Ir al contenido principal

Etiqueta: Innovaciones y nuevas tecnologías

Adoctrinamiento escolar

Con el rimbombante nombre de Educar para crear, el proyecto se ha puesto en marcha en Asturias y pretenden extenderlo al resto de España. Aterra escuchar a una de sus responsables decir que "hemos convertido a los niños en creadores". Si tenemos en cuenta el comportamiento de muchos de los autodenominados "creadores" españoles es para ponerse a temblar. ¿Acaso les están enseñando a insultar a quienes no defienden sus posturas políticas, a criminalizar a todo aquel que no comparta sus puntos de vista sobre propiedad intelectual y a pedir subvenciones sin ton ni son? En realidad no, en lo que les adoctrinan es en el mantenimiento del caduco modelo de negocio que todavía mantiene la industria cultural.

En este lavado de cerebro al que se somete a los estudiantes, no se respeta ni siquiera la copia privada, que está reconocida por la legislación y en la que se justifica el canon digital. Tras las sesiones de adoctrinamiento se les preguntó a los alumnos si les parecen correctas dichas copias, a lo que respondieron que "lo que tendría que ser es todo original" o "cd originales por favor, cd originales". Y todo ello con el apoyo del Gobierno a través del Ministerio de Cultura y en un futuro con el de Educación. Por supuesto, para garantizar el éxito de estas técnicas ideologizadoras, no se conforman con dirigirlas a los adolescentes, sino que ya trabajan también sobre las mentes de los alumnos de primaria.

Cedro, la BSA, NBC, Microsoft y demás entidades privadas implicadas en el proyecto tienen derecho a intentar convencer a todo el mundo de sus planteamientos. Pero lo que resulta escandaloso es que lo hagan con apoyo de una universidad pública y del Gobierno, así como que los colegios ofrezcan a los menores para participar en esas sesiones de adoctrinamiento. Se utilizan los impuestos de los ciudadanos para adoctrinar a los menores y difundir unas ideas que se presentan como verdades absolutas pero que tan sólo responden a unos intereses particulares. La propiedad intelectual dista mucho de ser algo indiscutible. De hecho, los recursos públicos utilizados en este proyecto salen también de las cuentas corrientes de quienes pensamos que la propiedad intelectual es una ficción que supone una restricción de la libertad.

El nuevo sector motor de la economía

Ante el parón del sector de construcción, considerado "motor" por el arrastre que supone de otros sectores al inducir demanda en ellos, la economía española (¿o tal vez el Gobierno?) necesita otro sector que pueda arrastrar inversiones y genere actividad económica que de alguna forma sustituya a la perdida, como si este fuera todo el problema de la crisis en que estamos metidos. Y el señor Sebastián opina que este nuevo maná podría venir de las telecomunicaciones.

La idea no va desencaminada, puesto que en este sector se asiste a una renovación tecnológica continuada, que exige desembolsos constantes de los agentes para disponer de una red con la tecnología adecuada a las necesidades de los consumidores. Además, en el momento actual, muchos los operadores están planteándose el despliegue de fibra óptica para sustituir al tradicional par de cobre, lo que exigirá considerables inversiones en obra pública, aparte de equipos y nuevos terminales.

Sin embargo, al lado de esta voluntad de los operadores, existe la de infinitos reguladores dispuestos a sacar juguillo a estos activos para fines de todo tipo y calado.

Ahí tenemos a la Comisión Europea en primer lugar, apuntándose la Eurotarifa, consistente en la regulación más antigua del mundo: la fijación de precios máximos de venta. En este caso, de los precios de itinerancia para los operadores móviles: los de voz y, por qué no, también los de SMS y los de datos.

Pero es que además está tratando de rebajar brutalmente los precios de los servicios de terminación, lo que podría llevar a estos operadores a buscar alternativas de ingresos indeseadas para todo el mercado, como el ya suscitado pago por recibir llamadas, si quieren justificar su viabilidad ante sus accionistas.

No descansa aquí la Comisión Europea, que también propone en el nuevo marco regulatorio la separación funcional (esto es, la expropiación políticamente correcta) de la red de acceso de aquellos operadores a los que les vaya bien el despliegue de la misma. O sea, quitar el juguetito a los pretendidos motores de la economía, cuando estos consigan que funcione.

El Ministerio del propio señor Sebastián también pone su granito de arena, con la instauración de esa barra libre para determinados clientes que constituye el servicio universal, y que han de pagar entre todos los operadores del pretendido sector motor, cortesía del Gobierno para con los ciudadanos. Ciudadanos a los que, por cierto, nunca se les pregunta si a lo mejor preferirían el regalo en metálico en vez de en especie.

Y, no por último menos relevante, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que lleva con la yenka de la fibra óptica desde enero. Que si se va a imponer obligación a Telefónica, que sí la pongo, que no… y todos los agentes mirando a ver cómo termina el baile. Como si eso importara: a estas alturas parece difícil que alguien pueda tener un mínimo de certidumbre sobre la posición de la CMT en este aspecto. Además, dentro de unos meses cambiará parte del Consejo del regulador, por lo que podrían empezar de nuevo los pasitos p’alante y p’atrás.

Podríamos concluir que el potencial sector motor tendrá que liberarse de sus cadenas antes de poder arrastrar ninguna economía. Pero eso sería hablar solo de la punta del iceberg de la regulación en el sector, que es la que asoma en estas breves líneas. De hecho, lo de las cadenas es infravalorar la situación de los pretendidos agentes motores, que es más parecida a la de esos magos que están encadenados dentro de un cofre blindado sumergido en el mar.

No, tampoco compraremos música en tarjetas

Así que han llegado a un acuerdo con SanDisk para poner en marcha el nuevo formato slotMusic, que consiste en tarjetas MicroSD de un 1Gb con un álbum grabado en MP3 a 320kbps y la posibilidad de incluir otro tipo de contenidos, como los vídeos, las letras de las canciones, etc. Las canciones se podrán copiar a cualquier dispositivo sin restricciones técnicas y la tarjeta podrá aprovecharse para cualquier otro uso. Se venderán acompañados de un pequeño adaptador USB para poder ser empleadas directamente en los ordenadores, además de en los reproductores MP3 y móviles que dispongan de una ranura de expansión compatible con este formato. Los gigantes estadounidenses de la distribución Wal-Mart y Best Buy las venderán en sus almacenes a finales de año.

Entiendo que a SanDisk le interese el acuerdo. Supone para la empresa una notable ampliación del mercado disponible para sus tarjetas de memoria, un sector en el que es uno de los principales jugadores. Además, sus excelentes reproductores MP3 Sansa (como el Fuze del que soy orgulloso propietario, o el e270 que tuve que comprar en Estados Unidos) soportan el formato MicroSD desde siempre. Pero, ¿qué ganan las discográficas? Pues, según ellas, que cierto público joven que no se ha comprado un CD en su vida y que emplea su teléfono móvil para escuchar música se decida a entrar en una tienda de una puñetera vez.

Al contrario que otros, yo no creo que el mercado potencial sea tan pequeño. No hay más que ir en el metro o tener sobrinos para darse cuenta de ello. Además, es el tipo de público que a las discográficas les conviene enganchar, porque es joven y tiene muchos años por delante para comprar música. Cierto es que el reproductor MP3 más vendido, el de Apple, no tiene ranura de expansión donde enchufarle una tarjeta MicroSD, y que la mayoría de los móviles carecen de ella, pero cada vez es más frecuente encontrársela, y desde luego hay muchos más aparatos compatibles con este formato que los que había cuando lanzaron el CD. No, el problema no es ese, sino que para ese mercado potencial –y recalco lo de potencial– al que quieren enganchar no tiene ningún sentido hacer algo tan incómodo como ir a una tienda física a por música cuando la puede descargar de internet. Incluso si les da por pagar, es mucho más probable que lo hagan en iTunes o tiendas online similares, a las que muchos pueden conectarse incluso directamente desde el propio teléfono móvil.

Parece claro que las discográficas siguen empeñadas en permanecer en el negocio de vender cachos de plástico en tiendas. Es cierto que hay un cierto número de consumidores que siguen enganchados a los discos físicos, pero son principalmente aquellos que empezaron a comprar música antes de que internet y las descargas se hicieran populares, es decir, los mismos que no usan sus móviles para escucharla. No sólo seguirán bajando en número, sino que no parece que vayan a ser los más receptivos a este nuevo formato. Al final, acabarán comprando discos en slotMusic quienes tuvieran pensado comprar una tarjeta MicroSD de todos modos y, ya que están, ¿por qué no coger una que venga con música?

Se entiende que las discográficas quieran resistirse a abandonar el modelo de negocio que ha dado sentido a su existencia durante su relativamente corta vida. Pero ni siquiera lo mucho que presionan para lograr una legislación que pare las agujas del reloj ni las muchas demandas que ponen contra sus usuarios lograrán evitar lo inevitable.

Crisis e internet

Desde hace meses llevo preguntando a compañeros del sector si creían que la crisis que se cernía sobre nuestro país llegaría a afectar de alguna u otra manera a internet, y en concreto a las inversiones publicitarias en el medio digital. La mayoría han mantenido un discurso optimista, y siempre me han comentado que nuestro sector iba a ir a contracorriente de los demás, y que serían las inversiones en radio, televisión y prensa escrita las que se resentirían.

Los dos argumentos principales para mantener este discurso han sido los siguientes: la inversión en Internet todavía tiene un gran potencial de crecimiento porque sigue siendo en términos absolutos muy inferior a la de los demás medios, en concreto, según Infoadex, el 6% de la inversión publicitaria en medios convencionales en 2007. La segunda razón es que internet es el medio perfecto para asegurar el retorno de la inversión publicitaria, sobre todo cuando en apartados de marketing en buscadores.

Los anunciantes se están comportando de dos modos bien distintos: algunos están reduciendo drásticamente su inversión publicitaria en términos globales y otros están derivando toda o parte de la misma de medios como televisión, radio o periódicos a internet. En el primer caso están los principales anunciantes del país, que son empresas muy ligadas al consumo como bancos, empresas de telecomunicaciones o energéticas, que tradicionalmente han destinado parte de su inversión en internet, pero nunca se han parado a medir su efectividad y, por lo tanto, reducen o eliminan su inversión al igual que en los otros medios. En el segundo están aquellas empresas que aún siendo conscientes de la crisis en la que nos encontramos quieren seguir vendiendo sus productos, pero necesitan optimizar más que antes el presupuesto, y el único medio donde se puede medir la efectividad de la inversión publicitaria es internet.

Infoadex, que realiza el control y análisis de la publicidad en España desde hace más de 30 años, ha revelado en su último informe que internet es el único medio, junto a los canales temáticos de televisión, en el que ha crecido la inversión publicitaria, mientras que en el resto de medios ha descendido. Durante el primer semestre de 2008 los ingresos por publicidad en internet han aumentado un 28% respecto al mismo período del año pasado. Aún así es un aumento menor del que estaba pronosticado a principios de año, que los estudios situaban en torno al 50%.

Por lo tanto, la crisis también se nota en la inversión publicitaria en internet, que no crece lo que debería, pero aún así crece y por lo menos hace desaparecer los fantasmas de principios de 2000 para nuestro sector. Lo bueno de esta crisis es que el anunciante está valorando cada vez más los soportes y canales que le aportan un retorno de la inversión (buscadores, redes sociales, etc.), y está desechando las soluciones y formatos publicitarios heredados de otros medios, como pueden ser los banners.

Cuando es más fácil piratear que comprar

Diseñado por el creador de Sim City y Los Sims, ha nacido con la aureola de ser el "simulador total", pues con él podremos diseñar una criatura con todas sus características biológicas y controlar su historia desde la evolución de la especie a partir de una bacteria hasta el momento en que alcanza el espacio. En verano se publicó el editor de criaturas y los usuarios crearon 3 millones de especies distintas a la espera de poder emplearlas en Spore cuando saliera al mercado. En suma, que todo apuntaba a que era un lanzamiento muy esperado por los aficionados a este tipo de juegos.

Pero hete aquí que los primeros compradores se encontraron con que el juego era un infierno… pero no porque estuviera mal hecho o no fuese entretenido, sino porque las protecciones incluidas para intentar reducir la piratería son tan incómodas para el comprador que les resulta más conveniente bajárselo por BitTorrent aunque dispongan de una copia por la que han pagado sus 50 dólares. La copia original ha de ser activada por internet al instalarlo, algo que sólo se puede hacer tres veces, y si te pasas has de llamar a la compañía demostrando que realmente has comprado el juego. Hay que estar conectado a internet obligatoriamente, porque cada cierto tiempo el juego "llama" a casa para asegurarse de que es legal. Además, incluye la clásica protección que obliga a tener el juego en el lector de DVD para que funcione.

La reacción de los usuarios ha sido inundar de puntuaciones negativas la página del videojuego en Amazon. Y es que no parece de recibo que sea más cómodo instalarte la versión pirata que la comprada en la tienda. Ni tampoco que pagues por poseer un juego y lo que te ofrezcan a cambio sea más bien un alquiler limitado. Porque quien tenga una copia original sólo podrá jugar mientras EA tenga a bien ofrecer el servicio telefónico de activación, o ellos guarden el ticket de compra. En caso contrario, Spore se convertirá en una caja bonita. Y 50 dólares son muchos dólares para una caja que tampoco es que la haya diseñado Armani.

Quizá el problema de Electronic Arts es, en cierto modo, análogo a las discográficas. Hartos de ver cómo su propiedad intelectual circula como Pedro por su casa por las redes P2P, se dedican a poner todos sus esfuerzos en intentar evitarlo, al menos durante las primeras semanas, a la espera de que los piratas profesionales averigüen cómo saltarse las protecciones y ofrezcan copias desprotegidas. Pero como sugirió otra empresa del sector, mucho más pequeña y que viene del mundo de las aplicaciones para Windows con una mirada menos viciada por las costumbres, lo que debería hacer EA es simplemente ignorar a los piratas. Hacer como si no existieran.

Stardock no incluye protecciones anticopia en sus juegos. "La razón por la que no protegemos nuestros juegos contra las copias no es porque seamos unos tipos estupendos. Lo hacemos porque a la gente que realmente compra juegos no le gusta tener que lidiar con los inconvenientes de esa protección. Nuestros clientes hacen las reglas, no los piratas. Los piratas no cuentan", aseguró en su día su consejero delegado en su blog.

Electronic Arts está aprendiendo esa lección a las malas. No se ha decidido a eliminar las protecciones, pero las está limitando bastante en su próximo lanzamiento, Red Alert 3. No está mal, pero quizá debiera ofrecer una versión de Spore menos exigente con quienes han pasado por caja. No parece que castigar a tus clientes sea la mejor manera de incentivar que compren tus juegos.

Los derechos de los bits

La discusión se inició en Estados Unidos y se extendió a Europa, coincidiendo precisamente con la revisión del marco regulatorio que está realizando la Comisión Europea desde el año pasado. Y acaba de tener un hito con una apretada decisión de la FCC, en la que se obliga a Comcast a cumplir con ella.

¿En qué consiste la neutralidad de red? No es un concepto pacífico, como nunca lo son aquellos términos que llevan en el nombre la trampa. Pero a grandes rasgos se trata de reconocer la igualdad de los bits en sus "derechos" de transmisión por las redes los operadores de telecomunicaciones: que todos los bits sean iguales ante el operador. Dicho de otra forma, que estos no puedan discriminar, dando prioridad a unos sobre otros, entre los bits o contenidos que circulan por su red hacia sus abonados.

Pero es evidente que la igualdad a ultranza de los bits es un poco absurda. Hay bits más importantes que otros bits, por la clase de información que llevan o por la urgencia de la misma, o porque si no llegan de una determinada forma son inútiles. Los operadores siempre han tenido mecanismos para gestionar la red, lo que en definitiva significa priorizar unas comunicaciones frente a otras, para que funcionen de forma adecuada los servicios que se prestan.

Un burdo paralelismo: la igualdad de bits sería como la igualdad de vehículos en nuestras carreteras. Impediría a las ambulancias y bomberos cumplir su función en muchos casos. Las sirenas son el mecanismo de priorización en las vías de tráfico, y a nadie se le ocurriría eliminarlas, mucho menos en aras de un supuesto derecho de los ciudadanos.

Porque, cuando se alcanza el absurdo de los derechos de los bits, es el momento de dar derechos a los ciudadanos. Es cuando la neutralidad de red se disfraza del derecho del ciudadano abonado a recibir todos los contenidos en igualdad de condiciones, con lo que ahora ya la píldora es más fácil de tragar. Los defensores de la neutralidad de red están defendiendo en realidad nuestros derechos.

El otro lado de la moneda es el que siempre tiene un derecho concedido graciosamente: que hay alguien al que tal derecho supone una obligación, lo que seguramente no le hará tanta gracia. En este caso, los posibles sufridores son los operadores de telecomunicaciones, como Comcast, a los que se les pone límite en el uso de su propiedad privada.

De lo que se trata, en definitiva, es de que los operadores de red traten a todos los contenidos por igual, sean suyos o de otros. ¿Quién se beneficia de la situación? ¿El cliente final? No está claro. Más bien los proveedores de contenidos sin red: los Google, Yahoo y compañía que no quieren que los dueños de la red empleen esta propiedad para limitar de alguna forma su llegada (de Google y compañía) al cliente. El viejo truco de lo mío es mío, y lo tuyo, nuestro. Habría que ver qué diría Google si le obligaran a no discriminar entre las páginas indiciadas de su base de datos. ¿En qué orden sacaría los resultados de la búsqueda?

La neutralidad de red no es un debate que corresponda a políticos ni a ciudadanos; solo corresponde a los dueños legítimos de los activos involucrados. Y no quepa duda, estos serán guiados en el debate por las preferencias de los consumidores, sus potenciales clientes. Aquí será cuando los ciudadanos, votando con nuestro dinero, optemos por dar o no derechos a los bits.

¿Por qué Google Chrome?

Dicha iniciativa se desmarca por completo de la actual deriva que ha emprendido la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, en donde las regiones de uno y otro color político pugnan entre sí por llevarse a su plato el mayor trozo de pastel estatal posible. Y es que, mientras la mayoría de las autonomías depositan sus esperanzas en atraer dinero público a sus respectivos territorios a través de subvenciones e inversiones productivas, en base a los criterios de reparto que fije la nueva reforma, Aguirre centra su estrategia en cautivar a compañías y empresarios para que se animen a invertir todavía más en Madrid.

De este modo, la presidenta de la Comunidad se ha vuelto a desmarcar de sus homólogos regionales. No centra sus esfuerzos en un reparto estatal en el que, al fin y al cabo, siempre estará determinado por intereses arbitrarios y partidistas, sino en atraer el mayor número de empresas e inversiones posibles a su región, con el objetivo de crear riqueza y puestos de trabajo. La competitividad se ha convertido en un ámbito clave del sistema autonómico vigente en España, y Aguirre ha sabido verlo, a diferencia del resto.

La ponencia económica que el PP madrileño presentará en su congreso regional va, precisamente, en esta dirección. Dado el creciente número de "barreras" normativas que impone el Estado y las autonomías al libre desarrollo de las actividades económicas, Aguirre pretende garantizar a las empresas la mejor regulación posible. Su "cláusula de normativa autonómica más favorable" permitirá a las empresas beneficiarse de la regulación vigente que mejor responda a sus intereses, sin la necesidad de tener que solicitar nuevas autorizaciones o permisos administrativos para operar en Madrid.

Qué diferencia respecto a otras autonomías, tales como Cataluña, Galicia, Baleares o Andalucía, por citar tan sólo algunos ejemplos. El consejero de Economía de la Generalidad, Antoni Castells, llegó a tildar de "competencia desleal" la política de recortes fiscales emprendida por Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. De hecho, reclamó la intervención del Estado con el fin de imponer un umbral mínimo en materia fiscal, común a todas las regiones, para evitar la deslocalización empresarial que sufre Cataluña desde hace años, ya que las compañías están huyendo en busca de normativas más flexibles.

Una petición muy curiosa la de Castells, quien aboga por un mayor nivel de independencia y autodeterminación para Cataluña, pero que, sin embargo, no duda en acudir al Estado reclamando el establecimiento de un nivel mínimo de impuestos para que la Generalidad no se vea obligada a recortar los suyos. En este sentido, Galicia y Baleares imitan, igualmente, el modelo catalán, imponiendo en sus respectivos territorios restricciones administrativas y obligaciones lingüísticas que en nada favorecen el desarrollo de la actividad empresarial. Basta observar el absurdo conflicto abierto con Air Berlin, en el caso del Gobierno balear, o la denegación del permiso a Pescanova por parte de la Xunta para implantar una de las piscifactorías más avanzadas del mundo en Galicia, arguyendo motivos ecológicos del todo irrelevantes.

Asimismo, Andalucía y Extremadura siguen encabezando la lista de regiones con menor nivel de renta per capita y mayor tasa de paro, pese al ingente volumen de recursos que han percibido a lo largo de estos años gracias al denominado modelo de "solidaridad interterritorial", en el que las autonomías más ricas se dedican a subvencionar a las más pobres. En nada han mejorado su situación económica si se compara ésta en términos relativos con respecto a hace 20 o 30 años.

Aguirre, una vez más, ha demostrado ser la presidenta regional más lista de la clase, adelantándose al resto de sus compañeros. Mientras algunos se copian entre sí en los exámenes para obtener finalmente un suspenso en materia económica, otros se dedican a hacerle la pelota al profesor (en este caso, Zapatero y su ayudante Solbes), con el objetivo de rascar lo máximo posible al Estado y vender el aprobado como un éxito a sus electores. Sin embargo, la presidenta madrileña, aprovechando las debilidades que detecta en el resto de sus homólogos, aspira al sobresaliente, centrando su política en atraer capital, trabajo y empresas a su región. Chapó.

Cambio de ciclo

Google ataca el único monopolio que tiene Microsoft en internet, el navegador se convierte de nuevo en caballo de batalla justo a la vez que se está decidiendo cual es el sistema operativo y/o navegador que se impone en los teléfonos móviles.

Google afirma que con este navegador sólo quiere fomentar la innovación y la competencia, y que por eso seguirán financiando Mozilla, por lo menos hasta 2011. Esta fecha parece no estar elegida al azar y puede marcar el fin de la financiación de productos como Firefox por parte de Google, justo cuando Chrome tenga una cuota de mercado aceptable. Durante esos cuatros años se pueden desarrollar diferentes versiones del navegador y hacerlo llegar a la mayoría de mercados que son interesantes para la multinacional. Llegados al 2011 Mozilla deberá caminar sólo si el precio de la financiación hace insostenible mantener dos navegadores.

Pero vayamos a lo práctico, ¿qué ofrece el navegador de Google? ¿Puede existir un progreso significativo en un navegador web? La primera gran diferencia con su principal competidor, Internet Explorer, es que Chrome está basado en código abierto, por lo que cualquiera puede modificarlo y mejorarlo. La segunda es que Google pretende convertirlo en una plataforma para aplicaciones, en principio las suyas propias. El gigante plantea integrar las búsquedas con su sistema Google Suggest, y al parecer se están desarrollando otras aplicaciones que toman como base productos de Google (Adsense, Analytics, etc.) para integrarlos en esta navegador/plataforma. Y la tercera es su velocidad, su motor JavaScript v8 hace que se puedan ejecutar de una manera más rápida procesos comunes y aplicaciones futuras que necesiten mayor capacidad de procesamiento. Por lo tanto, sí parecen existir mejoras significativas que hacen que merezca la pena probar este navegador y comparar. Por ahora sólo existe una versión beta para usuarios de Windows, los usuarios de Mac y Linux tendremos que esperar para poder probarlo.

Este nuevo paso de Google resulta, cuanto menos, inquietante, ya que es casi lo único que le faltaba para estar presente en todas las actividades de un usuario en la red: búsqueda, contenido, análisis, publicidad y, ahora, navegación. Habrá tiempo para observar qué hace Google con toda la información que recoge de estas actividades, pero lo que sí demuestra a día de hoy el lanzamiento de Chrome, sumado a muchos otros, es que indica un cambio de ciclo en el mercado de las tecnologías de la información, en el que Microsoft va siempre a remolque de las iniciativas que proponen empresas como Google o Apple.

Por una internet petrificada

Los argumentos favorables a imponerla por ley parecen encuadrarse en dos grandes tendencias. La primera es la demagógica, la de quienes hacen salir al coco asegurando que nos esperan los mayores males a la vuelta de la esquina si no se impone por ley que las operadoras de telecomunicaciones gestionen sus propiedades como a ellos les parece bien. Por ejemplo, asegurando que cortarán el acceso a Google o Yahoo si éstos no les pagan un extra.

La cruda realidad de que jamás ningún operador lo ha hecho, pese a que las leyes no les imponen el mantenimiento de neutralidad alguna. Y no ha sido así porque sería estúpido y contraproducente para ellas: a sus clientes no les haría ninguna gracia y previsiblemente se largarían a la competencia. El único incumplimiento real de la neutralidad en países como Estados Unidos o España es la medida adoptada por algunos operadores, como Ono en nuestro país, de poner impedimentos técnicos al tráfico P2P. El objetivo: reducir costes y poder ofrecer un servicio más barato y mejor a sus clientes (a los que no emplean la mula o el torrente, claro).

Pues bien, recientemente el organismo regulador estadounidense, el FCC, ha fallado en contra de Comcast por esta práctica en una estrecha votación de tres contra dos. Una victoria para quienes apoyan la imposición de la neutralidad en la red, aunque paupérrima, porque aunque el organismo castiga a la operadora por discriminar "arbitrariamente" entre tipos de tráfico y no informar a sus clientes de sus políticas, reconoce la necesidad de hacer una gestión de su red "razonable" y la posibilidad de imponer limitaciones a los usuarios que más consuman. La reacción de la compañía era esperable, y ha consistido en variar el modo en que restringe el ancho de banda que pueden emplear sus clientes. A partir de ahora, quienes consuman más de 250 gigabytes al mes serán avisados de que se están excediendo un pelín, lo que podría acabar derivando en una cancelación del contrato.

Los mismos que hacen campaña por una red neutral han pasado a poner el grito en el cielo por esta nueva limitación. Aunque 250 gigabytes sea una cifra más que suficiente para las necesidades actuales, incluso si se emplea el P2P, preocupa que en un futuro próximo no dé de sí, especialmente si empieza a popularizarse el vídeo en alta definición. Lo que me lleva al segundo tipo de argumentos favorables a imponer una red neutral, los que ignoran por completo el hecho económico básico de que "no hay comida gratis". Gestionar una red y disponer de las infraestructuras necesarias para que el ancho de banda sea suficiente para los clientes tiene un coste, que al final tendrán que pagar los usuarios de un modo u otro, o la operadora quebrará y se quedarán todos sin servicio. Sin duda, todas las operadoras podrían ofrecer anchos de banda garantizados (es decir, que correspondieran a la cifra que se da como máximo) sin límite mensual de tráfico, pero pocos usuarios estarían dispuestos a pagar la cifra que haría rentable esa oferta. De modo que se buscan las castañas para ofrecer un servicio cuyo coste sea más ajustado que ese ideal al que todos querríamos llegar.

Romper la neutralidad en la red es una de las maneras en que pueden hacerlo. Quizá no sea el mejor, y puede que los límites que ha propuesto Comcast sean una manera más apropiada. En todo caso, debería tener la libertad de escoger la mejor vía, siempre que informe a sus clientes, claro, que es el único cargo contra la empresa que me parece que tiene sentido. Porque sólo con libertad pueden probarse nuevas soluciones, más creativas, para intentar reducir el hueco existente entre las expectativas de los clientes y las duras realidades económicas. Quienes defienden una "red neutral" se fijan sólo en los extremos de la red, en las nuevas aplicaciones que se pueden crear para ella, pero para que éstas funcionen correctamente hace falta también que se innove dentro de las redes, tanto técnica como empresarialmente. Y la mejor manera de lograrlo, o más bien la única, es siendo libres de intentarlo. Coartar esa libertad por medio de la regulación es una vía segura para maniatar a las operadoras y petrificar el desarrollo de internet.

Intervencionismo en los videojuegos

Sin duda muchos se alegrarán, pero la realidad es que resulta un tanto inquietante este reforzamiento del nefasto papel del Estado como agente con la capacidad de decidir qué es cultura y qué no lo es. Y más todavía si tenemos en cuenta los antecedentes de este tipo de políticas. El primer Gobierno del mundo que se otorgó esta potestad fue el del muy autoritario Bismarck. En 1871, el "Canciller de Hierro" creó el Kulturkampf (Impulso cultural).

Se trata de un modelo que después mejoraría Hitler con el primer Ministerio de Cultura, y Lenin con las casas de cultura. El modelo se suaviza algo con la creación del primer ministerio occidental de este tipo por un generalote francés apellidado De Gaulle, quien pone al frente del invento a un André Malraux que había sido la estrella de un "Congreso por la Defensa de la Cultura" organizado por la KGB. Por supuesto, todos los departamentos de este tipo existentes en la actualidad están copiados del galo, que a su vez bebe de los anteriores.

Y si esto ya de por sí es malo, los efectos visibles de la decisión tomada ahora en Alemania también son nocivos para ese país y para todos aquellos en los que se le imite. Ya tenemos un sector más en el que muchas personas vivirán a costa de los ciudadanos. Si consideramos las empresas de videojuegos como parte de la industria cultural, habrá que otorgarle los mismos privilegios que al resto del sector. Y estos pueden ser varios. En España se podría traducir en subvenciones a mansalva, con lo que nacería toda una constelación de creadoras de productos de mala calidad que apenas tendrían ventas, pero vivirían del dinero ajeno salido de los impuestos. O podría dar pie a un precio fijo que los vendedores apenas podrían modificar, como ocurre con los libros. Incluso podrían modificar la Ley de Propiedad Intelectual para incluir a los desarrolladores y editores de videojuegos entre los beneficiarios del canon digital.

No vamos a negar la calidad cultural de algunos videojuegos. Las bandas sonoras, la calidad de los gráficos o las tramas argumentativas de ciertos títulos los convierten en auténticas obras de arte. Pero eso sólo se puede aplicar a algunos. Otros están a años luz de merecer tal consideración. Lo mismo ocurre con los libros, las películas o las canciones. En cualquier caso, en todos estos tipos de obras son los ciudadanos, y nunca los políticos, quienes deben otorgarle, o no, la categoría de cultura. Es una mala noticia que, una vez más, los estados hayan aumentado sus prerrogativas, también en este terreno.