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Los Bancos Centrales, que nacieron para financiar directamente los déficits públicos de los Gobiernos (así ocurrió con el Banco de Inglaterra, o, en España, con el Banco de San Carlos), evolucionaron más tarde hacia una especie de monopolios públicos destinados a proteger a la bancos comerciales de sus desmanes, excesos e irresponsabilidades, a cambio de que éstos les sustituyeran como paganos de los ingentes endeudamientos estatales. De esta manera, los Estados han logrado sufragar políticas tan represoras de la libertad individual como la educación pública adoctrinadora, las guerras de agresión o la expansión del dispendio social.

La libertad no ha sido la única víctima de esta permanente línea de crédito de la banca al Estado. Los más claros efectos económicos de este estado de cosas han sido las inflaciones galopantes, que han horadado el poder adquisitivo de los ciudadanos, y unos ciclos económicos que han arruinado a millones de inversores, atraídos con engaños a burbujas especulativas artificiales.

La connivencia entre la banca y el Estado está presente, en mayor o menor medida, en todos los países del mundo. En España, por ejemplo, hemos tenido abundantes ejemplos de ello en las últimas semanas.

Ante las sensatas palabras de Eduardo Zaplana sobre los problemas de liquidez que afronta el sistema bancario español, tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía saltaron al unísono para defender a las entidades de crédito. Solbes empleó términos tan rotundos como "lamentables" o "irresponsables" para referirse a las declaraciones del portavoz parlamentario del PP.

Sin embargo, no queda tan claro que esos temores sean del todo infundados. El Financial Times publicaba a principios de febrero que los bancos españoles habían acudido en masa al Banco Central Europeo para solicitar la liquidez que necesitaban y que no les proporcionaba el mercado. Sólo en diciembre pidieron prestados 44.000 millones de euros, frente a la media de 20.000 registrada en los meses anteriores.

Además, y esto fue muy poco comentado en España, el colateral que aportaron los bancos españoles para recibir la liquidez del BCE consistió, en su mayoría, en bonos hipotecarios, para los que, a día de hoy, no existe mercado. Dicho de otra manera, los bancos españoles sobreviven porque el BCE les presta contra unos activos contra los que casi ningún inversor privado quiere prestar. ¿De qué saludable situación estamos hablando?

Lo cierto es que, si las tasas de morosidad llegaran a repuntar en España (lo cual no es nada improbable, habida cuenta la crisis económica y de la subida del paro) y, como consecuencia, esos bonos hipotecarios llegaran a ser degradados por las agencias internacionales de calificación de riesgo (tal y como ha sucedido en EEUU), ni siquiera el BCE podría, según sus estatutos, prestar a los bancos españoles, de modo que éstos afrontarían una auténtica suspensión de pagos.

Con un repunte de la morosidad, a este problema de liquidez se le añadiría otro de solvencia, por cuanto los activos hipotecarios perderían buena parte de su valor. El Banco de España trata de crear una ficticia sensación de confianza diciendo que las provisiones actuales de los bancos suponen más de un 200% de los créditos dudosos. Sin embargo, tal y como ha calculado el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, sólo con que la morosidad alcanzara la media del período 97-99, las provisiones actuales ya serían insuficientes para cubrirla. Y si llegara a situarse a los niveles de la última crisis económica (92-96), la banca tendría que captar más de 120.000 millones de euros para reponer las pérdidas, lo que supondría su descapitalización de facto.

Quizá por ello, el Gobierno ya ha empezado a aplicar medidas tendentes a asistir a la banca, aun cuando las camufle como medidas para beneficiar a las familias españolas.

Ayer mismo, Solbes prometió la gratuidad de la ampliación de plazos de las hipotecas, ante lo cual la banca aplaudió con las orejas. No obstante, Ausbanc, la asociación de consumidores de servicios bancarios, sostuvo que con tal medida sólo se pretende contener la morosidad, que ya está empezando a preocupar a los bancos.

Lo cierto es que la promesa de Solbes es una adaptación de otros planes que ha intentado implantar Bush en EEUU a raíz de la crisis subprime pero que han fracasado de manera estrepitosa. También allí la congelación de los tipos de interés o las ayudas estatales a las familias más endeudadas eran una manera de prolongar el endeudamiento vital de los ciudadanos en beneficio de un sector financiero que los ha atraído con unos tipos fraudulentamente bajos.

En EEUU ya están cayendo los precios de las viviendas, de ahí que a las familias más endeudadas les traiga a cuenta dejar vencer sus hipotecas en lugar de continuar pagando intereses. En España podría llegar a ocurrir lo mismo cuando el pinchazo de la burbuja inmobiliaria se manifieste en caídas importantes de precios. La banca teme esta situación, a la que no podría hacer frente de ningún modo. Por eso acepta cualquier remedio que incentive a las familias a seguir pagando.

Por si el anterior pasteleo fuera poco, el 25 de enero el Gobierno aprobó que el ICO avale los fondos de titulización de activos con 3.000 millones de euros, pero ya se rumorea que podría ampliarse hasta los 10.000 millones y para cualquier tipo de activos inmobiliarios. Sin entrar en demasiadas complejidades financieras, con estas operaciones el Gobierno está comprometiéndose a pagar en caso de que miles de deudores hipotecados no lo hagan. Dicho de otro modo: está trasladando a los contribuyentes el coste de un posible impago generalizado de hipotecas.

La finalidad de este aval es, simple y llanamente, permitir que los bancos puedan desprenderse de esos activos con mayor rapidez, para que así la morosidad no la sufran ellos, sino todos los españoles.

Se trata de algo similar a lo que sucedió en EEUU. El Tesoro venía prestando aval explícito de 2.000 millones de dólares (bastante menos que lo pretendido por ZP) a las dos principales empresas hipotecadoras, Fannie Mae y Freddie Mac, lo cual permitió a éstas elevar su solvencia aparente y extender el crédito hacia actividades mucho más arriesgadas, tal y como denunció Greenspan durante sus últimos años al frente de la Reserva Federal.

En aquel momento sólo el congresista republicano Ron Paul se atrevió a exigir el fin del aval explícito, para evitar que los contribuyentes soportaran las pérdidas futuras de esas dos empresas. Nadie le hizo caso, pero el tiempo, como en tantos otros asuntos, le ha dado la razón: en el tercer trimestre Freddie Mac perdió 2.000 millones de dólares. Pero lo peor está por llegar: esta empresa, con un capital de sólo 42.000 millones, tiene una exposición a las hipotecas subprime de 120.000.

¿Estamos repitiendo en España los mismos errores que en EEUU? De momento, eso parece. La única diferencia a nuestro favor es el superávit de las arcas públicas; que, sin embargo, podría ser engullido por el gasto social que tanto PP como PSOE prometen en plena orgía electoral.

Es hora de terminar con la estrecha relación entre la banca y la política, que sólo daña a la gente honrada: ahorradores, trabajadores, empresarios e inversores que no se cobijan bajo la sombra del poder. La estabilidad financiera y la austeridad presupuestaria que el fin del intervencionismo bancario conllevaría serían dos de los principales baluartes en la protección de la libertad.

La pregunta que nos hacemos todos es qué va a tomar el relevo. Dado que la música y el cine nos gustan y los encontramos valiosos, ¿cómo pueden apañárselas sus creadores para ganar dinero si no pueden hacerlo con las copias, como hasta ahora?

En momentos de cambio como éste, de vez en cuando alguien da con algo importante y escribe un artículo que permite vislumbrar, al menos en parte, ese futuro. Lo hizo Chris Anderson con su libro The Long Tail. Y lo acaba de hacer Kevin Kelly en una anotación en su blog, en el que va escribiendo apuntes sobre los asuntos que formarán parte de su próximo libro. Si aquello que se puede copiar es superabundante, deja de tener valor, pero entonces lo que no se puede copiar se convierte en algo escaso y, por tanto, existen serias posibilidades de hacer dinero con él, argumenta Kelly. Así, identifica ocho cosas que son "mejores que algo gratis", a las que llama generativos, por aquello de generar valor:

1. Inmediatez. No es raro pagar por tener algo cuanto antes. Piensen si pagarían más por ver ciertas películas la noche del estreno.
2. Personalización. ¿Cuánto daríamos por disponer de un software conocido pero personalizado a tus necesidades, o por una canción ecualizada para las características de tu habitación y sistema de sonido? Del mismo modo, poseer un periódico que se ajustara a los temas de tu interés no tendría precio. Es decir, que lo tendría.
3. Interpretación. Es lo que utilizan muchas empresas de software libre, que te dan el producto copiable gratis pero te ayudan a interpretarlo correctamente (hacerlo funcionar, vamos) a cambio de costosas horas de soporte técnico.
4. Autenticidad. Es importante asegurarse de que aquello que te preparas para a disfrutar es lo que crees que es. No hace mucha gracia estar descargando Superman IV y encontrarte con que en realidad estabas bajándote una porno. Claro que igual te lo mereces por querer ver semejante porquería de película.
5. Accesibilidad. Según baja el precio de copiar algo, el de mantener esas copias se encarece cada vez más. Sin duda, sería mucho más cómodo pagar a una empresa para poder descargar la película que te gusta en un par de minutos cuando la quieras ver en lugar de tener que grabarla, etiquetarla y ordenarla, para más tarde buscarla cuando la necesites.
6. Encarnación. ¿Cuánto pagarías por tener a tu artista preferido actuando para ti y los tuyos en tu casa? Un libro podrás descargarlo y, no dentro de tanto, leerlo en un lector digital cómodo pero, ¿y el placer de tener una versión impresa, con su tacto, su olor…?
7. Mecenazgo. A la gente le suele gustar pagar a los creadores, pero según sus propias reglas, es decir, que sea el dinero que estimen conveniente y que no les sea difícil. Radiohead ha demostrado que el sistema puede funcionar realmente bien. Antaño los artistas necesitaban de grandes mecenas; ahora pueden optar por una multitud de pequeños donantes.
8. Encontrabilidad (sí, hay que buscar un palabro que suene mejor). Cuando cada vez hay más productos audiovisuales, cada vez es más difícil siquiera saber de la existencia de lo que te gusta. ¿Cuánto pagaríamos porque un experto –sea humano o computerizado– nos buscara y encontrara cosas nuevas que nos gusten, en lugar de tener que navegar nosotros entre una cada vez más numerosa maraña de productos? A mí, de hecho, me están pagando ahora mismo por ayudarles a encontrar las teorías de otra persona.

Todas estas posibilidades están disponibles para sacar dinero de los contenidos, y eso sin recurrir siquiera a esos anuncios que, como indica Kelly, parece ser la solución actual para todo. Seguramente, algunos o muchos de estos generativos no sean aplicables para un producto concreto, pero son vías a explorar por parte de esas empresas que actualmente están viendo el abismo abrirse bajo sus pies.

Pero, sobre todo, lo que nos permite recordar este amplio abanico de posibilidades es que internet y las nuevas tecnologías no "matan" a la música ni a los artistas, como se empeñan en hacernos creer. Lo que destruyen es sólo un modelo de negocio. No es algo tan importante como para derramar lágrimas por él.

Vamos, que si todos los españoles nos pusiéramos de acuerdo en comprar Yahoo por ese precio, nos saldría a unos 666 euros por cabeza. Por favor, guárdense todos los chistes que sé que se les acaban de ocurrir con Bill Gates como protagonista. Son ustedes muy malos.

Segundo, porque aunque todo saliera como desea Microsoft, antes de final de año no habría acabado el proceso de compra, y a partir de ahí tendríamos el follón de la integración entre ambas empresas para que pudieran tener lugar las sinergias que asegura la empresa de Redmond que les ahorrarían 1.000 millones de dólares al año. Habría que ver qué sucede con los servicios equivalentes de ambas empresas, desde el correo electrónico a la mensajería instantánea. De hecho, precisamente en estos dos ámbitos las autoridades estadounidenses antimonopolio igual deciden que tienen algo que decir, pues tienen la fea costumbre de considerar monopolio a quien tiene mucho éxito, por más que lo que ofrezcan sea gratis, las alternativas de sus competidores también y cualquiera pueda cambiarse de proveedor con un simple click.

Además, mientras que Yahoo es una empresa de internet, Microsoft no. Toda su cultura empresarial y toda su directiva está moldeada bajo el esquema que le ha procurado éxito y fortuna: la venta de software. Algo bastante incompatible con internet, que funciona en general regalando servicios y ganando dinero con publicidad. Que tengan éxito en su empeño, que no es otro que desafiar la primacía de Google ("El mercado de la publicidad online está cada vez más dominado por un solo jugador. Juntos, Microsoft y Yahoo pueden ofrecer una alternativa competitiva", decía la carta de Ballmer anunciando la oferta), depende no sólo de que tengan éxito integrando los servicios integrables y respetando a los usuarios tanto de una empresa como de la otra. Depende, sobre todo, de que Microsoft no se limite a comprar Yahoo sino que adopte la filosofía de ésta, al menos en lo que a internet se refiere. Una buena manera de evaluar este punto, si la operación llega a buen puerto, será ver si Yahoo es obligado a abandonar el software libre que emplea en sus servidores para sustituirlo por el de Microsoft.

Por otro lado, tenemos la posibilidad de que otros compradores quieran meterse en la subasta. Se habla de Murdoch y de AOL-Time Warner. Pero el sobreprecio del 60%, y la gran reserva de dinero en efectivo de Microsoft (21.000 millones de dólares al cierre de 2007), casi garantiza que aun en el supuesto de que entraran, lo único que conseguirán será elevar el precio. Lo cual, por cierto, sería una muy buena razón para hacer una oferta, pues debilitarían financieramente a un importante competidor.

Pero si estamos todos excitados y nerviosos ante esta compra es porque se trata de un movimiento que potencialmente podría cambiar la faz de internet a la que nos hemos acostumbrado estos últimos años. Un Microsoft que no llega a tirar hacia adelante, un Yahoo en lento declive y un Google dispuesto a comerse el mundo. Es evidente que la empresa de Redmond ha visto que buena parte de su futuro depende de estar bien situado en internet y ser capaz de desafiar la primacía de Google. Se ha dado cuenta también de que por sí sola no es capaz de competir; en este sentido, la compra podría considerarse similar a la de YouTube, producto del reconocimiento del fracaso de Google Video.

De tener éxito, en todos los sentidos apuntados, este movimiento podría crear un jugador capaz de competir con Google. Pero si la compra resulta ser un fracaso, convirtiéndose Yahoo en una subsidiaria más de Microsoft sin capacidad alguna de influir en la filosofía empresarial de su propietaria, eliminará del tablero al único suficientemente bien situado aún para poder hablarle de tú a tú al gigante de las búsquedas. Habrá que sentarse, esperar y ver.

La razón es la llamada Ley Lang, que impone un precio fijo de los libros e impide descuentos mayores al 5%. Vamos, una ley tan absurda y contraria a la libertad como la española. Esta normativa es una de tantas razones por las que sería un desastre que Sarkozy recuperara a Jack Lang como ministro de Cultura, posibilidad que apunta, temeroso, Carlos Semprún.

No obstante, Amazon respeta –qué remedio– el precio fijo del libro. Pero es que esa ley no acaba ahí. También prohíbe vender a pérdida y asociar un servicio gratuito con la venta, que son las razones por las que ha sido condenado, por el momento, a pagar 100.000 euros al Sindicato de la Librería Francesa, el demandante, y otros 1.000 al día mientras no suspenda el servicio de envío gratuito. Y aquí viene lo sorprendente. En lugar de agachar la cabeza, murmurar un "sí, señor" y obedecer al tribunal, Amazon ha decidido pagar la multa y organizar una protesta online contra la decisión, que por el momento ha sido suscrita por 120.000 personas.

"Francia podría ser el único país del mundo donde el envío gratuito de Amazon sea declarado ilegal", aseguró Bezos en un e-mail enviado a sus clientes franceses. El desafío, no obstante, podría salirle caro. Tras un mes, el tribunal deberá decidir si suspende la multa, la mantiene o la aumenta. Y me da que a los jueces no les va a hacer mucha gracia encontrarse con una petición de más de cien mil franceses contra su decisión de condenar a una empresa norteamericana. Quién sabe si será contraproducente.

Si a usted le parece absurdo que la ley prohíba dar un servicio más barato a los clientes, bienvenido al club. Sin embargo, hay muchísimas personas que encuentran toda clase de excusas que ofrecer para justificar estas restricciones a la libertad de comercio. La principal es que, sin esta ley, desaparecían las pequeñas librerías y con ellas el placer de pasear entre sus estantes y la ventaja de poder ser aconsejado por un experto, el librero tradicional. El problema, claro, es que evalúan esas ventajas como si no tuvieran más coste que fastidiar a unas pocas grandes empresas, y no es así.

El panorama más previsible después de abolirse estas restricciones sería que los libros más comprados estarían mucho más baratos en grandes superficies y en internet, y muchas pequeñas librerías, al no poder competir en precio en esas ventas, se verían abocadas a desaparecer; los libros menos comunes acabarían siendo comprados, en muchos casos, a través de la red. La gente se ahorraría un dinero que podría emplear en otras cosas, generando empleo en otros sectores, o se decidiría por comprar algún libro porque al precio más reducido le conviene.

O puede que no. Es posible que un número suficiente de consumidores valorase el servicio que prestan esas pequeñas tiendas por encima del ahorro en dinero que le supondría comprar en otra parte. Pero, en todo caso, no es una decisión que le competa a los libreros, los jueces y los políticos. Somos los consumidores los que debemos tomarla haciendo uso de nuestra libertad de elegir.