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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Crímenes sin víctima

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Cada uno tiene derecho a hacer consigo y con su propiedad lo que le plazca, siempre que no invada la de los demás o dañe a otras personas. Así expresado, este principio parece aceptable para la mayoría de la gente. Pero cuando se trata de seguirlo hasta sus últimas consecuencias, parece que esta idea pierde el interés o el atractivo inicial. Prueba de ello es la proliferación de los crímenes sin víctima, o crímenes consensuados, que son aquellos que se hacen sobre sí mismo y su propiedad, en soledad o en cooperación voluntaria con otros.

La lista de crímenes sin víctima es larguísima. En una recopilación de urgencia incluimos el suicidio, el consumo de drogas y todo el proceso de producción y distribución de las mismas, el juego, la homosexualidad, la poligamia y el matrimonio homosexual, la posesión de armas, la mentira, la pornografía, la prostitución, el vagabundaje y la holgazanería, multitud de delitos medioambientales y muchos otros.

La misma idea de crímenes sin víctima es absurda. Pero tiene su sentido en el contexto histórico en que el derecho penal ha sido arrancado de manos privadas por parte del Estado. Cuando, en una sociedad libre, un individuo daña a otro, hay instituciones como el derecho, reforzada por la moral y el entramado de relaciones interpersonales que hacen costosos los comportamientos antisociales, que contribuyen a la restitución a la víctima de lo dañado. Desde que el Estado se hizo con derecho penal, la situación ha cambiado. Primero porque la víctima ha perdido el derecho a ser indemnizada por el criminal y es el Estado quien, en ciertos crímenes y según la situación histórica, se ha quedado con la indemnización, convirtiendo el acto de restitución de la justicia en un nuevo crimen. La víctima lo es por duplicado.

Y segundo, porque una vez que el Estado puede definir los comportamientos penales, tiene la posibilidad de tipificar como tal los que no tienen víctima. En el derecho privado hay una realidad contingente, la persona o la propiedad, que ha resultado dañada por la invasión injusta por parte de un tercero. Puesto que el Estado no es víctima, no tiene como limitación ese hecho contingente, por lo que puede considerar delictivo cualquier comportamiento, incluso los que se realizan sobre la propia persona o su propiedad, en soledad o en compañía consensuada con terceros. Surgen así los crímenes sin víctima, inconcebibles en una sociedad libre.

Con la creación de esta figura se produce una situación que condiciona el libre desarrollo social de un modo determinante. La tipificación de delitos sin víctima o consensuados supone la intromisión y al final el uso de la coacción en comportamientos que, morales o inmorales, son perfectamente legítimos, por lo que es injusta. Además ilegalizar la libertad, criminalizar comportamientos habituales, que son fruto de la espontánea elección de los ciudadanos sobre los ámbitos de decisión a que tienen derecho, no sólo ataca nuestra libertad de forma directa, sino que nos pone en una situación a merced del Estado. Aunque cometamos alguno de esos crímenes sin víctima y no suframos la violencia estatal, nos deja en una situación vulnerable. Y si hacemos cualquier cosa que no guste a quienes estén en el poder, podrán ir contra nosotros por hacer cosas a las que tenemos perfecto derecho.

Pero la perversión de los delitos sin víctima va mucho más allá incluso que eso. Puesto que proscriben comportamientos que tienen su motor en deseos personales no satisfechos, muchos de quienes los adoptaban seguirán con ellos aunque con mayores costes. En ocasiones, en muchas de ellas, se recurre al crimen para hacer frente a esos costes. Y no es la última razón el hecho de que, puesto que uno ya está fuera de la ley, los costes del comportamiento ilegal han sido ya en parte asumidos, por lo que dar el paso a los crímenes reales no cuesta ya tanto. En consecuencia, la persecución de crímenes falsos fomenta los de verdad. El dato tiene una década, pero no tiene porqué ser hoy distinto: cerca del 80 por ciento de los delitos en España tiene relación con el consumo y el tráfico de drogas. Este fomento del crimen no tiene porqué limitarse al esporádico y a pequeña escala; por el contrario fomenta también el crimen organizado. Súmese a ello que las fuerzas de seguridad tienen que atender a ambos tipos de delitos (con el aumento del coste correspondiente), por lo que no se concentran en los que lo son en realidad, perdiendo así eficacia.

Puesto que la consideración de un comportamiento como delito no nace de la violación de derechos originarios, como la vida y la propiedad, su tipificación supone un juicio moral. De este modo, nos encontramos con que el Estado, reunión de todos los comportamientos aberrantes, se convierte en árbitro moral de los ciudadanos. Además, dado que el criminal coincide con la supuesta víctima, la represión del primero supone también la de la segunda. ¿Qué derecho es ese que reprime a las víctimas?

Sobre la adopción

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

No existe nada parecido a un "derecho a adoptar", sostienen algunos, existe sólo el derecho del niño a ser adoptado por una familia cualificada, que satisfaga unos requisitos necesarios para el desarrollo adecuado del menor. Carece de rigor, sin embargo, referirse al derecho del niño a ser adoptado por una familia en concreto cuando esta decisión no puede tomarla el niño y recae, necesariamente, en terceras personas. Los valedores de la tesis anterior aseguran defender un supuesto derecho individual del niño cuando en realidad no hacen sino arrogarse arbitrariamente el derecho a decidir quiénes y en qué términos pueden ser adoptantes.

¿Qué significa poseer un derecho sobre algo? Significa tener derecho a decidir con respecto a su uso. El propietario de una parcela de tierra, por ejemplo, es aquél que tiene derecho a decidir con carácter exclusivo sobre su uso. En el caso de los menores decimos que sus padres (y sólo ellos) tienen derecho a tutelarlos, esto es, a decidir con respecto a su formación y desenvolvimiento. Entendemos, en este contexto, que un niño tiene derecho a no ser agredido físicamente, a no ser coaccionado en el que caso que quiera abandonar el hogar y, si aceptamos el principio de la responsabilidad parental, derecho también a obtener sustento por parte de los padres. Pero cuando hablamos de si el niño debe recibir una educación laica o religiosa, por ejemplo, no aludimos al "derecho del niño a un tipo de educación concreta", sino al derecho de los padres a decidir el tipo de educación que debe recibir su hijo. Del mismo modo, cuando hablamos de la adopción no cabe hablar del derecho del niño a ser adoptado por un tipo de familia en concreto, como si fueran sus preferencias las que primaran, pues en tanto no disponga de juicio suficiente no va a pronunciarse en ningún sentido. Forzosamente la decisión corresponde a terceros, de modo que la cuestión a dirimir no es en qué se traduce ese derecho del niño a ser adoptado, sino qué terceras personas tienen derecho a decidir con respecto a la adopción.

Si los padres tienen un derecho de tutela sobre sus hijos, en razón del vínculo natural que les une, ¿en base a qué no pueden ceder ese derecho de tutela a terceros? Y si pueden, ¿por qué no a un determinado precio? Desde un punto de vista liberal no hay motivo para oponerse a un libre mercado de adopciones, en el cual distintas familias consienten en traspasarse ese derecho de tutela. ¿Por qué deberían prohibirse esta clase de intercambios, como hace el Estado en la actualidad? Los padres biológicos elegirían a los adoptantes, nadie impondría desde fuera los requisitos que éstos debieran cumplir. De este modo podrían ceder la tutela a parejas heterosexuales, parejas homosexuales, personas solteras… lo mismo que a orfanatos o agencias intermediarias (que también podrían fijar sus propios criterios de adopción, más o menos restrictivos) encargadas de hacer llegar los niños a otros adoptantes. En cuanto a los menores que fueran abandonados, dejados al pie de la escalinata, ¿quién devendría su legítimo tutor? Pues, como en el caso de cualquier objeto abandonado sobre el que se pueda tener derechos, lo lógico sería aplicar la regla del homesteading o "primer ocupante": aquél o aquellos que primero recogiesen al pequeño y aceptasen su custodia devendrían sus tutores. "Pero el niño tiene derecho a un tipo de familia en concreto…". Hablemos con propiedad: ¿quién debe decidir qué familia es "adecuada" para el menor? ¿El Estado u otra entidad externa que no guarda relación alguna con el menor, o sus progenitores, que son quienes le han dado la vida? ¿Debe decidirse democráticamente qué tipo de familias son adecuadas para el cuidado de un niño? ¿Debe decidirlo un comité de expertos? Además, ¿por qué el derecho del niño a una familia adecuada sólo afecta a los adoptantes y no a los padres biológicos? Si el Estado puede negar la licencia de paternidad a una pareja de homosexuales por considerar que priva al niño de la indispensable figura materna o paterna, ¿no debería poder retirarle la licencia a una madre soltera o a un padre viudo que ya cuidan de su hijo? De acuerdo con el argumento de que un niño tiene derecho a una familia "adecuada" que no menoscabe su normal desarrollo, ¿es coherente denegar la licencia a una pareja de homosexuales y no retirársela, por ejemplo, a unos padres biológicos que educan a sus hijos en valores comunistas o neonazis? Lo que se deja en manos del Estado no es sólo la facultad de imponer requisitos a los adoptantes, es la propia definición de lo que debe ser una familia y la potestad de emitir licencias de paternidad.

Algunos objetarán que esto de liberalizar las adopciones equivale a convertir a los niños en simples mercancías. Consignas emocionales aparte, lo que deberían preguntarse estos críticos es si vetando la liberalización benefician a los menores a quienes pretenden proteger. Varias razones sugieren lo contrario. En primer lugar, prohibir un libre mercado de adopciones supone incentivar el aborto: si una pareja o una mujer embarazada que no desea tener un hijo no puede ceder la tutela a un tercero una vez haya dado a luz (a cambio de una suma de dinero, por ejemplo), tiene menos incentivos para tenerlo y viceversa, tiene más incentivos para abortar. Al mismo tiempo, la liberalización desincentiva el abandono al pie de la escalinata, pues los padres biológicos tendrían la atractiva posibilidad de darlo directamente en adopción a cambio de dinero. Por otro lado, prohibir los intercambios entre familias que quieren dar en adopción a sus hijos y familias que quieren adoptarlos equivale condenar a estos niños a convivir con una familia que no los quiere en lugar de permitir que sean acogidos por una familia que sí quiere hacerse cargo de ellos. Luego prohibir la cesión (retribuida o no) de los derechos de tutela será todo lo políticamente correcto que se quiera, pero es dudoso que beneficie a los niños que serían objeto de adopción.

En el caso de las adopciones, como en tantos otros, no corresponde al Estado ni a ningún agente externo decidir, sino a quienes guardan relación con el niño: los padres biológicos, los orfanatos privados y aquellos que primero aceptasen la tutela del menor abandonado.

Castromoribundia

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

La incertidumbre sobre lo que pasará en Cuba cuando el hecho sucesorio se produzca –Dios no lo quiera, pero la Naturaleza es así de reaccionaria–, es la nota dominante en unos momentos en los que no se sabe siquiera si el hermano de Fidel está haciendo algo de provecho o sigue abrazado a la botella de ron intentando huir de la sombra de su Rebecca barbuda.

Los especialistas en transiciones, que pretenden dar solución al caos político cubano mediante un cambio a la española, no parecen tener en cuenta la absoluta distancia entre ambos países a la muerte de sus respectivos dictadores. España se encontraba en 1975, a pesar de la crisis del petróleo que golpeaba la economía mundial desde la guerra árabe-israelí, con un grado de desarrollo notable, tras una década de crecimiento por encima del 8% anual, gracias a los planes de estabilización y desarrollo de Navarro, Ullastres y López Rodó. Cuba, en cambio, se ha empobrecido durante el castrismo con una intensidad digna de plusmarca. En España había una clase media prácticamente hegemónica, con una renta per cápita cada vez más próxima a la de sus vecinos europeos. En Cuba la mayor parte de la población vive en la miseria sin otro horizonte vital que la mera subsistencia. En la España de la transición, aunque las libertades políticas estaban limitadas, había un grado notable de libertad civil (propiedad privada, libertad de circulación, de empresa, de establecimiento, etc.). En Cuba, el aparato represor del estado domina todos los resortes de la sociedad civil, de tal forma que el ejercicio de los derechos individuales es una mera entelequia que el sistema marxista se emplea a fondo en reprimir.

El éxito de la Transición española no cabe atribuirlo a la sagacidad de sus muñidores, por lo demás perfectamente descriptible, sino al hecho de que estaban sentadas las bases que permiten el desarrollo de sociedades democráticas. Se confirma así en la práctica, lo que los teóricos liberales venían afirmando desde finales del siglo XIX, esto es, que ningún régimen democrático puede instaurarse con éxito en sociedades en las que el estado no respeta la propiedad privada ni la libre interacción de los ciudadanos.

Pero sea cual sea la salida a esta crisis política, lo que más me preocupa es la salud mental de los progres europeos, especialmente los del "club de amigos del Malecón", ahora que el dueño del puticlub parece que está próximo a estirar la pata. ¿Y si fuera verdad lo de su afición casi patológica a los videos caseros?

Capitalismo y felicidad

Escrito por Antonio Gimeno en . Publicado en Análisis diario.

Sostenemos que estas verdades son por sí mismas evidentes: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

Probablemente este es el fragmento más famoso de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776); y la incorporación del derecho a la búsqueda de la felicidad, su aportación más original y debatida. Han pasado 230 años y los americanos siguen celebrando su revolucionaria proclamación con un fervor patriótico desconocido en nuestras latitudes. Los Padres Fundadores hicieron de la búsqueda de la felicidad una cuestión política, encomendando a los gobernantes la custodia de las instituciones que permitieran la defensa de éste y del resto de derechos "inalienables" del hombre.

En estos años Estados Unidos ha consolidado su posición como primera potencia económica mundial, pero su hegemonía moral, atacada con renovado ímpetu desde dentro y fuera de sus fronteras con ocasión de la guerra de Irak o, más recientemente, por su apoyo casi incondicional a Israel en la guerra del Líbano, es cuestionada permanentemente y, en no pocas ocasiones, con instrumentos harto ridículos. Tal es el caso del panfleto titulado "El índice de felicidad planetaria" (HPI, en sus siglas inglesas).

Según sus conclusiones Estados Unidos ocuparía el puesto 150 entre los 178 países "estudiados", sería, por lo tanto, un país triste, tristísimo si seguimos nuestra intuición o idea de lo que significa la felicidad y no reparamos en la definición de la misma en la que se ampara este "ranking". Un país lamentable, sólo algo mejor que Costa de Marfil, Ruanda o Sierra Leona… eso sí, bastante más agradable que Rusia, traidora al comunitarismo ecologeta, que se sitúa en el puesto 172, por delante de otros traidores al comunismo como Estonia o Ucrania. ¿Y España? La España del talante deberá conformarse con una meritoria equidistancia, un limbo gris ni triste ni contento, un puesto 87, por delante del libérrimo Hong Kong y del corral feudal Saudita. Pero no se preocupen, que la pérfida Albión, aliada de Bush, se desliza con el dorsal 108 hacia regiones más oscuras. En realidad, el primer país de los Unión Europea que aparece en esta lista prodigiosa es Austria, con un meritorio puesto 61.

¿Y el "top ten"? Casi estoy por dejar que lo adivinen… ¿Recuerdan el anuncio de una conocida marca de licor en el que unos simpáticos lugareños con acento caribeño pretendían huir del estrés a toda costa? Pues eso, junto a un paraíso digno de Gaugin, la isla de Vanuatu en el Pacífico Sur, se encuentran Cuba o Dominica. ¡Cuba! Claro que, en puestos de avanzada felicidad todavía pueden verse lugares como Bhután, Guatemala y otros paraísos bolivarianos. Rigor.

Como se ve, en realidad Estados Unidos, campeón del capitalismo global, sólo es el ejemplo que resulta más revelador de la auténtica intención de este informe: probar que el capitalismo es el responsable de la miseria de muchos, felices a pesar de las dificultades, y culpable de la infelicidad de unos pocos, ricos más que les pese. Casi una reedición del mito del buen salvaje, ocurrencia atribuida a Rousseau, principal aliento intelectual de la Revolución Francesa.

Y es que la metodología empleada para llegar a semejantes conclusiones se basa en una ecuación aparentemente simple:

Felicidad = Vivir mucho tiempo + Identificarse a uno mismo como satisfecho + Usar los recursos naturales en cantidades apropiadas.

Los datos necesarios para rellenar los sumandos de cada país se obtuvieron acudiendo a diferentes estudios, cuyos resultados, a su vez, podrían discutirse, aunque por sí solos no resultan tan evidentemente manipuladores. Al introducir el factor "ecologeta" queda claramente en evidencia la voluntad de medir una cierta "eficiencia" en la consecución de la felicidad, es decir, no se mide la felicidad subjetiva, como queda claro, sino lo que cuesta conseguirla, señalando una doblemente falsa antinomia entre felicidad y riqueza.

La vida, la libertad y la propiedad fueron los ejes del discurso filosófico y político de los revoltosos americanos. Jefferson, responsable principal de la Declaración, no sólo recibió la influencia de Locke, autor del Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, sino que formaba parte de un nutrido grupo de intelectuales entre los que se encontraban figuras menos reconocidas por la Historia, tales como el terrible Benjamin Rush, todos ellos materialistas científicos con un elaborado concepto de la naturaleza humana. Elaborado, gris y desconfiado, como lo prueba la redacción de la Constitución americana.

Jefferson estableció que la "búsqueda de la felicidad" era un derecho inalienable. La felicidad es un sentimiento moral y por lo tanto subjetivo. Al dar a los gobiernos la responsabilidad de la defensa de ese derecho, Jefferson y los Padres Fundadores estaban introduciendo una cuña en la privacidad de la persona con consecuencias imprevisibles, pero ciertas para su libertad, como demuestra la historia. Para Jefferson la felicidad era el objetivo de la vida y la virtud el fundamento de la felicidad, por lo tanto no concebía felicidad sin virtud, que es la cualidad indispensable en la reconciliación de los intereses individuales. El tiempo, las enmiendas y un occidente seducido por la maléfica influencia de la revolución de los sans-culottes han devaluado aquel e pluribus unum llegando a la conformación de políticas públicas basadas en dudosas encuestas que, en el caso de la felicidad, pierden u olvidan su carácter individual y dinámico.

Dinamismo imprescindible para comprender que la "búsqueda de la felicidad" nos hace seres fugazmente felices sí, pero productivos. Adelante, capitalismo.

Libertad económica y libertad política

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

El socialismo democrático, trasunto descafeinado del socialismo totalitario, nos dice que es perfectamente compatible mantener un sistema de alta coacción institucional y garantizar al mismo tiempo el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

Para dictaminar sobre la veracidad de este aserto, conviene recurrir a la experiencia histórica y entonces constataremos que ningún sistema político respetuoso con los derechos de sus ciudadanos ha prescindido de un orden económico similar a lo que hoy conocemos como el libre mercado. Es que no hay otra opción si buscamos un sistema que garantice el ejercicio de los derechos civiles, puesto que la libertad económica es el principal soporte del resto de libertades del individuo. Los intelectuales suelen despreciar la libertad económica bajo el prisma de que es únicamente una forma de cubrir las necesidades materiales (además ineficiente, comparada con el socialismo al que dedican sus constantes soflamas). Sin embargo, la libertad económica es un fin en sí misma, comparable al ejercicio del resto de los derechos civiles que caracterizan a una sociedad libre, pues cuando se anula la libertad económica, se priva al ser humano del ejercicio de una de las capacidades primordiales que le distinguen de los seres irracionales. Hablamos de la "empresarialidad", según el término acuñado por los profesores Kirzner y Huerta de Soto, esto es, la facultad humana que le empuja de forma innata a buscar nuevos fines y objetivos vitales, empleando para ello los medios que considere oportuno. No se trata, por tanto, de una mera asignación de recursos para solventar unas determinadas necesidades de soporte vital, sino de una aspiración humana que entra de lleno en el terreno de lo espiritual. Un hombre no es libre si no se le permite luchar por los fines que subjetivamente considera le van a hacer feliz, por más que el Estado le faculte a depositar una papeleta en una caja de metacrilato cada cuatro años.

El sistema de libre mercado, además, permite separar el poder económico del poder político, algo que bajo los regímenes totalitarios se acumula en el mismo órgano rector. Esta separación de los ámbitos económico y político resulta esencial para garantizar la libertad política, pues permite la existencia de centros de poder alejados que se contrarrestan mutuamente.

A comienzos del Siglo XIX, los liberales ingleses, de la mano de Bentham, sugerían lo contrario, es decir, que la libertad política era un medio para la libertad económica. Su escuela filosófica mantenía que si la mayoría del pueblo pudiera votar lo haría a favor de limitar al máximo la capacidad coercitiva del Estado, aunque sólo fuera por una cuestión de mero utilitarismo. En cambio, a los terremotos políticos de comienzos del siglo XX siguieron dos Guerras Mundiales y una fuerte tendencia al colectivismo en la mayoría de países occidentales. Fue el "camino de servidumbre" del que advirtió Hayek con profética intuición.

La libertad política llega siempre después de la libertad económica y el desarrollo de las instituciones capitalistas. Hacer el trayecto en sentido contrario supone un riesgo evidente de no llegar nunca a la meta. La Historia es fecunda en este tipo de ejemplos.

Derecho natural

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Derecho natural

Para algunos pensadores el concepto de derecho natural es absurdo porque el derecho ni está en la naturaleza ni es natural. Su error proviene de confundir distintas acepciones del concepto de lo natural y la naturaleza.

Si se considera que la naturaleza está constituida por la materia inorgánica (rocas, agua, aire…) y los seres vivos (bacterias, protistas, plantas, animales…) excepto los seres humanos, entonces efectivamente el derecho no es natural en este sentido. Ni las piedras ni los árboles ni las garrapatas utilizan leyes prescriptivas que coordinen de forma adecuada su comportamiento conjunto.

El derecho es un fenómeno humano, artificial, una construcción mental, cultural y lingüística que permite regular la convivencia social de las personas. Algunos animales sociales con cerebros sofisticados tienen sentimientos morales básicos que facilitan su supervivencia conjunta (y que son el germen evolutivo del derecho), pero carecen de la sofisticación intelectual y lingüística necesaria para reflexionar y argumentar sobre sus normas de conducta de unos respecto a otros.

Pero el ser humano no es sobrenatural, no es ajeno a la realidad física, química y biológica, en realidad es una parte especial de la naturaleza capaz de crear, imitar y producir cultura. El derecho es así en cierto modo también natural, sólo que restringido a un ámbito limitado de la naturaleza, el dominio de lo específicamente humano.

Lo natural se refiere también a lo que se corresponde con cierta naturaleza de las cosas. Tiene sentido hablar de la naturaleza de las entidades que existen en la realidad: son sus rasgos comunes esenciales que los distinguen de otras cosas y que los agrupan en una misma clase (su composición, su estructura, sus interacciones con otras cosas, su comportamiento). La naturaleza humana puede ser conocida de forma científica mediante la praxeología (estudio formal de la acción intencional), la psicología evolucionista (investigación evolutiva de los múltiples subsistemas cognitivos y emocionales de la mente humana) y la memética (análisis evolutivo de la cultura).

El derecho natural no se refiere a la implacable ley de la jungla (típico arquetipo de naturaleza contrapuesta a la ciudad humana) según la cual el fuerte se come al débil, ni a las normas que hipotéticamente hubieran cumplido los presuntamente bárbaros ancestros humanos en el llamado estado de naturaleza antes de socializar y civilizarse.

El derecho natural, ética o iusnaturalismo se refiere a las normas (derechos y deberes, opciones, prohibiciones y obligaciones) adecuadas para la convivencia social y el progreso de los seres humanos: dada la naturaleza humana, no todos los sistemas legales son igualmente convenientes, igual que una bicicleta de montaña y una de carretera son más adecuadas en entornos diferentes, e igual que si un aparato funciona con pilas eléctricas no le echas gasolina. Se trata de leyes generales para todos los seres humanos, porque comparten una misma naturaleza universal, y no sólo de unos pocos en un lugar y tiempo concreto (derecho convencional). Son leyes que no necesitan ser reveladas por ninguna inexistente divinidad reguladora omnipotente, ni tampoco impuestas por déspotas paternalistas: sus contenidos pueden estudiarse mediante la razón humana (y la exploración empírica competitiva donde la razón no da más de sí), y su concepto fundamental es el derecho de propiedad.

La falacia naturalista consiste en inferir erróneamente que lo que hay en la realidad (en la naturaleza) es justo: es una idea absurda, ya que deja sin sentido el concepto de derecho y justicia, al no haber realidades contrapuestas (cosas injustas o que no se ajustan a derecho). Pero el deber ser puede inferirse del ser si se hace de forma inteligente: se conoce lo que el ser humano es para estudiar qué normas de conducta le convienen, y eso es la ciencia ética.

El complejo orden espontáneo de la sociedad libre moderna no parece natural a muchas personas, y es normal: sus instintos genéticos e intuiciones irreflexivas están ajustados para la supervivencia de los ancestros humanos en grupos pequeños, estáticos, permanentemente amenazados, con pocas posibilidades de acción y con escasa acumulación de riqueza y capital. Ahora vivimos en un mundo muy diferente, y la razón crítica puede compensar intuiciones erróneas nocivas.

Esclavos de la droga

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Hay quienes intentan, desde supuestos postulados liberales, justificar la prohibición de las drogas apelando a un concepto de libertad que nada tiene que ver con el liberalismo. Arguyen que los adictos no son "libres" porque su dependencia física con respeto a la droga les impide elegir a voluntad. El drogodependiente es esclavo de la droga porque ésta le obliga a seguir consumiéndola. No puede decidir "libremente", pues la influencia de la droga es demasiado irresistible.

Pero esto es jugar con la polisemia de la palabra libertad para legitimar el uso de la fuerza contra personas que no han agredido a nadie. ¿A quién agrede el consumidor de estupefacientes? ¿A quién agrede el que se los proporciona? En vano alegan los prohibicionistas que la droga "esclaviza": si son incapaces de señalar una víctima no hay crimen alguno que reprimir. El liberalismo, en tanto filosofía política, se ocupa de prescribir derechos, y en este sentido propugna que los individuos tienen derecho a hacer uso de su cuerpo y sus posesiones sin interferencias violentas (no-consentidas) por parte de terceras personas. El empleo de la fuerza sólo es legítimo como respuesta a una agresión previa (para defenderse o para exigir restitución/castigo), y puesto que emplear la fuerza para prohibir la compra-venta y el consumo de drogas no responde a ninguna agresión previa se trata de una agresión en sí misma. Esconderse tras el parapeto del "drogodependiente esclavizado" de nada sirve a la hora de dirimir la cuestión anterior.

No hay nada de extraño en ello, pues como se ha dicho el concepto de libertad auspiciado por estos prohibicionistas no se corresponde en absoluto con el concepto de libertad negativa propio del liberalismo. De acuerdo con este último una persona es libre cuando puede hacer uso de su cuerpo y sus posesiones sin que haya coacción por parte de terceras personas. De acuerdo con la definición manejada por los prohibicionistas, sin embargo, una persona es libre cuando puede conseguir los fines que se propone en cada momento con independencia de las circunstancias que le rodean, de modo que deja de serlo si hay "algo" que limita de alguna forma sus opciones. El drogodependiente no es "libre" porque no puede desengancharse a voluntad; la adicción se lo impide, limita sus opciones. Pero siguiendo este razonamiento, el explorador perdido en el desierto tampoco es "libre" si quiere saciar su sed y su cantimplora está vacía; el desierto se lo impide, limita sus opciones. Por tanto, si el drogodependiente es esclavo de la droga entonces el explorador es esclavo del desierto y el resto de mortales somos esclavos de la ley de la gravedad. ¿Pero qué tiene que ver esto con el liberalismo? ¿Acaso cabe alegar que el desierto agrede al explorador o que la gravedad atenta contra la libertad de los seres humanos? Si, haciendo uso de su cuerpo y sus posesiones, un individuo no puede alcanzar determinados fines que se propone a causa de las circunstancias que le rodean no por eso deja de ser libre y pasa a ser víctima de una agresión. Que el entorno restrinja nuestras opciones no significa que violente nuestra libertad. El entorno no coacciona ni agrede, sólo las personas lo hacen. Por ello debemos preguntarnos, ¿quién (no qué) está coaccionando al consumidor de drogas? ¿Quién (no qué) impide al drogadicto dejar de drogarse? El consumidor de drogas, como el explorador del desierto, es perfectamente libre, pues ningún otro individuo le está coaccionando.

Algunos, persistiendo en el mismo error, reconocen que uno es libre cuando elige drogarse por primera vez, si bien deja de serlo cuando la adicción se vuelve imbatible. Pero el individuo es igualmente libre en ambos casos, pues en ninguno de los dos se ve coaccionado por un tercer individuo. En el segundo escenario simplemente se enfrenta a restricciones distintas a las del primero, no está siendo violentado por nadie. Sostener que un individuo no tiene derecho a cambiar su situación (drogándose, por ejemplo) si eso reduce sus opciones disponibles equivale a afirmar que no tenemos derecho a quitarnos la vida o a donar nuestra fortuna porque eso limitaría nuestras opciones en el futuro. "Si eligen drogarse luego no podrán elegir dejar de drogarse", argumentan, ¿pero desde cuándo esto, de ser así, supone una razón para emplear la coacción en primer lugar? Si elegimos gastar nuestro dinero en un equipo de música luego no podremos elegir gastar ese dinero en una lavadora, si elegimos vivir en la montaña no podremos elegir bañarnos en la playa y si elegimos no estudiar otro idioma luego no podremos elegir hablarlo. Tomar partido por un curso de acción significa también renunciar a sus alternativas y soportar las consecuencias de nuestros actos. ¿Acaso ello es un motivo para impedirnos actuar?

Con todo, esta argumentación prohibicionista que apela a los efectos "esclavizantes" de la droga se halla viciada de origen. Arguyen que las drogas deben prohibirse porque "esclavizan", pero de un lado está claro que muchos consumen droga esporádicamente y están lejos de estar enganchados, y de otro lado la adicción no es insuperable, es posible desengancharse aun cuando requiera ingentes sacrificios. ¿Cómo puede secundarse la prohibición para todos con semejantes argumentos si sólo algunos se convierten en drogodependientes y éstos, además, pueden llegar a rehabilitarse?

Como señalaba Capella, el liberalismo asume que no somos individuos omnipotentes y en absoluto aspira a eliminar las restricciones de nuestro entorno, sólo se propone como meta desterrar la violencia y la coacción de las relaciones humanas. De este modo, aunque en un sentido metafórico pueda ser lícito decir que un adicto es esclavo de la droga, no debemos olvidar que el liberalismo no se ocupa de restricciones ambientales e imposiciones metafóricas sino de agresiones reales, agresiones llevadas a cabo por individuos.

De Lincoln a Guantánamo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Se lo advirtió el Juez Jefe del Tribunal Supremo, Roger B. Taney, en su opinión Ex Parte Merryman, que ha sido elogiada por los juristas estadounidenses desde su misma redacción. Lincoln sólo tuvo una reacción al recibir la carta de Taney: dar la orden de su detención y encierro en una cárcel federal, orden que por fortuna no llegó a cumplirse. Pero no le hizo caso y no revocó su decisión de suspender el Habeas Corpus.

Eran otras circunstancias, ya que comenzaba la guerra más cruel de la historia hasta ese momento. Pero el precedente de Lincoln es muy peligroso, porque sugiere la idea de que, en época de guerra, el Gobierno puede decidir lo que considere necesario, aunque para ello tenga que pasar por encima de la Constitución y de los derechos más fundamentales. Recientemente, la misma Corte Suprema ha decidido que los tribunales militares especiales creados para juzgar a los terroristas extranjeros aprisionados en Guantánamo van contra la Convención de Ginebra (creada precisamente en coincidencia con la Guerra Civil americana) y contra el Derecho de los Estados Unidos.

Tenemos que felicitarnos de la decisión del Supremo, porque recuerda que contra el terrorismo no vale todo, y que siempre ha de prevalecer el Imperio de la Ley. No es la opinión de todos los miembros de esta magistratura, ya que el veterano Clarence Thomas ha dicho que la decisión contradice "nuestro bien establecido deber de respetar el juicio del Ejecutivo en lo que se refiere a las operaciones militares y los asuntos exteriores". Es decir, que Thomas recupera el precedente de Lincoln y viene a decir que donde entra la Guerra, el Estado de Derecho no tiene nada que decir.

La Administración Bush va a "mejorar" el sistema actual, quién sabe si para ajustarla a Derecho. Pero más importante que eso es que nos demos cuenta de lo que nos estamos jugando en la lucha contra el terrorismo. Quiere destruir lo mejor de nuestras sociedades, que es su carácter abierto y liberal, libre y cambiante, y que se fundamenta en el reconocimiento y la defensa de nuestros derechos más básicos, que son anteriores a cualquier Estado. Si los ponemos permanentemente por detrás de las "exigencias" de la lucha contra el terrorismo islamista, les habremos ofrecido la victoria antes incluso de dar la primera batalla. No nos lo podemos permitir, porque además no es necesario.

La lucha contra el terrorismo es la guerra perpetua, es decir, la excusa perpetua para darle más poder al gobierno central para decidir sobre nuestras vidas. Las guerras se han convertido en la excusa para multitud de poderes que en teoría se concedían al Gobierno temporalmente, pero que, una vez acabado el conflicto, no han desaparecido: la conscripción, el impuesto sobre la renta, ciertas nacionalizaciones… Hoy vemos todo ello como algo normal, aceptable, cuando no son más que usurpaciones de nuestros derechos, que se originaron en época de guerra y se mantienen cuando llega la paz. Quién sabe hasta dónde podemos llegar con un terrorismo como amenaza permanente.

Nuevas televisiones, viejas regulaciones

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

Artículo 20 de la Constitución Española de 1978

1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
(…)
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. (…)

De la lectura repetida de este precepto constitucional, no se desprende que el acceso libre a la información deba contar con la autorización de los órganos políticos del estado. Sin embargo, así ha sido y así continúa desarrollándose este derecho fundamental en flagrante desdoro de la principal norma jurídica de la Nación.

El espacio radioeléctrico no es un bien de titularidad pública sino una circunstancia física, como la ley de la gravedad o la existencia de las ondas electromagnéticas. Por tanto, lo natural sería que las empresas de comunicación tuvieran libre acceso al uso de este elemento, con la única limitación de no perjudicar las emisiones de los competidores (su "propiedad"), cuyo derecho ha de quedar salvaguardado por los tribunales de justicia.

Sin embargo, el Estado se arroga la facultad de decidir quien puede o no servirse de este vehículo para la transmisión de información, estableciendo concesiones administrativas por un plazo limitado, renovable o no según las circunstancias políticas del momento.

Con la implantación de las nuevas tecnologías en transmisión de telecomunicaciones, la estrechez teórica del espacio radioeléctrico convencional pierde validez como excusa para la intervención gubernamental, pues su capacidad para albergar canales de imagen y datos es prácticamente ilimitada. Sin embargo, los distintos gobiernos no sólo restringen el número de operadores que pueden emitir en cada zona geográfica, sino que también deciden a quien se concede esta prebenda, que por mandato constitucional debería ser un derecho de libre acceso. El mismo artículo 20 de la CE, al que aludíamos al principio, prohíbe la existencia de la censura previa. No se me ocurre ningún otro sistema de llevarla a cabo con más minuciosidad.

El Gobierno de la Nación, mediante El Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local, en su artículo 8, dicta el número de canales que pueden emitir en cada una de las demarcaciones geográficas en que divide el territorio las comunidades autónomas. No importa que en unas zonas haya más aficionados a la televisión que en otras, ni más o menos empresas decididas a embarcarse en este negocio. Se trata de una especie de cartilla de racionamiento informativo, que no tiene en cuenta las preferencias del usuario de la televisión, ni su papel esencial a la hora de que los empresarios interesados puedan detectar esa señal para decidir una mayor o menor inversión. Es como si el gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero decidiera los kilos de arroz que deben ponerse a la venta en cada provincia, sin tener en cuenta la gastronomía local ni las preferencias de los consumidores.

Pero el control político de los medios de comunicación audiovisuales no se limita a decidir el número de empresas que pueden operar en cada sitio, sino que se extiende de forma minuciosa hasta en el tipo de programación que han de ofrecer a su posible clientela. A través de los pliegos de cláusulas administrativas que rigen el contrato de concesión, el órgano político dictamina el tipo de programación que se ha de emitir (de carácter local, regional, nacional), el número de horas y la franja diaria en que debe emitirse cada módulo, el porcentaje de horas de programación que debe destinarse a colectivos solidarios como las ONG’s (¡!), además del número de personas que deben componer la plantilla, su origen académico y el tipo de contrato laboral al que deben estar suscritas.

Así pues, el control político de la televisión es total en España, lo que suscita la interesante cuestión de por qué es necesario que los consumidores costeen, además, las extraordinariamente deficitarias televisiones públicas.

En Estados Unidos es muy común que jóvenes emprendedores creen sus propias emisoras de televisión local, a veces utilizando como plató un simple contenedor marítimo debidamente adaptado. El éxito o el fracaso de su proyecto sólo depende de la aceptación de los consumidores, no del favor político.

En el caso español, ¿cuántos futuros genios de la televisión han debido orientar su vida profesional a otros sectores empresariales menos intervenidos? Nunca lo sabremos. Pero lo único cierto es que la coacción institucional no sólo genera descoordinaciones sociales, sino como en el caso concreto de las televisiones, un empobrecimiento cultural cada vez más acusado. No hay más que sintonizar a media tarde cualquiera de las cadenas concesionarias actuales.

Endeudados vivimos mejor

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Keynes fue el barniz teórico que sirvió a muchos socialistas para controlar la sociedad. Hasta la aparición de Keynes los gobiernos se vieron forzados a respetar la liquidez del sistema monetario y crediticio, así como el equilibrio presupuestario. Los déficit públicos eran considerados un motivo de vergüenza internacional que debían remediarse con prontitud.

La Primera Guerra Mundial supuso una dura puñalada al patrón oro y a la disciplina presupuestaria de los gobiernos occidentales; pero aun así, la mayoría de los economistas seguían creyendo en la necesidad de regresar al patrón oro y a los principios monetarios y fiscales decimonónicos que habían permitido el mayor progreso económico de la historia.

Sin embargo, la obra de Keynes, y en especial su Teoría General, permitieron la validación pseudocientífica de todas las supercherías y falacias que los economistas clásicos con tanto ahínco se habían esforzado en refutar. La inflación permanente pasó a contemplarse como una bendición que permitía reducir el desempleo y, de esta forma, incrementar la producción. El déficit público se convirtió en una virtud política que permitía incrementar la demanda agregada y estimular las economías decrépitas.

Como decía Palyi, las ideas de Keynes impulsaron las nacionalizaciones, los programas de gasto público mastodónticos, las expansiones del sector público y el establecimiento de una omnipresente seguridad social. El mercado quedaba reducido a un espacio minúsculo que, por lo general, estaba altamente regulado y controlado por el Estado. Desde Gramsci, los comunistas sabían que la revolución no podía funcionar en Europa, era necesario infiltrarse en el sistema desde dentro y dar un vuelco social sin que nadie lo percibiera: el keynesianismo cumplió a la perfección este papel.

Hoy en día el keynesianismo, a pesar de su supuesta retirada tras la “estagflación” de los 70, continúa dominando las almas de los gestores públicos. Ni hemos vuelto al patrón oro ni la austeridad presupuestaria prevalece en EEUU y Europa. Cuando estamos en medio de una crisis, la prensa especializada, a pesar de las recomendaciones de la ciencia económica solvente, sigue recomendando, como Keynes, reducciones del tipo de interés o incrementos del gasto público. En cierto modo, cuando Nixon afirmó que “todos somos keynesianos” estaba describiendo la lamentable realidad del mundo en los últimos 70 años.

España, por supuesto, no es una excepción. Ya vimos que en nuestro régimen partitocrático, tanto PP como PSOE se adscriben a una misma política liberticida que desconfía del empresario, del consumidor y del capitalista, mostrando sus preferencias por el burócrata, el sindicato y las plutocracias mediáticas.

No obstante, hay que reconocer que Aznar combatió, en cierta medida, la implantación y desarrollo del keynesianismo reinante en España. Así, la famosa Ley de Estabilidad Presupuestaria pretendía frenar el recurso al déficit público por parte de las Administraciones españolas. En cierto modo, era una norma estatal antiestatista, ya que limitaba el crecimiento del sector público por esa vía.

Obviamente, la ley por sí sola tenía un alcance bastante reducido. La prohibición de endeudamiento no implicaba que las administraciones no pudieran medrar a través de incrementos impositivos; sin embargo, sí es cierto que la financiación por la deuda pública es un crimen menos vistoso y palpable. Los gobiernos, por lo general, no se atreven a practicar grandes subidas de impuestos por miedo a una sublevación interna, de ahí que suelan recurrir a otros mecanismos como la inflación o el déficit público.

No es de extrañar, pues, que los nacionalistas, furibundos estatistas terruñeros, colocaran el grito en el cielo cuando Aznar les impidió “ejercer la función soberana” de endeudarse. Lo cierto es que fue un episodio muy significativo de para qué quieren los nacionalistas actuales la independencia: necesitan de manos libres para extorsionar y atracar a su población. Su soberanía es la esclavitud del individuo.

Y es que no debemos olvidar que la deuda pública es un atraco en toda regla. Dejando de lado que sus tenedores, merced a la elevada inflación que el propio Estado genera, suelen perder poder adquisitivo de manera continua, la deuda pública difiere el pago de los impuestos, de modo que nos empobrece a todos nosotros –incluso a quienes todavía no han nacido.

Pero, además, su rentabilidad se fundamenta en el engaño y en la ficción. Si usted compra bonos de una empresa privada, ésta será capaz de devolverle el principal y los intereses siempre que el proyecto emprendido mediante el préstamo sea suficientemente rentable como para generarlos en el plazo fijado.

En cambio, los intereses de la deuda pública no se abonan con cargo a las rentas derivadas de la nueva riqueza creada, sino a impuestos futuros independientes de la inversión pública. Por exigua que sea su rentabilidad, la deuda pública es una grandiosa estafa: los políticos podrían quemar el dinero prestado y, aun así, gracias a la confiscación fiscal, serían capaces de devolver el principal y los intereses. 

De este modo, no es de extrañar que los políticos gasten sin ton ni son. A diferencia de los empresarios, ni pueden conocer cuáles son las necesidades de los consumidores ni, sobre todo, tienen que limitarse a emplear los recursos en aquellas actividades que incrementen el bienestar de la sociedad. El Boletín Oficial les permite satisfacer sus ambiciones particulares con cargo a la felicidad de sus sufridos contribuyentes.

No es casualidad, pues, que uno de los políticos más abiertamente ambiciosos de este país, la zanja Gallardón, en sólo un año haya incrementado la deuda del Ayuntamiento de Madrid en un 42%.

Es posible que si es madrileño no haya notado que su bolsillo sufriera una especial mengua durante el año pasado y que, por tanto, piense que no merece la pena concederle demasiada importancia al dato. Sin embargo, debería tener en cuenta dos cosas: la primera es que tarde o temprano sus impuestos se dirigirán a pagar ese dispendio lo que, probablemente, sí acarreará incrementos de los impuestos (ya que nuestros políticos no parecen muy dispuestos a reducir el gasto público) y lo segundo y, tal vez, más importante, es que ese mayor endeudamiento público ha contribuido a elevar los tipos de interés y a desviar recursos de las empresas al sector público.

¿Qué significa esto? Si está pagando una hipoteca, dele las gracias a Gallardón por facilitar que vaya un poco más asfixiado. Y si no lo está haciendo, dele igualmente las gracias a Gallardón por quedarse con unos recursos que, en otro caso, se habrían utilizado para crear nuevas empresas que habrían dado lugar a mayor riqueza, puestos de trabajo y productos para los consumidores.

De todas formas, no creamos que el resto del PP se salva de la quema. Es cierto que cuando ZP se cargó la Ley de Estabilidad Presupuestaria se rasgaron las vestiduras -con más hipocresía que convicción- pero, echando una mirada a la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, nos damos cuenta de que es la región más endeudada de España. ¿Es ésta la disciplina presupuestaria que predica el PP? ¿Es éste el partido que pretende constituir una alternativa liberal al intervencionismo zapateril? Cada valenciano debe, gracias a su pródigo gobierno, casi 2200 euros. Si vive en un hogar valenciano con tres miembros, sepa que los mitos, las artes, las ciencias, las luces y las copas le van a costar a su familia, aun hoy, más de un millón de las antiguas pesetas. ¿Que no llega a fin de mes? El paisaje valenciano se lo agradecerá.

Los socialistas de todos los partidos parecen claramente empeñados en controlar la vida de toda la sociedad. Su ansia planificadora no conoce límites y su voracidad liberticida parece no saciarse nunca. Keynes está muy vivo en España, y ningún político en activo parece dispuesto a enterrarlo. Será que, como decía el economista británico, a largo plazo todos estaremos muertos. Eso sí, mientras tanto, los políticos y burócratas armarán sus bacanales de zanja y cemento a costa de los españoles y de sus descendientes… si es que para entonces queda algo de España.