Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

La Shoá es la culminación de dos corrientes de pensamiento que, trágicamente, han estado y siguen estando presentes en la mente de millones de europeos. La primera es una descarnada judeofobia, el odio al judío en tanto que judío. La segunda es la fe ciega en el Estado, la creencia de que toda aspiración humana es legítima en tanto se encauce a través de los mecanismos políticos. Para los nacionalsocialistas, el Estado alemán era el único capaz de ofrecer la "solución final" al problema secular europeo, la dominación judía.

El genocidio necesita de un soporte ideológico donde el individuo haya sido privado de sus derechos naturales, donde el Estado haya nacionalizado el ordenamiento jurídico. Si nuestra libertad emana de la Constitución o de las leyes y no las antecede, la Constitución o las leyes pueden derogar nuestra libertad.

La necesidad de evitar la repetición de semejante barbarie condujo a que muchas personas se replantearan su tirria antijudía y señalaran con el dedo a todos aquellos que siguieran blandiendo las opiniones racistas que sirvieron de caldo de cultivo a los nazis.

Se trata de una actitud loable y necesaria. La mentira debe de ser combatida siempre y en todos los campos. Es necesario sacar a la gente de su ignorancia, exorcizar sus supercherías, supersticiones y errores. Como sentenció acertadamente Ludwig von Mises: "Si ellos siguen repitiendo sus mentiras, nosotros tenemos que seguir repitiendo la verdad".

Sin embargo, no debería confundirse la lucha contra la mentira con el uso de la violencia para reprimir al mentiroso. La mentira sólo puede ser erradicada a través de la verdad. La represión sólo oculta las falacias: impide que se exhiban públicamente, pero no acaba con ellas.

En los últimos días hemos conocido la condena a tres años de prisión del supuesto "historiador" británico David Irving, por haber negado el Holocausto. Desde hace varias décadas se ha fraguado todo un movimiento, que incluye a los herederos ideológicos del nazismo y a socialistas tan renombrados como Noam Chomsky, dedicado a reelaborar, refinar y asentar sobre bases nuevas el ancestral odio hacia "lo judío".

La negación del Holocausto tiene como objetivo poner de relieve el victimismo judío sobre un falso genocidio, en virtud del cual se les habría concedido la prebenda del Estado de Israel. El sionismo habría planeado desde un principio la recuperación de la Tierra Prometida mediante la construcción de la Shoá. La construcción de una nueva conspiración tomaba cuerpo.

En consecuencia, Israel debe desaparecer por asentarse en la mentira. Los neonazis patrocinarán nuevos campos de concentración, y la izquierda el terrorismo palestino y los bombardeos iraníes, pero su objetivo es el mismo: alentar la aversión hacia los judíos para legitimar la violencia contra ellos.

Hemos de combatir semejantes mentiras y prejuicios; hemos de denunciar los brotes judeofóbicos cada vez que se produzcan. Pero no debemos justificar la violencia contra la mentira. No podemos permitir que los conceptos se confundan. No debemos conceder un poder sancionador para hacer prevalecer la verdad.

La condena a Irving es un error; no porque tuviera razón –que, obviamente, no la tenía–, sino porque la veracidad o la falsedad de unos hechos no pueden dar paso a la privación de la libertad. El juicio estaba viciado de origen: confundía la necesidad de refutar la mentira con la legitimidad para castigarla.

Y esto es particularmente peligroso por dos motivos. En primer lugar, porque no consigue eliminar la mentira. Como ya hemos dicho, sólo la verdad hace remitir las sombras de la ignorancia. Limitar determinadas expresiones sólo evita que se difundan por esa vía, pero no acaba con el error; es más, hace crecer una suspicacia que puede ser utilizada, de manera victimista, por quienes se ven censurados.

Pero, en segundo lugar, y sobre todo, porque refuerza la segunda de las corriente que hemos mencionado al principio. La Shoá no sólo fue posible por la judeofobia, también por la idea de que era legítimo encauzar el odio a través de la violencia, y particularmente a través de la violencia del Estado.

Considerar que una organización política tiene la obligación de sancionar a quien mienta abre el camino al control estatal del pensamiento. Si insuflamos a la ciudadanía la idea de que la libertad de expresión sólo es válida cuando se utiliza de manera correcta y responsable –cuando no se miente–, entonces estaremos enterrando la posibilidad de discrepar.

Por supuesto, la de Irving no era una discrepancia ingenua; sus mentiras se inscribían en una táctica difamatoria más amplia contra los judíos. Sin embargo, tampoco las intenciones pueden ser juzgadas: aun cuando tengamos la convicción de que Irving no era sincero en sus juicios históricos, de que mentía deliberadamente, no cabe acallarlo. Hay que ridiculizarlo y destapar sus mentiras, pero no confinarlo en prisión.

El Estado no debe subordinar la libertad de expresión a su juicio sobre la verdad ni a su opinión sobre las intenciones últimas de determinadas opiniones. La libertad no debe ser tamizada por controles administrativos. De hecho, sin libertad de expresión (de debate, de discusión y de contraste de opiniones) resulta imposible alcanzar la verdad, pues ésta queda petrificada en la forma arbitrariamente establecida por el Estado; sólo aquello que reciba el certificado público merece ser calificado como cierto.

En momento en que miles de musulmanes claman por censurar a los occidentales (recordemos la pancarta: "La libertad de expresión es el terrorismo occidental"), no podemos depositar en las manos de los políticos la capacidad para juzgar y censurar las opiniones de las personas. La tentación del uso y el abuso –la corrupción inherente al poder que detectara Lord Acton– es demasiado fuerte.

Pero hay que oponerse a cualquier género de censura no sólo porque carezcamos de garantías de que no vaya a ser utilizada en el futuro contra nosotros mismos, sino porque las ideas, en definitiva, no delinquen; lo hacen los individuos que utilizan las ideas para practicar la violencia.

Como decía hace unos días el rabino Daniel Lapin: "Perseguir a la gente que cree y dice cosas ofensivas es peligroso para todos nosotros. Coloca un poder ilimitado en manos del gobierno. Al fin y al cabo, una vez el Gobierno afirma saber qué es la verdad y se atribuye el derecho a castigar en función de las ideas, estoy siendo en la práctica esclavizado".

Las personas como Irving deben ser marginadas y excluidas de las sociedad libres, pero en ningún caso deben ser objeto de encarcelamiento. La mayoría no puede alzarse como juez de la verdad para luego linchar al condenado. La violencia sólo puede utilizarse a modo de defensa; la iniciación de la violencia nunca es legítima.

Irving es un miserable y un mentiroso por sus opiniones, pero no un criminal. Conviene tener clara la diferencia.

El error de semejante forma de pensar es palmario. Si toda ley tiene que dirigirse conscientemente a elegir entre qué intereses conflictivos debe imponerse, el derecho se convierte en una herramienta de explotación. La cuestión por dilucidar, en última instancia, es qué fines particulares prevalecen, si los de un grupo social o los de otro.

En realidad, el liberalismo no aboga por defender los privilegios de nadie. Defiende los derechos naturales de todo ser humano; nadie está en mejor posición por una concesión exclusiva del poder político, sino porque ha aprovechado de un modo más acertado sus posibilidades de acción.

La libertad no provoca daño alguno, salvo a aquellos que se beneficiaban previamente con su cercenamiento. El capitalismo acaba con los privilegios y permite que las relaciones sociales adquieran un cariz voluntario y útil.

La Ley Antitabaco no es detestable porque suponga una redistribución de privilegios desde los fumadores hacia los no fumadores, sino porque crea unos intolerables privilegios donde antes no los había. El libre mercado no era un instrumento para que los intereses de los fumadores pudieran imponerse sobre el resto; simplemente no los convertía en parias sociales y les dejaba vivir.

Con la nueva legislación liberticida de ZP, el Estado pretende resolver unos problemas que no existían, pues las personas ya habían alcanzado soluciones pactadas y mutuamente beneficiosas. El libre mercado también imponía restricciones a los fumadores.

Bares y restaurantes

En ausencia de regulación específica, los fumadores sólo podían fumar en aquellos bares y restaurantes donde el propietario efectivamente lo permitiera. Viniendo de una situación donde prácticamente todos los bares lo permitían, la decisión dominical puede parecer irrelevante. Sin embargo, no deberíamos olvidar que el objetivo de la gran mayoría de empresarios en este sector es, claro está, ganar dinero, y para conseguirlo no les queda más remedio que ajustarse a las preferencias de los consumidores.

Si la molestia provocada por el humo sobre los no fumadores era tan grande como pretenden hacernos creer los políticos, entonces aquellos bares que permitieran fumar sufrirían una merma muy significativa de clientela en favor de los bares que no lo toleraran. De hecho, en un sector donde la mayoría de locales permitía fumar, abrir un bar donde se impidiera encender un cigarrillo debería haber sido un modo de crear una ventaja competitiva sobre el resto que atrajera a buena parte de la gente. O los empresarios eran tontos o los políticos se han pasado de listos.

El hecho de que casi ningún establecimiento optara por ello no deja de ser ilustrativo del grado de frivolidad de la Ley Antitabaco. Los no fumadores habían aceptado de buen grado que se pudiera fumar a su alrededor; el humo suponía un coste muy inferior al de dejar de acudir a su bar de toda la vida. No había ningún conflicto, salvo el que deliberadamente han creado los dirigentes neoinquisidores con su cruzada contra el fumador.

Lo cierto es que la ley no es especialmente restrictiva en el caso de los locales de menos de 100 metros cuadrados. Al margen de tratar a los clientes como estúpidos púberes incapaces de darse cuenta de si en un bar se fuma o no (de manera que todo propietario debe indicar claramente si se trata de un local de fumadores o de no fumadores), el poder de decisión sigue recayendo en el empresario.

De hecho, la libertad de elección ha provocado que más del 90% de los bares haya elegido seguir permitiendo fumar. Nueva prueba de que el conflicto es inexistente: los no fumadores ya disponen de locales donde claramente se indica que no está permitido fumar, y sin embargo siguen acudiendo a sus locales tradicionales.

Y no por casualidad la ministra de Sanidad ya ha amenazado a los propietarios de bares pequeños con arrebatarles cualquier libertad de decisión en caso de que no prohíban fumar en sus locales. Es obvio que a los políticos no les agrada la libertad ni la armonía de intereses que promueve el mercado: prefieren imponer su voluntad despótica sobre los individuos.

En caso de que la vuelta de tuerca fascistoide de la Ley Antitabaco llegue a completarse, a los fumadores se les expulsará de cualquier local de ocio. A pesar de que los no fumadores seguían teniendo opciones disponibles (acudir a los bares de no fumadores y presionar a la baja sobre los beneficios de los bares de fumadores), y de que no han hecho uso de ellas, los politicastros siguen con su obsesión de erradicar cualquier ápice de voluntariedad en las relaciones sociales.

El caso de los bares de más de 100 metros sí supone una clara violación de la propiedad privada. Quienes deseen permitir fumar en sus locales deberán habilitar una zona aparte, para segregar a los fumadores, que en ningún caso podrá superar el 30% de la superficie del local.

Imaginemos el caso de un bar de más de 100 metros cuya clientela es mayoritariamente fumadora. ¿Qué sentido tiene hacinar a todos los fumadores en un reducido 30% del recinto, mientras el resto de la superficie se encuentra inutilizada?

De nuevo, se crean problemas y conflictos donde no los había. Los consumidores ya podían elegir antes de la ley, sin necesidad de que los políticos cercenaran la libertad de los empresarios. Un local de más de 100 metros y sin ventilación hacía huir a todas aquellas personas que realmente sentían molestias por el humo. Menos mal que la caballería moralista de Salgado ha venido a salvarlos.

El trabajo

Al igual que en los bares y restaurantes, los fumadores tampoco contaban con privilegio alguno en su puesto de trabajo. Los empresarios eran conscientes de que éstos podían crear un ambiente hostil en el trabajo, en el caso de que su humo molestara a los demás. En consecuencia, o bien les aplicaban una rebaja en su sueldo o les reducían el espacio donde podían hacerlo.

Si el empresario juzgaba que el resto de los trabajadores no se verían impedidos en sus ocupaciones por el humo, o bien que la importancia del trabajador fumador era crucial para la empresa (siendo difícil su sustitución), no surgía problema alguno. Los no fumadores no tienen un particular derecho a un puesto de trabajo libre de humos. Lo mismo puede decirse de los fumadores. Cada cual es libre de elegir entre las opciones disponibles, atendiendo a las distintas ventajas e inconvenientes.

En cambio, la Ley Antitabaco prevé la completa prohibición de fumar en el puesto de trabajo. Las opciones quedan sensiblemente reducidas: en lugar de permitir al propietario conciliar las distintas pretensiones dentro de su empresa, se elimina su autonomía.

A partir de la regulación estatal, el empresario no contrata a fumadores o bien les aplica reducciones en el salario para compensar las disminuciones de productividad que suponen los parones para fumar.

No hay término medio, no hay conciliación posible. O los fumadores abandonan tan ruin hábito o padecen las calamidades que les han preparado sádicamente los políticos.

Conclusión

El libre mercado no supone un privilegio para los fumadores, tal y como afirman los partidarios de la Ley Antitabaco; sólo cabría hablar de privilegios en el caso de que, por ejemplo, el Estado obligara a los empresarios a pagar a los fumadores el mismo salario que a los no fumadores, o intentara imponer cuotas paritarias entre fumadores y no fumadores en los Consejos de Administración (cosa que sí pretende en el caso de las mujeres).

En realidad, sin embargo, los fumadores se siguen sometiendo a la propiedad privada en los mismos términos que los no fumadores. Si fumar supusiera una auténtica afrenta a la convivencia no les quedaría más remedio que soportar las restricciones que espontáneamente surgieran. Un pirómano nunca podrá encontrar ocupación en una gasolinera; un alcohólico tendrá vedada la entrada a la barra de un bar; los que no gusten de mantener una mínima higiene no podrán trabajar de relaciones públicas; aquellos que no hayan sido instruidos en la disciplina del protocolo tendrán el paso cerrado a las fiestas o galas de alto nivel.

El mercado crea sus propias restricciones, sin necesidad de que los políticos pisoteen las relaciones voluntarias. Como siempre, la única función de los políticos consiste en crear problemas y enfrentamientos allí donde no los hay. Y es que, de otro modo, ¿cómo justificarían ante la ciudadanía la imposición de monstruosos tributos para financiar las desbocadas burocracias occidentales si no tuvieran "problemas" que resolver?

Todos esos papeles pueden ser desempeñados en régimen de monopolio por el Estado. Las agencias burocráticas y los comités de planificación serían los encargados de descubrir y dar respuesta a las necesidades de las personas. El individuo, para ser feliz, sólo tendría que someterse a las leyes históricas que los planificadores hayan descubierto de manera científica. La única misión de cada ser humano consistiría en obedecer y acatar los mandatos del Estado.

De hecho, las personas creativas, innovadoras e independientes representan un peligro y un obstáculo para los planes unívocos. Cada individuo debe mantenerse, como en un campo de batalla, en la posición determinada por el Estado: cualquier disensión del plan general constituye un acto de sabotaje. No debe haber alternativa para el individuo.

Y es que, cuando el socialismo saca a relucir su tirria contra los empresarios, no deberíamos reducir la definición de empresario a ocupante del escalafón más alto de una gran corporación. Todos nosotros, en distinta medida, ejercemos la función empresarial, esto es, utilizamos nuestra capacidad innata para descubrir las oportunidades de ganancia.

Al buscar ofertas o buenos productos, al ayudar a un amigo, al dar consejos o al informarnos sobre las previsibles consecuencias de nuestras acciones estamos tratando de anticipar el futuro y solucionar los eventuales problemas de coordinación social: estamos actuando como empresarios. La figura del empresario es, por tanto, central para la convivencia humana.

La socialdemocracia, aun cuando afirme haber rechazado el comunismo, mantiene esta desconfianza hacia los individuos y la sociedad, esto es, hacia los empresarios. El Estado sigue siendo considerado un mecanismo adecuado para solucionar los problemas y los conflictos entre las personas; la educación, la sanidad, la seguridad, las catástrofes, el mercado de trabajo, incluso los medios de comunicación, son ámbitos donde los socialistas afirman que la regulación y el control público deviene imprescindible.

Al igual que en la URSS, la obsesiva regulación del Estado limita el ejercicio de la función empresarial. Los sectores donde el Gobierno aplasta a los empresarios con su pesada bota sufren un fuerte retroceso en su capacidad para satisfacer a los individuos. Allí donde el Estado interviene la empresarialidad no puede ejercitarse, de manera que la innovación, las mejoras y las adaptaciones a las necesidades de las personas se paralizan casi por completo.

Así, por ejemplo, Mariano Rajoy estuvo bastante acertado esta semana cuando criticó el Estatut de Cataluña por arrebatar el poder "a los ciudadanos de Cataluña, a los empresarios y a la sociedad dinámica". Lástima que una cosa sea predicar y otra dar trigo.

Pero, en efecto, las peores consecuencias de leyes intervencionistas como el Estatut es que traspasan la capacidad de elección de las personas a los políticos, esto es, nacionalizan nuestra libertad. El poder de los empresarios consiste en ofrecer a los consumidores mejores productos y servicios, en solucionar los problemas de la gente y en dar ejemplo de cooperación al resto de las personas. El poder de los políticos, en cambio, pasa por imponer coactivamente sus decisiones a la ciudadanía; los problemas, en lugar de solucionarse, se crean, y el ejemplo ofrecido al resto de la humanidad consiste en expoliar al prójimo. Si el ideal del empresario es el genio creador, el ideal de político es la garrapata: uno enseña a servir a los demás; el otro, a vivir a costa del resto.

Con poco más de un tercio de todos los recursos, los empresarios son capaces de sostener económicamente todo el ineficiente y mastodóntico sector público (no olvidemos que el Estado no tiene recursos propios y que toda su financiación procede de la sociedad) y, además, producir todo aquello por lo que juzgamos que vale la pena vivir. Piense que todo lo que tiene a su alrededor, desde los elementos más insignificantes hasta los bienes más importantes, ha sido producido por empresarios inteligentes que anticiparon sus necesidades.

El contraste es demasiado evidente como para que incluso la ceguera socialista pueda negarlo. De ahí que el Estado necesite engañar a la ciudadanía para que no se dé cuenta del horroroso atropello que está cometiendo. El pueblo necesita seguir creyendo que el Estado es el sustrato de la sociedad, el requisito de la seguridad y el bienestar.

Para ello no sólo precisa adoctrinar a las personas en las bondades del estatismo, también necesita corromper, adormecer y absorber a la clase empresarial. Si éstos se vuelven tan torpes e ineficientes como el Gobierno no habrá peligro de que los ciudadanos despierten de su ilusión socialista. Los empresarios tienen que comportarse como el Estado para que éste pueda respirar tranquilo.

El Código del Buen Gobierno que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha preparado para las empresas españoles que cotizan en Bolsa parece dirigirse decididamente hacia semejante objetivo. Ya de entrada sorprende que el Estado, paradigma del caos y la ineficiencia, tenga que imponer a las empresas conductas que aseguren su buen gobierno: un paralítico llevando en brazos a un atleta, un ciego ejerciendo de oftalmólogo.

Pero es que, además, las empresas no necesitan que nadie les imponga coactivamente ningún código de conducta. ¿Acaso su buen gobierno no se revalida diariamente ante sus consumidores y accionistas? ¿Acaso el mal gobierno no va acompañado –a diferencia de lo que sucede con el Estado– de la aparición de pérdidas empresariales y del riesgo cierto de desaparecer del mercado? ¿Qué misión puede tener, por tanto, este Código del Buen Gobierno salvo enredar hasta lo indecible?

Si bien es cierto que, en buena medida, el Código no resulta de aplicación coactiva, su no acatamiento deberá justificarse ante la CNMV, como si de un redentor se tratara: "El principio de ‘cumplir o explicar’ deja a la responsabilidad de la sociedad cotizada seguir o no las recomendaciones del Código, pero le exige que, cuando no las cumpla, explique el motivo pública y razonadamente, para que los accionistas y mercados puedan juzgarlos".

En otras palabras, cuando una empresa no se someta a los arbitrarios dictados de la CNMV deberá autoflagelarse, ante al escarnio y el griterío público. La imagen que pretende transmitir el Estado es que todas las empresas que no acepten su código de buen gobierno se están comportando de un modo incorrecto (su gobierno es malo); la sociedad debe mirarlas con recelo y rechazo.

Así, por ejemplo, una de las recomendaciones más conocidas es la de incrementar el número de mujeres en los Consejos de Administración de las empresas ("Cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo deberá explicar los motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación"). Claramente, la CNMV pretende endosar el sambenito de la misoginia a toda compañía cuyo Consejo sea mayoritariamente masculino.

La propuesta, como el resto del Código, no tiene ni pies ni cabeza. La misión del empresario es servir al consumidor y maximizar, de esta manera, el valor del accionista; el empresario no es un rentista ni un funcionario, su puesto no es un privilegio ni una concesión política, sino una posición sujeta a su correcta actuación. Los Consejos de Administración tienen que estar compuestos por las personas más habilidosas y perspicaces, sean éstos hombre o mujeres.

La recomendación de la CNMV presiona para que haya mujeres en el Consejo aun cuando no sean las más adecuadas para ocupar ese puesto; en otras palabras, el Estado pretende reducir el bienestar del consumidor y el valor del accionista por consideraciones meramente sexuales.

Si una mujer o un hombre quiere ocupar un puesto en un Consejo de Administración deberá demostrar su valía y su capacidad. Las empresas no deben ser el campo de operaciones de la progresía patria: ningún empresario tiene derecho a ocupar su puesto al margen de la voluntad soberana de consumidores y accionistas. Tampoco las mujeres.

Con este código la CNMV pretende corromper a las grandes empresas españolas, para que se burocraticen y se conviertan en pequeños apéndices del Estado. A la CNMV no le importan lo más mínimo los consumidores y accionistas: es un matón político al servicio del Estado. Su labor supervisora resucita la vieja tradición totalitaria de los tribunales políticos, cuyos jueces son nombrados a dedo por el Ejecutivo; un organismo inquisitorial que nunca debería haberse creado y cuyo mejor destino sería el vertedero municipal.

En una ocasión, Murray Rothbard le preguntó al gran economista liberal Ludwig von Mises a partir de qué momento podríamos afirmar que un país ha abandonado el capitalismo y ha adoptado un sistema socialista de planificación centralizada. Mises, sin dudarlo, le contestó que una economía podía considerarse socialista cuando la Bolsa hubiera sido nacionalizada por el Gobierno.

En España uno de los brazos del Estado, la CNMV, se encarga de supervisar y controlar la actividad empresarial de las empresas que cotizan en Bolsa, esto es, tiene como misión indicar quiénes pueden ser empresarios y cuál debe ser su comportamiento. Desde luego, no podemos hablar de nacionalización, pero sí de intensa vigilancia e intervención estatal.

El Estado necesita tapar su mal gobierno, sus vergüenzas e ineficiencias; nada mejor para ello que corromper a toda la sociedad, comenzando por las empresas, a las que, hipócritamente, les impone un Código del Buen Gobierno.

No deberíamos pensar que este tipo de medidas no nos afectan en absoluto a los individuos de a pie: como ya hemos visto al principio, todos somos en buena medida empresarios. Los Códigos de Buen Gobierno de hoy pueden convertirse en las leyes de buena ciudadanía de mañana. Basta con dejar que el Estado prosiga caminando en su senda totalitaria, con seguir creyendo ingenuamente en la bondad de los organismos socialistas como la CNMV.