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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Desigualdades

En Estados Unidos el debate sobre la desigualdad lleva años haciéndose más presente. Los españoles, aturdidos ante nuestros problemas reales (la entrega del Estado a los terroristas, la disolución de la nación española), no tenemos tiempo para los falsos como éste. Menos mal. Pero eso no quiere decir que cualquier desigualdad económica será inocua. Hay un aspecto que apenas ha sido tratado por economistas y filósofos pero que resulta ser muy relevante, y es no la desigualdad, sino la dispersión de la riqueza.

Es importante que la riqueza, el valor de la propiedad, esté dispersa por toda la sociedad. Que no haya grandes sectores sin ella, o que esté muy concentrada en pocas manos, como ocurre con el Estado. Con las desigualdades interpersonales de sean. Y lo es, porque una sociedad de propietarios es una sociedad de gentes independientes y que se valen por sí mismas.

Caldereta igualitarista

En el proyecto se contemplan medidas tan contrarias a los derechos individuales del ser humano (sea este hombre o mujer) como el que de manera obligatoria haya un mínimo de un 40% de mujeres en los consejos de administración de las empresas o que en las candidaturas para las elecciones al congreso, a los cabildos, a las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, así como al parlamento europeo, las mujeres tienen de estar representadas entre el 40 y el 60%.

Según la Fernández de la Vega, la ley de igualdad "no es para las mujeres, sino para los hombres y las mujeres, porque a todos dignifica". Vamos, que el gobierno no sólo piensa que todas las mujeres están lisiadas sino que cree que tanto hombres como mujeres tenemos averiada la facultad de razonar. La única forma de selección social que puede dignificarnos es una que pase por respetar los contratos libres en el mundo privado y los méritos en el público. Lo que propone el gobierno es un ataque de primer orden a la dignidad de la mujer y una agresión sin parangón a la libertad de contratos. Sorprende sin embargo que muchos amantes de la libertad individual estén callados por no contravenir el discurso políticamente correcto y que la inmensa mayoría de las mujeres no se estén organizando para contestar a este insulto del machismo más extremo.

Para Caldera se trata de una ley "que reparte cargos, ya que las cargas están mal repartidas". Además, añade, "el proyecto creará riqueza y productividad en las empresas". Por mucho que se empeñe el ministro, sus propuestas sólo pueden traer crispación y decadencia socioeconómica. Crispación porque quien deja de alcanzar un puesto merecido debido a la imposición política de una cuota sexista no puede más que indignarse, y decadencia económica porque el intervencionismo de la ley sólo puede limitar nuestro progreso. En su frenesí intervencionista, la ley se inmiscuye en sectores tan vitales como el de los seguros impidiendo que factores como el embarazo puedan tenerse en cuenta para el cálculo de una prima. El disparate es mayúsculo. Si la compañía de seguros no puede discriminar entre individuos con distintos riesgos asociados, el daño a los seguros voluntarios está servido; lo que difícilmente ayuda a la creación de riqueza. Pero claro "las cargas están mal repartidas" y nuestro ministro de trabajo metido a cocinero social sabe cómo hay que mezclar la carne ajena en su caldereta igualitarista para repartir bienestar. Es la fatal arrogancia de los socialistas de todos los partidos y todos los tiempos.

Liberalismo y liberalidad

La praxeología enseña que el ser humano individual actúa intencionalmente para conseguir objetivos subjetivamente valorados, para alcanzar una satisfacción o evitar un malestar psíquico. Se actúa para obtener beneficios (hacer el bien) que no son necesariamente monetarios o materiales. Si una persona generosa regala voluntariamente sus bienes es porque obtiene a cambio un placer íntimo al hacer el bien a su prójimo, o porque mejora su reputación (asume costes presentes a cambio de beneficios futuros), evitando el malestar que puede producir ser considerado egoísta por los demás: el desprendido también busca su propio bienestar, igual que el que no regala nada sino que comercia (pidiendo algo a cambio de sus bienes o servicios, estableciendo relaciones mutuamente beneficiosas), e igual que el agresor (ladrón, violador, asesino, estafador, secuestrador) que persigue su propio beneficio aun a costa de perjudicar a los demás.

Desde el punto de vista del actor, todo ser humano actúa para obtener beneficios: el altruista se alegra del bienestar ajeno y asume todos los costes, el comerciante ofrece oportunidades de beneficio recíproco donde los costes se reparten entre ambas partes, y el agresor vive a costa de las víctimas a quienes causa daños.

La agresión no puede ser muy popular para las víctimas, de modo que a menudo se camufla con diversos ropajes: es por tu propio bien, es por bien del colectivo, te quito a ti para ayudar a otros más necesitados…

El altruismo suena muy bien: es fantástico que todos los demás sean generosos ya que así yo recibiré algo gratis. Y si quiero ser popular yo también seré generoso (no me lo pueden exigir porque el auténtico desprendimiento no espera nada a cambio). Es una lástima que la generosidad tenga serios problemas: la capacidad emocional de las personas reales es limitada, sólo sentimos como próximos a unos pocos familiares y amigos; la capacidad intelectual de las personas reales es limitada, de modo que aunque queramos beneficiar a los demás tal vez no sepamos cómo hacerlo, sobre todo si son extraños alejados de nosotros; la capacidad de acción de las personas reales es limitada, de modo que no podemos regalar riqueza indefinidamente. Se suele desear expandir estas capacidades, pero una cosa son los deseos y otra la realidad. Además los generosos incautos pueden ser fácilmente parasitados por vagos sin escrúpulos que prosperen a su costa: un grupo de generosos ingenuos es evolutivamente inestable.

Los intercambios voluntarios o altruismo recíproco (yo te doy a cambio de que tú me des, ahora o en el futuro) resuelven los problemas de la generosidad ingenua: es posible comerciar con conocidos y con extraños, próximos y lejanos, sin necesidad de amarlos intensamente; la inteligencia se utiliza de forma distribuida y local, de modo que ya se encarga cada participante de asegurarse que lo que hace es en su beneficio; los derechos de propiedad, los precios y los beneficios empresariales economizan los recursos escasos y fomentan su producción y su asignación a los fines más valorados.

Una cosa es lo que cada persona hace, otra lo que dice en público, otra lo que quiere que hagan los demás, y otra lo que quiere que los demás piensen de él. Si alguien dice que sólo hace lo que le beneficia (sin agredir a los demás), se está suicidando socialmente, aunque sea una verdad universal: lo que los demás quieren oír es que lo que haces también les beneficia a ellos, que eres generoso, que compartes, que no tienes afán de lucro, que les ayudarás cuando te necesiten. Y como hablar es barato, no compromete a casi nada y tiempo habrá de escurrir el bulto o buscar excusas, el discurso o meme predominante es el de la generosidad, ignorando sus limitaciones y problemas. A menudo la promoción de la generosidad es sincera, pero tiende a fingirse y exagerarse: además de fijarse en las declaraciones de la gente, fíjese en sus acciones. Promover la generosidad puede ser maravilloso para las relaciones humanas, el problema es que suele imponerse políticamente por la fuerza (liberalidad sin liberalismo), y entonces ya no es todo tan idílico.

El liberalismo suele basarse en un análisis racional de la realidad, no en la participación en un concurso de popularidad. Por eso propone que antes que hacer el bien a los demás es fundamental (y mucho más sencillo y realizable) no hacerles el mal: no robar, no matar, no estafar, no violar, no secuestrar. Todo resumido en respetar el derecho de propiedad. El comerciante egoísta (liberalismo sin liberalidad) al menos no perjudica a nadie. Si además de no agredir al prójimo usted quiere sacrificarse por él, estupendo: pero sobre todo no sea usted generoso con lo que no le pertenece.

Inversiones morales

Como ya hemos dicho, el homo economicus se limita a maximizar sus beneficios a partir de unas restricciones vitales que le están dadas. Carece de escapatorias y de alternativas: su decisión está tomada incluso antes de que él mismo lo sepa. El homo economicus no puede renunciar a un mayor beneficio a cambio de otras consideraciones como la moral, la caridad o la empatía; se trata de un usurero egoísta despreocupado por su entorno que tan sólo pretende acrecer su patrimonio.

Por supuesto, el ser humano no está sometido al dinero, sino más bien al contrario. El dinero es un instrumento del individuo para satisfacer sus fines, de modo que si sus fines entran en contradicción con la rentabilidad puede perfectamente renunciar a ésta.

El ser humano real puede tener objetivos distintos al mero enriquecimiento. La moral, el amor, la amistad o las actividades no monetarias son elementos que forman parte del individuo y que pueden, en su caso, alejarlo del dinero. El individuo puede compartir con su prójimo, puede rechazar proyectos rentables por inmorales, puede olvidarse de sí mismo y dedicar su vida a ayudar a los demás.

En puridad, el homo economicus es una superchería insostenible que embrutece el buen nombre de la ciencia económica. La Escuela Austriaca, a diferencia de la disciplina aberrante que controla nuestras universidades, ha sabido rechazar desde un comienzo este supuesto irreal e inconsistente reconociendo en todo momento la diversidad de los fines del individuo.

Para economistas de la talla de Ludwig von Mises, Friedrich Hayek o Murray Rothbard, el ser humano se caracteriza no por la búsqueda del beneficio crematístico, sino por la acción deliberada que se dirige hacia la consecución de los fines personales. Entre éstos tiene cabida tanto la sed por el dinero como la caridad más intensa. Lo que caracteriza al individuo es que actúa, no la maximización del beneficio.

La universidad española, sin embargo, arrincona a la Escuela Austriaca, ya sea por mala fe o por profunda ignorancia. Todo ello, a pesar de que su cosmovisión es mucho más rica y realista que la predominante en el circuito académico.

Por ejemplo, durante estas últimas semanas asistimos a la creación de un fondo de inversión que se comprometía a respetar en sus operaciones financieras los principios y valores católicos. De este modo, se ofrece a los ahorradores la posibilidad de obtener una rentabilidad a través de empresas que observen el código moral católico; se rechazan de esta manera las compañías armamentísticas o las productoras de instrumentos abortivos.

El paradigma del homo economicus es incapaz de explicar la creación de un fondo que conscientemente renuncie a un mayor beneficio a cambio de un recto comportamiento moral. Esto a buen seguro es cierto en el caso de ciertos hipócritas socialistas como Noam Chomsky, que no dudan en invertir en compañías petrolíferas o militares aun cuando diariamente aborrezcan de ellas.

Sin embargo, es evidente que muchas personas sí están dispuestas a renunciar a una mayor rentabilidad por mantenerse firmes en sus convicciones morales. Algo que la ciencia económica predominante es incapaz de interiorizar y comprender porque se niega a rechazar y denunciar sus paradigmas fundacionales.

Con todo, a pesar de esta estrechez académica, podemos comprobar nuevamente cómo la grandeza del capitalismo y de la libertad de empresa permite ofrecer a los consumidores y pequeños ahorradores –en este caso católicos– innovadores productos que incrementan su bienestar sin necesidad de coaccionar al prójimo.

El católico no tiene por qué defender la prohibición de tales compañías, ya que puede decidir libremente no invertir en ellas y hacer proselitismo para que el resto de la gente lo imite; otros sujetos, no obstante, a riesgo de comportarse de forma inmoral, pueden tomar una decisión distinta. Cada cual es libre de perseguir sus fines sin necesidad de reprimir al prójimo.

Los católicos tienen la puerta abierta para introducirse en el mundo de la inversión sin problemas de conciencia. Apostando por estos fondos, pueden combinar una rentabilidad económica con la tranquilidad de dirigir su dinero a actividades moralmente correctas.

Y es importante que los católicos entiendan la importancia de la inversión y la creación de riqueza. La caridad es un acto de entrega al prójimo que en muchos casos requiere de la asistencia de medios materiales para su éxito efectivo, tal y como nos recuerda Benedicto XVI en la Deus Caritas Est: "Los hambrientos han de ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos atendidos para que se recuperen, los prisioneros visitados, etcétera".

Según las circunstancias, la caridad puede requerir de comida, ropa o medicinas para ser eficaz. Por ello, el católico no puede despreocuparse de la riqueza: tiene que promoverla y multiplicarla para que la comida, la ropa o las medicinas sean cada vez más abundantes. Si el católico ha de dar al prójimo, primero deberá poseer; y antes de poseer deberá producir. Sólo se puede dar aquello que se tiene, y sólo se puede tener aquello que existe.

A través de la inversión, el ahorrador se enriquece a sí mismo y a la sociedad. Las empresas pueden acometer un mayor número de proyectos con los que servir a los consumidores incrementando la producción y el inversor católico puede obtener una cierta rentabilidad que le permitirá en el futuro multiplicar sus actividades caritativas.

El católico no debe rehuir los mercados financieros, tiene que participar en ellos de manera activa pero siempre de acuerdo con sus valores morales; de ahí que estos novedosos fondos de inversión supongan una importante oportunidad para familiarizar a una gran masa de ahorradores con el capitalismo. Mayor producción y mayor riqueza significan unas mayores oportunidades para practicar la caridad.

Los fondos de inversión morales sirven para recordarnos una vez más que la ciencia económica universitaria está podrida por la base y que los católicos tienen ante sí un maravilloso instrumento para participar de lleno en los beneficios del capitalismo.

El Tempranillo de los Andes

Morales está sentando las bases de una gran carrera en el mundo de la política. Mucho se tienen que torcer las cosas para que en un par de legislaturas no alcance el objetivo final de todo gobernante marxista: aparecer en el top ten de la revista Forbes, al lado de Fidel. Mejor un par de puestos por debajo, por aquello de respetar la jerarquía. Llegado ese momento, los mismos giliprogres que le aplaudían a rabiar en Bruselas y los totalitarios occidentales de a pie, saldarán el expediente acusándolo de traidor a la causa revolucionaria. Nada más falso. Al contrario, el enriquecimiento desaforado de una elite a costa del pueblo es la constante universal en la Historia del marxismo, a la que sus representantes contemporáneos no hacen sino rendir el debido tributo. El socialismo bien entendido empieza por uno mismo.

La nacionalización de la producción gasística boliviana y la incautación de las inversiones de las compañías petroleras sigue el modelo Rumasa, que tantas satisfacciones proporcionó al primer gobierno socialista, sobre todo porque permitió a nuestros gobernantes ejercitar la virtud de la generosidad con los amigos más cercanos. En aquella ocasión, nuestro Tribunal Constitucional puntuó a los sociatas con un aprobado justito, porque aquel "to pal pueblo" guerrista acabó sonando más bien hipócrita, cuando al cabo de unos meses privatizaron de nuevo el global de la rapiña a través de acuerdos celebrados en yates de superlujo, mientras surcaban las cálidas aguas mediterráneas en proletaria singladura. Mas si el TC español tuviera que juzgar hoy el expolio cometido por el gobierno de Morales, probablemente le daría un notable alto, porque no se avizora en el horizonte ninguna señal de que el tempranillo andino vaya a soltar tan fácilmente el botín. Al contrario. Acabo de ver un vídeo de su vicepresidente, Álvaro García Linera, en el que anuncia la decisión de su gobierno de entregar a los campesinos alrededor de cuatro millones de hectáreas de tierra, "gratis total". No para que la exploten a escala individual, claro, que la gente le coge enseguida el gustillo a eso de la propiedad privada y luego hay que encarcelarla para quitarles el vicio. No. Se trata de entregar las tierras, en palabras del vicepresidente, a "las comunidades indígenas", evidentemente para su explotación en régimen colectivo.

Cuando el Ché Guevara, en su burricie, intentó hacer lo mismo en los albores de la revolución castrista, sus camaradas le hicieron desistir con un razonamiento tan sencillo que incluso alguien como él logró intelectualizar: Ningún campesino querría trabajar la tierra si no iba a poder disponer de sus frutos. Acabaron todos entre la cárcel y el paredón, a partes iguales. Es de esperar que los inditos del tempranillo andino tengan un destino más civilizado, aunque sólo sea para que el día de mañana puedan leer Forbes y ver a su líder junto al Sultán de Brunei. Con el jersey de Freddy Krugger, eso sí.

La nacionalización es un robo y Evo un criminal

Si hiciese tal acción me merecería, sin duda, el apelativo de criminal. Uso la extorsión, esto es, la amenaza de la violencia física contra usted para arrebatarle su propiedad y libertad. También, de dudosa reputación sería aquel que me apoyase.

Esto mismo es lo que está haciendo el presidente boliviano Evo Morales. Es un tanto sorprendente la frialdad de los analistas ante el tema de las nacionalizaciones. Leemos y oímos que nacionalizar puede ser bueno o malo, que puede crear inseguridad para el tejido económico de Bolivia. Yo tampoco estoy libre de culpa. Pero pocos parecen ver la propia naturaleza de la nacionalización, esto es, el uso de la fuerza absoluta contra personas y entidades pacíficas. El estado, que es quien ha de asegurar el respeto a la vida, a la propiedad privada y a la libertad, se ha convertido en Bolivia en la principal amenaza de todas ellas. La mayor organización criminal que hay ahora mismo en el país andino no es la mafia, sino el gobierno de Morales. ¿Cree que Morales envía a un ejército armado hasta los dientes a las instalaciones de empresas privadas simbólicamente? Esos soldados no dudarán en asesinar a todo aquel que pretenda defenderse de tal agresión. Eso sí, por el bien común, y con esta excusa, los izquierdistas tendrán la conciencia tranquila.

Si Morales es un criminal, no lo es mucho menos aquel que le da soporte. Puede ser relativamente aceptable que el presidente español Rodríguez Zapatero considere la disputa entre el gobierno boliviano y las empresas españolas como un problema entre ellos y no un problema de estado, pero de aquí a continuar y ampliar la financiación del criminal con nuestro dinero hay un largo trecho.

Es un hecho inaceptable. ¿Realmente quiere que su dinero vaya a manos de un tirano en lugar de que no salga nunca de su bolsillo? Seguro que usted sabría darle mejores fines a su dinero.

Cuando la libertad es ilegal

¿Estamos compelidos a acatar ciegamente las leyes del Estado democrático? ¿Cabe defender desde el liberalismo la aplicación y el cumplimiento de la legislación vigente con independencia de cuál sea su contenido?

De acuerdo con la ética liberal es injusto iniciar la fuerza contra un individuo, esto es, interferir violentamente en el uso pacífico que hace de su cuerpo y sus bienes. En oposición, decimos que es justo emplear la fuerza sólo como respuesta a una agresión previa. No obstante, la legislación actual no se conforma en absoluto a estos parámetros; la legalidad entra a menudo en conflicto con los derechos individuales y con frecuencia sólo puede aplicarse en detrimento de estos. Comerciar con drogas, cooperar en el suicidio de una persona, pagar salarios en negro, favorecer la inmigración clandestina de trabajadores, discriminar en la contratación, portar un arma, emplear prostitutas con ánimo de lucro, destruir una posesión propia de "utilidad social" o "cultural", construir una edificación en suelo no urbanizable, derribar o alterar un inmueble privado protegido, denegar el auxilio… son delitos tipificados en el código penal, y sin embargo se trata de actividades pacíficas cuya sanción implica iniciar la fuerza contra individuos que no han agredido a nadie.

A primera vista parece obvio que secundar la aplicación de estas leyes es incompatible con una defensa coherente de los principios liberales, pero algunos introducen aquí una sutil distinción: aunque en un plano filosófico uno puede estar en contra de numerosas normas legales, el liberalismo exige que en una sociedad democrática la ley se cumpla y se aplique escrupulosamente. De este modo, pueden criticarse las leyes vigentes y pujar en la arena política para reformarlas, pero en tanto existan deben acatarse y ejecutarse con rigor. Esta visión idealista en la teoría y legalista en la práctica no supera, con todo, la íntima contradicción a la que aludíamos.

Si la ética liberal proscribe el inicio de la fuerza y la legislación estatal entraña el inicio de la fuerza, exigir la estricta aplicación de la ley supone defender el inicio de la fuerza en menoscabo de dicha ética. No hay ninguna tercera vía. Da igual que la legislación emane de un parlamento o sea la expresión caprichosa de un monarca: si su contenido es contrario a la libertad, su incumplimiento es legítimo y su aplicación, injusta. Incluso los legalistas más acérrimos se negarían a secundar una ley democrática que obligara a delatar a los fumadores para que se les aplicasen latigazos. Por lo mismo todos aceptaríamos puntualmente la aplicación de la legislación estatal para castigar un asesinato o un secuestro, aunque aquélla surgiera de un gobierno autocrático. La cuestión no es, por tanto, si la articula un congreso o un dictador, sino si se ajusta o no a los principios a que debería atenerse.

Esta posición legalista puede derivar en parte de la perversión de conceptos como "ley", "derecho" o "imperio de la ley". En estos tiempos de confusión semántica en los que se llama justicia social a la injusticia lo que se conocía como "derecho" o "ley" ha pasado a convertirse en sinónimo de "legislación" o "mandatos coactivos". El derecho tradicionalmente ha sido un cuerpo de normas o leyes espontáneas encaminadas a proteger la esfera particular de cada individuo de las interferencias ajenas. De esta suerte el derecho, tal y como lo entendían los romanos y los ingleses, no es una amalgama de regulaciones contingentes que deben promulgarse sino más bien unas pautas de convivencia que deben descubrirse, pues están implícitas en la naturaleza de las cosas. Así, con respecto a la legislación estatal a menudo no cabe hablar de derecho en el sentido descrito, sino de simples mandatos coactivos, órdenes que buscan imponer la voluntad de unos sobre otros, interfiriendo en esa esfera individual que precisamente las leyes están llamadas a proteger. Como dijera Bruno Leoni: "con lo que nos enfrentamos hoy a menudo es nada menos que con una posible guerra legal de todos contra todos, llevada a cabo con las armas de la legislación y la representación". Por este motivo es importante distinguir entre la ley o el derecho, surgido consuetudinariamente con el objeto de salvaguardar la integridad física y la propiedad de las personas, y la legislación estatal fundada en la agresión sistematizada en pro de intereses parciales y artificiosos óptimos sociales.

Desde de la prudencia puede haber buenas razones para acatar la legislación, pero una cosa es acatar la legislación por cuestiones prácticas y otra exigir que los demás hagan lo mismo o defender su estricta aplicación. En coherencia con los principios de justicia que afirmamos defender no sólo debemos rechazar este legalismo sumiso, también debiéramos defender como justa la amnistía para todas aquellas personas que están entre rejas por cometer crímenes sin víctima, que son muchas más de las que nos imaginamos. Por poner un ejemplo ilustrativo, en Estados Unidos cerca del 55% de los presos federales han sido condenados por delitos relacionados con la compra-venta de drogas. En España un tercio de la población reclusa ha sido condenada por el mismo delito. Esta situación sí es un crimen flagrante, no el que supuestamente han consumado estos individuos, que no han agredido a nadie.

Estamos obligados a no atentar contra la vida y la hacienda de los demás, ¿de qué modo este precepto se transforma en el cumplimiento ciego de la legalidad estatista? Sólo si la legislación se identifica con el respeto a los derechos individuales tiene sentido exigir el cumplimiento de la ley. Lo contrario es sacrificar la libertad en el altar de la legalidad.

Veinte años de Chernóbil

Ocho organismos distintos de Naciones Unidas coordinaron un estudio, que concluyó que murieron de forma directa 56 personas, y se calcula que por las radiaciones y los realojos (que afectaron a 116.000 personas), en torno a 4.000; pero es una proyección. La cantidad de material radiactivo fue unas 200 veces el liberado en Hiroshima y Nagasaki.

Hace veinte años de ello. Desde entonces ha ocupado años de emisiones y kilómetros cuadrados de noticias y reportajes en todos los medios del mundo, si bien su recuerdo se ha ido diluyendo. Pero su nombre queda grabado en nuestra mente, como sinónimo de catástrofe nuclear, como pavoroso ejemplo de lo que puede causar el hombre metiéndose a aprendiz de brujo, queriendo sacar energía de los átomos, jugando con un fuego cuyos secretos aún no conoce. Eso, por lo que se refiere al ciudadano medio, no hablo del ecologista, que simplemente quiere robárselo a las sociedades libres, para que no prosperen.

Pero ahí el tiro está errado. Lo que causó muertes en la central ucraniana no fue la energía nuclear, sino el socialismo. Las cosas no actúan por sí mismas, sino que dependen del uso que hagamos de ellas. Sería absurdo decir que una bala mató a Abraham Lincoln. Fue John Wilkes Booth quien lo hizo, asegurándose de que ésta atravesaría el cuerpo del presidente. Está claro que Chernobil fue un accidente y no una matanza buscada, como la que había ocurrido también en Ucrania medio siglo antes, cuando Stalin condenó por inanición a 6 millones de personas. Pero de nuevo lo importante no es el instrumento en sí, sino el uso que se hace de él.

En una sociedad de lo más progresista, más incluso que la que quiere Rodríguez que sea la española, como era la Rusia soviética, el valor del individuo se medía por el escalafón que ocupara en el aparato criminal en que consistía el Estado. El poder, razón de ser del socialismo de todos los partidos, es a su vez el objetivo y el instrumento para controlar la sociedad. No se da, como en las sociedades liberales, un control social del Estado. Los funcionarios que planearon, construyeron y gestionaron la central tenían como incentivo cumplir los exigentes objetivos ordenados por la maquinaria socialista, servir los designios de los dirigentes y no atender o considerar las necesidades de la sociedad. Sin control social, sin medios de comunicación en libertad, con unos incentivos que no se dirigen al consumidor sino al superior, sin un Estado de Derecho que defina y proteja los derechos de los individuos potencialmente afectados, el accidente de Chernobil podría haber ocurrido en cualquier momento. Fue una desgracia que el fracaso histórico del socialismo no llegara antes para evitarlo.

Policías a las órdenes de los titiriteros

La operación se ha realizado "contra páginas de Internet que se estaban dedicando al intercambio ilegal de archivos P2P". Eso es mentira, aunque a algunos les escandalice leer que nuestra policía miente. Los ficheros no son "P2P"; "P2P" es el modo en que se realiza dicho intercambio y, claro, el intercambio P2P se realiza mediante programas como eMule o Azureus, no por medio de páginas web, de modo que escribir correctamente la frase habría arruinado sus intentos de insinuar que las detenciones están justificadas. Además, mientras no entre en vigor la nueva Ley de Propiedad Intelectual, aprobada con el voto a favor del PP, el intercambio de música, películas o series televisivas sin que haya lucro de por medio es completamente legal. Sólo el intercambio de videojuegos o aplicaciones informáticas –para las que existe el derecho a la copia de seguridad, pero no a la copia privada– está prohibido actualmente en España.

La nota de prensa sigue regocijándose en el dinero que ganaban estas páginas web por medio de la publicidad. Llegan a decir que tenían 900.000 euros anuales de beneficios, para afirmar más tarde que ese dinero eran sólo los ingresos; otra mentira, pues como sabemos, los negocios, sean del tipo que sean, suelen conllevar gastos. Y si de algo entendemos en Libertad Digital es del elevado precio que tiene mantener servidores como para soportar "615 millones de visitas anuales". No obstante, uno se pregunta si es delito ganar dinero por medio de una actividad legal. Al fin y al cabo, ni siquiera Teddy Bautista se avergüenza de dirigir una entidad recaudadora.

Pero si el intercambio no es ilegal ni esas páginas se dedicaban a realizar esos intercambios que tanto molestan a los titiriteros patrios, ¿qué hacían esas páginas? Ofrecer enlaces que permitían a los usuarios encontrar esas descargas. Pero en el artículo 17 de la LSSI –una ley que sí está vigente– leemos que "los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios". Es decir, que la ley indica claramente que lo que hacían esas personas, aún suponiendo que el intercambio de ficheros protegidos por derechos de autor estuviera prohibido, era perfectamente legal. Si no lo fuera, Google, Yahoo, MSN y compañía tendrían que cerrar. Incluso Quaero, si es que lo llegan a inaugurar alguna vez.

Más pronto o más tarde, esas quince personas serán puestas en libertad sin cargos. Todo lo más, se les acusará de haber violado la LSSI por estar ganando dinero por medio de la web sin declararlo a Hacienda ni poner los datos a los que obliga esa ley en la página. Pero entonces no emitirán nota de prensa alguna y los periódicos no nos enteraremos. El efecto que buscaban, asustar a los propietarios de otras páginas similares, ya se ha conseguido. Han detenido incluso a responsables de las empresas que ofrecían servicios de alojamiento a estas páginas, para asegurarse de que no vuelvan a hacerlo, pese a ser legal. En definitiva, la Policía se ha prestado a actuar como departamento de marketing de los titiriteros, empleando la fuerza y la capacidad legal de coacción para favorecer unos intereses privados, al margen de lo que dice la ley. Casi se parece a la definición de mafia.

Liberales árabes anónimos

Un chií, en el sur de Irak, ha puesto en marcha la web en árabe "Lámpara de libertad", desde la que difunde el pensamiento liberal en un idioma que, hasta ahora, no parece haber conocido esa palabra.

H. Ali Kamil ha traducido ya "La Ley", de Frederic Bastiat, y trabaja para publicar "Liberalismo" de Ludwig von Mises y "En defensa del capitalismo global" del sueco Johan Norberg, recién publicado en España. Su sitio web, inaugurado en enero, y que cuenta con la ayuda del Cato Institute, ya incluye 40 textos. No es el único que intenta llevar más liberalismo a Oriente Medio. Desde París, Pierre Akel mantiene el sitio web Middle East Transparent, en el que da voz a árabes de muchos países

Pero el libanés Akel no tiene los problemas de Ali Kamil. Y es que en Francia aún se pueden hacer estas cosas de cara y utilizando tu nombre. Pero Irak es un lugar más peligroso, de modo que Ali Kamil no es más que un pseudónimo. No le gusta claro, porque está orgulloso de lo que hace. "Este es uno de los trabajos –refiriéndose a la traducción de "La Ley"– en los que me duele que mi nombre no se destaque en la primera página", asegura. Recibe la ayuda del norteamericano Cato Institute, cuya idea original era fundar en Irak un think tank similar a él mismo, pero que tuvo que abandonarla cuando el candidato a dirigirlo se echó atrás a petición de su mujer, que temía por su vida. Por lo menos, Ali Kamil no padece los problemas de los iraníes, los chinos o los cubanos, cuyos gobiernos procuran prohibirles y limitarles el acceso a una Internet libre.

No es en Irak el único lugar donde hay que esconderse tras el anonimato. Las razones para escribir sin firmar con tu nombre pueden ser muchas. Desde elBatzoki.com ofrecen una que entendemos todos muy bien: "La falta de libertad en el País Vasco no tiene parangón en el mundo civilizado. No queremos ser como la mitad no naZionalista del Parlamento Vasco que se ve obligada a llevar protección". No siempre suceden cosas tan dramáticas. El blogger y colaborador de Libertad Digital Borja Prieto "salía del armario" –es decir, desvelaba su nombre real– hace unos meses y explicaba que en el momento de empezar a escribir en Internet sobre política "estaba en proceso de reincorporarme a la Administración, y la Administración en proceso de nombrar a personas afines al nuevo gobierno".

Meses atrás, el creador de una red de blogs de obediencia partidista al PSOE comenzó una campaña de diatribas en contra de quienes escriben amparados en el anonimato. O, para ser exactos, contra quienes escriben en contra del pensamiento de la secta. Parece que algunos echan de menos los tiempos en que todo lo que se publicaba podía ser objeto de represalia por parte del poder. Una cosa es que cada autor sea responsable de lo que escribe, lo que se consigue empleando siempre un mismo pseudónimo que permita identificar al autor con sus escritos, y otra que firme con su nombre y apellidos para poder ser represaliado cómodamente. Que es lo que se persigue, claro, aquí y en Irak.