Ir al contenido principal

Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Desempleo máximo

Empeorarlo todo para que a aquellos que están empezando les sea más difícil aún encontrar trabajo. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá el próximo año en torno a un 5% (de 513 a 540 euros), tres puntos por encima de la inflación prevista según el gobierno.

Cuando una persona empieza a trabajar, tiene poca experiencia en una tarea determinada en la que quiere desarrollarse, o está poco capacitado para ella (o lo que es lo mismo, muchos otros saben hacerla mejor que el) sólo tiene un recurso para entrar en el mundo laboral, para mejorar y llegar a percibir una mayor renta en el futuro: cobrar poco y aprender mucho. Las razones son evidentes, ninguna empresa quiere a alguien que tenga unos altos costes operativos, sea torpe o simplemente haga las cosas mal como nos ha podido pasar a todos en nuestros inicios. En el libre mercado el menos preparado puede conseguir trabajo, y la forma es eliminando totalmente el SMI.

Imagínese que a algún iluminado del gobierno se le ocurre establecer por ley un SMI de 60.000 euros. ¿Sería esa medida una ayuda a la gente? ¿Abundaría el trabajo para todos nosotros? ¿Encontrarían los menos favorecidos más empleos? Más bien no, lo que pasaría es que sólo tendrían trabajo los grandes directivos, la economía sumergida se dispararía y muchísimos nos quedaríamos en la calle sin ninguna posibilidad de encontrar otro trabajo.

Si para la demanda el SMI es perjudicial, también lo es para la oferta, especialmente para las pequeñas empresas. Imagínese que usted tiene un pequeño quiosco y le ayudan dos chicos. Imagínese que el gobierno de turno impone un SMI que usted no se puede permitir. Evidentemente tendrá que despedir a uno de los dos chicos, a los dos o mantenerlos en la economía sumergida con el riesgo que esto supone para usted. Si usted despide a uno, o a los dos chicos, tendrá que asumir sus tareas sin tener tiempo para hacer otras labores que le podrían beneficiar más en el medio-largo plazo. La calidad de su pequeño negocio bajará y sus ingresos por lo tanto también. Hay un chiste en Estados Unidos (no muy bueno, pero ilustrativo) sobre el SMI, un pequeño empresario (PE) y un joven trabajador (JT):

– PE: Tengo dos noticias para ti, una buena y otra mala. La buena es que han salido los Demócratas y han impuesto un SMI de 600 dólares.

– JT: Vaya, fantástico. Y cual es la mala…

– PE: Que estás despedido porque no me lo puedo permitir.

El SMI es uno de los muchos errores de los políticos. Lo han usado como arma recurriendo a los sentimientos de las personas bienintencionadas durante décadas para conseguir votos sin importarles el bienestar humano. Los políticos no trabajan para el bien común, sino que se ríen de él con mandatos liberticidas como muestran continuamente sus actos. No son las palabras las que nos dicen cómo es una persona o un gobierno, sino sus actos, y cuando el estado no elimina el SMI, su deseo es claro, quiere acabar con el económicamente “débil” para arruinar el futuro económico de la comunidad.

¿Libertad o corrupción?

Definitivamente la corrupción tiene mala prensa. Cuando se descubre a un político, un sindicalista o un empresario corrupto todos pedimos lo mismo: ¡dimisión! Pero la corrupción es un síntoma que muestra que algo funciona mal.

Cuando cayó el comunismo mucha gente lo atribuyó a la corrupción: el “poder” había corrompido a los camaradas. Lo mismo apuntó recientemente Ernesto Cardenal (revolucionario nicaragüense seguidor de la teología de la liberación y ministro de cultura sandinista a principios de los ochenta): “perdimos la revolución por culpa de burócratas corruptos”. El mismo camino está siguiendo Lula da Silva, presidente de Brasil, que tiene el dudoso honor de dirigir uno de los gobiernos más corruptos de la historia de ese país. Incluso en China, donde la corrupción se castiga con la pena de muerte, tienen fuertes casos de corrupción.

¿La corrupción es una enfermedad del socialismo pues? No del todo. La corrupción es un síntoma que nos indica que en ese lugar concreto donde se produce hay una fuerte represión de la libertad. La corrupción nos muestra un exceso de leyes inútiles que enrarecen el buen funcionamiento de los asuntos económicos. La corrupción no se arregla, pues, con más leyes, pues eso sería incentivarla: la corrupción sólo se puede eliminar con más libertad, y eso significa en el mundo de la economía menos poder político y más libertad para el actor económico individual.

En una sociedad altamente regulada, si no hubiese corrupción, las cosas simplemente no funcionarían. Todas las tareas y procesos se perderían en trámites, aumentarían su coste y se crearía un sistema donde una gran parte del beneficio se lo llevaría el auténtico inútil de la sociedad, el legislador y el funcionario.

¿Eso significa que hemos de permitir la corrupción pues? Evidentemente que no, porque ésta es un coste también —aunque menor que las leyes excesivas e inútiles. La solución radica en simplificar las cosas y tener las leyes básicas que permiten la justicia. Y es que incluso las leyes, bajo un sistema de derecho natural ni siquiera hace falta que sean impuestas por ningún estado. Pueden surgir espontáneamente de la sociedad; y de hecho así funcionó en muchos países de Europa (el “boicot empresarial” es el ejemplo más citado). Actualmente también lo podemos ver con el resurgimiento del derecho arbitral y no sólo en el mundo empresarial, sino también particular. Como dijo el economista austriaco Friedrich von Hayek, no hace falta que las leyes estén escritas siquiera, la mínima condición necesaria para que funcionen es que sean aceptadas por la comunidad; y es que si las leyes suponen una amenaza para el bienestar del hombre, como ocurre hoy día, el sistema entero degenera convirtiéndose en un caos. Imponer leyes vanas, triviales o excesivamente duras sólo crea la reacción contraria a la finalidad deseada.

En el campo de la economía, ¿qué podemos hacer para eliminar el sobrecoste de la corrupción? La respuesta es bastante evidente. Quitar regulaciones a las empresas y eliminar todas las organizaciones regidas por los medios políticos que, casualmente, son las más corruptas: sindicatos, patronal, órganos reguladores que sólo actúan en propio beneficio como la CNMV, Dirección General de Seguros, Banco Central…

¿De verdad cree que estos grupos sirven para algo? No se pregunte qué están haciendo por usted, pregúntese qué le están haciendo y cuanto perjudican su bienestar. Probablemente, por la única razón que conozca a esas organizaciones sea, precisamente, por sus escándalos de corrupción y continuas irregularidades.

El riesgo moral de Kate Moss

El reciente despido de Kate Moss por parte de H&M, y otras firmas de moda, a causa de la foto publicada de esta modelo consumiendo cocaína en privado, pudiera contemplarse como ejemplo evidente de riesgo moral entre agente y principal, pero quizá las certezas sobre este asunto – considerando la libertad íntima de Moss por medio– no subsistan con tanta rotundidad.

La literatura económica dice que la relación de agencia se define como un contrato en el cual una persona (principal) recurre al servicio de otra (agente) para que cumpla una tarea en su nombre y provecho, lo que implica que el principal delegue en el agente parte de su actividad. Ambos, principal y agente, maximizan su utilidad individual; no obstante, para el caso que nos ocupa, no es fácil descubrir condiciones de asimetría informativa antes del contrato –pues era conocido en su profesión el agrado de Kate por las drogas– ni después del mismo, considerando tales antecedentes de nuevo expuestos por los medios de comunicación sin que las empresas contratantes pagaran cantidad alguna por investigar el oportunismo de la modelo. Es decir, ni selección adversa ni información oculta se presienten en este asunto.

Además es probable que aquí aparezcan incluso free-riders o usuarios gratuitos que se hayan beneficiado de la información que concluyó en despido. Ningún accionista, que se sepa, decidió costear una comprobación sobre Moss para después no podérsela cobrar al resto de los socios. Como la mayoría de los accionistas suelen pensar de ese modo, nadie practicó el control: los managers fueron los que ejercieron el poder real y decidieron la expulsión de Kate.

¿Luego, de quien deviene el oportunismo? ¿De la controvertida modelo o de los responsables que se atemorizaron ante la noticia y aseguraron sus puestos? ¿No será que el moral hazard debería cambiar de orientación y enfilar contra la actuación directiva? ¿No se han estado beneficiando hasta ahora estas compañías asociando la quebradiza belleza de la top-model con parte de su clientela, compuesta por jóvenes adolescentes en trance de iniciar voluntariamente ciertas experiencias iniciáticas en su vida?

Por otra parte, surge por enésima vez la falsa disyuntiva entre ocio privado y trabajo. Moss y sus excesos no fueron obstáculo para que cumpliera adecuadamente las condiciones de su contrato y no practicó en su asueto daño a terceros. No hubo posibilidad alguna para la disculpa de ella y el perdón de la empresa. Peor para todos. Es más: la táctica de la defenestración acaso anulará la estrategia de la marca. Numerosas consumidoras abandonarán tales productos, hastiadas por la sempiterna hipocresía entre vicio individual/virtud pública que se retroalimenta a sí misma y que acaba derrotando a otra mujer con éxito.

El puritanismo vacuo en los medios y la opinión pública consentidora encuentran tiempo suficiente en reprimir la libertad de hacer cada uno con su mente y su cuerpo lo que le venga en gana. Con seguridad la vida de Kate Moss no es estimulante para muchas personas, más se está emplazando con demasiada rapidez una omnipresente cámara oculta que enfocará severamente las acciones particulares de cualquiera de nosotros.

El error de boicotear Yahoo

Los antiglobis suelen protestar por las condiciones de trabajo que ofrecen las multinacionales en el Tercer Mundo. Al hacerlo ponen el dedo en la llaga de unas vidas duras y difíciles, más allá de lo que consideraríamos aceptable en un mundo occidental que, de puro próspero, ha olvidado lo que es la pobreza. Reneé Zellwegger, en una entrevista con motivo de su última película, recordando su propia infancia, la define como “no tener la libertad de escoger”. No es del todo cierto: un pobre tiene la misma libertad que cualquiera; lo que sucede es que tiene muchas menos opciones donde elegir. Y ahí está el error de los globófobos, que considerando inaceptables las condiciones de un empleo concreto no se plantean qué alternativas reales se tienen en un mundo tan distinto al suyo. Si la protesta más insistente de esos trabajadores explotados es que las multinacionales no amplían sus operaciones y, por tanto, no pueden contratar a sus familiares, me da que es porque el resto de las opciones que tienen ante sí son mucho peores. Porque yo, al menos, creo que ser pobre no es lo mismo que ser idiota.

Quizá los liberales que tomamos la libertad de expresión como un derecho natural e inalienable estemos cometiendo el mismo error. Damos tan por sentada la libertad que disfrutamos en nuestras democracias liberales para expresar nuestra opinión, que no nos damos cuenta de las opciones reales de quienes, como los chinos, viven bajo un totalitarismo represor. Del mismo modo que los trabajadores de los países pobres aceptan con júbilo jornadas de 14 o 16 horas por un sueldo que a nosotros nos parece miserable, al ser su mejor alternativa, ¿no estarán los chinos contentos con Yahoo, Google o Microsoft, pese a las restricciones a la libertad de expresión con las que operan, por ser una opción mejor a las demás?

Se ha comparado, salvando las grandes distancias, el comportamiento de Yahoo con el de IBM durante el holocausto. Sin embargo, no parece que tengan siquiera el mismo trasfondo. Yahoo, como otras multinacionales de Internet, ofrece un servicio valioso para la causa de la libertad de expresión. Es una ventana tapiada por las leyes y los compromisos que le impone el gobierno chino, pero que aún así deja pasar un poco de luz por las rendijas, luz que se extinguiría si nunca hubiesen operado en ese país. Nada de lo que hizo IBM en Alemania fue de utilidad ni ayudó a nadie de ese país más que a su gobierno totalitario. Si IBM no hubiera hecho negocios con los nazis, al pueblo alemán –y sobre todo al judío– le hubiera ido mucho mejor. ¿Puede decirse lo mismo de Yahoo? IBM podría haber alegado en su día, como mucho, desconocimiento de con quien se jugaba los cuartos y del uso final que se haría de sus máquinas. Yahoo, en cambio, puede afirmar que su empresa ayuda a los chinos en la medida en que la dictadura comunista les deja; que por cada Shi Tao hay millones de personas que tienen un acceso al mundo exterior sin precedentes en el país.

No acabo de sacarme de la cabeza que, al final, las protestas contra Yahoo no sean más que una intromisión de ociosos burgueses que, en el fondo, buscamos más sentirnos mejor con nosotros mismos que mejorar las condiciones de la libertad de expresión en China. Ponerse como justiciero, sin costes personales, es tentador para cualquiera. Nuestras protestas parecen tener como único objetivo final el que Yahoo deje de cumplir las leyes chinas cuando éstas amenacen los derechos humanos, lo que conllevaría su probable expulsión del país. No veo qué bien va a hacer a los chinos la reducción de sus opciones, como tampoco qué bien puede hacer a los trabajadores de Nike en países pobres el dejar de tener la posibilidad de trabajar para ella. Tampoco parece que los propios internautas chinos lo tengan claro, pues no tengo noticia de que hayan abandonado en masa los servicios de Yahoo. Mientras no esté clara la parte del plan que va desde la retirada de la multinacional del mercado chino a una mayor libertad de expresión en el país, no veo sentido a hacer campaña contra Yahoo. Tan sólo contra esa dictadura. Como siempre.

Represión y colaboracionismo

El otro día leí en una página web algo bastante gracioso: “el capitalismo crea egoísmo.” Para este tipo de pensadores de domingo el egoísmo es un fenómeno relativamente nuevo, a saber, poco más de 200 años. Es decir, ¡en el siglo XV el egoísmo no existía, el mundo vivía en una especie de Jardín del Edén!

También nos hace cuestionar la vocación de algunos autores anteriores a la era capitalista. Según la versión de este tipo de izquierdistas, Santo Tomás de Aquino no sería un filósofo, ni un teólogo, sino un escritor de ciencia ficción que supo adelantarse 500 años al nacimiento de un sentimiento o comportamiento como el egoísmo. Pero más mérito tendría la figura de Aristóteles, otro escritor de ciencia ficción que se adelantó más de 2000 años.

Es muy común entre algunas personas confundir conceptos. Uno de ellos es egoísmo y utilidad. Incluso la Real Academia de la Lengua define egoísmo como el “inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés, sin cuidarse del de los demás.” Una definición muy descuidada ya que ¿qué significa “inmoderado” y “excesivo”? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Qué significa “atender desmedidamente al propio interés”? Es que si me pongo un abrigo porque tengo frió ¿estoy actuando de forma egoísta, o se puede decir que estoy atendiendo desmedidamente mi propio interés?

Los actos económicos nacen de la utilidad (marginal) de cada persona, y ésta es subjetiva. Usted adquiere algo porque le gusta, y el vendedor se lo vende porque prefiere su dinero, y luego, éste se lo gastará en otra cosa que él valora más. Esto no es egoísmo, sino la satisfacción de nuestras necesidades. Da igual cuales sean porque estamos obrando de forma pacífica y voluntaria con los demás. Las transacciones comerciales voluntarias son todas legítimas, da igual que compremos agua, pan, tabaco, alcohol o sustancias que el estado haya prohibido unilateralmente. No estamos haciendo daño a nadie. Quien intenta impedírnoslo por la fuerza está asesinando nuestra libertad, y es, de facto, un tirano.

Lo que sí es rebuscado y perverso es intentar eliminar la libertad con lemas morales absurdos con el único fin de imponer su moral aplicando la coacción y la fuerza (leyes, impuestos, eslóganes de salubridad…) contra personas que no están cometiendo ningún acto criminal.

Y es que por desgracia todos los bienes son escasos, y de alguna forma hemos de conseguirlos, procesarlos y conseguir un determinado nivel de vida. Si todos los bienes fuesen ilimitados viviríamos en el País de Jauja y los economistas, empresarios, estado… no harían falta (aunque bien analizado, el estado nunca es necesario). Todos tendríamos aquello que quisiéramos sólo con pensarlo. Pero ese momento aún no ha llegado, y por lo tanto, hemos de trabajar y esforzarnos para conseguir lo que pretendemos porque nadie nos lo regalará. Y si realmente hay alguien que nos lo ofrece sistemáticamente gratis, como podría ser el estado, eso significaría que hay otro grupo de personas que son esclavos y nosotros estamos viviendo a costa de su producción. Este sistema negaría la libertad y proclamaría abiertamente la esclavitud.

Esto fue lo que pretendieron los antiguos países comunistas, y esto es lo que está haciendo el actual estado del bienestar. Esclaviza a una mayoría para repartirlo arbitrariamente entre una minoría. Este sistema no sólo vulnera la ética (y ésta, a diferencia de la moral, sí es objetiva), sino que además es un sistema que tiende a la pobreza generalizada; crea ciclos económicos; inflación ya sea haciendo inflar el precio de la mantequilla como el de la vivienda; y dependencia hacia el tirano con subsidios y derechos forzosos.

Egoísmo y capitalismo son dos conceptos que no tienen nada que ver. El capitalismo es el sistema que ha logrado prolongar nuestra vida, que ha logrado que tengamos educación (mala educación si la gestiona el estado), podamos vestir cada día, e incluso que nos podamos permitir lujos como televisores, viajar, coches…

Cuando le digan que el Capitalismo crea egoísmo, responda quién es realmente el egoísta, el que defiende un sistema en el que la sociedad se enriquece de forma voluntaria y pacífica (capitalismo), o el que impone a punta de pistola la moral arbitraria de un sistema ineficaz, obsoleto y ruinoso (estado del bienestar y socialismo).

Economic Liberty, de Harold Cox

Para mí uno de los mayores placeres consiste en pasearme por Charing Cross Road y visitar sus librerías de viejo. Uno no sabe qué puede encontrar, pero siempre tiene la sensación de que hay una joya esperándole. Aquel día se trataba de Economic Liberty de Harold Cox, Longmans, Londres, 1920. Nada sé del autor, aparte de que es autor de este libro.

El segundo capítulo lo dedica a la ética de la propiedad privada, que es ciertamente notable. Comienza reconociendo que el origen de la institución está en la escasez: “Téngase en cuenta que nadie quiere nunca reclamar la propiedad de cosas que existen en más que holgada existencia”. Continúa explicando que “en esencia, la institución de la propiedad es un instrumento que permite al hombre disfrutar de los frutos de su propio trabajo”, lo que a la vez es la razón de su poder creador.

Explica cómo se adquiere la propiedad sobre la res nullius con el trabajo. Luego se puede transmitir por herencia o intercambio. Puesto que “la gente solo puede intercambiar las cosas que posee” y “sin comercio el hombre hubiera seguido siendo por siempre un salvaje desnudo, alimentándose como una bestia”, en consecuencia “sin propiedad el progreso de la humanidad de la salvajería a la civilización hubiera sido imposible”. Por el contrario, es la institución de la propiedad la que ha permitido “la conversión de los cenagales y bosques de nuestra pequeña isla en una tierra de rica agricultura” además de traer “los grandes desarrollos industriales de los últimos tiempos”. Esta relación de la propiedad con el progreso opera por la otra cara de la institución: la libertad. Cox señala que “el progreso implica cambio y a no ser que el individuo tenga libertad de acción, no puede hacer ningún cambio en el estado actual de las cosas y el progreso deviene imposible”.

No solo es el fundamento de la prosperidad y la civilización, sino que está íntimamente unida a virtudes morales: “Habría que añadir que entre las libertades más importantes que asegura la institución de la propiedad es la de ayudar al vecino”.

El objetivo del socialismo, según lo ve Harold Cox, es “la condena de la propiedad sobre el capital”. Pero “es imposible trazar una línea entre el capital y el no-capital”, pues “innúmeros artículos habitualmente en manos de individuos privados por su propio uso, también pueden ser utilizados para la obtención de beneficios y por tanto caer en la condena del capital de los socialistas”. Por eso el destino del socialismo es la condena de toda propiedad, si ha de ser coherente.

Ello tiene una clara consecuencia: “La única alternativa a una sociedad en que se reconoce la propiedad es una sociedad organizada sobre guías comunales”. Esa vida puede ser adecuada para determinadas bestias. Pero choca frontalmente con la naturaleza del hombre, porque él, “es humano y no meramente animal, ha de tener, entre amplios márgenes, la libertad de hacer lo mejor de sí mismos a su propio modo, incluso si en ocasiones abusa de ello”.

Aunque el libro está contiene varios juicios interesantes, uno de los más destacaría es un juicio que hace sobre la democracia moderna: “Las democracias son siempre impacientes. Están influidas por las pasiones del momento y en rara ocasión son conscientes de los hechos del pasado o están alerta de los peligros del futuro”. En consecuencia “hay un constante peligro de que los parlamentos modernos puedan en cualquier momento, en obediencia a una pasajera ola de la opinión pública, eliminar libertades que nuestros ancestros ganaron tras una dura lucha”.

El derecho a la autodefensa

Quizá la defensa ante una agresión es uno de los derechos que los ciudadanos tenemos más regulados y por regulado debe entenderse más restringido. La violencia independientemente de quién la ejerza y en qué condiciones, está mal vista y tanto la educación pública como los medios de comunicación se encargan de mostrárnosla como uno de los peores males que aquejan el mundo, como uno de los jinetes apocalípticos. No es necesario profundizar demasiado para comprender que tras la violencia y las armas se encuentran personas, que son quienes la ejercen. La pistola no se dispara si no hay alguien que apriete el gatillo. Defenderse ante esta situación es un derecho que no debería transferirse a nadie.

El Estado monopoliza, en última instancia, la capacidad de defensa tanto interna como externa. Solo los miembros de los cuerpos de seguridad del estado y de las fuerzas armadas están capacitados para poseer armas sin necesidad de permisos y regulaciones especiales. Sin embargo, un ciudadano debe hacerse con uno de carácter oficial que indique porqué y para qué se va a poseer un arma. Y sin embargo, el mismo Estado que debe cuidar con esmero y eficiencia que tal normativa se cumpla, es incapaz de impedir no sólo que muchos poseedores de armas no cumplan las condiciones mínimas (físicas y psicológicas) que impone, sino que un número nada despreciables de delincuentes puedan poseer un arma ilegal que hacen más dura la vida de algunos. El ciudadano se encuentra indefenso ante este colectivo y la regulación llega hasta el absurdo de que si al defenderse el agredido ocasiona algún daño al agresor, la víctima termine en no pocos casos como agresor y el agresor como víctima ya que el Estado puede estimar de manera un tanto arbitraria que la fuerza usada no es la adecuada.

Si la agresión es externa el asunto se complica. Aunque es difícil que un país europeo y occidental pueda ser invadido por otro hostil, esta situación en la periferia no es descartable. Israel ha vivido muchas veces la invasión de sus ‘vecinos’ musulmanes y algunos de sus habitantes vieron como se convertían en la primera línea de frente. Si no hubieran tenido armas, la situación hubiera sido mucho peor de lo que fue. Es difícil saber cuándo los estados occidentales, europeos principalmente, decidieron que sus habitantes no tendrían la posibilidad de poder defenderse salvo a través de sus fuerzas armadas. Lo que sí está más o menos claro es que un Estado intervencionista teme a una sociedad armada a la vez que ajena a la corrección política.

Las convenciones de La Haya de finales del siglo XIX y principios del XX pretendían establecer una quimera, las leyes por las que se deberían regir los conflictos armados entre países. Los representantes habían reconocido el derecho de los pueblos invadidos a presentar resistencia pero sólo si se constituían en cuerpos organizados identificados como beligerantes. De esta manera, la autodefensa del individuo era eliminada de golpe. En 1899, el representante belga se dirigió a sus colegas en estos términos:

Si la guerra está reservada exclusivamente a los estados y si los ciudadanos son meros espectadores, ¿no quedan así mermadas las fuerzas de la resistencia, no se priva así al patriotismo de su efectividad? ¿Acaso la defensa de la patria no es el primer deber del ciudadano?

No es extraño que los alemanes, que serían tristes protagonistas de los siguientes cincuenta años, se negaran a esta interpretación. Es difícil creer que en esa época se vislumbrara la magnitud del conflicto que se convertiría en la Primera Guerra Mundial pero se empezaron a dar los pasos que conducirían a tal masacre. Los alemanes adujeron que el sistema propuesto por sus colegas belgas derivaría en un reconocimiento internacional de la leva masiva y de la guerra de guerrillas y que destruiría los límites de la guerra, lo que llevaría a la barbarie. Con el tiempo, las tesis belgas perdiendo fuerza y los grandes ejércitos, en manos de gobiernos totalitarios como los alemanes y rusos, generaron algunos de los terrores más horribles que han existido en nuestro planeta.

La cruzada socialista contra el vicio

Los individuos no son más que engranajes o herramientas de esta vasta maquinaria social. No pueden desviarse del camino trazado, pues ello dificultaría la consecución del fin colectivo. Imaginen que un engranaje dejara de girar en la dirección prevista: todos los planes se vendrían abajo.

En cambio, el liberalismo no busca imponer ningún fin social: los individuos deben ser libres para elegir los fines que les harán felices. Si acaso, el único objetivo común al que aspira el liberalismo es, precisamente, que las personas sean libres para marcarse y conseguir sus metas sin extorsionar al prójimo. Los individuos se juntan libre y voluntariamente con quienes consideran más adecuados, en un proceso de cooperación social. Ya no hay engranajes predeterminados: cada cual se inserta en el sistema que considera pertinente.

Por ello la izquierda, a diferencia de la derecha liberal, siempre ha sido inquisitorial (incluyo también en izquierda lo que tradicionalmente se ha conocido como "derecha no liberal", esto es, todo lo que Hayek denominaría "constructivistas", los socialistas de todos los partidos). A través del Estado, clasifican a ciertos grupos sociales como "viciosos", "desviados", "antisociales" o "insolidarios". El fumador es una lacra porque empeora las estadísticas de salud de los políticos; aquel al que le gusta la cerveza es un peligroso paria que encarece la sanidad pública por sus dolencias de cirrosis; el liberal que se opone a los impuestos es un salvaje ácrata que quiere acabar con la sociedad.

Los liberales, por el contrario, pueden despreciar ciertas prácticas de sus congéneres, pero no las reprimirá mediante la fuerza. Los que sean "viciosos", "desviados" o "antisociales" a los ojos de un liberal no corren peligro de ser enviados a campos de reeducación. Mientras no inicien la violencia contra otro ser humano, pueden estar tranquilos de poder continuar con sus actividades.

Y es que entre la izquierda y la derecha liberal aparece una diferencia esencial a la hora de tratar los problemas. Mientras que la izquierda es partidaria de reprimir aquellas conductas individuales indeseables, la derecha liberal recurrirá a la persuasión, la conversación y los lazos sociales para solucionar los comportamientos que le disgustan.

Por ejemplo, un socialista perseguirá al fumador de todas las formas posibles: imponiendo esquelas en los paquetes de tabaco, prohibiendo fumar en los lugares de trabajo, marginándolos en los bares, incrementando el precio de los paquetes o incluso llegando a prohibir el tabaco. Todo ello supone el ejercicio de la fuerza y de la violencia sobre un grupo de individuos.

El liberal al que le moleste que un amigo fume intentará convencerlo para que abandone tal práctica. No lo arrestará y lo recluirá en un centro de desintoxicación; su arma será la palabra insistente. El liberal no reniega de sus juicios morales, simplemente rechaza utilizar la fuerza para imponer su modo de vida.

Hecha esta pequeña digresión, comprenderemos perfectamente que Zapatero es de izquierdas. La subida de impuestos sobre el tabaco y el alcohol se enmarca en un contexto "remoralizador" de la sociedad a través del poder del Estado. La jugada neoinquisitorial es perfecta: anatematizamos a un grupo social, lo agredimos con más impuestos y justificamos esta violencia diciendo que redunda en beneficio de la sociedad y ¡de los propios individuos!

Dice Zapatero que "disuadir del consumo de alcohol y tabaco es de izquierdas". El fin social que nuestro presidente quiere implantar en España es la de una sociedad sana, deportiva, pura y sin vicios. No importa que muchos españoles se sientan felices fumando de vez en cuando un cigarro o bebiendo cerveza en las comidas. La felicidad de cada individuo es irrelevante para el político; sólo su cosmovisión social le resulta relevante.

Eso sí, confundiendo los términos y jugando a la demagogia, nuestro puritano presidente añade: "Lo que el Gobierno ofrece es más financiación, más recursos, y, por tanto, todo el mundo debe entender que debe ser fácil que haya entendimiento y acuerdo".

¿De qué entendimiento habla Zapatero? ¿Acaso tiene pensado preguntar a cada fumador si está dispuesto a pagar más impuestos para financiar la sanidad? Más bien parece que ZP se esté refiriendo a un diálogo con las distintas administraciones autonómicas; pero ¿qué clase de diálogo es ése? Los damnificados por la subida de impuestos no son los políticos autonómicos, sino los ciudadanos de a pie. Como hemos dicho, la izquierda no cree en el diálogo, sino en el uso de la fuerza. A ZP poco le importa que un individuo no quiera pagar más impuestos; no existe diálogo posible: como todo impuesto, será "impuesto" por la fuerza.

Y aquí entra en juego la táctica preferida por los neoinquisidores. El liberal nunca puede defender la imposición y la coacción sobre otros individuos, sin embargo la izquierda se ve "forzada" a hacerlo, ya que la represión se realiza por el bien del individuo. Fumadores y bebedores no saben lo que hacen, son prisioneros de sus instintos y de su adicción; necesitan un empujoncito del poder público para dejar de fumar.

Los fumadores, pues, tendrán que pagar más caro el tabaco que deciden fumar… por su propio bien. Ya se sabe, todos prefieren pagar precios más elevados. Lo que no entiendo es por qué el PSOE no coloca un impuesto sobre las películas de cine español para financiar la sanidad. Al fin y al cabo, los potenciales espectadores también estarán encantados de cubrir ese sobreprecio.

Pero, además, la subida de impuestos encubre una criminalización de los "viciosos". En el fondo, el argumento es: dado que los fumadores padecen más cáncer de pulmón y los bebedores un mayor número de cirrosis, hagámosles pagar más impuestos.

El razonamiento no es descabellado si no fuera porque transmite la idea de que fumadores y bebedores se aprovechan de algo que no es suyo. En realidad, el problema es que el Estado confisca el dinero de todos los españoles para financiar una deficiente y deficitaria sanidad pública. En caso de que el sistema fuera privado, aquellas personas que usaran con mayor frecuencia el sistema sanitario pagarían más.

Claro, la simplista generalización de que "todos" los fumadores usan más la sanidad pública no se mantiene por ningún lado. Los problemas de la sanidad española los ha causado la izquierda al sostener ideológicamente su provisión pública. Siendo ello así, la sobreexplotación del sistema será la consecuencia lógica. Si desligo totalmente el pago de la prestación, nada evitará que agote el sistema. Imaginen que el dueño de un supermercado les quita el 20% de su renta y, a cambio, les ofrece la posibilidad de coger tantos productos como ustedes quieran de los estantes del supermercado. A las pocas horas todos los bienes habrán desaparecido. Si, en cambio, ese canje la realizara un masajista, las colas a su consulta empezarían a multiplicarse.

Combinando estos dos efectos llegamos a la consecuencia natural de nuestra sanidad pública, incapaz de reducir costes y de proporcionar una consulta sin largas esperas.

Los problemas de este modelo de gestionar la sanidad no se resuelven atacando a un grupo de individuos cuyo pecado mortal consiste en no someterse a los parámetros estéticos de la izquierda gobernante, sino devolviendo la responsabilidad a los individuos mediante la privatización del sistema.

Pero ZP ha preferido seguir su política neoinquisitorial de represión a la disidencia para tapar las deficiencias de su ideología socialista. No ha optado por dar mayor libertad a los individuos evitando la subida fiscal y privatizando la sanidad. El fin común sigue siendo la conservación y ampliación del poder, explotando a unos para acallar a otros. En este caso las víctimas han sido los "viciosos" y los "depravados"; mañana puede ser cualquier otro que se oponga a la gran planificación socialista. Usted puede estar entre ellos.

Economía de andar por casa

Pilar Bardem ha dicho que el canon a los CD (y DVD) “reinvierte en la propia profesión, ya que se destina a ayudar a otros actores, a la vez que permite fomentar la cultura por todo el mundo”, y lo que aún es peor y más vil: “el canon resulta beneficioso para los ciudadanos”.

Lo que deduce la señora Barden de su paranormal concepción económica es que las tasas, cánones y demás son buenas porque ayudan al sector. Esto no es nuevo, pero sí una falacia en términos globales. De hecho, esta tesis ya la usaban los “intelectuales” del S. XVI cuando defendían el Mercantilismo (vieja doctrina basada en la supremacía del estado y barbarie proteccionista que duró hasta el S. XVIII) y que ahora la Sra. Bardem quiere reimplantar.

Los liberales rápidamente se mofaron de esa ilusa forma de concebir la economía con una historia. Imagínese que en un bar entra un borracho y, a punta de pistola, le dice al camarero que le dé todo su dinero para gastárselo en alcohol. El camarero, atónito, se opone a la amenaza y el borracho le dice: ¿pero por qué no quieres dármelo? Lo hago por tu bien y por el de tu sector. Mira, parte del dinero que me des me lo gastará en tu bar, y el resto, me lo gastaré en los otros bares y así mantendré vivo el sector de los bares. ¡Te robo por tu bien!

El sistema de la señora Bardem es muy parecido. Y es que ella no puede esclavizarnos, pero el estado sí; por eso le insta a que cree leyes. Ella no intenta ganar nuestro plebiscito como consumidores por medio de su innovación artística, calidad o competitividad, sino que ha visto más fácil recurrir a sus amigos burócratas para que apliquen leyes contra nuestra libertad y dinero y contra la de los empresarios que venden CDs (lo que puede significar puestos de trabajo para ellos).

Y es que un impuesto es un robo. No los pagamos porque queramos, sino por la amenaza de los políticos y el estado. El impuesto puede beneficiar a unos para que vivan mejor, como los actores, pero lo pagarán los que trabajan duro para satisfacernos como fabricantes, vendedores, comerciantes… de productos de reproducción así como los que dependen de ellos. Cualquier impuesto crea pérdidas totales netas.

Señora Bardem, el canon sólo hace que algunos sectores organizados (como su agrupación, AISGE) vivan a expensas de los que no lo están, es decir, a expensas del consumidor y pagador de impuestos. Cuando alguien vive a expensas de otro, a parte de ser un parásito, lo que provoca es que la calidad del producto subvencionado, en última instancia, sea deficiente. Si subvencionamos el cine, ya sea directa o indirectamente, lo que conseguiremos es que una legión de vividores se apunten al carro para hacer cualquier tipo de película y cobrar la subvención. Por eso muchas películas españolas ni siquiera llegan a estrenarse, y cuando más subvencionado está “su sector” peor es su calidad.

Sólo la no–interferencia del estado puede asegurar una buena calidad en las artes. Eso no significa que usted no pueda crear organizaciones en su propio interés, como la AISGE, pero a lo que no tiene ningún derecho es a obligar al consumidor a pagar un sobreprecio por algo que no tiene la culpa y ni siquiera le importa.

Sin intromisiones gubernamentales no se preocupe por las películas o música española, seguirán existiendo; pero al menos, se echará del mercado a aquellos que no tengan el plebiscito del consumidor para dedicarse a cosas que la gente sí valora y necesita. ¿O acaso es esto a lo que usted tiene miedo defendiendo el canon?

La libertad como proceso discriminatorio

La acción humana es la categoría irreductible a partir de la que podemos derivar toda la ciencia económica. El hombre actúa para pasar de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria (en caso contrario no actuaría). A la situación más satisfactoria apetecida la denominamos fin, y al conjunto de etapas que separan la situación actual del fin, medios.

No tiene sentido hablar de acción humana sin hacer referencia a fines y medios. Sin fines el hombre no actuaría (estaríamos hablando solamente de actos reflejos, sin importancia alguna para las relaciones económicas) y sin medios no habría diferencia entre la situación actual insatisfactoria y el fin (de manera que no sería necesario actuar, pues ya nos encontraríamos en la situación apetecida).

Este mismo análisis nos sirve para establecer las bases de nuestra libertad. Si no se nos permiten elegir entre nuestros fines, no somos libres, sino esclavos de quien nos los marque. Así pues, toda acción supone una elección entre los distintos fines humanos. Si no hubiera elección tampoco habría propiamente acción, sino reacción. Perseguiríamos el único fin existente, no tendríamos alternativa.

Toda acción implica elección y toda elección supone forzosamente una discriminación, un juicio valorativo entre los distintos fines. Si eligiéramos sin discriminar estaríamos ante una libertad pervertida; en realidad, el resultado de la elección estaría predeterminado.

De la misma manera, si no nos permiten elegir los medios que juzgamos (a través de la discriminación) más útiles para los fines que ya hemos elegido, no seríamos libres. Primero, porque al imponer los medios estaríamos marcando indirectamente los fines (si no tengo acceso a líquido alguno no puedo saciar la sed); segundo, porque si permitimos al ser humano una discriminación entre un rango de medios menos eficientes (por ejemplo, prohibirle viajar en coche, pero permitirle la bicicleta), provocamos una satisfacción de los fines menos satisfactoria y más costosa.

En otras palabras, no conseguiremos exactamente los fines que nos habíamos propuesto (sino una meta ligeramente similar) y, al ocuparnos un mayor tiempo, tendremos que renunciar a otros fines que hubiéramos satisfecho en ese período (si tardo una hora más en llegar a casa del trabajo, dispongo una hora menos de tiempo para satisfacer mis necesidades). En ambos casos, estamos indirectamente imponiendo o prohibiendo ciertos fines.

La capacidad para establecer nuestros fines sin interferencias ni coacciones se llama libertad de conciencia. La capacidad para controlar y elegir nuestros medios, propiedad privada. Cuando tenemos control sobre unos y otros el ser humano ejerce plenamente la llamada “función empresarial”: buscar los fines más satisfactorios y los medios más adecuados para ellos. Si esa función empresarial es restringida de alguna manera, nos encontramos con una coacción típicamente socialista que obstaculizan el progreso social. El individuo no alcanza los fines más apetecidos y su libertad se ve aplastada por mandatos coactivos que lo dirigen a objetivos no deseados o menos deseados.

De hecho, el comunismo pretendía construir un nuevo hombre. Los fines individuales debían estar sometidos a una supuesta finalidad histórica aprehendida científicamente. Hoy en día el democratismo sustituye este científico fin histórico por el fin del pueblo expresado en las urnas. En cualquier caso, la libertad de elegir los fines y la propiedad privada debe ser eliminada; todo queda subordinado al interés general, cuyo realizador último es el Estado.

Estos mecanismos de control, pues, no han desaparecido en absoluto. Los impuestos nos privan de los medios que necesitamos para alcanzar nuestros fines; la discriminación positiva restringe nuestra capacidad de decisión sobre nuestra propiedad; ciertos tipos de regulaciones nos obligan a perseguir ciertos fines (servicio militar obligatorio) o nos impiden alcanzar otros (prohibición del consumo de drogas).

En cualquier caso, se nos impide discriminar entre fines y medios. El Estado, basándolo en diferentes pretextos, nos impone su elección. Seguimos sin ser libres.