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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Libre Boadella

Antes de comenzar la función, un rápido vistazo al público que disfruta cualquier obra de Albert Boadella en Madrid permite contemplar entre la pluralidad de espectadores que abarrotan el Teatro Albéniz, como casi siempre, una tipología reveladora de damas de la derecha clásica española, animosamente dispuestas a compartir las últimas irreverencias de Els Joglars. Es curioso, pero alguien podría llegar a pensar que hace veinticinco años esas mismas señoras quizá hubieran solicitado cadena perpetua o similar para Boadella, por causa de su huida de la justicia durante el posfranquismo por el caso La Torna; no obstante, el éxito de España, el acuerdo entre contrarios, la cicatrización de heridas (que ahora se pretende reventar), además del delirio separatista, han hecho posible que muchos, ellas incluidas, acudamos a las eucaristías de libertad que el genial juglar dispone.

El triunfo permanente de Boadella, su valentía, su universo de palabras y gestos, han acabado por vincular a contrarios; ha creado una comunidad transversal de ciudadanos que no digiere ya el discurso dominante de la política y la cultura de nuestro país. Sin embargo, esta partida no está ganada. Las emboscadas de sus poderosos enemigos arrecian de nuevo. Como diría su admirado Josep Plá, es probable que aún no vivamos en una nación perfectamente consolidada, de manera que pudiera preverse según el ejemplo del auditorio madrileño.

Ahora, en su último ensayo, Boadella se despide de su tierra natal a efectos profesionales y la deja por imposible. El autor de Jafre (Gerona) narra la deriva independentista, el timo de los cantautores durante los 70, la mafia en los despachos barceloneses, la traición de los clérigos de izquierdas a sus bases, el fin de cualquier principio. Que un hombre como él –que tuvo los arrestos de aparecer camuflado de clown senil en la televisión de la época, imitando al mismísimo general Franco– sea hoy catalogado como facha por los que nunca dieron el callo a favor de las libertades, va más allá de cualquier envidia o amnesia histórica (ver Los años vividos, TVE, 1990).

En Adiós Cataluña, lejos de la fatiga de esta lucha, aparecen, por fortuna, remansos de armonía: el amor, la intimidad, los placeres. Boadella declara la pasión por su esposa, la pintora Dolors Caminal, en todas las horas de su existencia en común. El escritor, ejemplificándose, muestra las ridiculeces que en ocasiones cometemos los varones en nuestra relación con las mujeres. También puede descubrirse, aunque sorprenda, una conexión entre su pensamiento libre y lo que filosofaba Ayn Rand acerca de las ciudades y la naturaleza. Dice Boadella: "Las grandes montañas, las cataratas, selvas y desiertos no me inspiran ninguna imagen divina. En cambio, un camino de cipreses en las ondulaciones del Siena, que conduce hasta una capilla con frescos del Quattrocento, rodeada de olivos y viñas, es la representación más plausible del cielo cristiano. Un paisaje semejante… ha sido afectuosamente modificado para ser más grato al hombre". Apuntaba a su vez Rand en El Manantial: "Y después me hablan de peregrinaciones a algún santuario húmedo de la jungla, a un monstruo de piedra receloso, con una gran panza, creado por algún salvaje con lepra. ¿Quieren ver el genio y la belleza? ¿Buscan un sentido de lo sublime? Que vayan a Nueva York, a las costas del Hudson, Que contemplen y se arrodillen."

Sin estar completamente de acuerdo con tales afirmaciones, puede vislumbrase una similitud entre ambos creadores libertarios, tan lejanos y distintos entre sí. La serendipidad lo hizo posible. El hermetismo de Rand frente a la luminosidad de Albert Boadella; les une la incomprensión generalizada sobre lo que los dos representan: una firme voluntad de desabrochar cadenas, apartar espantajos y soltar lastre. En cualquier caso, para la próxima, el juglar nos debe una explicación sobre cualquier disciplina o arte humano que le apetezca, a ser posible sobre las tablas. Mucha mierda, maestro.

Arrivederci, libertà

Esta quedaría reducida a las empresas con capacidad de pagar a una compañía editora (o registrarse como tal) y a un periodista y a las bitácoras u otros tipos de web de profesionales de la comunicación dispuestos a pagar un impuesto. Además, la Red transalpina podría ir olvidándose de la existencia de foros y de comentarios de los lectores.

La ley Prodi-Levi contiene varios puntos contrarios a la libertad de la Red. En primer lugar, el creador de cualquier web debe registrarla en el equivalente italiano a la CMT, obtener un certificado y pagar un impuesto aunque no tenga fines comerciales. Así, mientras que en el resto del mundo crear una bitácora puede ser algo que ocupa apenas unos minutos (utilizando servicios como Blogger, por ejemplo) y no cuesta dinero, en Italia puede convertirse en un proceso largo y engorroso al tener que enfrentarse a la burocracia al mismo tiempo que caro por tener que hacer frente a imposiciones fiscales.

A esto se suma que toda web tenga que funcionar bajo el amparo de una compañía editora (¡adiós a las páginas personales o de compañías de otros sectores que no estén puedan encontrar un socio de este tipo!) y a tener como "director responsable" a un periodista registrado. La mera existencia de la figura del "periodista registrado" es cuando menos discutible, viene heredada de la época de Mussolini y su existencia en España tuvo lugar en la época de Franco, aunque IU quería recuperarla en el congelado Estatuto del Periodista.

Pero el pretender que este tipo de profesional con aval estatal tenga que supervisar las webs es una locura liberticida que garantiza la desaparición de gran parte de la Red italiana, que se limitaría a páginas creadas sólo por profesionales de este tipo o por personas que pudieran pagar a uno de ellos para poner su nombre. Por cierto, que en citado Estatuto del Periodista se pretendía lo mismo para buena parte de los blogs españoles.

Y un último detalle liberticida. Si el propietario de un blog o una web de otro tipo "pierde el control" sobre algún contenido difamatorio que aparezca en el mismo, puede terminar en la cárcel. Dicho de otro modo, se le hace responsable de todos aquellos mensajes que los lectores puedan escribir como comentarios en su bitácora o en los foros de su web. Algo que resulta totalmente demencial.

Por cierto, resulta cuando menos interesante que la bitácora política más influyente, Il Blog de Beppe Grillo, es especialmente crítico con el Ejecutivo de izquierdas que promueve esta ley. Esperemos que la norma no salga adelante. Ya conocemos de sobra a los políticos europeos. Si en un solo país una legislación restrictiva con la libertad en Internet consigue ser aprobada, el resto de gobiernos se darán prisa en imitar el ejemplo y tratar de imponer una similar contra sus compatriotas.

Watson, ADN, racismo, aborto

Y ha precisado lo que quiere decir, al añadir: "No hay una razón firme que nos permita anticipar que las capacidades intelectuales de los pueblos que han sido separados geográficamente en su evolución hayan de probarse idénticas."

Vivimos una sociedad de mezquinos intelectuales y, sobre todo, morales. Prácticamente todo el mundo ha reaccionado acusando a Watson de racista. Pero resulta que aquí los racistas son, precisamente, quienes le acusan de serlo. Porque sólo lo pueden hacer desde la presunción de que tiene algún valor moral el hecho de que una media de coeficiente intelectual sea mayor en una raza que en otra. Esa idea, que es el núcleo del pensamiento racista, está tan asumida por quienes han saltado como fieras sobre sus palabras, que ni siquiera se plantean que pueda ser un error. No. Pasan del juicio moral a la cuestión de hecho y niegan de antemano que la realidad pueda ser como la ha descrito James Watson. Es decir, que no sólo son racistas sino que prefieren negar una cuestión de hecho sin saber si es verdad o no a renunciar a asignar un valor moral a una media fisiológica. Si una persona está dispuesta a negar una cuestión de hecho por las implicaciones morales que cree que tendría, la que falla es su moral, no la realidad.

¿Son más inteligentes los blancos que los negros? Ni lo sé ni me interesa. Lo que sí sé, lo que sabemos quienes de verdad no somos racistas, es que, aunque fuera cierto, para mí jamás podría ser un argumento para considerar que una raza es moralmente superior a otra. Yo no me indigno porque tengo las ideas claras. Es más, yo no comparto ese colectivismo moral tan extendido. Soy individualista y creo en la igual dignidad del individuo, con independencia de su raza, sexo, creencia o condición. Vamos, que no he pasado por Educación para la Ciudadanía.

Curiosamente sus palabras más escandalosas han pasado desapercibidas. Según este hombre, "una mujer debería tener derecho a abortar si un test le demostrara que su futuro hijo va a ser homosexual". Aunque, claro, habrá quien se escandalice porque según Watson se le puede negar el derecho a la vida a un homosexual y le parezca bien que se le niegue ese mismo derecho a cualquier otro tipo de persona. El que piense así es peor que el propio Watson.

La paz de Gore y las cifras de Narbona

El ganador de un Oscar, Al Gore, es un hombre con estrella. Sólo hace cuatro meses que le han otorgado el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional y ahora el Comité Nobel ha premiado su labor como profeta del Apocalipsis climático con el Nobel de la Paz en su edición del 2007 junto a uno de sus grandes aliados, el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU. No dudo que el bueno de Al usará su jet privado para ir a recoger tan notables premios porque el ex vicepresidente de EEUU es así, desprendido con el CO2 que produce.

Si se piensa bien, Al Gore es el resumen de todo el pensamiento progre que la izquierda tanto se esfuerza en convertir en modelo moral. Político fracasado, supo sacar partido al recuento de votos en las presidenciales americanas del 2000 y cambió la Casa Blanca por la “casa verde”. Pese a ser rico hasta la extenuación, cobrar verdaderas millonadas por cada una de sus conferencias, contaminar el planeta y derrochar energía en suntuosas mansiones, la progresía le ha sabido perdonar todos estos pecados al convertirse en un profeta del ecologismo. No le ha importado mentir y manipular, otra característica que le hace atractivo a la izquierda ideológica, más preparada para la soflama propagandística que para la discusión razonada y razonable. Por otra parte, habría que preguntarse también qué tiene que ver la paz y el ecologismo en pleno ascenso del terrorismo verde. Sin embargo, no todo es luz en el universo.

En Gran Bretaña, el juez Michael Burton ha estimado que Una verdad incómoda, el documental-libro de Gore, ofrece una visión unilateral en algunos puntos y sin contrastar en otros, y los colegios no podrán mostrar el documental a los alumnos sin antes informarles de que el contenido está ligeramente sesgado hacia el alarmismo y la exageración. Stewart Dimmock, director de un colegio en Kent, ha actuado como la voz de la conciencia contra el totalitarismo verde y ha ganado una pequeña batalla en una guerra que la demagogia ecologista decanta de momento a su favor. Al fin y al cabo, el documental es “correcto en términos generales”, según el propio juez.

Precisamente es el alarmismo una de las principales herramientas que maneja el ecologismo y sus profetas. El miedo es libre y la ignorancia vasta y tal panorama no pasa desapercibido a ojos de los totalitarios. Las presentaciones de los informes medioambientales van acompañados de tremendos titulares que nosotros, simples lectores de noticias, tendemos a no cuestionar, bien por pereza intelectual o por imposibilidad de contrastar las cifras que se exhiben. No hace mucho la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó el informe Calidad del aire: clave de sostenibilidad urbana y los medios de comunicación destacaron que el 75% de los españoles vive expuestos a niveles peligrosos de contaminación, que cada año mueren 16.000 personas por esta causa y que esto reduce la esperanza de vida de los ciudadanos en meses o incluso años. Un dato, este último, que contrasta con el incremento de la esperanza de vida en España, que es uno de los más altos de la UE y que en los últimos años, en pleno auge de los procesos contaminantes, ha ido creciendo de manera continua. Incluso podemos asegurar que las medidas y procedimientos para conseguir un aire o un agua más limpia se han incrementado en las últimas décadas, por lo que esta situación que plantea el Gobierno, de ser cierta, es un tanto paradójica.

16.000 es una cifra que ya ha manejado el Ministerio de Medio Ambiente. A principios de febrero de 2006, la misma ministra presentaba otro informe sobre las zonas más contaminadas de España en la que se decía que 12 millones de personas respiraban aire sucio, que 80 ciudades superaban los límites de la UE y que el tráfico era responsable de 16.000 muertes, lo que invitaba a proponer medidas contra la polución y peajes urbanos en un momento en el que los políticos debatían que tipo de barreras había que imponer a los conductores. De nuevo encontramos ciertas paradojas en estas cifras. Ya que ambos informes tratan el mismo tema, podemos ver que de 12 millones de habitantes, es decir de algo más del 27% de la población pasamos en un año y medio al 75%, unos 30 millones. Es decir que de alguna manera podemos concluir que en año y medio de Gobierno socialista hemos pasado de un país casi rural a otro totalmente urbanita; cosas veredes, Sancho, que harán temblar las paredes. También sorprende que si, según la OMS, 2 millones de personas mueren al año por la contaminación, 16.000 lo hagan en España, es decir, el 0,8% del total, cuando España no tiene tanto peso en la población mundial.

El alarmismo lleva a titulares realmente curiosos. En la semana del 28 de septiembre se podía leer en la revista Tiempo que la contaminación produce violencia, que la intoxicación química podría provocar trastornos cerebrales y que la reducción de la criminalidad en Nueva York podría estar relacionada con la reducción de la contaminación por plomo que se ha producido a raíz de la desaparición de este metal de la mayoría de las gasolinas. Es curioso que entre los cientos de factores que pueden explicar las subidas y bajadas en las tasas de violencia social se dé tanto peso al factor ambiental. Teniendo en cuenta el estado de guerra continua de la humanidad durante los últimos milenios, los genocidios y matanzas que se han venido produciendo mucho antes de la Revolución Industrial, ¿no será el factor ambiental algo anecdótico o al menos con menos relevancia que la que se pretende dar?

La moraleja final de estos informes e informaciones es siempre la misma, la culpa la tiene el capitalismo. A mediados de septiembre el Gobierno culpaba al auge económico de que no cumpliera los compromisos medioambientales adquiridos con la UE, lo que impedía que pudiera controlar la contaminación. Es decir, una vez más la visión política, los planes administrativos, los objetivos basados en una utopía chocaban con la realidad. Estos errores deberían invitar a pensar a nuestros políticos lo imposible que es la planificación económica y social. Sin embargo, ocurre todo lo contrario: se proyectan nuevas medidas liberticidas como la que permitirá al Ministerio de Medio Ambiente expropiar el 25% del territorio que se encuentre las zonas de protección, terrenos que son en su inmensa mayoría de titularidad privada, si el burócrata de turno lo cree conveniente. ¿Quién dijo que el socialismo había muerto? Sólo ha mutado, y en vez de rojo se ve verde. El problema es que hay mucho daltónico.

La chantajista de Apple

Si la ahora demandante pagó la cantidad por la que se vendía el iPhone inicialmente es que en aquel momento no le parecía mal. Que la mayor parte de los potenciales consumidores consideraran que era demasiado caro y que ante esa realidad la compañía decidiera rebajarlo es un problema de Li, no de Apple. La neoyorquina en cuestión no puede siquiera argumentar que se trataba de un precio abusivo que tuvo que pagar al ser un producto de primera necesidad. Si se dio tanta prisa en comprarlo es simplemente porque deseaba tenerlo lo antes posible.

Cuando Li pagó la cantidad que se le pedía es que consideraba que la posesión del teléfono de Apple le iba a proporcionar una mayor satisfacción o un mayor beneficio que el que iba a conseguir conservado el dinero que le pedían por él. Consideró que era un precio justo y actuó en consecuencia. Cometió un cálculo erróneo y se equivocó. Lo más absurdo del caso es que ni tan siquiera se compró el aparato por cuya rebaja demandó a la compañía. Li había adquirido dos iPhones de 4 GB, cada uno de los cuales tenía entonces un precio 100 dólares menor que el de 8 GB y 100 más caro que lo que cuesta este último ahora. Como la rebaja sólo se ha aplicado al de mayor memoria, porque el otro ha dejado de venderse, Li no recibió la compensación de 100 dólares por aparato que sí han conseguido quienes optaron por comprar los de 8GB nada más salir al mercado.

Y ahí está la clave del asunto. Li adquirió los teléfonos en cuestión para revenderlos, y se ha encontrado con que pagó más de lo que ahora cuesta un aparato con el doble de capacidad. Según ella, Apple ha incurrido con esta rebaja en prácticas contra la competencia, debido a que ahora no puede obtener los beneficios que había previsto. No deja de ser curioso que considere que la competencia de Apple es quien compra sus productos para revenderlos. Parece que sólo le gusta el libre mercado cuando puede sacar beneficio del mismo. Tal vez alguien le debería haber explicado que, igual que puedes ganar, también puedes perder.

Posiblemente lo que pretenda la señora es crear un ruido mediático que provoque en Apple el miedo suficiente al posible daño que pueda producirse a su imagen para así conseguir arrancarle a la compañía un acuerdo por el que le pague una cantidad muy alta, aunque inferior al millón de dólares, para que se calle. En definitiva, un chantaje puro y duro para conseguir un dinero que no se merece.

Había una vez un cambio climático

Como ZP no distingue bien entre el tópico ideológico y la realidad, ni comprende de forma cabal que los disparates conceptuales, cuando se materializan en decisiones políticas, provocan serias catástrofes, me he permitido la licencia de traducir su texto a un lenguaje inteligible:

Señor Presidente, excelencias, señoras y señores ¿Qué tal? Soy ZP.

Después de buscar mucho entre los cascotes del Muro de Berlín, los progresistas hemos encontrado una herramienta ideológica válida para seguir atacando al capitalismo: el cambio climático. La ONU, lugar en el que toda filosofía totalitaria encuentra el debido acomodo, es el marco ideal para desarrollar estrategias destinadas a avanzar hacia un mundo socialista, unido y en paz.

Las medidas anticapitalistas que hemos empezado a poner en marcha afectarán sobre todo a los países menos desarrollados. Por eso es necesario seguir aumentando el trasvase de dinero de los pobres del primer mundo a los ricos del tercero. En España vamos a esquilmar un poco más los bolsillos de los ciudadanos, a ver si para el 2012 llegamos al famoso 0,7% del PIB.

Mi Gobierno está consiguiendo grandes éxitos en la aplicación de las medidas establecidas en el Protocolo de Kyoto para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Aunque su impacto en el incremento de la temperatura media del planeta será irrisorio, los firmantes del protocolo estamos dispuestos a castigar nuestras economías lo que sea menester para que el invento del calentamiento global no se venga abajo. Mis asesores me han escrito que en España hemos reducido en un cuatro por ciento el crecimiento de este tipo de emisiones. En realidad han pasado del 152% al 148%, lo cual, para cualquiera con una noción elemental de matemáticas significa que, en realidad, se han reducido un 2,63% y no los cuatro puntos que el ceporro autor del texto ha obtenido haciendo una resta lineal en lugar de calcular correctamente la reducción en términos porcentuales haciendo una simple regla de tres. Seguramente estudió la ESO, pero a cambio de una burricie estructural en materia de números estoy convencido de que es un tipo fuertemente sensibilizado con los problemas del mundo y la forma de resolverlos a través del diálogo, el talante, el mestizaje y la tolerancia. Lo perdonaré.

Señor Presidente, todo esto no lo hago por mí, ni siquiera por mi país. Lo hago "pensando en la humanidad" (el entrecomillado es textual). Hasta tal punto me impresionan los efectos devastadores del cambio climático que he sido capaz de venir aquí a advertir al mundo de los peligros de esta amenaza capitalista de raíz judeocristiana, aún a riesgo de tener que saludar a un tipo como Bush, que es un imperialista de derechas sin talante ni nada. Pero ¿qué no haría yo por la humanidad?

Salud y República.

El Gobierno contra la propiedad

En España la propiedad privada fuera de los núcleos urbanos está desprotegida ante la intromisión de los funcionarios del Estado. Los guardas forestales, que tienen carácter de "agentes de la autoridad" y la consideración de "Policía Administrativa Especial", pueden penetrar e investigar en cualquier monte o terreno forestal sin previa autorización de los propietarios de la misma y sin necesidad de autorización judicial.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido poner fin a esta flagante violación del derecho de propiedad en la Ley de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, que también contiene puntos de un intervencionismo brutal como la prohibición de construir edificios de más de cuatro alturas. Esta norma obliga a los guardas forestales a disponer de autorización judicial para poder penetrar en terrenos privados. Ante esto, la reacción de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona ha sido desmesurada. Por una parte ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad. Por otra ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tanto en el Congreso de los Diputados como en declaraciones a los medios.

Narbona ha acusado a Aguirre de "romper España, al establecer una menor garantía de los derechos de los ciudadanos de Madrid con respecto al resto de las comunidades autónomas". Más equivocada no puede estar. Con la nueva norma jurídica, los habitantes de la Comunidad de Madrid disfrutarán precisamente de una mayor garantía de sus derechos como ciudadanos. Desde ahora, los propietarios de terrenos no urbanos en la región tendrán más protegida su propiedad privada ante los posibles abusos de los agentes de la autoridad. Esto es especialmente positivo cuando el Ministerio de Medio Ambiente ha presentado un proyecto de Ley de Patrimonio, Medioambiente y Biodiversidad que da a las autoridades un poder casi ilimitado para poder expropiar hasta el 25 por ciento del territorio español.

Por supuesto, dado lo poco o nada amantes de las libertades individuales que son la mayor parte de las organizaciones ecologistas y los guardas forestales (que, como tantos otros funcionarios, protestan ante cualquier reducción de su poder ante los ciudadanos) se han puesto de lado del Gobierno. Al final, la batalla terminará en el Tribunal Constitucional. Si los magistrados deciden dar la razón al Gobierno se habrá dado un terrible paso hacia una mayor colectivización del país. Sería una terrible noticia para quienes aman la libertad.

A las barricadas

Los comentarios vertidos en sus foros contra el antaño conocido como "El rey del pollo frito" le han costado a la web una sentencia que condena a sus responsables a pagar una indemnización de 6.000 euros al que fuera uno de los comentaristas habituales de Crónicas Marcianas.

La argumentación del fallo judicial es sorprendente. En la sentencia se reconoce que el artículo 16 de la LSSI exime a la web por comentarios vertidos en la misma por los internautas debido a que no había una comunicación judicial de que aquellos eran ilegales. Pero a continuación asegura que dicho artículo no tiene valor por el simple motivo de que Alasbarricadas.org no informa de los datos de contacto obligatorios que contempla el artículo 10 de la misma ley. Aquí el juez se olvida de una cosa fundamental, que mientras todo este articulado es aplicable para sitios con ánimo de lucro, el web al que se ha juzgado y condenado no lo es. De hecho, esta sentencia va en línea contraria a la de fallos judiciales en casos anteriores.

La LSSI es negativa en muchos sentidos, aunque bastante menos que la ley con la que pretende sustituirla en actual Gobierno. Eso no quita para que tenga algún aspecto positivo. Y uno de ellos es precisamente el artículo 16, que busca mantener un equilibro entre la libertad de expresión y los derechos de terceros contemplados en el ordenamiento jurídico (como al honor o la no suplantación de personalidad). Por eso mismo resulta preocupante que una sentencia haga caso omiso de él por una cuestión técnica que, además, en este caso no es aplicable.

Tras una sentencia en la que se condenaba a un joven por los comentarios anónimos vertidos por un lector, aunque los argumentos condenatorios en el fallo eran distintos, escribí que este tipo de doctrina puede hacerme culpable de los insultos que puedan poner contra mí en los comentarios de mi bitácora. Eso se aplica también en este caso. Si se generalizan pueden provocar un masivo cierre de foros y que en muchas bitácoras se deshabiliten los comentarios. Se crea un clima de inseguridad jurídica que puede llevar a muchos a moverse con una cautela extrema para no tener problemas en los tribunales. El único que tiene algo que celebrar es Ramoncín.

María Cristina nos quiere expropiar

La última iniciativa para garantizar nuevos derechos de ciudadanía es la reforma de la Ley de Patrimonio, según la cual el Gobierno podrá expropiar cualquier terreno o inmueble existente que suponga, a juicio de la ministra, un "factor de perturbación", como por ejemplo que esté cerca del hábitat de una rara familia de artrópodos sobre la que pese la sospecha de una próxima extinción, por culpa del cambio climático, claro.

Las zonas costeras será probablemente las queden más expuestas a la creatividad medioambiental de la Narbona, que gracias a su flamante ley va a tener barra libre para expropiar lo que considere oportuno. Por supuesto lo hará por el bien de todos nosotros, incapaces de elegir el lugar de nuestra segunda residencia, y especialmente en las provincias gamberras, donde la gente ni siquiera sabe votar al partido correcto.

El asunto es preocupante y en algunas zonas puede adquirir tintes dramáticos. Por ejemplo, en la costa almeriense cercana a Murcia, donde muchos altos cargos socialistas se han construido sus chalets de progreso sin respetar la franja costera de quinientos metros establecida por la ministra a modo de línea Maginot para contener las ansias depredadoras del ladrillo salvaje.

Puesto que el Gobierno de Rodríguez Zapatero, a juzgar por la recientemente inaugurada línea de publicidad institucional, lo es también de España, lo más probable es que la Narbona comience su tarea purificadora dando ejemplo en la bonita localidad almeriense que acoge el descanso estival de sus colegas de partido, seducidos en un momento de debilidad por el señuelo del urbanismo irracional. El día que ZP, Marín, Almunia y Sebastián vean aparecer en lontananza una división de bulldozers dirigida desde el capó de la excavadora insignia por Cristina Narbona, con traje negro de látex y látigo de nueve colas, se darán cuenta de hasta qué punto es peligroso dejar tanto poder en manos de una ministra que ha hecho de la ecuanimidad y el rigor ético sus principales líneas de acción política.

Y todo por no explicarle a la ministra justiciera que eso de suprimir el derecho a la propiedad privada va dirigido solamente contra las comunidades autónomas gamberras. ZP aún está a tiempo de solucionar el malentendido. Tan sólo se necesita distinguir en el mapa de territorios sujetos a la expropiación forzosa los que son de progreso de los que no lo son. Es fácil, sólo hay que pintar de azul mahón las comunidades de Murcia, Valencia y Madrid. A ver si así la gente se entera de una vez de lo que tiene que votar.

El capitalismo y la responsabilidad evitan accidentes de tráfico

Es sorprendente la cantidad de veces que causas aparentemente nobles son excusas socialmente aceptadas para reducir nuestra libertad. La situación se vuelve más hiriente si a la vez que nos la arrebatan observamos como la responsabilidad que ésta conlleva también se pierde. Las causas nobles que el Estado convierte en políticas suelen derivar en individuos irresponsables y caprichosos. ¿Y qué causa hay más noble que la de reducir el número de muertos que todos los días se producen en las carreteras? La Dirección General de Tráfico (DGT) y las administraciones públicas llevan décadas inmersos en esta cruzada tan particular.

Hace algo más de un año, las autoridades españolas decidieron introducir en España el permiso de conducir por puntos con la esperanza de que este tipo de penalización supusiera una mayor concienciación de los peligros de la carretera y el ciudadano levantara un poco el pie del acelerador. Según los datos de agosto de 2007, y en comparación con los de 2006, la situación no puede ser más desalentadora: este año han muerto en las carreteras españolas un total de 229 personas, nueve más que en 2006. El aparente éxito de los primeros meses, todo un fenómeno mediático que abría los telediarios, se ha truncado en uno de los meses de mayor tránsito de vehículos. Nueve muertos más o menos no es un resultado estadísticamente relevante, lo importante es que la ineficacia de todas estas medidas que restringen la libertad de los conductores va acompañada de medidas punitivas y multas que se mantienen o se incrementan pese a la ineficacia de la política.

No menos preocupante es la actitud de los responsables de estos organismos públicos cuando intentan explicar los resultados. El director general de la DGT, Pere Navarro, explicó que la siniestralidad que han registrado las motos –en julio y agosto se ha incrementado en un 53% respecto a 2006– se debió al incremento exponencial de este tipo de vehículos, asegurando que "probablemente, sea un problema de país rico". Ahora resulta que el capitalismo es culpable directo de los muertos en carretera, lo cual no debería de sorprendernos por la tendencia a achacar todos los males del mundo a un materialismo indecente que idealiza el consumo y la posesión de ciertos bienes.

Este tipo de actitud no es nueva. La DGT lleva muchos años culpando del número de muertos al volante al uso incorrecto de los cinturones de seguridad, a la ingestión de alcohol o el uso de drogas o a la excesiva velocidad, lo cual no tiene porque ser falso – seguramente es así–, pero guarda silencio cuando lo denunciable son los errores de diseño de carreteras y autopistas que son propuestas y mantenidas por las administraciones públicas. Así, los puntos negros, es decir, aquellas carreteras en las que el número de muertos es más elevado que en el resto, no suelen ser tratados en las ruedas de prensa que el señor Navarro realiza con tanto aparato mediático alrededor: la mala señalización, la insuficiente iluminación o un diseño ineficiente nunca forman parte de las causas. La culpa no es de la política, es de la realidad que cabezona se niega a plegarse a tanta inteligencia en forma de normas.

Es posible que pensemos que medidas como la de un seguro para el coche que cubra tantos los daños que podamos realizar, como los que podamos recibir, es una medida razonable. También es inteligente llevar una serie de mecanismos que impidan o minimicen los daños personales en caso de accidente. No menos necesario es adecuar la velocidad del vehículo a las características del trazado, a la del propio automóvil o incluso a la habilidad del conductor. Pero que algo sea adecuado, inteligente o razonable no tiene porque ser convertido en norma o ley y mucho menos que su incumplimiento se convierta en un una excusa para confiscar parte de nuestros bienes. Por otra parte, sí es inteligente que el conductor pague o compense los daños que sobre las propiedades o las vidas de otros origine su imprudencia. Tenemos que fomentar la responsabilidad sobre nuestros actos, no satisfacer una norma que en algunos casos es simplemente estúpida o ineficaz.

El seguro obligatorio es un ejemplo de medida innecesaria. Los más baratos pueden generar una falsa sensación de seguridad y sólo sirven para cumplir una obligación administrativa. De hecho, la obligación de tener un seguro es una coacción estatal. Existen mil maneras de que la conducción sea más segura, desde un cierto gasto asumido por el conductor en la contratación del seguro, pasando por la inclusión de cláusulas que penalicen a éste si se ha cometido algún tipo de irregularidad (como conducir bebido o drogado o saltarse ciertos límites de velocidad), para terminar con medidas de cooperación entre amigos y familiares que permitan disfrutar y desplazarse sin peligro. Todo ello invita a la prudencia sin necesidad de obligar a nadie.

La asunción de las responsabilidades sería otro sistema de prevenir excesos. Que el conductor corra el riesgo de terminar con los huesos en la cárcel por la muerte de una persona o por la destrucción de la propiedad es una invitación a la prudencia. No podemos permitir que casos como el de Juan Manuel Fernández Montoya, más conocido como Farruquito, condenado a dos penas de ocho meses de prisión por delitos de imprudencia y omisión de socorro en el juicio por el atropello mortal de un peatón, inviten a pensar que en España la imprudencia se paga con una pena mínima.

Por último debemos pensar en dos cosas más. La primera es que los fabricantes de coches son conscientes de los peligros que la conducción supone y que los conductores son personas con vicios y virtudes, que en muchos casos llevan acompañantes que corren los mismos riesgos. Los coches son equipados con un creciente número de dispositivos que incrementan la seguridad del vehículo, de sus ocupantes e incluso de los peatones y otros vehículos con los que puedan colisionar. Estos dispositivos dejan, con el tiempo, de ser extras y terminan viniendo de fábrica en todos los modelos nuevos, todo ello sin un incremento excesivo del coste final del automóvil. Esto es posible porque el capitalismo y los empresarios trabajan para ello, porque la gente lo demanda. Lo segundo es que pese a todo lo anterior, el peligro de accidente siempre existe y todo el que sale a la carretera puede sufrir uno. Debemos vivir con él y acostumbrarnos. El riesgo cero no existe y por muchas leyes que creen, por muchas multas que nos pongan por no llevar cinturón o por ir a más velocidad de la permitida, podemos perder la vida. Nuestra responsabilidad, fruto de nuestra libertad, y el trabajo de miles de empresarios y asalariados que buscan soluciones, son los que reducen el número de muertos.