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El hallazgo el pasado 5 de marzo del “campo de la muerte” en un predio llamado Rancho Izaguirre, localizado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, propiedad supuestamente del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha significado un duro cuestionamiento al aún reciente gobierno mexicano, que se erige como una nueva amenaza a su credibilidad y legitimidad, además de las que ya viene padeciendo: en primer término, la de un veleidoso Donald Trump, y en segundo, la dificilísima situación económica por la que atraviesa el país, con una recesión de larga duración que apenas va iniciando, según todos los datos disponibles.

El horror ya se conocía: diversas autoridades en México y EEUU habían venido advirtiendo durante buena parte del gobierno anterior de la existencia de “campos de entrenamiento del crimen organizado”. Adicionalmente, desde 2009 se ha documentado el hallazgo de 5.600 fosas clandestinas y campos de exterminio en todo el país, donde “La Gallera” en Tijuana (2012) ocupa un lugar destacado: un predio donde se localizaron dos fosas que se calculó contenían alrededor de 17,500 litros de al menos 300 cuerpos humanos disueltos en sosa cáustica, ultimados por el llamado Cartel de Tijuana. Pero Teuchitlán lo ha hecho dramáticamente de primera plana y ocho columnas.

Otro hito del horror fue en 2017, en el predio conocido como El Arbolillo, en Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz, donde se localizaron cientos de cráneos y cientos de kilos de restos humanos, pertenecientes en apariencia a jóvenes, de ambos sexos, entre los 14 y los 24 años de edad, con una antigüedad de unos dos años. Este descubrimiento fue similar al de Teuchitlán, es decir, por grupos de familiares, buscado a sus desaparecidos, frente a la inacción y la despreocupación oficiales. 

El propio campo de Teuchitlán ya había sido detectado y asegurado por autoridades mexicanas en septiembre de 2024. Hoy sabemos que se aseguró pero que las autoridades locales no realizaron el trabajo de peritaje e investigación (a decir de la Fiscalía federal mexicana) y que la propia Fiscalía federal prefirió tampoco investigar, como era su obligación por mandato de ley, y que se mantuvo despreocupadamente al margen (sólo hasta hace unos días tomó posesión del predio y se hizo cargo de las investigaciones), aunque en su conferencia de prensa, un decrépito y agobiado fiscal federal tomó el camino de la no autoinculpación y mejor lavarse las manos y descargar todos los errores en las autoridades locales. 

El impacto del hallazgo ha sido mayúsculo, similar a Ayotzinapa en 2014 y quizá hasta mayor, en su repercusión y tal vez en sus consecuencias políticas. A dos meses de lo ocurrido en Ayotzinapa, ya había “unos 60 millones de personas vinculadas con mensajes sobre Ayotzinapa” a través de redes sociales. Una rápida búsqueda en Google arroja hoy sobre Teuchitlán o Rancho Izaguirre entre 8 y 12 millones de resultados. El analista Javier Tejado, señala que del 6 al 14 de marzo, hubo 479 mil menciones digitales con un alcance potencial de casi 600 millones de personas. Por su parte el reconocido periodista Raymundo Riva Palacio cuantifica así su impacto: “De acuerdo con los expertos, la conversación digital entre el 6 y el 17 de marzo ha tenido un millón 100 mil menciones procedentes de más de 170 mil fuentes, con un alcance potencial de mil 280 millones de personas, alrededor de una octava parte de la población mundial”. De tal tamaño es el horror del Auschwitz mexicano. 

Teuchitlán es un antiguo asentamiento prehispánico, a unos pasos de una importante zona arqueológica, cuyo nombre proviene de la voz náhuatl Teotzitlán o Teutzitlán, que significa “lugar dedicado a la divinidad”, “lugar del dios Tenoch” o “lugar dedicado al dios reverenciado”. Hoy es una población de unos 10 mil habitantes, a 50 minutos del centro de Guadalajara, en el trayecto de Guadalajara a Puerto Vallarta, un muy importante centro turístico, y es parte de la tercera zona metropolitana del país, que está entre las 100 principales zonas metropolitanas en el mundo, con más de 5 millones de habitantes. A pesar de esto y del intenso movimiento que supondría reclutar, aglomerar, mantener, vigilar y tal vez ajusticiar a cientos de personas, nadie, prácticamente nadie se dio cuenta de nada o si alguien advirtió algo extraño, prefirió no notificarlo, tal vez por desconfianza de las autoridades mexicanas.

Como ejemplo de la desidia del gobierno mexicano, el hallazgo del lugar se dio gracias a una llamada anónima, supuestamente por parte de alguien que había logrado escapar del campo, a grupos de buscadores que buscan a algunos de los 120 mil desaparecidos en los últimos años; en filtraciones oficiosas en medios periodísticos se maneja la posibilidad de que tal llamada hubiera sido hecha por un cartel rival para exponer y delatar al CJNG. El colectivo de familiares buscadores localizaron y entraron al sitio, a pesar de ser un predio “asegurado” por las autoridades. Allí localizaron 1,300 objetos personales: playeras, pantalones, vestidos, ropa interior, cuadernos y cartas, además de restos humanos y tal vez restos calcinados y hornos muy rudimentarios; los familiares documentaron lo encontrado (lo que no había hecho la autoridad) y tomaron fotografías que dieron la vuelta al mundo. 

Es un tecnicismo entrar a la discusión que abrió la presidenta Claudia Shenbaum, sobre que es en realidad un “campo de entrenamiento” para sicarios reclutados por la fuerza por el crimen organizado, no un “campo de exterminio”, es decir, un espacio que el crimen organizado habría utilizado para asesinar y ocultar a decenas de víctimas; de éstos hay muchos otros documentados en el país, la mayoría descubiertos por los grupos de buscadores, no por el gobierno mexicano, a pesar de la enorme diferencia de recursos entre esos grupos y el gobierno. En realidad, la distinción de Sheinbaum parece más bien un intento oportunista de limar las duras aristas del acontecimiento, no una útil precisión o una real distinción “académica” si se quiere, además de que eso no modifica la enormidad del acontecimiento ni la complicidad de autoridades de todo nivel y pobladores vecinos para que algo así funcionara sin ser importunado. Adicionalmente, la presidenta entró a la discusión tratando de orientar las investigaciones y asentar una narrativa, cuando nada de eso le corresponde, ya que la autoridad responsable, la Fiscalía General, es constitucionalmente autónoma.

Lo importante sigue siendo, más allá de si fue un campo de entrenamiento o un campo de exterminio (lo que las investigaciones de las autoridades federales, ya bajo sospecha, quizá ayudarán a determinar), es que el problema de las desapariciones es un asunto que el gobierno mexicano ha dejado crecer exponencialmente sin justificaciones y de forma negligente y hasta criminal, y que la identificación de las víctimas y el castigo a los responsables, no es un asunto que realmente preocupe al gobierno de Sheinbaum, porque desde su perspectiva, avanzar en la investigación sólo acrecentará el problema y su notoriedad, dañando políticamente el “prestigio” y la “investidura” de la presidenta. Por eso una de las decisiones más condenables de su gobierno: un día después de su conferencia, el Fiscal general invitó a medios de comunicación y a grupos de buscadores a visitar el predio de Rancho Izaguirre, sólo para que éstos descubrieran que las evidencia que habían descubierto días antes, fueron decomisadas por la autoridad, el predio limpiado y enfrentaran una andanada del aparato oficialista para descalificarles e incluso llamarles mentirosos. 

En continuación a esto, sorprende que un régimen que ha abusado de los cambios constitucionales y legales para asentar y hacer inamovible su agenda partidista, incluyendo por ejemplo, inscribir constitucionalmente la prohibición del vapeo, ni siquiera haya tipificado como delito el reclutamiento forzado. Muestra del “Gran interés” que tiene en el tema de las desapariciones… 

Las más de 100 mil desaparecidos en México, un fenómeno sobre todo de los últimos siete años, cuestiona fuertemente la estrategia de seguridad de los dos últimos gobiernos mexicanos, cuya acción en la materia ha sido prácticamente nula. A la política de “abrazos no balazos” del ex presidente López Obrador con el crimen organizado, supuestamente para mantener bajo control la violencia en México y no se generalizara, siguió un “hacer y dejar pasar” sus crímenes y desapariciones (López Obrador incluso en algún momento jugó con la posibilidad de conceder una amnistía a narcotraficantes), tal vez con el propósito de no llamar demasiado la atención, y prevenir un escenario como el actual: de involucramiento y enorme presión por parte de EEUU.

¿Cuánto de esto fue por un deseo legítimo pero pésimamente concebido de traer la paz al país, o una transacción del gobierno con los criminales, a cambio de que éstos siguieran apoyando económica y logísticamente a López Obrador y a la izquierda mexicana? Yo no tengo duda de que algún día lo sabremos, gracias por desgracia y precisamente a la notoriedad de estos casos, que no amainarán sino que seguirán descubriéndose y creciendo.

Hasta ahora, sólo la presión del gobierno y los medios de EEUU ha funcionado para hacer consciente al gobierno de Sheinbaum de que es observado, juzgado y puede enfrentar alguna sanción (en forma de aranceles comerciales, al menos), porque realmente la opinión pública y la oposición mexicanas no le representan un incentivo para actuar o contener al crimen, pese a que un gobierno como el suyo que no garantiza la protección de la libertad de todos mediante la ley, pierde su razón de ser e incluso pierde su derecho a gobernar. Pero eso no le preocupa realmente: en México los criminales y sus aliados gobiernan gobiernan un territorio minado de fosas clandestinas y ocupan todos los espacios de poder sustantivo, sin riesgo por ahora ni en un futuro cercano de ver castigado electoralmente por su mal proceder.