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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

El valor de la jurisprudencia frente a la legislación

La distinción que establece la doctrina liberal entre derecho, economía y política, resulta fundamental para poder controlar de manera efectiva el poder y ceñir así el Estado a su función originaria de garante del Derecho. El problema de la soberanía se encuentra ligado, pues, al nacimiento y formación del Derecho, de cuya particular interpretación resultan dos concepciones políticas contrapuestas: democracia y liberalismo.

Desde el liberalismo, el derecho no coincide con el conjunto de leyes emanadas de los políticos para alcanzar fines específicos, sino que se trata de un conjunto de normas de carácter general y abstracto, universalmente aplicables, que tienen la finalidad de hacer previsibles las consecuencias de las acciones con las que los individuos se proponen conseguir determinados fines subjetivos. De ahí deriva que el Estado liberal tenga como función básica asegurar la certeza del Derecho y no convertirse en un mero instrumento con el que las mayorías cambiantes se proponen salvaguardar sus propios intereses, pues éste debe ser un conjunto de normas a las que todos se hallan sometidos (rule of law) en tanto ciudadanos, políticos o burócratas.

En este sentido, el derecho, al igual que otras importantes instituciones sociales, surge como producto espontáneo de voluntades colectivas no orientadas hacia el fin concreto de su creación. La "primacía de la ley", su soberanía y su título para gobernar derivan, pues, precisamente, de que el derecho no es el producto de una sola voluntad, sino el resultado, a menudo imprevisto, del encuentro de una pluralidad de voluntades individuales y de experiencias orientadas a eliminar aquellos obstáculos que impiden a los individuos participar en condiciones de libertad en el proceso de crítica y, por consiguiente, modificación de las instituciones sociales.

Se trata de un proceso de selección cultural tendente a eliminar las instituciones que no son capaces de resolver los problemas y las situaciones nuevas en cuanto a su universalización. Así, su función básica consiste en, por un lado, evitar la formación de monopolios, tanto económicos como legislativos, que privarían a los individuos de una libertad real de elección; mientras que, por otro lado, garantizar la competencia entre los fines individuales, así como evitar que su persecución provoque consecuencias negativas que constituyan un límite para el disfrute de las libertades de los demás.

Por ello, es conveniente que la actividad legislativa se encuentre limitada y en ámbito distinto al de la actividad del Gobierno, con el fin básico de evitar el monopolio de la producción del derecho. Así pues, la soberanía es entendida aquí como la producción jurisprudencial de normas capaces de regular la dinámica social a través del derecho, pero éste ha de ser concebido no como un mero atributo de los hombres, sino como descubrimiento de un orden de las cosas que trasciende a los actores sociales (derecho natural), o como un proceso evolutivo de selección de comportamientos tendentes a asegurar un determinado orden.

Por el contrario,las teorías contractualistas conciben el derecho en sentido contrario, pues, se centran en cómo concebir la producción política del derecho, así como las normas necesarias para hacer funcionar de forma efectiva la estructura institucional del Estado moderno. En este sentido, el hecho de que el derecho pueda ser concebido como producto de la voluntad humana, pero es más, de una voluntad concreta (la de la clase política en tanto legisladores), contrasta enormemente con la tradición del derecho natural y del derecho romano. Pero aún más importante es la transformación que de ello se deriva en cuanto al papel que debe jugar el Estado: de garante del derecho natural a fundador legítimo del mismo.

Así pues, en torno a tal fundamental cuestión surgen dos concepciones plenamente contrapuestas, siendo el modelo liberal un régimen político que se encuentra caracterizado por los siguientes principios básicos:

  1. En el liberalismo, es la sociedad y no el Estado la que representa el carácter natural de la vida asociativa, siendo ésta el resultado involuntario de una serie de actos de intercambio en los que confluyen motivaciones y expectativas diversas y subjetivas. Se basa, pues, en el respeto a lo pactado y en la conciencia de que los intercambios comportan consecuencias previstas e imprevistas, de carácter positivo o negativo.

  2. En tal concepción, el derecho constituye el único bien común de una asociación civil, un intento de hacer previsibles los resultados de las acciones. Por ello, consiste en normas de carácter negativo que prohíben comportamientos que no es posible universalizar como no sea a costa de cuestionar la existencia misma de una sociedad.

  3. El derecho, como conjunto de normas de comportamiento universales y abstractas, no se propone alcanzar fines, sino hacer posible la coexistencia de una pluralidad de expectativas subjetivas. De este modo, una acción socialmente buena será sólo una acción que no tiene consecuencias indeseadas para otras personas.

  4. De aquí parte el recelo que los liberales tienen ante las teorías políticas que atribuyen al Estado un papel distinto del mantenimiento del derecho, ya que toda intervención del Estado tendente a la consecución de finalidades éticas puede tener la consecuencia de aumentar el poder discrecional de los gobernantes sobre lo que ha de entenderse como bien, en tanto interés general. Y es que, nuestra idea acerca de lo que es verdadero y bueno no tiene por qué coincidir con lo que los demás conciben como beneficioso para la sociedad.

  5. En definitiva, atribuir a los gobernantes el poder de realizar el bien significa exponerse al riesgo de aumentar su poder. De este modo, la intervención del Estado a favor de la justicia social termina por convertirse en un modo de "despotismo iluminado", tal y como advertía Hayek.

De todo ello se concluye que, no por casualidad, el fundamento jurídico de la tradición política democrática sea el concepto de "obligación jurídica", mientras que el de la tradición liberal gire en torno a la fundamental idea del "derecho de resistencia".

Yonquis sobre ruedas

Cuando Perón llegó a la presidencia de uno de los diez países con mayor renta per cápita del mundo, comenzó a impartir recetas para la pobreza. Algún asesor le preguntó "¿Cómo vamos a pagar todo esto?". "¿Bromea?", respondió el presidente. "Argentina es rica".

CK, como le llaman los periódicos de allí, ha pasado por España en una gira triunfal, en la que ha ido respondiendo a FG cumplidamente. Por ejemplo, alguien le acusó de estar dispuesta a "aumentar las tarifas en la medida de lo razonable", cabe pensar que hasta hacer las inversiones españolas en infraestructuras un negocio rentable. Ante tal imputación, según un diario argentino, fuentes de la delegación argentina aclararon que "Cristina nunca mencionó la palabra razonable".

Claro que no. Es más, ante la sugerencia de los empresarios españoles de que debiera haber "un marco más estable" para "seguir desarrollando inversiones", la Kirchner no pudo ser más clara: "Ustedes tienen que dar respuesta a sus accionistas, nosotros a la sociedad". Es decir, que el respeto a los principios económicos depende de las encuestas.

Ahora bien, no es que los inversores no puedan hacer absolutamente nada. CK les ha prometido la posibilidad de un "diálogo directo", siempre que éstos acepten un compromiso de "hermetismo". ¿Será el tradicional hermetismo suizo lo que pide CK?

El peronismo, ha aclarado CK, consiste en categorías políticas diferentes de las europeas, más allá de la superación del liberalismo y el socialismo. Imagino que la clave del peronismo es el hermetismo que pedía a los empresarios españoles.

Argentina está volviendo a crecer a buen ritmo. Tiene una población con mucho capital humano y en las condiciones adecuadas puede progresar mucho. Pero si es cierto que necesita "un marco más estable", también lo es que tiene que algo más que una sala de reuniones.

Internet se ríe del fiscal general

Pero el secuestro de la publicación, ordenado por el juez Del Olmo a instancias del fiscal general, no sólo es indefendible si se valora la libertad de expresión como un elemento fundamental de nuestra vida y del sistema democrático. Además es inútil.

Más allá del objetivo final perseguido por Cándido Conde Pumpido, no creemos que sea tan obtuso como para no entender que esta medida a quien más ha dañado es a la institución monárquica a la que se supone que buscaba defender. El secuestro de una publicación es inútil en la época de la Red.

Es difícil calcular la cantidad de españoles y extranjeros que han visto la portada de marras sin tener que adquirir un ejemplar. Posiblemente sean millones, debido a la rápida reproducción de la misma en cientos de webs de todo tipo, desde ediciones digitales de periódicos como El Mundo hasta decenas de bitácoras. ¿Acaso ordenará el juez el secuestro de Internet a instancias de Cándido Conde Pumpido? Es simplemente imposible.

Da igual que la Audiencia Nacional haya ordenado a El Jueves retirar la citada portada de su página en Internet y que la publicación haya procedido a hacerlo. Ya estaba en muchos otros sitios web. ¿Piensan ir detrás de todos y cada uno de ellos? Además de hacer el ridículo, terminarían por rendirse viendo lo inútil de su afán. Pero no sólo eso, quien tenga interés en comprar el número secuestrado y no consiguiera llegar al quiosco antes de que se agotara o la Policía hiciera acto de presencia, siempre puede comprarlo online. Basta por pasearse por eBay para ver que se puede adquirir directamente o incluso como "regalo" que acompaña a un lápiz usado.

Cientos, tal vez miles de internautas se están riendo en la cara de Conde Pumpido y Del Olmo. Cada vez que alguien reproduce en la Red la portada en cuestión o pone a la venta un ejemplar de la revista, deja en entredicho el secuestro de publicaciones como método eficaz para difundir la difusión de unos contenidos concretos. Ya no se trata tan sólo de una medida liberticida que no debería existir en nuestra legislación, es que además su inutilidad absoluta ha quedado demostrada.

A través de Internet los ciudadanos pueden burlar una medida contemplada por una legislación a todas luces contraria a los valores que se supone deben guiar una sociedad libre. Y lo han hecho. Gracias a la Red la libertad ha triunfado, pese a quien pese.

Secuestrar una revista en el siglo XXI

Por primera vez en la historia, la Comisión ha vetado la fusión de aerolíneas justo cuando quien intenta hacerlo es la empresa más competitiva del sector. Según el monopolio encargado de luchar contra los monopolios y velar por la competencia en Europa, la opa de Ryanair sobre Aer Lingus habría ocasionado un grave perjuicio para los consumidores. De acuerdo con la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, esta paradójica acusación se fundamenta en que la fusión tendría como resultado el probable aumento de los precios para más de 14 millones de pasajeros. Sí, vamos, que al reducirse el número de operadores bajaría la calidad y subirían los precios, como explicaría un mal manual de competencia que no se fijara en el proceso dinámico competitivo sino en el número y tamaño de los agentes. De modo que, siguiendo este patético argumento, los pobres comisionados no tenían otra opción que retorcerle el pescuezo a la gallina de los huevos de oro.

Lo indignante es que la Comisión no se suele meter con quienes han ostentado una elevada cuota de mercado gracias a privilegios administrativos y, sin embargo, trata de impedir la expansión de la empresa que gana cuota de mercado gracias a reducir las tarifas más que ninguna otra compañía. No me cabe la menor duda de que a Ryanair se le ataca precisamente por ser tan competitiva como para poner en entredicho el modelo de negocio de algunos dinosaurios del espacio aéreo apoyados desde diversas instancias gubernamentales en contra de los intereses de los pasajeros. Y si no que se lo pregunten a la propia señora Kroes, quien no se sonroja al afirmar entre los argumentos para vetar la fusión que la compañía resultante tendría aún más margen para aplicar bajadas de precios selectivas.

Las autoridades europeas de la competencia se han convertido en una banda de enemigos de la libre competencia y del consumidor. Hace ya tiempo que emana olor a podrido de los organismos de defensa de la competencia. Hasta ahora parecía que sólo era debido al uso de teorías falaces o simplemente absurdas sobre la "competencia perfecta", pero la utilización de las instituciones para detener a quienes tratan de competir mientras se protege a los ineficientes amigos del poder está produciendo un tufo todavía más insoportable.

El Jueves

Pero como la genialidad y el ingenio son huidizos y caprichosos, no todo el mundo está tocado por ellos. Y como ganas de reír no le faltan al público, lo que sí sobran son quienes recurren a la zafiedad y a la maldad para arrancar las peores sonrisas. Miren, si no, El Jueves, la revista que se secuestra los viernes, como decía el gran editorial de esta casa. La portada de la polémica es tan cutre como la de cualquier otro número. El contenido no es mejor. Si el buen gusto fuera ley, estaría prohibida.

Pero ni lo zafio, ni lo burdo, ni lo inmoral son argumentos para prohibir nada. Ni siquiera el mal gusto. Incluso la cursilería entra dentro de la ley, como demuestra el hecho de que ZP no esté cumpliendo cadena perpetua. Una sociedad libre no tiene más remedio que convivir con lo inicuo, lo indecoroso, lo inmoral. Mientras no ataques los derechos de los demás y sea con uno mismo o con otros de forma consensuada, no hay lugar para la prohibición.

Pero ¿tiene uno derecho a la buena fama? En absoluto. La opinión que los demás tengan de uno sólo le pertenece a ellos y puede ser tan buena o mala como les plazca, y por supuesto que tienen todo el derecho a expresarla libremente. El delito de difamación, uno más de la larga lista de crímenes sin víctima, fue instaurado en España por tres generales: Narváez, Primo de Rivera y Franco. Los socialistas, que odian la libertad de expresión casi más que cualquier otra, quisieron recuperarlo en plena cleptocracia felipista, pero prefirieron guardarse ese as para una ocasión más propicia. Reaparecerá.

Como todos somos desiguales ante la ley (los impuestos son Ley, le recuerdo), parece que no tenga que escandalizar que la legislación arrogue a la Corona el privilegio de poner los instrumentos del Estado a la protección de su prestigio (el Estado, siempre tan eficaz, por cierto, ha multiplicado el mal). Pero sí, es muy injusto. La Corona tiene todavía suficiente buena fama en España como para dilapidarla por arrobas, como hace nuestro Jefe de Estado. Secuestrar libelos no le ayudará a mantener su prestigio, pero sí le sería de ayuda mostrar un poco de firmeza en la defensa de lo que queda de nuestra Constitución y de nuestra democracia, hoy en peligro.

Este ataque a la libertad de expresión le ha granjeado defensores entre sus más firmes enemigos: Los mismos que callaron cuando otros fueron instrumento de su propia intolerancia, con las caricaturas de Mahoma; los mismos que miraron a otro lado, por no mostrar su satisfacción, cuando la COPE recibía el acoso más vil contra un medio de comunicación en España. Sus incondicionales seguimos siendo pocos.

Libertad, derecho de propiedad y principio de no agresión

Los conceptos de libertad, derecho de propiedad y principio de no agresión son equivalentes: son formas complementarias de referirse a las mismas ideas éticas fundamentales desde puntos de vista distintos; no son nociones contradictorias, las tres son útiles y necesarias y no tiene sentido intentar separarlas.

El lenguaje natural humano dispone de sustantivos y de verbos para referirse a cosas y procesos, agentes y acciones. En algunas circunstancias se enfatizan los sustantivos, los objetos físicos, los agentes y medios de acción; en otras se resaltan los verbos, los sucesos, lo que pasa, lo que se hace. La riqueza expresiva permite a los hablantes usar el tipo de lenguaje más adecuado sin pretender que es el único posible.

En matemáticas existen operaciones de transformación (transformadas de Fourier y Laplace) que asocian funciones equivalentes (contienen la misma información expresada de formas distintas) definidas según variables complementarias (como la intensidad de una señal variable en el tiempo y su espectro de frecuencias). En algunos casos solucionar un problema es mucho más fácil en el espacio transformado que en el espacio original, y por eso se asume el coste de realizar primero la transformación, resolver el problema y luego ejecutar la transformación inversa sobre la solución.

El ser humano actúa (hace algo) utilizando medios escasos (cosas presentes en la realidad). La persona es libre si actúa según su propia voluntad sin coacción externa; el derecho de propiedad define relaciones legítimas de posesión entre dueños y bienes económicos. La libertad enfatiza la acción, y el derecho de propiedad enfatiza los medios. La acción libre precisa de medios para llevarse a cabo, y la libertad tiene límites: no puede dañar la propiedad ajena. La propiedad es el ámbito en el cual toda acción está permitida (mientras no dañe a otro), el dueño es libre de hacer lo que quiera con sus posesiones; pero cada individuo no es libre de hacer lo que quiera con la propiedad ajena.

El principio de no agresión complementa las nociones de libertad y derecho de propiedad ligándolas con la legitimidad del uso de la fuerza: el ser humano agredido no es libre; no es ético atacar a otra persona o destruir o robar su propiedad (iniciar el uso de la violencia), y sí es justo utilizar la fuerza para defenderse. La agresión impide el libre ejercicio por la víctima de su derecho de propiedad.

Desgraciadamente el concepto de libertad es distorsionado por los colectivistas y confundido con otras nociones como la riqueza, el poder, o la ausencia de influencias; también es un concepto problemático cuando se refiere al libre albedrío como algo sobrenatural, indeterminado, causa de sí mismo. El derecho de propiedad es a menudo ninguneado en los ámbitos jurídicos y constitucionales, donde se ignora que es el único derecho natural del cual derivan todos los demás; sólo se le otorga una utilidad instrumental al servicio de otros pseudoderechos políticos. El principio de no agresión queda enterrado bajo múltiples excusas que falazmente pretenden justificar la intromisión estatal.

Para construir una ética científica (precisa, rigurosa, consistente) es conveniente explicitar las relaciones entre los tres conceptos básicos (libertad, derecho de propiedad y principio de no agresión) que se refuerzan y aclaran mutuamente.

Los telepredicadores de Bruselas

En muchas ocasiones oímos a grandes dirigentes de los bancos centrales decir a los empresarios que no suban los sueldos a sus trabajadores para así contener la inflación, aunque también pueden usar cualquier otra excusa. Todo por el bien común aunque éste vaya contra nuestro bienestar. ¿No le parece un absurdo indefendible?

Ahora la Unión Europea ha publicado un informe donde se les dice a las familias qué cantidad de horas deben dedicar hombres y mujeres en las tareas domésticas. Al parecer, según el estudio, los europeos trabajan 7 horas a la semana en casa, mientras que las europeas emplean 35. Haga las cuentas. "Es simplemente inaceptable", ha dicho Vladimír Špidla, comisario de Empleo de la UE. Špidla parece estar por encima del bien y del mal, dedicándose a insultar a gente que ni conoce mientras pretende meterse en nuestras vidas como si alguien le hubiese dado permiso para ello.

Para el comisario de Empleo esta actitud discriminatoria del hombre hacia su esposa o compañera provoca una renta inferior en la media agregada del sueldo de las mujeres respecto al hombre. A la vez, conlleva que los sectores copados por mujeres sean menos productivos y los sueldos bajen y –ya explayándonos en su razonamiento– esto también podría provocar que la renta agregada bajase, lo que a la vez haría disminuir el consumo agregado, lo que nos llevaría a posteriores pérdidas empresariales y nos sumiría en una horrible crisis europea. Para Špidla, la deslocalización, la fuga de capitales y de empresarios, la rigidez laboral, la merma de productividad y los continuos impuestos, elementos todos cuyos únicos responsables son gente como él, no son las causas del continuo retroceso económico de Europa, sino que lo es el malvado hombre corriente que le paga su sueldazo.

No sólo eso, Špidla también está diciendo que las mujeres son idiotas porque se dejan doblegar por las órdenes de sus "amos", sin tener suficiente inteligencia ni voluntad como para no discrepar de ellos. No parece muy realista creer algo así. Tal vez el comisario ha olvidado que las parejas se unen libremente y convienen las normas familiares de mutuo acuerdo; si no se separan. Eso es lo que le molesta a nuestro redentor social, que la gente tenga libertad para elegir incluso lo que a él le parece inaceptable, lo que está al margen del pensamiento único totalitario europeo.

¿Realmente cree que las conclusiones de este informe de este telepredicador ansioso de fama y poder no estaban decididas antes de realizarse o que Špidla no está sacando un beneficio político con tales palabras que le harán medrar dentro de la burocracia europea?

Sócrates y la cocaína

Hoy la mayoría se aburriría con esas historias y algunos, para alcanzar esos estados de ánimo, recurren a la moderna alquimia, que convierte la molécula en felicidad. ¿Qué diría Sócrates de la España que lidera el ranking mundial en consumo de cocaína?

Seguramente le parecería igualmente inmoral. A mí también, pero me temo que prohibir lo inmoral no es lo más adecuado. Hay un hecho sorprendente de la sociedad, pero que es necesario observar. Y es que hay comportamientos que son en la gran mayoría de los casos perniciosos, pero para los que la solución más inmediata, la prohibición, crea más problemas de los que queremos solucionar. Eso ocurre con el consumo y tráfico de drogas.

Yo no me engaño, sé que con un mercado liberalizado tendríamos más drogas y de mayor calidad. Pero al menos los consumidores tendrían la garantía de las marcas: sabrían qué se están metiendo entre pecho y espalda. Y serían notablemente más baratas; nadie tendría que saltarse la ley para costeárselas.

Ocho de cada diez crímenes, grosso modo, tienen relación directa o indirecta con las drogas. Si uno pudiese acudir sin más a un comercio del ramo para alquilar unos minutos de aparente felicidad ese porcentaje caería a plomo. El poder del consumo de drogas hace inútil cualquier intento de frenarlo por medio de la prohibición. Ésta sólo lo cubre con un manto de ilegalidad que atrae, fomenta y protege todo comportamiento indeseable.

Todos los recursos de las fuerzas policiales dedicados a combatir el tráfico de drogas dejarían de crear (de forma involuntaria) un foco de criminalidad, y podrían dedicarse a los verdaderos crímenes: atentados contra la vida y la propiedad de las personas.

No hay soluciones por decreto a los problemas sociales, pero sí podemos formar personas responsables. Claro, que es un esfuerzo individual.

Gallardón lava más blanco

Shakira, Police, Madonna, Red Hot Chilli Peppers, Enrique Iglesias, Maná y un sinfín de adictos a los vuelos intercontinentales, los aviones privados, las limusinas, las mansiones bien iluminadas y al último grito en cacharritos electrónicos pretenden convencernos de que el mundo se acabará si los demás no dejamos de respirar o de conducir nuestros coches pasados de moda. Cualquiera diría que nuestros reproductores de CD dan vueltas gracias a carruseles de hamsters convenientemente situados para hacer girar los discos.

Hace unas semanas tuve la desgracia de conocer a una famosa activista británica anti-cambio climático que aseguraba a un auditorio repleto de fieles que sólo quedan diez años para salvar al mundo de la depredación capitalista que llevan a cabo los seres humanos de Occidente. Para evitar el desastre proponía la más completa sovietización de la economía que uno pueda imaginarse. La chica, segura de sus sensibleros poderes de persuasión, no se molestó en dar ni un solo dato de cómo y en qué medida la planificación centralizada de la economía que ella proponía iba a rebajar la temperatura. Mucho menos aún se preocupó en indagar en el coste económico de su plan. Eso sí, no escatimó en realizar detalladas explicaciones de cómo hay que abducir a los niños para gobernar sus mentes y ganar la batalla política. Las únicas pruebas científicas que sometió al escrutinio de los "expertos" eran unos videos en los que archifamosos actores y cantantes repetían machaconamente que el mundo se acaba y que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida.

Pero volvamos a los estridentes conciertos de este fin de semana. Como no podía ser de otra forma, el ideólogo de estos eventos es el vaquero Al Gore, que galopa a lomos de su jet privado y a quien Hollywood parece seguir –salvo honrosas excepciones– como si de un Mesías se tratara. La aureola que recubre a este príncipe de Asturias y de la demagogia puede esconder a veces la realidad a algunas personas pero no podrá tapar todas las grandes contradicciones de su actividad a todo el mundo y de manera continuada. Para organizar estos conciertos se necesitan emitir una inmensa cantidad de CO2 a la atmósfera, aunque seguro que en este caso se trata de moléculas con sensibilidad y conciencia social. Por otro lado, estos conciertos producen montañas de basura que o bien se incineran o bien se tendrán que reciclar siendo muy complicado hacer cualquiera de las dos cosas sin emitir más CO2 a la atmósfera. Además, la gente se desplaza a estos eventos desde largas distancias y, aunque por fortuna sólo hay nueve de estos conciertos en el mundo, como la humanidad aún no ha logrado desarrollar el teletransporte que ayudaría a prescindir de la combustión de petróleo para tales efectos, la música comprometida no logrará reducir tanta emisión de dióxido de carbono.

Gore y su corte de tonadilleros de lujo son unos sacerdotes histriónicos que tratan de sepultar el debate científico y sacar tajada del miedo que meten en cuerpo ajeno. Menos mal que no todos los científicos se venden a las subvenciones públicas ni todos los músicos están dispuestos a hacer de comparsa por un fajo de cheques de las petroleras amigas de Kyoto. Arctic Monkeys ha sido quizá la voz más lúcida en este sentido. El batería de la banda declaró que sería un tanto hipócrita participar como banda de rock en el Live Earth cuando sólo las luces de un escenario gastan más electricidad que 10 casas. El colmo de la sinceridad y la sensatez lo exhibió el bajista al declarar que cómo iban ellos a participar en semejante evento si están siempre subiéndose o bajándose a algún avión. Esperemos que no dejen de hacerlo y que la gente joven sepa elegirles como antídoto a la hipocresía Gore del cambio climático.

Prohibamos las dietas milagro del Gobierno

Como todo tirano alucinado, los políticos del Gobierno están exentos de sus leyes. Salgado nos ha servido el ejemplo de la publicidad engañosa. No hay organización en el mundo que realice una publicidad engañosa más evidente y dañina que el Gobierno. Prometen, como dice Salgado, "dietas milagro" que acaban siendo un penoso lastre para todos nosotros. Es una dieta donde se sacrifica la libertad y la elección para obtener algo tan abstracto como la felicidad, que luego nunca llega.

Por ejemplo. Zapatero prometió "un Gobierno que no intervenga en la economía" y tenemos la economía más intervenida de toda la democracia. Prometió tarifas "asequibles" para la conexión a Internet y estamos igual que como empezamos. Esto lo podemos extender a la vivienda, al terrorismo o al "capitalismo de amigotes" que tanto gusta al presidente manejando las empresas como si fueran fichas del Monopoly. Sus promesas de alegría, felicidad y progreso se han traducido en mayor presión fiscal, continua desaceleración productiva, más regulaciones, menor poder adquisitivo, multas de todo tipo y monopolios mejor consolidados, especialmente mediáticos. Si aplicásemos la lógica de Salgado al Gobierno, todo el equipo socialista tendría que ir a la cárcel y pagarnos unas indemnizaciones astronómicas para compensarnos.

El Gobierno aumenta día a día su tamaño. La ministra de Sanidad, tras su particular guerra fallida contra el tabaco y las drogas, ahora nos ordena cómo hemos de adelgazar y cómo no. Si aún cree que el Gobierno impondrá un control imparcial, sin cargas, que nos salvará de las "malas prácticas empresariales" o que eliminará de un plumazo la anorexia o bulimia, es que vive en otro planeta.

Para el observador incauto, esta nueva guerra contra la "publicidad engañosa" (la privada) es un soplo de esperanza que producirá una mayor felicidad. Lo que no parecen ver los socialistas es un principio económico básico, y es que las continuas regulaciones crean barreras, reducen la productividad, la innovación, la competencia, aumentan la presión al contribuyente, son partidistas y consolidan o levantan monopolios. Sólo las mayores empresas pueden permitirse un mercado burocratizado, por eso las grandes firmas suelen apoyar las medidas del Gobierno: les libera de competencia y les permite establecer altos precios de venta al cliente final. Además, el intervencionismo jamás acaba solucionando nada. Todo acaba desembocando en un tráfico de favores. Es lo que la escuela del Public Choice llama logrolling, lo que siempre se ha llamado quid pro quo (dar algo por algo) o lo que los españoles conocemos por "mamoneo" y "cultura del pelotazo". Las decisiones masivas y pacíficas del mercado, de la gente, son sustituidas por la parcialidad e intransigencia del burócrata y su capacidad para legislar.

Pero hay más. El control gubernamental nos convierte a todos en víctimas del Estado y potenciales delincuentes. Miremos la lucha contra las drogas. A muchos les parece loable que el Gobierno se meta en lo que otros consumen, pero ¿estarían también de acuerdo en que el Gobierno les obligara a perseguir y espiar a los que les rodean? Eso pretendió Salgado. Quería que los camareros vigilaran a sus clientes para ver si consumían drogas. Después de anunciar su propuesta, tuvo la desfachatez de decir que no quería convertir a los camareros en policías.

Las dietas milagro de una sociedad mejor y feliz son un gran embuste, como nos enseña la Historia. Las promesas políticas incumplidas no penalizan la mala gestión ni la irresponsabilidad como nos ocurre a nosotros, sino que sirven al Gobierno para tomar más fuerza, conduciéndonos, inevitablemente, a la servidumbre y a la pobreza.