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Etiqueta: Pasaporte de vacunación

Cinco cuestiones sobre las vacunas covid

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en Cinco cuestiones sobre las vacunas covid

1.- El 95% de eficacia

Desde el comienzo de la administración de las vacunas covid, se repitió constantemente (es difícil no haberlo oído o leído menos de unas docenas de veces) un dato en este caso aplicado al producto de Biontech-Pfizer (en adelante, Pfizer): un 95% de eficacia. ¿Era cierto? Bien, depende de cómo usemos la estadística. De los algo más de 43mil sujetos usados en el estudio para aprobación recibiendo casi la mitad el producto y casi la otra mitad un placebo, hubo 162 personas con síntomas en el placebo y 8 en el grupo de tratamiento. Eludiendo aquí todo el cálculo matemático (que puede consultarse aquí y que no es más que un concepto elemental de epidemiología), resumiremos que el riesgo relativo reducido con Pfizer era exactamente del 94,66%.

Dicho cálculo se basa esencialmente en las personas con síntomas (162 vs 8) ignorando por completo cuán grande era la muestra original total. Estamos hablando de 43mil personas. Aquí es donde en epidemiología se usa un indicador mucho más conectado a la realidad, pues tiene en cuenta el total de personas de un estudio: el riesgo absoluto. Tomando los mismos datos de ese estudio de Pfizer, ¿cuánto reducía el riesgo absoluto de covid su producto? Un 0,71%. Es decir, el producto de Pfizer en términos absolutos tenía una probabilidad de 99,29% de producir el mismo beneficio que un placebo dado este virus. Éste es un dato incontrovertido, por ejemplo aquí el Servicio de Salud de Navarra referencia que esta reducción de riesgo absoluto (RAR) con este producto para este virus no llega al 1%.

Para muchos, el riesgo relativo no deja de ser cierto malabarismo estadístico. Al fin y al cabo, si hubieran anunciado en los medios menos de un 1% de eficacia en riesgo absoluto, ¿qué éxito comercial habría tenido el producto?

2.- Los reguladores

Los conflictos de intereses con la industria farmacéutica es un problema que siempre ha planeado sobre los reguladores, pues es un problema real. A pesar de haberse establecido supuestos controles, en la práctica estos controles dejan demasiado que desear. En el caso de los productos que nos ocupan, podemos por ejemplo mencionar a Scott Gottlieb que sin grandes problemas fue comisario del regulador FDA (Food and Drug Administration, el regulador y que aprueba fármacos en EEUU) básicamente entre 2003-07 y luego de 2017-19 saltando entre medias y después a puestos ejecutivos en farmacéuticas. Gottlieb, ahora en Pfizer, actuó como representante de la compañía instando al público sobre la necesidad de refuerzos de su producto. En medios de comunicación además ampliamente financiados por su empresa.

Desde junio 2019, Gottlieb es miembro de la dirección de Pfizer. En otros casos parecen ni siquiera tener problemas en compaginar posiciones que podrían resultar conflictivas. Es por ejemplo el caso de James C. Smith, del consejo de administración de Pfizer y presidente a su vez de una fundación de uno de los mayores conglomerados mediáticos de Occidente, el grupo Reuters, vinculado directamente con los llamadores verificadores de qué es oficialmente cierto o falso. Marc McClellan fue por ejemplo comisario de la FDA directamente involucrado en la aprobación de productos de Johnson&Johnson, y quizás no fuera tan casual que esta compañía acabara contratándole para su consejo de dirección. O Stephen Hahn, que pasó con rapidez de regulador en la FDA de los productos de Moderna a director de una firma de capital detrás de Moderna. También puede darse la trayectoria inversa, como le sucedió a Patricia Cavazzoni pasando de ostentar una vicepresidencia de departamento en Pfizer a miembro del regulador FDA. Ahora Patricia está directamente involucrada en la aprobación de productos fabricados por su antigua empresa, Pfizer. Aunque podríamos hablar de las concretas abultadas cifras con muchos ceros de las nóminas de estas personas en el sector farmacéutico, podemos fácilmente imaginarlo.

El propio Instituto Nacional de Salud de EEUU reconoce en su página web que parte de las personas que redactan las guías oficiales americanas sobre tratamientos de Covid han trabajado en Pfizer, Merck, Janssen, Astrazeneca…

En Europa, el 86% del presupuesto de la EMA o Agencia Europea del Medicamento que aprueba fármacos como éstos para el territorio europeo proviene de financiación de los propios fabricantes farmacéuticos. Emer Cooke, la actual directora ejecutiva de la EMA, trabajó durante años como lobby o agente de presión sobre reguladores para compañías como Pfizer o Astrazeneca.

3.- Promesas cambiantes

Desde el inicio de la administración de estos productos con su prometido 95% de eficacia hasta la actualidad, las propias autoridades han tenido que modificar sus promesas al público. Y de un modo muy llamativo. Hoy puede resultar para muchos difícil de creer que eliminar la transmisión fue una sólida promesa de reguladores y fabricantes con estos productos, pero lo cierto es que lo fue. Lo dijeron nítidamente la directora del Centro de Control de Enfermedades (CDC) Rochelle Walensky (“las personas vacunadas no pueden portar el virus”), el responsable de la respuesta al covid en EEUU Fauci, incluso Joe Biden lo prometió (en julio 2021 dijo “no vas a coger covid si estás vacunado”), así como Bill Gates curiosamente (o quizás no) involucrado en opiniones sanitarias.

Como ya todos sabemos, hubo que orquestar una marcha atrás en toda regla a la luz de los acontecimientos. ¿Alguien recuerda la inmunidad de grupo que España alcanzaría a mediados de agosto de 2021? Aquí tenemos la promesa para el 18 de agosto. Como justificación, se argumentó que España se había rezagado y no llegaba aún al 70% como receptores del producto. Aunque semanas después se superó este 70%, aquella inmunidad de grupo se olvidó porque era en realidad una promesa imposible de cumplir con estos productos.

Todo esto tiene relación directa con el “efecto menguante”. Durante la propia administración a la población acabaron viendo de modo irremediable que el efecto de esos productos no era muy duradero y de hecho era demasiado efímero. Así surgieron los ‘refuerzos’. A día de hoy ni siquiera el gobierno americano sabe con certeza cuantificar cuán duradero o no es uno de estos productos. ¿Duradero para qué? Pues muy buena pregunta. Durante toda la primavera de 2021 estos productos prometían evitar la muerte (“no vas a morir” dijo el presidente de EEUU), luego la promesa pasó a ser que tenias menos probabilidades de fallecer. Igual que entre verano e invierno de 2021 se pasó de asegurar que en caso de tener covid sería leve a simplemente reducirse la probabllidad de una enfermedad grave. Las promesas han sido cambiantes, tanto que a veces se ha dado la vuelta a la tortilla sin una disculpa o responsabilidad clara. El incesante torbellino constante durante meses sobre este tema y estos productos ha hecho imposible para el común de los ciudadanos llegar a ser totalmente conscientes de las promesas y desmentidos, pero si nos paramos con calma a revisar hemerotecas de 2021 difícilmente encontraremos parangón. Lo cual es aún más chocante (este nivel de incertidumbre) dada la enorme presión a la que se sometió a la población para recibir estos productos y que es innecesario recordar.

4.- Los contratos

Los contratos de compra de estos productos farmacéuticos han sido un tema desde el comienzo demasiado poco claro pesar de que los grandes medios han básicamente eludido la cuestión. Desde dicho principio se ha sabido que los contratos de los Gobiernos (EEUU, Reino Unido, la Unión Europea…) con los fabricantes farmacéuticos han sido en lo esencial secretos (básicamente porque no se tenía acceso a los mismos). Incluso el propio The Guardian británico (uno de los rotativos más leídos en el país) reconocía a finales de 2021 este hecho a propósito de una acusación legal a Pfizer por enriquecimiento poco lícito por parte de nada menos que el antiguo director del CDC con Barack Obama.

Zain Rizvi, director de la organización de derechos del consumidor americana Public Citizen dijo sobre dichos contratos que “hay un muro de secretismo sobre estos contratos que resulta inaceptable”. La filtración en internet en verano de 2021 de partes de los contratos de Pfizer con los gobiernos -en concreto con el gobierno de Albania- y bautizado como PfizerGate sacó a la luz lo que muchos sospechaban vista la nula transparencia de dichos documentos: por ejemplo, los fabricantes farmacéuticos eran exonerados legalmente de responsabilidades por posibles efectos perjudiciales para la salud de sus productos. A pesar que el PfizerGate fue censurado de todas las redes sociales con rapidez, aquí puede aún consultarse el contenido de dicha filtración. Esta exoneración de responsabilidad, o impunidad legal, ha por ejemplo generado demandas legales de diversos bufetes y abogados en el mundo.

En la Unión Europea la cuestión de opacidad es exactamente idéntica. Entre otros, el eurodiputado democristiano Christian Terhes ha en múltiples ocasiones y en sede parlamentaria de la UE denunciado esta opacidad. Gracias a su condición de eurodiputado y por inteligentemente usar el Parlamento europeo como foro, las redes sociales han tenido mucho más difícil censurar sus denuncias junto con las de otros eurodiputados que (pregúntate de nuevo por qué) no existen en los grandes medios de comunicación a los que accede el común de ciudadanos. Y es que ni siquiera un eurodiputado tiene acceso al contenido de dichos contratos en concreto con Pfizer.

Las acusaciones de estos eurodiputados han sido directamente a Ursula Von der Leyen como responsable máxima de la parte compradora. Y es que, aparte de los opacos contratos, los potenciales conflictos de intereses existen. Es el caso particularmente de su marido Heiko von der Leyen, quien desde finales de 2020 ocupa un puesto ejecutivo científico en la farmacéutica Orgenesis, que fabrica productos a base de ARN mensajero como los de Pfizer o Moderna contra el covid. El vicepresidente general de dicha compañía, Vincent Vandamme, previamente estuvo empleado por Pfizer.

Por el momento, la única reprobación institucional (recordemos el sempiterno problema de conflictos de intereses en los propios reguladores) ha venido del defensor del pueblo de la UE, Emilly O’reilly. Quizás poco sorprendentemente Von der Leyen argumenta que sus conversaciones directas de texto con nada menos que el CEO de Pfizer durante el proceso de contrataciones y compras las eliminó -casualidades que pasan- de su móvil. La noticia sí llegó a a medios españoles, pero pasó de soslayo sin grandes titulares. Cualquiera diría que el covid y sus corolarios no interesaron demasiado a los medios.

5.- Blowing the whistle

Ha habido una manipulación de la estadística para promover la eficacia de estos productos, conflictos de intereses en los reguladores, promesas exageradamente cambiantes o contratos excesivamente opacos. Pero no sólo eso: se han descubierto malas prácticas en los mismos ensayos que derivaron en la aprobación para uso de emergencia de estos productos. La denuncia no viene de cualquier medio, ni siquiera de un medio de comunicación, sino de una propia investigación del British Medical Journal, una de las más antiguas revistas de publicaciones médico-científicas del mundo (fundada en 1840) y una de las más prestigiosas del mundo anglosajón. Lo que a todas luces debía ser una bomba mediática (encendió alarmas de muchos científicos y médicos que empezaron a sospechar, con una publicación tan ‘oficial’, sobre la transparencia con estos productos) sin embargo pasó de puntillas en los grandes medios de comunicación. El British Medical Journal lo publicó el 2 de noviembre de 2021.

Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial fue el título, que se traduciría por Covid-19: Investigador denuncia problemas de integridad de datos en el ensayo de vacuna de Pfizer.

Un investigador de la publicación científica consiguió infiltrase en los grupos de trabajo de una de las subcontratas de Pfizer en Estados Unidos (llamada Ventavia) que llevaron a cabo los ensayos de Fase 3, los famosos ensayos que desembocaron en la aprobación vía emergencia del producto. Las conclusiones de la investigación, y cito textualmente, afirman que: “la compañía falsificó datos, no cegó a los pacientes, empleó vacunadores mal capacitados y tardó en hacer un seguimiento de los eventos adversos informados en el ensayo fundamental de fase III de Pfizer”. Esto es, viene a revelar que se administró a gran parte de la población mundial un producto que llegó a la fase de aprobación con datos ‘falsificados’.

A finales de septiembre de 2020, el investigador infiltrado denunció a la FDA (el regulador) la falsificación de datos. Al descubrirse su identidad, éste fue despedido de la compañía tras 25 años en la misma. La FDA no sólo no informó al investigador de sus procedimientos sobre Pfizer-Ventavia sino que en el listado final de laboratorios e instalaciones inspeccionados durante el proceso de desarrollo de estos productos nunca estuvo el denunciado por el investigador. Todos estos datos son públicos en el propio artículo del British Medical Journal y nadie hasta ahora ha podido desmentirlos.

No sólo problemas con contratos secretos, reguladores parciales, marketing sesgado o incluso datos falsificados. Las causas de preocupación sobre estos productos y asunto, que no son sino un reflejo del corrompido sistema de la industria farmacéutica, van incluso más allá. El caso de los niños, los documentos internos que empresas como Pfizer no querían publicar, o la fiscalización y reporte adecuado (o no) de los efectos no deseados de estos productos son (serán) otros de ellos.

Es difícil saber cuándo llegaremos a saber toda la verdad sobre estos productos, sus contratos, datos internos, actuaciones interesadas de parte o si llegaremos algún día a saberlo. Por el momento sabemos ya bastantes cosas para cuestionar la integridad de gran parte de los actores involucrados, con la añadida complejidad de separar el grano de la paja, los hechos verificables y las acusaciones infundadas. Negar al público el conocimiento de los primeros es desde luego lo más “negacionista” que se nos debe antojar.

Contra el pasaporte VIH

Escrito por cristobal.mataran@gmail.com en . Publicado en Análisis diario. 5 comentarios en Contra el pasaporte VIH

Recientemente, hemos vivido la apertura de un nuevo debate dentro del espacio público. Se trata de la implantación por parte de varios gobiernos autonómicos de la obligación de presentar un pasaporte para acceder al interior de ciertos establecimientos. Sin embargo, no se trata de un pasaporte en el sentido al que estamos acostumbrados, es decir, para pasar la frontera entre dos Estados soberanos. Nada de eso. Se trata de un certificado que dice que estamos vacunados contra el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, el VIH.

Como saben, este virus se transmite a través del contacto sanguíneo (madres embarazadas a sus hijos, por ejemplo) o sexual. El Tribunal Supremo avaló la implantación de este pasaporte VIH bajo ciertos supuestos. Sin embargo, los tribunales superiores de justicia de Galicia y País Vasco ya se han pronunciado en contra, alegando que se restringen derechos fundamentales, como el de reunión, en base a un incierto riesgo.

En la opinión pública, si observamos los informativos generalistas, la sensación es que la sociedad demanda de la implantación de dicho pasaporte. El principal alegato es la seguridad. “Tengo derecho a saber si el que está al lado se ha vacunado”, señalaba una señora por televisión entrevistada en la calle, como si estar vacunado impidiera la transmisión del mismo. El derecho a la intimidad, en este caso sanitaria, parece que choca de frente con el derecho a la seguridad de otros. Imaginemos que una persona contagiada accede a los lavabos de un local de ocio o de una empresa sin tener presentar una prueba fehaciente de que se ha vacunado contra dicho virus. Es cierto que podría seguir transmitiendo el virus y que las vacunas contra el mismo se han desarrollado mucho, pero la sensación de seguridad está ahí.

La mayoría de la población no alcanza a entender que el acceso a los datos médicos es algo totalmente vedado. Normalmente, estamos acostumbrados a ver películas o series con la discriminación en base al sexo o a la raza como argumentos. Ahora bien, la discriminación alcanza igualmente otras causas, como puede ser la sanitaria. Discriminar a personas por la falsa sensación de seguridad en base al contagio de un virus en concreto presenta dos problemas. El primero, como ya hemos dicho, es el acceso a datos personales. Una vez abierta esta puerta, se asentaría un peligroso precedente. ¿Por qué no implantar un pasaporte heroína para las entrevistas de trabajo? Porque, claro, si vamos a contratar a alguien, a nadie le interesará un empleado que tome sustancias adictivas en su tiempo libre. El segundo es la arbitrariedad de elegir un virus y no otro. Existen multitud de virus en el mundo, con mayor o menor transmisibilidad. ¿Por qué quedarnos únicamente en el VIH? ¿Por qué no ofrecer la totalidad de los datos médicos para acceder a cualquier lugar? Imaginen que entra un cliente en mi negocio de hostelería siendo un adicto a alguna sustancia psicotrópica. ¿Tengo el derecho a saber lo que esa persona consume?

Por otro lado, este pasaporte VIH ofrece una cuestión sobre protección de datos en la que pocos han reparado. Estamos enseñando nuestros datos médicos, por ejemplo, a un portero de discoteca. Si nuestro médico observa nuestro historial, sabemos que tiene la obligación legal, bajo pena de expulsión de la profesión, fuerte multa y hasta pena de prisión, de mantener la más estricta confidencialidad sobre los datos ahí reseñados. Ahora bien, ¿esto es extensible a un empleado de la hostelería? Los médicos reciben formación sobre protección de datos y el secreto profesional que deben guardar para con sus pacientes. Exactamente lo mismo que los abogados, por citar otro ejemplo. Las personas que observan nuestro pasaporte VIH no tienen ese tipo de formación.

Además, cuando mostramos datos personales a cualquier empresa, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales, es muy estricta en este sentido. Las empresas, por ejemplo, tiene obligación de custodiar los datos personales y mantener la salvaguarda de estos, bajo amenaza de fuertes multas. No sabemos si el pasaporte VIH, que ya constituye una intromisión sobre los datos personales de los ciudadanos, va a regirse por esta misma ley o por otra distinta. ¿Habrá que exhibir el pasaporte cada vez que se acceda al local? ¿Podrán las empresas crear un registro de personas que lo hayan mostrado anteriormente y, así, no tener que enseñarlo cada vez?

Por último, este pasaporte suscita otra pregunta que no ha sido respondida por los gobiernos autonómicos, pero que ha servido como uno de los argumentos por parte de los tribunales superiores autonómicos para rechazar la propuesta. Hablamos de la situación en la que se deja a los trabajadores de los establecimientos donde sea obligatorio presentarlo. ¿Podría tener la empresa acceso a los datos personales de sus trabajadores, como es su historial médico? La cuestión no es en absoluto menor. Mientras que los profesores, por ejemplo, no pueden ni tener acceso al expediente de sus alumnos por tratarse de datos confidenciales, las empresas podrían tener acceso a los historiales de sus empleados. Esta flagrante contradicción ha sido esgrimida, como decimos, por los tribunales para no aceptar dicho pasaporte. Además, los menores de cierta edad ni siquiera tienen la posibilidad de vacunarse. Por tanto, se crearía una discriminación arbitraria hacia los mayores de cierta de la que quedarían excluidos los menores. Vemos que la implantación del certificado VIH ofrece más dudas que soluciones. Además, está el hecho de que la obtención del pasaporte significa haberse vacunado, no la imposibilidad absoluta de transmitir el virus. Pese a vacunarse, la posibilidad, y el riesgo, seguirán estando ahí. Ahora bien, siempre contamos con la solución liberal en este sentido: que cada uno establezca las medidas que considere oportunas. Puede abstenerse de acudir a reuniones, actos sociales o cualquier otra aglomeración que crea le constituye un peligro inasumible. Puede administrarse las dosis permitidas para desarrollar anticuerpos con mayor rapidez. Puede, en definitiva, ser el que controle el riesgo al que se expone, dentro de unos límites insuperables. Suponer que el gobierno, a través del acceso a nuestra privacidad, puede llevar a la desaparición del riesgo es, por un lado, no entender cómo funciona un virus y, lo peor de todo, no comprender cómo funcionan los gobiernos.

10 Razones Contra el Pasaporte de Vacunación

Escrito por Pablo Castells en . Publicado en Análisis diario. 9 comentarios en 10 Razones Contra el Pasaporte de Vacunación

La implementación de un pasaporte de vacunación contra la covid-19 es una afrenta a la libertad individual que todo verdadero liberal debería rechazar. Obra una razón de principio, que es el repudio a la violación de la soberanía del individuo sobre su propio cuerpo. Cualquier argumento fundamentado en el paternalismo estatal que pretenda justificar la aplicación de castigos por no vacunarse es insostenible.

Pero los propulsores del pasaporte de vacunación obligatorio también alegan que esta obligatoriedad es necesaria para prevenir daños a terceros (externalidades negativas) que serían supuestamente mayores que los daños infligidos a los que no deseen vacunarse. Veamos diez razones en contra de esos alegatos:

  1. No hay evidencia concreta y definitiva de que las vacunas prevengan significativamente el contagio[1]. Se postula la posibilidad de que reduzcan la carga viral en el infectado vacunado, y así impliquen una disminución en la posibilidad de contagiar a otros. Pero en ambientes sociales reales (fuera del laboratorio) son muchos los factores que pueden incidir, y resulta difícil aislar el factor vacunación[2]. Éste es uno de los motivos por los que los fabricantes y las autoridades se abstienen de afirmar categóricamente que las vacunas previenen los contagios. De hecho, la mayoría de las autoridades insisten en mantener prácticamente los mismos cuidados incluso luego de vacunados.
  2. Las mismas autoridades que exigirían la vacuna utilizan los kits de PCR (reacción en cadena de polimerasa) asumiendo que éstos pueden determinar la positividad de la infección por SARS-Cov2 que a su vez se relacionaría con la enfermedad de covid-19 (así contabilizan los casos, que a su vez inciden en las decisiones de confinamientos, estados de alarma y toques de queda). Pero si es cierto que las PCR dan un fiel diagnóstico de la infección, entonces bastaría con usar éstas para identificar a los casos que pueden implicar riesgo de contacto, sin necesidad de exigir vacuna alguna.
  3. Si la vacuna realmente protege eficazmente de cuadros graves de enfermedad, ¿cuál es el miedo de un vacunado de mezclarse con un no vacunado? Hay quienes parecen realizar contorsiones argumentales para justificar la obligatoriedad, apelando a que las vacunas pueden ser parcialmente eficaces, y entonces el vacunado no tendría garantizada la prevención de un cuadro grave. El problema con ese argumento matizado, es que peca de un prejuicio a favor de la obligatoriedad, porque igualmente se podría argumentar desde el otro lado, que el hecho de que la eficacia de las vacunas sea parcial torna injustificable su imposición obligatoria. O sea, no parece coherente argumentar a favor de la obligatoriedad fundamentándose en la eficacia, y a la vez fundamentándose en la falta de eficacia. ¿Cuál sería la combinación del porcentaje de eficacia frente al porcentaje de probabilidad de contagiarse una vez vacunado que justificaría la obligatoriedad? Fijar cualquier cuantificación en este sentido resultaría antojadizo, y además estamos lejísimos de la posibilidad de obtener esas medidas con exactitud. Y si, por el contrario, se estableciese que la eficacia de las vacunas en la prevención de la enfermedad grave fuese baja, entonces pierde sentido el vacunarse, y mucho más su imposición.
  4. Las vacunas contra la covid-19 se han desarrollado con una rapidez inusitada. Esto es algo positivo y refleja la posibilidad de mancomunar esfuerzos a nivel global. Pero también implica un inevitable componente de riesgo, ya que la difusión masiva se ha efectuado en tiempos más cortos que los conocidos hasta ahora. Hay debates acerca de si estas vacunas están en fase experimental o no. Pero más allá de los tecnicismos en la definición de términos, lo cierto es que hay autorizaciones de emergencia, lo que implica un curso anormal de desarrollo[3]. También hubo casos como el de la vacuna rusa Sputnik V, implementada incluso previo a la conclusión de la fase III[4]. Tampoco se puede descartar la posibilidad de efectos adversos que tarden en manifestarse, y es por eso que se prevé que las pruebas clínicas se extiendan hasta fines de 2022 y comienzos de 2023[5], además del período posterior de monitoreo. Esta situación de emergencia obra en contra de los argumentos a favor de la obligatoriedad.
  5. Las vacunas de ARN mensajero (como la Moderna COVID-19, y la Pfizer–BioNTech COVID-19) prometen constituirse en un importante avance médico. Pero recién el 2 de diciembre de 2020, la agencia regulatoria de medicamentos británica se convirtió en la primera en aprobar el uso masivo de una vacuna de este tipo[6]. No es apropiado que una nueva tecnología nunca antes probada en forma masiva deba probarse imponiendo castigos o limitaciones a los que no quieran someterse a ella.
  6. Los gobiernos han aceptado que las empresas productoras de las vacunas asuman parcialmente la responsabilidad por potenciales efectos adversos, o que la asuman pero con una compensación económica por parte del Estado. Muchos de los contratos son confidenciales[7]. Esto puede fomentar una producción más rápida de vacunas, pero afecta la transparencia del proceso, perjudicando los argumentos a favor de la obligatoriedad.
  7. Se ha registrado memoria inmunológica en personas que han tenido covid-19[8]. Por ello es cuestionable la necesidad de vacunar a estas personas, y prácticamente absurdo imponerles castigos o restricciones por no vacunarse. Una cuestión particular adicional a tener en cuenta en estos casos, es la posibilidad de la potenciación dependiente de anticuerpos (antibody-dependent enhancement, ADE) y de la potenciación de la enfermedad respiratoria asociada a la vacuna (vaccine associated enhanced respiratory disease, VAERD o ERD). Éstas dos potenciaciones de la enfermedad se pueden dar con una reinfección (como es el caso del dengue con la ADE), y muy raramente, con una infección luego de una vacunación[9]. Afortunadamente, estas reacciones no deseadas no se han observado ni en la etapa de pruebas en animales, ni en las pruebas clínicas, ni aun con las variantes más resistentes de SARS-Cov-2 (B.1.1.7 [“británica”] y B.1.351 [“sudafricana”]); por el contrario, en general se vienen observando mejores respuestas inmunológicas luego de la vacuna[10]. Estas buenas noticias, sin embargo, no obstan para que esto se deba seguir monitoreando.
  8. Algunos comentaristas -incluso liberales-,[11] mencionan el hecho de que ya existen requerimientos de vacunación para movilizarse o ingresar a ciertas zonas. Pero, sin entrar a estudiar cada caso y su historia en particular, que haya casos de requerimientos preexistentes no implica: (1) ni que esos casos de restricciones estén siempre bien (estaríamos cayendo en una especie de problema del ser y el deber ser[12]), ni (2) que porque en esos casos esté bien, habría de estarlo en éste (estaríamos cayendo en un non sequitur). Esto último, si se aceptan que los requerimientos ya existentes están bien, puede o no ser el caso, pero no se sigue necesariamente.
  9. El argumento de que es necesario imponer un pasaporte de vacunación para evitar poner al sistema de salud bajo el riesgo de saturación es endeble. Tres objeciones:
    1. La mayoría de la gente parece tener la voluntad de vacunarse[13]. Además, hemos de suponer que las personas que pertenecen a grupos de riesgo deben tener un grado de voluntad de vacunarse aún mayor que la media de la población en general. Y también parece razonable pensar que la aceptación de las vacunas irá en aumento, si el paso del tiempo continúa confirmando su eficacia y su seguridad.
    1. Los argumentos basados en la necesidad de evitar el riesgo de saturación del sistema sanitario podrían esgrimirse para cualquier otra enfermedad condicionada por el comportamiento. Con esa lógica autoritaria, acabaríamos controlando la dieta, el ejercicio físico y los hábitos de las personas, imponiendo toda suerte de prohibiciones y obligaciones en lo que conformaría un programa sanitario estatal orwelliano. El comportamiento de elegir no vacunarse no parece ser cualitativamente distinto a (peor que) tantos otros comportamientos de toda índole que implican una presión sobre el sistema sanitario. O al menos, para establecer que sí lo es, sería necesario conducir una gran cantidad de complejas investigaciones sobre un sinnúmero de problemas de salud y comportamientos asociados.
    1. Mejor que imponer la obligatori edad de la vacuna es mejorar el sistema de salud. Éste es un punto complejo, pero clave. Baste decir aquí que en general los Estados no sólo se han mostrado más ineficientes que el sector privado, sino que además sus intromisiones en el sector privado han inhibido el potencial de éste último.
  10. La imposición de la vacunación por parte de las autoridades promueve innecesarias suspicacias y genera dudas adicionales sobre los posibles efectos adversos. Aquí, como en todo, se debería dejar obrar al mercado. Si las vacunas prueban ser eficaces y seguras, la vacunación tendrá más adhesión. Si en cambio, las impone el Estado, esto sólo generará aún más desconfianza en aquéllos que ya alberguen sospechas de motivaciones meramente comerciales o dudas acerca de los posibles efectos adversos.

Una aclaración final que, si bien es innecesaria, en estos tiempos de pánico y sordera intelectual autoinducida puede llegar a ser conveniente: considerar estas razones no implica estar en contra de las vacunas, ni tampoco de la decisión personal de vacunarse.

[1] Hasta los CDC hablan de una probabilidad potencial (“potentially less likely”) de que las vacunas disminuyan la contagiosidad, y dicen que la investigación al respeto aún continúa. Y en la misma página, afirman que la gente vacunada podría seguir contagiando (“could potentially […] spread it to others”):

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html

[2] https://www.nature.com/articles/d41586-021-00450-z

[3] Incluso los fact-checkers de Reuters, que niegan que las vacunas sean consideradas experimentales, afirman que: “Se ha expedido la autorización de uso de emergencia en E.E.U.U. como resultado de la severidad de la pandemia”, que esta autorización de emergencia cesará “cuando termine la pandemia”, para lo que “aún no se ha dado un plazo” (política similar en Reino Unido). Asimismo, se han autorizado pruebas en humanos en paralelo con pruebas en animales:

https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-vaccines-idUSL1N2M70MW

[4] https://www.bbc.com/mundo/noticias-55902348

[5] Por ejemplo, Moderna hasta el 22/10/2022, y Pfizer hasta el 31/01/2023:

https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-vaccines-idUSL1N2M70MW
https://www.historyofvaccines.org/es/contenido/articulos/desarrollo-pruebas-y-reglamentos-para-las-vacunas

[6] https://www.gov.uk/government/news/uk-authorises-pfizer-biontech-covid-19-vaccine

[7] Ejemplos:

https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability-idUSKCN24V2EN
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/astrazeneca-partial-immunity-eu-vaccine/
https://www.nytimes.com/2021/01/28/world/europe/vaccine-secret-contracts-prices.html
https://theconversation.com/who-pays-compensation-if-a-covid-19-vaccine-has-rare-side-effects-heres-the-little-we-know-about-australias-new-deal-147846
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/07/companias/1596824071_284665.html
https://www.newtral.es/inmunidad-legal-vacunas-covid/20201119/
https://www.eldiario.es/sociedad/farmaceuticas-ganan-estados-europeos-indemnizaran-efectos-inesperados-vacunas-coronavirus_1_6222300.html

[8] https://science.sciencemag.org/content/371/6529/eabf4063

[9] https://www.vacunas.org/la-velocidad-sideral-y-los-problemas-de-seguridad/

https://www.the-scientist.com/news-opinion/covid-19-vaccine-researchers-mindful-of-immune-enhancement-67576
https://davidson.weizmann.ac.il/en/online/reasonabledoubt/ade-and-corona-vaccines

Y el recomendable artículo de Derek Lowe (en inglés) resumiendo las novedades recientes:

https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2021/02/12/antibody-dependent-enhancement-and-the-coronavirus-vaccines

[10] https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2021/02/12/antibody-dependent-enhancement-and-the-coronavirus-vaccines

[11] Como por ejemplo, el estimado Francisco Capella: “Los Estados ya exigen certificados de vacunación para ciertos movimientos internacionales a zonas problemáticas.”

https://ijmpre2.katarsisdigital.com/ijm-actualidad/analisis-diario/libertad-y-pasaporte-covid/

[12] https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_del_ser_y_el_deber_ser

[13] Ejemplos:

https://www.ocu.org/salud/medicamentos/noticias/encuesta-vacuna-covid
https://www.telam.com.ar/notas/202104/550177-es-alta-predisposicion-a-vacunarse-y-amplia-la-aceptacion-de-las-medidas-restrictivas.html
https://khn.org/news/article/covid-vaccine-hesitancy-drops-among-americans-new-kff-survey-shows/