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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Apartheid progresista

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

En una ocasión Luis Napoleón Bonaparte dijo que: “la cantidad de bienes que exporta un país a otro es proporcional al número de cañonazos que se pueden disparar contra el enemigo con honor y dignidad”. De aquí se deduce, evidentemente, que las importaciones son los cañonazos que nosotros recibimos de los otros países. Casi doscientos años después, los proteccionistas europeos siguen pensando igual.

Es lo único que saben hacer bien los políticos y altos burócratas: destruir el comercio y prosperidad de las naciones con guerras comerciales, y también las vidas de las personas con sus políticas exteriores (intervenciones militares, guerras…). No en vano, el brillante economista Ludwig von Mises afirmó que “la filosofía del proteccionismo es la filosofía de la guerra”.

Antes que los gobiernos se entrometiesen en los asuntos económicos las guerras comerciales, tal y como las entendemos ahora, no existían. Efectivamente, la razón por la cual hoy día usted compra más caro en una tienda no se debe al libre mercado, que es casi inexistente (de momento), sino a las peleas internacionales de los políticos. Sus pantalones, sus camisas, sus productos de cocina… son las armas que usan para enriquecerse ellos, y las empresas más ineficientes. El perdedor es el empresario eficiente y el consumidor.

Tenemos esta semana un ejemplo fresco. El 1 de enero de este año entró en vigor la liberalización de productos textiles a nivel internacional. Esto provocó varias consecuencias: que los políticos perdieran una relativa fuerza sobre las actividades económicas, que las empresas ineficientes y obsoletas tuvieran problemas para seguir en el mercado, que los consumidores tuviéramos más productos textiles y más baratos y que las empresas eficientes recibieran más beneficios generando más bienestar. Gracias a esto último, en parte, Zara ha entrado en la lista de las cien mayores marcas del mundo (la 77, y es la única española de la lista).

Pero esto no gustó a los políticos ni a las empresas ineficientes (¡organizadas en lobbies, como no!). Así que decidieron reabrir la guerra comercial perjudicándonos a todos. El pasado mes de junio la UE firmó un acuerdo con China que establecía restricciones hasta 2007 para las importaciones procedentes del gigante asiático. ¿Y cuáles han sido los resultados?:

– Las cuotas anuales de blusas, jerséis y pantalones han sido superadas. Los pedidos de los comerciantes no están en las tiendas, sino en el puerto bloqueadas por el estado.

– También, la demanda ha sobrepasado con creces la cuota fijada para la entrada de ropa de cama, de mesa y vestidos de mujer.

– Y en breve, la cuota anual de sujetadores y camisetas también se superarán.

En el Financial Times varios ministros entrevistados advertían que las “empresas comerciales europeas se enfrentan a la bancarrota o a serias pérdidas financieras. Muchos puestos de trabajo podrían perderse”. Sumémosle algo más, y es que si hay una reducción en la oferta de un bien puede haber un aumento en su precio; lo que significa que el consumidor, nosotros, tendremos que pagar más por la temporada de otoño. También es cierto que el empresario podría absorber la pérdida y mantener el antiguo precio, pero esto llevaría a lo que ha apuntado el Financial Times.

Otra vez, vemos como las políticas intervencionistas de los políticos no son para nuestro bien, sino para el suyo y para sus amigotes (lobbies, sindicatos, patronales…). Las negativas consecuencias del proteccionismo no las pagan ellos, sino nosotros. Quienes perdemos el dinero somos nosotros, por el contrario, los eurócratas se han subido el sueldo este año sustancialmente como gratificación a su “buena” labor. Las guerras de los políticos, en cualquier sentido, siempre son nefastas y desastrosas para todos nosotros.

Tu casa, mis reglas

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Vamos a celebrar una fiesta en nuestra casa, ¿cómo reaccionaríamos si nos obligaran a componer una lista de invitados multicultural o a adaptar las escaleras para los minusválidos? Estamos fumando en nuestra casa, ¿cómo reaccionaríamos si un comensal nos mandara apagar el cigarrillo o exigiera que nos fuéramos a fumar a la terraza?

Incluso algunos apologistas del intrusismo estatal más extremo se escandalizarían ante semejantes propuestas, y sin embargo eso es exactamente lo que ocurre cuando se impide al empresario contratar a individuos en función de su país de origen o su condición sexual, cuando se obliga a los bares y restaurantes a habilitar un espacio para los no-fumadores o cuando se exige que todos los cines dispongan de acceso para minusválidos. La propiedad no es menos privada por el hecho de que vendas en ella un producto o cobres la estancia a los huéspedes, y la discriminación es inherente a la acción humana, pues al elegir siempre discriminamos entre alternativas. La arbitrariedad de estas medidas queda de manifiesto si advertimos que el empresario de un local no puede discriminar a sus clientes, ¡pero los clientes sí pueden discriminar al empresario! Pueden frecuentar una tienda y no otra por los motivos más peregrinos, renunciar a trabajar para un católico por ser musulmanes, regentar un bar donde no hay inmigrantes o no ir a un pub porque su dueño es homosexual. Por otro lado, ¿por qué en un restaurante no pueden discriminar a los no-fumadores (negándoles un espacio exclusivo) y en cambio sí puede discriminar a los vegetarianos (no incluyendo verduras en el menú)?

A cada individuo corresponde determinar con quién desea relacionarse o mantener tratos comerciales, independientemente de los motivos que subyazcan tras esa elección. Es un asunto moral que compete a la persona, no a la ley. Así en el ámbito mercantil el propietario de un negocio tiene derecho a fijar sus criterios de contratación y admisión, que el trabajador y el consumidor son libres de aceptar o rechazar.

Ahora bien, la discriminación por motivaciones meramente racistas o sexistas tiene un precio en el mercado libre: empresarios con más afán de lucro que prejuicios contratarán a aquellos individuos productivos que están siendo excluidos, obteniendo resultados más óptimos que los otros empresarios, que serán entonces desplazados del mercado. Igualmente los empresarios que sólo acepten euros de los consumidores de raza blanca serán relegados por los empresarios que acepten euros de cualquier cliente. Por la misma razón es fútil obligar a los centros comerciales a instalar ascensores y rampas, pues si los consumidores que los necesitan reportan ingresos mayores que el coste de su construcción y mantenimiento, aquellos serán los primeros interesados en ofrecerlo.

Cabe añadir que las regulaciones de índole antidiscriminatoria, lo mismo que las atinentes a la seguridad y la salubridad laboral, suponen un coste para el empresario, que redunda en perjuicio del trabajador. La Americans With Disabilities Act en Estados Unidos, por ejemplo, obliga a los empresarios a ensanchar puertas y cambiar pomos, construir rampas y lavabos especiales, facilitar plazas de parking… Resultado: los empresarios son más reticentes a contratar minusválidos y la tasa de desempleo de éstos ha aumentado en la última década.

Es preciso apuntar también que la integración forzosa no favorece a los discriminados, antes al contrario, pues son vistos como beneficiarios de privilegios estatales y son juzgados más duramente por algunos. No es posible suprimir los sentimientos y cambiar la actitud de las personas por decreto. Por otro lado, en palabras del minusválido anti-estatista Greg Perry: “la asistencia social induce a la gente a mostrar apatía hacia aquellos que necesitan ser ayudados. Ya no hace falta que la gente respete o exprese simpatía por los minusválidos porque el gobierno se ocupa de la compasión.”

El Estado se arroga el derecho a dictar normas sobre la propiedad ajena. Es oportuno remitirle al dicho inglés que reza “my home is my castle” y hacerle saber que en nuestra casa sólo a nosotros corresponde poner las reglas.

ZP y el monopolio de la información

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El pasado 28 de julio fue el día en que se certificó la muerte del tratado de Kioto. Ya nunca volverá a tener la relevancia que tuvo en el pasado. Se acabó. Ocupará un lugar poco digno en los libros de historia, y quedará enterrado como un fracaso de Naciones Unidas. Uno más. El lector se extrañará pensando cómo es posible que no le suene el asunto. Que muy poco de ello haya podido saber por televisiones, radios, periódicos. ¿Cómo es posible, si nos han estado machacando con el dichoso tratado, si nos han intentado producir noches de insomnio culpándonos de un inevitable fin del mundo causado por nuestro inaceptable deseo de vivir mejor? Yo tampoco tengo la respuesta.

Pero vamos al hecho. ¿Qué se produjo el 28 de julio que certificara el fin de Kioto? Un acuerdo firmado entre los Estados Unidos, Australia, China, India, Japón y Corea del Sur, que es muy diferente del firmado años atrás en la ciudad japonesa. El nuevo acuerdo, cuyo largo nombre tiene por acrónimo APPCDC, es de carácter voluntario y abarca a los países que emiten el 40 por ciento de los gases de efecto invernadero. Kioto (que no incluía ni a China ni a India), está basado en reducciones obligatorias de las emisiones. Países como los dos gigantes que acabo de citar, emiten cerca del doble de gases de efecto invernadero por dólar producido, y es por ahí por donde el nuevo acuerdo quiere lograr un desarrollo más limpio. El APPCDC prevé la transferencia de tecnologías limpias por parte de los países desarrollados, a los que lo están menos y usan, en consecuencia, otras más obsoletas. Es una apuesta por la tecnología y el desarrollo económico, opuesta a la filosofía del otro tratado.

El protocolo de Kioto es uno de esos fantasmas que se niegan a aceptar la realidad de su desaparición en este mundo. No es ya que no incluyan a las dos naciones llamadas a ser las primeras contaminantes del mundo, es que tampoco ha sido ratificado por los Estados Unidos. Incluso este país es más cumplidor del tratado que varias naciones europeas que presumen de haberlo firmado, como es el caso de España. No olvidemos que de 2001 a 2004 las emisiones europeas han aumentado un 3,6 por ciento, mientras que las de los Estados Unidos se han reducido ligeramente. Pero ahí sigue el viejo tratado, paseando su espectro por los despachos de políticos y empresarios.

El fracaso de Kioto, no nos engañemos, ha sido político, como política fue su inspiración. La evolución del clima siempre fue una excusa, una tea con la que amenazar conciencias. El objetivo fue siempre otro. Lo explicó claramente Jaques Chiraq en una reunión en La Haya de la Unión Europea: es “el primer paso para un gobierno auténticamente global”. No es el único que lo ha reconocido. Además, el APPCDC no ha pasado por el filtro ecologista de Naciones Unidas y Unión Europea, que han quedado por completo al margen. Este acuerdo podría ser un primer ejemplo de cómo las dos instituciones se pueden convertir en irrelevantes, o más bien de cómo lo son cada vez más. Los ecologistas están que trinan. Ven cómo se aleja el juguete de Kioto con el que deseaban controlar los recursos mundiales, Naciones Unidas mediante. Y comprueban cómo, en contra de sus deseos, hay naciones que han tomado la decisión de seguir creciendo, mejorando el nivel de vida de sus ciudadanos. No es un buen momento para el movimiento ecologista.

Lo que ha triunfado es la concepción de que un medio ambiente mejor solo puede conseguirse por la vía de un mayor desarrollo. Cuanto más ricos seamos, más medios tendremos para conseguir lo que queramos, como por ejemplo reducir las emisiones contaminantes, o las que tengan efectos perversos de otro tipo, como es el “invernadero”. Imponer la pobreza en los países ricos, como quieren los ecologistas, no nos traerá ningún efecto positivo; tampoco en el campo medioambiental.

O te callas o a la calle

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

A comienzos del mes de julio el senado italiano votó a favor de un cambio en el artículo 52 del código penal que modifica radicalmente el tratamiento jurídico de la defensa de la vida y la propiedad privada a través de un fortalecimiento de la legítima defensa. Si la propuesta de modificación termina implantándose supondrá la legitimidad del uso de un arma de fuego o de cualquier otro medio idóneo dirigido contra extraños que se introduzcan en casas o en comercios amenazando la indemnidad de los presentes o los bienes propios o de terceros. La víctima tendrá pleno derecho a su defensa y la de los suyos incluso si el agresor se presentara con las manos vacías. Expresado en román paladino, la iniciativa elimina la exigencia de proporcionalidad en la respuesta a una agresión, idea según la cual uno debe esperar a ver si le atacan con un tenedor para ir a buscar el suyo.

En cualquier sociedad de esta Europa occidental en la que priman más las ayudas y las políticas encaminadas a reinsertar a los criminales que la defensa de los derechos de las víctimas y su justa restitución, una iniciativa como esta se encuentra destinada a levantar ampollas. Italia no ha representado una excepción en este sentido. La propuesta fue sorprendentemente apoyada por todos los parlamentarios de centro derecha aglutinados en torno a la Casa de la Libertad y, como era de esperar, rechazada con gran indignación por todos los parlamentarios de los grupos de la oposición.

Un buen ejemplo de la irritación de la siniestra es la reacción de Guido Calvi, senador de Democráticos de Izquierda, para quien "La ley es una invitación al uso privado de las armas y la transformación de nuestro país en el lejano oeste".

A pesar de lo intuitiva que resulta la sentencia de Calvi, todas las tiranías han dado sus primeros pasos prohibiendo el uso privado de las armas. En 1929 lo hizo la Unión Soviética y comenzó el exterminio de más de 20 millones de desamparados disidentes en menos de 25 años. En 1935 fue China la que prohibió la legítima defensa mediante el uso privado de armas. De nuevo, en poco más de dos décadas serían aniquilados más de 20 millones de chinos. En 1938 Adolf Hitler ordenó aprobar una ley para restringir el derecho a usar armas de manera privada y entre ese año y 1945 más de un millón de indefensas personas serían exterminadas. En cambio, son países tan celosos de la libertad individual como EEUU o Suiza –y hasta hace muy poco Inglaterra y Australia– los que han respetado durante siglos el derecho al uso privado de armas con fines defensivos.

Por otro lado, en los países donde el derecho al uso privado de las armas para la defensa de la vida y la propiedad privada ha sido usurpado, el nivel de criminalidad se ha incrementado dramáticamente. Los ingleses y los australianos vieron con espanto cómo los últimos años del siglo XX se volvían los más violentos de su historia tras quedar monopolizada a manos del estado la defensa mediante armas de la vida y la propiedad privada.

Por último, el salvaje oeste no fue tan salvaje como lo pintan y su lejanía (respecto a las áreas donde actuaban las fuerzas públicas de seguridad) no lo hizo más violento que muchas ciudades actuales. De hecho el nivel de criminalidad en términos relativos de famosas ciudades del Oeste como Abilene, Ellsworth, Wichita, Dodge City, o Caldwell estaban significativamente por debajo de los niveles que hoy en día se dan en la mayoría de las metrópolis del mundo.

Pero ni a Guido Calvi, el perfecto villano de esta película, ni a los demás senadores de la oposición les importarán mucho las razones o los ejemplos que respaldan el respeto del derecho a la irrestricta legítima defensa. Para ellos lo importante es que esa deidad a la que llaman Estado sea la única instancia con capacidad para defender o agredir a los individuos. Los senadores de la Casa de la Libertad tampoco son el Clint Eastwood de la película. Simplemente han eliminado la restricción a un derecho fundamental que nunca debió quedar cercenado en Europa. De haber sido así, el siglo XX hubiese sido mucho menos sanguinario. Y si no, que se lo digan a los suizos que no fueron invadidos por las tropas nacional socialistas gracias al elevadísimo coste que Hitler esperaba tener que asumir para poder dominar una sociedad donde todas las familias están armadas. Tampoco es casualidad que Suiza y EEUU, donde el derecho a la legítima defensa es completo, tengan estados relativamente pequeños en comparación con Europa y que su progreso económico sea muy superior al nuestro. La prosperidad y la paz de las naciones se fundamentan en la seguridad de la vida y la propiedad privada y, sin duda, esta iniciativa es un halo de esperanza que llega desde Italia.

Si apreciamos la seguridad, privaticémosla

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Seguro que estará conmigo en que la seguridad es importante para nosotros. Por esa razón contratamos seguros médicos, nos compramos coches con airbag, protegemos nuestras casas con alarmas, etc. Si la seguridad es tan importante, ¿por qué el estado monopoliza la “seguridad física doméstica” por medio de la policía? Los “agentes del orden” tienen un famoso lema: “proteger y servir”. Pero no dice a quién. La policía está para proteger y servir, no al individuo civil ni a su propiedad, sino al estado.

En una sociedad libre los que nos protegen no tienen más derechos que nosotros. ¿Por qué la policía puede llevar armas a la vista y nosotros no las podemos tener ni en casa para defendernos? ¿Por qué nos pueden parar en cualquier calle y husmear nuestra propiedad? ¿Por qué nos han de marcar con un DNI para identificarnos cuando quieran, o por qué han de marcar nuestra propiedad privada (como las matrículas de nuestros coches)? No es para nuestro bien, sino para el suyo.

Desde el punto de vista económico, usted tiene una escala de valores o preferencias que continuamente está armando según sus perspectivas temporales y recursos disponibles. Su acción económica, en esta relación, es perfecta. Destina el dinero a aquello que más le satisface o mayor utilidad le da. Cuando los consumidores se concentran en un determinado bien o servicio, el empresario se apresura a entrar en este negocio para sacar el máximo beneficio. ¿Por qué ha de ser diferente su seguridad física?

Si usted quiere sentirse seguro y no hay ningún monopolio de ley, es decir, hay libertad absoluta para cubrir ese sector y también hay libertad total de capitalización empresarial, las empresas de seguridad aflorarían de forma inmediata.

Por otra parte, el libre mercado es variedad y diversidad porque es la propia sociedad quien la compone. Seguro que usted, incluso con su mejor amigo, discrepa en muchos temas. En el aspecto económico pasa lo mismo. Hay quien siempre ha de ir con ropa de marca y hay quien se compra cualquier trapo para vestir. En el terreno de la seguridad ocurre lo mismo. Quien tenga la necesidad de mayor seguridad más pagará por ese tipo de servicio y más duro trabajará para conseguirla.

Posiblemente a usted le gusta irse de vacaciones en verano. Y para conseguirlo no duda en trabajar duro y reprimirse de algunas cosas durante el año. ¿Se imagina que las vacaciones se las pagase el estado? A primera vista parece fantástico, pero no iría donde usted quiere, sino donde le dijera el estado. Tendría que amoldarse a sus reglas y normas; y por otra parte, el estado le sacaría el dinero mediante impuestos. El estado crea comisarías y hace circular patrullas, no donde usted lo necesita, sino donde él quiere. No es la policía quien se adapta a usted —el cliente— sino que es usted quien siempre se ha de adaptar a la policía. Además, el estado, con el dinero de sus impuestos, no sólo gestionaría mal sus vacaciones, sino que también pagaría la de aquellos que saben que el “gobierno se las da gratis”. A eso súmele los gastos de intermediación de los burócratas que legislasen “la ley de vacaciones y ocio”, o las propias vacaciones de políticos y resto de funcionarios que tendrían preferencia sobre usted como pasa con la seguridad. Tal aberración no le haría mucho bien a la economía privada: crearía “el monopolio natural de las vacaciones y ocio”, promocionaría la corrupción política, chanchullos, racionalización de bonos para redistribuir las “vacaciones igualitarias de todos”, etc.

La producción de seguridad es un servicio —y un bien en según que aspectos— que la economía privada satisfará mejor que cualquier gobierno. Y además, dejaríamos de ser esclavos de aquellos que conceden más derechos a unos hombres que a otros por el simple hecho de trabajar para el gobierno.

Indefensos por nuestro bien

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Reza un proverbio del viejo oeste que Dios creó a los hombres y Samuel Colt los hizo iguales. El asaltante carece ya de ventaja si el tendero esconde un arma bajo el mostrador, o el violador si la chica oculta un arma en el bolso, o el allanador homicida si la familia guarda un arma en la mesita de noche. Gracias a su revólver, el pasado 3 de junio en Dayton, Ohio, un individuo pudo protegerse de dos maleantes que a punta de pistola le reclamaron la cartera. Acciones defensivas de este tipo se cuentan cada año por millones, aunque jamás se les dedique mención alguna en los telediarios.

Anualmente se cometen en Estados Unidos cerca de medio millón de delitos con armas de fuego. El otro dato a destacar, abandonado con frecuencia en el tintero, es que en más de dos millones de casos se da a dichas armas un uso defensivo, lo que significa que con éstas se previenen muchos más delitos de los que se cometen. De acuerdo con el exhaustivo estudio de Klerk y Getz, en 1993 hubo 39.595 muertes por arma de fuego en Estados Unidos (incluyendo suicidios, accidentes y víctimas de la actuación de la policía). Paralelamente se estima que el uso defensivo de las armas de fuego salvó la vida a 340.000 – 400.000 personas. También cabe apuntar los 280.000 casos en los que se ha hecho un uso defensivo de las armas con respecto a animales agresivos (serpientes, perros, zorros, osos…).

En Gran Bretaña el Gobierno laborista prohibió la tenencia de armas en 1997. De 1993 hasta 1997 el número de robos con armas había caído en un 50%. A partir de 1997 empezaron a ascender los índices de criminalidad: los robos subieron un 45% y los asesinatos un 54%. Los índices de criminalidad también se dispararon en Australia desde la aprobación de medidas restrictivas en 1996. Los robos con armas, por ejemplo, se incrementaron en un 74%. En Estados Unidos, por el contrario, donde el control de armas se ha relajado en la última década, los índices de asesinatos y delitos violentos han ido descendiendo paulatinamente.

Las armas de fuego no matan a la gente, lo hacen las personas. Su tenencia no viola per se la libertad de nadie. Se trata de simples instrumentos, especialmente útiles para defenderse. Y los individuos tienen derecho a defenderse. Restringir la libertad de armas supone condenar a las personas a una auto-defensa más precaria y riesgosa, en beneficio de los agresores. Teniendo el individuo derecho a emplear la fuerza para preservar su integridad física y salvaguardar su propiedad, ¿de dónde se sigue la ilegitimidad de hacer un uso defensivo de las armas de fuego? Resulta de todo punto inaceptable que se apele a la irresponsabilidad de algunos para, con carácter preventivo, despojar a todos de un objeto útil para la auto-defensa y la disuasión. O que se apele a los accidentes y al peligro que las armas suponen para los pequeños cuando son 15 veces más los niños que mueren en accidentes de tráfico y 5 veces más los que fallecen en accidentes de piscina.

Los intervencionistas confunden el propósito de una ley con su resultado. La disyuntiva no está entre una sociedad en la que todos, criminales y gente de bien, están armados y una sociedad en la que todos están desarmados. Ésta es una falsa dicotomía. Cuando es ilícito portar armas sólo los criminales las llevan consigo, pues el delincuente que normalmente no acata la ley tampoco va a hacerlo en esto, mientras que el ciudadano común que sí la respeta va a quedar desarmado. Cuando portar armas es legal entonces las llevan tanto los criminales como los que quieren protegerse de ellos.

Cualquier legislación anti-armas (véase el Reglamento de Armas español) será además forzosamente arbitraria: ¿por qué no se prohíben también los cuchillos de cocina o los bates de béisbol? No es válido argüir que tienen en principio una finalidad “no-ofensiva”, pues ningún objeto es inherentemente “ofensivo” o “inofensivo”. Lo mismo que el bate puede emplearse para agredir a un individuo o para golpear una pelota, las armas de fuego pueden emplearse agresiva o defensivamente. Es la acción humana en particular y no el objeto de que se sirve lo que debe enjuiciarse.

Por último, una sociedad armada es una sociedad más difícil de someter. Dijo Lenin que un hombre con un arma puede controlar a cien sin ellas. En un país como Estados Unidos, donde más de 90 millones de ciudadanos están armados, el Gobierno se guardará de subyugar al pueblo más allá de cierto punto. La libertad de armas puede ser una garantía frente a las inclinaciones totalitarias del Estado.

Ondas públicas, libertad cercenada

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Como apuntara el economista liberal Murray Rothbard, sin imprentas de propiedad privada no hay libertad de prensa. En un escenario en el que el Estado se atribuye la titularidad de todas las rotativas los periódicos no publican lo que quieren, sino lo que los burócratas toleran. Tal es la situación en España con respecto a la radio y la televisión. Así el artículo 43 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que “el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad, gestión, planificación, administración y control corresponden al Estado.” El espectro, se alega, es limitado, motivo por el cual la Administración pública debe nacionalizar las frecuencias y hacerse cargo de su distribución y gestión. ¿Debe entonces nacionalizar también el suelo y adjudicarlo caprichosamente? Bueno, en cierta medida ya lo hace… Pero, ¿desde cuándo el hecho de que un bien sea escaso es una razón para no someterlo al sistema de precios y no la condición sine qua non para estar sujeto al mismo? La función del sistema de precios es justamente la de asignar bienes escasos de forma eficiente. Los bienes tienen precios porque son escasos. La naturaleza de las frecuencias radioeléctricas no comporta aquí dificultades adicionales. Las ondas serían objeto de apropiación de acuerdo con el clásico principio lockeano del “homesteading” o primer usuario: una frecuencia determinada devendría propiedad de aquél que primero la utilizara. Si un tercero interfiriera en su señal estaría violando su propiedad. De este modo, con arreglo al derecho consuetudinario, un tribunal de Illinois resolvía en 1926 un conflicto sobre interferencias radioeléctricas (Tribune Co. v. Oak Leaves Broadcasting Station).

Las causas, pues, que explican la injerencia estatal son en realidad otras: el afán del poder político por controlar los medios y moldear la opinión pública y la demanda de privilegios por parte de ciertas empresas consolidadas del sector. Es ilustrativo el caso de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (antes la Comisión Federal de Radio), nacida en 1927 con el pretexto de poner orden allí donde ya lo había y utilizada por el lobby de la radiodifusión AM para protegerse de la competencia de la FM y la televisión por cable, y luego por el lobby de la AM y la FM para bloquear el desarrollo de la radio por satélite. Los burócratas de la Comisión, mientras tanto, ejercían la censura denegando licencias y renovaciones a varias emisoras que no eran de su agrado. Cuando en 1934 se incluyó entre sus competencias la regulación de la telefonía y el telégrafo quedó patente que el organismo no se creó como respuesta a la limitación del espectro.

En tanto no se ponga término a la titularidad pública del espectro radioeléctrico y se desmantele el actual régimen de concesiones, el Estado seguirá imponiendo barreras de entrada en el sector y asignando frecuencias a discreción, generando escasez artificial y cercenando la libertad de expresión. Hasta que no se privaticen las ondas los burócratas seguirán arrogándose el curioso derecho de concedernos algo que no les pertenece.

Activismo judicial

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El mundo entero prestaba atención el pasado noviembre a los complicados cálculos electorales que resultaron finalmente en una histórica victoria de George W. Bush. Fueron una de las elecciones más decisivas de las últimas décadas. Pero en estos momentos nos encontramos ante una lucha dentro del sistema político estadounidense que podría tener aún mayor importancia, pues sus efectos se extenderán por un período de tiempo más largo. Se trata del relevo de varios miembros del Tribunal Supremo (TS).

Los jueces que ocupan el TS son elegidos de forma vitalicia, por lo que una vez nombrados ya no dependen del favor de los políticos, con lo que se ahorran episodios vergonzosos de nuestro Tribunal Constitucional, como la sentencia de Rumasa. Pero el TS de los Estados Unidos tiene sus propias miserias, que consisten en realidad en una sola: el activismo judicial.

El activismo judicial es la mala práctica de ciertos jueces de retorcer la ley lo que sea necesario hasta hacerla coincidir con su propia ideología. Dadas las formas de pensar de conservadores y progresistas, esa costumbre de tomarse la ley a beneficio de inventario ha sido seguida casi en exclusiva por los jueces progresistas, con la única excepción, aunque importante, del Juez Marshall.

Mientras que los conservadores confían en las instituciones y en el Estado de Derecho, y en consecuencia creen que la opinión personal no debe condicionar la interpretación de la ley, los progresistas ven en la Constitución un obstáculo para alcanzar su arcadia, su sociedad deseada, y creen justificado retorcer la ley con tal de poder interpretarla en coincidencia con su ideología. De este modo se violenta la función de los jueces, que es la de juzgar ateniéndose a lo que dice la ley, no en convertirse en legisladores no elegidos democráticamente. Por otro lado con esa práctica se anula el Estado de Derecho, que se fundamenta, en feliz expresión de Sir Mathew Hale en “el gobierno de la ley, y no el de los hombres”.

Este activismo judicial termina con la certeza en la ley que da sentido y eficacia al Estado de Derecho, porque lo que ocurra no depende de lo que diga la ley, sino de las opiniones personales de los jueces que ocupen el TS. Y, como la letra de la Ley deja de ser importante frente a la decisión arbitraria del juez, se fomenta la actividad de los grupos organizados en torno a intereses concretos, los famosos lobbies, que pueden llegar a ganarse el favor del juez mientras que de otro modo tendrían que limitar sus pretensiones a las que les reconociera la Constitución y la jurisprudencia. El activismo judicial se fundamenta en la arbitrariedad y fomenta el juego de los intereses particulares frente a los generales, que coinciden con una interpretación más justa y estricta de la ley.

En el curso de esta legislatura se retirará, si no lo hace antes la vida, el octogenario William Rehnquist, amenazado por un cáncer de tiroides. Otros dos jueces más podrían dar la oportunidad de renovar el TS. Pero las propuestas de George W. Bush han de contar con el “consejo y el consentimiento” del Senado. Y puesto que se necesita una mayoría cualificada, los 55 senadores republicanos de los 100 que componen la Cámara Alta no son suficientes para respaldar las nominaciones de Bush. Su pretensión consiste en llevar al TS jueces conservadores, es decir, que interpreten estrictamente la Constitución en sus propios términos, mientras que los demócratas quieren que los jueces elegidos se guíen por su propia ideología de izquierdas más que por lo que diga la Carta Magna. Parte del destino de los Estados Unidos depende del intento de George W. Bush por restablecer el constitucionalismo en el Tribunal Supremo.

Ya estamos en 1984

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace poco más de un año IU presentó su propuesta de Estatuto del Periodista (EP), que vendría a desarrollar el artículo 20 de la Constitución, referido a la libertad de expresión e información. De entrada, debería preocuparnos que un partido político que sigue considerando al totalitarismo cubano como su "modelo referencial" redacte una proposición de ley para regular la libertad de expresión en España. Uno creía que el ideal comunista de la libertad de expresión era la mordaza o, directamente, el Gulag. Uno lo creía y, tras leer el Estatuto del Periodista, puede seguir creyéndolo a pies juntillas.

Lo sorprendente no es, pues, que IU redacte una proposición inspirada en la censura cubana y venezolana, sino que el PSOE, ese partido de izquierda supuestamente moderada, dé el visto bueno al Estatuto del Periodista sin modificar ni una coma.

El objetivo del EP es instituir "un organismo público, corporativo o sindical" que acredite "la condición de periodista profesional mediante la expedición de un carné". Eso sí, para dejar claro que el EP no supone excluir "del ejercicio profesional a aquellos que carezcan de la habilitación necesaria", los impulsores del texto matizan rápidamente: "La adopción de este Estatuto tampoco supone la exigencia de una habilitación previa para el ejercicio de un derecho que a todos corresponde; simplemente, la invocación de unos derechos profesionales específicos pasa por la acreditación de esa profesionalidad".

Como ahora veremos, esta declaración de buenas intenciones es falsa y esconde, precisamente, una censura de mucho mayor calado. Todo ello, a través de cuatro instrumentos: el director, el Comité de Redacción, el Comité de Información y el Código Deontológico.

El director

El artículo 2 del EP asegura que "la condición de periodista profesional se acredita mediante el correspondiente carné expedido por el Consejo Estatal de la Información o sus equivalentes autonómicos"; carné que "se renovará periódicamente".

Sin embargo, el párrafo 2 del artículo1 deja claro que esa acreditación no interferirá en el ejercicio del derecho a la información por parte de los no profesionales. En principio, pues, pareciera que la única virtualidad del carné fuera una especie de bendición estatal sobre quien es periodista "profesional". Al fin y al cabo, nada impedirá a quienes no tenga carné trabajar para un medio de comunicación. ¿Qué más da, en definitiva, que uno sea tildado de periodista “profesional” o de periodista "no profesional", si su libertad de expresión resulta equivalente?

Pero los neoinquisidores no dan puntada sin hilo. El carné no tiene utilidad sólo en apariencia (una interesada apariencia, cabría añadir, para encubrir sus auténticas intenciones). Cuando avanzamos hasta el artículo 21, ‘De los Directores’, nos enteramos de que "al frente de los medios informativos, esto es, publicaciones, programas audiovisuales y páginas o sitios en la red de carácter periodístico estará un director"; y ¿quién puede ser director? El EP lo deja claro: "El director ha de ser periodista profesional acreditado como tal".

En otras palabras, el EP se asegura que al frente de cualquier medio de comunicación se sitúe un periodista de carné, un periodista que habrá obtenido la aprobación estatal. Notemos, además, que en la definición de medios de comunicación se incluye "páginas o sitios en la red de carácter periodístico". ¿Qué sucederá con las bitácoras de opinión e información? ¿Necesitará cada bitácora un director (periodista de carné)? En caso de que no lo consiga, ¿deberá cerrar la bitácora?

No sólo eso. El de director no será un cargo meramente honorífico: según el EP, "el director tiene la última palabra sobre los contenidos informativos y puede ejercer el derecho de veto sobre los mismos". Por tanto, los periodistas afines al poder político podrán controlar toda la información que sea emitida en este país.

Parece claro que los neoinquisidores izquierdistas, después de haber perdido la batalla ideológica en Internet, están dispuestos a ganarla mediante la fuerza policial y la censura.

Los Comités de Redacción

Según el artículo 22, los Comités de Redacción son "cauce de participación de los periodistas en la orientación editorial", y estarán presentes en toda empresa que cuente con más de ocho periodistas. Por lo tanto, tenemos claro que los Comités de Redacción estarán presentes en casi todos los grupos de comunicación y podrán influir en la línea editorial.

Aunque, en principio, los Comités sean elegidos "por todos los miembros de la Redacción", los sindicatos tendrán un papel preponderante en el procedimiento, ya que "trabajadores y empresas deberán acordar en Convenio Colectivo la constitución, composición y competencias de los Comités de Redacción" (art. 23).

Esto implica una más que evidente infiltración, e incluso dominio, sindical de estos Comités que, en buena medida, socavan la línea editorial del medio de comunicación.

Pero los despropósitos no terminan aquí. El último párrafo del artículo 24 resume la naturaleza auténticamente chekista de estos organismos: "Los Comités de Redacción informarán anualmente sobre el grado de cumplimiento del Código Deontológico, cuya difusión por el correspondiente órgano informativo será obligatoria cuando así lo solicite el respectivo Comité".

Más adelante explicaremos las características de este Código Deontológico, una afrenta fascistoide a la libertad de expresión. Valga, por ahora, tener en cuenta que la misión de estos Comités será la de actuar como chivatos ante los políticos, y que denunciarán a todos aquellos periodistas disidentes que incumplan las normas de buena conducta. ¿Qué ocurrirá si un periodista tiene una actitud particularmente contraria a los sindicatos o al Gobierno? ¿Acaso alguien duda de que este Comité servirá para legitimar la represión política?

El Consejo de Información

Ahora bien, ¿quiénes serán los encargados de ejecutar las sentencias condenatorias de los Comités de Redacción? Evidentemente, si se hubiera encargado esta labor al Gobierno, el grado de corporativismo mussoliniano hubiera sido demasiado indisimulado. En su lugar, el Gobierno crea los denominados "Comités de Información".

El artículo 25 sanciona la creación del Consejo Estatal de Información con la orwelliana declaración de intenciones de "promover los derechos a la libertad de expresión e información y de modo específico el derecho del público a recibir información y los derechos profesionales declarados en este Estatuto".

Este Consejo de Información estará compuesto por 22 miembros, de entre los que cabe destacar, por su obvio sesgo, los 8 periodistas elegidos por el Congreso y el Senado (y ya saben cuál es el único grupo mediático en España con periodistas de suficiente solera socialista como para ser elegidos) y los cuatro miembros de las centrales sindicales. Por tanto, podemos augurar una mayoría estable de la izquierda en semejante Consejo censor. En otras palabras, la misma izquierda que promueve la creación del Estatuto censor para el periodista se asegura las mayorías necesarias en los órganos ejecutores.

Este consejo actuará en pleno y a través de tres comisiones, "de Acreditaciones, Deontológica y de Estudios". La de Acreditaciones será la encargada de expedir los carnés de periodista, y la de Estudios realizará una serie de informes anuales sobre el estado de la supuesta libertad de expresión en el sector.

Con todo, el corazón censor del régimen se ubicará en la Comisión Deontológica, la encargada de establecer las sanciones que contempla el EP en su artículo 10. Podrán ser leves o graves, atendiendo al grado de violación del Código Deontológico. Las sanciones abarcarán desde el escarnio público hasta una multa a la empresa de comunicación de hasta el 10% de sus beneficios, pasando por la retirada del carné de periodista.

El Código Deontológico

El EP incluye, pues, en su anexo un Código Deontológico, auténtico recopilatorio de la neoinquisitorial moral socialista, que limitará la libertad de expresión de todo periodista. Cualquier vulneración de este código, como ya hemos visto, podrá ser denunciada por los Comités de Redacción (esto es, una Gestapo descentralizada) ante la Comisión Deontológica (que realizarían la función de las SS).

El mentado código moralizador incluye 14 puntos; algunos de los cuales integraban ya nuestro ordenamiento jurídico (por ejemplo, respetar el honor, la intimidad y la imagen de un tercero), pero otros, como las que ahora señalaremos, suponen una clara restricción a la libertad de expresión.

El punto 2 considera un deber ético "difundir únicamente informaciones fundamentadas y contrastadas". ¿Considerará el Gobierno que las investigaciones de El Mundo sobre el 11-M están suficientemente "fundamentadas y contrastadas"?

El punto 9, por su parte, ordena "no aceptar retribuciones de terceros por publicar informaciones u opiniones". ¿Qué ocurrirá con aquellos periodistas que, a su vez, formen parte de alguna fundación con una marcada ideología y de la que estén percibiendo una renta?

Y, por último, el 14 dictamina "actuar con especial responsabilidad y rigor en el caso de informaciones u opiniones con contenidos que puedan suscitar discriminaciones por razón de sexo, raza, creencias o extracción social y cultural, así como incitar al uso de la violencia". En otras palabras, se acabó criticar al fundamentalismo islámico. La Comisión censora al servicio de la Alianza de Civilizaciones de ZP. Los críticos con la conciliación universal de las culturas bajo la rúbrica del estatalismo de la ONU deberán ser convenientemente acallados.

Conclusión

Como vemos, el EP construye un entramado burocrático destinado a controlar la libertad de expresión de los periodistas. Este control se torna particularmente preocupante en el caso de los nuevos medios de comunicación a través de internet, el espacio que, por ahora, la izquierda no ha sido capaz de someter y que, por tanto, más está ayudando a difundir el liberalismo. A través de la figura del director y del carné, del control endogámico de los Comités de Redacción y de la Comisión Estatal de Información y de las sanciones derivadas del incumplimiento del Código Deontológico se institucionaliza una completa Ley Mordaza sobre los individuos.

Se trata de una ley de corte fascista, promovida por sus hermanos mellizos, los comunistas de IU. Sin lugar a dudas, a día de hoy, la más grave amenaza para la libertad de expresión en España.

El fumador, lacra de la sociedad

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Al fumador se le ha intentado atacar desde diversos ángulos: por su propio bien, por el de los potenciales fumadores pasivos y por el de la comunidad (si nos fijamos, el perjuicio ocasionado por el fumador se va extendiendo cada vez a mayores ámbitos: el fumador, su entorno y la sociedad). Conviene, pues, dar un tratamiento diferenciado, ya que en cada uno los conflictos morales toman un cariz distinto.

El individuo

Los neoinquisidores gubernamentales focalizan su primer objetivo en salvar al fumador de sí mismo. Fumar mata, por tanto, quien decide fumar es un inconsciente suicida.

En realidad, el asunto no está tan claro. Vivimos en una época en que la ciencia ha sustituido la búsqueda de la causalidad por la casualidad; en otras palabras, en lugar de intentar averiguar la razón por la que fumar provoca cáncer, los científicos se han dedicado a recopilar estadísticas de gente que fumaba y gente que ha muerto por un cáncer presuntamente generado por el hábito de fumar.

No obstante, aun así es dudoso que los resultados avalen al Gobierno. En muchos casos se están forzando los datos para hacerlos coincidir con la prescripción política; o, como hace años aconsejó el ministro de Sanidad canadiense, Marc Lalonde: "Los mensajes sanitarios deben ser altos, claros e inequívocos aunque no estén respaldados por evidencia científica".

Así, valga como llamativa referencia, Japón es el país que más cigarros consume per cápita (y es que el 59% de los varones japoneses son fumadores), y sin embargo, según el Banco Mundial, tiene una de las tasas de muerte por cáncer de pulmón más bajas del mundo (por no hablar de su extraordinaria esperanza de vida). Para profundizar en el incorrecto tratamiento estadístico recomiendo la lectura de In defense of smokers, de Lauren A. Colby.

Por otro lado, incluso suponiendo que, efectivamente, exista un nexo entre el tabaco y el cáncer de pulmón, no queda claro, ni mucho menos, que todas las consecuencias del tabaco sobre el organismo sean nocivas. Así, se conoce que estimula la atención, la destreza y la capacidad cognitiva. Además, tiende a equilibrar los ánimos: estimula a los depresivos y calma a los sobreexcitados (en concreto, rápidas y cortas caladas sirven para estimular, y largas y cortas para calmar). No sólo eso: la tasa de alzheimer, de párkinson, de cáncer de colon o de próstata entre los fumadores es un 50% inferior a la de los no fumadores. En otras palabras, corresponde a cada persona elegir ante qué riesgos quiere exponerse.

Pero aun suponiendo que el tabaco fuera altamente perjudicial y no tuviera efectos salutíferos en otros ámbitos, la elección correspondería por entero al individuo. Cada persona deriva una satisfacción peculiar del hecho de fumar. Los seres humanos asumen riesgos para emprender acciones que les agradan: algunos tienen una vida muy sedentaria (pese al riesgo de problemas cardiovasculares futuros), otros se recorren medio mundo con el automóvil (pese al riesgo de accidente) y otros practican el puenting (pese a los indudables riesgos asociados).

Lo importante en cada actividad es que el individuo asuma la responsabilidad de sus consecuencias. Sería absurdo, en el caso que nos ocupa, endosársela a las compañías tabaqueras, ya que la decisión de consumir tabaco siempre partió del propio fumador.

Sigamos el razonamiento totalitario de los neoinquisidores. Si el Gobierno debe prohibir lo que es malo para la salud, ¿debe imponer lo que es bueno?

¿Y por qué detenerse en cuestiones biológicas? Realmente, el Gobierno podría imponer la lectura de las obras completas de Marx, Lenin o Keynes, porque, desde su retorcida perspectiva, son buenas para nuestra "salud mental". ¿Y por qué no prohibir la lectura del liberalismo, si, según la izquierda, promueve valores egoístas, insolidarios y cuasi fascistas? Cada persona debe ser responsable para decidir qué es bueno y qué malo para sí misma. Si delegamos esa decisión en el Gobierno –como algunos socialistas de diversos partidos promueven– estaremos cayendo en un sistema totalitario.

El entorno

Los neoinquisidores también suelen perseguir a los fumadores por el supuesto perjuicio que ocasionan sobre los no fumadores, esto es, sobre los fumadores "pasivos". Así, consideran que los no fumadores padecen un cáncer sin haberlo deseado, y por ello la cruzada contra el tabaco queda suficientemente justificada. Supongo que el siguiente objetivo de los neoinquisidores será oscurecer el Sol, habida cuenta de que el cáncer de piel es tan poco deseado como cualquier otro, si bien bastante más frecuente.

En realidad, el problema que se plantea con las personas del entorno es uno de derechos de propiedad. Cierto es que el no fumador no puede evitar inspirar el humo "si está al lado de un fumador", pero sí puede evitar estar al lado. ¿Quién tiene preferencia para habitar un concreto espacio físico, el fumador o el no fumador? ¿El rubio o el moreno? ¿El aficionado al fútbol o a melómano? Ninguno. La característica concluyente no son unas pautas de comportamiento determinadas, sino la adquisición de una legitimidad previa para ocupar un espacio físico. Ni el fumador ni el no fumador: el propietario.

Si el propietario permite fumar en su propiedad, el no fumador deberá adaptarse a semejante situación: o soportará el humo o no entrará. De la misma manera, si el no fumador prohíbe fumar en su propiedad el fumador deberá acatarlo: o no fumar o quedarse fuera.

Esto es especialmente relevante en los llamados "espacios públicos", como bares o lugares de trabajo, que no dejan de ser propiedades privadas. El individuo que decide entrar a trabajar en una empresa donde fumar está permitido lo hará, probablemente, porque podrá obtener un salario mayor que en sus restantes alternativas (en caso contrario, simplemente trabajaría en una empresa donde estuviera prohibido fumar). Similar reflexión es aplicable para el fumador que decide trabajar en una empresa donde tal hábito no está permitido.

De la misma manera, los bares y restaurantes que permitan fumar (o aquellos donde esté prohibido) experimentarán probablemente una reducción en el número de sus clientes potenciales. Se trata, simple y llanamente, de una decisión empresarial para especializarse y atender a un sector particular de la población. Algunos fabricantes de muebles se centran en el diseño juvenil, cierta literatura está reservada para personas cultivadas, hay bares donde se promueve la presencia masiva de homosexuales.

El mercado no es inflexible para adoptar ninguna de estas decisiones, ¿por qué, entonces, la imponen los burócratas neoinquisidores? ¿Por qué bloquean la gestión empresarial? Uno tiende a pensar que nuestros políticos derivan un sádico placer del dirigismo y la represión. Sólo así se explican muchas de sus decisiones.

Mención aparte merece el caso de la propiedad pública: hospitales, colegios o parques. ¿Debería poderse fumar en ellos? Tal cuestión no puede resolverse. Ni los hospitales, ni los colegios ni los parques son propiedad de nadie. El Estado se los ha apropiado de manera ilegítima (a partir de unos fondos –impuestos– que no le pertenecen). Cualquier decisión que tome será arbitraria y dañará o bien a los fumadores o bien a los no fumadores (quienes, según la falsa retórica del Estado, son sus verdaderos propietarios). Es, precisamente, en estos casos donde se refleja con mayor intensidad la inconsistencia de la propiedad pública y su incapacidad para tomar decisiones satisfactorias. Un motivo más para que desaparezca totalmente.

La comunidad

El último argumento de estos moralistas de la nada es que los fumadores perjudican a la sociedad. ¿Razón? Los gastos sanitarios adicionales detraen recursos que podrían utilizarse en otros fines.

En 1991 Willard Manning realizó un estudio sobre la contribución de los fumadores a la sociedad. Manning llegó a la conclusión de que los impuestos especiales pagados por los fumadores prácticamente doblaban el gasto específico sanitario. De la misma manera, si los fumadores morían antes que los no fumadores, el Estado también se ahorraba un considerable montante de dinero destinado a pensiones.

Con todo, aun cuando la contribución neta de los fumadores en términos fiscales fuera negativa, el problema residiría en el obsceno sistema sanitario socialista, donde se paga no por el uso, sino por pertenecer a una comunidad. Si la sanidad fuera privada cada fumador costearía las expensas adicionales él sólo. Los costes "adicionales" no deberían ser soportados por el resto de la población.

Pero la hipocresía principal consiste en que el mayor enemigo que tiene la sociedad, el Estado, se convierta en ortodoxo martillo de herejes. El Estado ha sido el mayor asesino, expoliador, represor y productor ineficiente que ha conocido el siglo XX. El grupo social que impone costes más gravosos al resto de los individuos no es el de los fumadores, sino el de los políticos.

Es particularmente grotesco que un conjunto de chupasangres apunten a los fumadores como enemigos de la sociedad. Y es que, sin salir del tema, habría que preguntar a los políticos quién promueve las onerosas y neoinquisitoriales campañas antifumadores, quién subvenciona el cultivo de tabaco o quién, por ejemplo, ha estado promoviendo durante décadas la venta de tabaco desde el monopolio público de Tabacalera.

Conclusión

La actual cruzada contra los fumadores no es sólo inmoral, sino profundamente hipócrita.

Inmoral, porque cada individuo debe ser libre para decidir qué estilo de vida seguir; ese estilo de vida, obviamente, queda limitado por la injerencia en la libertad ajena, que sólo cabe advertirla cuando se produce una violación de la propiedad privada. La propiedad privada separa las agresiones legítimas de las ilegítimas; el Gobierno no debería imponer a ningún propietario –y ello incluye a los dueños de bares y restaurantes, y a los empresarios– qué comportamientos son admisibles en su dominio.

Hipócrita, en tanto se está ejecutando desde las burocracias estatales y europeas una campaña para estigmatizar al fumador como una especie de enemigo de la sociedad que eleva el número de cánceres y los costes de la sanidad (si bien aumentan continuamente los impuestos especiales sobre el tabaco, ante la expectativa de que la demanda no se reduzca y la recaudación se incremente). Lo cierto es que el principal enemigo del ser humano es el poder coactivo estatal que ostentan los políticos. Nadie ha asesinado y ha elevado más los costes de la sanidad (y de cualquier otra actividad donde haya intervenido) que el Estado.

La persecución de los fumadores es la antesala de una moralización represiva más amplia de la sociedad. Es un ataque frontal a la libertad individual. Los conflictos no se plantean entre fumadores y no fumadores, sino entre libertad y política. Sólo cuando la segunda sea eliminada podrá prevalecer la primera. También en el artificial conflicto del tabaco.