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Cómo se armonizan las sociedades por medio de las transacciones en el mercado

Escrito por Foundation for Economic Education en junio 17, 2023. Publicado en Análisis diario.

Julan Omir Aldover. Este artículo fue originalmente publicado en FEE.

Cuando la gente oye la palabra “beneficio”, a menudo le vienen a la mente connotaciones negativas. Para muchos, los beneficios son fruto de la codicia material, emblema de la desigualdad y del mal estado de la naturaleza humana. Los distintos segmentos de la sociedad casi coinciden cuando se les pregunta por la naturaleza de los beneficios. Es una “palabra sucia”, como declaró el primer Primer Ministro de la India, Jawaharlal Nehru. Los medios de comunicación rara vez describen los beneficios como algo más que un margen sobre el coste, y los expertos se apresuran a demonizar a cualquier empresa que obtenga más de un margen de beneficio “razonable”.

Los políticos están en contra de los beneficios… ajenos

Los políticos son un ejemplo notorio de esta mentalidad. La demonización de los beneficios es un garrote conveniente para blandir contra el sector privado. Desplaza la culpa de las malas políticas del gobierno. Por ejemplo, cuando Estados Unidos salía de una alta inflación, algunas de las élites políticas del país se apresuraron a acusar a las empresas de “price gouging”, la práctica de subir los precios por encima de lo “justo”.

No importan los datos. Ignora los aumentos de la oferta monetaria y deja de lado los problemas de la cadena de suministro. Es mucho más fácil culpar a empresas y negocios. Estas entidades se mueven por el interés propio, que se considera intrínsecamente malo. “Denos más poder y nos aseguraremos de que estas empresas nunca obtengan beneficios a expensas del público”, es lo que se dice. No se trata de un fenómeno exclusivo de Estados Unidos; se pueden establecer paralelismos con la retórica utilizada por los políticos filipinos durante los recientes fiascos del azúcar y la cebolla. Al diablo con la economía. Los políticos tienen a su hombre del saco favorito y lo exprimen al máximo.

El beneficio, como garante de la calidad

Contrariamente a las connotaciones negativas, ningún otro mecanismo suscita intenciones más genuinas que el afán de lucro. Dejemos momentáneamente de lado las complicaciones de la sociedad moderna y pensemos sólo en una simple comunidad en la que somos vecinos enemistados. En esta comunidad, tenemos roles adicionales. Yo soy un vendedor y tú eres un comprador. Como quiero tu dinero, te ofrezco mi producto.

Dada nuestra historia de animosidad, es posible que tengas recelos sobre la calidad y seguridad del producto. Tal vez le preocupe su calidad o sospeche que lo he manipulado de algún modo para ponerle en peligro. Sin embargo, también sabe que soy codicioso. Sabe que me interesa convertirle en un cliente habitual. Al fin y al cabo, para que vuelva, su dinero sigue en mis manos. Teniendo esto en cuenta, puede estar seguro de la integridad del producto. Sabe que mi deseo de obtener beneficios es genuino y que nunca comprometeré el producto para su insatisfacción, ya que eso ensuciaría nuestra relación comercial. Por lo tanto, usted compra mi producto.

Esto es una simplificación excesiva de cómo la codicia actúa como garante de la integridad y la calidad. El mundo real nunca es tan sencillo como lo pintan, y la codicia puede conducir a malos resultados según las circunstancias.

El mercado convierte los “vicios” en virtudes

Sin embargo, ese sencillo escenario demuestra cómo el sistema de mercado aprovecha lo que generalmente se considera malo para convertirlo en una fuerza del bien. La codicia, por sí misma, es un vicio de carácter. Sin embargo, en un mercado libre apoyado por el marco jurídico y político adecuado, se convierte en el motor de la satisfacción del consumidor. A través del beneficio, las personas se ven incentivadas a utilizar sus facultades para satisfacer los deseos y necesidades de los demás. En un mundo en el que el único incentivo para producir sea la gratitud y la buena voluntad, no se producirá mucho. Un mundo así no existe o, si existe, no puede sostener civilizaciones durante largos periodos de tiempo.

La salvedad aquí es el marco de las leyes. La codicia puede utilizarse para el bien cuando los medios para satisfacerla pasan por satisfacer los deseos de los demás. Sin embargo, si el entorno político y jurídico permite que la codicia se satisfaga de formas menos deseables, puede ser perjudicial para la sociedad.

Codicia y política

La búsqueda de rentas, por ejemplo, se refiere al aumento de la riqueza propia sin contribuir a la sociedad en general. Este fenómeno se da a menudo en el ámbito político. Las empresas que presionan para obtener protecciones arancelarias y barreras contra la entrada de nuevos competidores en el mercado obtienen estos beneficios sin contribuir demasiado a la economía. También pueden sobornar a burócratas y políticos a cambio de beneficios especiales y dádivas.

En estos casos, las empresas satisfacen su codicia no aportando a la sociedad, sino a través del chanchullo y la corrupción. Representan un lastre constante para la economía que provoca un embotamiento persistente del crecimiento. En estos entornos, la codicia se convierte en una herramienta para engordar los bolsillos de políticos y empresarios por igual. Para fomentar la codicia como fuerza del bien, las reglas del juego deben ser equitativas y no dar lugar a prácticas desleales.

Una fuerza universal

La codicia sustituye a la confianza como garante de la integridad y la calidad, pero sería un error decir que la codicia es mutuamente excluyente de la confianza en el mercado. Es más exacto decir que la codicia sirve de base a la confianza y que existe simultáneamente con ella una vez establecidas las relaciones comerciales. Un comprador en un país extranjero sólo tiene el respiro de la codicia como garantía de que lo que se le vende cumple unas normas mínimas de calidad. Tras múltiples transacciones con el vendedor, se forma una confianza entre ambos, en la que coexiste la codicia.

Sin embargo, mientras que esta confianza puede ser exclusiva entre una pareja de comprador y vendedor, la codicia es un presupuesto universal que impregna la totalidad del mercado. La confianza se construye a través de una serie de transacciones satisfactorias entre un comprador y un vendedor, mientras que la codicia es una constante entre todos los vendedores, un hecho comprendido por todos los compradores.

Asambleas pacíficas y libres

La historia ofrece un ejemplo perdurable de cómo se construye la confianza en la búsqueda del beneficio. Al describir la Bolsa de Londres, el filósofo francés del siglo XVIII Voltaire escribió:

Entrad en la Bolsa de Londres -un lugar más respetable que muchos tribunales- y veréis a representantes de todas las naciones reunidos para la utilidad de los hombres. Aquí el judío, el mahometano y el cristiano tratan entre sí como si todos fueran de la misma fe. Y sólo aplican la palabra infiel a las personas que se arruinan. Aquí el presbiteriano confía en el anabaptista y el anglicano acepta una promesa del cuáquero. Al salir de estas asambleas pacíficas y libres, unos van a la sinagoga y otros a tomar una copa. Éste va a bautizarse en un gran baño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A aquél le cortan el prepucio a su hijo y le musitan unas palabras hebreas que no entiende. Otros van a su iglesia y esperan la inspiración de Dios con el sombrero puesto. Y todos contentos.
Voltaire

Considerar el beneficio y el libre mercado como un juego de suma cero ignora que las transacciones de mercado sólo se producen si los resultados son mutuamente beneficiosos para ambas partes. Dado que la obtención de beneficios es el objetivo universal de los vendedores, éstos se movilizan en torno a la satisfacción de los deseos y necesidades de los consumidores. Las historias de conflicto y las culturas contradictorias se dejan de lado por la búsqueda del beneficio en el mercado. Las sociedades se armonizan mediante transacciones de mercado basadas en el aprovechamiento de los deseos insatisfechos. Sin el incentivo del beneficio, la civilización vuelve a un estado en el que la única confianza que se establece es con los propios parientes, en el que los intercambios no reconocen valores recíprocos y en el que la guerra y la conquista son la única forma de salir adelante.

No es solo Putin: las tres decisiones de Sánchez que han disparado el precio de la energía.

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en octubre 3, 2022. Publicado en Artículos en prensa.

Impagos al sector renovable, apuntalamiento de la moratoria nuclear, rechazo frontal al petróleo y al fracking…

El coste energético se ha disparado y se prevé un duro invierno en hogares y en el sector productivo.

Con los precios de la energía por las nubes, la estrategia del gobierno de España ha quedado en evidencia. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo ha sido centrarse en el efecto que está teniendo la invasión rusa de Ucrania. El problema es que, ligando todo el debate al conflicto desatado por Vladimir Putin, el debate público se empobrece notablemente y se ignoran los factores de fondo que explican lo que está pasando.

No en vano, por mucho que el “chantaje” energético de Putin esté haciendo mucho daño, es evidente que el encarecimiento de la energía no es cosa reciente, sino una tendencia que viene desarrollándose desde hace muchos años y que está golpeando de forma directa a la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias.

Así, el gobierno de Pedro Sánchez ha cometido al menos tres ‘pecados capitales’ en materia energética. Son los siguientes.

1. Incertidumbre regulatoria en las energías renovables

A priori, la única apuesta firme del gobierno de Pedro Sánchez en lo tocante a la energía es la referida a las energías renovables. Sin embargo, aunque PSOE y Podemos insisten en presentarse como defensores de una “agenda verde” que potencia estas formas de producción más sostenibles, lo cierto es que el clima regulatorio en el que opera este subsector está marcado por una incertidumbre muy preocupante.

De sobra es sabido que, antes de la Gran Recesión, el gobierno español ofreció un generoso sistema de incentivos a quienes invirtiesen en estas tecnologías. Sin embargo, tras el estallido de la crisis, nuestro país retiró las primas de forma retroactiva, desatando una oleada de denuncias que han derivado en decenas de arbitrajes internacionales que se han resuelto a favor de los inversores denunciantes y en contra de los presupuestos que venía manteniendo el Ejecutivo.

Al conocerse estas sentencias, el gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto de perfil y se ha negado a cumplir con los pagos que tiene pendientes. Esta incomprensible postura ha hecho que el crecimiento de las renovables en España se sitúe ahora cuatro veces por debajo del promedio mundial, con la inversión extranjera por los suelos.

De modo que, si el gobierno de España quiere expiar el primero de sus pecados, debe tomarse en serio su propio discurso en materia de energías renovables, cumplir los pagos que determinan los arbitrajes internacionales y garantizar un marco regulatorio que blinde y proteja la inversión en el sector.

2. Frenazo al desarrollo del sector nuclear

Que la tecnología nuclear es fundamental para el futuro es algo que ya no discute prácticamente nadie. La taxonomía elaborada por la Unión Europea va más allá y reconoce que esta tecnología de producción energética debe ser considerada como una fórmula “verde” totalmente compatible con los objetivos medioambientales que viene fijando Bruselas.

La nuclear ofrece un suministro estable a un precio competitivo, motivo por el cual son muchos los gobiernos de Europa y el resto del mundo que están avanzando en esta dirección, abriendo nuevas plantas e invirtiendo en nuevos reactores. Ahora mismo, hay 485 nuevas centrales proyectadas a lo largo y ancho del globo, de modo que la capacidad de producción nuclear se va a duplicar.

Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez no ha movido ficha y sigue instalado en su “no es no” a la nuclear. Incluso el partido ecologista que forma parte del gobierno alemán se ha abierto a la necesidad de extender este tipo de operaciones, en línea con lo que han hecho otros líderes de izquierdas como Joe Biden, presidente de Estados Unidos, o Alberto Fernández, jefe de gobierno en Argentina.

Por tanto, parece lógico seguir la senda que están explorando la inmensa mayoría de países de nuestro entorno y plantear dos líneas de trabajo, que serían por un lado la prórroga de la operativa de las centrales que siguen operando y, por otro lado, la instalación de nuevas plantas de producción.

3. Veto al petróleo y al fracking

Por si no fuese suficiente, el Ejecutivo no ha querido saber nada de los yacimientos petroleros cercanos a Canarias. Como es sabido, la Ley 7/2021 de Cambio Climático y de Transición Energética, aprobada por el gobierno socialista del archipiélago, establece la prohibición de realizar prospecciones petrolíferas y obliga a cerrar las instalaciones del sector antes de 2042. Conviene recordar que las últimas exploraciones realizadas por Marruecos han encontrado yacimientos de crudo valorados en 110.000 millones de euros frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Pero Pedro Sánchez no solo se cierra al petróleo: tampoco quiere saber nada de gas natural generado vía fracking. Con este planteamiento, el Ejecutivo sigue a renglón seguido el plan de Vladimir Putin, que se ha cuidado de financiar las campañas de oposición a este tipo de producción energética, puesto que su desarrollo reduciría enormemente la influencia rusa en Europa. El veto al fracking tiene un coste notable, puesto que los yacimientos existentes en nuestro país cubrirían 70 años de demanda, con los actuales niveles de consumo.

El desarrollo de la fracturación hidráulica en Estados Unidos fue especialmente intenso bajo la presidencia de Barack Obama y sigue desarrollándose con Joe Biden en la Casa Blanca. Lo mismo ha ocurrido en Canadá con Justin Trudeau al frente de su gobierno. De modo que, más allá de nuestras fronteras, los líderes de la izquierda política adoptan posturas pragmáticas en relación con esta técnica de extracción. En el caso de Estados Unidos, el crudo producido en Estados Unidos aumentó su cuota de mercado entre 2008 y 2013, pasando del 40% al 65%. En ese mismo periodo, las emisiones de CO2 per cápita revirtieron a niveles propios de los años 60. Por tanto, los objetivos climáticos que Sánchez esgrime como argumento para rechazar el fracking no solo no son incompatibles con dicha técnica, sino que pueden encajarse a la perfección.

La necesidad de un banco central

Escrito por Eduardo Blasco en diciembre 7, 2021. Publicado en Análisis diario.

“Nuestro sistema monetario está basado en prácticas que, si fuesen realizados por algún individuo o firma privada, llevarían a los perpetradores a la cárcel”

Antal Fekete.

La banca libre era, según Walter Bagehot (1999, 67), el sistema natural que emergería si el gobierno no interviniese en la banca. Los principales autores del fenómeno de la banca libre utilizan diversas características distintivas para clasificar un sistema bancario como de banca libre. Podemos resumir estas en cinco. Primero, una ausencia de un banco central (Smith 1936, 4–7; Dowd 1992, 2; White 1995, 1). Segundo, una multiplicidad de emisores de moneda (White 1989, 13; Dowd 1992, 2, 1993, 25). Tercero, un intercambio de moneda frecuente entre los emisores de estas (Dowd 1993, 25). Cuarto, la aparición de contratos de opción dentro de los contratos de convertibilidad de moneda (Dowd 1993, 25). Y, por último, la ausencia de regulación que obstaculice el negocio bancario.

Banco Central Europeo (Fráncfort del Meno, Alemania)

En este artículo nos vamos a centrar en la primera, en si es la ausencia de un banco central lo que determina que un sistema bancario sea libre o no. En primer lugar, tenemos que analizar si los bancos centrales nacen espontáneamente o no. Si lo hacen, en todo sistema de banca libre terminará emergiendo un banco central, por lo que, si es la característica definitoria, todo sistema de banca libre está abocado a la extinción. El argumento para determinar si un sistema bancario es libre o no según la existencia de un banco central se basa en que de haber uno. Pero en la literatura económica tampoco hay un consenso claro sobre qué implica ser un banco central; si servir como un banco de bancos, como el monopolista de emisión de moneda, ser el prestamista de última instancia, regular a los bancos comerciales, o controlar la política monetaria. Independientemente de cuál sea la característica definitoria, podemos asumir que con que una institución cumpla alguna de las cinco funciones mencionadas, y, por ejemplo, el resto de los bancos tendrá prohibido la emisión privada de moneda, las actividades de los bancos comerciales serán reguladas, los mínimos legales de reserva se determinarán para todos los bancos o haya un control en la entrada de nuevos bancos, entre otros elementos que restringen el mercado e imposibilitan que se le pueda llamar libre, no habrá una banca libre. Es decir, donde hay un banco central hay una planificación centralizada en mayor o menor medida del negocio bancario, siendo una condición suficiente para que no se le pueda clasificar a ese sistema en ese momento de banca libre.

Charles Goodhart, profesor de la London School of Economics, en su libro The Evolution of Central Banks (1985) hace una defensa de los bancos centrales argumentando que estos surgen de manera espontánea en un sistema de banca libre y que, además, su formación es beneficiosa para la sociedad. Goodhart afirma que existe una tendencia centrípeta a la centralización de las reservas en el banco que ostente un crédito superior. Esta afirmación contradice a la historia bancaria de Escocia, Canadá, China, Australia, Suecia, Irlanda, China o Suecia, lugares donde no se originó un banco central de manera natural hasta que se impusieron leyes al respecto (Selgin 1993). El único ejemplo donde sin privilegios un banco alcanzó una posición crediticia tan superior a la competencia que actuaba como un banco central, manteniendo las reservas y liquidando billetes por otros bancos fue el del Suffolk Bank of Boston del 1825 al 1858.

Goodhart critica otros sistemas bancarios como el canadiense o es escocés diciendo que era oligopólicos, lo cual no era cierto—en Escocia hubo hasta 29 diferentes bancos emitiendo monedas a la vez y hasta 51 en Canadá—. Pero aún de haberlo sido, esto demostraría que el sistema natural en banca libre es el oligopolio, no el monopolio del emisor de moneda como Goodhart intenta defender.

Además de no ser un sistema natural de emergencia espontánea como Goodhart nos intenta hacer ver, este tampoco es necesariamente un sistema más beneficioso para los ciudadanos. En primer lugar, White (1995) demuestra que el sistema bancario escocés funcionaba mejor que el inglés en todos los aspectos importantes. Por ejemplo, las pérdidas totales per cápita de los depósitos y de los tenientes de moneda de los fallos bancarios escoceses eran menores que las inglesas, al igual que las crisis y suspensiones bancarias también eran menos frecuentes. En segundo lugar, Goodhart dice que un banco central ayuda al cliente, sobre todo al pobre, porque este puede reducir sus costes de transacción, como los relacionados con informarse sobre la calidad del banco emisor del billete que vaya a aceptar. Pero a esto se le puede contestar que el cliente solo tiene que igualmente confiar en un banco, en el suyo, y aceptar aquellos billetes que su banco acepte sin descuento (Selgin 1993). Por lo que este ejercicio de obtención de información recaería sobre el banco y no sobre los clientes.

Por lo tanto, como vemos los argumentos de Goodhart sobre la necesidad de los bancos centrales por su origen espontáneo en la banca libre y su beneficio a los clientes no son ciertos. Los bancos centrales solo nacen tras la intervención gubernamental, justificándolos en unos motivos u otros—sea el de actuar como banco de bancos o para evitar pánicos bancarios—. El banco central no es necesario ni deseable. Como en cualquiera otra área de la economía, un monopolio supone un problema de información, al obstaculizar la función empresarial que surge en competencia para descubrir los mejores modelos de negocio, en este caso del sector bancario, y problemas de incentivos, los cuales se ven agravados con los rescates aparentemente garantizados desde la banca central a los bancos comerciales, que generan incentivos perversos como el descalce de plazos sistemático y desmedido.

Referencias:

Bagehot, Walter. 1999. Lombard Street: A Description of the Money Market. Nueva York, Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc.

Dowd, Kevin. 1992. “Introduction: The Experience of Free Banking.” In The Experience of Free Banking, editado por Kevin Dowd. Londres, Reino Unido: Routledge.

———. 1993. Laissez-Faire Banking. Londres, Reino Unido: Routledge.

Goodhart, Charles. 1985. The Evolution of Central Banks: A Natural Development. Cambridge, Estados Unidos: The MIT Press.

Selgin, George. 1993. “The Rationalization of Central Banks.” Critical Review 7 (2–3): 335–54.

Smith, Vera C. 1936. The Rationale of Central Banking and the Free Banking Alternative. Indianapolis, Estados Unidos: Liberty Fund.

White, Lawrence H. 1989. Competition and Currency: Essays on Free Banking and Money. Nueva York, Estados Unidos: New York University Press.

———. 1995. Free Banking in Britain: Theory, Experience and Debate, 1800–1845. Londres, Reino Unido: The Institute of Economic Affairs.

Las socimis no controlan el mercado del alquiler

Escrito por Juan Ramón Rallo en octubre 7, 2021. Publicado en Artículos en prensa.

PSOE y Podemos regularán el mercado del alquiler o, mejor dicho, permitirán que los gobiernos autonómicos y las corporaciones locales lo regulen (los primeros podrán topar o congelar los precios y las segundas establecer recargos sobre el IBI de las viviendas vacías). Ambas formaciones dicen confiar en solucionar de este modo los problemas del mercado inmobiliario, a saber, los crecientes precios del alquiler que dificultan la accesibilidad de muchas personas a una vivienda. Pero para que, en efecto, el problema de accesibilidad de la vivienda pueda resolverse regulando precios, es necesario partir de un presupuesto como poco discutible: a saber, que los altos precios se deben a la existencia de poder de mercado.

La regulación de precios amenazan al ya hiper regulado mercado de alquiler de las grandes ciudades. (En la foto: El “Skyline” de Madrid, España)

En particular, si la vivienda no es accesible porque existe un desequilibrio entre la oferta existente y la demanda —hay mucha más demanda que oferta y, como consecuencia, los precios suben—, regular los precios no conseguirá que ese desequilibrio desaparezca: seguirá habiendo una oferta insuficiente para abastecer la demanda y el racionamiento de vivienda dejará de efectuarse vía precios para empezar a practicarse a través de otros criterios (vía lista de espera, vía sorteo, vía discriminación por solvencia…). En cambio, si el problema no es que el ‘stock’ de vivienda resulte insuficiente para abastecer la demanda, sino que ese ‘stock’ está concentrado en muy pocas manos, las cuales exigen alquileres artificialmente elevados a costa de dejar desocupada parte de su cartera de viviendas, entonces la regulación de precios sí podría llegar a funcionar: al impedirles que aumenten los precios de mercado dejando viviendas vacías, se incentiva que oferten en alquiler todos los inmuebles de que disponen.

La narrativa oficial que habitúan a desplegar desde PSOE y, sobre todo, desde Podemos apunta en esa dirección: durante los últimos años han entrado en España diversos ‘fondos buitre’ (socimis) que se han apropiado de una cantidad ingente de viviendas para lucrarse elevando los precios. El poder de mercado de las socimis, pues, sería el principal causante de la inaccesibilidad de vivienda y el control de precios, la solución.

Ahora bien, ¿es verdad que las socimis tienen capacidad de controlar el mercado? En un reciente informe, el Banco de España estudió la evolución del negocio de las socimis en España desde 2013, momento en que despegaron con unas inversiones en activos inmobiliarios de apenas 100 millones de euros, hasta 2019, año en que amasaban activos inmobiliarios por valor de 46.000 millones de euros. Hasta aquí, pues, el relato de Podemos podría tener cierto fundamento, pero el problema es que la práctica totalidad de esas inversiones no se concentra en activos inmobiliarios residenciales (vivienda para el alquiler) sino en oficinas, hoteles o locales comerciales. En particular, las inversiones en vivienda apenas ascendían a finales de 2019 a 5.800 millones de euros. ¿Y cuánto son 5.800 millones de euros en inmuebles para arrendar? Pues, de acuerdo con el propio Banco de España, el 1% del mercado de alquiler español y el 0,1% de toda la vivienda residencial.

Resulta absolutamente inverosímil que controlando el 1% de la oferta (y ni siquiera a través de una sola empresa, sino de varias socimis que compiten entre ellas) se cuente con poder de mercado para mover los precios en el conjunto del país. Tal vez haya alguna zona caliente en alguna ciudad donde alguna de esas socimis sí concentre un porcentaje más significativo de la oferta de alquileres y allí hayan influido en parte de la subida de los alquileres, pero desde luego no puede imputárseles la responsabilidad de que los arrendamientos se encarezcan en las grandes ciudades del país.

Así las cosas, las reformas en el mercado de la vivienda que han acordado PSOE y Podemos pretenden atajar un problema que es muy distinto de aquel al que nos enfrentamos. El problema no reside en el poder de mercado de unos pocos jugadores, sino en que hay insuficiencia de vivienda en relación con la demanda. Y para solventar el auténtico problema de fondo —la falta de oferta— no se ha acordado ni una sola medida: acaso porque PSOE y Podemos han terminado creyéndose sus propias mentiras o, más bien, porque el propósito de fondo de estas reformas no sea solucionar los problemas de los ciudadanos, sino aparentar que lo están haciendo.