La eficiencia es «la mejor combinación de medios para fines establecidos» (Rothbard, 2016: 1). Normalmente, decimos que una cosa es más eficiente que otra cuando su relación utilidad-coste es superior. Por ejemplo, la máquina «A» es más eficiente que «B» cuando, por unidad de input consumido, la primera obtiene mayor output que la segunda; o que «A» es más eficiente que «B» si, a igual rendimiento, la primera consume menos que la segunda.
En la técnica, eficiencia es sinónimo de rendimiento. En el ámbito social, sin embargo, la idea de eficiencia se torna problemática, pues tanto las utilidades como los costes son subjetivos y no son susceptibles de medida. Por extraño que pueda parecernos, «la economía cuantitativa no existe» (Huerta de Soto, 2004: 65). En las empresas, a través del cálculo económico, podemos averiguar si determinada acción ha resultado más o menos eficiente en términos monetarios, algo que llamamos «rentabilidad». Ya en el ámbito social «no puede haber ningún análisis válido o significativo sobre coste-beneficio en las decisiones legales o políticas» (Rothbard, 2016: 3) por las siguientes razones:
Fines diversos
a) Primero, tanto los individuos como los grupos tienen fines diversos y, a menudo, conflictivos entre sí. Por ejemplo, si la máquina «A» requiere la mitad de operarios que «B», sustituir una por otra será útil para la empresa y, tal vez, para ciertos empleados, pero nunca para quienes son despedidos. La «eficiencia social» una secuela del utilitarismo de Jeremy Bentham que ha desembocado en el espurio análisis de coste-beneficio: «En cualquier situación puede hacerse un cómputo de beneficios —unidades de placer—, compararlo con los costes —unidades de dolor—, y ver cuál de los dos supera al otro» (Rothbard, 2013a: 648).
Pero ni utilidad ni costes es mensurable y todo intento de matematizar un balance entre ambos es metodológicamente imposible. Volviendo al ejemplo anterior, ¿qué es socialmente más eficiente? ¿El aumento de la producción? ¿El (esperado) incremento salarial de los operarios? ¿O el desempleo temporal de los otros? La respuesta dependerá de quién sea preguntado.
Un concepto subjetivo de eficiencia
b) Segundo, ni siquiera las acciones individuales pueden ser definidas objetivamente como «eficientes»; por ejemplo, mediante la experiencia y la práctica, un trabajador va incrementando gradualmente su destreza y rendimiento de tal forma que hoy es más «eficiente» que ayer, pero las vicisitudes personales podrían invertir lo anterior. El concepto de eficiencia puede servirnos sólo cuando comparamos medios y procesos relativamente simples dentro de un sistema orientado hacia una misma finalidad. Una vez que abordamos los complejos e intrincados procesos sociales, resulta de todo punto estéril establecer juicios sobre la mayor o menor eficiencia de un sistema sobre otro; «la eficiencia es, por lo tanto, una quimera» (Rothbard, 2016: 1).
Dada la problemática apuntada, lo único razonable es permitir que cada individuo pueda expresar lo que subjetivamente considere más «eficiente» en cada circunstancia, momento y lugar, a través del proceso social del mercado (Huerta de Soto, 2012: 55). Solamente la libertad, en ausencia de coacción y fraude, puede aproximarnos a lo que habitualmente se entiende como «eficiencia o utilidad social», tal y como afirma Rothbard (2013b: 10):
Cuando la gente es libre de actuar, actúa siempre de una forma que cree que maximizará su utilidad (…) Si nos permitimos usar el término «sociedad» para describir el patrón de todos los intercambios individuales, podemos decir que el libre mercado «maximiza» la utilidad social, pues todos ganan en utilidad.
Murray N. Rothbard
Mercado y eficiencia
O como dice Huerta de Soto (2004: 57), refiriéndose explícitamente al vínculo entre libre mercado y eficiencia:
Tan sólo éste, y no otro, puede ser el criterio relevante de eficiencia económica. Un sistema será tanto más eficiente conforme más libremente actúe la función empresarial buscando oportunidades de beneficio (…) El fantasmagórico concepto paretiano de eficiencia es inútil e irrelevante, pues ha sido elaborado en el invernadero teórico de la escuela de los economistas del bienestar, y exige para su manejo operativo un entorno estático y de plena información que jamás se da en la vida real.
Jesús Huerta de Soto
El criterio de Pareto
Ilustremos nuestra crítica de la eficiencia social con un caso imaginario. Supongamos que mediante un trasplante de córnea una persona puede recuperar la vista. Si un vidente decide libremente donar (o vender) una de sus córneas a un ciego, ambos salen beneficiados del acto y no hay terceros perjudicados; en este caso, podríamos aseverar que la «sociedad» ha mejorado en su conjunto o que el resultado ha sido Pareto-eficiente.
Supongamos ahora que el gobierno, mediante un análisis de coste-beneficio, determina que es socialmente más eficiente que haya dos tuertos antes que un ciego y un vidente; ¿debería extirparse forzosamente (i.e. mediante sorteo) una córnea al número suficiente de videntes para erradicar la ceguera? Si entendemos por sociedad el conjunto de todos los individuos de una comunidad —y aquí la escala no es relevante— no es posible afirmar que la utilidad social aumenta cuando uno solo de sus miembros ha sido perjudicado.
Bibliografía
Huerta de Soto, J. (2004). Estudios de Economía Política. Madrid: Unión Editorial.
Huerta de Soto, J. (2012). “La esencia de la Escuela Austriaca y su concepto de eficiencia dinámica”. Revista de Economía ICE, marzo-abril 2012, Nº 865.
Rothbard, M. (2013a). Historia del Pensamiento Económico. Madrid: Unión Editorial.
Rothbard, M. (2013b). Poder y Mercado. [Versión Kindle]. Guatemala: UFM.
Rothbard, M. (2016). «El mito de la eficiencia». Recuperado de http://www.miseshispano.org/2016/04/el-mito-de-la-eficiencia/#_ftnref1
Un libertario, según se ha entendido las últimas décadas de la política estadounidense, es aquel que va a defender la sociedad libre (fundamentada en la ley natural) y va a luchar contra el poder del Estado, al igual que hicieron ciertos liberales clásicos, como Lord Acton o De Tocqueville (contra el absolutismo), o anarquistas individualistas, como Lysander Spooner (contra la institución de la esclavitud). Pero la libertad no es suficiente para una sociedad libre, como decía uno de los fundadores del movimiento libertario estadounidense, Lew Rockwell:
Los conservadores siempre han argumentado que la libertad política es necesaria pero no suficiente para una buena sociedad, y están en lo cierto. Tampoco lo es para una sociedad libre. Necesitamos instituciones sociales y estándares que fomenten la virtud, y protejan al individuo del Estado.
Lew Rockwell.
Reaccionario
Como el término conservador ha quedado en parte indefinido (se llama conservador al socialdemócrata menos progresista que el oponente), es importante acercarse hacia algo más consistente y fundamentado, el tradicionalismo. Un buen defensor de la libertad no debe rendir culto a lo “nuevo”, sino ser prudente y defender las instituciones que se han desarrollado orgánicamente a lo largo de los siglos, como la Iglesia, la familia o la patria. Es evidente que el Estado surge y crece con las revoluciones.
También es evidente que el Estado intenta destruir los cuerpos sociales y las tradiciones, apropiándose de las religiones para perpetuarse: los matrimonios civiles, las procesiones a la libertad en la Francia jacobina o la insistencia en que los hijos denunciasen a sus propios padres en la URSS. Erik von Kuehnelt-Leddihn explicaba qué era para él ser reaccionario (no es el mejor término, pero quiere expresar lo mismo que los tradicionalistas), y no creo que ningún liberal clásico o libertario le pueda replicar nada:
(…) rechazo en esencia el nazismo, el fascismo, el comunismo y todas las demás ideologías relacionadas que son, en verdad, la «reductio ad absurdum» de las denominadas democracia y poder de la multitud. Me aparto de disparatadas suposiciones como el gobierno de la mayoría y el «hocus pocus» parlamentario; del falso liberalismo materialista de la Escuela de Manchester y del también falso conservadurismo de los grandes banqueros e industriales.
La importancia del cristianismo
Y el factor más importante para defender la libertad es el cristianismo. No es necesario explicar las ideas cristianas sobre la dignidad humana, que vienen de que somos todos hijos de Dios, o sobre el poder político, que dejaba de ser legítimo si se alejaba de la ley natural. Liberales clásicos como Lord Acton reconocían que la libertad no existía fuera de la Cristiandad y que ningún país (en sentido orgánico) podía ser libre sin religión. El propio fundador del libertarismo, Murray Rothbard, dijo:
Todo lo bueno de la civilización Occidental, desde la libertad individual hasta las artes, es debido a la Cristiandad.
Murray N. Rothbard.
Anarcosindicalismo y carlismo
Trasladándonos a nuestra patria hispana, hay bastantes pensadores tradicionalistas, y todos ellos defienden una fuerte descentralización de la administración pública, cuya justificación histórica se debe al principio de subsidiariedad católico. No hay que confundir tradicionalismo con carlismo; el carlismo se puede definir como un tradicionalismo político que sirvió como reacción contra las élites liberales de 1812.
El carlismo como movimiento político siempre se ha definido como el partido católico, yendo muy ligado al integrismo católico, aunque ha sufrido bastantes escisiones y disputas internas. Sus intelectuales, todos ellos tradicionalistas, han sido casi siempre teólogos. Pero no todos los tradicionalistas estuvieron ligados al carlismo. Los principales autores tradicionalistas por destacar son Jaime Balmes, Donoso Cortés, Antonio Aparisi y Guijarro y Vázquez de Mella. Se puede decir que Balmes estuvo un tiempo alejado de la cuestión dinástica, Vázquez de Mella fundó el “mellismo” en disputa con los carlistas y Donoso Cortés pasó de ser un liberal conservador a un tradicionalista, sin entrar nunca en círculos carlistas.
En el siglo pasado destacaron Álvaro D’Ors y Elías de Tejada, entre otros, y actualmente quedan algunos como Miguel Ayuso o Javier Barraycoa. Los cuatro primeros construyeron los cimientos del corpus teórico tradicionalista, y los posteriores lo fueron completando con críticas al Estado, a la democracia, al relativismo o sus defensas de los fueros, de la aristocracia, de la ley natural o del tiranicidio
Teología aplicada a la política
Para justificar su doctrina no partían desde el racionalismo, sino desde la teología. Vázquez de Mella buscaría la definición teleológica del hombre, el hombre es el efecto final de una causa creadora, asimismo dividiéndose en dos dependencias, la causa eficiente y la final. De ahí se puede trazar un triángulo que parte de Dios, el motor creador de todas las causas en donde causalidad y finalidad se identifican, que se unen al hombre mediante una escala de derechos y deberes, con una base igual de justicia. De ahí, redundantemente se extraen todos los derechos y deberes del ser humano, siendo el fundamento de aquel sistema de principios que para Vázquez de Mella exigiría todo orden social en su principio.
Todas estas relaciones corresponden al plan preexistente de la mente divina. De esa ley divina nace la ley natural, que es la parte del plan que le corresponde realizar al hombre. Vázquez de Mella seguía explicando las diferentes relaciones: de la relación de dependencia nacen los deberes teológicos de culto a la vez que el derecho de conciencia, de la relación de finalidad nacen los deberes de perfección y conservación a la vez que los derechos de propiedad y dignidad, de la relación de igualdad nacen los deberes de cooperación y mutuo auxilio a la vez que los derechos de independencia, pacto y asociación y de la relación de superioridad los fundamentos objetivos de la propiedad. Aparisi añadía
(…) de los deberes con Dios nacen sus derechos respecto del hombre… Autoridad, familia, propiedad, justicia y libertad son los elementos constitutivos del orden social.
Este esquema de derechos y obligaciones no es que sea compatible con la posición libertaria que fundamentó Murray Rothbard basándose en la ley natural, sino que es deseable.
Individualismo y cuerpos intermedios
Pero Vázquez de Mella no era individualista, el individualismo es una idea de origen protestante, él explicaba que la persona humana es el arquetipo de las personas colectivas. Las personas colectivas son los diferentes colectivos en los que se engloba el individuo: Iglesia, familia, municipio, región y nación. La Iglesia es una sociedad divina y su fin es sobrenatural, pero como no es un ensayo teológico solo hace falta mencionar lo escrito por Vázquez de Mella: que es una sociedad independiente que debe limitar al Estado y, por tanto, en sus relaciones tener total independencia económica, postura una vez más defendida por los libertarios.
Se puede decir que más que individualista era “familiarista”, declarando que el matrimonio es un vínculo de amor racional frente a los instintos zoológicos y que es la célula de toda sociedad en donde el individuo empieza a ejercer su personalidad, derivándose las demás sociedades civiles e infrasoberanas: universidades, empresas, escuelas, corporaciones, municipios… Puede ser discutible el aspecto jurídico, pero lo que no es discutible es que sea el matrimonio sea la célula principal de la sociedad, necesario para un funcionamiento ordenado, creando vínculos que debilitan al Estado y que aumentan la solidaridad, ese concepto defendido por Donoso Cortés, y disminuyen la preferencia temporal.
Principio de no agresión
También añadía que todas aquellas personas colectivas tienen el derecho de realizar su fin natural, por lo que el resto tienen la obligación de no interferir, de lo que se deduce algo similar al principio de no agresión. El principio de no agresión únicamente consiste en que ningún individuo puede iniciar una agresión contra otro sin haber sido agredido antes, solo que los tradicionalistas lo defienden en principio en diferentes órdenes, no solo el individual como Rothbard. Aun así, esto no queda lejos de la idea de la persona jurídica, solo que extrapolado a otros niveles.
Pero es que tampoco es contrario al libertarismo la idea de que un grupo de individuos se asocien y formen un nuevo sujeto de derecho que interaccione con otros tipos de unidades jurídicas. Muchos libertarios estadounidenses defienden la idea de los “states rights” frente al gobierno federal, o se podría también plantear de manera temporal limitar el derecho a voto a las unidades familiares constituidas para eliminar el voto de hedonistas y cortoplacistas en las democracias actuales.
Fueros
A un mayor nivel se encuentra la región, que no deja de ser una ampliación de la familia y del municipio. Los tradicionalistas defendían la descentralización administrativa de los Austrias y se oponían a la centralización de los Borbones, fundamentándolo en el principio de subsidiariedad católico, que dice que cada región conoce mejor sus problemas y tiene más interés por resolverlos. La ley debe ajustarse al carácter del pueblo, oponiéndose claramente, por ejemplo, a que un vasco imponga su costumbre a un valenciano, o viceversa, defendiendo así la descentralización legal a un nivel superior al de los cantones suizos.
Los tradicionalistas eran conscientes de la existencia del Estado-nación, por lo que explicaban que las regiones debían estar totalmente descentralizadas para evitar el crecimiento de ese poder central mediante derechos y privilegios históricos, originándose su férrea defensa de los “fueros”. Los fueros eran normas jurídicas que contenían las costumbres, los usos y otros privilegios otorgados por el rey o por el señor feudal para un determinado territorio o lugar. Aportaban autonomía legislativa, de gobierno y el reconocimiento a los habitantes de sus propias instituciones histórico-culturales.
Uno de los más interesantes para los libertarios fue el del Coto Mixto, que se puede llegar a considerar que fue anárquico. Los liberales fueron los que eliminaron en la Constitución de Cádiz en 1812 los fueros, para favorecer la igualdad de los españoles. El libertario Hans-Hermann Hoppe recordó que el igualitarismo, en toda forma y tamaño, era incompatible con la propiedad privada. Por tanto, en España han sido mayoritariamente los liberales influenciados por el jacobinismo francés los liberticidas, y los tradicionalistas los defensores de la libertad. Respecto a los fueros, Jesús Huerta de Soto dijo sobre Rothbard
(Murray Rothbard) tenía un amplio conocimiento de la historia de España y el papel que jugaron los fueros y todo lo asociado en la formación de nuestra ley y en nuestra historia política.
Jesús Huerta de Soto
Una teoría de la secesión
Lo que no llegaron a formular los tradicionalistas fue una teoría sobre la secesión ya que pensaban que no tendría lugar en un sistema totalmente descentralizado. Por último, hablaban de la nación, que sería la unión política y cultural de las diferentes regiones, y de un Estado, pero no en el sentido liberal, sino como lo que Vázquez de Mella entendía como la representación de la nación sobre los intereses internacionales que mantiene el orden frente a injerencias externas. Aun así, defendían un gobierno orgánico encabezado por un monarca, mucho menos dañino que el concepto actual de Estado democrático. Erik von Kuehnelt-Leddihn citó explícitamente esa idea mientras defendía en 30 puntos la monarquía frente a la democracia:
Solo debido a que la monarquía enfatiza los elementos de continuidad, solidaridad y religión, es más fácil otorgar a la monarquía un estatus “orgánico” más que a cualquier otra variedad de gobierno.
Pilares: monarquía, aristocracia y catolicismo
Según los tradicionalistas, la cultura española se basaba en tres pilares: monarquía, aristocracia y catolicismo. Para explicarlo, Balmes empezaba diciendo que la base de la doctrina tradicionalista era la preponderancia de lo social sobre lo político, ya que la doctrina tenía que ir de abajo a arriba, siendo lo social lo esencial y lo político lo accidental. Para él lo social contemplaba esos tres pilares. Respecto al catolicismo, le atribuye los valores positivos de la civilización europea.
En referencia a la aristocracia, ponía de ejemplo sus beneficios como élite natural, ya que no disfrutaban de ningún privilegio ni había barreras sociales o políticas que les separasen del pueblo, además de haberse caracterizado siempre por su moralidad y alto nivel social y cultural. Respecto a la monarquía, explicaba que era el gobierno del pueblo, ya que las sociedades que primaban lo político sobre lo social, es decir, repúblicas y democracias, siempre tenían los ojos en el gobierno, igual sería que un empresario se dedicase únicamente a retocar la maquinaria en vez de cuidar las manufacturas.
Aparisi añadía que era la monarquía la única forma natural de gobierno, mediante la cual el pueblo había desplegado todas sus virtudes y desenvuelto todas sus grandezas. Lo único importante era sanear la institución, buscando a la persona adecuada, problema presente en nuestros tiempos. Seguía explicando cuál era la ventaja práctica:
(…) en una monarquía tengo un rey, en un gobierno parlamentario, siete, en una república, setecientos.
Ministerio real subordinado al pueblo
Y seguía añadiendo que el rey sabía que la realeza no era beneficio, sino ministerio, esa condición le imponía la obligación de respetar las leyes fundamentales del pueblo, que eran anteriores a él precisamente porque eran obra mixta de Dios y de los hombres. Aquí encaja todo lo desarrollado por Álvaro D’Ors sobre el tiranicidio. Cabe añadir que Aparisi, como todos los tradicionalistas, se oponía al absolutismo monárquico al igual que a la monarquía parlamentaria, ya que servir no era obrar por capricho, por eso defendía el Consejo castellano diciendo que un rey sin Consejo no era rey. Vázquez de Mella explicaba que la monarquía absoluta nacida con la reforma luterana era un error, y que ellos propugnaban la monarquía socialmente responsable:
Yo pido que el poder armónico se ejerza sin responsabilidad legal, pero con responsabilidad social… Es verdad que entre los reyes también se han dado monstruos… A los cuales la sociedad concluye por llamar al orden por medio de una revolución.
Por último, Vázquez de Mella mencionaba la democracia cristiana como algo positivo, que para él significaba únicamente la igualdad de nivel y la soberanía social de todos sus órganos. Esta democracia jerárquica era la antítesis de la democracia igualitaria, que no podía ni puede existir por las diferencias entre los individuos. No es que la monarquía sea ideal para un libertario, sigue siendo una forma de dominio, pero autores de esta escuela como Hans-Hermann Hoppe han recordado que se asemeja mucho más al orden natural que la democracia. Por norma general, el monarca va a ser más responsable y pensar más a largo plazo ya que responde con su patrimonio de la mal gestión política de la nación, al ser esencialmente un gobierno de propiedad privada.
Críticas hacia el liberalismo y socialismo
Después de introducir la doctrina, toca presentar sus críticas muy adecuadas en el momento histórico hacia el liberalismo (esencialmente se referían al democrático y jacobino, que era el predominante en España), el socialismo, el comunismo, al relativismo y al ateísmo. Balmes empezaba con una crítica demoledora a ese liberalismo explicando qué es el progreso social. Él definía el progreso social como el camino hacia la perfección del individuo, perfeccionando la armonía entre los valores de la inteligencia, del bienestar y de la moralidad.
Si no se desarrolla todo, no se obtiene un individuo perfecto, sino un monstruo. Por tanto, el verdadero progreso social es alcanzar el orden natural, que sería lo más parecido posible al orden divino y nunca podría ser igual por la existencia del pecado original. Lógicamente alcanzar la perfección poco tiene que ver con la democracia, y ese era el primer gran error de los liberales. Y obviamente la perfección se alejaba también de las soluciones represivas para combatir el liberalismo.
Para demostrar que los tres valores deben ir unidos, Balmes explicaba cómo el excesivo desarrollo industrial, es decir, bienestar, sin desarrollo moral e intelectual, acabó provocando la división de clases que mantenemos ahora. Se puede concluir que la ciencia y el libre mercado son beneficiosos, pero tienen que ir unidos al desarrollo moral. Vázquez de Mella anotaba correctamente que el capitalismo excesivo, en nuestro caso conocemos que es el consumismo fomentado directamente desde el Estado, se dirigía al vicio, a la inmoralidad, a la corrupción, al goce personal, con el desprecio de los necesitados, y estaba en oposición con los fundamentos de la propiedad y de la solidaridad.
Negación del pecado original
Para ese desarrollo moral Balmes se apoyaba en el catolicismo, que para él había sido el gran favorecedor de la civilización inoculando en las leyes y en las costumbres sus principios de amor y fraternidad universal.
El segundo error de los liberales es que negaron el pecado original, una herejía, colocando la fuente del mal en la ilegitimidad de los gobiernos y dando lugar al socialismo. Esta crítica se puede extrapolar a todos los liberales clásicos, no solo los demócratas jacobinos, que contribuyeron, de manera ingenua, a justificar la idea del Estado. Donoso Cortés explicaba:
(…) todas las cuestiones relativas al mal o al bien se resuelven en una cuestión de gobierno, y toda cuestión de gobierno en una cuestión de legitimidad.
Su optimismo en la razón hizo que la fe no fuese importante y la razón soberana, desembocando en que los progresos de la verdad dependiesen de los progresos de la razón, llegando a la inviolabilidad y la soberanía real de las asambleas deliberantes, es decir, de los parlamentos y gabinetes. Esas contradicciones hacen que el liberalismo acabe abdicando necesariamente en las escuelas católicas o socialistas, ya que el equilibrio entre socialismo y catolicismo es imposible. Donoso seguía:
(…) el socialismo no es fuerte sino porque es una teología satánica.
El liberalismo desemboca en socialismo
El socialismo llevó a las últimas conclusiones las premisas indecisas del liberalismo en donde Dios dejó de tener autoridad. Mientras que el liberalismo solo negaba el pecado original, el socialismo negaba la posibilidad de cometerlo, negando la libertad humana. Negada la libertad, se negaba la responsabilidad y, por un lado, la pena, llegando a parar en la negación del gobierno divino. Por el otro, la negación de la responsabilidad individual y social negaba la solidaridad en el individuo, en la familia y en la comunidad. Negada la solidaridad, únicamente se acababa en el nihilismo.
Ese nihilismo acababa tratando al hombre como un punto matemático llegando al intento de resolución de un problema que nunca va a tener solución, saber la distribución de la riqueza más equitativa. Como no lo podían ni pueden saber, el sistema socialista va siempre a parar en el monopolio más injusto y cruel posible por medio de la confiscación universal y el depósito de la riqueza pública en manos del Estado. Conocieron a Stalin medio siglo antes desde la teología. Donoso Cortés explicaba que la fatal arrogancia de los socialistas fue, y sigue siendo, buscar la distribución equitativa de la riqueza eliminando la caridad y la limosna cristiana. No eran austríacos, únicamente estaban influenciados por la teología de la Escuela de Salamanca.
Balmes volvía a explicar que el socialismo era la consecuencia lógica del liberalismo, siendo el primero una aberración de la mente humana, que ocurría cuando no estaba iluminada por la fe. Balmes explicaba:
(…) sin las luces de la revelación… No es posible explicar el cuento de verdad y de error, de bien y de mal, de grandeza y de pequeñez, de elevación y de vileza.
Cristianismo contra democracia
Solo el cristianismo, con su doctrina de la Redención y de la fraternidad de todos los hombres en Cristo, ofrecía una visión coherente de la situación real del hombre. Esa visión escolástica de Balmes le hacía criticar, por ejemplo, la teoría del valor trabajo diciendo que el valor de las cosas no dependía del trabajo, sino de la satisfacción subjetiva de nuestras necesidades. Con ello explicaba que el sentido común era lo que rechazaba toda clase de materialismo. Aparisi criticaba el concepto de libertad de los liberales demócratas, explicando que solo la religión había hecho iguales a todos los hombres, y que las desigualdades físicas e intelectuales eran de derecho natural. Explicaba:
La teoría democrática se estrellará contra este hecho porque lucha contra la naturaleza. Mentira es, por tanto, el sufragio universal como fuente de derecho o de gobierno, mentira la llamada ley de mayorías parlamentarias como criterio de verdad, mentira que la libertad del bien y del mal asegure la paz y favorezca el progreso en sociedades humanas…
Por el contrario, el catolicismo solo defendía la libertad absoluta para el bien, mientras que la libertad de los liberales era licencia, que traería de la mano la impiedad, engendrando brutales tiranías.
Optimismo político liberal
Respecto al optimismo político del liberalismo Vázquez de Mella hizo una crítica demoledora que sigue siendo válida actualmente. La Revolución francesa comenzó suprimiendo las instituciones mediadoras entre el individuo y el Estado, proclamando la emancipación social y religiosa del individuo, pero también la emancipación del Estado sobre la ley natural. Ya existente ese Estado absoluto en diversas partes de Europa, se emancipó del orden superior, convirtiéndose en el definidor supremo del derecho, regulador único de la sociedad y absoluto poder moderador de todas las fuerzas. Afirmando la autonomía del individuo y del Estado toda entidad colectiva solo existiría por concesión, por autorización o por tolerancia, como ocurre en el presente.
Ilegitimidad del Estado democrático
La escuela individualista después sostenía el derecho y la soberanía colectiva, siendo un tránsito que jamás pudo demostrar demócrata alguno. Y aun admitiendo la soberanía colectiva como agrupación de las soberanías individuales, jamás iba a poder justificarse la representación pública, la inventada transustanciación jurídica de los servidores del Estado. Y aunque se admitiese eso, menos iba a poder justificarse la legitimidad de las elecciones por su método de elección, votando confundidos los miembros de todas las clases, como si no existiesen categorías diferentes de intereses o todos pudiesen representarlos indistintamente.
La ilegitimidad de las elecciones suponía la ilegitimidad del parlamento, del gobierno y del Estado. El fallo fue mezclar la soberanía política con la social, juntándolas en una única Constitución y único poder, el Estado. Esa centralización iba a desembocar en la oligarquía de partidos, la corrupción administrativa, la desorientación de vocaciones y la inversión de la pirámide social. Respecto a lo último, el Estado liberal y democrático sacó al individuo de donde le correspondía, de su municipio, para convertirle en un número más de la maquinaria estatal. Finalmente decía Vázquez de Mella:
El municipio, la libre institución en que se deben congregar familias para administrar con independencia relativa, en el círculo de sus funciones, sus propios intereses, se ha convertido en una oficina, en una sucursal más de la administración pública.
Contra el relativismo
En conclusión, los autores tradicionalistas españoles, muchos de ellos carlistas en lo político, han aportado ideas que cualquier defensor de la libertad debe tomar por bandera. Muchos libertarios han entendido que la libertad no es suficiente para un orden pacífico y duradero en el tiempo y, para ello, se deben defender las instituciones sociales y las virtudes que lo hacen posible. Por último, todas las libertades que conocemos parten de una justificación objetiva de la ley natural, y eso no se debe a la Ilustración sino a algo más grande, el cristianismo. Joseph Ratzinger, difunto Papa Benedicto XVI, recordó:
Cuando el relativismo moral se absolutiza en nombre de la tolerancia, los derechos básicos se relativizan y se abre la puerta al totalitarismo.
En honor al profesor Miguel Anxo Bastos, premio Juan de Mariana 2023, que me recomendó leer a estos autores y profundizar en su obra.
Fuentes
Credo of a Reactionary. Erik von Kuehnelt-Leddihn.
Los primeros tratados de economía, escritos en la Antigua Grecia, versan sobre la economía doméstica y la agricultura. En su Económico (364 A.C.), Jenofonte (1786: A2) afirma: «El objeto de el buen Ecónomo es gobernar bien su propia casa». Ayer y hoy, las familias deben tomar decisiones económicas para equilibrar ingresos y gastos. Mientras que los primeros —salarios, pensiones, dividendos, rentas inmobiliarias, etc.— constituye una cantidad relativamente estable, los segundos pueden fluctuar considerablemente según la conducta consuntiva de cada cuál. Para gozar de una buena economía las familias y, en general, los consumidores deben abrazar el círculo virtuoso que propone el profesor Bastos (2012): «Capitalismo, ahorro y trabajo duro».
No llegar a fin de mes
Al menos en Occidente, desde una óptica biológica, nadie muere de inanición antes del día 30. La expresión «no llegar a fin de mes» significa, en realidad, que existen dificultades para equilibrar ingresos y gastos. Algunos sitúan el problema en la parte del ingreso: no se gana lo suficiente para cubrir las necesidades vitales, lo que conduce eventualmente a demandas políticas como la «renta básica universal» o el «ingreso mínimo vital». Otros lo sitúan en la parte del gasto: se gana lo suficiente (por así decirlo), pero se gasta demasiado.
Ubicar a una familia en uno u otro grupo es una cuestión controvertida porque «insuficiente» o «demasiado» son conceptos subjetivos. Por ejemplo, la mayoría de subsidiados considera que el monto percibido es «insuficiente» para cubrir las necesidades básicas. Las demandas de quienes viven o aspiran a vivir de lo ajeno nunca tienen fin, por este motivo, el Estado de bienestar contiene la semilla de su propia destrucción (Huerta de Soto, 2014).
Sea como fuere, la realidad nos impone ajustar el gasto al ingreso y quienes lo realizan mal tienen tres opciones: a) Incrementar su ingreso mediante un aumento de la producción: pluriempleo, horas extra, etc.; b) Reducir su consumo modificando hábitos, pero como esto no es fácil, la mayoría (que dice no llegar a fin de mes) prefiere pasar estrecheces los días previos al cobro; c) Pedir un crédito para llegar a fin de mes: círculo vicioso que suele terminar en la ruina. Para evitar los agobios económicos es recomendable constituir un fondo de emergencia (dinero u otro activo muy líquido) equivalente a tres mensualidades del ingreso corriente. A mi juicio, el origen más común para «no llegar a fin de mes» es una mezcla de pereza (no trabajar lo suficiente), irresponsabilidad e imprevisión. O sea, la negativa a asumir sacrificios productivos y consuntivos. Corrobora esta tesis el hecho de que nuestros padres y abuelos ahorraban mucho más teniendo menores ingresos.
Vivir al día
En algunas culturas los individuos, literalmente, «viven al día»: una vez que han conseguido el poco dinero que necesitan para subsistir dejan de trabajar hasta el día siguiente. Su preferencia temporal es máxima. Según Rothbard (2011: 15): «Puede denominarse preferencia temporal la que privilegia la satisfacción presente sobre la satisfacción futura, o el bien presente con respecto al bien futuro, teniendo en cuenta que se trata de la misma satisfacción (o bien), comparada en momentos diferentes». Vivir al día imposibilita el ahorro y la inversión, lo que sitúa a las personas en un estado de supervivencia propio del reino animal.
Vivir por encima de las posibilidades
Incluso quien gasta más de lo que ingresa, viviendo a crédito, lo hace según «sus» posibilidades. El prestatario obtiene el préstamo porque el prestamista considera (subjetivamente) que su cliente tiene capacidad de pago (rentas futuras) o presenta garantías (patrimonio, prenda, aval, seguro) susceptibles de redimir el principal más los intereses. En definitiva, nadie puede vivir por encima de sus posibilidades porque todos, incluso el manirroto, vivimos según nuestras posibilidades.
Gastar lo que no se tiene
Al igual que la expresión anterior, se trata de una imposibilidad económica y lógica. Los productos y servicios que se consumen son necesariamente bienes presentes: propios, donados o prestados. Si alguien consume algo es porque lo tiene a su disposición. Incluso si pagara con dinero prestado gasta «lo suyo» porque al suscribir el contrato de mutuo «queda facultado para consumir o disponer como propio el dinero que le ha sido prestado» (Huerta de Soto, 2020: 10).
Prestar o vender lo que no se tiene
La única forma de prestar o vender algo que no se tiene es cometiendo fraude. Por extraño que parezca, en el seno del sedicente «Estado de Derecho», los gobiernos legalizan con descaro ciertas estafas. El caso más notorio es la banca con reserva fraccionaria: la entidad presta a terceros el dinero que sus clientes han depositado a la vista. El banco se lucra a expensas de los depositantes (riesgo) y de la sociedad en su conjunto ya que esta práctica —expansión crediticia— provoca inflación. Otro ejemplo es el overbooking,[1] donde el transportista revende un derecho (asiento) que no le pertenece porque ya ha sido adjudicado previamente a otro cliente. Paradójicamente, el gobierno prohíbe la reventa de entradas a espectáculos siendo el revendedor legítimo propietario del derecho adquirido. ¡El mundo al revés!
Bastos, M. A. (2012). «Comparación entre socialismo y capitalismo». Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ittVmW2wtbk.
Huerta de Soto, J. (2014). «Liberalismo vs anarcocapitalismo». Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=CRef2_aRmII
Huerta de Soto, J. (2020). Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Madrid: Unión Editorial.
Jenofonte (1786). La economía. Madrid: Benito Cano. Biblioteca Nacional de España.
[1] La Unión Europea ha legalizado (Reglamento CE nº 261/2004) el overbooking para satisfacer los intereses de las aerolíneas a expensas de los viajeros afectados.
Las cuestiones laborales son del máximo interés político, social, periodístico y económico. Empleo y desempleo son objeto de debate y argumentación. Hoy analizaremos las expresiones más comunes relativas al mercado laboral.
Lo primero que debemos señalar es que el desempleo es un fenómeno institucional, es decir, provocado por la legislación estatal. «En una economía de mercado no interferida el paro es siempre voluntario» (Mises, 2011: 709). O como dice Huerta de Soto (2004: 185): «La causa única y directa del desempleo es la inexistencia de unos mercados laborales flexibles y el hecho de que los salarios son demasiado altos».
Conquistas laborales
Es extendida la creencia de que la regulación laboral —salario mínimo, jornada máxima, días libres, vacaciones, permiso de maternidad y paternidad, subsidio de desempleo, contratación forzosa de discapacitados, prohibición del trabajo infantil, etc.— son «conquistas» realizadas por la lucha sindical y los políticos con «sensibilidad social». Sin embargo, todo privilegio laboral u otra forma de forma de servidumbre empresarial impuesta por la legislación recaerá forzosamente en el trabajador mediante una reducción de su salario. Ha sido la mayor productividad del capitalismo (no los mandatos gubernamentales) la causante de todas esas «conquistas».
Desempleo forzoso
Sucede cuando la legislación prohíbe, restringe o impone servidumbres a los agentes. Cuando el gobierno fija topes máximos al trabajo (jornada, días libres, vacaciones), prohíbe trabajar a los menores o mayores de cierta edad o cuando fija un salario mínimo; está causando descanso o paro forzoso. Esta intervención produce una dupla maligna: por un lado, reduce la oferta de trabajo por parte de los empresarios; por otra (subsidios), reduce la demanda por parte de los trabajadores.
Empleo estable y de calidad
Este es el eslogan favorito de sindicalistas, políticos y demagogos. La vida, en general, y el mercado, en particular, no proporcionan esa quietud, estabilidad y seguridad que todas las utopías anhelan. Actualmente, este empleo ideal (platónico, socialista) lo encontramos en la función pública, pero el Estado sólo puede garantizar a las masas estabilidad en la pobreza. Una mayor calidad en el empleo, especialmente en aquellos oficios más penosos, solo puede darse en una economía capitalista, innovadora, dinámica y competitiva. Por otro lado, en el mercado de bienes de consumo o de factores de producción todas las calidades son bienvenidas.
Empleo garantizado o indefinido
Otra falsa creencia es pensar que un contrato laboral indefinido proporciona seguridad de por vida. De vez en cuando, las quiebras empresariales nos recuerdan que el mercado no puede garantizarnos una completa seguridad. Ni siquiera los funcionarios están a salvo cuando el gobierno destruye el orden social mediante el socialismo, el intervencionismo o la inflación.
Empleo precario
Se dice que un empleo es precario por diversas razones: A) Salarial. Tener un salario precario equivale a decir: «desearía cobrar más». El salario (como cualquier otro precio) se fija por la oferta y demanda de trabajo. El salario depende de la productividad —contribución del empleado al ingreso monetario de la empresa—. Tanto el empresario como el empleado hacen sus propias estimaciones al respecto. Estar «mal pagado» es una apreciación subjetiva: si fuera acertada, el empleado no debe tener problemas para encontrar un empleo mejor remunerado. Esto es así porque los empresarios compiten entre sí por los trabajadores. En caso contrario, cabe suponer que el trabajador se equivoca respecto de su valía o que se conforma con lo presente. Otra razón distinta para afirmar que un salario es precario es porque no cubre adecuadamente las necesidades del empleado. Esta cuestión no es económica, sino ética, moral o política. B) Intermitencia. Encadenar contratos breves o sin estabilidad temporal es otra seña de la precariedad laboral. Sin embargo, la intermitencia de la producción es inerradicable en ciertos sectores: agricultura, pesca, turismo, servicios domésticos, etc. C) Peligrosidad y/o penosidad. Algunos trabajos se realizan en condiciones adversas, siendo la tecnología y las medidas de prevención las que mitigan este factor.
Empleo sumergido, oculto o irregular
Al igual que el desempleo forzoso, es causado por la legislación laboral. Según el análisis económico del derecho, cuando cumplir la ley es más costoso que desobedecerla las personas se desplazan desde la legalidad a la costumbre, informalidad o economía sumergida (Ghersi, 2005). El empleo sumergido es la reacción del mercado frente al intervencionismo y «pone de manifiesto hasta qué punto la coacción institucional está a la larga condenada al fracaso por ir en contra de la más íntima esencia del humano actuar» (Huerta de Soto, 2010: 123). Si el gobierno desea emerger el empleo, en lugar de demonizar el trabajo informal, debería desregular el mercado laboral.
Fomentar el empleo
No está en manos del gobierno hacer que el empleo crezca porque estamos ante un fenómeno mercantil. Cuando el gobierno «crea» empleo en un sitio (previo cobro de impuestos) lo destruye necesariamente en otro. A medida que aumenta el número de funcionarios o de empresas públicas disminuye el número de productores privados. El resultado neto del «fomento» (gubernamental) del empleo es necesariamente negativo. Solo es posible mejorar la situación abrazando una economía laissez faire.
Igual trabajo, igual salario
Esta es una de las falacias más perversas del igualitarismo. El error está en la premisa «igual trabajo». Ya vimos antes que el salario depende de la productividad y no hay en el mundo dos personas que sean igual de productivas. Ni siquiera un mismo individuo tiene el mismo rendimiento a lo largo del tiempo. Paradójicamente, lo genuinamente justo es la desigualdad salarial, tal y como ocurre en el deporte profesional: cada jugador de un equipo percibe un específico salario —ficha— que ha sido fruto de una negociación individualizada. Es cierto que todos los jugadores realizan el «mismo trabajo», pero no pueden cobrar lo mismo porque todos contribuyen desigualmente al ingreso económico del club. Las mujeres deportistas cobran menos que los varones por idéntico motivo: su productividad es menor porque atraen menos público. En definitiva, la discriminación salarial no solo es impecable desde una óptica económica (sistema de precios), sino también justa porque da a cada uno lo suyo.
Proteger el empleo
La quiebra de empresas y su corolario, el desempleo temporal, es una circunstancia propia mercado. Proteger el empleo es una expresión confusa porque una empresa en crisis no está siendo agredida por nadie; es posible que esté mal gestionada o que no haya sabido adaptarse a los cambiantes gustos de los consumidores. No es lícito, por tanto, impedir la quiebra de bancos, astilleros, siderurgias o incluso de pequeños negocios apelando a una falaz «protección» del empleo. Cuando el gobierno acude, cual héroe, al «rescate» está agrediendo a otros negocios y al conjunto de los consumidores.
Racionalizar el horario laboral
Hay quienes opinan que el horario laboral es «irracional». En 2016, la ministra Fátima Báñez tuvo una ocurrencia: pretender, con carácter general, la finalización de la jornada laboral a las 18:00. La organización de la producción (incluido el horario laboral) no es un capricho del empresario, sino la mejor expresión de su racionalidad económica, guiada por el cálculo de beneficios y pérdidas. Son los hábitos del consumidor lo que establece indirectamente el horario laboral. Es cierto que el pequeño comercio, por ejemplo, tiene jornada partida y que los empleados «preferirían» la jornada continua, pero eso no significa que su horario sea irracional. Los ingenieros sociales, en lugar de coaccionar a los empresarios con normas jacobinas, deberían persuadir a los consumidores para que se abstuvieran de dormir la siesta o ver telenovelas después de almorzar. ¿A quién se le ocurre ir de tiendas o al gimnasio después de las 6 de la tarde? Ironías aparte, interferir la libertad comercial es un error y un horror: se reduce la producción, la tasa de capitalización, los salarios y el empleo; pero sobre todo es inmoral pretender regular la vida de los demás.
Por nacionalismo entendemos el «sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia» (R.A.E.). Cree el nacionalista que su nación es «mejor» que las demás o que sus naturales están dotados de rasgos y virtudes «superiores» a las del resto de la humanidad. Frases predilectas del nacionalista son: «nuestra tierra», «nuestra gente», «lo nuestro», etc.
La teoría del Estado considera que el interés del individuo debe subordinarse al interés general, sea lo que esto signifique: nación, pueblo, sociedad, etc. La Constitución española (art. 128.1) corrobora esta jerarquía: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Para el nacionalismo, el individuo es un instrumento al servicio de fines colectivos dictados por la «superioridad». El nacionalismo se manifiesta en muchos ámbitos —político, jurídico, bélico, demográfico, religioso, etc.—, siendo el económico uno de gran importancia. Según Mises (2011: 891): «el nacionalismo económico es el obligado corolario de esa política intervencionista, tan popular, que asegura estar incrementando el bienestar de la clase trabajadora, cuando realmente lo que hace es dañarla gravemente». La política mercantilista, los obstáculos a la libertad comercial y, finalmente, la autarquía, reduce el nivel de vida de la población. Para justificar sus medidas liberticidas el jerarca nacionalista habitualmente busca uno o varios chivos expiatorios.1 Todo lo «extranjero» es visto como enemigo: a) Los inmigrantes quitan el trabajo a «nuestra» gente. b) Los productos foráneos nos «invaden». Pero tampoco faltan «enemigos» internos; por ejemplo, durante la Revolución francesa se culpó del elevado precio del pan a la avaricia de los panaderos y a los acaparadores y especuladores (Schama, 2019).
Nacionalización de empresas
Un gobierno nacionaliza activos o industrias cuando las expropia a sus legítimos dueños. Los gobiernos podrían acudir al mercado y realizar estas adquisiciones de forma contractual y consentida, pero prefieren actuar violentamente: ¿por qué negociar pudiendo imponer?, ¿por qué pagar un precio de mercado pudiendo fijarlo unilateralmente o incluso no pagar nada? Si la empresa está saneada, la nacionalización es un robo al propietario; y si está quebrada (rescate), un robo al contribuyente. Los motivos para nacionalizar son espurios: «interés general», «seguridad nacional», sectores «estratégicos» etc. La nacionalización puede ser extensiva, tras la irrupción de un régimen autoritario; o limitada, tras una crisis o emergencia nacional. En este último caso, se culpa a las empresas de una situación (altos precios) y el gobierno nacionaliza para «proteger» de los consumidores. Toda nacionalización es una sustitución del capitalismo por un régimen socialista.
Fuga de cerebros y talentos
En el término «fuga» hay implícito un juicio de valor: «algo va mal». Por ejemplo, en la técnica decimos que hay una «fuga» cuando un líquido o gas se escapa de un circuito; en el ámbito social, decimos que alguien —presidiario, interno— se «fuga» cuando abandona ilegalmente un establecimiento. Resulta, por tanto, engañoso llamar «fuga» a la legítima movilidad de trabajadores, empresas y capitales. En particular, la expresión «fuga de cerebros»2 es referida a la emigración de ciertos trabajadores cualificados —investigadores, técnicos— que buscan mejorar su situación. Quienes llaman «fuga» a la movilidad de los factores de producción piensan que tienen un derecho sobre la vida y la propiedad ajena. Estas invectivas se extienden a otros profesionales —deportistas, youtubers— que buscan acomodo en otros territorios huyendo del expolio fiscal.
La retórica de los nacionalistas económicos es maniquea: el inmigrante es visto como una amenaza y el emigrante como traidor o desagradecido. Más que les pese, los «fugados» no son propiedad de un ser hipostático llamado Estado. Los emigrantes se desplazan buscando mejores salarios y oportunidades; por ejemplo, las enfermeras portuguesas vienen a trabajar a España y las españolas van a Reino Unido. Nada hay de malo en ello.
Fuga de empresas y capitales
Decir que los capitales y las empresas se «fugan» es confuso. Los inversores trasladan el capital de un país a otro buscando mejores rentabilidades. Sin embargo, no es igual de fácil trasladar dinero, bienes muebles o instalaciones fijas. Por ejemplo, cuando alguien vende una fábrica —desinvierte— siempre hay alguien que la compra —invierte—; el primero «sale» y el segundo «entra». La fábrica sigue en su sitio, no se ha fugado. Durante la crisis secesionista de Cataluña, en la década pasada, se asustaba a la población diciendo que miles de empresas «huían» de Cataluña cuando sólo cambiaban su sede social (buscando mayor seguridad jurídica). Los centros de producción, en su mayoría, no se movieron de su sitio.
Los depósitos tampoco se «fugan». Si no hay cambio de divisa, asistimos a un traspaso de fondos de una entidad bancaria a otra. Pero si el dinero saliera, por ejemplo, de España a EE.UU., volvemos al supuesto anterior: si uno vende euros contra dólares es porque otro hace lo contrario. Las divisas no se fugan, ni se evaporan, tan solo cambian de dueño, apreciándose o depreciándose relativamente entre ellas. Que estén físicamente en un país u otro importa, pero sólo cuando hay amenaza de expropiación o embargo.
¿«Huye» el dinero?
En ocasiones, se dice que determinados negocios turísticos —todo incluido, cruceros— no son demasiado rentables para el destino porque los clientes realizan sus pagos en origen y el dinero se queda «fuera». Indefectiblemente, da igual dónde se realice el pago, el dinero acude a pagar los factores de producción. Si el cliente paga en la agencia de viajes, ésta deberá pagar al transportista y al hotel. El dinero del turista necesariamente sufragará todo aquello que consuma durante sus vacaciones.
Otras veces, se dice que el dinero gastado en Carrefour, Ikea o Decathlon «huye» de España. Las empresas extranjeras radicadas en España pagarán todos los costes que se producen in situ (salarios, proveedores, impuestos) y también a todos los suministradores de mercancías, ubicados por todo el mundo; finalmente, en caso de tener beneficios, la corporación repartirá dividendos. Pero en una economía moderna ¿quiénes son los propietarios de una multinacional?: los pequeños accionistas o partícipes de fondos de inversión. El dinero se reparte de una forma intrincada por toda la economía global.
Proteccionismo
Otra faceta del nacionalismo económico es la «protección» de industrias nacionales mediante el arancel: tributo a la importación de productos competidores. Los beneficiados del arancel son la industria «protegida» y el propio gobierno que aumenta su ingreso fiscal. El resto de la sociedad —los consumidores— ve reducida su capacidad adquisitiva y, en consecuencia, su nivel de vida. Una de las razones del Brexit fue precisamente la disconformidad con la Unión Aduanera, que restringía el comercio del RU con el resto de mundo; en este caso, el nacionalismo británico derrotó al centralismo fiscal de Bruselas. Otro motivo para fijar un arancel es la agresión política y su represalia. Si el gobierno de Ruritania impone un arancel a ciertos bienes de Laputania, su homónimo actuará recíprocamente. La mal llamada «guerra comercial» es, en realidad, una «guerra arancelaria» entre gobiernos nacionalistas que se enriquecen a expensas de los consumidores de ambos países.
De manera directa, me atrevo a afirmar que estamos ante una nueva ronda en el histórico debate del cálculo económico socialista. El clásico enfrentamiento que tuvo lugar en el siglo XX entre Mises, Hayek y Robbins, por un lado, y Lange, Taylor, Dickinson o Lerner, por otro, fue interpretado por el consenso científico en economía como una victoria para los socialistas neoclásicos (Bergson 1948; Schumpeter 2006; Samuelson 1948). Los socialistas demostraron que la planificación central era posible mediante un modelo competitivo de prueba y error, que emulara de alguna forma el funcionamiento del mercado. Sin embargo, los que estamos familiarizados con los trabajos del profesor Huerta de Soto (2010), sabemos que existió un nuevo análisis del debate por parte de economistas austriacos varios años después. Esta interpretación alternativa fue liderada por Don Lavoie (1985), quien planteó la idea de que el problema principal de la planificación central no es tanto la recopilación de la información sino su creación. Es decir, en tanto que la planificación central elimina la institución de la propiedad privada sobre los medios de producción, no se puede crear la información, en forma de precios, necesaria para poder asignar el capital en las líneas de producción que más lo demandan. De esta manera, Lavoie planteó que el debate no fue ganado por los socialistas sino por los austriacos. Posteriormente, el propio Huerta de Soto acuñó este argumento dinámico sobre la creación de conocimiento y la interpretación alternativa del debate.
Ni diez años después del trabajo de Lavoie, una nueva generación de socialistas quiso retomar el debate del cálculo económico y responder a los austriacos. Hablamos de Allin Cottrell y Paul Cockshott. Estos autores, en su famoso artículo Calculation, Complexity, and Planning: The Socialist Calculation Debate Once Again (1993), afirmaron que, desde Lavoie, nunca hubo una respuesta contundente a la nueva interpretación austriaca y que, por tanto, su principal cometido era intentar proveer esa respuesta. Para ello, plantearon el argumento socialista de forma distinta a cómo lo hicieron los anteriores socialistas neoclásicos. En este caso, Cottrell y Cockshott se basaron en la teoría del valor trabajo, rechazando la teoría subjetiva del valor que sí apoyaban los anteriores socialistas, y concluyeron que esta posibilita la planificación central, de la mano de los avances en la capacidad computacional de los ordenadores modernos. Es decir, que si sustituimos los precios de mercado por mediciones en horas de trabajo y nos ayudamos de computadoras, la planificación central es posible. Por tanto, dado que la planificación sería ahora cibernética, el sistema propuesto ha sido llamado ciber-comunismo.
En un reciente working paper (Moreno-Casas, Espinosa, and Wang 2022), Victor Espinosa, William H. Wang y el autor de esta pieza de opinión, analizamos la posibilidad del ciber-comunismo, tal y como ha sido planteado por Cottrell y Cockshott y, también, algunos de sus seguidores como Nieto y Mateo (2020). Lo hacemos desde la teoría de complejidad, aplicada a la economía en sus versiones dinámica y computacional (Rosser Jr. 2009).
En primer lugar, dejamos claro que la propuesta de Cottrell y Cockshott puede enmarcarse en la complejidad computacional, puesto que los autores se basan en conceptos como la tesis Church-Turing, la teoría de la información de Shannon (1948) o la teoría de la información algorítmica de Chaitin (1987), que constituyen las bases del enfoque computacional de la complejidad a la economía (Rosser Jr. 2009). En efecto, los ciber-comunistas sostienen que en su sistema socialista la planificación central es computable, por su grado de complejidad. Esto parece chocar, en principio, con algunas ideas que son ampliamente reconocidas tanto en la versión dinámica como la computacional aplicadas a la economía. Por un lado, la visión dinámica parte de la base de que no puede haber un explotador global de todas las oportunidades en un sistema complejo, que no se pueden alcanzar óptimos globales y, por tanto, la economía se encuentra siempre movida por dinámicas fuera de equilibrio (Arthur, Durlauf, and Lane 1997). Por otro lado, la visión computacional entiende directamente que el problema del cálculo económico es NP-complejo y los precios de equilibrio no son computables (Markose 2005; van den Hauwe 2011). ¿Cómo es entonces posible que Cottrell y Cockshott se posicionen en favor de la planificación central de la economía desde un enfoque de complejidad computacional?
La respuesta a la anterior pregunta la encontramos en dos partes. Primero, es lógico que Cottrell y Cockshott no compartan las características de un sistema complejo que proporciona la complejidad dinámica, puesto que ellos sostienen un enfoque computacional, que en muchas ocasiones rechaza la visión dinámica y el concepto de emergencia por ser demasiado general y poco preciso (Rosser Jr. 2009). Después, ellos mismos reconocen el problema de la computabilidad de los precios en el equilibrio Walrasiano (Cottrell and Cockshott 2007), en línea con los autores de la complejidad computacional, pero entonces demuestran que, si asumimos la medición en tiempo de trabajo, sí podríamos computar un plan central. De hecho, ponen el ejemplo del sistema nervioso de una mariposa para demostrar que un sistema de control puede computar un sistema de manera completa sin ni siquiera necesidad de recurrir a aritmética (Cottrell and Cockshott 1993). Aquí, el problema del planteamiento de Cottrell y Cockshott es que olvidan la cuestión central de la autorreferencia.
La autorreferencia se relaciona con un fenómeno por el que un elemento se refiere de manera directa a sí mismo, lo que puede conducir a paradojas. Koppl y Rosser Jr. (2002) estudian el fenómeno de la autorreferencia en economía en varios niveles. Uno de ellos es el juego Holmes-Moriarty planteado por Oskar Morgenstern, en el que la hipótesis de racionalidad perfecta lleva al juego a una paradoja “yo pienso que el otro jugador piensa que yo pienso…”. En paralelo a este razonamiento, en otro de los niveles, Koppl y Rosser Jr. concluyen que, en tanto que los planificadores tienen el mismo nivel de racionalidad y computación que los agentes en una economía, el control y la predicción es imposible puesto que conduce a paradojas derivadas de autorreferencias (“yo pienso que el otro agente piensa que yo pienso…”). Además, siguiendo la tesis de Wolpert (2001), esta paradoja no podría resolverse ni siquiera asumiendo que el problema (planificación central) es computable, incluso con la existencia de un hipercomputador, puesto que ningún computador dentro del mundo es capaz de predecir siempre de forma correcta lo que ocurrirá en el mundo antes de tiempo. Sería necesario estar fuera del sistema, como un observador con mayor grado de complejidad que el sistema observado, para poder anticipar y controlar su comportamiento.
El problema de Cottrell y Cockshott es que cuando hablan de la mariposa o su sistema de control, parecen asumir que este se encuentra fuera del sistema nervioso, como una entidad de complejidad superior que pudiera controlar y computar el sistema nervioso de la mariposa. La realidad es que no es así, y al encontrarse dentro del propio sistema, no podrá predecir ni explicar completamente su comportamiento (Hayek 1952). Aplicado a la planificación central, podemos decir que un gobierno no puede conocer ni predecir completamente la evolución de una economía que contiene el plan central dentro de ella misma (Rosser Jr. 2012). Como sugería el profesor Rallo en un comentario a nuestro working paper: “justamente un sistema ha de poder falsarse a sí mismo (¿cómo sé que estoy equivocado si he de decir yo si estoy o no equivocado?) y para eso hacen falta fuentes de falsación externas al plan [central]”.
Además de lo anterior, cabe cuestionar dos asunciones fundamentales que hacen Cottrell y Cockshott, a saber: (1) que una economía puede funcionar de acuerdo a la teoría del valor trabajo, y (2) que el bureau planificador cuenta con información sobre los coeficientes técnicos de producción o puede hacerse con la información relevante necesaria para elaborar el plan de producción. Estas dos suposiciones no las vamos a desarrollar en este artículo por motivos de extensión, pero recalcamos que también son criticadas en nuestro trabajo. Por ello, animamos a cualquier lector que se dirija a nuestro working paper, citado abajo, en caso de que quiera profundizar más en la crítica.
En conclusión, podemos decir que el ciber-comunismo diseñado por Cottrell y Cockshott no es posible, debido, entre otros motivos, al problema fundamental de la autorreferencia que hemos discutido en este artículo. También hay otros problemas, como las suposiciones acerca de la teoría del valor trabajo y la información, o también, si es posible la agregación de preferencias individuales en una preferencia social. Como nueva ronda en el debate del cálculo económico, el ciber-comunismo merece toda la atención posible por parte de los economistas, concretamente, de los economistas austriacos. Esto quiere decir que serán necesarios trabajos posteriores, cuantos más mejor, que puedan analizar la propuesta ciber-comunista desde distintos puntos de vista.
Referencias
Arthur, W. Brian, Steven N Durlauf, and David A Lane. 1997. “Introduction.” In The Economy as an Evolving Complex System II, edited by W. Brian Arthur, Steven N Durlauf, and David A Lane, 1–14. Reading: Addison-Wesley.
Bergson, Abram. 1948. “Socialist Economics.” In A Survery of Contemporary Economics, edited by Howard S. Ellis, Vol. 1, 412–48. Homewood, Ill: Richard D. Irwin.
Chaitin, Gregory J. 1987. Algorithmic Information Theory. Cambridge, UK and New York: Cambridge University Press.
Cottrell, Allin, and Paul Cockshott. 1993. “Calculation, Complexity and Planning: The Socialist Calculation Debate Once Again.” Review of Political Economy 5 (1): 73–112. https://doi.org/10.1080/09538259300000005.
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Huerta de Soto, Jesús. 2010. Socialism, Economic Calculation and Entrepreneurship. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Koppl, Roger, and J. Barkley Rosser Jr. 2002. “All That I Have to Say Has Already Crossed Your Mind.” Metroeconomica 53 (4): 339–60. https://doi.org/10.1111/1467-999X.00147.
Lavoie, Don. 1985. Rivarly and Central Planning: The Socialist Calculation Debate Reconsidered. Cambridge: Cambridge University Press.
Markose, Sheri M. 2005. “Computability and Evolutionary Complexity: Markets as Complex Adaptive Systems (CAS)*.” The Economic Journal 115 (504): F159–92. https://doi.org/10.1111/J.1468-0297.2005.01000.X.
Moreno-Casas, Vicente, Victor I. Espinosa, and William H. Wang. 2022. “The Political Economy of Complexity: The Case of Cyber-Communism.” https://papers.ssrn.com/abstract=4012265.
Nieto, Maxi, and Juan Pablo Mateo. 2020. “Dynamic Efficiency in a Planned Economy: Innovation and Entrepreneurship without Markets.” Science and Society 84 (1): 42–66. https://doi.org/10.1521/SISO.2020.84.1.42.
Rosser Jr., J. Barkley. 2009. “Computational and Dynamic Complexity in Economics.” In Handbook of Research on Complexity, edited by J. Barkley Rosser Jr., 22–35. Cheltenham: Edward Elgar.
———. 2012. “Emergence and Complexity in Austrian Economics.” Journal of Economic Behavior and Organization 81 (1): 122–28. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2011.09.001.
Samuelson, Paul A. 1948. Economics. 1st ed. New York: McGraw-Hill.
Schumpeter, Joseph A. 2006. History of Economic Analysis. New York: Routledge.
Shannon, C. E. 1948. “A Mathematical Theory of Communication.” Bell System Technical Journal 27 (3): 379–423. https://doi.org/10.1002/J.1538-7305.1948.TB01338.X.
Wolpert, David H. 2001. “Computational Capabilities of Physical Systems.” Physical Review E 65 (016128): 1–27. https://doi.org/10.1103/PHYSREVE.65.016128.
‘The dead horses of economic theory have a habit of suddenly springing back to life again, which is why it is necessary to beat them even when they appear lifeless’’ George Selgin sobre la doctrina de las letras reales
Los argumentos que presentan los teóricos críticos con la banca de reserva fraccionaria contra esta son varios. Uno de los más prominentes es el del que crea dinero de la nada, lo cual por un lado es ilegítimo al ser títulos de propiedad que generan una doble disponibilidad sobre los mismos bienes y robarle a los usuarios de ese dinero parte de su poder adquisitivo, y pernicioso para la economía al causar inflación (Hoppe 1994; Hoppe, Hülsmann, and Block 1998; Huerta de Soto 1998; Hülsmann 2000; Bagus and Howden 2010).
En primer lugar, no hay ninguna doble disponibilidad. Cuando un oferente de liquidez le presta dinero al banco, este dinero se vuelve el activo del acreedor, el cliente, frente el pasivo del banco—el activo financiero en forma de, por ejemplo, cuenta corriente—. El banco, mientras es deudor, por un lado, presta ese dinero de nuevo ejerciendo su función de intermediario financiero a un demandante de liquidez. El demandante de liquidez adquiere un pasivo frente al banco, el banco un activo frente a este y un pasivo frente al acreedor original.
En segundo lugar, tampoco hay ningún robo del valor. No se da ninguna agresión. Ningún individuo traspasa la propiedad privada de otro como Rothbard (1982) indica que es necesario para que se de una agresión. Los individuos, tienen derecho a la integridad física de su propiedad, pero no al valor de esta como bien indican Hoppe y Block (2002):
‘‘Los autores sostienen que lo que puede ser legítimamente poseído en una sociedad libre son solo los derechos sobre la propiedad física, no sobre valor de esta. Por lo tanto, eres libre de socavar el valor de nuestra propiedad vendiéndonos a precio inferior, inventando un nuevo sustituto para nuestra propiedad, etc. Pero no puedes legítimamente agredir físicamente nuestra propiedad, incluso si su valor permanece constante a pesar de sus esfuerzos’’. [Traducción propia]
En tercer lugar, si el desequilibrio monetario les resultase una preocupación real, menos aún podrían defender la banca con coeficiente del 100%. Este sistema causaría deflaciones mucho más profundas que cualquier posible inflación que se viese bajo una banca con reserva fraccionaria porque en caso de progreso económico, poniéndonos en el mejor de los casos, el precio del dinero caería al mismo ritmo que aumentase la demanda de dinero—fenómeno que se da en las economías en crecimiento—(Selgin 2011). Esto se debe a la imposibilidad de crear, en principio, sustitutos financieros para aliviar esto. En un sistema de reserva fraccionaria este desequilibrio se podría evitar emitiendo activos financieros.
Hay una razón por la que he dicho en principio en el anterior párrafo y es que, según los mismos argumentos de los ciemporcientistas, hay un activo financiero que sí que pueden, e incluso deben, aceptar: las letras de cambio bajo una doctrina de letras reales (DLR). Esta doctrina establece que la emisión de bancos de activos financieros, letras de cambio o bills of exchange en inglés, respaldados por bienes reales, cercanos al fin de su producción, es segura, prudente y deseable. La DLR encuentra en Adam Smith su primer gran exponente, quien en su obra La Riqueza de las Naciones (1976) estimaba que las letras reales eran buenos activos financieros para que los bancos los compraran y atesoraran.
Las letras de cambio son instrumentos de pago de deuda. Estas las elabora el librador, que le da la orden al librado, si la acepta, de pagar al tomador. El tomador, el que posee la letra de cambio, puede ser el vendedor de bienes del librador, pero este último puede encontrarse demandando la liquidez necesaria para terminar de producir los bienes que está fabricando y ponerlos a la venta para pagar a este vendedor. Por lo que el librador compone una letra de cambio para que el librado, el banco, por ejemplo, pague al tomador. Como es una letra real—respaldada por un bien semiproducido—esta circulará como sustituto monetario, pero con descuento. El descuento viene determinado por el periodo restante hasta la venta de los bienes: cuanto menos tiempo requieran los productos para poder ponerse a la venta, menor será el descuento con el que circulará la letra.
Adam Smith y Antal Fekete (2005) estiman que las letras de mayor calidad vencerían a los noventa y un días y Fullarton (1845, 209) lo data en no más de sesenta días. Este periodo viene determinado por la duración de cada estación, porque se pensaba—quizás acertadamente, quizás no—que los patrones de consumo cambiaban con las estaciones y si algo no se podía vender por entonces, tardaría un año en poder volverse a vender. Sea como fuere, esta necesidad de establecer números arbitrarios nos queda corta: es la paloma mensajera dentro de un mundo de smartphones. Existe tecnología blockchain como el Ethereum que permite usar mecanismos de rastreo para seguir el proceso productivo (Westerkamp, Victor, and Küpper 2020); lo cual se puede acoplar para conocer también el porcentaje del bien producido hasta la fecha y el tiempo restante. Lo que propongo para mejorar la circulación de las letras reales es que operen como tokens de, por ejemplo, pagos off-chain de Bitcoin. Es decir, que circulen como tokens de Bitcoin los cuales pueden ser redimidos en su fecha de vencimiento. Este proceso trae consigo muchas ventajas como la reducción de error empresarial en la forma de aplicar descuentos incorrectos según el porcentaje del bien producido.
Lo que esto supone es que se irían creando sustitutos monetarios, pero siempre en proporción con la nueva oferta según esta misma se fuese produciendo: la materialización de la ley de Say. Por tanto, la emisión de este nuevo dinero no ha ‘‘robado dinero a nadie’’. En cualquier momento que la letra se gire, el dinero al que el tomador tiene derecho es igual al del porcentaje de bien producido. Un ejemplo ilustrativo sería el siguiente: hay cinco manzanas y cinco satoshis en una economía. Yo voy a producir e introducir en el mercado tres manzanas más, por lo que emito una letra por valor de tres satoshis que vencerá en treinta días. Si el descuento va ligado a la producción gracias a criptomonedas como Ethereum, si giras la letra por un satoshi, es porque solo el equivalente a una manzana se ha producido (o una tercera parte de tres). Siguen pudiendo darse desequilibrios, como que llueva demasiado y mis manzanas nunca se puedan introducir en el mercado. Pero esto es un problema real, no monetario.
La DLR no causa inflación porque iguala la demanda monetaria con los nuevos bienes que se vayan introduciendo en el mercado, por lo que el nuevo dinero no estará respaldado por ‘‘la nada’’, aumentando la oferta monetaria a la par y por la misma cantidad que el precio. Esto ayudará a los ciemporcientistas a solventar uno de los grandes problemas de su sistema: el posible desajuste que se daría si la demanda monetaria aumentase entre el tipo de interés real y el de mercado.
Referencias
Bagus, Philipp, and David Howden. 2010. “Fractional Reserve Banking: Some Quibbles.” Quarterly Journal of Austrian Economics 13 (4): 29–55.
Fekete, Antal E. 2005. “The Principle of Liquidity.” 24hGold, 2005.
Fullarton, John. 1845. On the Regulation of Currencies: Being an Examination of the Principles, on Which It Is Proposed to Restrict, Within Certain Fixed Limits, the Future Issues on Credit of the Bank of England, and of the Other Banking Establishments Throughout the Country. 2nd ed. Londres, Reino Unido: John Murray.
Hoppe, Hans-Hermann. 1994. “How Is Fiat Money Possible? Or, The Devolution of Money and Credit.” The Review of Austrian Economics 7 (2): 49–74.
Hoppe, Hans-Hermann, and Walter E. Block. 2002. “On Property and Exploitation.” International Journal of Value-Based Management 15 (3): 225–36. https://doi.org/10.1023/A:1020142013216.
Hoppe, Hans-Hermann, Jörg Guido Hülsmann, and Walter E. Block. 1998. “Against Fiduciary Media.” Quarterly Journal of Austrian Economics 1 (1): 19–50.
Huerta de Soto, Jesús. 1998. “A Critical Note on Fractional Reserve Banking.” The Quarterly Journal of Austrian Economics 1 (4): 25–49.
Smith, Adam. 1976. An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Indianapolis, United States: Liberty Fund.
Westerkamp, Martin, Friedhelm Victor, and Axel Küpper. 2020. “Tracing Manufacturing Processes Using Blockchain-Based Token Compositions.” Digital Communications and Networks 6 (2): 167–76. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dcan.2019.01.007.
Se mantiene vivo un debate dentro de la Escuela Austríaca sobre si la banca con reserva fraccionaria—sistema mediante el cual la banca puede emitir activos financieros mediante préstamos a la vista—puede y debería existir. Parte del debate entre aquellos que defienden que por mandato los bancos deben mantener un coeficiente de caja del 100% y los que creen que deben ser los bancos quienes a través de la libre competencia regulen sus activos, e el origen de los bancos como almacenes de depósitos y la posible corrupción de estos a entidades que además comerciaban con el dinero depositado.
Según Rothbard (1991), Hoppe (1994), Huerta (1998) y otros autores, los bancos nacieron como almacenes de depósito y los billetes de banco, antes de ser pagarés a la vista del portador, eran certificados de depósito. Los bancos, su teoría afirma, nacieron como almacenes con dos motivos principales: la guarda y custodia del oro y la emisión de certificados de depósito para reducir costes de transacción. El contrato mediante el que se comerciaba con los bancos era únicamente el deposito. Por la naturaleza de los contratos de deposito, el depositario no podía disponer de los bienes depositados, es decir, los banqueros no podían hacer uso del dinero como deseasen.
No obstante, con el tiempo, los banqueros se dieron cuenta de que no todos los depositantes requerían de su dinero a la vez y que gran parte del oro almacenado permanecía sin uso. Por tanto, empezaron a emitir más certificados de deposito que oro tenían en sus cajas fuertes para aumentar sus beneficios a costa de violar el contrato de deposito. El Estado les permitió llevar a cabo esta actividad fraudulenta y además les concedió privilegios como la institucionalización de un prestamista de última instancia para cubrirles en caso de pánico bancario. O eso cuenta la historia que los ciemporcientistas suelen citar.
Una objeción clara a esta teoría y que he visto pocas veces planteada (a George Selgin en su debate con Robert Murphy y a Capella (2009)), es que los certificados de depósito difícilmente podrían funcionar como billetes porque alguien debería estar pagando por el ejercicio de depósito. El contrato de deposito es un contrato de prestar un servicio, el de almacenar y proteger un bien. Este servicio se tendría que pagar con cierta regularidad, digamos mensualmente. Si los certificados de deposito circulasen como dinero, el banco-almacén no sabría a quién cobrarle por este servicio ya que este certificado podría cambiar de manos varias veces por día.
El banco-almacén tampoco podría cobrárselo del deposito, iría en contra del derecho, y de poder, cada nuevo poseedor de un certificado se vería obligado a visitar el almacén para asegurarse que el dinero sobre el que le han dado propiedad está ahí y no ha sido utilizado para cobrarse por el servicio. Los depósitos deberían ser pagados por el depositante original por un cierto periodo de tiempo, digamos tres meses. Si yo pago adelantadamente tres meses de deposito, en esos tres meses no voy a querer circular el certificado porque entonces estaré pagando un servicio para que lo llegue a disfrutar otra persona. Si me espero a que pasen los tres meses para intentar vender mi billete por otro bien, quizá me encuentre en la situación que la otra parte no lo quiera aceptar porque sabe o barrunta que el servicio de guardia y custodia no está pagado y que puede llegar al almacén y no encontrarse nada en caso de querer convertirlo en oro.
Es, por tanto, difícil de aceptar que en algún momento los billetes de banco fueran certificados de deposito. Si vemos imágenes de certificados de deposito, nos entran aún más dudas. En este certificado observamos que el servicio de deposito dura veinte años salvo que se renueve o retire todo, que ha sido pagado para cinco años y que a partir del quinto año el coste será de un 1% del valor del dinero depositado. Es difícil de creer que un título a un bien hasta veinte años salvo que se renueve—acto el cual deberá hacer el depositante original—que hasta dentro de cinco años tiene incentivo para no mover el billete y con un coste del 1% anual—otra de las ventajas de los préstamos a la vista frente a los depósitos a la vista: te generan un interés—.
Este modelo de certificado presenta una nota al final donde indica que ‘‘la facturación no se podrá realizar a terceros sin vínculo contractual con ALSUR […]’’, es decir, una vez pasa de manos, el depositante original continuará siendo el encargado de pagar por el deposito, que podrá hacerlo y asegurarle a quien lo tenga que aceptar que lo hará y esperar a que este confíe en él y además espere que terceros confíen en la palabra del depositante original, o no hacerlo y tener que retirar su dinero de ahí o defraudar a alguien dispuesto a aceptarlo.
Entonces, ¿qué son los billetes de banco si no son ni han sido certificados de deposito? Como bien define Capella (2009), ‘‘ son ‘‘pagarés, pasivos bancarios, documentos que representan deuda y que certifican derechos de cobro’’. Los billetes siempre han funcionado como tal. La reserva fraccionaria, más concretamente el contrato de préstamo a la vista, ha estado aceptado tanto por el derecho Romano como el derecho anglosajón. El derecho Romano permitía estos contratos mediante las figuras del mutuum, el mutuum con stipulatio, el stipulatio o el depositum irregulare (Collins and Walsh 2014). El derecho anglosajón, por otro lado, contaba con lo que Selgin llama “the bagging rule” (2017; Fox 2015), se entendía que salvo que el dinero se depositase en una bolsa cerrada u otro objeto que indicase que no se podía acceder a él, el banquero podía disponer de ese dinero libremente para realizar préstamos a terceros con el requisito de que tuviese la cantidad demandada por el depositante a la vista.
Dejando de lado el revisionismo histórico e independientemente de si los bancos funcionaron únicamente como almacenes de dinero o no así o no, los mismos argumentos se pueden esgrimir contra aquellos que sí que quieren implantar este sistema. Difícilmente podrían los certificados de deposito circular como billetes bancarios sin un gran descuento. Un sistema donde solo el coeficiente de caja del 100% estuviese permitido tendría que lidiar con este problema e incluso ponerse de acuerdo entre todos y cada uno de los agentes de esa economía para solo intercambiar los billetes mensualmente, con el pago de cada nueva factura del almacén, pero eso les requeriría funcionar a crédito hasta que se liquidasen los pagos, lo que dudo que aceptasen.
Lo que definitivamente no son los billetes de banco es décimos de lotería como algunos (Block 1988, 30–31; Hoppe 1994, 71; Huerta de Soto 1998, 554) apuntan. Aún si se sufriese un pánico bancario y todos los clientes buscasen recuperar su dinero, los bancos aún tendrían otras maneras de pagar sus deudas: liquidando otros activos, incluso su patrimonio neto o negociando una novación.
Referencias
Block, Walter E. 1988. “Fractional-Reserve Banking: An Interdisciplinary Perspective.” In Man, Economy, and Liberty: Essays in Honor of Murray N. Rothbard, edited by Walter E. Block and Llewellyn H. Jr. Rockwell, 24–31. Auburn, United States: Ludwig von Mises Institute.
Capella, Francisco. 2009. “La Banca Con Eeserva Fraccionaria.” Liberalismo.Org, 2009.
Collins, Andrew, and John Walsh. 2014. “Fractional Reserve Banking in the Roman Republic and Empire.” Ancient Society 44: 179–212.
Fox, David. 2015. “Banks v Whetson (1596).” In Landmark Cases in Property Law, edited by Simon Douglas, Robin Hickey, and Emma Waring. London, United Kingdom: Hart Publishing.
Hoppe, Hans-Hermann. 1994. “How Is Fiat Money Possible? Or, The Devolution of Money and Credit.” The Review of Austrian Economics 7 (2): 49–74.
Huerta de Soto, Jesús. 1998. Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Madrid, Spain: Unión Editorial.
Rothbard, Murray N. 1991. What Has Government Done to Our Money? Auburn, United States: Richardson & Snyderises Institute.
Selgin, George. 2017. “The ‘Bagging Rule’ – Or Why We Shouldn’t Arrest (All) the Bankers.” Alt-M, September 6, 2017.
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