“Por lo que a nosotros concierne, estamos totalmente convencidos de que un día se establecerán asociaciones para reclamar la libertad de gobierno como han sido establecidas para reclamar la libertad de comercio”
La producción de seguridad, Gustave de Molinari
En la primera parte analicé la ruptura generacional y la necesidad de un nuevo contrato social, en esta segunda parte haré una conjetura sobre por dónde podría desarrollarse.
A medida que el poder de negociación entre las distintas generaciones se va modulando en esta transición hacia una nueva era —la era de la información—, a la par que la vieja política es incapaz de cumplir sus promesas y las generaciones que han cumplido su parte del contrato social exigen el pago del Estado de sus pensiones, se planteará nuevamente un escenario similar al de la Transición, donde nos debatiremos entre la Continuidad de los boomers y pensionistas, la Reforma de los trabajadores y la Ruptura de los más jóvenes.
En la elaboración de todo contrato es esencial el poder de negociación de las partes: qué quiere cada una, qué puede aportar y en qué puede ceder. En este caso, las partes serán los tres sectores generacionales que ya identificamos, a grandes rasgos: boomers y pensionistas (>58 años), trabajadores (30-58 años) y jóvenes (<30 años). Será importante, por tanto, estudiar de qué dispone cada uno y qué quieren para este nuevo contrato social.
Boomers y pensionistas quieren mantener el statu quo, la continuidad del sistema actual que tantos beneficios les reporta; esencialmente, sus pensiones. Por ejemplo, las nuevas pensiones de jubilación son un 23,3 % más altas que el sueldo más habitual en España. Estos ingresos en su mayoría son renta disponible, puesto que ya tienen sus viviendas pagadas y apenas tienen otros gastos. Disponen de ahorros, bienes inmuebles y un poder de negociación significativo por el elevado número de votantes que son. No obstante, tienen muy poco poder social, puesto que ellos son los que menos movilidad tienen y los que más necesitan al resto de la sociedad, dado que ni producen bienes ni prestan servicios.
Trabajadores. El mundo cambia a una velocidad de vértigo y ya no tienen tan seguro mantener un buen puesto de trabajo por las necesidades de actualizarse y la situación macroeconómica. Aunque su horizonte empieza a tener nubes negras, todavía aspiran a llevar una jubilación tranquila como la de sus padres y que el temporal que se avecina no sea más que una breve tormenta de verano. Sin embargo, la demografía es testaruda, y para que puedan llevar a cabo su retiro, el Gobierno planea retrasar la edad de jubilación y abrir las puertas a 10 millones de inmigrantes. Su poder de negociación es el menor de todos, puesto que están atados a las expectativas de futuro vinculadas al Estado, pero también a sus impuestos. Son los que más tienen que perder, las principales víctimas de la ruptura del contrato social. Disponen de las herencias futuras y de los frutos de su trabajo presente al menos de lo que no se coman la inflación y los impuestos. No obstante, a pesar de ser los que menor poder de negociación tienen, detentan el poder actual y tienen en sus manos las riendas para elegir el camino: la Continuidad, la Reforma o la Ruptura.
Los jóvenes con el statu quo actual no tienen nada que ganar, y por la precariedad tampoco nada que perder, y tienen todo el futuro por delante. Con el fork en los medios de comunicación van a tener voces mediáticas que les representen, y pueden hacer su patrimonio portátil y difícilmente confiscable gracias a Bitcoin. Así, con la facilidad para emigrar llegado el caso, su poder de negociación social irá creciendo significativamente a medida que pase el tiempo. Sin embargo, no tendrán gran poder de negociación político, pues por demografía ni siquiera atraen el interés de los partidos. Tanto la Continuidad como la Reforma les necesita como agua de mayo, ¿quién va a mantener si no el sistema? ¿20 millones de inmigrantes? El sistema necesita a los jóvenes, pero ellos lo único que quieren es un trabajo digno, formar una familia, acceder a una vivienda y poder vivir sin que les asfixien con regulación e impuestos, por lo que su facilidad para hacer un opt-out —optar por salir del sistema— incrementará exponencialmente su poder de negociación. Además, tienen competencias esenciales para el mundo que viene, si no les integran en las estructuras de poder, la fragilidad y vulnerabilidad será enorme, sirva como ejemplo cuando un periodista se coló en una reunión secreta de Defensa de la Unión Europea.
Una vez visto el poder de negociación de cada parte, de qué disponen y qué quieren, hay que conjeturar acerca de cómo se llega a este escenario, puesto que el actual contrato social se está resquebrajando a marchas forzadas. Veamos un ejemplo paralelo: la Superliga.
Florentino Pérez plantea hacerla porque ve que el fútbol, tal y como está, es insostenible, en el medio-largo plazo puede morir. Como tuvieron un monopolio de la emisión, subieron mucho los precios, y los que siempre habían sido aficionados siguieron consumiéndolo. Pero una capa de la sociedad, los jóvenes, quedaron excluidos justo en el momento en el que aparecía una alternativa —Youtube—, así que se bajaron del tren para subir a uno nuevo. Y no sólo esto, es que también disuadieron a muchos padres de seguir viéndolo. Los jóvenes ya solo ven los grandes partidos, pero no son fanáticos del fútbol. En el día a día no siguen todos los encuentros, ven a creadores de contenido. Es difícil encontrar un partido de Primera División que no sea del Real Madrid, Barcelona o Atlético, que supere un directo de Ibai. Si se proyecta esto 10 años, el fútbol va a tener muy pocos espectadores el día de mañana, a excepción de los grandes partidos. La solución propuesta a este escenario era la Ruptura.
La Superliga suponía romper con el statu quo, haciendo partidos solo con los equipos de primer nivel europeo, retransmitidos por plataformas globales y con los creadores de contenido como comentaristas. La solución era buena ante un escenario de crisis del fútbol, pero no incluyó los intereses de las instituciones establecidas. El error, además de hacer la presentación en El Chiringuito, fue no negociar con todas las partes. Pero la consecuencia de que no se negociase entre todas las partes ante un escenario de crisis, supone que el fútbol ya va a tener prácticamente imposible recuperarse y mantenerse hegemónico las próximas décadas. El escenario era, “el fútbol, de seguir así, muere, ¿qué vamos a hacer para salvar esto?”. Se enfrentaron los intereses acumulados de las instituciones futbolísticas y los intereses de los equipos que tienen mayores ingresos, y no buscaron la negociación por el bien común, sino sus intereses particulares; y por ello el fútbol muere.
Pues bien, España está como el fútbol. Si seguimos así, en 10 años estaremos como Argentina. Al igual que el fútbol va a morir por perseguir cada uno sus intereses particulares, si no hay una negociación que tenga en cuenta los intereses de todas las partes, lo que vamos a perder es el futuro de España.
Los pilares esenciales de esta hipotética negociación, a mi juicio, serán: 1/ pensiones, 2/ sector público e impuestos, 3/ deuda pública, 4/ inmigración y 5/ jurisdicciones privadas.
1/ Pensiones. Lo bueno de tener un sistema de reparto es que las pensiones no “quiebran”, simplemente se reparte lo que hay, sea mucho o poco. Lo que es prácticamente imposible es que se sostengan tal y como están ahora y se sigan actualizando al IPC, especialmente con la inflación que tenemos —y que apenas ha comenzado—. Dado el elevado número de votantes que son y que su interés primordial son las pensiones, será difícil ver recortes en ellas. No obstante, dentro de la negociación, parece razonable buscar un acuerdo por el que haya pensiones para todos ellos, pero adaptándolas en función de un criterio de renta disponible por pensionista. Además, habrá que retrasar la edad de jubilación —siguiendo criterios por sectores— puesto que la esperanza y calidad de vida se han incrementado muy significativamente. No parece razonable que el nuevo contrato social acuerde pagar rentas por encima de la media del sector productivo, cuando además los pensionistas no suelen tener los gastos corrientes de alquiler de los trabajadores y jóvenes. Sin embargo, todavía estamos lejos de empezar la negociación, y acaban de anunciar que el Gobierno eliminará el tope de las pensiones máximas, parece que busca acelerar la caída del Estado.
2/ Sector público e impuestos. Sin un recorte significativo del sector público será muy difícil bajar impuestos, y sin bajar impuestos será prácticamente imposible mantener en España a los supercontribuidores, que son los que nutren las arcas del Estado. En el mundo que empieza a amanecer, tendrán extraordinariamente accesible el cambiarse de jurisdicción o tener su patrimonio fuera del alcance de las garras del Estado. Además, habrá que incorporar a los jóvenes en el sector público, tanto para reemplazar a los boomers que se jubilan como para introducir las competencias de las que ahora la Administración carece. Para ello se hace imprescindible una reforma significativa del funcionamiento de la Administración y de la integración y régimen de funcionarios.
3/ Deuda pública. Los intereses de la deuda pública van a asfixiar a los españoles la próxima década. Parece razonable ajustar a la realidad económica de España las pensiones y no cargar todo el peso sobre las condiciones laborales de los jóvenes, que hoy además nacen con 39.947 euros de deuda real por persona. Al fin y al cabo, no parece demasiado justo que unos sean los que se endeuden en nombre de otros que no disfrutan de los beneficios y que pagan la fiesta.
4/ Inmigración. España necesita inmigrantes, millones de ellos. No es suficiente con incrementar la natalidad, porque esos resultados llegarían dentro de tres décadas, y necesitamos trabajadores hoy. Pero, ¿qué inmigración? Una de las virtudes de España es su posición geográfica y su clima, con una regulación atractiva, bajos impuestos, y acabando con el principio de neutralidad del Estado, se pueden atraer millones de inmigrantes que vengan a aportar y empresas productivas a nuestro territorio. En caso de que no optemos por esta vía, recibiremos principalmente inmigración del norte de África, poco cualificada, y nos convertiremos en el lugar de mano de obra barata para la Unión Europea devaluando los salarios de nuestros jóvenes, precarizando más el trabajo e incrementando la inseguridad. Del diseño de esta política de inmigración depende en gran medida lo que será España este siglo.
5/ Jurisdicciones privadas. Las Micrópolis (libro en el que estoy trabajando junto a Adolfo) son zonas jurídicas y económicas especiales, que en alguna medida recogen la tradición española de los fueros, y que permitirían adaptar las normas sociales a grupos y comunidades con intereses afines. Con los problemas de la España vacía sería una propuesta muy interesante para, en lugar de tener que resignarnos a una decadencia constante, poder atraer personas y empresas de todo el mundo que simplemente vayan buscando un lugar seguro donde asentarse y prosperar —o simplemente no tener que emigrar de España.
Pensemos en jurisdicciones diseñadas específicamente para pensionistas, con un tejido sanitario espectacular; en Micrópolis donde sectores empresariales se asienten para tener una regulación concreta y conectar sinergias, como puedan ser farmacéuticas o el sector del automóvil europeo; ciudades privadas con legislaciones educativas propias, o con mayores o menores restricciones de inmigración.
Matandrinos es una aldea abandonada de Segovia que se puede comprar por 100.000 euros, ¿por qué no permitir a unos jóvenes que se instalen allí y se organicen jurídica y socialmente como consideren? Al fin y al cabo, con un ciberdinero y un mercado de 580 millones de hispanohablantes se pueden prestar servicios desde cualquier parte del mundo, por lo que estas opciones serán más que viables.
Y todo esto podría convivir con el “resto de España” funcionando con las mismas reglas, mientras se permite un crecimiento significativo tanto de la vida como de la riqueza, contribuyendo a sostener las enormes promesas de gasto social del Estado. Siendo una alternativa a aquello que Ortega comentaba de las sociedades cuando los jóvenes no tienen perspectivas de futuro:
“Entonces acontece la estatificación de la vida, el intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado; es decir, la anulación de la espontaneidad histórica, que en definitiva sostiene, nutre y empuja los destinos humanos. Cuando la masa siente alguna desventura, o simplemente algún fuerte apetito, es una gran tentación para ella, esa permanente y segura posibilidad de conseguirlo todo —sin esfuerzo, lucha, duda ni riesgo— sin más que tocar el resorte y hacer funcionar la portentosa máquina. La masa se dice: “El Estado soy yo”, lo cual es un perfecto error. El resultado de esta tendencia será fatal. La espontaneidad social quedará violentada una vez y otra por la intervención del Estado; ninguna nueva simiente podrá fructificar [¿ninguna?]. La sociedad tendrá que vivir para el Estado; el hombre, para la máquina del Gobierno. Y como a la postre no es sino una máquina cuya existencia y mantenimiento dependen de la vitalidad circundante que la mantenga, el Estado, después de chupar el tuétano a la sociedad, se quedará hético, esquelético, muerto con esa muerte herrumbrosa de la máquina, mucho más cadavérica que la del organismo vivo. Esta empieza a ser esclavizada, a no poder vivir más que en servicio del Estado. La vida toda se burocratiza. ¿Qué acontece? La burocratización de la vida produce su mengua absoluta, en todos los órdenes. La riqueza disminuye, y las mujeres paren poco”.
La rebelión de las masas, Ortega y Gasset
Frente a esta situación habrá que buscar alternativas. Reformular el contrato social para aliviar tensión social y generar vida y prosperidad es una, y es ahí donde el proyecto de las Micrópolis ofrece una salida a este escenario.
