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Esta decisión, adoptada por diversos organismos públicos en todo el mundo, ha hecho que muchos se planteen preguntas que hasta entonces no habían pasado por su cabeza: ¿es racional depender de la voluntad de una empresa para asegurarse el acceso a los propios datos? ¿Es legítimo que lo haga un Gobierno?

Un formato es la estructura en la que un conjunto de datos se guarda en un fichero. Por ejemplo, cuando editamos un documento en un procesador de textos, al guardarlo en un fichero éste contendrá no sólo las palabras que hemos escrito, sino también el tipo de letra empleado, los márgenes de la página, la disposición de los párrafos, etcétera. Para que una aplicación pueda luego recuperar toda esta información sin pérdida alguna, estos datos deben almacenarse de una manera preestablecida. A esa forma única de guardar la información se la denomina formato.

Cualquier persona que utilice un ordenador está abocada a lidiar con múltiples formatos de infinidad de tipos distintos de información. Puede escuchar música en formato MP3, observar imágenes en formato JPG, escribir sus documentos en formato DOC, leer páginas web en formato HTML, contemplar animaciones en formato SWF o ver vídeos en formato AVI, entre infinidad de otras opciones.

Todo formato mínimamente importante está perfectamente documentado para que la aplicación que debe abrir ficheros que tengan esa estructura concreta pueda hacerlo correctamente. La diferencia entre un formato abierto y otro cerrado es que en este último caso esa documentación solo está disponible dentro de la organización, generalmente una empresa, que ha creado la aplicación que trabaja con ella, mientras que los formatos abiertos son aquellos sobre los que existe una información completamente disponible a todo el mundo. Se podría considerar como un caso intermedio aquellos formatos a cuya documentación se puede acceder previo pago de una licencia, pero a casi todos los efectos –excepto, quizá, a los que se refieren a la legislación de protección de la competencia– resulta un caso equivalente al de los formatos cerrados.

Las ventajas de los formatos abiertos

Un anuncio televisivo ha hecho popular la llamada pirámide de Maslow. Según escribió el psicólogo en su Teoría de la motivación humana, de 1945, los seres humanos tenemos una escala de necesidades que vamos cubriendo en orden. Así, mientras no tuviéramos las necesidades fisiológicas cubiertas (alimento, abrigo, salud, cobijo) no pasaríamos a preocuparnos por el siguiente nivel de la pirámide, la seguridad de tenerlas en todo momento, a salvo de contratiempos. Después de esto vendría la búsqueda de la aceptación social, el amor familiar y romántico; la búsqueda de la estima, propia y ajena, el éxito, etcétera; y, finalmente, la autorrealización.

Puede establecerse cierto paralelismo con el impulso que estos últimos años han tenido los formatos abiertos, especialmente en lo que se refiere a la ofimática. La primera necesidad de usuarios, empresas y administraciones públicas es disponer de procesadores de texto, hojas de cálculo y software de presentaciones que funcionen correctamente y sean cómodos y razonablemente sencillos de utilizar. Pero una vez que existen varias soluciones que garantizan esto, nacen nuevas necesidades. La principal es la seguridad. Actualmente, la mayor parte de nosotros emplea Office; es un estándar de facto. Sin embargo, al emplear esta suite sus propios formatos cerrados, nos ata a Microsoft de por vida. Otras suites ofimáticas han logrado trabajar de forma más o menos aceptable con los ficheros DOC, PPT y XLS, pero no han conseguido una compatibilidad completa. Si queremos seguir empleando nuestros datos, necesitamos recurrir a una empresa específica, por los siglos de los siglos.

En las administraciones públicas, a esto se une la imposición a los ciudadanos que quieran interactuar por vía electrónica con ellas de unas aplicaciones que cuestan su dinero y que sólo oferta una empresa. Es cierto que buena parte de los ciudadanos disponen ilegalmente de esa suite ofimática, pero no parece de recibo que el Estado obligue a sus administrados a cometer una infracción o pagar un impuesto a una empresa para poder cumplir con sus obligaciones. Esa es la razón por la que el Gobierno del estado de Massachussets decidió apostar por los formatos abiertos y obligar a todas sus agencias y empleados a emplear software que los soporte.

En realidad, emplear formatos abiertos es para el Estado algo más importante que emplear software libre. Durante varios años he defendido la conveniencia de que las administraciones públicas tengan en cuenta la licencia de las aplicaciones a la hora de optar por ellas y promuevan el uso del software libre, pero especialmente que el software creado dentro del Estado sea puesto a disposición de quienes lo han pagado por medio de licencias de código abierto. Pero es la adopción de formatos libres la que garantiza a sucesivas administraciones la posibilidad de cambiar de proveedor manteniendo accesible toda la información almacenada hasta ese momento, y emplear esa posibilidad como forma de presión frente a quien fabrique el software que utiliza actualmente.

Por supuesto, a las empresas y organizaciones (pues podemos estar hablando de software libre) que compiten en un mercado específico, los formatos abiertos les resultan de gran ayuda, pues eliminan una importante barrera de entrada, provocada por el efecto red: si la mayoría usa un software específico con un formato cerrado, los demás tienen un incentivo enorme para emplearlo también y así poder enviar y recibir información en el mismo formato que los demás.

Por supuesto, las ventajas de los formatos abiertos han sido conocidas desde hace mucho tiempo por todo tipo de organizaciones y empresas. Así, es natural que cuando Tim Berners-Lee pensara en un servicio de Internet basado en el hipertexto (páginas texto con referencias a otras páginas) al que acabaríamos conociendo como World Wide Web, propusiera un lenguaje sencillo y abierto llamado HTML para implementarlas. Cuando Adobe pergeñó su sistema de creación y lectura de ficheros para imprimir que pudieran transmitirse por vía electrónica, hacerlo abierto –aun cuando no fuera un estándar– permitió que PDF se convirtiera en el formato más empleado dentro y fuera de la red. Lo que ha llegado la hora de plantearse es si las administraciones públicas ya han pasado del primer nivel dentro de esa pirámide de Maslow, y deben establecer legalmente la obligación de usar formatos abiertos. Parece que donde quiera que hay varias opciones alternativas de calidad suficiente, la respuesta en un sí rotundo.

La reacción de Microsoft

La decisión del Gobierno del estado de Massachussets y, sobre todo, los movimientos de la Unión Europea encaminados en la misma dirección llevaron a Microsoft a crear un nuevo formato basado en XML llamado Open Office XML, que es el empleado por las versiones 2007 para PC y 2008 para Mac, de próxima aparición, de Microsoft Office. Presenta unas características similares al estándar ISO 26300 Open Document, que emplean no sólo las suites ofimáticas libres OpenOffice y KOffice sino que es soportada por un gran número de aplicaciones, incluyendo las alojadas en Internet como Google Docs y Zoho Writer.

Tras la aprobación como estándar del organismo europeo ECMA, Microsoft intentó hacerlo aprobar por ISO, mucho más estricto, fracasando en el intento de hacerlo aprobar por la vía rápida. Pero al fin y al cabo, lo esencial de un formato no es si ha sido aprobado por un organismo de estandarización. Muchos de ellos no lo han sido porque éste es un proceso caro que no suele merecer la pena. Todos estos procesos de aprobación o rechazo no deben desviar la atención de la pregunta que debe hacerse al respecto: ¿es un formato abierto sí o no? La respuesta a esa cuestión clave es, me temo, ambigua. Quizá la respuesta más cercana a la realidad es que es un formato abierto tan chapucero que puede considerarse, en la práctica, como uno cerrado.

Hay que recordar lo que decíamos al principio. Un formato es abierto si la documentación está disponible a todos. Microsoft ha cumplido esa parte, pero no completamente. El estándar ECMA está plagado de referencias a formatos propietarios de Microsoft y a aplicaciones de la compañía (el documento indica que varios elementos debe representarse como en Word 95, Word 6 y hasta WordPerfect 5.1, una aplicación con más de 16 años de antigüedad), lo que lo hace imposible de implementar por terceros, por lo que en la práctica puede considerarse como un formato cerrado, aunque menos que los anteriores de la empresa.

Dado que muchos tienen a Microsoft como el temible monstruo empresarial dispuesto a comerse el mundo, asumirán que esos errores son debidos a que sigue deseando tener a sus clientes cautivos de sus productos. En cambio, tiendo a pensar que es más debido a las prisas de sacar un nuevo formato que les permitiera seguir vendiendo a sus clientes gubernamentales y un nueva versión de su suite ofimática que les permitiera que uno de sus dos productos estrella siguiera rindiéndoles beneficios. En cualquier caso, mientras no solucione esos problemas, las administraciones públicas deberían seguir considerándolo como cerrado, pues las razones que existen para no adoptar ese tipo de formatos siguen siendo válidas en lo que se refiere a Open Office XML. No obstante, podría suceder que Microsoft finalmente solucionara los problemas de su especificación, de modo que tampoco hay que cerrar completamente la puerta a futuras versiones.

Conclusiones

Los formatos abiertos favorecen la expansión de información y la competencia. La industria ha sido consciente de ello durante mucho tiempo y por eso existen formatos abiertos para casi todo tipo de ficheros. Sólo en algunos casos concretos, de formatos que han logrado hacerse estándares de facto porque no había aplicaciones equivalentes de similar calidad, los formatos cerrados han triunfados.

No obstante, abrir un formato es un proceso costoso, que en muchos casos no merece la pena abordar, y que en otros puede resultar contraproducente, como es el caso de mercados y empresas muy pequeñas que necesitan mantener cierto control sobre ellos para sobrevivir. Así, no tendría sentido obligar a adoptarlos por ley. Pero sí que las administraciones públicas adoptaran una política de optar por formatos abiertos siempre que exista la opción. La información que todos pagamos por producir debería poder ser accesible siempre, sin depender de la voluntad de terceros.

Como lleva denunciando desde hace tiempo Ana Tudela, primero en El Economista y luego en Público, la sociedad de Teddy Bautista es la oficina de recaudación de fondos para toda una serie de filiales que dependen de él, y cuyas cuentas y objetivos no parecen estar del todo claros.

Toda entidad pública, o toda entidad privada que administre una concesión pública, como sucede con la SGAE y el canon, tiene la obligación de ser completamente transparente. El diezmo que les pagamos en concepto de derechos de autor tiene como objeto, se supone, que los creadores ganen por otra vía el dinero que pierden por la "copia privada". Sin embargo, una parte considerable de lo que gana la sociedad se invierte en una serie de empresas y organizaciones filiales. Según la denuncia, se da el caso de que de una de ellas, Iberautor, no se especifican las actividades porque según la SGAE eso puede "provocar perjuicios" a la sociedad.

La sospecha es que a través de estas filiales, los actuales gestores del chiringuito de Teddy Bautista y José Luis Borau podrían estar beneficiándose de los ingresos del canon, de ahí que se pida a la Fiscalía que lo investigue. No obstante, aunque sea lógico que exista todo tipo de sospechas, hay que recordar que son sospechas y no se tiene constancia fehaciente de ello. La presunción de inocencia alcanza a todos, SGAE incluida. Siempre he pensado que si algo diferencia, o debe diferenciar, a los liberales es recordar siempre que los principios están por delante de las antipatías, por más justificadas que puedan estar.

Ahora, no cabe duda que a la luz de esta denuncia resultan especialmente divertidas las reciente palabras de Teddy Bautista sobre la "concepción humanista" que tiene la SGAE sobre los derechos de autor. Estas gentes "de progreso" siempre hacen lo mismo. Hablan de que la izquierda es quien tiene en cuenta la dignidad de la persona y desprecia el afán de mercantilizarlo todo, pero tanto las posturas políticas que defienden como sus actos suelen mostrar que para ellos la dignidad tiene un valor monetario. Eso sí, no de mercado, porque éste podría darles la espalda. Para ellos, que los consumidores encuentren lo que ofreces lo suficientemente atractivo como para pagarte voluntariamente con una parte de lo que ganan con su trabajo es despreciable mercantilismo, pero que el Estado te conceda privilegios para quitarle al consumidor el fruto de su labor sin su consentimiento es de lo más "humanista".

Es posible, especialmente dadas las buenas relaciones del lobby y el PSOE y la politización de la Fiscalía, que este caso se archive sin investigar siquiera un poquito. Pero en todo caso debería servirnos para recordar que el dinero que recauda la SGAE no se destina sin más a pagar a los autores. La Sociedad General de Autores y Editores destina buena parte a un sinfín de actividades que, nos parezcan bien o mal, legales o ilegales, no son aquellas que esgrimen para defender la supuesta justicia del canon digital. Eso también es corrupción, aunque no sea punible, un "vicio o abuso introducido en las cosas no materiales", que diría la Real Academia. Corrupción del discurso público.

Sin embargo, lo que se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP (para variar) nos pone sobre la pista de que lo que finalmente se apruebe. Esta ley tiene cuatro puntos esenciales que en su día comentó Enrique Dans, aunque su visión sobre ellas sea, para qué engañarnos, bastante distinta a la mía.

El primero y sin duda más polémico es el que se refiere a la posible retirada de contenidos de internet por violar la ley sin que un juez tenga que aprobarlo. Parece que al final no han incluido el polémico artículo 17bis, que es como el Guadiana y aparece y desaparece de vez en cuando, y que permitía a la SGAE obligar a los proveedores a retirar contenidos o desconectar personas que "violaran los derechos de autor". Sin embargo, la ley abre la puerta a que "organismos competentes" no especificados puedan hacer lo mismo que el 17bis permitía a la SGAE; la cuestión es que entre los motivos ya no están los derechos de autor, sólo "la seguridad, la salud, el consumo o la protección de la infancia", lo cual da manga muy ancha a la censura previa. Según el Partido Pirata, "un blog alojado en una página web no es equiparable a un bar clausurable por sanidad ni a un producto retirable por consumo, ni a un anuncio, es mucho más". Es una publicación y debe disfrutar del derecho constitucional a la libre expresión.

Después está la liberación de la información pública. La ley obligará a las administraciones a poner a disposición de todo el mundo –eso sí, sin fecha– todos los contenidos de titularidad pública que sean digitales o estén ya digitalizados. Éstos se podrán copiar, estudiar o distribuir de forma libre pero, ojo, no modificar ni crear obras derivadas. De modo que la gente de Hispalinux ya ha protestado, porque eso elimina una de las libertades clásicas del software libre e impide que sus legítimos dueños, los que hemos pagado la creación de esos contenidos, podamos usarlos como queramos.

Y para terminar, y en términos más económicos, tenemos dos puntos que afectan más a la infraestructura de internet en España. El primero es la llamada "neutralidad de la red", que es una solución en busca de un problema. La idea es prohibir a las compañías de telecomunicación que discriminen en la información que circula por la red y den más prioridad a una que a otra, o impidan el acceso a una parte de internet, etc. El caso es que, hasta ahora, podían hacerlo sin problemas legales y no lo han hecho. En España, excepto el caso de Ono, que se sabe que bloquea el acceso a las redes P2P en algunas zonas por problemas de ancho de banda, no tengo noticias de que suceda pese a que no exista ley que lo impida. La razón es evidente: a los usuarios no nos hacen ninguna gracia esas prácticas y, aunque sea cierto que no hay mucha competencia en el sector, alguna hay, de modo que podemos cambiarnos de proveedor. Regular esto es querer meter al Estado donde ninguna falta hace. Y, por una vez, el Gobierno socialista ha estado de acuerdo en que no es necesario meter la mano de más.

El otro se refiere es la declaración de la banda ancha como un servicio universal, es decir, que exista obligación de llevarlo a toda la geografía española para el 31 de diciembre de 2008. Permitan que me ría con el plazo que dan; parece que piensen que poner unas palabras en papel trimbrado permite la aparición de infraestructuras mágicamente, de la noche a la mañana. Pero plazos aparte, y aun sabiendo que voy a sonar muy políticamente incorrecto, no me acaba de gustar esta decisión. ¿Por qué? Porque lo pagaremos usted y yo. Del mismo modo que un tío de un pueblo perdido de Cuenca no me va a pagar parte del piso, ni debe, con el dinero que se ahorra no viviendo en Madrid no sé por qué debo pagarle yo para que tenga internet. Cada lugar de residencia tiene sus ventajas e inconvenientes y cada persona debería ser responsable tanto de unas como de otras. Eso del "servicio universal" lo defienden muchos como un "derecho". Es decir, como algo que debe sufragar otro porque a ellos les parece bueno que lo disfruten quienes no están dispuestos a pagar lo que cuesta.

En definitiva, la nueva ley ofrece una de cal y otra de arena. El problema es que la amenaza a la libertad de expresión parece mucho más grave que cualquier otra cosa que tengan a bien incluir. Mientras eso no desaparezca, lo demás es lo de menos.

Recientemente la Federación de Sindicatos de Periodistas, como grupo de presión que trata de medrar a costa de la sociedad, emitió un comunicado en el que exigía al PSOE y al PP que se pusieran de acuerdo para aprobar el Estatuto del Periodista:

Reclamamos a Rodríguez Zapatero que el 5 de noviembre, día europeo de reivindicación de un periodismo independiente y de calidad, se comprometa pública y formalmente a promover la regulación del periodismo por ley.

A pesar de que la FESP considera que los periodistas "sufren cada vez más presiones políticas", reclama paradójicamente que esos mismos políticos sean quienes limiten su libertad mediante un Estatuto del Periodista que amordaza al díscolo y lo somete a la supervisión permanente del Estado. Por lo visto, a la FESP le preocupan las presiones políticas en la sombra que socaven la libertad de expresión; sin embargo, le parece totalmente deseable que los políticos entierren esa libertad de expresión con la luz y los taquígrafos del Congreso de los Diputados.

No sólo eso: la FESP denuncia que los medios cada vez están más concentrados, lo que, a su juicio, "reduce el pluralismo informativo que necesita una sociedad democrática". No me cabe duda de lo que este lobby entiende por "pluralismo informativo" y por "sociedad democrática": el pluralismo implica la existencia de muchos medios de comunicación que emitan siempre el mismo discurso antiliberal e intervencionista, y lo de la "la sociedad democrática" no es sino un horizonte reivindicativo que les permita engrosar la billetera.

Sólo es necesario observar cuál fue su postura cuando el CAC se propuso erradicar la única voz discrepante en el panorama comunicativo catalán:

Existen muchas conductas periodísticas contrarias a las más elementales normas deontológicas que no constituyen delito pero que son defendidas por sus autores bajo el paraguas de la libertad de expresión; son éstas las que deben ser sancionadas por un órgano independiente puesto que los jueces no lo van a hacer al no entrar en el terreno delictivo.

Por lo visto, el pluralismo informativo sólo es deseable cuando se da dentro de un código deontológico confeccionado por los burócratas para sancionar conductas no delictivas. ¿Y éstos se preocupaban de la presión política sobre los periodistas?

De hecho, no deja de tener tintes esperpénticos que la FESP proponga la aprobación del Estatuto del Periodista para garantizar el pluralismo informativo amenazado por las grandes corporaciones. La mejor forma de favorecer el pluralismo y la competencia informativa es permitir que cualquier persona pueda crear su propio medio de comunicación: basta observar el caso de los blogs y del periodismo disperso en su lucha contra la manipulación de los mass media.

Pero precisamente el Estatuto del Periodista impone la expedición de carnés concedidos por órganos administrativos para poder expresarse de manera pública. Todo medio de comunicación ha de contar con un director con carné político, incluso las "páginas o sitios en la red de carácter periodístico", esto es, las bitácoras. Los autores de un blog que no se encuentren bajo el paraguas de un director con carné deberán cerrar sus puertas. Como promoción del pluralismo informativo disperso frente a la concentración de los medios no está mal.

A la luz de éstas y muchas otras bellaquerías que contiene el Estatuto del Periodista, la cuestión debería ser por qué la FESP lo defiende de manera tan apasionada. Una ley que cercena libertades individuales y establece de facto la censura previa debería resultar odiosa para cualquier periodista que se precie.

La clave se encuentra, de nuevo, en recordar la manera de operar de los grupo de presión. Todas las potestades liberticidas que contiene el Estatuto del Periodista son otorgadas a un Consejo de Información encargado, entre otras cosas, de expedir los carnés y de aprobar las sanciones a los periodistas que violen el código deontológico. Ese Consejo de Información estará compuesto por 22 miembros, cuatro de los cuales serán elegidos por y entre los sindicatos periodísticos.

La FESP está deseosa de poder controlar quién entra y quién sale de la profesión, y de castigar los "excesos" de pluralismo que atenten contra el código deontológico impuesto por los políticos. De este modo, no sólo se elimina la competencia potencial en el periodismo, sino que se establece un férreo control sobre sus contenidos que impide poner en tela de juicio los privilegios oligárquicos que el propio Estatuto del Periodista instaura.

Pero las prebendas a los sindicatos no terminan en los Consejos de Información. Cada medio de comunicación deberá contar con un Comité de Redacción, por el que los periodistas podrán influir en la postura editorial del periódico. Los sindicatos serán los encargados de diseñar el procedimiento de elección y la composición de esos Comités de Redacción en los respectivos convenios colectivos. Ellos se lo guisarán y ellos se lo comerán; una vez tomado el Comité de Redacción, habrán asumido en la práctica el control del medio de comunicación.

En otras palabras: a la FESP no le preocupa en absoluto la concentración de los medios de comunicación; el hecho de que favorezca la atrofia de los blogs en España mediante el Estatuto del Periodista es prueba de ello. Lo que sí ansía es tomar el timón ideológico de esos medios concentrados. En lugar de crear un periódico, una radio, una televisión o una bitácora con una línea editorial distinta a la de los "grandes grupos", prefieren proceder a nacionalizarlos. Al fin y al cabo, muchos periodistas se sentirían reconfortados convirtiéndose en funcionarios de un monopolio público de la comunicación. ¿A qué otra cosa nos conduce la expedición de carnés o la creación de consejos censores y de códigos deontológicos uniformes?

El Estatuto del Periodista es un disparate y un ataque directo a la libertad individual y la propiedad privada. El hecho de que un sindicato de periodistas lo defienda con ardor no purifica en modo alguno sus ingentes defectos. De hecho, es una muestra de la clase de pasteleos corporativistas que contiene la ley. El pluralismo informativo no se consigue dando el poder a unos políticos parasitarios y a unos trepas sindicales, sino permitiendo la libre creación y gestión de los medios de comunicación.

El problema del experimento de Radiohead es que no es generalizable. Son una banda muy bien establecida, conocida, con una base de seguidores amplia y fiel. Un grupo que empieza u otro que ya tiene sus seguidores pero no llena plazas de toros ni estadios no habría logrado tamaña repercusión mediática con un ofrecimiento así ni habría logrado las ventas de los británicos. Tampoco podría generalizarse el ejemplo de Prince, regalando su último trabajo con la compra del Daily Mail. Básicamente, pocos son tan ricos como para poder permitírselo.

Sin embargo, es Madonna quien ha emprendido una vía que seguramente sea la más transitada por los músicos de aquí a unos años. Ha abandonado a su discográfica y firmado un contrato con una empresa promotora de conciertos. Madonna, esa gran empresaria de sí misma, que ha cambiado con éxito su estilo una barbaridad desde que empezó, siempre al olfato de las nuevas tendencias, parece haber entendido por dónde van los tiros. Y es que la vía principal de ingresos de los artistas serán los espectáculos en vivo y el merchandising. Los discos, aparte de ser el material base, funcionarán sobre todo como forma de promoción.

Habrá quien piense que ese camino también está cerrado a los músicos de menor audiencia. Sin duda, ellos lo tendrán más difícil, pero no cabe duda de que se les irán abriendo nuevas vías para permitirles llegar a su posible audiencia. Ahora mismo, sitios como MySpace o GarageBand les permiten tener una ventana abierta a su público. Lo que les hacen falta son maneras de hacerse notar dentro del maremágnum de internet, mediante sistemas de recomendaciones, por ejemplo, y llegando a oídos de expertos con acceso a medios más masivos que puedan darles cancha en programas de radio o revistas especializadas, por ejemplo. Es decir, han de ofrecer su música gratis y lograr que se les escuche.

Es lo que nuestro compañero Enrique Dans llama la economía de la atención. En un mundo sobresaturado de contenidos de todo tipo, con mil televisiones, radios, artistas, películas y no hablemos ya de la web, es un requisito esencial para hacer negocio ser capaz de llamar la atención del consumidor, algo que seguramente –vista la competencia– llevará necesariamente a ofrecer productos de calidad gratis y cobrando por otras vías una vez que el cliente haya empezado a hacernos caso. Así, los músicos tendrán que asumir que si quieren ganarse las castañas con lo suyo tendrán que trabajar tocando y promocionando sus canciones, que regalarán a quien quiera oírlas.

Esto no se reduce sólo a la música, claro. Tenemos otro claro ejemplo en el anuncio de la apertura de los contenidos de El País en internet, que acaban de anunciar junto a su esperado rediseño del periódico en papel, cuya principal novedad parece haber sido que ya han dejado de ser independientes de la mañana. Casi todos los grandes medios del mundo ofrecen gratuitamente todo o parte de su contenido, esperando generar la atención suficiente como para tener más ingresos de la cada vez más sabrosa tarta publicitaria de internet. Han tenido que pasar de lloriquear por la competencia que hace internet al sacrosanto formato de árboles muertos a plantear la batalla allí donde está el futuro.

Me da que la industria discográfica, en cambio, prefiere seguir sollozando un poco más.

Posiblemente la única empresa que pueda competir de tú a tú con Apple en cuestión de rumorología es Google, y fíjate tú por dónde, lo que se lleva diciendo desde hace meses es que está en proceso de entrar en el mercado de la telefonía móvil con su propio "gPhone".

Hay un problema antes esta hipótesis, claro, y es que quitando las máquinas que ofrece a empresas e instituciones que quieren incorporar en sus webs su tecnología de búsqueda, unos ingresos marginales dentro de su cuenta de resultados, Google nunca ha vendido aparatos de ningún tipo. Y a personas normales y corrientes, como usted o como yo, jamás les ha vendido ningún gadget. ¿Qué razón habría, por tanto, para entrar en un mercado que les es tan ajeno? Probablemente necesitarían de la ayuda de una compañía del gremio con la que compartir beneficios y, suponiendo que tuviera éxito –que posiblemente lo tuviera gracias a la fuerza de su marca, a no ser que el móvil en cuestión fuese una auténtica porquería–, sería otra línea de ingresos marginales dentro de su cuenta de resultados.

Sin embargo, durante los últimos días está cobrando fuerza otra hipótesis: que gPhone sea en realidad un proyecto de sistema operativo para móviles, basado en Linux, con todas las aplicaciones de Google incluidas –Gmail, Picasa, Maps, Calendar, Docs, el buscador, en fin, ya saben, el equipo completo–, que competiría con Symbian y el exitoso producto de Microsoft en ese campo, Windows Mobile. Incluiría todo tipo de facilidades para que los desarrolladores pudieran crear sus aplicaciones para la plataforma, que en principio estaría abierta a todo tipo de dispositivos, fabricantes y empresas de telefonía, que no tendrían que pagar por él ni un duro. Y a Google le permitiría hincar el diente publicitario al sabrosísimo mercado que formamos las personas que vamos por ahí buscando un restaurante para cenar cerca de donde nos encontramos o un cine donde echen la última de la Zeta Jones.

Existen varios indicios que apuntan en esa dirección. El primero es la adquisición en 2005 de la empresa de software para móviles Android, cuyo equipo sería el responsable del desarrollo de gPhone. Otro es el repentino silencio de muchas compañías del sector en todo lo que se refiere a Google, un extraño mutismo que podría ser debido a sus posibles acuerdos con el gigante de Internet para incorporar sus servicios y aplicaciones en la nueva plataforma. Y hay que recordar que Eric Schmidt, el "otro" de Google, ya declaró que la telefonía móvil es el mercado que ofrece mayores perspectivas de crecimiento para la empresa y que han invertido mucho en él. Y, sobre todo, es un camino que tendría mucho sentido y estaría dentro de la filosofía habitual de la compañía.

Claro que puede ser que, precisamente porque es un tan lógico, lo que haya sucedido es que, tras haberlo dicho alguien por primera vez, haya provocado una bola de nieve de rumores fundados no a partir de información real sino de razonamientos y especulaciones. Pero no creo que sea el caso, aunque sin duda podría estar metiendo la pata hasta el fondo con esta predicción. Espero en ese caso haber acertado al menos en el nombre.