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De nuevo, en asuntos de control de los ciudadanos hemos sido los europeos los que les hemos dado la idea: el sistema de avisos de Sarkozy. De este modo, quienes compartan en la red material protegido serán advertidos por sus proveedores de internet para finalmente ser desconectados de la red si reinciden.

Los proveedores parecen dispuestos a colaborar porque de este modo se libran de las demandas por parte de la RIAA en las que se le exige dar a conocer la identidad de sus clientes más pillines, así como de éstos por dar sus nombres sin su consentimiento. Además, reducirían el tráfico en sus redes, aunque el P2P les suponga cada vez un problema menor; ahora es el vídeo perfectamente legítimo de Youtube y similares lo que más hace crecer las necesidades de ancho de banda. Por otra parte, está por ver si este acuerdo lo firman todas las operadoras o sólo algunas, dando a los internautas la opción de elegir la que mejor les trate.

En España, La Coalición se ha saltado casi por completo el paso de demandar a los internautas, dado que la ley aquí no les permite tantas facilidades, y han pasado directamente a negociar con las operadoras. Según cuenta El País, que de estos asuntos liberticidas cabe considerarle bien informado, las entidades de gestión de derechos de autor están cerca de cerrar un acuerdo con Redtel, la asociación que engloba a los proveedores de internet que cuentan con red propia (Telefónica, Vodafone, Ono y Orange), para implementar el sistema de avisos en España. Las operadoras lo desmienten, aunque admiten que han tenido "contactos" con todas las partes implicadas, incluyendo también al Gobierno y las asociaciones de usuarios, porque lo consideran "un problema" que debe "solucionarse entre todos".

Sería un acuerdo privado, que luego el Parlamento sancionaría legalmente, según el cual los proveedores emplearían la capacidad que le otorgan nuestros contratos con ellos para monitorizar el uso que hagamos del servicio que nos ofrecen y cancelarlo si lo estamos empleando para "usos contrarios a la ley", según aseguraba Javier Ribas en elpais.com hace pocos días. Ya en una mesa redonda en la feria FICOD 2008, en noviembre, La Coalición daba por hecho el acuerdo, aunque la directora general de Redtel, Maite Arcos, lo negaba.

De seguirse esta solución, todos excepto los internautas ganarían algo, al menos al principio. Se reduciría el tráfico P2P, que quedaría posiblemente limitado a quienes no descarguen todo el día y tengan la capacidad suficiente como para configurar los programas que usan para disfrazarlos y que parezcan otro tipo de tráfico. Las entidades de gestión quedarían satisfechas por la reducción de la piratería, pensando que así se venderá más (pobres ilusos), el Gobierno le habría hecho un nuevo favor a los zejateros y las operadoras verán reducidos sus costes. Además, al estar sancionado por ley, los proveedores de acceso a internet se evitan el riesgo de que alguien se salte el acuerdo y se lleve a los usuarios descontentos, que es lo que terminaría ocurriendo.

Pero mal que les pese, será una solución parcial y temporal. En cuanto los programadores averigüen qué comportamiento es el que detectan los proveedores de acceso para enviar los avisos, modificarán las aplicaciones con que accedemos a las redes P2P para que adopten otro. Comenzará un juego del gato y el ratón que entorpecerá, pero no impedirá, que se compartan ficheros en internet. Pero en el camino se habrá comenzado a regular internet. Y todo camino de servidumbre se sabe cuándo empieza, pero no dónde acaba.

Puede que muchos se sorprendan por esta medida, pero realmente estaba cantada desde hace tiempo y, de hecho, no es una de las mas graves que ha tomado Bernanke durante su mandato, aunque sí la más llamativa.

Aunque los analistas esperaban que, como mucho, la Fed recortara los tipos 50 puntos básicos hasta dejarlos en el 0,5%, finalmente ha preferido echar toda la carne en el asador. El motivo no ha sido otro que el temor a la "deflación" que desde hace unos meses se vive en el país y que siempre ha tenido Bernanke como principal preocupación: sin ir más lejos, hoy se ha conocido que el IPC cayó en noviembre al mayor ritmo desde 1932, después de que siguiera una tendencia similar el mes anterior.

Sin embargo, mucho me temo que ni el diagnóstico ni los remedios aplicados por la Fed son los correctos para la situación actual. De hecho, Estados Unidos está cometiendo, uno a uno, todos los errores en los que ha caído Japón durante los últimos 20 años. La solución de Bernanke y de muchos monetaristas es simplista: si los precios caen, vamos a inundar de dinero la economía hasta que el valor del dólar se desplome tanto que los haga volver subir.

Pero parece que estos economistas académicos nunca han adquirido los más básicos conceptos de contabilidad. El problema de los bancos estadounidenses no es que el acceso al crédito esté caro (lo que sí podría resolverse parcialmente bajando tipos), sino que están quebrados (esto es, que el valor de sus activos ha caído por debajo del de sus deudas), como sí ha sabido ver muy bien el gurú financiero Jim Rogers. Una empresa quebrada –también un banco– es una empresa muerta, ya que nunca será capaz de generar los ingresos suficientes como para repagar sus deudas, ni aunque se le refinancie la deuda a excelentes condiciones ni aunque deje de amortizar el activo.

Si los precios están disminuyendo en la economía estadounidense es simplemente porque todos los inversores están vendiendo masivamente sus activos para repagar parte de su deuda excesiva. La vivienda, la bolsa, las materias primas y cualquier otro activo (salvo el oro) en el que los inversores se apalancaran durante los últimos años están cayendo de precio y, como no podía ser de otro modo, los de los bienes de consumo también terminan desinflándose. En todo proceso de desapalancamiento y contracción crediticia, el valor de los activos se hunde y, en consecuencia, el de la moneda sube. Pero ¿acaso colocar los tipos de interés al 0% logra detener la venta masiva de activos para amortizar deuda? De nuevo, el problema, como ya se vio en Japón, no es sólo de liquidez, sino sobre todo de solvencia.

La Reserva Federal, con esta decisión, sólo se compromete a tratar de refinanciar sin intereses la deuda de unos bancos zombificados. Pero que nadie espere que esta bajada de tipos se vaya a plasmar en un aumento de los créditos a la economía productiva ni en una reactivación del crecimiento o de la creación de empleo. Cuando los bancos todavía no han dado de baja sus malos créditos so pena de quebrar, es absurdo esperar que vuelvan a prestar unos recursos que, en realidad, no tienen.

Por tanto, colocar los tipos del 0% no tendrá ningún efecto real, es una mera operación de maquillaje para no hacer lo que de todas formas ya no se pretendía hacer: reconocer que los bancos y la mayor parte del sistema financiero estadounidense están quebrados.

El problema no es este placebo, sino qué escenario se nos abre por delante. Bernanke ya ha perdido todo su margen de maniobra para bajar tipos, así que es de esperar que en los próximos meses, cuando la deflación no haya remitido y la economía siga estancada, dé un paso al frente y adopte medidas realmente radicales; por ejemplo, adquirir todos los activos de los bancos a precios absurdamente inflados contra dinero de nueva impresión.

En lugar de liquidar las malas inversiones de los bancos, las empresas y las familias, permitiendo que la estructura productiva se reestructure, la Reserva Federal y el Gobierno de Estados Unidos parecen empeñados en conservar una economía muerta y paralizada, donde los errores pasados se perpetúan y donde el sacrificio de la moneda se converte en la tabla de salvación de los insolventes. Desde luego, como también señala Jim Rogers, Bernanke y Paulson están abocando al colapso a la que, durante décadas, fue la economía más pujante del mundo.

Una organización cuya impopularidad crece con cada chulería de Teddy Bautista y Pedro Farré (y son muchas) y con cada noticia de que ha espiado a unos inocentes ciudadanos para cobrar a un salón de bodas o que un evento solidario que ha usado música ha tenido que pasar por su caja.

¿Y qué podemos hacer los ciudadanos españoles cuando una organización privilegiada por el poder político afirma tras una condena que repetirá todas las veces que sean necesarias el incumplimiento de la ley por el que ha sido multada? No se trata de un grupo antisistema, que quiera la destrucción del orden establecido, sino de una entidad que disfruta de un estatus legal privilegiado que le permite obligarnos a los demás a pagarle un diezmo. Un dinero que luego reparten entre sus socios o se quedan para abrir sedes y contratar detectives con los que espiar a sus críticos.

El problema es que esa "baja calidad" de la democracia es en buena parte culpa nuestra. No exigimos a los políticos que escuchen a sus votantes; les damos y volvemos a dar un papel en blanco para que hagan lo que les plazca al margen de lo decepcionados que estemos con ellos. Es cierto que nuestro diseño institucional de distritos plurinominales y listas cerradas, y de poderes judicial y ejecutivo que emanan del legislativo, provoca que nuestros representantes hagan más caso al líder del partido que a sus votantes, porque es a él a quien deben directamente el puesto.

Pero en este caso, el balón está en el tejado de la izquierda (y no sólo en el del PSOE, por cierto, que a la hora de la verdad IU prefirió votar en contra de la supresión del canon). Votantes, medios y el principal partido de la derecha, con distintos matices e insistencia, se han declarado ya en contra del canon, la SGAE y sus manejos. Pero no se ve ningún movimiento medianamente serio en la izquierda que pueda llevar a un final del canon y de los abusos de las entidades de gestión de derechos de autor. Les toca mover ficha, señores, si es que su sectarismo y dependencia de los zejateros se lo permite.

Asistimos en la actualidad a la mayor operación de gasto público de la historia. Una política de despilfarro que tiene por objetivo auxiliar a determinados sectores de la economía, ya sean constructores, fabricantes de automóviles o banqueros. Así, el Gobierno de EEUU ha comprometido cerca del 60% de su PIB nacional en un amplio paquete de medidas para tratar de mantener a flote su deteriorado sistema financiero.

En el caso de España, ese porcentaje se eleva hasta el 30% del PIB, si añadimos el último plan aprobado por el Gobierno para intentar reactivar la economía. El caso de China también resulta paradigmático, ya que pretende inyectar, por el momento, casi 3 billones de dólares en 2009, que tendrán como destino un colosal proyecto de obras públicas y sociales.

Todo ello, insisto, bajo el pretexto de salvarnos de la recesión global y, por lo tanto, auxiliar a los ciudadanos y empresas de la crisis financiera y económica que se cierne sobre un creciente número de países. El Estado salvador reaparece en nuestras vidas para protegernos. Sin embargo, pese a que el ropaje haya cambiado, la esencia de este tipo de políticas estatales permanece invariable con el paso del tiempo. Los resultado serán, pues, igualmente nefastos.

El incremento del gasto público para animar el consumo y salvar a determinados sectores productivos no solucionará el problema. Tan sólo lo agravará. Y es que, ¿de dónde sacan los distintos gobiernos tal exhuberancia de recursos? Efectivamente, han acertado: el dinero del Estado procede única y exclusivamente de sus bolsillos.

Es decir, el Gobierno roba primero a los contribuyentes bajo el pretexto de poder ayudarles posteriormente. ¿Acaso no resulta contradictorio? ¿Es que los políticos gozan de un instinto divino para administrar mejor que usted el fruto de su trabajo? La cumbre de Washington supuso el pistoletazo de salida para poner en marcha toda una serie de políticas coordinadas basadas en la expansión del gasto público.

Hasta cierto punto, el Estado se ha lanzado a sustituir las funciones que únicamente pueden ser desempeñadas por el mercado (interacción social entre individuos). Los bancos centrales y los departamentos del Tesoro se han convertido, prácticamente, en los únicos prestamistas existentes a los que acuden los bancos comerciales. Asimismo, el Gobierno pretende crear puestos de trabajo mediante la licitación de obra pública, la concesión de avales, créditos blandos o subvenciones a la industria del automóvil, el sector inmobiliario o el sector energético (renovables), entre muchos otros.

Y todo ello, haciendo uso del dinero presente (impuestos) o futuro (deuda pública) de los ciudadanos. ¿Todavía no se han percatado de la factura? En el caso de España, la política tributaria se come casi el 40% de los ingresos que generan los trabajadores. La presión fiscal ascendió hasta el 37,2% del PIB nacional en 2007 (por encima de la media de las 30 economías más desarrolladas del plantea), es decir, casi 400.000 millones de euros.

En el caso de las empresas el robo es, si cabe, mayor. Las compañías españolas destinan el 60,2% de sus beneficios a cumplir con el fisco. España ocupa el tercer puesto en el ranking de carga fiscal en este ámbito de los países industrializados, según un reciente estudio del Banco Mundial elaborado en colaboración con PricewaterhouseCoopers.

Con este nivel de presión tributaria, el contribuyente medio dedica entre cuatro y cinco meses a trabajar en exclusiva para Hacienda. Y es que, los servicios sociales no son gratuitos, pese a la opinión general. Los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales ascenderán a algo más de 104.000 millones de euros en 2008; los del IRPF sumaron 72.000 millones en 2007, los del Impuesto de Sociedades casi 49.000, y el conjunto de impuestos indirectos supuso unos 79.000 millones de euros.

Una ingente cantidad de dinero que es gestionado en exclusiva por la Administración Pública, previa recaudación fiscal y bajo la amenaza de multa, sanción e, incluso, cárcel. Sin embargo, pese a la crisis económica ningún partido político ha abogado por una bajada general de impuestos que sea drástica y sustancial. La falta de liquidez, la carencia de ahorro y las crecientes deudas llenan cada día las portadas de todos los medios de comunicación. Sin embargo, pese a las graves dificultades económicas ningún político está dispuesto a aliviar la pesada carga fiscal que pesa sobre las espaldas de los contribuyentes.

¿Falta liquidez? Tan sólo habría que reducir los impuestos a la mitad, con la consiguiente restricción del gasto público, para que la liberación de recursos disponibles comience de inmediato a surtir efecto. Por desgracia, y puesto que subir los tributos en período de crisis está muy mal visto entre los votantes, el Gobierno se encargará de pasar la abultada factura del rescate económico a nuestros hijos e, incluso, nietos. ¡Valiente ayuda la que nos presta el Estado! Tan sólo conservo la esperanza de que en algún momento alguien se sume al grito de "con mis impuestos, ¡no!".