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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Preocupante desaparición de los ciberactivistas

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Este juez ha ordenado tomar esas medidas, ojo, cautelares contra Stop Nacionalismo, Boicot Ya, Stopnacionalismos, Nacionalismo No, El Boicot, Catalanes No Gracias (se refiere a los cavas y es una simple lista de cavas no catalanes), Hasta Los Huevos (tanto el dominio .com como el blog al que dicho dominio redirige) y Estatuto. En el momento de escribir esto yo las veía; pero algún usuario de Jazztel me ha dicho que ya no tenía acceso. En todo caso, siempre se podrá acceder mediante servicios como Anonymouse.

Por lo que se ve, el juez ha accedido sin más a las pretensiones de los demandantes, la Cámara de Comercio catalana, que se ve que no tiene nada mejor que hacer que dedicarse a demandar a una serie de páginas web que incluían un listado de productos catalanes y otro de alternativas. Porque pese a que las medidas cautelares se han dictado en septiembre, el asunto viene de otoño de 2005, las declaraciones de Carod Rovira contra la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos y el boicot que muchos ciudadanos promovieron, primero contra el cava catalán y después contra un montón de productos fabricados en Cataluña. Era una lista detalladísima, que llegaba a los condones o las pilas alcalinas. Su autor explica que entre él y un compañero de trabajo se limitaron a ir a un supermercado a anotar qué marcas tenían su sede social en Cataluña y, por tanto, pagan allí sus impuestos; en resumen, facilitaron una información pública y, de hecho, obligatoria para cualquier cosa que se venda.

El caso es que una cosa es pedir a proveedores extranjeros que eliminen páginas web de grupos terroristas o de pedofilia, que es algo en lo que suelen colaborar. Otra muy distinta es pedirles que eliminen webs. Así que, supongo que para no hacer el ridículo, ha pedido a los proveedores de acceso españoles que impidan a los internautas acceder a las mismas. Otra cosa es que estos hagan mucho caso a esta orden, porque cumplirla les obligaría a filtrar todo el tráfico web para ver si la web visitada es una de las consideradas malignas por el juez de Barcelona. A no ser que lo hagan ya por otras razones, el coste puede ser inasumible.

Pero el que los españoles seamos laxos a la hora de cumplir órdenes estúpidas y desproporcionadas no quiere decir que no sean estúpidas y desproporcionadas. Y es que el juez ha dicho que sí a todo sin hacer una sola comprobación. Por ejemplo, podría haber mirado que las dos únicas web con dominio propio, Stop Nacionalismo y Nacionalismo No hace ya tiempo que están abandonadas, seguramente por miedo a las consecuencias de la demanda. Ya se sabe, tú pon la querella, que así se acojonan y aunque el juez no te dé la razón seguro que retiran los contenidos que quieres que retiren. El caso es que el juez les ha dado la razón, pese a que las web ya no existen y son ahora propiedad de esas empresas de reventa de dominios. Simplemente ha obedecido a las peticiones de la Cámara de Comercio. Ante cosas como ésta, parece menos importante la exigencia de que la LISI sólo contemple la posibilidad de que sea un juez quien pida la retirada de contenidos.

Pero lo más triste es que recuerdo que hace bien poco todos montamos en cólera, a izquierdas y derechas, con el caso de A las barricadas vs. Ramoncín. Esto, en cambio, debe ser bueno y adecuado, porque nadie se ha quejado excepto los blogs de derechas. Luego escucharán y leerán cosas sobre la crispación y el sectarismo. Recuerden este caso.

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Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Para Rajoy la medida se justifica en base a que "el gestor privado es más eficiente que el gestor público". De eso no creo que existan dudas a estas alturas de la película y ojalá que el Partido Socialista se sumara a la propuesta. Actualmente la gestión de los aeropuertos españoles depende de la pierna con la que se levante el político o el burócrata de turno, lo bien (o mal) que le haya sentado el café de la mañana o cualquier otro factor ajeno al deseo de los pasajeros y empresarios. En efecto, AENA está adscrita Ministerio de Fomento, que es el encargado de fijar sus directrices de acuerdo con el mandato que establezca el Gobierno. Así las cosas, sería un milagro que la gestión de las puertas del cielo fuera barata, de calidad y estuviera sometida a los deseos del consumidor.

Por poner un ejemplo que resulta sangrante, una de sus funciones del gestor aeroportuario estatal es el "desarrollo de los servicios de orden y seguridad en las instalaciones que gestiona". La realidad, como es de esperar, es justo la contraria. En los aeropuertos españoles se registran diariamente un gran número de robos y hurtos. Por un lado tenemos las famosas mafias internas que hacen que de las maletas embarcadas las más atractivas nunca encuentren su destino final y, por el otro, a delincuentes organizados que sustraen día sí, día también, el equipaje de mano de multitud de pasajeros. A muchos les resulta increíble cómo entre AENA y la Policía no sean capaces de parar una plaga que se ha extendido por los aeropuertos españoles hasta convertirse en una verdadera pesadilla para pasajeros y compañías aéreas. Claro que si uno recuerda que la planificación centralizada no era capaz de poner comida en los supermercados públicos, ¿cómo va a hacer ofrecer seguridad y orden en un sitio con tanta gente?

El caso de las mafias internas ha tenido cierto eco en los medios en los últimos meses. Sin embargo, poco es lo que se oye hablar de los robos que tienen lugar antes de facturar. Y lo grave es que bastaría con un mínimo de interés y unas cuantas cámaras de vigilancia para evitarlos, porque los robos se producen continuamente a la luz del día en las colas de las terminales. Los delincuentes están especializados en robar a los incautos pasajeros que se relajan, como es normal, cuando llegan al mostrador de su compañía. Los empleados de las aerolíneas pueden contar infinidad de ejemplos porque aparte de realizar su trabajo tienen que consolar diariamente a los pasajeros que les quitan sus pertenencias mientras esperan a ser atendidos.

Hace unos días le robaron a un marinero que llevaba seis meses lejos de su familia un maletín de mano con todo lo que había logrado ahorrar durante ese medio año de duro trabajo en alta mar. El hombre, como es normal, rompió a llorar en plena Terminal 1 del Aeropuerto de Madrid Barajas. Unas semanas antes de este incidente, y en el mismo lugar, estos profesionales de aprovechar la ineficiencia de la gestión pública de los aeropuertos y de los servicios de seguridad le quitaron a una señora en silla de ruedas su equipaje de mano. No son más que dos ejemplos recientes de una lacra permanente: la de la lamentable gestión de unos aeropuertos huérfanos de competencia.

Pasa lo de siempre. En estas entidades públicas no hay un dueño que soporte los costes y pérdidas ni disfrute de los posibles beneficios. Así que la gestión termina en manos de una burocracia al tiempo que el servicio al pasajero tiende a ser caro y muy deficiente. Por eso la privatización de AENA puede traer muchos beneficios al consumidor y a las compañías aéreas. Lo ideal sería que no se privatizara todo el ente público a una sola empresa sino que se troceara y se subastaran los aeropuertos, lo cual abriría el sector a la competencia y la soberanía del consumidor.

Pero además de todos estos argumentos de eficiencia, la privatización traería justicia al sector. Y es que no es justo que el conjunto de los españoles paguemos los impulsos inversores y las pérdidas del ente estatal, que este año se prevé que superarán los 50 millones de euros. Lo justo sería que los que viajamos fuésemos los que decidiéramos si correr, o no, con los costes en los que incurran empresarios en competencia. Lo que es indigno es que quienes no han visto nunca un avión tengan que pagar los caprichos políticos de quienes se pasan el día volando de comisión en comisión.

Camino China

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

No basta con que esté a punto de caer sobre nuestras cabezas una ley que permite el cierre de webs a autoridades no judiciales. Por si eso fuera poco cada vez aparecen más sentencias judiciales que, con todo el respeto a los jueces y magistrados, resultan sorprendentes por la manera en que fuerzan la legislación vigente para reprimir la libertad de expresión.

Si ya sentencias como la que condenó a los anarquistas de A las barricadas por los comentarios sobre Ramoncín vertidos en su foro resultan del todo peligrosas y de dudoso rigor jurídico, algo sobre lo que decidirá el tribunal encargado de dirimir el lógico recurso, todavía más alarmante resulta que un tribunal barcelonés ordene bloquear el acceso a nueve web críticas con el nacionalismo catalán. También aquí la argumentación del juez resulta cuando menos peculiar. El auto judicial invoca el artículo 8 de la LSSI, por el que un tribunal puede ordenar el bloqueo o el cierre de una web cuando vulnere "el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social".

Indudablemente ser crítico con el nacionalismo no entra en ninguna de esas categorías. Ni tan siquiera entra la llamada al boicot de los productos catalanes que hacían las web a las que se refiere el auto. Igualmente, resultaría rechazable que un juez ordenara el bloqueo o el cierre de los sitios catalanes donde se llama al boicot de todos los productos españoles que no se produzcan en Cataluña. Se puede estar a favor o en contra de este tipo de medidas, pero nunca han de ser condenables los llamamientos a ponerlas en marcha o participar en ellas.

Si ocurren cosas así habiendo jueces por medio, da miedo pensar en lo que puede llegar a pasar si se aprueba la LISI propiciada por el PSOE, que permite ordenar este tipo de medidas a autoridades administrativas. Definitivamente, vamos camino China y allí no os encontraremos en la gloria.

Privilegios contraproducentes

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Recuerdo que encontraron serios problemas para encontrar una casa. Es cierto que el mercado de alquiler es allí muy duro y que no es infrecuente para los inmigrantes tener que adelantar seis, y hasta ocho meses de renta para poder acceder a un hueco en la gran manzana. Pero este no era el problema a que se enfrentaban nuestros amigos.

Los caseros eran renuentes a alquilarles precisamente por el hecho de que él trabajara en una embajada. Gozaba de inmunidad diplomática y si quisiese podría dejar de pagar; nada podría hacer el dueño para hacer cumplir el contrato. Es más, los dueños no tenían que recurrir a la imaginación para plantearse esa situación, sino a la memoria. Había ocurrido varias veces, aunque, claro está, jamás con un diplomático español.

Cuando me contó sus dificultades para encontrar piso me acordé de Bruno Leoni. En su libro La libertad y la ley (para el que inventaría nuevas palabras si fuese necesario con tal de recomendar su lectura), cuenta un caso homólogo, aunque de una época y de un lugar muy alejados. Fue uno de esos tropezones del Derecho Romano que le hicieron crecer a base del viejo método de la prueba y el error. Es, al fin, un derecho consuetudinario, que recoge el poso de la experiencia de siglos, destilado por el buen sentido y la sabiduría de los jurisconsultos.

Lo que ocurrió, según cuenta Leoni, es que los romanos observaron que la opinión de las mujeres, que tenían en sus manos una parte importante de la propiedad, era mudable. Y decidieron concederles el privilegio de deshacer un contrato si, después de haberlo firmado, cambiaban de parecer. Lo que ocurrió fue que nadie, y no sólo los hombres, quería firmar un contrato con ellas.

Se ve que en ocasiones los privilegios resultan contraproducentes.

Libertad de odio

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La pasada semana, un comunicado referente al fallo del Tribunal Constitucional declaró que si bien sigue siendo delito la difusión de ideas o doctrinas tendentes a justificar un delito de genocidio, o que pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, no lo es la difusión de ideas que nieguen el genocidio.

La filtración sobre la sentencia viene a cuento por el juicio contra Pedro Varela, cabeza visible durante años de la CEDADE, organización pro-nazi, y propietario de la librería Europa, y su condena por "apología del genocidio e incitación a la discriminación, al odio y la violencia raciales".

El personaje en cuestión no tiene desperdicio. Tal y como se relata en la entrevista que le hicieron en el 2006 y que se publica en la página pro-nazi Stormfront, en 1980 recibió financiación de Arabia Saudí por la edición de obras antijudías y antisionistas en árabe y castellano. También organizó un homenaje público a Hitler con ocasión del aniversario de su nacimiento en el Palacio de Congresos de Madrid.

El comunicado deja insatisfechos a todos. Los judíos y simpatizantes consideran que negar el Holocausto debería ser penado por la ley debido a que normalmente va asociado a actitudes y conductas criminales contra ellos. La historia habla por sí sola. La persecución y los pogroms habituales desde el siglo XIV, la prohibición de tener propiedad privada, lo que les relegó a las tareas bancarias y financieras, son ejemplos groseros de la persecución histórica a que han sido sometidos.

Los grupos nazis en parte están encantados, pero consideran querrían tener más libertad para difundir sus mensajes. Como si la idea de que su rechazo a la inmigración nos hiciera olvidar qué tipo de gente hay detrás de una esvástica: o un tonto útil o un racista pro-nazi. La negación del Holocausto es un intento de restar importancia a un drama histórico de verdadera importancia, es negar una realidad. Predicar el odio a los judíos o a cualquier otra raza o religión y justificar su matanza es un síntoma del tipo de persona que uno es: una persona que no considera el derecho a la vida como el más sagrado, que no respeta la libertad de culto y pensamiento, y que en cierra odio en su interior. Lo peor.

Es llamativo que en la citada entrevista se afirme sobre Pedro Varela que, por su carácter, jamás habría cometido ni aplaudido un crimen semejante ni habría incitado a nadie a odiar a nadie. Y a continuación se describe su misión vital: desenmascarar al lobby judío como el gran conspirador mundial que se está haciendo con el poder planetario a costa de la destrucción de los demás pueblos, culturas y naciones. No se me escapa que la trampa de cualquier teoría de la conspiración es que al ser secreta por definición, la conspiración no se puede demostrar, es cuestión de fe, en este caso fe en una falacia que ha llevado al intento de exterminio de un pueblo por razón de su raza y religión.

Ahora bien, por mucho asco que me produzcan las tesis nazis, muy peligrosas que me parezcan y muy pro-Israel que me sienta, esta sentencia, y el tema en general, cuestionan la libertad de expresión. Uno puede pensar lo que quiera pero no puede difundir sus ideas si son nazis. Esa es la idea. Como si el odio llevara necesariamente implícita la acción o te hiciera cómplice. No sólo creo que negar el Holocausto no debe ser un delito, también creo que expresar tu admiración por un asesino de masas, por un ser despreciable, por la peor persona del mundo, no debe ser tipificado como delito.

Pero este tema convoca otro problema recurrente en nuestra sociedad.

Una vez definido mi criterio sobre la libertad de expresión la pregunta que surge de forma inmediata es ¿y qué hacemos con los nazis? ¿Vamos a dejar que campen por sus respetos haciendo propaganda de tal atrocidad? ¿Vamos a darles la oportunidad de convencer a nuestros adolescentes o a cualquiera como hicieron con el propio Varela cuando tenía 17 años? No. Rotundamente no. Pero hay otras vías. Lo que pasa es que no son tan cómodas como el recurso a la ley, al Estado paternal, al nanny state.

¿No le gustan los nazis? Boicotéelos. No les admita en sus tiendas, no les venda sus productos, no compre los suyos, no les contrate, no le venda un piso, no les alquile el Palacio de Congresos, no les conceda un préstamo, no les salude en la escalera… tome posiciones. Manifieste su descontento, hágase responsable de su desprecio hacia los nazis. Hágalo a pesar de las posibles represalias.

Es la sociedad civil, individuo a individuo, quien debería echar a los nazis con su actitud. Refugiarse en las faldas legales del Estado dañando para ello la libertad de expresión es un acto de cobardía. Hay que denunciar los actos delictivos, no las opiniones o la expresión de las mismas por mucho que nos aborrezcan. Incluso me parece una buena idea crear asociaciones voluntarias de ciudadanos financiadas por los vecinos para evitar el asentamiento de nazis en los barrios de manera legal y sin lesionar la libertad de nadie, o patrullas ciudadanas armadas para la vigilancia y defensa ante las agresiones y represalias de estos grupos. Organización civil.

¿Qué hace una chica como tú en un antro como ése?

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Al episodio de la espantada progre en el debate de Canal Sur sobre la Memoria Histórica, hay que sumar ahora el espectáculo bochornoso del programa 59 segundos, en el que Isabel San Sebastián hubo de marcharse para no tener que seguir soportando el hostigamiento y los graves insultos de José María Calleja, antaño valeroso defensor de los que sufren el terror nacionalista en el País Vasco, hogaño cómodo asalariado de una de las cadenas del grupo PRISA, desde la que, con fervor típico del neoconverso que vuelve al redil de la secta, se dedica a escarnecer a los que defienden lo que él mismo compartía hace tan sólo unos meses.

Z, que es el Maligno como todo el mundo sabe, seguramente le pidió durante la cena que compartieron en La Moncloa con Fernando Savater que le mirara a los ojos, petición siniestra que no había vuelto a escuchar desde que Bela Lugosi interpretaba al Conde Drácula, antes de que la morfina le licuara definitivamente el cerebro. Calleja probablemente miró bajo las cejas circunflejas y desde entonces está poseído.

Lo que me pregunto es por qué acuden los periodistas críticos con el Gobierno a las guaridas mediáticas de Z. Isabel San Sebastián tiene el prestigio suficiente como para no tener que someterse a las vejaciones de un programa preparado para destrozar a quien no piensa como Pepiño Blanco. Yo es que cuando escucho la palabra "pluralismo" echo mano al revólver que no tengo. Pluralismo no es reunir en torno a una mesa a unos cuantos hooligans zapateristas y un par de periodistas desafectos como nota de exotismo ideológico para que los primeros les azoten, sino la existencia de medios diferenciados en los que quienes comparten ideas y filosofía puedan expresarse libremente. Y que el espectador, con el mando a distancia, elija lo que prefiera.

Pero es que ni siquiera cuando se producen estos espectáculos de escarnecimiento al discrepante las televisiones públicas tienen la gallardía de actuar bajo el mismo rasero. En Canal Sur, la espantada progre supuso la suspensión del programa porque, al parecer, si la izquierda renuncia al debate éste ya no tiene sentido. En cambio, cuando quienes se ven obligados a abandonar un programa televisivo hartos de soportar graves insultos pertenecen a la prensa desafecta, el espacio continúa sin mayor problema, lamentando su directora, eso sí, que la intolerancia del insultado prive a la audiencia de seguir disfrutando de ese espectáculo de casquería totalitaria.

Dice Z que por fin Televisión Española es la televisión de todos. En efecto lo es. De todos "los nuestros".

La paridaz amarga al Partido Pirata

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Debido a la poca cantidad de afiliados que tiene el Partido Pirata y a que la proporción de mujeres entre ellos es más bien baja, esta formación no tiene por ahora capacidad para presentar candidaturas en todas las provincias españolas. ¿El motivo? Que no dispone de las suficientes féminas como para cubrir la cuota femenina en todas las circunscripciones. A pesar de que no es mi intención votarles por motivos que ya expliqué en su día, defiendo su derecho a poder presentarse sin que se lo impidan los caprichos supuestamente igualitaristas transformados en una ley que demuestra tener entre sus efectos el bloqueo electoral de pequeñas formaciones políticas.

Desconocemos el motivo de tan baja tasa de filiación femenina, pero dudamos que sea producto de un supuesto machismo de estos tipos de parche en el ojo y teclado en el lugar del garfio. No hemos visto en su web nada que nos haga suponer que consideren a las mujeres inferiores o algo parecido. Tal vez ocurre algo similar que en las facultades de Informática. Hay menos mujeres debido a que en general los temas relacionados con los ordenadores o con internet les interesan menos. Quizás con el paso del tiempo las aulas de las que salen programadores y similares se vayan llenando de chicas y que lo mismo ocurra con el Partido Pirata. Pero la realidad es que a día de hoy todavía no ha sucedido. Y por ese motivo, la ley castiga a este último a no poder presentarse en todas las provincias.

Es más, podría ocurrir que con una fuerte campaña de afiliación entre el sexo femenino, los responsables de la formación pudieran conseguir las suficientes afiliadas como para completar sus listas. Esto también crearía un problema al partido. Mientras los candidatos masculinos serían elegidos, suponemos, por su idoneidad para representar a los "piratas", en alguna provincia las candidatas lo serían sólo por ser mujeres. Esto es malo tanto para la formación política como para las féminas presentes en las candidaturas. A las que estén por méritos propios más de uno les reprochará ser "de cuota" y a las que están precisamente por serlos muchos se negarán a darles el beneficio de la duda.

La igualdaz por decreto, la paridaz a la que nos obliga el inquilino de La Moncloa daña hasta a unos altruistas que tan sólo buscan defender lo que ellos entienden como los derechos de los internautas. El populismo barato también perjudica a la red.

La política no es cosa de ángeles

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

La crisis en la que el PSOE ha sumido a la jurisdicción constitucional española se debe, además del secular desprecio de los socialistas españoles a la noción de separación de poderes, a un sistema de elección de los miembros del TC que ni garantiza la independencia de sus miembros ni previene contra los cambios bruscos de mayorías.

La comparación del sistema español con el norteamericano puede proporcionar pistas interesantes a la hora de plantear las reformas constitucionales pertinentes, aunque improbables, que aminoren el actual desprestigio e inoperancia del TC.

En los Estados Unidos los miembros del Tribunal Supremo, que en 1803 se arrogó la facultad de interpretación constitucional (caso Marbury vs. Madison) ejercen sus funciones de por vida, aunque pueden ser removidos por mala conducta mediante el impeachment. En España los magistrados son elegidos o nombrados por un periodo de nueve años e "inamovibles en el ejercicio de su mandato". Con frecuencia se ha señalado que el carácter vitalicio de los magistrados americanos les confiere una independencia de la que carecen sus colegas españoles. Por ejemplo, en 1973 fue un juez nominado por Nixon, Harry Blackmun, quien redactó la sentencia que legalizó el aborto. Otro juez nixoniano, Lewis Powell, votó a favor de la discriminación positiva.

La Constitución Española establece que los miembros del TC son doce, mientras que en los Estados Unidos el número de magistrados del Supremo ha ido variando, desde los seis iniciales hasta los nueve actuales. El número de magistrados americanos se fue ampliando según aparecieron nuevos tribunales inferiores, aunque algunos presidentes, como Roosevelt en 1937, intentaron expandir la membresía en el Tribunal Supremo para asegurarse mayorías favorables a sus políticas. Estos asaltos ejecutivos han sido casi siempre infructuosos.

Por último, el sistema de elección de los magistrados españoles prevé que dos de sus miembros sean nombrados por el ejecutivo, cuatro por el Congreso de los Diputados, cuatro por el Senado (en ambos casos por mayoría de tres quintos) y dos por el Consejo General del Poder Judicial. Cada tres años un tercio del TC es renovado. En los EE.UU. todos los miembros del TC son propuestos por el presidente tras el fallecimiento, retirada o impeachment de un magistrado, y aprobados por el Senado por mayoría absoluta, aunque en realidad bastan 41 senadores para que una elección sea bloqueada.

Es este último punto el que supone una mayor diferencia entre los casos español y norteamericano. En principio, la designación exclusivamente presidencial de los magistrados americanos puede hacer pensar que el Tribunal Supremo tiene una mayor tendencia que el TC español a la politización. Sin embargo, hay tres elementos que aminoran este peligro:

  1. Dado que los jueces son vitalicios, ningún presidente sabe a ciencia cierta cuántos miembros del Tribunal Supremo nominará. Nixon eligió a 4, Ford a uno, Carter no pudo nominar a ninguno, Reagan tres, Bush Sr. 2, Clinton 3 y Bush Jr. dos (reemplazando a uno de Nixon y a uno de Reagan, es decir, nominados por presidentes de su mismo partido). En la actualidad, sólo tres de los nueve magistrados fueron elegidos por un presidente demócrata, lo que se corresponde a grandes rasgos con los periodos de presidencia republicana (28 años) y demócrata (12) desde 1968 y hasta 2008. En cambio, en España cualquier partido sabe cuándo tocará la próxima renovación parcial del TC y puede por tanto actuar por motivos exclusivamente electoralistas.

  2. Esta diferencia de 2/1 en los Estados Unidos no se refleja de forma automática en la orientación de los miembros del Tribunal Supremo debido a que las nominaciones presidenciales tienen que ser aprobadas por el Senado, cuya mayoría no suele coincidir con el partido del presidente. Así, Nixon, Ford y Bush Sr. (12 años en total) tuvieron siempre mayoría demócrata en el Senado, Reagan tuvo mayoría republicana en la Cámara Alta durante seis años, y el actual presidente finalizará su mandato habiendo disfrutado de mayoría de su partido en el Senado sólo durante cuatro de sus ocho años en el cargo. Esto y la posibilidad de bloqueo por parte de 41 senadores obliga al presidente a ser cauto a la hora de nominar candidatos cuyas posiciones difieran de forma radical de las mantenidas por la mayoría de los senadores. También debe tener cuidado a la hora de proponer magistrados sin la debida capacitación. En cambio, durante los mandatos de Felipe González el TC tuvo casi siempre super mayoría socialista, mientras que el PP nunca ha contado con más de seis magistrados teóricamente favorables a sus posiciones, ni siquiera durante sus ocho años al frente del Gobierno.

    Sólo una combinación de muertes o retiradas súbitas y una super mayoría senatorial sostenida y coincidente con el presidente podría ocasionar un cambio radical en la orientación del Tribunal Supremo, algo que no sería bien visto por los electores, que suelen castigar los intentos de concentración de poder. En España, un Gobierno puede modificar la orientación del TC de forma rápida si durante su mandato tiene la suerte de nombrar a los dos magistrados que le corresponden. Esta potestad provoca que la oposición bloquee el proceso de elección de magistrados en el legislativo e incluso de miembros del CGPJ para contrarrestar los ases en la manga de que dispone el Gobierno. La oposición no posee ningún incentivo para cooperar, pues nada asegura que cuando alcance el poder el partido que apoya al Gobierno actual se comporte de forma positiva.

  3. Como los miembros del Tribunal Supremo se renuevan de uno en uno, no cabe en el sistema americano la negociación de listas de magistrados (uno de los tuyos y uno de los míos) atendiendo a razones puramente partidistas. Además, el comportamiento de los senadores a la hora de aprobar o rechazar las nominaciones presidenciales suele jugar un papel muy importante en sus campañas electorales de reelección.

El sistema norteamericano, basado en la desconfianza, el contrapeso y la moderación, y la cultura política predominante entre los ciudadanos de aquel país, que aborrece la oposición desleal y premia el consenso y el respeto mutuo entre los poderes del Estado, hace que situaciones como la que vivimos en la actualidad en España, con bloqueos constantes, cambios legislativos oportunistas y cortoplacistas, y uso torcido de la recusación sea poco más o menos que impensable para un americano. Para colmo, el actual sistema parlamentario, que convierte la separación de poderes en una mera separación de funciones, la tendencia de la izquierda española a considerar al Poder Judicial y al TC meros apéndices de la mayoría parlamentaria, y la indefinición crónica de la derecha a la hora de plantear reformas constitucionales no auguran nada bueno. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato?

Periodistas partidarios de la censura

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Y es que parece que lo único que Cebrián hizo este lunes fue lanzarle unas pullas al presidente del Gobierno allí presente, a cuenta de las patadas a la ortografía de su campaña "Con Z de Zapatero", algo sin duda muy apropiado tratándose de un discurso realizado en la Real Academia de la Lengua Española, por más que a su propio diario no le pareciera tan mal destruir la ortografía cuando lo propuso García Márquez. El problema, precisamente, es que aquello fue un detalle tangencial dentro de su discurso, dedicado a la red. Y, como sucede casi siempre que Cebrián toma la palabra para hablar de internet, habló mal.

Aun tomando la loable iniciativa de que la academia reconozca blog y sus derivados como bloguero y blogocosa, Cebrián volvió a intentar denigrar a los ciudadanos normales y corrientes, aquellos que no estamos ungidos con la licencia prisaica que permite decidir qué es verdad y mentira. Así pues, en la red "el papel del periodista como intermediario entre la realidad y los usuarios de los medios se ve sustituido por el de agitador o promotor de las insinuaciones y deliberaciones ajenas"; algo, como se ve, muy distinto a lo sucedido en los medios controlados por él entre el 11 y el 14 de marzo de 2004.

Como máximo (y único) ejemplo habla de la pifia de Engadget, que publicó que iPhone y Leopard se retrasarían unos meses a raíz de un correo enviado por unos hackers que lograron hacerse pasar por empleados de Apple, provocando una caída en las acciones de la compañía de la manzana. Y una subida posterior, cuando publicó el desmentido. ¿Cómo es posible que sucediera algo así? Pues porque generalmente ese blog está mejor informado que la mayoría de los medios de comunicación tradicionales, debido a lo cual los inversores se fiaron de lo que decía. A partir de ese error seguramente muchos se tomen las exclusivas de Engadget con un poco más de prevención. Algo parecido a lo que ha ocurrido con El País o la SER, que a base de colarnos mentiras han dejado de ser medios creíbles para un porcentaje considerable de la población española.

El problema de Cebrián es el mismo que tiene con Mediapro. No aguanta dejar de ser la única fuente desde la que millones de ciudadanos reciben información y cultura. Cada vez es más difícil que, como se decía hace unos años, una persona pueda creerse que tiene una vida razonablemente cultivada sin salir de Prisa (despertándose con la SER, desayunando con El País, comprando los regalos en Crisol, viendo el cine de Sogecine, fútbol en Canal Plus, estudiando con Santillana, leyendo sólo las novelas de Alfaguara, etc.) . Hay que reconocerle el mérito de ver bien pronto la amenaza; por eso empezó a atacarla ya desde la publicación en 1998 de su tecnofóbico La red. En 2001 denunció la "censura insidiosa" que suponía la disponibilidad sin coste alguno de todo tipo de información en internet, lo que impedía "seleccionar la información de interés, honesta o verdadera". Y desde entonces viene dando la matraca.

Pero Cebrián va mas allá, llegando a decir (sin sonrojarse) que "podríamos asumir que hay una cierta pasión por el exhibicionismo, a veces bajo la escusa (sic) de la comunicación, en toda la actividad que se desarrolla en la red. Al fin y al cabo, quien se abre una gabardina y enseña los genitales a los viandantes busca también una forma de comunicarse." Gracias, Janli. Por fin he entendido la filosofía periodística que te mueve. No hay nada como una confesión de parte.

La fama de Sergi Xavier

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Es difícil ponerse en la situación de Sergi Xavier. Iba borracho, sí. Pero seguramente quería ejercitar sus piernas y su sensación de poder. Esa chica valdría; total, se lo merece "por puta inmigrante". Es débil, además. No estaba él para enfrentarse a un sparring.

Sólo puedo imaginar si al ver a la chica mezcló un sincero desprecio con la proyección sobre ella de una culpa inconcreta sobre todo lo de fuera. "A ese moro lo mataremos", vociferaba al móvil. ¿Cómo podrá haber llegado a despreciar lo foráneo? ¿De dónde habrá sacado esas ideas Sergi Xavier?

A dos metros de distancia otro joven, Jesús Prieto, de 23 años, es testigo de la agresión. Quiere desmentir su condición mirando hacia otro lado, pero desde el primer momento es consciente de lo que ocurre. Él también es inmigrante y no quiso convertirse en el sparring de Sergi Xavier. Prieto es su apellido y la condición de sus nalgas. Él no estaba para ejercitar sus piernas ni ningún otro músculo en defensa de la joven de 16 años. Eh, la cosa no iba con él. Son sus palabras: "Nadie me ha amenazado ni insultado". Y se diluye en la responsabilidad colectiva: "Habían (sic) otros dos señores en el vagón que tampoco hicieron nada".

Sí. A excepción de la pobre víctima, lo ocurrido desde ese vagón parece una sucesión de miserias. El foco de los medios de comunicación lo quema todo. TV3 ha decidido castellanizar el nombre de Sergi Xavier, mientras que El Periódico catalaniza el nombre del Prieto argentino, que de ser un cobarde pasa a ser "la segunda víctima del tren". Y todo porque se explica en catalán desde TV3. "Tenía miedo", dice.

Es lógico que tuviese miedo. Cuando nadie tiene con qué defenderse impera la ley del más fuerte. Sergi Xavier fue preciso con sus piernas y con su odio. Estaría borracho, pero hubiese pasado las pruebas físicas de alcoholemia en cualquier control. "Siga esta línea sin desviarse. Lance su pie derecho sobre ese punto". ¿Quién se le iba a enfrentar?

Si la ecuatoriana hubiese podido lanzar un spray sobre el agresor o amenazarle con otro medio de defensa, podría haber evitado la patada. En ese caso incluso Prieto podría haberse sentido solidario. Podía haber reconocido que los insultos iban también contra él. Un estudio realizado en Estados Unidos sobre los ciudadanos que han salvado a víctimas de crímenes o han arrestado a criminales violentos ha hallado que era dos veces y media más probable que los solidarios fueran armados a que no lo fueran. El propio Sergi Xavier sabría que sus piernas de poco le valen y que su ventaja se desvanece. No quería un sparring, como para enfrentarse a una persona con un medio de defensa.

Hoy nadie sabría quién es ese miserable.