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Para entendernos: predicar contra la prostitución e ir un día a un club de alterne no es hipocresía; es simplemente debilidad, seguramente pasajera, aquello de "la carne es débil". Hipocresía es clamar contra la profesión más antigua del mundo y requerir de sus servicios semanalmente. Hipocresía es demostrar con tus actos que no crees en tus palabras.

Y en esta labor, los de la ceja son –ahí sí– unos verdaderos artistas. Siempre claman que lo del canon y los espionajes en las bodas es necesario para salvar la cultura, que los artistas necesitan de esos ingresos para poder ganarse la vida con su trabajo creativo. Pero llega el momento del reparto de ese dinero y resulta que casi todo se lo quedan los de casi siempre. El 75% de los ingresos de la SGAE, 223 millones de euros, se han repartido entre 600 autores, el 1,73% del total. Y las cifras de las demás entidades de gestión son muy similares.

Sin entrar en la letra pequeña, pues no tengo los datos necesarios para ello, este sistema de reparto me parece perfecto. Es dinero recaudado de licencias y de compensación por copia privada, y parece claro que aquellos que más venden también son quienes más escuchan su música en las televisiones y ven copiadas sus canciones en los iPod. Del mismo modo que, dicho sea de paso, quienes se descargan música vía P2P también son quienes más música compran, como indica un nuevo estudio. Así, es justo que los autores de mayor éxito sean quienes más dinero reciben, al igual que lo es que los mejores trabajadores en cualquier sector ganen más que los demás. Al fin y al cabo, justicia es dar a cada uno lo suyo.

Lo que pasa es que no es eso lo que predica la burocracia de los derechos de autor. Para defenderse de quienes les critican por sacar dinero a un bar cuyo dueño trabaja para sacarlo adelante catorce horas al día, siete días a la semana, por el solo hecho de tener un televisor donde poner el fútbol el fin de semana, los artistas aducen que a la "cultura" le resultaría difícil sobrevivir sin ese dinero, que los creadores que no están en el "candelabro" necesitan ese extra que suponen los derechos de autor para llegar a fin de mes.

Si la SGAE y demás compañeros mártires reconocieran que sí, que el dinero que nos quitan a todos nosotros va a parar a Amaral, Alejandro Sánz, La Quinta Estación y otros artistas de éxito y que es un derecho que tienen, y que el dueño del bar tiene obligación de pagar por ello igual que paga por la cerveza que sirve, seguiríamos protestando igual ante la imposición del canon, pero al menos no tendríamos que aguantar ese aire santurrón que se gastan. Pero claro, entonces tendrían que renunciar a su imagen de izquierda solidaria que les es tan preciada. Y ya se sabe que para un progre lo principal y casi lo único es sentirse satisfecho consigo mismo.

La principal razón que ha desatado estos rumores es que el nuevo software para desarrolladores distribuido por Apple incluye identificadores para varios iPhone, estando etiquetados los actuales como 1,1 y 1,2 y el siguiente como 2,1.

Es decir, que el iPhone 3G, pese a incluir GPS y alguna cosilla más, no sería más que una revisión menor del primer modelo y próximamente veremos otro con más novedades. O eso es lo que dicen los sabios arúspices con más capacidad para desentrañar los planes de Steve Jobs, su amo y señor, examinando las tripas de algunos de sus animales.

Los más insistentes se refieren a la compatibilidad con el llamado 3.5G, una conexión a la red móvil más rápida que la actual. También parece claro que incorporará al fin la capacidad de grabar vídeo, que no se ha empleado hasta ahora por consumir demasiada batería. Se habla de más potencia gráfica y de proceso. Pero si hay algo que Apple no debe hacer si no quiere poner en riesgo su nueva gallina de los huevos de oro es cambiar significativamente el modo en que funciona su aparato, porque correría el riesgo de destruir su ecosistema para las aplicaciones móviles.

Existen actualmente 20 millones de aparatos equipados con el iPhone OS, la mayor parte teléfonos, pero también iPod Touch. Dentro del ámbito de la telefonía móvil, es el mayor ecosistema estable para el desarrollo de aplicaciones y juegos. Es cierto que existen muchos más teléfonos equipados con Windows Mobile, el Symbian de Nokia o con capacidad de ejecutar aplicaciones y juegos Java. Pero el problema está en que pese a contar con esa base común, existen infinitas diferencias entre unos aparatos y otros. Algunos tienen teclado completo, otros no; unos disponen de pantalla táctil, la mayoría no; y la variedad de resoluciones y tamaños de pantalla es casi infinita.

Esas diferencias no existen para Apple. Toda la gama de aparatos capaces de ejecutar las aplicaciones que se venden u ofrecen gratuitamente en la App Store disponen de la misma resolución de pantalla, son multitáctiles, disponen de acelerómetro para detectar el movimiento y orientación del dispositivo y carecen de teclado. Existen algunas diferencias como la forma de conectarse a la red o si disponen de funcionalidad como teléfono, pero que no afectan a la mayoría de las aplicaciones, excepto en el sentido de que algunas, simplemente, no funcionarán en el iPod Touch ni lo pretenden.

Resulta difícil creer que Apple vaya a cambiar este estado de cosas sin cuidarse muy mucho de que no resulte un problema para los desarrolladores. Así que si mejora la capacidad gráfica de un nuevo iPhone o pone una pantalla de mejor resolución, se cuidará de que eso no afecte a las aplicaciones existentes y de que las futuras tengan muy fácil la adaptación a los modelos actuales y a los nuevos. De no hacerlo así, podría arruinar su mayor éxito, ése que la competencia está intentando reproducir como sea.

Claro que quizá no haya nuevo iPhone este verano. Los auspicios pueden errar.

Los ecologistas son especialistas en eso. ¿Quién no va a querer árboles más verdes, aire más respirable, menos contaminación? El problema es que jamás se detienen a explicarte qué nos va a costar todo eso. Y en ese ámbito, como en tantos otros, funciona la ley de rendimientos decrecientes: sale relativamente barato dejar de tener nieblas artificiales como la de Londres, creadas por la polución, pero rebajar los pesticidas de un microgramo por litro de agua a un nanogramo puede resultar astronómicamente caro, además de inútil para nuestra salud y nuestro bienestar.

Con esa lupa hay que examinar la campaña "Por un ADSL más barato". Evidentemente, estoy a favor de los objetivos, ¡cómo no estarlo! Aunque sólo fuera por el interés egoísta de tener una población de internautas más amplia y, por tanto, más lectores potenciales de Libertad Digital, nada podría gustarme más que una rebaja en el precio del ADSL que supondría, cabe esperar, una mayor demanda. Tampoco tengo ninguna objeción a un aumento de las velocidades de subida y bajada, pese a que por supuesto no las piense utilizar con el eMule, porque como bien saben quienes vieron en su día Conectados, ni Fabián C. Barrio ni yo empleamos jamás esas cosas. Y eso sin hablar del dinero que me ahorraría.

Pero cuando llegamos al apartado de la "brecha digital", ya empieza uno a mosquearse. En España cuando se menciona este concepto se refiere a la diferencia de acceso a la banda ancha entre el campo y la ciudad. Es inevitable con las tecnologías actuales que sea más caro conectarse en las zonas rurales, más dispersas, donde en ocasiones hay que tirar kilómetros de cable para llegar a un puñado de casas. Para evitar que eso supusiera un coste prohibitivo para los consumidores rurales, piden que el fondo para garantizar el acceso telefónico a todos los españoles que pagan las operadoras, y que por tanto sale de lo que nos cobran a los consumidores de ciudad, se amplíe para garantizar el acceso en banda ancha de los consumidores rurales.

Francamente, si a mí no me pagan la gasolina para llegar al trabajo ni el elevado precio de los pisos no sé por qué debo pagarles el ADSL ni, ya que estamos, la ayudas al campo de la UE. Pero aunque se pudieran calcular todos los subsidios cruzados y fueran ellos quienes nos están subvencionando a nosotros, la solución sería eliminar todos esos pagos, no aumentarlos.

Y una vez abierta la desconfianza, pues claro, habrá que sospechar también de cómo se pretende conseguir esa reducción de precio y mejora de velocidad del ADSL. ¿Aumentando la competencia? ¿Incrementando los incentivos de invertir en redes a esas empresas que no ofrecen nada más que revender las infraestructuras de Telefónica? Permítanme dudarlo. Seguramente lo que pretendan es que la CMT regule los precios y la oferta minorista de Telefónica, perdón, Movistar ADSL. El problema práctico es que esto es comida para hoy y hambre para mañana. Las empresas invierten porque esperan obtener beneficios. Pero si temen que les va a pisar la bota regulatoria, ¿para qué mejorar el servicio?

Como recordaba recientemente Fernando Herrera, el regulador modelo de todos los reguladores europeos, el británico Ofcom, después de un cuarto de siglo de obligar a BT a someterse a condiciones cada vez más draconianas, ahora estaría considerando la posibilidad de volver a nacionalizarla. Ya saben, aquello de esperar más de un año para que te instalen la línea. ¿O es que no se acuerdan de aquello? Se ve que no, porque siempre hay quien está dispuesto a volver a estatalizar empresas, aunque sea mediante una lenta asfixia.