Ir al contenido principal

Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

En busca del tesoro

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuatro años después logró formar una compañía que pondría todo el capital necesario para que el Odyssey Explorer diera finalmente con el Sussex. A comienzos de 2007, la empresa se había dejado nueve años en un proyecto que había acumulado unas pérdidas fabulosas. Sólo en el primer trimestre de este año, 3,8 millones de dólares. Pero en su búsqueda del Sussex, no obstante, el Odyssey había encontrado otros pecios (yacimientos submarinos), y la empresa había decidido zambullirse en ellos. Con la ayuda de un nuevo barco, el Ocean Alert. Juntos sacaron del mar 17 toneladas de oro y plata que, tras hacer escala en Gibraltar, aterrizaron el 18 de mayo en la capital de Florida.

Desde España ya se habla de expolio puesto que, probablemente, el tesoro recuperado estuviera en "aguas españolas" y no internacionales, como reclaman los buscadores de tesoros. El escritor Pipe Sarmiento, que es experto en estas cuestiones, habla de "atentados contra nuestro patrimonio". Pero yo me pregunto, ¿qué sería de ese tesoro sin Greg Stemm y el Odyssey Explorer? Seguiría sirviendo de asiento de la vida marina, como ha hecho durante siglos. El Gobierno español, ¿qué puede reclamar de ese oro y esa plata? ¿Qué títulos tiene para ello? Como los antiguos piratas, está dispuesto a quedarse con lo que no le corresponde. Acaso los únicos que podrían exigir una parte serían los herederos de los legítimos dueños del botín sumergido, pero dudo que nadie pueda hoy sacar un título semejante.

Quien se lo encuentra, se lo queda. Ya sea por mero azar, ya por un proyecto que se ha prolongado por trece años, como este, y que bien podría haberse resuelto con un costosísimo fracaso. Gracias, precisamente, a que hay empresarios dispuestos a perder muchos años y mucho dinero en el empeño porque la recompensa puede resultar fabulosa podemos confiar en que parte al menos de la riqueza sumergida por la historia vuelva a salir a flote.

El Batacastroc

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Como bien decía el premio Nobel de Economía de la Escuela Austríaca, Friedrich Hayek, siempre que se violan los principios generales del Derecho, más tarde o más temprano esa acción revierte en forma de un claro daño al cuerpo social. El presidente de la Astroc, Enrique Bañuelos, es el principal responsable de este descalabro y de la violación sistemática contra la propiedad privada en la que los políticos del Partido Socialista y del Popular están pringados hasta el cuello.

Astroc salió a bolsa el 24 de mayo de 2006 a la sombra de la ley urbanística de la Comunidad Valenciana (LRAU6/94). El propio Bañuelos alabó aquel día la política urbanística Valenciana y destacó que la figura del agente urbanizador había "imprimido mucho progreso" a la región al tiempo que había supuesto una importante experiencia para gestionar "bien" proyectos globales. El modelo de negocio basado en el agente urbanizador consiste en que una empresa se presenta ante el Ayuntamiento de turno con un plan para urbanizar una propiedad que no es suya. Si al político de turno le gusta la propuesta, ordena en su planeamiento esa actuación. En ese momento, al propietario se le da la opción de participar en el desarrollo del agente urbanizador. En el caso de que le fuercen a participar, el agente se quedará con gran parte de los terrenos en pago al ‘conocimiento’ aportado por el agente. Pero, si no quiere o no puede, que suele ser el caso, el agente lleva a cabo el desarrollo y al propietario se le expropia y santas pascuas. Vamos, que nos encontramos ante la legalización más descarada que pueda verse de la usurpación de la propiedad privada.

En este sentido, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que declara que "los principales problemas que surgen de la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana hacen referencia al cometido del agente urbanizador" en la medida que desprotegen "los derechos de propiedad, suscitando cuestiones relacionadas con los derechos humanos y los derechos fundamentales".

PSOE y PP se han aliado con empresarios que reniegan del mercado libre traicionando los derechos más fundamentales de los ciudadanos. El batacazo de Astroc refleja la sana desconfianza del mercado hacia esta corruptela legal.

¿Quieres que el Estado conduzca por ti?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Las declaraciones del ex presidente del Gobierno José María Aznar acerca de la última campaña de sensibilización de la Dirección General de Tráfico (DGT) han levantado todo un aluvión de críticas, tachando de irresponsable e inconveniente la opinión del líder popular. Tal discurso, propio del pensamiento único y de la hipocresía social latente en el marco de la corrección política, deja de lado la clave de la cuestión planteada por Aznar en su polémica intervención: el intento por parte del Estado de invadir, inexorablemente, hasta el último rincón de la privacidad individual.

Pocas veces he escuchado una frase tan auténticamente liberal por boca de uno de nuestros representantes. Y es que, ¿quién le ha dicho a nuestros políticos, y siempre preocupados gobernantes, que estoy dispuesto a que conduzcan por mí? ¡Faltaría más! El eslogan de No podemos conducir por ti empleado por la DGT es, simplemente, un insulto a la inteligencia humana, pues, en el fondo del mismo subyace la legitimación del intervencionismo estatal llevado al límite y, como consecuencia, la reducción de la libertad individual a su mínima expresión.

Una frase que, bajo su apariencia inocua e inofensiva, esconde un trasfondo preocupante y aterrador: "No podemos conducir por ti, pero, si pudiéramos, no dude en que lo haríamos, ya que usted, conductor, es un peligro para la sociedad, un irresponsable que no está capacitado para llevar su vehículo". De este modo, el Gobierno muestra su auténtico rostro: el afán por tener bajo su control y supervisión todo ámbito de la acción humana, llegando, incluso, a tratar de sustituir la voluntad individual por la siempre correcta e intachable acción del Estado.

Un ente que, a lo largo de la historia, no ha dudado nunca en sacrificar sin miramientos ni el más mínimo rubor a millones de personas en pos del denominado interés nacional; o que , en base al supuesto e irreal bienestar general, no le ha temblado el pulso a la hora de aplicar impuestos abusivos y desproporcionados, expropiando una parte sustancial de la propiedad privada y las ganancias económicas que son fruto de la labor diaria y el sacrificado trabajo de los ciudadanos a lo largo de su vida laboral, en su denodado esfuerzo por mejorar y perseguir la felicidad. ¿Es que acaso los gobernantes son ejemplo irrefutable de virtud y corrección moral? El que se haya acercado someramente al ámbito de la actividad política conoce perfectamente cuál es la respuesta.

Y ahora, ni cortos ni perezosos, ¿aspiran también a coger el volante de mi coche?, ¿a sentarse en mi vehículo y a conducir por mí? A lo largo de los últimos años, hemos podido experimentar un endurecimiento normativo en distintos ámbitos con el objetivo de reducir el número de accidentes en las carreteras españolas, hasta el punto de establecer el denominado carnet por puntos, sin que ello haya arrojado resultados del todo favorables. El consumo de alcohol y de drogas, la imprudencia, o el exceso de velocidad han sido siempre los argumentos esgrimidos por la DGT para explicar el elevado número de víctimas que se cobra anualmente la carretera, culpando, por ello, casi en exclusiva, el comportamiento y la actitud del conductor al volante de su vehículo.

Sin embargo, pocas veces se aduce el mal estado de las vías secundarias (en donde, por cierto, se produce el mayor número de accidentes), la existencia de puntos negros, la escasez y la mala planificación de las infraestructuras viarias, los atascos y embotellamientos o, lo que es más grave aún, la deficiente política sancionadora y punitiva que se ha venido aplicando hasta ahora sobre los infractores más temerarios. Áreas, todas ellas, por cierto, pertenecientes al ámbito de la gestión pública. Tampoco suele explicarse que muchos países, como Alemania, por ejemplo, carecen de límites de velocidad en una parte significativa de su red viaria, o que, dado los millones de desplazamientos que se producen anualmente en España, es inevitable, por no decir imposible, que acontezcan siniestros de toda índole y gravedad. Además, los coches son cada vez más seguros y fiables y, dado el creciente número de vehículos que recorren nuestras carreteras, la proporción de accidentes de tráfico es cada vez menor con el paso de los años.

Pero, según la DGT, el único culpable de la siniestralidad vial es, en este caso, el individuo, nunca papá Estado. Por ello, llega, incluso, a insinuar su disposición a sustituirnos al frente de nuestro vehículo. Y es que, la gran mayoría de ustedes, en su afán por dar rienda suelta a sus instintos suicidas e incívicos, no tienen el más mínimo temor a estrellarse con su coche y causar un trágico accidente, ¿verdad? La DGT difunde un discurso paternalista y protector que, en el fondo, tiene por objetivo limitar al máximo nuestra libertad de acción aplicando, a su vez, un proceso que conlleva, de forma inherente, la desnaturalización progresiva de la responsabilidad individual.

En este sentido, el Gobierno nunca se ha planteado la implementación de un completo sistema de gestión de tráfico privado mediante el desarrollo de una red de seguros con plena capacidad normativa y sancionadora. Así, los terribles efectos que provoca una mala práctica en este ámbito podrían resarcirse de un modo más eficaz y ajustado a través de dichas compañías que, en su afán por evitar riesgos, pondrían en práctica las medidas necesarias para incentivar una conducción responsable. Y es que, el mercado, a diferencia del Estado, carga sobre el individuo el peso de sus acciones sin llegar a desposeer a éste de su natural responsabilidad.

Aznar no pretendía, ni mucho menos, animar a los españoles a conducir ebrios, tal y como se nos ha intentado hacer ver por parte de algunos políticos y comentaristas interesados, sino llamar la atención acerca del riesgo que implica un mensaje tan maniqueo como el de la DGT… "No podemos conducir por ti". ¡Pues claro! ¿Es que acaso usted estaría dispuesto a ceder el volante de su coche a Zapatero o a Rajoy? Yo, desde luego, no. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Pretender que Rubalcaba, o cualquier agente estatal a su cargo, fume por mí, ante el riesgo de que pueda contraer un cáncer o provocar una enfermedad a los que me rodean? Simplemente, absurdo.

Especular, un reto posible

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Aitor Zárate, como Robert Kiyosaki y otros emprendedores, brinda una idea que acaso provoca contrariedad a muchos: alcanzar la libertad personal a través de la independencia económica, con educación financiera, sin trampas y rompiendo moldes preestablecidos. Zárate fue jugador profesional de baloncesto (Baskonia, CAI Zaragoza) y desde 1998 dirige su propio negocio de futuros financieros. En 2006 publicó su exitoso Cambio de vida donde explicita por medio de un relato novelado su trayectoria vital.

Para el autor es ineludible, en aras de la libertad de cada uno, desarrollar un plan que permita aumentar la clase de inversiones que, con el tiempo, proporcionen ingresos sin hacer nada, trabajando el dinero por nosotros para no tener que trabajar por dinero, que nos obligaría a entregar nuestro preciado tiempo. "Tenemos que empezar a pensar en crear activos que generen activos y no ganar dinero para comprar pasivos, que es lo que hace la mayoría de la gente y que financieramente constituye una sandez."

Para Zárate un individuo que saca ufano su cartera para pagar con alguna de sus seis o siete tarjetas de crédito perfectamente alineadas es cualquier cosa menos rico. Con los tipos de interés actuales tan bajos, resulta imposible conseguir la liberación financiera endeudándose al 22 %, que es el "amigable" tipo que imponen los bancos para el pago de créditos al consumo. Por otra parte, el autor afirma que existe una excesiva credulidad por parte de los modestos inversores respecto de la pronta recuperación de sus acciones a la baja; incumplen el dicho que dice que "hay que cortar las pérdidas y dejar correr los beneficios", desconocen ponerse "corto", es decir, vender primero para comprar después, técnica que Zárate expone con claridad, pero que requiere habilidad psicológica y conocimiento en gestión monetaria para no terminar desplumado en las operaciones.

Adquirir viviendas no es para Zárate una solución acertada, lo que ejemplifica convincentemente: él prefiere la multipropiedad y obtener rentas por ella. La vivienda, excepto si el propietario logra un alquiler por ella o la vende y hace dinero, no es una buena inversión. No obstante, como casi siempre que se desaconseja comprar pisos, tal recomendación parece demasiado rígida, ajena por completo a las múltiples contingencias o motivaciones (una donación, una hipoteca inversa) que pueden aparecer en la vida de cara a poseer una casa.

Con los bancos ocurre un problema de relación de agencia: las entidades no realizan gestiones activas acerca de los fondos que reciben, obsesionadas como están por el cobro de comisiones de gestión, en vez de cobrar únicamente en función de los beneficios a favor del cliente, cosa que sí hacen los hedge funds. Para evitar la dificultad objetiva de participar en éstos, Zárate anima a convertirse en especulador de futuros, donde hay siempre contrapartida: si quieres comprar o vender no te quedas colgado, cosa que no ocurre con las clásicas acciones en bolsa. En Cambio de vida los dos protagonistas dialogan en torno a la dinámica interna de ser gestor de las propias inversiones.

No es imposible, pero es una opción empedrada de dificultades, a veces muy serias. Aitor Zárate reconoce varios fracasos en su biografía. Robert Kiyosaki vivió durante meses dentro de su coche, hasta que un amigo le cedió un trastero, antes de alcanzar el triunfo. Aquí, en España, algo se mueve, y toda esta clase de experiencias comienzan a tener su público. Es una cuestión de carácter, de aprendizaje, de una insobornable voluntad de decidir el propio destino, escapando de intervencionismos de toda condición.

La contradicción del bien común

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

La cuestión fue enfocada por el senador igual que se hace aquí, clamando por el civismo, la seguridad y el bien común. Para el artífice de la propuesta, Carl Kruger, la actitud incívica de llevar gadgets electrónicos "es un problema nacional". En cinco meses, según Kruger, murieron en Brooklyn tres peatones en accidente de tráfico por usar este tipo de aparatos. La solución del senador era que los iPod, BlackBerry, reproductores de MP3 y artilugios similares sólo pudieran ser utilizados por corredores, ciclistas, peatones, etc. en los parques de la ciudad. Lo que se le escapó al senador fue prohibir mirar la hora del reloj, que también puede distraer. Tal vez la razón es que no escucha música, pero sí mira la hora. Pensará usted que esta anécdota no es más que otra salida de tono de otro político extranjero, pero es que aquí ya tenemos una ley en vigor muy parecida.

Esta semana, un peligrosísimo profesor de educación física en Gijón ha sido multado con 552 euros y la retirada de nueve puntos del carné de conducir por realizar la "suicida" actividad de pasear con su bicicleta mientras escuchaba música. La administración se ha defendido alegando algo muy similar a lo que dijo el senador Kruger hace unos meses.

Los amantes de la represión gubernamental y resto de socialistas celebran con cava este tipo de agresiones contra el hombre libre porque representan una victoria del bien común, pero cuando se producen desastres mucho peores cuya causa son los políticos simplemente miran en otra dirección.

Esta legislatura está marcada por la corrupción urbanística en la que han participado políticos de todos los partidos, donde hay implicados altos cargos del Gobierno. El sectarismo de organizaciones paragubernamentales como la CNMV. La unión del Gobierno, medios de comunicación y otras empresas privadas para derrocar a empresarios o una irresponsable política económica basada en el corto plazo que todos vamos a pagar. Parafraseando a nuestro amigo el senador Kruger, esto sí que "es un problema nacional".

Estos desagradables acontecimientos que provienen de la política traspasan nuestras fronteras y provocan serios daños a todo el país. Una situación económica inestable, marcada por el intervencionismo y la corrupción, es el disuasorio perfecto para todo inversor extranjero y nacional. En estas semanas la bolsa ha bajado, entre otras causas, debido a las fuertes ventas de las grandes instituciones extranjeras que están viendo a España como un país de opereta.

Esto es lo que ocurre cuando esperamos que nuestra mayor molestia, el Gobierno, solucione los problemas nacionales e instaure la felicidad por medio de la ley. El resultado es el caos. El problema de España no es el ciclista que circula con auriculares, ni los que fuman en lugares públicos ni los top manta, sino una clase política que tiene barra libre para hacer lo que quiera y se mete en nuestras vidas con cualquier excusa trasnochada. Si el ciclista de Gijón tendrá que pagar más de 500 euros por "circular mal" con su bici, ¿qué tipo de sanción ha de tener José Blanco por facilitar la corrupción urbanística, Conthe por permitir el acoso institucional a empresarios o el Gobierno por saltarse leyes europeas en su beneficio y en el de sus amigos? ¿Realmente cree que van a pagar por el daño que han ocasionado al país?

Propiedad privada y medio ambiente

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en Propiedad privada y medio ambiente

Hace unos meses tuve la ocasión de acudir a un seminario que tenía como objeto el estudio del medio ambiente. El curso duró varios días, en los que se habló largo y tendido sobre la apartados habituales en los que se suele dividir dicha materia, como la flora, fauna, ecosistema, contaminación, vertido, residuo, etc. Mientras que los contenidos técnicos me sorprendieron gratamente, a la hora de analizar las causas de los problemas medioambientales, me extrañó bastante que la persona que dirigía el curso no le diese ninguna importancia a la titularidad de los bienes que solían tener más problemas de contaminación.

A la hora de analizar el problema de la contaminación, recuerdo que la conferenciante lo atribuía a los males de la llamada “sociedad de consumo”. Cuando le pregunté que si podía explicar un poco más este concepto afirmó que las empresas forzaban a sus clientes a comprar productos que no necesitaban, con el fin de elevar sus beneficios, y que para producirlos necesitaban emplear una gran cantidad de materias primas y fuentes de energía, lo que conducía a la contaminación.

Como quiera que no terminaba de ver la relación causa-efecto que me intentaba dibujar, le pregunté que si no consideraba significativo el hecho de que las mayores catástrofes naturales y los mayores índices de contaminación se produjesen en bienes cuya derecho de propiedad era de alguna manera débil. Para ilustrar mi afirmación le expuse algunos ejemplos. Los accidentes marítimos se producen en mares y océanos, que son de titularidad pública. Lo mismo ocurre con la contaminación atmosférica ya que el aire es de dominio público, o con los vertidos en aguas subterráneas o superficiales (que son propiedad de las distintas administraciones públicas). Sin embargo es bastante más infrecuente encontrarse con casos de contaminación significativos en terrenos privados.

Como se pueden figurar no llegamos a ningún acuerdo común la conferenciante y un servidor, aunque me asombró cuando me consideró uno de los participantes del seminario que más ideas nuevas le había aportado. Pese a nuestro desacuerdo, su intervención me sirvió para reflexionar sobre la falsa creencia existente en muchas personas que vincula la contaminación al sistema de libre mercado, cuando precisamente la propiedad privada es uno de los mayores aliados que tiene el medio ambiente.

Pensemos por ejemplo en el simple hecho de tirar un papel al suelo. Para cualquiera de nosotros sería inconcebible ver como alguien realiza este acto en nuestra casa o en la de una persona que nos haya invitado a pasar. No obstante, podemos estar seguros que la situación anterior de respeto a la propiedad ajena no se produce cuando pisamos una calle pública, donde cualquiera habrá podido observar a viandantes realizando este acto con la mayor normalidad del mundo. La razón por la que sucede esto es precisamente por el ejercicio del derecho de exclusión que lleva aparejado la propiedad de un bien privado. Si una persona procede a tirar basura en un bien propiedad de otro particular, con casi toda certeza el titular del mismo acudirá a ejercer su derecho de uso exclusivo, prohibiendo el paso a la persona que trata de ensuciarle el bien. No obstante, no ocurre lo mismo con las propiedades públicas, ya que la indefinición de su titularidad provoca una menor preocupación por la situación del bien.

El motivo de esta vigilancia que ejerce el propietario de un bien sobre éste no es otro que la preocupación por la posible pérdida de valor del mismo. El titular del bien quiere que éste mantenga o aumente su valor a lo largo del tiempo. La propiedad de un bien implica dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo. Y lógicamente a su propietario le inquieta que se produzca un deterioro en el mismo, que es básicamente lo que ocasiona la contaminación. Por tanto un bien privado tiene el mejor guardián posible para tratar que la contaminación en el mismo sea lo menor posible, su propietario.

Es factible que el propietario del bien, por el motivo que sea, no se preocupe del estado del mismo, y deje que éste se contamine. En sí no se trata de un deterioro medioambiental preocupante, ya que si los dueños de las zonas colindantes sí que pueden estar interesados en el estado de su propiedad, por lo que existe un límite a la contaminación, la propiedad original. En el momento en que la contaminación sobrepasa los límites de la posesión en que se originó, los demás afectados pueden exigir el cobro de una compensación que repare los daños causados a sus bienes.

Esto no quiere decir que la contaminación en terrenos privados no vaya a superar jamás los límites de la propiedad. Sin embargo sí que garantiza un mayor cuidado por parte de los propietarios, al tener que responder ante terceros de los daños ocasionados por su dolo o negligencia. Y esta responsabilidad, al poderse demandar ante los tribunales mediante la exigencia de compensaciones e indemnizaciones, se transforma en una mayor preocupación por el estado de los bienes de los que un propietario es titular.

Por tanto, la propiedad privada no es enemiga del medio ambiente, sino que al revés, se convierte en una de las mejores garantías existentes para reducir la contaminación y conservar el medio natural.

El mejor y el peor Aznar

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Con todo, no deja de ser lamentable que unas frases tan poco relevantes, por su sentido común, hayan desatado el escándalo. Si no estuviéramos encarcelados en los habitáculos del pensamientos único intervencionista más asfixiante, si el estatismo militante de izquierdas y derechas no hubiera convertido a los individuos en siervos complacidos, a buen seguro las declaraciones de Aznar no habrían merecido consideración alguna.

Entre otras cosas, porque la causa que las motivó –la restricción de la libertad individual por parte del Estado– nunca habría sido tolerada, bajo ningún supuesto. Pero la España de hoy, desarmada material, intelectual y moralmente, ha asumido su papel de infinito tragadero de los desmanes políticos y las ensoñaciones fascistoides.

Aznar se limitó a señalar que, mientras no cause daño alguno, nadie debe decirle cuánto vino puede beber o a qué velocidad puede conducir. Que incluso esta obviedad sea motivo de escándalo demuestra el cariz profundamente totalitario y antiliberal del estamento político y de sus mamporreros periodísticos.

Según una ingenua literatura filosófica y económica, el Estado nace como monopolio de la violencia para proteger a los individuos de cualquier agresión. Lo que se intenta combatir es el daño sobre las personas y la violación de sus derechos.

En realidad, dado que el Estado ha sido el mayor agresor que haya existido jamás, parece evidente que, con la excusa de proteger a los individuos de la violencia, pretendió institucionalizar ésta en beneficio propio. Lejos de ser el alguacil nocturno, como sabiamente diría el liberal norteamericano Albert Jay Nock, el Estado es el monopolizador del crimen.

Sin embargo, los que consciente o inconscientemente defiendan la letanía de que el Estado adquiere su justificación con la defensa de los individuos deberían mostrar un mínimo de pudor. Obviamente, si, como sostenía Aznar, nadie causa daño alguno, el Estado no tiene por qué meter su nariz y su porra en el asunto.

Pero, claro, la defensa de los derechos individuales no es suficiente para la izquierda. En realidad, no es que no le sea suficiente; es que aspira a cargárselos, a subordinarlos al bienestar general diseñado por los políticos, esto es, al bienestar general de los familiares y allegados de los políticos. No les importa que esta travesía suponga pisotear, finiquitar y triturar las libertades individuales; de hecho, para tal menester crearon el Estado.

Y en ello están: persecución del tabaco, el alcohol y los productos grasos, subordinación de la libertad de expresión a unos tribunales administrativos, obscenas campañas de adoctrinamiento, expropiación masiva de la propiedad privada, imposición de cuotas de producción al estilo franquista o prohibición de los centros privados de almacenamiento de cordones umbilicales.

Ahora bien, con ser verdad que las críticas de Aznar a quienes desearían conducir por completo nuestras vidas son del todo certeras, ello no debería hacernos olvidar un detalle bastante importante: Aznar fue presidente del Gobierno, y durante ocho años no tuvo ni la valentía ni la convicción para ejecutar las reformas que hoy defiende.

Por ejemplo, si Aznar piensa que nadie debe decirle a qué velocidad conducir, ¿por qué su Gobierno no permitió que las propietarias de las autopistas determinaran la velocidad máxima a la que podía circularse por ellas? Como propietarios privados de la vía, son los únicos legitimados para establecer las condiciones de acceso. ¿Por qué Aznar les siguió privando de esa potestad?

La competencia entre las distintas autopistas habría propiciado la segregación de los conductores en función de sus preferencias. Los que prefieren pisar el acelerador se habrían decantado por las autopistas sin límites de velocidad; los que anteponen la seguridad y la tranquilidad habrían optado por las que impusieran ciertas limitaciones. En cambio, Aznar mantuvo una regulación centralizada y uniforme para todos. Si no le gustan que conduzcan en su lugar, ¿por qué no hizo nada al respecto?

Algo similar ocurre con el alcohol. Si a Aznar le molesta que le prohíban beber vino, ¿por qué no retiró los impuestos sobre el alcohol? ¿Acaso los incrementos desorbitados de su precio no pretenden convertir su consumo en algo prohibitivo? No sólo eso, ¿por qué no presionó a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que eliminaran la restricción a la venta nocturna de alcohol? Parece que, a ciertas horas, Aznar sí ve bien que se prohíba el consumo de vino.

Esta divergencia entre las palabras y los hechos, entre las promesas liberales y la inercia conservadora, entre el discurso claro y la mojigatería centrista, ilustra lo mejor y de lo peor de Aznar. Un discurso que en ocasiones podía ser suscrito por cualquier liberal y una actuación generalmente deficitaria y alejada de los principios que decía defender.

Bernard Baruch nos aconsejaba que votáramos por el político que menos nos prometiera, porque sería el que menos nos decepcionaría. Yendo un poco más lejos, si no votamos por ninguno, nadie nos decepcionará. No confíe en los políticos; confíe sólo en usted mismo. Los que quieran arreglarle la vida muy probablemente sólo se la dificultarán, para medrar a su costa. Ellos tienen su propia agenda, y usted sólo figura como fuente de financiación. El resto son sólo estratagemas para someterle y que encima se muestre agradecido.

Obras son amores y no buenas razones, reza el refranero español; si bien casi cualquier buena razón es bienvenida frente a las represoras obras del Gobierno actual. Por mí, conduzca y beba cuanto quiera, Sr. Aznar, por mucho que usted no nos concediese esa oportunidad cuando pudo. Qué mal sienta pasar de señor a siervo.

De Keynes a Chávez

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Viene la cita a cuento de una información vertida por la prensa esta semana, y que se refiere a la guía para inversores que elabora el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. En su última edición advierte a los potenciales inversores que tengan a España en mente de que cuiden especialmente la seguridad en los contratos. Y pone el ejemplo de un empresario que le reclama a la organización del Fórum de Barcelona la cantidad de 3,4 millones de euros que le corresponden según una sentencia de un juzgado de Illinois. La sentencia es de 2004 y el empresario todavía está esperando a que se haga efectiva.

No se fían de nuestro sistema legal y la embajada recomienda a los potenciales inversores que especifiquen en sus contratos que Estados Unidos sea "el lugar para juzgar disputas" y en cualquier caso se especifique cómo sería llevada a cabo una sentencia.

El caso recogido por el Departamento de Estado es menor si lo comparamos con lo que han observado los inversores estadounidenses en Endesa. Se habrán tenido que frotar los ojos en más de una ocasión al observar hasta dónde llega el empecinamiento del Gobierno por imponer sus preferencias y la debilidad, por llamarlo de alguna manera, de los órganos reguladores. Su independencia se pone a prueba cuando se someten a las presiones más duras y en este caso el veredicto es claro.

El espectáculo de la CNMV, ¿cómo se reflejará en futuros informes del Departamento de Estado de aquél país? La caída en las inversiones estadounidenses en nuestro país, ¿cómo reaccionarán a lo que refleja la prensa de allí?

Será que la política exterior y la económica de nuestro Gobierno están acercándose, y que tenemos que mirarnos en lo que Pedro Almodóvar, en ocasión memorable, llamó "la experiencia democrática de Venezuela".

Muerte en Virginia

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Ellos se tendrán que plantear lo siguiente: en caso de que, en contra de lo que piensan, la libertad de armas salvara vidas y el control favoreciera los asesinatos, ¿están dispuestos a cambiar su opinión? ¿No les importará mantener una idea que está favoreciendo que haya más muertes? Si su indignación es tan fuerte, ¿no será que el asunto es lo suficientemente importante como para hacer el ejercicio de plantearse su posición con honestidad? Yo lo hice, lo que me obligó a cambiar de idea.

Vayamos al caso de Virginia. Dicha universidad prohibió el uso de armas a profesores y alumnos. ¿De qué sirvió esa prohibición? Si una persona planea ejecutar una masacre, ¿se detendrá porque en la Virginia Tech no le permiten llevar armas? Quizá pueda parecer chocante para algún incapaz, pero resulta que los criminales no cumplen las leyes. ¿De verdad es sorprendente que tampoco sigan las leyes de control de armas, especialmente si las necesitan para sus planes?

Quienes sí cumplen la ley son las personas que las hubieran utilizado para defenderse. Vean, sino, el caso de una universidad cercana, la Appalachan School of Law. El 16 de enero de 2002 otro joven entró con la intención de acabar con cuantas vidas pudiera. Dos alumnos, que reconocieron a qué correspondía el estruendo que estaba causando el arma de Peter Odighizuwa, fueron a sus coches a coger sus armas. Le redujeron y le desarmaron. Odighizuwa sólo pudo matar tres personas, gracias a que dos personas pudieron defenderse y defender a sus compañeros con un arma. Uno de los alumnos de la Virginia Tech, que tiene licencia de armas y que la hubiera llevado habitualmente de no habérselo prohibido la universidad, se ha lamentado de que se le negara su derecho a defenderse y a hacer lo mismo con sus compañeros. ¿Cuántas muertes se hubieran evitado si alumnos y profesores hubieran tenido el derecho a llevar armas para su defensa?

En enero del año pasado, la corte de Virginia rechazó una ley que proponía permitir a empleados llevar armas para defenderse ante cualquier eventualidad. El portavoz de la Virginia Tech, Larry Hincker, declaró entonces: "Estoy seguro de que la comunidad universitaria apreciará la decisión de la Asamblea General, porque ésta ayudará a los padres, a los estudiantes, a la facultad y a los visitantes a sentirse seguros en nuestros campus". Treinta y tres muertes después, ¿qué pensará ahora Larry Hincker?

Las matanzas públicas en colegios y universidades en Estados Unidos, que son muy excepcionales como lo son en otros sitios, ocurren prácticamente todas en "áreas libres de armas" como la Virginia Tech. Allí los asesinos se saben poderosos, porque los demás estarán indefensos. Esto ocurre también con el crimen en general. Se dice que "cuando las armas están fuera de la ley, sólo los fuera de la ley tienen armas". Si los criminales las necesitan para sus planes y la gente que sigue las leyes las utilizaría sólo para defenderse, ¿no será razonable que, como demuestran los datos, el control de armas cause más crímenes y la libertad de poseer éstas los reduzca?

Hay quien achaca esta masacre a la cultura americana. Será que Cho Seung Hui quería descargar su odio a los "niños ricos" ¡con lo acompañado que se hubiera sentido en Europa, ya que no en Estados Unidos! Hay quien dice que si fuera más difícil acceder a un arma no habría podido matar a sus compañeros. Pero hemos podido ver que planeó muy bien su masacre, y no le costaría nada comprar un arma ilegal.

¿No es como para pensárselo, esto del control de armas?

Virginia Tech y el derecho a portar armas

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

La masacre de Virginia Tech ha conmocionado a toda la población de los Estados Unidos. Al parecer, un cúmulo de coincidencias hizo que la policía siguiera una pista equivocada mientras el asesino, Cho Seung-Hui, cruzaba el campus universitario para continuar con la matanza. Un criminal, supuestamente desequilibrado, dispuesto a atentar contra la vida de los demás con un arma de fuego y unos servicios públicos de seguridad que vuelven a cometer un error de bulto a la hora de proteger a los ciudadanos han reavivado un gran debate. Sorprendentemente la discusión no gira en torno a cómo superar los fallos del sistema público de protección sino que se enquista, como un gatillo oxidado, en el cuestionamiento del derecho constitucional a tener armas.

Los detractores de las armas, sobre todo fuera de los Estados Unidos, sacan a relucir que cerca de 14.000 ciudadanos americanos murieron en el año 2005 asesinados por medio de armas de fuego y que en el país hay unos 240 millones de armas. Por otro lado, argumentan que si la posesión de armas sigue siendo legal es por culpa de una minoría bien organizada. En este caso los perversos antagonistas de quienes critican el derecho a tener armas son los lobbies –especialmente de la Asociación Nacional del Rifle– o, incluso, el partido republicano. Es posible que todos esos argumentos sean ciertos, pero lo son de manera tan parcial que no sirven para concluir lo que pretenden: la idoneidad del control estatal de las armas de fuego.

En efecto, son miles los norteamericanos asesinados con armas de fuego cada año. Sin embargo, los críticos olvidan compensar este buen y visible argumento utilitarista contra el derecho a la tenencia de armas con un efecto menos visible del derecho a su posesión. Y es que nadie niega que sean muchas miles de vidas las que se salvan cada año en Estados Unidos gracias a esos 240 millones de armas en manos de la población civil. Estas vidas no salen en el telediario, pero están ahí. Las investigaciones de John R. Lott, por ejemplo, han puesto de manifiesto cómo aumentaban los asesinatos cuando se restringía el derecho a las armas en numerosos estados. Como dice el dicho, cuando las armas están proscritas, sólo los proscritos tienen armas. Además, en Estados Unidos, los crímenes dentro de la propiedad privada son inferiores a muchos países europeos. Al parecer, a los criminales no les es indiferente si la gente puede tener un arma en casa para defenderse o no.

Sin lugar a dudas, la National Rifle Association y otras colectivos civiles se esfuerzan por defender el derecho a la tenencia de armas. También es cierto que en el partido republicano hay una clara mayoría de representantes que defienden este derecho recogido en la segunda enmienda. Pero no es menos cierto que en el demócrata ocurre lo mismo. Estos datos son el reflejo de una sociedad en la que existen algo más de 55 millones de ciudadanos adscritos a asociaciones de caza, tiro o defensa del derecho a tener armas (y algo más de 76 millones de dueños de armas de fuego). En 1996 algo más de un 37% de los votantes norteamericanos y casi el 40% de la población total poseía un arma. A la luz de estos datos, el argumento de que una pequeña minoría tiene secuestrada la voluntad de los norteamericanos sueña a perorata majadera.

Pero es que, además, la defensa del derecho a tener armas tiene un fundamento ético. ¿En qué queda el derecho a la vida y a la propiedad privada si no tenemos derecho a defender ambas? Tal y como lo expresó el ex fiscal de la ciudad de Nueva Cork, David B. Kopel, "si sólo el Gobierno tiene armas, sólo están seguras aquellas personas cuya protección le interesa al Gobierno". El Gobierno lo podrá hacer mejor o peor, pero de lo que no cabe duda es de que no ofrecerá el servicio dónde y cuándo el ciudadano necesita hacer valer sus derechos más fundamentales.

Esta cuestión nos lleva al último aspecto que merece ser destacado y que queda bien reflejado en un conocido dicho suizo: "si el Gobierno no confía en la gente, la gente no puede confiar en el Gobierno". El derecho a tener armas no sólo sirve al propósito de defender la vida de uno y de su familia. Una población armada es la última barrera frente al totalitarismo político. Hace más de cuatro siglos Juan de Mariana destacaba la importancia de contar con una población civil bien armada y advertía al rey que "el tirano teme necesariamente a los que le temen, a los que trata como esclavos, y para evitar que éstos preparen su muerte, suprime todas sus posibles garantías y defensas, les priva de las armas, no les permite ejercer las artes liberales dignas de los hombres libres para que no robustezcan su cuerpo con ejercicios militares y desmoronar la confianza en sí mismos."

No sé hasta qué punto el padre Mariana era consciente de la importancia de sus palabras. En cualquier caso, el siglo XX le daría tristemente toda la razón. En 1942 Hitler reconocería que "el error más estúpido que podríamos cometer sería permitir tener armas a las gentes conquistadas del este." El Führer era un tirano genocida pero no un idiota y repetía que "la historia enseña que todos los conquistadores que han permitido poseer armas a las razas sometidas han preparado su propio declive al hacerlo."