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Etiqueta: Pasaporte covid

Bye, bye, Jacinda

El pasado 19 de enero, la primera ministra neozelandesa, Jacinda Arden, dimitió de su cargo como jefa del gobierno de forma sorpresiva y sin previo avisa. Por supuesto, raudos y veloces los adláteres de la izquierda patria salieron raudos y veloces a lamentar la decisión. Carmen Calvo, Íñigo Errejón, Yolanda Díaz y un largo etcétera no dudaron en culpar al machismo estructural, al patriarcado o a Darth Vader por haber privado al mundo de una líder mundial de semejante pelaje.

La líder del Partido Laborista había llegado al cargo en 2017 a los treinta y siete años, convirtiéndose así en la jefa de gobierno más joven en ese momento. Por supuesto, Arden se ha definido siempre con la combinación de sobra conocida: feminista, progresista, verde y republicana. Pese a no obtener la mayoría del respaldo electoral en las elecciones de 2017, en las que obtuvo 46 escaños frente a los 56 del Partido Nacional (centroderecha y bastante liberales en el ámbito económico), fue capaz de articular una mayoría parlamentaria suficiente pactando un gobierno con los verdes y el partido Nueva Zelanda Primero, que, como podemos suponer, se trata de una formación con un fuerte componente antiinmigración.

Cuando llegó la pandemia de la COVID-19, Nueva Zelanda no fue un país que destacase precisamente por una respuesta a la desesperada y sin base científica. Por ejemplo, las mascarillas únicamente empezaron siendo obligatorias en los centros sanitarios. El gobierno únicamente se limitó a una recomendación genérica en espacios cerrados y, sobre todo, a personas con mayor riesgo. La propia Arden se declaró radicalmente contraria a la vacunación obligatoria.

Pero todo esto cambió fue cambiando poco a poco y sin motivo aparente. Cuando la mayor parte del planeta ya había superado cualquier restricción o medida sanitaria, Arden cambió de opinión respecto a la vacunación obligatoria, expulsó a los científicos del comité asesor (aquí y aquí) y llamó “terroristas” a todo aquel que se atreviese a dar una versión u opinión contraria a la oficial del gobierno. Por supuesto, Arden es una abortista confesa (lo llamó “derecho humano fundamental”), pero su argumento en favor de la libertad de elección no llega hasta aquí. El grado de locura llegó a tal punto que se prohibió recuperar una pelota que hubiera caído en el patio vecino. Arden hablaba de prohibir trabajar, consumir en un establecimiento de hostelería o cortarse el pelo en una peluquería a aquellos que se negasen a vacunarse. Se llegó al punto de querer retirar las ayudas sociales a las madres solteras que no pasasen por el aro vacunal, todo ello con un gobierno verde y feminista en el poder desde las elecciones de octubre de 2020.

Con una sociedad totalmente partida en dos, a partir de febrero pasado la situación se agravó a raíz de unas manifestaciones en la que los peligrosos manifestantes pedían libertad, especialmente en lo relativo a la vacunación de niños, objetivo en ese momento del gobierno. Con una tasa de vacunación del 90% entre los adultos, el gobierno implantó el requisito del llamado “pase vacunal” (lo que aquí sería el pasaporte COVID) para formar parte de un equipo deportivo, algo que resultada obligatorio a partir de los 12 años y 3 meses. Sin dicho pase, los niños no podrían participar en actividades extraescolares grupales.

Durante todo 2022, la situación del gobierno laborista no sólo ha ido empeorando por estos motivos, sino ya electoralmente. Las encuestas para las elecciones de 2024 y que Arden anunció que se adelantarán a octubre cuando dimitió, sitúan en los laboristas cinco puntos por debajo del centroderecha, con un fuerte desgaste de su electorado. La dimisión de Arden, más que centrarse en cuestiones patriarcales, parece estar más enfocada al previsible descalabro electoral de su partido este año. Pero ese posible argumento no vende.

Un buen día para la libertad el día que Arden anunció que se largaba.

Fuente 1. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thousands-protest-covid-19-rules-new-zealand-marks-90-vaccine-rates-2021-12-16/

Contra el pasaporte VIH

Recientemente, hemos vivido la apertura de un nuevo debate dentro del espacio público. Se trata de la implantación por parte de varios gobiernos autonómicos de la obligación de presentar un pasaporte para acceder al interior de ciertos establecimientos. Sin embargo, no se trata de un pasaporte en el sentido al que estamos acostumbrados, es decir, para pasar la frontera entre dos Estados soberanos. Nada de eso. Se trata de un certificado que dice que estamos vacunados contra el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, el VIH.

Como saben, este virus se transmite a través del contacto sanguíneo (madres embarazadas a sus hijos, por ejemplo) o sexual. El Tribunal Supremo avaló la implantación de este pasaporte VIH bajo ciertos supuestos. Sin embargo, los tribunales superiores de justicia de Galicia y País Vasco ya se han pronunciado en contra, alegando que se restringen derechos fundamentales, como el de reunión, en base a un incierto riesgo.

En la opinión pública, si observamos los informativos generalistas, la sensación es que la sociedad demanda de la implantación de dicho pasaporte. El principal alegato es la seguridad. “Tengo derecho a saber si el que está al lado se ha vacunado”, señalaba una señora por televisión entrevistada en la calle, como si estar vacunado impidiera la transmisión del mismo. El derecho a la intimidad, en este caso sanitaria, parece que choca de frente con el derecho a la seguridad de otros. Imaginemos que una persona contagiada accede a los lavabos de un local de ocio o de una empresa sin tener presentar una prueba fehaciente de que se ha vacunado contra dicho virus. Es cierto que podría seguir transmitiendo el virus y que las vacunas contra el mismo se han desarrollado mucho, pero la sensación de seguridad está ahí.

La mayoría de la población no alcanza a entender que el acceso a los datos médicos es algo totalmente vedado. Normalmente, estamos acostumbrados a ver películas o series con la discriminación en base al sexo o a la raza como argumentos. Ahora bien, la discriminación alcanza igualmente otras causas, como puede ser la sanitaria. Discriminar a personas por la falsa sensación de seguridad en base al contagio de un virus en concreto presenta dos problemas. El primero, como ya hemos dicho, es el acceso a datos personales. Una vez abierta esta puerta, se asentaría un peligroso precedente. ¿Por qué no implantar un pasaporte heroína para las entrevistas de trabajo? Porque, claro, si vamos a contratar a alguien, a nadie le interesará un empleado que tome sustancias adictivas en su tiempo libre. El segundo es la arbitrariedad de elegir un virus y no otro. Existen multitud de virus en el mundo, con mayor o menor transmisibilidad. ¿Por qué quedarnos únicamente en el VIH? ¿Por qué no ofrecer la totalidad de los datos médicos para acceder a cualquier lugar? Imaginen que entra un cliente en mi negocio de hostelería siendo un adicto a alguna sustancia psicotrópica. ¿Tengo el derecho a saber lo que esa persona consume?

Por otro lado, este pasaporte VIH ofrece una cuestión sobre protección de datos en la que pocos han reparado. Estamos enseñando nuestros datos médicos, por ejemplo, a un portero de discoteca. Si nuestro médico observa nuestro historial, sabemos que tiene la obligación legal, bajo pena de expulsión de la profesión, fuerte multa y hasta pena de prisión, de mantener la más estricta confidencialidad sobre los datos ahí reseñados. Ahora bien, ¿esto es extensible a un empleado de la hostelería? Los médicos reciben formación sobre protección de datos y el secreto profesional que deben guardar para con sus pacientes. Exactamente lo mismo que los abogados, por citar otro ejemplo. Las personas que observan nuestro pasaporte VIH no tienen ese tipo de formación.

Además, cuando mostramos datos personales a cualquier empresa, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales, es muy estricta en este sentido. Las empresas, por ejemplo, tiene obligación de custodiar los datos personales y mantener la salvaguarda de estos, bajo amenaza de fuertes multas. No sabemos si el pasaporte VIH, que ya constituye una intromisión sobre los datos personales de los ciudadanos, va a regirse por esta misma ley o por otra distinta. ¿Habrá que exhibir el pasaporte cada vez que se acceda al local? ¿Podrán las empresas crear un registro de personas que lo hayan mostrado anteriormente y, así, no tener que enseñarlo cada vez?

Por último, este pasaporte suscita otra pregunta que no ha sido respondida por los gobiernos autonómicos, pero que ha servido como uno de los argumentos por parte de los tribunales superiores autonómicos para rechazar la propuesta. Hablamos de la situación en la que se deja a los trabajadores de los establecimientos donde sea obligatorio presentarlo. ¿Podría tener la empresa acceso a los datos personales de sus trabajadores, como es su historial médico? La cuestión no es en absoluto menor. Mientras que los profesores, por ejemplo, no pueden ni tener acceso al expediente de sus alumnos por tratarse de datos confidenciales, las empresas podrían tener acceso a los historiales de sus empleados. Esta flagrante contradicción ha sido esgrimida, como decimos, por los tribunales para no aceptar dicho pasaporte. Además, los menores de cierta edad ni siquiera tienen la posibilidad de vacunarse. Por tanto, se crearía una discriminación arbitraria hacia los mayores de cierta de la que quedarían excluidos los menores. Vemos que la implantación del certificado VIH ofrece más dudas que soluciones. Además, está el hecho de que la obtención del pasaporte significa haberse vacunado, no la imposibilidad absoluta de transmitir el virus. Pese a vacunarse, la posibilidad, y el riesgo, seguirán estando ahí. Ahora bien, siempre contamos con la solución liberal en este sentido: que cada uno establezca las medidas que considere oportunas. Puede abstenerse de acudir a reuniones, actos sociales o cualquier otra aglomeración que crea le constituye un peligro inasumible. Puede administrarse las dosis permitidas para desarrollar anticuerpos con mayor rapidez. Puede, en definitiva, ser el que controle el riesgo al que se expone, dentro de unos límites insuperables. Suponer que el gobierno, a través del acceso a nuestra privacidad, puede llevar a la desaparición del riesgo es, por un lado, no entender cómo funciona un virus y, lo peor de todo, no comprender cómo funcionan los gobiernos.

10 Razones Contra el Pasaporte de Vacunación

La implementación de un pasaporte de vacunación contra la covid-19 es una afrenta a la libertad individual que todo verdadero liberal debería rechazar. Obra una razón de principio, que es el repudio a la violación de la soberanía del individuo sobre su propio cuerpo. Cualquier argumento fundamentado en el paternalismo estatal que pretenda justificar la aplicación de castigos por no vacunarse es insostenible.

Pero los propulsores del pasaporte de vacunación obligatorio también alegan que esta obligatoriedad es necesaria para prevenir daños a terceros (externalidades negativas) que serían supuestamente mayores que los daños infligidos a los que no deseen vacunarse. Veamos diez razones en contra de esos alegatos:

  1. No hay evidencia concreta y definitiva de que las vacunas prevengan significativamente el contagio[1]. Se postula la posibilidad de que reduzcan la carga viral en el infectado vacunado, y así impliquen una disminución en la posibilidad de contagiar a otros. Pero en ambientes sociales reales (fuera del laboratorio) son muchos los factores que pueden incidir, y resulta difícil aislar el factor vacunación[2]. Éste es uno de los motivos por los que los fabricantes y las autoridades se abstienen de afirmar categóricamente que las vacunas previenen los contagios. De hecho, la mayoría de las autoridades insisten en mantener prácticamente los mismos cuidados incluso luego de vacunados.
  2. Las mismas autoridades que exigirían la vacuna utilizan los kits de PCR (reacción en cadena de polimerasa) asumiendo que éstos pueden determinar la positividad de la infección por SARS-Cov2 que a su vez se relacionaría con la enfermedad de covid-19 (así contabilizan los casos, que a su vez inciden en las decisiones de confinamientos, estados de alarma y toques de queda). Pero si es cierto que las PCR dan un fiel diagnóstico de la infección, entonces bastaría con usar éstas para identificar a los casos que pueden implicar riesgo de contacto, sin necesidad de exigir vacuna alguna.
  3. Si la vacuna realmente protege eficazmente de cuadros graves de enfermedad, ¿cuál es el miedo de un vacunado de mezclarse con un no vacunado? Hay quienes parecen realizar contorsiones argumentales para justificar la obligatoriedad, apelando a que las vacunas pueden ser parcialmente eficaces, y entonces el vacunado no tendría garantizada la prevención de un cuadro grave. El problema con ese argumento matizado, es que peca de un prejuicio a favor de la obligatoriedad, porque igualmente se podría argumentar desde el otro lado, que el hecho de que la eficacia de las vacunas sea parcial torna injustificable su imposición obligatoria. O sea, no parece coherente argumentar a favor de la obligatoriedad fundamentándose en la eficacia, y a la vez fundamentándose en la falta de eficacia. ¿Cuál sería la combinación del porcentaje de eficacia frente al porcentaje de probabilidad de contagiarse una vez vacunado que justificaría la obligatoriedad? Fijar cualquier cuantificación en este sentido resultaría antojadizo, y además estamos lejísimos de la posibilidad de obtener esas medidas con exactitud. Y si, por el contrario, se estableciese que la eficacia de las vacunas en la prevención de la enfermedad grave fuese baja, entonces pierde sentido el vacunarse, y mucho más su imposición.
  4. Las vacunas contra la covid-19 se han desarrollado con una rapidez inusitada. Esto es algo positivo y refleja la posibilidad de mancomunar esfuerzos a nivel global. Pero también implica un inevitable componente de riesgo, ya que la difusión masiva se ha efectuado en tiempos más cortos que los conocidos hasta ahora. Hay debates acerca de si estas vacunas están en fase experimental o no. Pero más allá de los tecnicismos en la definición de términos, lo cierto es que hay autorizaciones de emergencia, lo que implica un curso anormal de desarrollo[3]. También hubo casos como el de la vacuna rusa Sputnik V, implementada incluso previo a la conclusión de la fase III[4]. Tampoco se puede descartar la posibilidad de efectos adversos que tarden en manifestarse, y es por eso que se prevé que las pruebas clínicas se extiendan hasta fines de 2022 y comienzos de 2023[5], además del período posterior de monitoreo. Esta situación de emergencia obra en contra de los argumentos a favor de la obligatoriedad.
  5. Las vacunas de ARN mensajero (como la Moderna COVID-19, y la Pfizer–BioNTech COVID-19) prometen constituirse en un importante avance médico. Pero recién el 2 de diciembre de 2020, la agencia regulatoria de medicamentos británica se convirtió en la primera en aprobar el uso masivo de una vacuna de este tipo[6]. No es apropiado que una nueva tecnología nunca antes probada en forma masiva deba probarse imponiendo castigos o limitaciones a los que no quieran someterse a ella.
  6. Los gobiernos han aceptado que las empresas productoras de las vacunas asuman parcialmente la responsabilidad por potenciales efectos adversos, o que la asuman pero con una compensación económica por parte del Estado. Muchos de los contratos son confidenciales[7]. Esto puede fomentar una producción más rápida de vacunas, pero afecta la transparencia del proceso, perjudicando los argumentos a favor de la obligatoriedad.
  7. Se ha registrado memoria inmunológica en personas que han tenido covid-19[8]. Por ello es cuestionable la necesidad de vacunar a estas personas, y prácticamente absurdo imponerles castigos o restricciones por no vacunarse. Una cuestión particular adicional a tener en cuenta en estos casos, es la posibilidad de la potenciación dependiente de anticuerpos (antibody-dependent enhancement, ADE) y de la potenciación de la enfermedad respiratoria asociada a la vacuna (vaccine associated enhanced respiratory disease, VAERD o ERD). Éstas dos potenciaciones de la enfermedad se pueden dar con una reinfección (como es el caso del dengue con la ADE), y muy raramente, con una infección luego de una vacunación[9]. Afortunadamente, estas reacciones no deseadas no se han observado ni en la etapa de pruebas en animales, ni en las pruebas clínicas, ni aun con las variantes más resistentes de SARS-Cov-2 (B.1.1.7 [“británica”] y B.1.351 [“sudafricana”]); por el contrario, en general se vienen observando mejores respuestas inmunológicas luego de la vacuna[10]. Estas buenas noticias, sin embargo, no obstan para que esto se deba seguir monitoreando.
  8. Algunos comentaristas -incluso liberales-,[11] mencionan el hecho de que ya existen requerimientos de vacunación para movilizarse o ingresar a ciertas zonas. Pero, sin entrar a estudiar cada caso y su historia en particular, que haya casos de requerimientos preexistentes no implica: (1) ni que esos casos de restricciones estén siempre bien (estaríamos cayendo en una especie de problema del ser y el deber ser[12]), ni (2) que porque en esos casos esté bien, habría de estarlo en éste (estaríamos cayendo en un non sequitur). Esto último, si se aceptan que los requerimientos ya existentes están bien, puede o no ser el caso, pero no se sigue necesariamente.
  9. El argumento de que es necesario imponer un pasaporte de vacunación para evitar poner al sistema de salud bajo el riesgo de saturación es endeble. Tres objeciones:
    1. La mayoría de la gente parece tener la voluntad de vacunarse[13]. Además, hemos de suponer que las personas que pertenecen a grupos de riesgo deben tener un grado de voluntad de vacunarse aún mayor que la media de la población en general. Y también parece razonable pensar que la aceptación de las vacunas irá en aumento, si el paso del tiempo continúa confirmando su eficacia y su seguridad.
    1. Los argumentos basados en la necesidad de evitar el riesgo de saturación del sistema sanitario podrían esgrimirse para cualquier otra enfermedad condicionada por el comportamiento. Con esa lógica autoritaria, acabaríamos controlando la dieta, el ejercicio físico y los hábitos de las personas, imponiendo toda suerte de prohibiciones y obligaciones en lo que conformaría un programa sanitario estatal orwelliano. El comportamiento de elegir no vacunarse no parece ser cualitativamente distinto a (peor que) tantos otros comportamientos de toda índole que implican una presión sobre el sistema sanitario. O al menos, para establecer que sí lo es, sería necesario conducir una gran cantidad de complejas investigaciones sobre un sinnúmero de problemas de salud y comportamientos asociados.
    1. Mejor que imponer la obligatori edad de la vacuna es mejorar el sistema de salud. Éste es un punto complejo, pero clave. Baste decir aquí que en general los Estados no sólo se han mostrado más ineficientes que el sector privado, sino que además sus intromisiones en el sector privado han inhibido el potencial de éste último.
  10. La imposición de la vacunación por parte de las autoridades promueve innecesarias suspicacias y genera dudas adicionales sobre los posibles efectos adversos. Aquí, como en todo, se debería dejar obrar al mercado. Si las vacunas prueban ser eficaces y seguras, la vacunación tendrá más adhesión. Si en cambio, las impone el Estado, esto sólo generará aún más desconfianza en aquéllos que ya alberguen sospechas de motivaciones meramente comerciales o dudas acerca de los posibles efectos adversos.

Una aclaración final que, si bien es innecesaria, en estos tiempos de pánico y sordera intelectual autoinducida puede llegar a ser conveniente: considerar estas razones no implica estar en contra de las vacunas, ni tampoco de la decisión personal de vacunarse.


[1] Hasta los CDC hablan de una probabilidad potencial (“potentially less likely”) de que las vacunas disminuyan la contagiosidad, y dicen que la investigación al respeto aún continúa. Y en la misma página, afirman que la gente vacunada podría seguir contagiando (“could potentially […] spread it to others”):

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html

[2] https://www.nature.com/articles/d41586-021-00450-z

[3] Incluso los fact-checkers de Reuters, que niegan que las vacunas sean consideradas experimentales, afirman que: “Se ha expedido la autorización de uso de emergencia en E.E.U.U. como resultado de la severidad de la pandemia”, que esta autorización de emergencia cesará “cuando termine la pandemia”, para lo que “aún no se ha dado un plazo” (política similar en Reino Unido). Asimismo, se han autorizado pruebas en humanos en paralelo con pruebas en animales:

https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-vaccines-idUSL1N2M70MW

[4] https://www.bbc.com/mundo/noticias-55902348

[5] Por ejemplo, Moderna hasta el 22/10/2022, y Pfizer hasta el 31/01/2023:

https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-vaccines-idUSL1N2M70MW
https://www.historyofvaccines.org/es/contenido/articulos/desarrollo-pruebas-y-reglamentos-para-las-vacunas

[6] https://www.gov.uk/government/news/uk-authorises-pfizer-biontech-covid-19-vaccine

[7] Ejemplos:

https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability-idUSKCN24V2EN
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/astrazeneca-partial-immunity-eu-vaccine/
https://www.nytimes.com/2021/01/28/world/europe/vaccine-secret-contracts-prices.html
https://theconversation.com/who-pays-compensation-if-a-covid-19-vaccine-has-rare-side-effects-heres-the-little-we-know-about-australias-new-deal-147846
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/07/companias/1596824071_284665.html
https://www.newtral.es/inmunidad-legal-vacunas-covid/20201119/
https://www.eldiario.es/sociedad/farmaceuticas-ganan-estados-europeos-indemnizaran-efectos-inesperados-vacunas-coronavirus_1_6222300.html

[8] https://science.sciencemag.org/content/371/6529/eabf4063

[9] https://www.vacunas.org/la-velocidad-sideral-y-los-problemas-de-seguridad/

https://www.the-scientist.com/news-opinion/covid-19-vaccine-researchers-mindful-of-immune-enhancement-67576
https://davidson.weizmann.ac.il/en/online/reasonabledoubt/ade-and-corona-vaccines

Y el recomendable artículo de Derek Lowe (en inglés) resumiendo las novedades recientes:

https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2021/02/12/antibody-dependent-enhancement-and-the-coronavirus-vaccines

[10] https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2021/02/12/antibody-dependent-enhancement-and-the-coronavirus-vaccines

[11] Como por ejemplo, el estimado Francisco Capella: “Los Estados ya exigen certificados de vacunación para ciertos movimientos internacionales a zonas problemáticas.”

https://ijmpre2.katarsisdigital.com/ijm-actualidad/analisis-diario/libertad-y-pasaporte-covid/

[12] https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_del_ser_y_el_deber_ser

[13] Ejemplos:

https://www.ocu.org/salud/medicamentos/noticias/encuesta-vacuna-covid
https://www.telam.com.ar/notas/202104/550177-es-alta-predisposicion-a-vacunarse-y-amplia-la-aceptacion-de-las-medidas-restrictivas.html
https://khn.org/news/article/covid-vaccine-hesitancy-drops-among-americans-new-kff-survey-shows/