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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Defensa propia

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Cada vez hay más bandas organizadas que prefieren esta forma de crimen, efectiva y segura para el delincuente. Están generalmente formadas por la extranjeros, aquellos que prefieren vivir del delito que hacerlo del trabajo honrado. Un reportaje publicado el pasado año recogía una observación de un miembro de la policía: “los delincuentes se han dado cuenta de que en las casas no suele haber ya mucho dinero y pueden obtener más beneficios, y de una manera mucho más fácil y eficaz, con los dueños de la casa dentro”. Actúan con una violencia terrorífica, no muestran respeto por la vida o la integridad de los asaltados y se imponen por la fuerza.

Recientemente se produjo en Canals uno los miles de casos que se dan todas las semanas. Entraron ocho asaltantes. Uno de ellos les dijo al matrimonio “os vamos a matar aunque consigamos el botín”. Les amenazaban con armas cargadas y les repetían constantemente que les matarían. En un descuido de éstos, el empresario valenciano Francisco Ramírez cogió un arma, hizo un disparo de aviso y luego volvió a utilizar el arma para defenderse de los asaltantes, con el fatal resultado de la muerte de dos de ellos. A la espera de que se aclare por completo el caso, parece un claro caso de legítima defensa.

Lo recordaba recientemente Juan Carlos Girauta, “la primera obligación del Estado es proteger la vida y hacienda de los individuos libres que lo sostienen con sus impuestos”. Pero el Estado es torpe, prácticamente incapaz de responder incluso de sus funciones más básicas. Desconozco el dato para España, pero en los Estados Unidos más del 99 por ciento de las intervenciones de la policía se producen cuando el crimen se ha cometido ya. No creo que sea aquí muy diferente. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Defenderse en la medida de sus posibilidades, y hasta el punto en que resulte juicioso, de acuerdo con las circunstancias. No es ya que delinquir resulte barato, o que la ley en España proteja al delincuente frente a las víctimas y no al revés. Es que en el momento de producirse el crimen las víctimas están indefensas. Francisco Ramírez y su familia tuvieron la suerte de que él pudo acceder a un arma, y de que sabía utilizarla.

Si los delincuentes que asaltan las casas buscan el encuentro con las víctimas es porque saben que están indefensas. En vez de rehuirlas, de intentar no encontrarse con una víctima que pueda defenderse de algún modo, el criminal sabe en España que él impone su ley y que será dueño de la situación. La solución a este contrasentido quizás esté en favorecer la seguridad privada. Además de los medios que pueda proveerse cada uno, las empresas privadas de seguridad pueden ser un buen camino para evitar estas situaciones. Y de hecho es una industria en crecimiento en España. Sin duda una de las mejores medidas que pueda tomar el Gobierno por nuestra seguridad sea favorecer las soluciones privadas, también en este aspecto de la vida ciudadana.

La ministra Salgado

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero como para ser totalitario no se necesitan muchas luces, nuestros sociatas no han reparado en el fastuoso abanico de posibilidades que la ley antitabaco les ofrece. Por ejemplo, acabar con el paro. Los dos millones de parados que aún quedan, deberían convertirse inmediatamente en funcionarios y dedicarse a perseguir el delito del fumeteo. «La brigada del sifón», podrían llamarse estos escuadrones neopuritanos; Y, oiga, a recorrer los bares apagando cigarrillos a base de chorrazos de agua carbonatada. Los varones, además, podrían llevar una salida auxiliar en la zona de la bragueta, para atajar los casos más graves o los reincidentes, sumando al carácter punitivo de la acción, el escarnio evidente de su puesta en escena. El Ministro Caldera, cuyo cadáver parece que finalmente no va a alfombrar la requisa de documentos de cierto archivo nacional, seguramente sería capaz de dejarse crecer los rizos de nuevo, con tal de ser el primero en anunciar el fin del paro en España, gracias a esta «política activa de progreso» que aquí le brindamos de forma desinteresada.

50.000 muertes al año por causa del tabaco, dice la publicidad del gobierno para justificar su coacción. Bien, el aborto provoca 85.000 y en cambio no es ya que no se prohiba, es que casi se aconseja. Vean ustedes: Cuando un médico abortista extrae parcialmente a un bebé, le clava una cánula en la nuca y lo asesina, los progres, simplemente proclamam que un derecho fundamental ha sido felizmente ejercitado. ¿Y estos son los que nos van a decir lo que hacer con nuestros pulmones? ¡Que les den por el CAC, hombre!

Confesiones liberticidas de un diputat

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

No es que quepa esperar mucho de los políticos, salvo acaso alguna puñalada trapera por la espalda. Su modus vivendi es la coacción y la represión; a diferencia de los empresarios, no se mueven en un contexto de cooperación social y voluntariedad. Su mundo es la utilización de los mecanismos policiales del Estado para dar rienda suelta a sus fantasías totalizadoras.

Aun así, la discusión sirvió para que, de modo educado, ambas partes fijáramos nuestra postura. Al menos no podemos negar la desgarradora sinceridad de algunos socialistas. Luego no podremos decir que no nos han avisado.

El Estado, custodio de la palabra

El Estado lleva siglos esquilmando y moralizando a la población. Lejos de permitirle un desarrollo apacible y pacífico, los estatistas se han afanado por imponer a los individuos su modelo de convivencia. Nos han expropiado nuestras casas, nuestras tierras y nuestras rentas; nos han prohibido tomar ciertos productos, a los que han tachado de nocivos; han impuesto y reglamentado los términos de los contratos privados; han nacionalizado los sistemas de transportes, planificando nuestros desplazamientos; han bloqueado nuestras compras al extranjero; han provocado guerras, genocidios y matanzas varias; han limitado la oferta de suelo, encareciendo el precio de la vivienda, y han creado sistemas de educación pública y obligatorios para adoctrinar y arrebatarnos a nuestros hijos.

En definitiva, el estatismo ha llegado a planificar hasta el último detalle de nuestra existencia, alcanzando unos niveles de asfixia que sólo los más serviles están prestos a aceptar.

ncluso en medio de tanta desolación liberticida, uno se creía capaz de gritar, como Blas de Otero, que nos queda la palabra. En realidad, también los socialistas se habían apropiado de la palabra, al nacionalizar el espacio radioeléctrico, pero en cierto modo todos nos consolábamos creyendo que, por muchos garrotazos que nos propinara el Estado, podríamos sollozar y protestar.

Pues no. Los estatalistas han llegado a la conclusión de que el Estado debe velar por la veracidad de las opiniones. Como dice Donaire: "La libertad de información es un derecho atribuible a los informadores, pero sobre todo a los ‘consumidores’ de la información (…) [que] tienen derecho a la información y a que la información sea veraz".

La palabra no pertenece al emisor, sino al receptor. Todo oyente tiene derecho a exigir al comunicador que no le mienta, que no se equivoque, que no ofrezca una información que perjudique al poder político. Se acabó el hablar de manera espontánea; los políticos nos marcan la pauta exacta de nuestras palabras para proteger a "los consumidores de información" de la falta de veracidad: "No podemos ‘vender’ opiniones como si fueran informaciones. Las informaciones deben ser veraces y las opiniones, por su propia definición, no".

¿Pero qué significa "veraz"? No, no se equivoquen; ni siquiera estamos hablando de que la información sea cierta, sino de que el comunicador se haya comportado de manera diligente en el momento de obtener la información.

Si el monopolio de la verdad ya resulta espantoso, el monopolio estatal de la veracidad pone los pelos de punta. Las burocracias políticas tienen poder para acallar a los medios de comunicación siempre que, según su particular opinión, no se hayan comportado de manera diligente. Los medios afines que mientan pueden no ser sancionados por haber obrado diligentemente, y los medios disidentes que digan la verdad sí podrán serlo, si los burócratas juzgan que no se han portado "bien". ¿Imaginan una mayor arbitrariedad?

De esta manera, el Estado se cubre las espaldas; a través de los Consejos Audiovisuales, los políticos pueden silenciar a todo aquel que les resulte molesto: "Se puede pensar que en determinados casos extremos en los que de forma reiterada se vulneran los principios que avalaron una determinada licencia, un organismo pueda emitir un juicio al respecto". Las licencias las han dado para que se canten sus alabanzas, para que se aplauda sin rechistar; la reiterada oposición debe ser acallada.

No nos queda ni la palabra, pues ésta resulta supervisada por un tribunal inquisitorial repleto de politicastros cuyo objetivo es expandir el Estado lactante, del que maman y engordan.

Los derechos de los consumidores de información son una patraña por la que nunca se han preocupado. El consumidor tiene derecho a escuchar lo que le plazca y a formarse una opinión a partir de la variopinta información que recibe. Lo cierto es que los políticos pretenden mascarle la información, mascársela hasta tal punto que su juicio quede anulado por los Consejos Audiovisuales.

Como también dice Donaire: "Sin ciudadanos informados no hay ciudadanos responsables". Y es que si los ciudadanos se informaran podrían acabar pidiendo más libertad y responsabilidad. Para eso se han instituido los Consejos Audiovisuales, para controlar la información que recibe el ciudadano y, así, su propia mente.

El pretexto del mal universal

Con todo, los políticos son conscientes de que los ciudadanos no aceptarán de buenas a primeras un recorte tan flagrante de libertades. Es necesario allanar el terreno para dar el gran golpe.

Cuando se quiere regular los precios de los alquileres, empezamos a oír hablar de los especuladores sin escrúpulos. Cuando se quiere aumentar los aranceles, sacan a colación la "invasión" de productos chinos. Cuando quieren incrementar los impuestos, terminan hablando de la ayuda a los más pobres.

En este caso, el diputat Donaire ha justificado así el control informativo del CAC: "Los organismos que supervisan los medios audiovisuales no son una rara avis, sino lo más normal del mundo".

La táctica consiste en convencer a la ciudadanía de que el Consejo Audiovisual es necesario porque el resto de países ya lo tienen. Si todos lo tienen, nos dicen, por algo será. El problema es que los defensores de la censura no suelen explicar en qué consiste ese "algo", o lo hacen en términos muy vagos, como ya hemos visto.

No es necesario ahondar en la evidente falacia de este argumento: si todos los países instituyeran el asesinato sumario de los disidentes, no por ello deberíamos abrazar tal medida.

Es más, lejos de extrañarnos, la creación internacional de Consejos Audiovisuales es una práctica del todo coherente con la estructura maligna del Estado. Al poder político le interesa, según hemos analizado, controlar la disidencia política. Su objetivo no expreso es que nadie proteste ante sus abusos de poder, que cuando nos apaleen asintamos gustosos.

Para ello es necesario recurrir a ciertas mordazas. La libertad de expresión es tolerada dentro de sus justos límites; no conviene que la gente se dé cuenta de cuán inútiles, innecesarios y dañinos son los políticos. En Cataluña, en España y en todo el mundo, los estatistas necesitan reprimir a aquellas personas que los incomodan.

Los políticos de uno y otro país, de uno y otro partido, cometen sus tropelías en común para justificarse mutuamente. No hay de que extrañarse: los delincuentes y las mafias también se coaligan para que sus crímenes sean más eficaces. Entre bomberos no se pisan la manguera; entre Estados absolutistas no se tiran los cetros a la cabeza.

Cuanto peor, mejor

Uno de los momentos más desesperantes del debate fue cuando Donaire fundamentó los Consejos Audiovisuales en el artículo 20 de la Constitución. El problema no es tanto si este artículo da pie o no a que se creen organismos censores, sino si debería darlo. Donaire opina que sí, y no parecía muy preocupado por ello.

Es más, según su punto de vista, el hecho de que la Constitución conculcara muchas otras libertades justificaba que también sirviera para agredir a la libertad de expresión:

"De hecho, nuestra constitución (sí, ya sé que replicarás que el PSC no cree en la constitución y bla, bla, bla) limita un montón de libertades en el capítulo de derechos y libertades: 21.2, 22.2., 22.4, 22.5, 28.2, 30.2, 33.3, 37.2… ¿Tenemos que cambiarlos todos?".

Como vemos, para los sirvientes del Estado la opresión es un argumento a favor de seguir oprimiendo, y no de relajar las cadenas. Dado que tenemos tan pocas libertades, ¿por qué escandalizarse ante la censura? Una represión más, una represión menos, ¿qué importa?

Lo sorprendente del caso es que este diputado se estaba regodeando de las múltiples restricciones a la libertad que están presentes en el articulado de nuestra Carta Magna, sin defender, ni un momento, la necesidad de reformar esos preceptos. Ya sabemos que la Constitución tiene que modificarse imperativamente para hacer referencia a la Unión Europea o para que reine la infanta Leonor; ahora bien, toda urgencia de reforma desaparece cuando de lo que se trata es de expandir nuestras libertades.

Cuanto peor sea el estado de nuestra libertad, mejor se encontrarán los políticos. Cuanto menor sea nuestra autonomía, mayor será el poder del Gobierno para dirigir nuestras vidas. Los Consejos Audiovisuales, con su declarado objetivo de controlar las palabras de todos los individuos, son un decidido paso hacia delante en la totalización del Estado.

Como dice Donaire: "Un laisez faire [sic] condescendiente, me lleva plantearme [sic] los límites de la opinión y la información". Los políticos no pueden tolerar la libertad: el laissez-faire, el dejar hacer, debe estar constreñido y limitado por sus subalternos. Una información descontrolada es una información peligrosa para el poder.

Una vez las voces críticas hayan sido amordazadas, so pretexto de no ser veraces, la única alternativa que nos quedará a los individuos será regresar a la caverna de la incomunicación y arrodillarnos ante el refundido Nodo. Y es que la única expresión que quieren oír los políticos con la mayor de las veracidades es: "Sí, bwana".


* Concretamente, en estas dos anotaciones.

Promesas, propiedad y contrato

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

En la tesitura de enumerar las acciones contrarias a la libertad que debiera proscribir un código legal justo citamos, además del asesinato, la violación, el secuestro, el robo, el fraude o el allanamiento, el incumplimiento de contrato. Pero en ocasiones uno tiene la impresión de que se ha desvirtuado el auténtico contenido de este último punto por influjo del actual ordenamiento jurídico y que, con acierto desigual, algunos lo esgrimen de forma mecánica ignorando la relación que guarda con la libertad.

El inicio de la fuerza contra una persona o sus bienes constituye una agresión. La fuerza sólo puede emplearse legítimamente como respuesta a una agresión. De este modo, si se arguye que es legítimo obligar al cumplimiento de los contratos o exigir restitución por infringirlos debe poder demostrarse que al violar un contrato estamos iniciando la fuerza contra una persona o sus propiedades. De lo contrario la fuerza empleada para hacerlo cumplir o para obtener una compensación sería en sí misma agresiva, pues no respondería a ninguna agresión previa. Imaginemos que un individuo firma un contrato con una empresa por el cual se compromete a trabajar para ésta durante cuatro años. Transcurrido el primer año el individuo decide abandonar la empresa y marcharse a otra, rescindiendo unilateralmente su acuerdo.¿La empresa tiene derecho a obligarle a trabajar para ella durante los tres años restantes o a exigirle una compensación económica? ¿En qué sentido puede decirse que este individuo ha cometido una agresión contra alguien? Sería circular responder que la agresión es la violación del contrato, pues precisamente la pregunta es por qué la violación del contrato en este caso supone una agresión. ¿Ha empleado la fuerza contra alguna persona?¿Está en posesión ilegítima de alguna propiedad? Imaginemos el caso de dos personas casadas que se han prometido fidelidad mutua. ¿Sería punible el adulterio? Si uno de los dos fuera a acostarse con un tercero, ¿podría impedírsele por la fuerza? ¿Podría exigírsele restitución si hubiera cometido la infidelidad?

Existen dos teorías de contrato distintas y sólo una de ellas es coherente con los principios de una sociedad libre. La legislación actual toma elementos de ambas, y ese es el motivo por el cual no todas las transgresiones de lo que hoy se considera un contrato vinculante son censurables desde un punto de vista liberal. De acuerdo con el modelo de las expectativas un contrato es una convención que sirve para garantizar que uno obtiene aquello que espera de otro por haberlo éste prometido. ¿Pero de dónde se sigue el derecho a que otros satisfagan las expectativas que nos hemos formado a partir de sus promesas? Continuamente actuamos esperando que los demás procedan también de una determinada manera, planificamos nuestras vidas a largo plazo e incurrimos en gastos esperando que las circunstancias nos sean favorables. Así mismo a veces nos abstenemos de actuar de un modo concreto por precaución frente a la incertidumbre o rechazamos los consejos de alguien en quien no confiamos. ¿Por qué entonces las expectativas que se desprenden de los contratos deben ser forzosamente satisfechas? Podría responderse que por tratarse de un contrato las expectativas generadas son más razonables y que por eso debe ser vinculante, pero, como apunta Stephan Kinsella, es el hecho de que estos contratos sean vinculantes lo que hace que la gente tenga mayores expectativas. Lo cierto es, con todo, que el afán por forjarse una buena reputación ya es normalmente un incentivo suficiente para cumplir las promesas, al margen de toda actuación judicial. Pero lo fundamental es entender que la violación de contrato, para considerarla contraria a la libertad, debe atentar contra una persona o sus bienes, no contra sus expectativas.

El segundo modelo, defendido por Evers, Rothbard o Kinsella, es el de los títulos de propiedad transferibles. Bajo este modelo los contratos no son instrumentos para satisfacer expectativas, sino para traspasar derechos de propiedad sobre bienes alienables. Se trata de una fórmula a través de la cual el propietario transfiere los títulos, en general, manifestando su voluntad al respecto. Una vez el propietario ha expresado su voluntad de que el título se transfiera el título pasa a ser, de facto, propiedad de otro. La transferencia puede ser condicional, como sería el caso de un empresario que se compromete a pagarnos un salario a condición de que realicemos una labor concreta (si el empresario, una vez realizada la tarea, se negara a pagarnos, estaría reteniendo un montante que nos pertenece). Los condicionantes pueden ser numerosos, y no siempre son explícitos. También pueden ser bilaterales para que haya garantías de que nadie va a retirarse del acuerdo sin entregar una compensación (el organizador de un concierto, por ejemplo, puede pactar con el cantante la condición de que si no se presenta deberá transferirle una compensación por todos los gastos en los que ha incurrido). Vemos, por tanto, que la violación de un contrato en el que se transfieren títulos sí constituye una agresión, pues el infractor retiene la posesión de algo cuya propiedad ya está transferida.

La distinción entre los dos modelos es fundamental. Una mala comprensión de la institución del contrato podría dar pie a que desde el liberalismo se condenaran actos legítimos como el adulterio o la deserción.

TDT

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Si le hubieran dado todas las licencias a Él, igual les cambiaba un poco la cara, pero es lo que tienen las regiones traidoras, que se apartan del diktat progre y se quedan tan anchas. "¿Es que no hay nadie que le diga a los jueces lo que tienen que hacer?" Se preguntaba en voz alta Felipe González en su día. Ni a los jueces ni a Valcárcel, mire usted; aquí ya hace todo el mundo lo que le da la gana.

Cuando los progres de nómina se cogen una rabieta de campeonato, es señal inequívoca de que la derecha está haciendo algo bien. No falla. Con las nuevas televisiones, un gran sector de la audiencia, actualmente huérfana de representación mediática, tendrá la oportunidad de ver programas en los que no se ofenda a sus creencias ni se insulte a su inteligencia, en los que no se haga mofa de los políticos señalados por la secta ni se hurgue en las braguetas del petardeo oligofrénico.

La verdadera pluralidad informativa, es la que permite la existencia de medios de comunicación de todas las tendencias culturales y políticas. El socialismo la entiende en su forma pervertida: Pocos medios, todos defendiendo el sesgo informativo diseñado por el clan de los ungidos y con algún invitado ocasional ajeno al cotarro para cubrir cuota y dar sensación de ecuanimidad.

Libertad Digital TV, que es el caso que más parece tocar las narices al vocero socialmurciano de mirada felina, tiene ahora su oportunidad legítima para llegar a convertirse en lo que el canal Fox News ha sido para los EEUU, la cadena informativa de tendencia liberal-conservadora que, salida prácticamente de la nada, está batiendo marcas de audiencia. La misma oportunidad tienen también ahora el resto de operadoras, cada una defendiendo su apuesta informativa. Y los espectadores a decidir libremente… mientras la alegre muchachada rojelia nos lo permita.

La culpa es de Victoria Prego

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero sigue vivo. Un reciente artículo de Stephen Moore y Lincoln Anderson, titulado The Great American Dream Machine revela que según los últimos datos recogidos por el Gobierno Federal, seis de cada diez familias de los Estados Unidos tienen una riqueza neta (el valor de sus activos menos sus deudas) que supera los 100.000 dólares. Es decir, que el grueso de las familias americanas tienen una riqueza que supera los 85.000 euros, cuando en 1967 era solo uno de cada cuatro. En este período, el porcentaje de familias que ingresa 75.000 dólares al año o más ha pasado del 9 al 27 por ciento. Si dividimos la sociedad en cinco partes con un número igual de personas, el quinto medio que representaría a la clase media y que en 1967 ganaba de 28.000 a 39.500 dólares, hoy ingresa de 38.000 a 59.000. Para poder llamar pobre a un estadounidense hace falta meter en esa categoría a ciudadanos con niveles de vida de una familia media española.

De modo que Estados Unidos es una sociedad dinámica y creativa, que permite que los ciudadanos progresen considerablemente en una sola generación. Pero si nos fijamos más de cerca en los millonarios de ese país, veremos hasta qué punto el sueño americano sigue estando vigente. Thomas J. Stanley y William D. Danko son seguramente los mayores expertos en los millonarios estadounidenses, y han realizado el estudio más ambicioso dedicado a ellos, en su libro The Millionare Next Door. Más de tres millones y medio de familias tienen allí un patrimonio de un millón de dólares o más. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho para llegar hasta allí?

Stanley y Danko, después de 20 años dedicados a estudiarles, han observado que los millonarios estadounidenses ahorran, viven por debajo de sus posibilidades y creen que la independencia financiera es más importante que un estilo de vida alto. Eligieron la ocupación adecuada y asignan el tiempo, la energía y el dinero de forma eficiente. También han sabido ver bien las oportunidades que ofrece el mercado. Y no tienen importantes cargas familiares.

Cuatro de cada cinco familias millonarias de los USA han logrado su riqueza en una sola generación. No hace falta contar con dinero familiar para ser millonario, en los Estados Unidos. Eso sí, dedican de 45 a 55 horas a la semana a trabajar, generalmente en empleos creados por ellos mismos (dos tercios de ellos) o como profesionales liberales (el resto). Y prácticamente todos destinan el 15 por ciento de su renta o más al ahorro y la inversión. Del resto, una buena parte la destinan a la educación de los hijos. ¿Qué han logrado con ese comportamiento? Que sus ingresos anuales son menos del 7 por ciento del valor de la riqueza que poseen. Es decir, que viven con menos del 7 por ciento de la riqueza acumulada. Podrían dejar de trabajar y crear riqueza y sin embargo mantener su nivel de vida. E insisto, en una sola generación.

El sueño americano

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Tal vez el problema no sea el relevo, sino pensar si tendríamos que eliminar para siempre a estas organizaciones que sólo sirven al interés del Estado. Todas las organizaciones políticas destacan por lo mismo: ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, o estás conmigo o contra mi.

España, y Europa también, se está matando a sí misma en este camino hacia el socialismo e intervencionismo. En lugar de hacer un cambio de rumbo radical para conseguir el progreso los políticos, como siempre, sólo saben que barrer hacia casa tomando más dinero de la economía privada y más libertad de la sociedad civil. El hombre se está volviendo un sumiso esclavo de los órganos políticos ya se llamen estado, ayuntamiento, CNMV, FMI… Sin darnos cuenta estamos volviendo a una sociedad de oligarcas absolutistas donde la vieja consigna de “todo por el pueblo pero sin el pueblo” está más vigente que nunca. Es más, estamos avanzando hacia un estado puramente totalitario donde el individuo no es más que una vulgar pieza para la satisfacción del bien común, y el bien común no es el bienestar de los hombres, sino el de los oligarcas. Prohíben a la gente fumar porque mata y en cambio envían y mantienen tropas armadas en países extranjeros haciendo peligrar a esos españoles y a la sociedad ocupada (Afganistán y Haití no son una excepción); el gobierno crea una nueva inquisición mediática para castigar a sus oponentes civiles; obliga a la gente a cuánto ha de ahorrar para su jubilación sin ninguna garantía que vaya a recibir nada, adoctrinan a la juventud en colegios públicos para que sean dóciles e inútiles, extorsiona a empresas y particulares con un sinfín de impuestos, gestiona empresas estatales pésimamente matando la competencia y dando fuerza a los monopolios… ¿Necesitamos tanta represión y violencia?

La mayor amenaza de España no es el “islamismo sangriento”, ni el terrorismo, ni la globalización, porque estos son fenómenos no masivos que podemos combatir precisamente con una sola solución: menos intervencionismo, menos estado y más libertad, y cuanto más mejor. Nuestra gran amenaza es la tiranía de las buenas intenciones, el bien común que usan los políticos como excusa para engañarnos y vivir como auténticos seres supremos a costa del trabajo y libertad de la gente.

Es sorprendente a los límites que la sociedad civil ha dejado llegar al opresor político y al estado para sentirse “segura”. Ha sido un Síndrome de Estocolmo masivo que ha tardado años y que a fuerza de represión y engaños ha cuajado ente nosotros. Ahora no llevar un pequeño dictador dentro de nosotros y no querer prohibir al resto todo aquello que no nos gusta por el simple hecho de amar la libertad es sinónimo de antisistema y destructor de la sociedad, los liberales lo sabemos bien. Sólo el que usa y aboga por métodos totalitarios y criminales es el bienhechor de la sociedad. Antes, a estas personas se les llamaba por su nombre: fascistas o comunistas según para donde tirasen, los dos nacen del mismo principio: la igualdad y la utopía, y de aquí el estado del bienestar, una locución, que como la gran mayoría de expresiones actuales ha perdido todo sentido hasta el punto de convertirse en todo lo contrario.

La pregunta está en si podremos cambiar todo esto. La situación me recuerda tremendamente a la novela “Rebelión en la granja” de George Orwell. La fábula es una crítica a la Revolución Rusa, donde recuerden, una panda de infelices llegaron a esclavizar a uno de los países más grandes del mundo con las mismas palabras, la tiranía de las buenas intenciones. No hay diferencia alguna con la actualidad. Parafraseando a Lord Acton: “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Evo Morales, el camino a la miseria

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Seguramente Morales estudió la vía pacífica al socialismo de Salvador Allende, que en sólo tres años logró destruir la creación de riqueza y llevar al país al borde de una guerra civil. Allende expulsó a los técnicos de las multinacionales que explotaban el cobre y otros recursos naturales, y los sustituyó por comisarios políticos. La producción sencillamente se detuvo. Evo Morales no busca eso, de modo que lo que propone, dice, consiste en tener a las multinacionales como “socios tecnológicos”. Dice el nuevo presidente que “si quisiéramos emprender un tema de exploración o prospección necesitamos la tecnología. Se pagará por los servicios de esas trasnacionales, pero fundamentalmente nuestro gobierno estará enfocado en cómo industrializar sus recursos naturales”.

Pero se equivoca de medio a medio. El error del nuevo narcopresidente de Bolivia, muy común, es el de pensar que los problemas económicos son cuestiones técnicas o tecnológicas. La tecnología busca soluciones adecuadas para fines concretos y determinados, como la extracción de gas de un pozo. La economía, sin embargo, estudia los procesos sociales que se enfrentan al problema de la escasez, para satisfacer de la forma más cumplida las múltiples y cambiantes necesidades de los ciudadanos. La economía estudia un proceso abierto e incierto de millones de acciones individuales que buscan satisfacer una pluralidad de necesidades de forma coordinada, mientras que la tecnología se centra en cada uno de estos fines. El uso de los recursos naturales es una cuestión económica. Son recursos escasos y hay que buscar la institución que permita un uso más productivo de ellos. Esa institución, ahora lo sabemos, es la propiedad privada. De nada le servirá a Evo Morales contratar a los técnicos de las multinacionales u otros si lo que va a hacer decidir sobre el uso de los hidrocarburos desde el Estado. El fracaso está asegurado.

Morales, además, no se va a detener ahí. Ya ha anunciado que después de estos, seguirá “los recursos minerales o forestales”. A medida que vaya fracasando y se encuentre en dificultades huirá hacia delante ampliando la cantidad de recursos nacionalsocializados. Como además los empleará en su agresiva política exterior (se hará salida al mar a costa de Chile y extenderá la robolución en América junto con Castro y Chávez), la pobreza y el hambre en Bolivia saltarán a las portadas de los periódicos (de fuera de su país) en pocos años.

Este no tenía porqué haber sido el futuro de Bolivia. El periodista de aquél país Albino Mario Fantini ha recogido en un artículo los datos de un estudio del Banco Mundial, que revelan que las reformas liberalizadoras de principios de los años noventa dieron buenos resultados: “un crecimiento promedio de 4,5 por ciento durante 1994-98”. La inversión pasó del 3 por ciento del PIB en 1995 al 12 por ciento cuatro años más tarde, el desempleo cayó del 10 al 4 por ciento y la pobreza comenzó a remitir, aunque tímidamente, del 52 por ciento de la población al 46 por ciento. Desde 1999 el país ha caído en una crisis institucional que ha sumido al país en una inseguridad jurídica y política en la que es muy difícil prosperar; la inversión busca seguridad y en Bolivia se ha desplomado desde entonces. El nivel de pobreza ha vuelto a crecer hasta el 65 por ciento. El estudio del Banco Mundial estimaba que si ese país hubiera optado por las reformas liberalizadoras que le permitieron comenzar a escapar de la miseria podría haber reducido el porcentaje de bolivianos en la pobreza a menos de un tercio en 20 años. Pero Bolivia ha elegido el camino opuesto.

¿Puede el Derecho sobrevivir al Estado?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los rasgos más característicos de nuestra época es la muy difundida idea de que el derecho es un conjunto de normas que el poderoso impone al débil. No importa tanto su contenido como el acto de fuerza por el que prevalece; su rasgo característico es la coacción, no la utilidad de las normas. Lo más curioso del argumento es que, al momento que ponen el acento en la irrelevancia de su contenido y en la necesidad de imponerlo por la fuerza, aseguran que el derecho es la precondición de una sociedad libre: sin normas no hay mercado.

En otras palabras, estos teóricos socialistas del Derecho consideran que la sociedad nace de las relaciones coercitivas implantadas por un jerarca supremo. Sin una mente consciente, respaldada por un ejército, no hay normas y sin normas no hay relaciones.

La realidad es bien distinta; la acción humana libre y su propiedad deben marcar el comienzo de todo análisis teórico e histórico. Las relaciones anteceden necesariamente a las normas, de hecho, las normas son fruto de las relaciones. Una norma no es más que una expectativa a que otro individuo actúe de una forma determinada, expectativa que puede surgir de las promesas (ius –derecho en latín- proviene etimológicamente de iurare, jurar) o de las costumbres, esto es, de comportamientos idénticos pasados.

Si la tesis socialista fuera cierta, es decir, si la propiedad privada naciera de un ordenamiento previo estatal, no queda claro cómo ese Estado podría haber llegado a nacer. ¿De dónde hubiera obtenido los ingresos para pagar a los soldados, a los funcionarios y a los jueces, si no existían propiedades que gravar?

En verdad, los socialistas sólo pretenden justificar que la propiedad privada es un privilegio concedido por el Estado a los individuos, gracias a su legislación y a su protección policial y, por tanto, un privilegio que está subordinado a todas las eventualidades y cambios que su garante quiera infligirle.

Pero, como hemos visto, la propiedad privada y la acción humana son necesariamente anteriores al Estado y, cabe decir con certeza, que son la base de todo ordenamiento jurídico. Las normas no crean la sociedad, sino que la sociedad da paso a unas normas en continua evolución. Como dice Paolo Grossi: “La praxis construye día a día su Derecho, lo plasma y lo modifica según las exigencias de los lugares y los tiempos”.

Quienes quieren establecer una tajante distinción entre sociedad y derecho, creando una fuente autónoma de sabiduría normativa, olvidan que impedir a los individuos crear derecho a partir de sus hechos resulta equivalente a impedirles actuar. Un derecho de origen socialista sólo puede terminar en una sociedad completamente reglamentada y esclavizada.

El derecho no es un conjunto de mandatos revelados, sino de prácticas previsibles útiles para alcanzar los fines individuales a través de la cooperación humana. El Estado a través de sus mandatos coactivos sólo desplazada esos lazos voluntarios y cooperativos, destruyendo en la práctica la institución jurídica. De la misma manera que la planificación económica erradica el mercado, la planificación jurídica presente extermina el derecho.

El Estado de Derecho no requiere de un Estado para garantizar un estado (una situación) de derecho. Más bien, podemos asegurar que sólo sin Estado podremos empresarialmente descubrir el mejor derecho.

Y es que, si como hemos visto, la propiedad privada y la libertad son el origen del derecho, resulta iluso creer que un organismo que se asienta sobre la permanente violación de la propiedad privada y de la libertad pueda crear otra cosa que un derecho violentado y corrupto.

Leyes anti tabaco

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

Los adultos españoles somos muy poca cosa. Nuestros cuidadores han decidido que no somos capaces ni tan siquiera de mantener una conversación civilizada para decidir si se fuma o no en una habitación. Han decidido que aquello de “¿le molesta que fume?” nos viene grande; que no llegamos a tanto. Son unos buenazos –¿qué haríamos sin ellos?– y graciosamente han decidido solucionar el tema a la tremenda: aquí no se fuma porque lo digo yo. El truco ya estaba inventado, lo inventaron precisamente los incívicos que hace años (¿siglos, milenios?) no eran capaces de mantener simples conversaciones civilizadas como la que acabo de comentar. Pero ninguno de esos incívicos llegó a esto de “aquí no se fuma en todo el país porque lo digo yo”. Es más, si alguno hubiese llegado a tal extremo, dudo que hubiese tenido el mal gusto de rematarlo con el broche hipócrita que tanto caracteriza a los planificadores sociales: “es bueno para ti”.

Que traten a los fumadores de imbéciles inhumanamente desprovistos del poder de voluntad necesario para dejar el hábito ya es grave. Que nos traten a los “fumadores pasivos” de víctimas incapaces de mantener conversaciones civilizadas para zanjar el asunto como adultos es incluso peor. Después irán los mismos legisladores y sus compinches, gastándose el dinero de los contribuyentes en campañas para promover el civismo por ahí. Pero, ¿qué civismo? Si se empeñan en prohibirnos solucionar los típicos y mundanos problemillas de convivencia como el del humo (o el del idioma), ¿cómo pueden pretender que la gente siga cuidándose de mantener en forma sus hábitos cívicos? Los actos de los legisladores hablan más claro que sus bochornosos cantos de sirena: no te esfuerces en hablarlo con nadie, hablando no se entiende la gente; tranquilo, ya viene el legislador con la solución mágica: prohibición indiscriminada.

Los mandones profesionales nos gobiernan según el principio de que aquellos de nosotros que fuman son incapaces de dejarlo por las buenas. Que, además, esos fumadores son un peligro para sí mismos, o sea, unos irresponsables, y un peligro para los demás, o sea, unos indeseables. Y que los demás estamos indefensos ante el tabaquismo sin la más mínima capacidad negociadora.

Los economistas liberales suelen recordar que cuando un gobierne establece un programa redistributivo quitando a Pedro lo que da a Juan, no es esa la única ni aún la más importante transferencia. La transferencia crucial es que la capacidad de decisión pasa de los ciudadanos a sus gobernantes. Y, desde luego, los muy listos no la redistribuyen. Quien parte y reparte…

Sucede lo mismo con las prohibiciones bienpensantes, como la desastrosa prohibición del alcohol de los años veinte en Norteamérica o la patética lucha contra las drogas de hoy en día. Lo más importante en la vida de una persona es su capacidad para dirigirse a sí mismo. Hay que aprender a elegir un rumbo, a orientarse, a sobreponerse y seguir adelante hasta la meta. La fuente de la felicidad, que no se encuentra en el placer ni en la ausencia de peligros, sino en la plenitud, en el triunfo, resulta inalcanzable cuando las victorias nos vienen dadas. Pretender poner a un tercero al timón de la vida de un adulto es una ofensa al concepto mismo de humanidad. Es posible que con ello se aletargue la existencia del conducido pero la rebelión a bordo es una simple cuestión de tiempo. La libertad más importante es la de errar, sin ella el crecimiento personal no cabe. ¿Es lo que andaban buscando?