde. Quien sí ocupaba su cargo actual era el jefe del Ejecutivo. Esto suena a reincidencia.

Rodríguez Zapatero ha mostrado una gran cintura política. Se intenta colar de rondón una medida tan impopular como violadora de derechos fundamentales en una norma en la que nadie se la espera. Cuando se descubre, quien da en principio la cara es la más impopular de todos los ministros, González-Sinde. No le queda más remedio que convocar una reunión a un grupo de periodistas on line, blogueros y empresarios de internet (que, como ellos mismos recuerdan, acudieron a título propio y no como representantes de nadie). El encuentro fue, por lo que contaron los asistentes, de todo menos agradable e incluyó el intento de comprar voluntades.

El escenario estaba listo para que se focalizara en la ministra de Cultura el enfado de miles de ciudadanos y Zapatero pudiera vender su inocencia. No nos engañemos, es posible que en el futuro vuelvan a intentarlo, con Sinde o sin ella. El presidente encontrará a quien culpar si las cosas vuelven a salirle mal.

Con razón quieren acabar con internet

En caso contrario, los grandes medios disimulan y siguen hablando de las mariposas hasta que el estruendo es tan enorme que se ven obligados a realizar una breve reseña. La línea editorial no la modifican, claro, que para eso son medios "independientes", y así podemos asistir a la divertida situación de ver un periódico nacional informando de que la teoría del cambio climático de origen antropogénico es un fraude que no creen ni sus propios valedores, mientras en la sección de ciencia el calentólogo de nómina sigue alertando a la humanidad su próximo fin (los progres son propensos a la grandilocuencia) si no se reducen las emisiones de CO2.

De todas formas, los españoles no podemos quejarnos demasiado, porque nuestros dos principales periódicos sólo tardaron una semana y media en acusar recibo del Climagate, mientras en Gran Bretaña, país del que surgió la noticia, lo han hecho seis semanas más tarde de conocer la información.

Ahora que estamos seguros de que Zapatero va a realizar una política liberticida en internet (ha afirmado dos veces lo contrario) es un buen momento para recordar que es precisamente este medio el que ha permitido que la verdad de la estafa climática salga a la luz, como anteriormente ocurrió con otros escándalos que los políticos y sus medios afines decidieron ocultar.

En España hemos estado solos durante muchos días informando a los lectores de esta canallada seudocientífica subvencionada por los políticos. En lo que respecta a los medios de comunicación profesionales, Libertad Digital ha estado en solitario cumpliendo con su deber, que es la forma más elegante y honesta de disfrutar la soledad, junto con centenas de blogs particulares que se han hecho eco de este escándalo aportando valiosa información en muchos casos. Se comprende que el fenómeno de internet preocupe mucho a los políticos, porque les priva del monopolio de decidir qué pueden o no conocer los ciudadanos, y a los medios tradicionales, cuyos peajes ideológicos les obligan a difundir únicamente las "verdades" tamizadas del poder. Precisamente por eso, los intentos de intervenir en la red arrogándose el derecho de cerrar los sitios incómodos debería preocuparnos a todos. Han empezado amenazando a las páginas que enlazan contenidos audiovisuales, pero no cabe dudar de que es sólo la puerta por la que el poder político entrará en internet y una vez dentro, expulsarlo será una misión casi imposible.

No se puede tolerar el menor ataque de los gobiernos hacia las nuevas tecnologías de la información, porque nuestra libertad es lo más importante. Incluso más que la discografía completa de Ramoncín y las obras completas de Suso del Toro, lo más descargado de internet a escala mundial desde hace décadas como es bien conocido.

La ceja presenta su factura al cobro

En unas semanas tendrá lugar una cumbre en Copenhague donde los políticos pretenden comprometerse a incumplir promesas aún mayores de reducciones de gases de efecto invernadero. No alcanzarán los objetivos con los que llenarán los titulares, pero con la excusa aumentarán su poder más y más sobre la economía y sobre nuestras vidas privadas. Lo de imponernos la temperatura a la que debemos tener el aire acondicionado es sólo un ejemplo. Holanda ya ha pasado a controlar en todo momento por dónde vamos con nuestro coche. Vendrán cosas peores.

La gráfica del palo de hockey, que venía a decir que sufrimos un calentamiento desconocido en la historia reciente de la Tierra, dio alas al alarmismo climático. Era mentira. Ahora, además, sabemos que los científicos responsables de estas gráficas hicieron todo lo posible para que no pudieran publicar en revistas científicas quienes dudaban de su teoría, para expulsar sus estudios del IPCC –el compendio "oficial" de esta ciencia– y, sobre todo, para colocar en el código empleado para hacer sus estudios correcciones artificiales y arbitrarias con el objetivo de que dieran los resultados deseados.

La ciencia es replicación. En el año 89, dos químicos aseguraron haber logrado una reacción de fusión a temperatura cercana a la ambiente. Era la llamada "fusión fría". La noticia era importantísima. Permitía acceder a una fuente de energía eficiente y barata. Pero durante las siguientes semanas otros científicos intentaron replicar el experimento de Pons y Fleischmann, y no lo lograron. La decepción fue enorme. Pero supimos que la "fusión fría" era un timo gracias a que estos científicos publicaron detalladamente su método y dieron así la opción a los demás de repetirlo.

Estos "científicos" del clima, por el contrario, se niegan a ofrecer sus datos de tomas de temperatura y el código empleado para obtener sus alarmantes resultados. Llevamos más de una década haciendo ciencia y política basada en una confianza irracional y extrema en la competencia y honestidad de quienes ahora se han revelado como activistas de su teoría alarmista sobre el calentamiento global. Deberíamos haber reaccionado cuando se negaron a ofrecer sus datos a científicos como McIntyre, pero los medios compraron la idea de que no se podía permitir poner los resultados en duda mediante una auditoría de los estudios alarmistas. A algunos nos llamaron "enemigos de la ciencia". No deja de ser irónico que se descubra ahora que quienes sí merecen esa clasificación son los otrora sacrosantos Mann, Jones, Briffa, Osborn y Rahmstorf. Y quienes les han hecho la cobertura mediática.

La única vía para que la climatología se recupere de este golpe y podamos volver a confiar en ella la ha indicado Eric S. Raymond. No debe permitirse la publicación de más estudios climáticos que no presenten los datos y código fuente de los algoritmos que producen sus resultados. El IPCC no debe incluir en sus páginas ningún estudio que no cumpla estos requisitos. Antes de la era de internet podía tener lógica que no se publicara todo por falta de espacio. Hoy ya no. El secretismo es enemigo de la calidad. Un pequeño y endogámico grupo de climatólogos nos lo ha dejado claro.

También sería recomendable, como indicó en su día Michael Chrichton, que se impidiera que los mismos que deciden cómo recoger los datos, los recojan; que quienes recogen los datos sean quienes los analicen. No estamos hablando de ciencia pura, ahí aislada en su torre de marfil, practicada por individuos altruistas que se sitúan más allá de las consecuencias de sus investigaciones. La climatología es hoy una ciencia activista, muchos de cuyos integrantes quieren demostrar una tesis digan lo que digan los datos.

Pero no se hará nada. Hay demasiados intereses en juego. Posiblemente ni siquiera se consiga que los medios acojan con algo de escepticismo la enésima fecha en que se derretirá el Ártico.

Sobre Ramoncín, con todo respeto

Procuraré en todo momento que ninguna frase o expresión pueda correr el riesgo de cruzar la fina línea que a veces separa la crítica del insulto. Tal precaución es necesaria por el simple motivo de que en las siguientes líneas me referiré a ese señor de profesión cantante y conocido por la "marca" Ramoncín.

No vamos a entrar aquí a valorar sus formas, sus declaraciones de hace años ni tan siquiera el victimismo que algunos podrían considerar que exhibe. No, tan sólo valoraremos algunos de los aspectos de su reciente intervención en el programa Espejo Público de Antena 3. De hecho, hay algunas de sus frases sobre las que evitaremos opinar debido a que es difícil decir sobre ellas nada sin perder el respeto por su autor. Así, no diremos nada sobre su afirmación de que "me quiere todo aquel que tiene un gramo de cerebro". Dado que no sentimos ningún aprecio hacia Ramoncín, al considerarnos insultados por esta frase podríamos responder con algo similar sobre él. Pero no lo haremos.

Reconozcamos que muchas personas han tenido realmente mal gusto al expresar su opinión sobre este cantante a través de la red. Que no guste lo que dice, o que sus opiniones puedan ser consideradas insultantes por muchos, no convierten en algo digno de elogio el hacer dibujos o montajes en los que se le decapita o fusila. Sin embargo, consideramos que se equivoca al hacer determinadas afirmaciones. Dice Ramoncín que "internet no puede ser el altar de todos los descerebrados que hay en este país".

Con todo el respeto, mientras no cometan ninguna ilegalidad, los descerebrados españoles y de cualquier otro lugar del mundo tienen todo el derecho a expresarse y actuar por internet como cualquier hijo de vecino que sienta cariño por Ramoncín. Tampoco consideramos que sea muy acertada la equiparación que hace de la vulneración de sus derechos de autor o de marca con la vejación de deficientes mentales mostrando vídeos de ellos a través de la red. Sin ánimo de molestar, consideramos que lo segundo es mucho más grave.

Con la máxima modestia y sin intención alguna de ofender, consideramos que Ramoncín se equivoca en algunas de sus apreciaciones y en otras puede estar exagerando. Dado que avisa que todos y cada uno de quienes le calumnien e insulten serán denunciados, esperamos que este artículo no nos lleve ante los tribunales. Creemos que ha sido un texto totalmente respetuoso.

El parto de los montes

Sepa el lector interesado que hará tres años, la Comisión Europea empezó a revisar la legislación vigente para ver si tenía algún problemilla y se podía mejorar. Tras la revisión, formuló su propuesta de nuevas leyes (directivas, en el argot comunitario), y desde entonces las instituciones comunitarias, digo, el Europarlamento y el Consejo, han estado entretenidas quitando y poniendo cosas a las propuestas de los funcionarios.

Y por fin acaban de llegar los tres a un acuerdo.

El punto de discusión final era especialmente relevante, pues se trataba de ver si Europa iba a aceptar que una autoridad administrativa cualquiera pudiera ordenar el corte de nuestras conexiones a internet, o sólo lo podría hacer un juez. En aras del consenso, por supuesto, se ha acordado permitir lo primero. Lo divertido es que el pasado mayo, unos días antes de las elecciones para el Europarlamento, esta cámara escenificó sin complejos su defensa del ciudadano. Una vez pasadas las elecciones, ya no hay tanto problema. Así que se sacrifican un poco las libertades de los ciudadanos y todos tan contentos. Por cierto, como se observa, un punto especialmente adecuado para su aprobación en la normativa de telecomunicaciones.

¿Y qué ha surgido del parto de los montes, de los tres años de trabajo de las instituciones comunitarias, con 600 europarlamentarios y 27 Estados miembros trabajando a todo motor para dotar a la ciudadanía de un necesitadísimo marco nuevo?

Pues la constatación de todas las miserias que tienen los procesos legislativos de estas democracias en que nos ha tocado vivir. Modificaciones de última hora; negociaciones sobre aspectos de interés particular (frente a la generalidad de la ley que propugna Hayek); cada grupo de interés, incluidos los gobiernos de los Estados miembros, tirando para su lado sin ningún pudor, y como resultado unos textos contrahechos que tratan de dar cabida a todas las posibilidades que nuestros políticos quieren mantener abiertas. Otra vez lo contrario al rule of law de Hayek.

Eso sí, en lo que no hubo discusiones, en lo que estaban todos de acuerdo (con alguna honrosa excepción, como nuestro Ministerio de Industria), es en que se tiene que poder expropiar la red de acceso a los operadores de telecomunicaciones. Porque esa es la realidad bajo el eufemismo utilizado de separación funcional. Ya sabemos lo fácil que es acordar entre dos cómo repartir lo que pertenece a un tercero. Y esta es otra prueba.

Junto a la separación funcional, el otro fruto del costoso parto es el regulador europeo. Aquí sí que se han esmerado de verdad nuestros representantes. Ahí es nada: lo que empezó siendo EECMA, pasó luego a BERT; de aquí se transformó en GERT; y ha terminado en un contundente BEREC. Estupendo trabajo, sí señor. Todo para crear un nuevo nido de burócratas con la consabida finalidad de perpetuarse en sus funciones y acaparar competencias. Y digo yo que qué más daba el nombre.

Webs subvencionadas, desastre seguro

El caso de Filmotech es el más sangrante, porque es más caro y más antiguo, así que tenemos datos. En concreto, datos de que no lo visita ni el Tato, pese a que ha contado siempre con un buen volumen de publicidad gratuita y hasta le dan premios oficiales por ser un "caso de éxito". Se trata de una web estrenada hace dos años y medio donde se pueden comprar películas online, pero negándote las libertades que sí ofrece gratuitamente la descarga en redes P2P. Has de pagar por ver las películas desde la web o descargarlas con un montón de restricciones de uso y de copia.

¿El resultado? Google estima que la web tiene unos 5.900 visitantes únicos al mes, lo cual, para cualquiera que sepa algo de esto, es una porquería. Se discute, y con razón, si las cifras de 24.135.533 usuarios únicos de elmundo.es ofrecidas por OJD son ciertas. Pero no cabe duda de que este diario –y otros muchos, que no toda la vida es Soitu– sí es un "caso de éxito". Menos para el Gobierno, que parece considerar el éxito en la web como aquello que no gusta a los internautas pero sí a los burócratas que conceden las subvenciones.

Mientras, al otro lado del charco, Hulu se ha convertido en un gran éxito debido a que ha ofrecido a los internautas algo mejor que lo que tenían. Han de ver los vídeos en la web, sí, pero a gran calidad y gratuitamente. Es mucho más cómodo de usar que las redes P2P, así que el precio de ver anuncios se paga sin problemas.

El otro caso, el de Promusicae, aún tendría arreglo, dado que ha sido inaugurado la semana pasada. Se llama elportaldemusica.es y ha costado, se supone, 1.075.000 euros, de los cuales 737.000 han venido de la subvención. La web es más simple que el mecanismo de un chupete. Tanto, que es casi imposible no preguntarse si no habrá costado bastante menos que el importe de la subvención. Consiste simplemente en tres listas: canciones y álbumes más vendidos y últimas novedades discográficas. La música empieza a sonar sin intervención del usuario, algo que va en contra de todos los manuales de usabilidad que se hayan escrito y de los que están por escribir. No se puede navegar entre los distintos artistas sin cortar la música que está sonando. Sólo ofrece fragmentos, no canciones completas. En definitiva, una web que difícilmente usarán muchas más personas que Filmotech.

Pero, eso sí, la hemos pagado nosotros en estos tiempos de crisis en que nos falta de todo. Las webs creadas a golpe de talonario del Estado garantizan una cosa: no estarán hechas para el público potencial, sino a gusto del burócrata. Es lo que sucede siempre, pero en un mercado tan dinámico como internet se nota más, mucho más. Y luego preguntarán los socialistas que en qué se puede meter la tijera presupuestaria.

Drogatas de las descargas

El buen hombre ha defendido, como era de esperar, que se desconecte a aquellos internautas que utilizan sistemas de intercambio de archivos. Hasta ahí, nada de especial. Lo increíble es que, para defender esta propuesta, ha dicho que así se exonera a los usuarios "al igual que se hace con los consumidores en la lucha contra la droga".

Reconozcamos que Olcese ha demostrado ser muy inteligente. A diferencia de Ramoncín, Pau Donés, Teddy Bautista, José Luis Borau y muchos otros, él no insulta directamente a los internautas que no se comportan como ellos quieren. Él puede argumentar que no llamó a nadie ladrón, puesto que no lo hizo, ni tampoco drogadicto. Sin embargo, esto último es lo que ha insinuado. Al igual que se considera que el drogadicto no es responsable de su adicción, con su equiparación pretende que el usuario de redes de pares no tiene sus facultades mentales plenas y, por tanto, hay que perseguir a su "camello".

La idea que trata de transmitir es que las redes de pares son algo parecido al mercado de las drogas. A un lado se encontrarían los consumidores, indefensos y faltos de inteligencia o voluntad, y en el otro unos delincuentes que se lucran con el mal ajeno. Como estrategia de comunicación es brillante. No pretende mostrar odio o rechazo por los internautas. Trata de transmitir que siente piedad por esas mentes débiles que se hacen daño a sí mismas y al resto de la sociedad. En realidad, esta postura es en el fondo mucho más ofensiva que la otra.

No tiene en cuenta, además, otra cuestión que también es cierta. Las descargas que los "creadores" denominan "ilegales" no dañan a quienes las consumen. No tienen ningún efecto nocivo sobre estos "drogatas del P2P". Es más, tampoco dañan a los músicos; está suficientemente demostrado que las únicas perjudicadas son unas compañías discográficas que no quieren o no saben adaptarse a los cambios producidos los últimos años. Quédese tranquilo por tanto el señor Olcese. Descargarse música de internet no es malo para las facultades mentales. Lo que sí tiene efectos de este tipo es tomarse en serio los argumentos de la Coalición de Creadores, la SGAE y similares.

Vida y muerte de Soitu.es

El razonamiento y la veracidad brilla por su ausencia, pero su fin es muy claro. El dogma a seguir se resume en los siguientes principios básicos: el empresario es un explotador capaz de cualquier cosa con tal de aumentar sus beneficios; las multinacionales son grandes corporaciones que expolian los recursos naturales de los países pobres y se aprovechan de la mano de obra del Tercer Mundo; el libre comercio internacional (globalización) es condenable, puesto que provoca la deslocalización de empresas en las economías avanzadas; por el contrario, el Estado es un ente protector que cuida de los desvalidos y conforma una "red de seguridad" esencial para la convivencia pacífica en el seno de la sociedad civil; y los sindicatos, cómo no, son los "defensores" por antonomasia de los trabajadores.

Así pues, un esquema simplista y demagógico, cuyo único objetivo es encumbrar a lo más alto las funciones que desempeña la todopoderosa clase política. No obstante, tal y como recoge la Editorial Anaya, "el poder político es el poder supremo que, en una sociedad, decide, de manera obligatoria para todos, lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse". Una frase que, extraída de contexto, firmaría sin duda alguna el propio Stalin, Hitler, Fidel o el bolivariano Chávez.

Y es que el sistema educativo español constituye una auténtica tiranía. El Gobierno impone por la fuerza una serie de itinerarios que, se quiera o no, deben ser aplicados obligatoriamente en los colegios, ya sean públicos, concertados o privados. El contenido básico de las asignaturas es dictado por las correspondientes autoridades públicas, cuyas competencias corresponden mayoritariamente a las comunidades autónomas.

El problema de la educación en España no radica, pues, en el ideario moral que propugna EpC, sino que va mucho más allá. Tan sólo es necesario fijarse en la imposición lingüística que aplican las regiones con lengua cooficial para percatarse de que España cuenta con un modelo que está herido de muerte. Lo mismo se podría decir de la visión nacionalista que impera en las asignaturas de Historia o Geografía, o del bajísimo nivel que existe en Matemáticas o Lengua.

El cáncer de la intervención pública corroe las entrañas de la educación española. La solución, por tanto, no estriba en suturar la herida, ya sea eliminando EpC, cambiando una vez más el plan de estudios general o devolviendo al Gobierno central las competencias perdidas en esta materia. No, rotundamente no. La metástasis únicamente se podrá frenar si se combate el nefasto gen que causa la enfermedad. Esto es, el poder público.

Por desgracia, las décadas de intervencionismo en esta materia han logrado implantar en la opinión pública que la sanidad y la educación son intocables. Ambos sectores han sido fagocitados por el Estado. Sin embargo, esto no ha sido así siempre y, de hecho, puede cambiar, tal y como ha sucedido en Suecia y otros países nórdicos, otrora paraíso para los defensores del mal llamado Estado de Bienestar.

La única salida posible es la completa y profunda liberalización de la educación en España. Es decir, que cada centro (privado) pueda establecer libremente tanto el programa educativo a seguir como los distintos idiomas en los que impartir las materias. La competencia en este ámbito se encargará de avanzar de forma constante e ininterrumpida hacia la excelencia y la alta cualificación de su alumnado ya que, en caso contrario, el mercado hará criba con aquellos colegios que no satisfagan la demanda existente (las exigencias de padres y alumnos).

Los de siempre dirán que, en ese caso, muchos jóvenes no podrán acceder a la educación por falta de recursos. Error. En primer lugar, la educación pública tiene un coste (elevadísimo, por cierto) que es sufragado con el dinero de los contribuyentes. En segundo lugar, se trata de un mal menor, ya que la extensión de becas y la implantación de cheques escolares (como en Suecia) solucionaría por completo el problema. Así pues, frente a la tiranía educativa de hoy, apostemos por la liberalización del mañana.

Internet no nació hace 40 años

No para resistir un ataque nuclear, como comúnmente se dice, sino porque por entonces los errores eran tan comunes que, o el sistema estaba preparado para lidiar con ellos desde el principio o directamente no funcionaría más que tres minutos al día. Y con suerte.

Más tarde, Arpanet evolucionaría, transformaría su funcionamiento y terminaría convirtiéndose en internet. Así que, técnicamente, podría considerarse que internet nació con el primer mensaje enviado en Arpanet, como lo hizo el teléfono con la famosa llamada de Graham Bell. Pero, curiosamente, no fue Bell quien lo inventó; el mérito corresponde a Antonio Meucci, que construyó uno casi veinte años antes. Pero, en la práctica, la fecha realmente importante en la historia del teléfono es 1876, porque Bell logró lo que nunca pudo conseguir Meucci: que su invento sirviera para algo al comenzar a comercializarlo.

De igual modo, el hito realmente importante en la historia de internet no es 1969 sino el 30 de abril de 1995. Antes de ese momento, las redes de las distintas universidades e instituciones que lograban recibir el permiso para conectarse lo hacían a través del backbone o "columna vertebral" de la NSF, una agencia científica del Gobierno de Estados Unidos. Durante años lo peor que podías hacer en la red era darle un uso comercial, por más casero que fuera; vender tu coche de segunda mano era anatema. Sin embargo, en esa fecha, la infraestructura cambió y se descentralizó; acceder al backbone de la NSF dejó de ser imprescindible y las distintas redes pudieron conectarse a través de los llamados puntos neutros.

Este cambio, en apariencia mínimo, fue sin embargo el nacimiento de internet tal y como lo conocemos: una red mundial a la que todos podemos acceder y en la que podemos compartir recursos de todo tipo. Antes, las empresas que se conectaban debían firmar un acuerdo de uso con la NSF; debían ser autorizadas. Después del 30 de abril de 1995, simplemente debían conectarse con las demás. No existe libertad de hacer algo, por ejemplo, ser taxista, cuando debes pedirle permiso a papá estado; del mismo modo, fue en esa fecha cuando tuvimos verdadera libertad para conectarnos a internet. Y la aprovechamos. A finales de aquel año había 16 millones de internautas. Hoy, catorce años después, se estima que existen 1.669 millones, casi un cuarto de la población mundial.

Sin duda, Arpanet y los demás pioneros –especialmente Tim Berners-Lee, el creador de la web– merecen nuestro respeto y admiración por su trabajo, imprescindible para la existencia de la red de redes. Pero no debemos olvidar que si la red hubiera seguido formando parte del sector público, internet nunca hubiera existido. O sería una red aburridísima a la que sólo podríamos conectarnos desde la universidad, que para el caso es lo mismo.

El precio de los “abajofirmantes”

Pero hay cosas que indignan todavía más. Por ejemplo, que a los sindicatos se unan para la foto los habituales "abajofirmantes" del mundo "cultureta". Ya saben, una panda de personas que sangran al resto de los ciudadanos vía subvenciones y vía cánones por copia privada va a quejarse de la situación en la que viven millones de españoles.

Su alegato a favor de un mayor intervencionismo, de la subida de impuestos y contra cualquier cosa que se parezca al sentido común tendrá un precio. Y aunque el acto de entrega del pago –consistente en estampar la firma del ministro de turno en alguna norma que amplía las subvenciones o impone cánones a más productos– lo haga algún miembro del Ejecutivo, lo pagaremos el conjunto de los ciudadanos. A los autoerigidos representantes de la cultura española no les gusta que nada de lo que hacen salga gratis, y no va a ser ZP quien se rasque el bolsillo.

Si dentro de unos días el Gobierno anuncia que seguirá los pasos de Francia y el Reino Unido y se cortarán las conexiones a los usuarios de redes de pares, nadie debería sorprenderse. Si, cuando hayan pasado unas semanas o meses, se emprende una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que se incluye la vieja reclamación de la SGAE de imponer el canon a las conexiones a internet, nadie habría de asombrarse. Si directamente se impone un nuevo impuesto, por ejemplo a los accesos de banda ancha, para crear un fondo con el que subvencionar más cine o teatro español, estaría dentro de lo previsible.

Que nadie se engañe. El manifiesto de los "trabajadores de la cultura", por mucho que tengan poco de "trabajadores" y casi nada de "cultura", lo terminaremos pagando los ciudadanos. Lo firman no sólo por una ceguera ideológica que les impide ver que las fórmulas que propugnan tan sólo crean mayores niveles de pobreza. También lo hacen debido a que en ese mundo suyo, donde los propios méritos no cuentan y lo que vale es vivir de los demás sin merecerlo, estar cerca de un Gobierno que cree que el país es de su propiedad sale muy rentable.