El Instituto Juan de Mariana publica el informe Midiendo el voto económico en España: ¿el partidismo nubla la razón? El estudio mide cuál es la incidencia de los factores económicos en el sentido del voto. El factor económico incide en el sentido del voto. La medida en que la economía incida en el voto es muy importante. Si el voto económico fuera determinante, los políticos le prestarían más atención. Si fuera marginal, el desempeño de la economía no estaría entre las preocupaciones de los gobiernos.
Según explica el informe, obtiene los datos de las variables sometidas a estudio a partir de las encuestas postelectorales del CIS de 2008 (2757), 2011 (2920), 2016 (3145), y 2019 (3269). La variable independiente principal es la percepción general sobre la situación económica. Finalmente, el informe hace “un ejercicio de prospectiva en el que utilizamos los barómetros fusionados del CIS desde enero a marzo de 2023 para observar la relevancia de la economía a la hora de condicionar el voto”. Así, “nuestras estimaciones indican que, entre los que votaron al PSOE en 2019, tener una valoración mala o muy mala de la situación económica reduce las probabilidades de que vuelvan a votar al PSOE en 16 puntos porcentuales”.
Actuando en libertad cada individuo revela lo que considera bueno: «Sea pues bueno aquello que sea elegible por sí mismo» (Aristóteles, 2009: 77). Por el contario, lo malo procura ser evitado. El hombre por imperativo biológico —sostenimiento y perfeccionamiento de la vida— necesita apropiarse de bienes pudiendo hacerlo de dos formas: «El trabajo y el robo, el propio trabajo y la apropiación por la fuerza del trabajo de otros»; distinción que Oppenheimer (1926: 24) denominada «medios económicos» y «medios políticos».
El origen del impuesto nunca fue un mítico «contrato social», sino la apropiación violenta de la riqueza mediante la conquista (Bodino, 1576). Paulatinamente, el impuesto se fue sistematizando con funcionarios al servicio de las élites políticas; por ejemplo, la unificación que supuso el Sistema Métrico Decimal (Lavoisier, 1799) facilitó la labor confiscatoria del Estado moderno.
El tributo enriquece a quien lo percibe y empobrece a quien lo paga, por ello, uno intenta acrecentarlo y el otro intenta escamotearlo. Cobrar impuestos requiere de una capacidad técnica que combina información, organización, coacción y persuasión. A pesar de que el Estado posee la fuerza para doblegar la resistencia de sus víctimas, procura conseguir su voluntariedad o, al menos, su anuencia. La persuasión incrementa el ingreso fiscal mediante la reducción de costes del recaudador. El lenguaje, sin duda, es una potente herramienta de legitimación fiscal cuya finalidad es hacer creer al individuo que los tributos son justos, necesarios y que, en última instancia, él es el principal beneficiario. En el presente artículo, por fiscalidad o tributación entendemos cualquier obligación dineraria o servidumbre (militar, electoral, judicial) forzosa.
El impuesto no es voluntario
«El interesado, antes de actuar de uno u otro modo, valora y pondera la posibilidad de que otro ejerza coacción sobre él» (Mises, 2011: 766). El impuesto no es voluntario, se cobra bajo amenaza; no obstante, el recaudador intenta disfrazarla empleando verbos —aportar, colaborar, contribuir, destinar, pagar, participar, prestar, sufragar— que infieren voluntariedad. Sin duda, sería más realista llamar «confiscado» al «contribuyente». El actual «Impuesto de Bienes Inmuebles» (I.B.I.) se llamaba «contribución». La Constitución española (art. 31. 1) reza: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos […]». De igual modo, se pervierte el significado de «colaboración» (art. 118): «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así́ como prestar la colaboración requerida […]». La «participación» y «colaboración» que exige el Estado es sui generis; por ejemplo, negarse a «participar» como miembro de un Jurado supone multa entre 150€ y 1.502€; y negarse a «colaborar» en la realización de encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE) conlleva sanción. Las organizaciones criminales privadas emplean la misma técnica que el Estado, por ejemplo, así se dirigía E.T.A. al abuelo de Santiago Abascal: «Sr. ABASCAL, hace algún tiempo recibió Vd. una carta nuestra en la que le hacíamos petición de 10 millones de pesetas como contribución económica a la lucha del Pueblo Vasco […]».
Otro eufemismo es llamar «prestación» a cualquier forma de servidumbre o trabajo forzado, como el servicio militar obligatorio. De igual modo, el verbo «pagar» es usado equívocamente cuando declaramos «pagar» impuestos o «pagar» el sueldo a los políticos. Analicemos este titular: «Los españoles destinan el 52% de sus salarios al pago de impuestos»; aquí los verbos «destinar» y «pagar» enmascaran la naturaleza violenta de la fiscalidad. El ciudadano no «paga» salarios públicos, ni «sufraga» obras o servicios públicos y ni siquiera «paga» su propia jubilación. Es el gobierno, previa confiscación, quien realiza todos esos pagos. Sería más apropiado afirmar que los políticos se pagan a sí mismos. Otras veces, una cuota forzosa se camufla como «aportación»: «El sistema […] se financiará con los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores». Cual trilero, el gobierno retiene a las empresas un dinero que luego les devuelve como «crédito» formativo y, de paso, se embolsa cada año más de 900 millones € por cursos no impartidos.
Otra perversión del lenguaje es esta: «El Gobierno ha pedido un esfuerzo adicional a los ciudadanos durante la crisis»; o bien: «Los españoles han asumido sacrificios y en cuanto podamos bajaremos los impuestos»; pero los políticos no piden permiso para saquear a los ciudadanos. El colmo del cinismo es denominar «voluntario» al período de pago (sin recargo) de ciertos tributos municipales: I.B.I., tasa de basura, impuesto de circulación, etc.
Para combatir la manipulación verbal es recomendable hablar en plata, por ejemplo, la cuota que «pagaban» las empresas por su pertenencia forzosa a las Cámaras de Comercio era más conocido como «impuesto revolucionario». Otra estrategia es hacer ostensión verbal de estar siendo coaccionado; por ejemplo, algunos políticos separatistas prometen su cargo por «imperativo legal» para manifestar su oposición al statu quo político. De igual modo, podríamos adjetivar como «forzosos» específicos hechos y situaciones; por ejemplo: contribuyente forzoso de impuestos, médico colegiado forzoso Nº…, presidente forzoso de la mesa electoral…, miembro forzoso del jurado…, etc
Competitividad fiscal
La palabra competitividad tiene una connotación positiva. La competencia mercantil proporciona a los consumidores bienes económicos con la mejor relación calidad-precio posible. Los peores competidores desaparecen o son adquiridos por los mejores. Al hablar de competitividad fiscal se da a entender que los gobiernos compiten entre sí buscando el plácet de los ciudadanos, pero el Fisco no es una empresa ni compite como una empresa. En primer lugar, la competencia fiscal es contraria a la naturaleza expansiva del poder político: «Un gobierno es tan fuerte como lo son sus ingresos» (Chodorov, 2002: vii). No nos engañemos, ni siquiera la (estatista) curva de Laffer busca el interés del contribuyente, sino optimizar el ingreso fiscal. Los índices de competitividad fiscal (ICF) que elaboran fundaciones y think tanks libertarios son empleados para persuadir a los gobiernos y que sean fiscalmente atractivos a residentes y empresas. Esta estrategia se ve fuertemente contrarrestada con acusaciones de dumping fiscal y por el intento de «armonización» fiscal proveniente de saqueadores sin complejos. Más que competir, los gobiernos se cartelizan para subir impuestos; por ejemplo, tras la crisis de 2008, se orquestó un catastrazo nacional que multiplicó el I.B.I. por 3,5 en una década. Sería más apropiado llamarlo «Índice de agresión fiscal».
En segundo lugar, los gobiernos no quiebran por falta de competitividad fiscal; por ejemplo, Cuba lleva 60 años siendo un pésimo competidor fiscal y perdiendo población, pero ahí sigue. Los Estados no se ven obligados a reducir su fiscalidad, por el contrario, el avance imparable del Estado social no ha hecho sino incrementarla.
Dumping fiscal
En un artículo anterior ya vimos que prohibir la venta a pérdida o dumping carece de justificación ética y económica. El dumping es un fenómeno exclusivamente mercantil ya que los gobiernos no venden bienes a precios de mercado. La incorrecta acusación de dumping fiscal, por tanto, se refiere más bien a tener una fiscalidad «demasiado» baja. Por ejemplo, se acusa a la Comunidad de Madrid de «deslealtad» porque sus impuestos —sucesiones, donaciones y patrimonio— son más bajos que en otras regiones. Toda propuesta de «homogeneización» o «armonización» fiscal es un intento igualitario de saquear a todos al máximo nivel.
Paraíso fiscal
Un deslizamiento lingüístico es probablemente el origen de la metáfora «paraíso fiscal», dado el parecido entre los sustantivos ingleses haven (refugio) y heaven (paraíso). En cualquier caso —refugio o paraíso — nos estamos refiriendo a una jurisdicción con nula o baja fiscalidad que atrae a capitales y residentes de otros Estados. Los paraísos fiscales han sido objeto de las peores acusaciones —blanqueo de capitales, fraude, elusión— por la mayoría de gobiernos (auténticos «infiernos» fiscales), que ve mermada su capacidad confiscatoria. Resulta cómico que los mayores agresores fiscales acusen a los más moderados de «prácticas fiscales abusivas». El mundo al revés. En particular, La Unión Europea (2021) tiene una lista negra de 21 jurisdicciones que no «cooperan» lo suficiente al saqueo fiscal de Bruselas.
Impuesto confiscatorio
Se trata de un pleonasmo pues todo impuesto, en mayor o menor medida, es confiscatorio. Sin embargo, los hablantes entienden por «confiscatorio» un tributo desmedido o abusivo: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio» (CE, art. 31. 1). El legislador hace un brindis al sol cuando no precisa el significado de «confiscatorio», permitiendo el expolio fiscal con impunidad. Esta argucia convierte al gobierno en dueño y señor de toda la riqueza, estipulando en cada caso qué porción reclama para sí y cuál permite conservar al contribuyente (Chodorov, 2012: 8).
El impuesto progresivo es regresivo
La (espuria) justicia social exige que los más ricos sean sacrificados en el altar del Estado social mediante una fiscalidad «progresiva». Paradójicamente, como apunta el profesor Benegas Lynch (2014), las personas con ingresos más bajos (supuestos receptores del botín fiscal) resultan perjudicados de forma indirecta. A medida que la renta se incrementa, generalmente, la proporción dedicada al consumo disminuye y la dedicada al ahorro e inversión aumenta. El impuesto progresivo reduce el consumo de los más «ricos», pero reduce en mayor proporción la inversión en bienes de capital; y una menor tasa de capitalización implica salarios e ingresos reales más bajos. Por otro lado, el impuesto progresivo desincentiva el trabajo de los profesionales más productivos, agravando la escasez de servicios altamente valorados por los consumidores. Por ejemplo, un afamado cirujano reducirá voluntariamente el número de intervenciones quirúrgicas. En definitiva, el impuesto progresivo penaliza los factores de producción capital y trabajo: «La producción y la riqueza total ha sido rebajada» (Mises: 2011: 779).
Confusión fiscal y jurídica
Consiste en hacer que la legislación fiscal sea tan intrincada, ambigua y cambiante como sea posible, de tal forma que constituya un arcano para los legos y un laberinto para los técnicos, que ven mermada su capacidad de asesoramiento. Cuanto más confusa y alambicada sea la normativa más ventaja tiene el Fisco que, actuando como juez y parte, interpreta la norma en su favor. La inseguridad jurídica de individuos y empresas es la seguridad económica al gobierno.
La confusión fiscal intersecta con el Derecho. El legislador enmascara la coacción haciendo creer al ciudadano que un deber legal —fiscal, militar, electoral, judicial— es al mismo tiempo un derecho. Por ejemplo: «Son derechos y deberes de los vecinos: […] d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales». Sin embargo, para un mismo individuo algo no puede ser simultáneamente derecho y deber (García-Trevijano, 2012). Veamos otra mentira: «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España». Claramente, el servicio militar obligatorio no es un derecho porque si lo fuera podría dejar de ser ejercido, es decir, todo derecho incluye su abstención. Votar tampoco es derecho y deber. El sufragio activo es un derecho político y su corolario es el derecho de abstención (no votar). Es una indecencia que los legisladores elaboren falacias informales, a saber, «usos equívocos de términos y abusos de imprecisión» (Vega, 2007: 196).
Benegas Lynch, A. (2014). «El rol de la desigualdad de ingresos y patrimonios» [Video file]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ZZ-mfv9-Ohs&t=833s
Bodino, J. (1997). Los Seis Libros de la República. Madrid: Tecnos.
Chodorov, F. (2002). “The Income Tax: Root of all Evil”. [Online edition]. Ludwig von Mises Institute.
Consejo de Europa: https://www.consilium.europa.eu/media/52208/st12519-en21.pdf
Constitución española de 1978.
Constitución suiza de 1995.
Mises, L. (2011). La Acción Humana. Madrid: Unión Editorial.
Oppenheimer, F. (1926). The State. New York: Vanguard Press.
Sánchez, D. (2013). “Taxes and History” [Video file]. Recuperado de https://www. youtube.com/watch?v=bOjaE_-BNY0
García-Trevijano, A. (2012). «El voto es un derecho, no un deber». Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=NNgtyr5HDtY
Rothbard, (2013). El Hombre, la Economía y el Estado (vol. II). Madrid: Unión Editorial. Vega, L. (2012). Si de argumentar se trata. España: Montesinos.
Próximamente se presentará en el Congreso, y veremos si se aprueba, la ley de Presupuestos generales del Estado para el año 2022.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se subirá a la tribuna, a exponer los puntos fundamentales de unos presupuestos con un record total y absoluto de gastos, 458.970 millones de euros. Lo que conducirá en el mejor de los casos, como luego veremos, a un déficit del 5% del PIB, es decir, los gastos del Estado superarán en un 5% de la riqueza nacional a los ingresos. Y con este, serán ya 15 ejercicios consecutivos con déficit público. Tres lustros en los que los distintos gobiernos han gastado más de lo que ingresaban, algo que todos a nivel personal, veríamos como una locura, pero que hemos normalizado a nivel colectivo.
Mucho se ha hablado de la mal denominada austeridad, cuando conociendo este hecho, salta a la vista que tal cosa jamás existió. ¿Cómo se puede llamar austero a algo si se gasta más de lo que ingresa? Como mucho, menos derrochador, ya que esa diferencia entre gastos e ingresos se redujo durante esos años de “austeridad”, gracias a unos recortes y reformas muy necesarias por otra parte. Pero incluso con ello, nunca se llegó al objetivo, utópico desde nuestro punto de vista actual, casi religioso en el caso alemán, de “equilibrio presupuestario”. Es decir, algo tan radical y fantasioso, como que el Estado gaste como mucho tan solo lo que ingrese, nunca más de esa cifra.
Y la pregunta es, ¿Qué consecuencias tiene que el gobierno sistemáticamente incurra en déficits presupuestarios? Pues un aumento exponencial de la deuda pública que ya ronda el 120% del PIB. ¿Y quién tendrá que devolver esa mastodóntica cantidad? Adivinen, todos nosotros. Más intereses por supuesto. Intereses que ya se nos están haciendo pesados. Alrededor de 31.000 millones de euros en intereses de deuda pagaremos en el año 2022. Para hacernos una idea, eso es casi tres veces lo presupuestado para defensa, o un 50% de todo el gasto en educación. Lo que agranda este peligro, es que actualmente pagamos esa considerable cantidad, tendiendo unos tipos de interés anormalmente bajos, por las políticas expansivas del Banco Central Europeo. Cuando esos estímulos desaparezcan, y no debería ser dentro de mucho, el pago de los intereses de deuda se puede hacer insostenible, llevándonos irremediablemente a la quiebra.
A todas estas malas noticias, hay que sumarle una más que dejábamos entrever al principio. Que esto es en el mejor de los casos. Y es que estos presupuestos, han sido desarrollados con un cuadro macroeconómico totalmente desfasado, con una previsión de crecimiento del PIB que ya ha sido corregida a la baja respecto al que han tomado para hacerlos. Por si fuera poco, este presupuesto contempla unos ingresos record, en muchos casos poco o nada realistas. Al final pasará lo de siempre, nunca se cumplen las optimistas previsiones de ingresos, y en cambio siempre se gasta lo que se tenía previsto o incluso más, haciendo bastante probable que el déficit del 2022 sea mucho más alto que el ya de por sí altísimo desfase presentado por el gobierno.
En conclusión, es urgente acabar con los déficits en las cuentas públicas, ya que endeudarnos más no es una opción factible. Y teniendo en cuenta que los ingresos están en máximos históricos, esto se tendrá que hacer vía recortes de gastos. El presupuesto es muy extenso y hay muchas partidas discutibles o demasiado pesadas. Hará falta un “cirujano” experto que haga los cortes (y recortes) necesarios para salvar al paciente. De no ser así, busquen información de lo ocurrido a Grecia hace una década, pues será nuestro futuro más pronto que tarde.
Desde que el gasto público de la Nación y las Provincias se incrementó 20 puntos del PIB (desde el 25% al 45%), entre 2003 y 2015, los medios de financiamiento tan tenido que llegar a un límite peligroso.
Los nuevos impuestos, y la consecuente presión tributaria récord en la región, ahogan a las empresas y les impiden tener retornos aceptables para invertir y generar producción y empleo. La deuda interna y externa se amplifica llevándonos a nuevos defaults, nuevas reestructuraciones de deuda o re-perfilamientos, lo que deja a las empresas sin crédito para apalancarse y crecer. La monetización del consecuente desequilibrio fiscal nos llevó a nuevos procesos inflacionarios y a una acumulación de pasivos en el Banco Central (Lebac primero y Leliq hoy) que ponen a la Argentina contra la pared, con nuevos riesgos hiperinflacionarios. Podríamos agregar otros desequilibrios indirectos (como el cepo cambiario) que, al dificultar o impedir la importación de insumos, traban el desarrollo de las empresas y anulan las posibilidades de crecimiento del país.
Es cierto, claro, que si en 2021 aprovecháramos el viento de cola y recuperáramos la actividad económica y la recaudación, podríamos reducir el déficit fiscal, variable que llegó en 2020 a 8,5 % del PBI. Pero aun alcanzando el equilibrio fiscal, algo que se ve lejano, Argentina estará impedida de enfrentar los nuevos compromisos de deuda que la reestructuración de Guzmán generó para 2023 en adelante. Se requiere un superávit fiscal primario récord para pagar esos vencimientos, y aun así será insuficiente.
Argentina debe avanzar en la corrección de un problema estructural mayor, que es el tamaño del gasto público, que el kirchnerismo dejó y el macrismo apenas pudo reducir en unos pocos puntos. Se requiere una reforma integral del estado que devuelva el gasto público a aquel 25% del PBI, pues este nivel es lo máximo que nuestra tan golpeada estructura económica podría financiar sin los desequilibrios ya conocidos y sus costos sociales consecuentes.
Sólo entonces podrá evaluarse y concretarse una reforma tributaria que reduzca a la mitad la mochila de impuestos que hoy hunde a las empresas, poniéndola en línea con nuestros vecinos latinoamericanos; sólo entonces podrá la Argentina resolver el problema de la deuda y recuperar líneas de crédito; sólo entonces dejará de monetizar desequilibrios monetarios y recuperaremos la estabilidad monetaria. En ese marco podrán plantearse caminos de apertura económica y será posible volver a atraer capitales, tanto de argentinos como de foráneos, que puedan darle al país el crecimiento ausente.
Quizás la licuación de gasto público que observamos en 2018, 2019 y sobre todo 2020 contribuya a corregir ese problema estructural. Pero se requiere un cambio de mentalidad en el gobierno para recuperar un crecimiento genuino que está ausente desde hace décadas.
El emprendedor es en la economía del siglo XXI, y lo ha sido siempre, el motor del crecimiento. El emprendedor argentino, y cualquiera que se atreva a la odisea de invertir en la Argentina, sabe que enfrentará los impuestos más altos de la región, que no tendrá acceso al crédito local, que convivirá con una de las tasas de inflación más altas del mundo, además de las restricciones que implica el cepo cambiario, la amenaza de un nuevo salto inflacionario y la consecuente inestabilidad cambiaria. Podríamos agregar un problema previsional mayúsculo, una legislación laboral sumamente negativa para los intereses del emprendedor y un aislamiento internacional propio de países bolivarianos.
En resumen, Argentina requiere un cambio urgente que devuelva sensatez a la economía. En concreto, se requieran reformas fiscal, previsional, tributaria y laboral, reformas de mercado en serio que sólo pueden ser parte de un plan económico integral hoy ausente.
Entretanto, sí, la Argentina podrá mostrar una tasa de crecimiento positiva algún año, como parte de la recuperación parcial de una anterior destrucción de capital, pero esto no implica crecer.
Lamentablemente, sólo cabe ser pesimista al analizar los desequilibrios macroeconómicos existentes y la ausencia de un plan económico para enfrentarlos. No alcanza el equilibrio fiscal, ni tampoco un acuerdo con el FMI o alguna reforma previsional o tributaria menor. Se requiere un cambio estructural e integral para que la Argentina pueda recuperar el crecimiento real.
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