Ir al contenido principal

Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

¿Más leña al fuego?

Escrito por Raquel Merino Jara en . Publicado en Artículos en prensa.

Decir siempre lo mismo es propio de tontos y locos, pero en su caso, que nada tiene ni de lo uno ni de lo otro, es un sufrido ejercicio de responsabilidad política, al menos tal como Rajoy la entiende.

El diario El Mundo revela que la crisis comienza a hacer mella en el apoyo de los españoles al Gobierno. Parece ser que al menos una parte de quienes votaron a Zapatero se empiezan a plantear si aquello de la memoria histórica, o crear una España a retazos estatutarios, o celebrar sesiones de odio con Rajoy y el PP en el papel de Goldstein, a lo mejor no es tan importante. Al menos, teniendo en cuenta que los precios de la cesta de la compra suben más del 7 por ciento, que pagar una hipoteca es como jugar a ahorcado, que el número de parados crece de forma alarmante y que todo lo que propone el Gobierno es que va a coger el dinero de cada uno de nosotros para repartirlo entre los bancos (por cierto, los votantes ¿socialistas? tragando este sapo porque se lo dice el jefe; se ve que son gente disciplinada y de orden).

Y hay quien votó a Zapatero hace menos de un año, pero preguntado en una encuesta dice ahora que no lo haría. ¿Tenía razón Rajoy frente a quienes le hemos criticado? ¿Le llevará ese discurso monótono de la economía al Gobierno? No soy un experto, pero creo que la crisis durará más allá de 2010, en contra de lo que muchos dicen, y puede que suenen los últimos estertores de la crisis en plenas elecciones. Pero para el 12, acaso en plena recuperación, la crisis no tendrá la importancia de ahora. Y entonces la cuestión no será qué responden un puñado de españoles a un encuestador, sino por quién entregan su papeleta electoral.

La gente se puede permitir negarle el voto al PSOE en las elecciones europeas, porque las ve (no sin razones) como unas elecciones sin coste, es decir, sin relevancia. Pero lo mismo puede hacer con el PP, y un resultado notable de UPyD puede dar la impresión de que hay una alternativa a la alternativa. Y Rosa Díez no le teme al debate ideológico, quizás porque no tiene miedo de que le acusen de ser la "derechona". Muchos votantes del PP, y no pocos del PSOE, la van a preferir a ella.

La derecha descreída y garbancil no tiene futuro. No heredará el poder ni de forma tutelada, que es lo más a que podría aspirar el actual PP. Por ese motivo, Mariano Rajoy tiene que ceder su liderato y convocar un nuevo Congreso en 2010.

La crisis no existe para los “zejateros”

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Sólo un ejemplo, por lo demás reciente. En el transcurso de un acto social, el director Antonio del Real invitó a Zapatero y señora al estreno de su última película. El presidente le aseguró que allí estaría si su agenda se lo permitía. Acto seguido, según cuenta el damnificado, dos grandes actrices se acercaron a la pareja presidencial para hacerle saber que se trataba de alguien que no había apoyado las algaradas callejeras de los actores contra Aznar a cuenta de la segunda parte de la Guerra del Golfo. Cuando están en juego las habichuelas, hay que ser un héroe para discrepar de la secta. Y en un negocio estatal, como lo es el cine español en tanto sobrevive gracias a las subvenciones, con más razón aún.

En los "presupuestos más austeros de las últimas décadas", según Solbes, los artistas de la ceja no van a experimentar ninguna reducción en los fondos que anualmente les facilita el Gobierno, todo gobierno, para que asombren al orbe civilizado con sus producciones cinematográficas. Antes al contrario, el cine va a ser una de las pocas industrias que va a aumentar el caudal de dinero proveniente del estado, es decir, de su bolsillo y el mío. Durante la última campaña electoral se hartaron de insultar a la gente de derechas. Ahora ZP les agradece el detalle con el dinero de todos, incluidos los que fuimos el blanco de sus invectivas.

Ochenta y ocho millones de euros es lo que el Ministerio de Cultura va a entregar a los promotores de la campaña de la ceja, para "dar respuesta a la demanda del público que ama una cinematografía que le es propia y en la que se ve reflejado", según el señor ministro. El amor de los españoles por esta cinematografía es últimamente bastante relativo, si uno echa una mirada las cifras de audiencia. En 2007, el cine español perdió casi seis millones de espectadores según cifras del propio ministerio, o sea, que más que amarlo parece que a los españoles nos cae cada vez más gordo. En cuanto a verse reflejado en lo que aparece en la pantalla, el ministro debe referirse a algún sector marginal del progresismo. Desde luego, los creyentes no pueden identificarse con películas como "Los girasoles ciegos", furibundo ataque a la religión católica (que como no podía ser de otra manera, nos representará en la próxima gala de los Oscar) cuya trama se desarrolla en el contexto de la guerra civil, un tema prácticamente inédito en nuestra filmografía progresista, como es bien conocido. Su director, José Luis Cuerda, tuvo que padecer algún trauma de niño por culpa de los curas. Quizás le daban palmetazos en el trasero cuando lo sorprendían atiborrándose de comida en mitad de la clase. Y es que hay afrentas que no se perdonan jamás.

Obama, el iluminado

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Ambos líderes coincidieron en apoyar el mega-rescate financiero anunciado por el Gobierno de EEUU y, en particular, por el secretario del Tesoro, Henry Paulson. Demócratas y republicanos alcanzaron durante este fin de semana un acuerdo para poner en marcha un plan que por el momento no ha obtenido la luz verde del Congreso. Sin embargo, con independencia de que dicho rescate financiero sea o no aprobado, el próximo ocupante de la Casa Blanca se enfrentará a una de las peores crisis económicas que sufre EEUU desde la Gran Depresión de los años 30.

En este ámbito, las diferencias entre ambos candidatos no pueden ser más distantes. Desde luego, no se equivocó McCain al afirmar que resultaba difícil mantener una postura más a la izquierda que la representada por el senador demócrata. Y es que, en líneas generales, la política económica defendida por Obama se centra en incrementar el gasto público y elevar la presión fiscal a las grandes empresas norteamericanas.

Su discurso giró en torno a la necesidad de aumentar la inversión pública en educación, sanidad e infraestructuras. Además, insistió en poner en práctica un ambicioso y costoso programa para impulsar la producción de energía renovable en el país, con el objetivo de reducir la dependencia del petróleo extranjero.

Es decir, más dinero procedente del bolsillo de los contribuyentes mediante un mayor endeudamiento público. Y ello, con independencia del elevadísimo coste que supondrá el plan de rescate gubernamental en caso de ponerse en práctica. De este modo, Obama apuesta por medidas económicas plenamente opuestas a lo que precisa, en realidad, la economía norteamericana para paliar del mejor modo posible los efectos de la intensa y larga recesión que está en ciernes.  

En momentos como el actual, en el que la raíz del problema radica en un exceso de crédito (deuda) y, por lo tanto, una ingente cantidad de inversiones improductivas y carentes de rentabilidad, la reestructuración de la economía no es sólo es necesaria sino imprescindible. Más que nunca hay que apretarse el cinturón y volver a empezar.

Los ciudadanos deben disponer al máximo de sus recursos y, en este sentido, tan sólo las rebajas fiscales, la flexibilidad laboral y las políticas enfocadas hacia la productividad son capaces de aportar el oxígeno necesario a una economía ahogada por las deudas de familias, empresas y organismos gubernamentales.

Así pues, McCain acertó de lleno al insistir en la urgencia de recortar los impuestos y el gasto público. De hecho, abogó por reducir la carga fiscal a las empresas estadounidenses para evitar su deslocalización y generar más desempleo. Por otro lado, ambos candidatos coincidieron en el elevado coste que supone para las arcas públicas el mantenimiento de la Guerra de Irak.

Sin embargo, en este ámbito, me sorprendió notablemente la postura defendida por el líder demócrata. Y es que, en ningún caso, su intervención dejó entrever una postura antimilitarista o aislacionista. Ni mucho menos. Obama tan sólo abogó por establecer un plazo límite para salir de Irak (unos 16 meses). Pero lo más curioso de todo es que, al mismo tiempo, defendió la necesidad de incrementar el número de tropas destinadas en Afganistán. Un país que carece de todo interés estratégico, a diferencia de Irak, para lograr una cierta estabilidad en una zona clave del mapa geopolítico mundial.

De hecho, Obama habló de cambiar de estrategia para derrotar a Al Qaeda, pero no de poner fin a la guerra emprendida contra el terrorismo internacional. De hecho, me entró un escalofrío cuando el senador demócrata apuntó directamente al régimen de Pakistán, acusándole de auspiciar bases y actividades terroristas en su territorio.

"Yo no hablo de atacar Pakistán, pero si no quiere actuar contra Al Qaeda algo habrá que hacer", espetó durante su intervención. El mantenimiento de una guerra tan costosa y larga como la que viene desarrollando EEUU desde 2003 influirá, sin duda, en el futuro desarrollo económico del país. Sin embargo, pese a que los progresistas de medio mundo hayan depositado sus esperanzas de paz sobre el senador Obama, mucho me temo que sus deseos se verán frustrados por las aspiraciones políticas del líder demócrata en caso de que resulte vencedor en las elecciones presidenciales de EEUU. Ojalá me equivoque.

Desmontar el Estado: la lógica de la libertad

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Como bien señala Gabriel Calzada, nos encontramos ante una crisis de ideas entre políticos y economistas. Pero donde él se refiere a los actuales problemas financieros, yo voy a centrarme en el campo de la política, aprovechando la celebración de diversos congresos del PP. Asistimos a un momento interesante de revisión de objetivos, estrategias y posicionamientos; lo que sirve de excusa para cuestionar el Estado omnipresente que nos invade (en municipios, comunidades, naciones o uniones económicas) a cambio de una mayor autonomía de la persona y su capacidad de decisión.

El objetivo debería ser una progresiva descarga de la gestión pública de sus actuales responsabilidades en montones de actividades culturales, deportivas o incluso la enseñanza. Con una doble ventaja: nos resultará más barato, y además ganaríamos en calidad de elección. Pero comprendo que hay muy pocos políticos dispuestos a emprender una campaña que diga: "no vamos a construir polideportivos ni piscinas municipales", "queremos reducir los gastos de verbenas y fiestas populares" o "apenas financiaremos la movida cultural", por ejemplo. A cambio, eso sí, tendrían la osadía de prometer que "reduciremos sus impuestos y usted podrá hacer con su dinero lo que le venga en gana".

Entonces, si les parece un objetivo suicida, no queda más remedio que emprender una larga y esforzada empresa de convencimiento. El problema es que los ciudadanos estamos muy mal acostumbrados a que los poderes públicos nos resuelvan las cosas, sin darnos cuenta de que eso tiene un coste mucho mayor que si lo hiciéramos cada uno de nosotros solos (o espontáneamente organizados), y damos por supuesto que el resultado será efectivo, lo que sabemos bien que no siempre ocurre.

Pongamos el ejemplo de esos colosales auditorios que han proliferado hasta en el rincón más recóndito de nuestro país. Cualquier razonamiento lógico, unido a un estudio económico que no es cosa de ofrecer aquí, nos puede demostrar fácilmente que al final cada ciudadano individual apenas hace uso de estas instalaciones. Que existe un gasto descontrolado en subvenciones culturales que apenas aprovechan a nadie más que a los afortunados artistas elegidos a dedo. Y que sería mucho más eficiente que el ayuntamiento en cuestión le diera a cada ciudadano un dinero para que lo gastase en los conciertos y teatros que le venga en gana.

Pero claro, esto no vende mucho en términos de votos. Una razón es que no nos damos cuenta cabal de los impuestos que pagamos. Es curioso cómo ajustamos hasta el último céntimo nuestra declaración de la Renta, mientras domiciliamos sin más la contribución urbana, el impuesto de circulación de vehículos, tasas de basura y de vado, etc. O nos apresuramos a pagar unos desmesurados impuestos de plusvalía de un piso heredado. Sin hablar del IVA o el ya descontrolado precio de los carburantes que cada día reportan millones de euros a los gobiernos.

Todavía percibimos peor la sangría opacamente impositiva que ha supuesto en España, por ejemplo, una desastrosa política de urbanismo, gestión del suelo, o recalificaciones altamente cuestionables. Quiero decir, que hay millones de españoles pagando una sobretasa en la hipoteca de nuestra vivienda, que en realidad no es otra cosa que un impuesto oculto, procedente de los ingresos espurios de ayuntamientos y/o comunidades por la cosa urbanística, que ellos justifican para seguir construyendo polideportivos y auditorios, y que nosotros pagamos borreguilmente.

Sin embargo, como dejó escrito el personaje que da nombre a este instituto, los impuestos ilegítimos no merecerían otra cosa que la rebelión cívica. Juan de Mariana fue un insigne profesor universitario de una escuela tardo-escolástica que floreció en Salamanca, París, Roma, Coimbra o Alcalá de Henares durante nuestro Siglo de Oro. El próximo año se celebra el cuarto centenario de su pequeño Tratadosobrelamonedadevellón donde, entre otras cosas, critica los monopolios, la adulteración monetaria o los impuestos injustos (es decir, los que se cargan sin el conocimiento o el consentimiento del pueblo). Y su argumento descansa en una vieja y sólida tradición liberal: que el ejercicio de la autoridad es algo vicario, temporal y limitado a unas reglas. Los gobiernos reciben su poder del consentimiento del pueblo, por una parte; y deben estar siempre sujetos a las leyes que naturalmente rigen el comportamiento humano, así como al derecho internacional y otros ordenamientos civiles (ellos hablaban de derecho de gentes y derechos positivos).

Este discurso resultó ser altamente subversivo en una Europa que en su falsa modernidad discurría sin darse cuenta hacia absolutismos más o menos camuflados. No deja de resultar una paradoja que sigamos tachando de oscurantismo escolástico a un pensamiento que defendía la libertad individual por encima de cualquier poder civil y que, por tanto, justificaba la rebelión contra una autoridad que no respetase aquellas reglas del consentimiento popular y respeto a la legalidad vigente. Lo que, sin ir más lejos, sería el caso de una imposición injusta. Así lo explicaba Juan de Mariana en su Tratado, al señalar que una alteración monetaria no es otra cosa que un impuesto ilegítimo, por lo que carecería de poder coactivo.

Entiendo que esta "lógica de la libertad" sea difícil de aplicar hoy en día. No es posible operativamente que un ciudadano deje de pagar, por ejemplo, un impuesto de plusvalía disparatado sin que se le eche encima todo el aparato represivo del municipio, autonomía o estado nacional. Es muy delicado llamar a una rebelión fiscal… por ahora. Pero al menos siempre nos queda la posibilidad de argumentar racionalmente contra estos abusos del poder.

Otro lamentable yugo al que nos hemos acostumbrado es a que los gobiernos controlen la educación. Esa falacia de enseñanza pública versus enseñanza privada, o el lamentable sistema de conciertos no es otra cosa que Estado y más Estado, regulación y, en definitiva, falta de libertad. Aquí hemos vuelto a perder la batalla de las ideas: los votantes siguen creyendo borreguilmente que la enseñanza estatal, gratuita y altamente planificada es lo más progresista, moderno y socialmente equitativo. Un disparate. En cambio, defender el cheque escolar, la competencia entre colegios o la libre elección del centro más acorde con nuestras creencias personales resulta conservador y retrógrado. El resultado está en la calle: deterioro en la calidad de los colegios públicos, trampas sin contar en el sistema de los conciertos y un nivel de calidad de enseñanza a la cola de Europa.

Hace falta un partido y unos políticos que defiendan con algún entusiasmo mayor la libertad individual. Que sean capaces de convencer a los ciudadanos de que conviene ir desmontando el Estado, en vez de aumentarlo. Y que además, si ocupan el poder, se pongan manos a la obra. Tampoco es imposible. Tenemos ejemplos recientes de crecimiento económico con rebajas fiscales y desregulación. Pero reconozco que no son estos los signos de los tiempos, aunque algún consuelo sí tenemos: Juan de Mariana pasó una temporada en la cárcel por criticar las manipulaciones monetarias del gobierno de Felipe III, un castigo que hoy nadie afronta por defender ideas similares. El problema de los liberales, como le gusta señalar a Carlos Rodríguez Braun, es que no aspiramos a tomar el poder, como los demás, porque "el poder es el enemigo; no hay que tomarlo, hay que limitarlo".

Si yo fuera progre, estaría preocupado

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Para el progrerío, tan proclive al análisis de nivel ESO, la actual crisis financiera demuestra la derrota inapelable del liberalismo, promovido por los gobiernos de derechas a uno y otro lado del Atlántico. El Padre Iñaki llegó incluso a comparar, en una de las homilías con que abre su informativo piadoso, los problemas financieros de la bolsa norteamericana con la caída del muro de Berlín. Así como el muro acabó con el comunismo, el derrumbe de Wall Street habría acabado con el liberalismo salvaje. Demos gracias al Señor.

Sin embargo los progres no deberían empezar a tocar las campanas aún, porque lo que se está viniendo abajo es precisamente el sistema que les permite vivir como burgueses sin dar un palo al agua.

Veamos, si el liberalismo es el error, el socialismo, en tanto filosofía que preconiza lo contrario, es la verdad suprema. Ahora bien, ni en uno ni en otro sistema el progre puede mantener su estatus actual. Con un modelo verdaderamente liberal, porque el Estado no robaría a los ciudadanos para financiar a las clases ociosas, y bajo un régimen socialista porque, sencillamente, no existe riqueza que rapiñar. El progre, por tanto, necesita la existencia de un modelo de libre mercado fuertemente intervenido, que es precisamente lo que está entrando en barrena. El peligro que no parecen percibir nuestros progres es que si la gente decide que el modelo actual no es válido, sea cual fuere su sustituto el negocio del progresismo desaparecería de inmediato. No más subvenciones que trincar, no más regulaciones a favor de los lobbys progresistas, no más administraciones elefantiásicas con miles de funcionarios contratados a dedo. Adiós a la financiación estatal de los partidos políticos, fuera liberados sindicales, hasta siempre cineastas del trinque y el no a la guerra…

Así que más vale que no proclamen tan alto que "el sistema se ha derrumbado", no sea que lo haga con todas sus consecuencias y de la noche a la mañana se les acabe el chollo. En los Estados Unidos, más de un noventa por ciento de ciudadanos no están de acuerdo con las medidas intervencionistas de Bush para, supuestamente, solucionar la crisis. Imaginen que el ejemplo se extiende y las clases medias de Europa se declaran hartas de financiar a tanto parásito. Muchos de los que ahora pontifican sobre la maldad intrínseca de la libertad individual no tendrían más remedio que empezar a ganarse la vida honradamente. Hay quien no lo superaría.

Millón y medio de euros bien vale una identidad catalana

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

 Hace unas semanas publicaba Expansión un artículo sobre el debate que en la Ciudad Condal había existido por causa del millón de euros con el que el Ayuntamiento de la localidad había subvencionado Vicky, Cristina, Barcelona y el medio millón con el que la Generalitat había contribuido a la película. Según se contaba en el periódico salmón, en una sociedad que está enferma de intervencionismo cultural (al igual que ocurre en el resto de España y Europa) no se ponía en duda que ese dinero sustraído de las cuentas corrientes de los ciudadanos a través de impuestos tenía que ir a parar a manos de algún director y alguna productora. La polémica se centraba tan sólo en si era mejor que ese dinero se hubiera entregado a nuevos "creadores" catalanes o si se había hecho lo correcto por la publicidad que Woody Allen iba a hacer de la urbe de la Sagrada Familia.

En cualquier caso, tras el robo a los ciudadanos el botín fue entregado a Allen y Mediapro (coproductora de la película). Pero claro, nada es gratis y el director tuvo que pagar un precio. En el guión original los protagonistas llegaba a la Ciudad Condal para mejorar sus conocimientos de cocina, pero las administraciones que tan "generosamente" entregaban un dinero que no es suyo sugirieron un cambio. La chica pasó a aterrizar en Barcelona para estudiar "identidad catalana". Dicho y hecho, por obra y gracia de un millón y medio de euros la tal Vicky dejó de lado las cazuelas y se ciñó una barretina. Y mientras tanto, los ciudadanos a campear el temporal de la crisis económica.

Este es un buen ejemplo de para qué sirven las instituciones culturales de las administraciones públicas. Están para premiar a los fieles (en este caso al propietario de Mediapro) y para utilizar el dinero de los ciudadanos en hacer propaganda de la ideología y los intereses de quienes están en el poder. Otra utilidad, vinculada con la anterior, es la creación de una clase parasitaria que vive de las subvenciones públicas o, al menos, tiene en ellas una parte importante de sus ingresos. Sus componentes, que pueden ser tanto millonarios al estilo Allen o Almodóvar como perfectos desconocidos en busca de una futura fama y dinero, no dudan en plegarse a los deseos de los poderosos (ya sea a través de sus obras, ya sea a través de declaraciones públicas de apoyo a unos políticos determinados o contra sus rivales).

Unos y otros, políticos y subvencionados, dicen actuar en nombre de la cultura y por mejorar la imagen del país (o ciudad o región, eso es lo de menos) por el mundo. Pero es mera fachada. Ya lo dejó bien claro Thomas Sowell: "la política es conseguir que tus intereses egoístas parezcan intereses nacionales". Y cuando las administraciones públicas meten su mano en asuntos culturales es todavía más torticero, puesto que pretenden ocultar que en realidad sus objetivos son plenamente políticos. De hecho, el caso de Vicky, Cristina, Barcelona no es una excepción. Resulta especialmente burda la manipulación, pero entra dentro de la norma imperante en cualquier lugar y bajo cualquier Gobierno.

Millón y medio de euros bien vale una identidad catalana, pero también otra cosa muy diferente, si es lo que desea el político de turno.

Un nuevo desorden mundial

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Porque exactamente ese es el crimen asociado al 19-S: el abandono de la fe en el libre mercado y su sustitución por el fascismo económico, por los salvadores que confunden, interesadamente, el interés concreto e inmediato de unos cuantos con la salud del conjunto de la economía. En un momento de crisis es cuando se ve si un dirigente tiene o no principios. Bush es un dirigente sin apenas lecturas o interés en el pensamiento liberal-conservador; es un iluminado que se deja guiar por una oscura camarilla que es aún menos liberal que él y que ha confiado más en un plan improvisado que en la sociedad libre.

El plan no sólo no resolverá la crisis, sino que la agravará. Hay que recordar que una cosa es la crisis de 1929, que no es muy diferente de la de 1921 aunque sí más profunda, y otra la Gran Depresión, que no fue provocada por la crisis sino por las políticas intervencionistas de Hoover y Roosevelt.

Si la Administración sale de compras con los bolsillos llenos a la búsqueda de títulos ilíquidos, de mala calidad (principalmente hipotecas), lo normal es que encuentre un montón de malos títulos que adquirir. Pero como todos los bancos sabrán que no importa cuánto se arriesguen en sus créditos, el Gobierno Federal saldrá a su rescate cuando las cosas vayan mal, el mal comportamiento se premia y el bueno se castiga. Además, las crisis económicas son el comienzo de la recuperación, porque son el doloroso reajuste de la economía. Si se impide que las malas inversiones se liquiden, ocurrirá lo que en Japón, que habrá un prolongadísimo y doloroso letargo económico.

Si el Gobierno compra esos títulos por su valor de mercado, no habrá ayudado a los bancos a salir de la situación. Puesto que está dispuesto a salvarlos, el plan consiste en una subvención masiva a los bancos menos prudentes. Puesto que no se seguirá el veredicto del mercado, sino lo que decidan Bush y su banda, hay un margen brutal para la corrupción. Y un inmenso poder, el de salvar o hundir un banco, se concentra en unas pocas manos.

Unos Estados Unidos estancados durante años y en plena deriva intervencionista es un enorme peligro para el mundo ahora que sobre los cascotes del muro, desde los pozos de petróleo, poderoso y débil a la vez, crece un nuevo eje antiliberal. Pero todo ello es un legado consistente con la política de George W. Bush.

Una cura de humildad

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Les tenemos tan presentes en nuestras vidas que en el día a día apenas nos fijamos en ellos, sólo cuando son molestos o, en el caso de algunos afortunados, cuando pretenden conseguir algo. Su influencia es descomunal y sin embargo, en muchos casos pasa desapercibida, hasta el punto de que exigimos su acción sin pensar que, más que solución, son causa. Endiosamos a algunos y abominamos de otros, pero en ningún caso les rechazamos en conjunto. Pero alguna vez deberá pasar, alguien pondrá al político donde debe estar.

Nos hemos acostumbrado que dominen nuestra vida. Allá donde miremos, siempre hay un reglamento, una normativa, una ley estúpida que hay que cumplir pese a que el sentido común diga lo contrario, incluso cuando el único perjudicado sea el propio infractor. Leyes como la que obliga a llevar el cinturón de seguridad en el coche ejemplifica bien esta situación. Toda acción alentada y dirigida por un político conlleva necesariamente un ejército de burócratas y funcionarios que deben ser mantenidos por el contribuyente que en último caso somos todos, aunque sólo sea cuando pagamos el IVA en una transacción económica. Cuanto más deciden, cuantas más responsabilidades les cedemos, más nos cuestan; cuanto más poder les otorgamos, más difícil es recuperarlo después.

El político es por lo general, egocéntrico, narcisista y nos hace saber en todo momento que su labor no solo es importante, sino que básicamente es esencial. En el peor de los casos nos enfrentamos a un iluminado que cree tener en su "privilegiado" cerebro la solución final a todos los males de la sociedad; cuanto mayor es la sociedad, más grande es su ego. Asistimos pasmados a un proceso de ingeniería social que se llama construcción europea y donde un grupo de vividores no hacen nada más que parir constituciones y tratados que sistemáticamente terminan siendo rechazados, iniciándose así de nuevo el ritual. Cuántas veces los políticos justifican sus actos y cuántas veces escupen justificaciones "democráticas" para meter con calzador sus ideas y proyectos. No sé si será el siguiente engendro nacido de la burocracia europea, pero en algún momento se aprobará algo que ya será irreversible, queramos o no. Si no lo aprueban los ciudadanos, lo harán los parlamentos nacionales y en último caso, el Parlamento Europeo, que también ha sido elegido democráticamente.

El verdadero opositor a un político no es otro de diferente ideología, sino la sociedad civil. Es ella, a partir de las instituciones y sus individuos quien tiene que dar cuenta y pedir responsabilidades, pero en tanto este proceso siga evolucionando como hasta ahora, eso será cada vez más difícil. Si hay un poder que hoy por hoy puede hacerle frente es el de la prensa, pero hasta esta institución ha caído en las redes de lo público. Licencias, normativas, incluso las propias políticas empresariales invitan a tomar partido por una de las partes y condenar a la otra, alejándose por sistema de principios morales y éticos. Sería beneficioso para todos que en programas de radio y televisión salieran más periodistas, no riendo sus gracias, alabando o criticando sus políticas, sino recordándoles, en directo, su papel de mero gestor de ciertos intereses públicos que por tradición o coacción han caído en sus manos, que en el mejor de los casos su papel es prescindible y que sus ideas para alcanzar la utopía no dejan de ser parecidas a las de un dictador, pero con fecha de caducidad. Alguien necesita una cura de humildad.

Y ahora el sueldo de los parlamentarios

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Hace unas semanas, ante la polémica referida a la revisión del sueldo de los funcionarios, argumenté en Libertad Digital que, tal como explica la teoría económica, que dicho sueldo es arbitrario y, por tanto, también lo es su revisión. Las razones se basan en que, como el producto de estos funcionarios no es una demanda del mercado, no existe un precio del mercado para los mismos que pueda permitir valorar su sueldo. Y es que, según la teoría económica, el precio de los recursos productivos queda establecido en función de los precios de los productos para los que se utilizan.

Así, si bien ante una subida generalizada en los precios de mercado (fenómeno impropiamente conocido como inflación), cabe esperar una subida en la valoración de los recursos productivos, incluidos los sueldos, este traslado no tiene lugar para el sueldo de los funcionarios, por lo dicho anteriormente.

Dentro del colectivo de funcionarios, entendidos como empleados a sueldo del Estado, esto es, de nuestros impuestos, ocupan un lugar prominente los parlamentarios. A ellos afecta la nueva polémica, puesto que el presidente del Congreso, don José Bono, les ha propuesto "congelar" sus emolumentos para el próximo año, en solidaridad con una sociedad que comienza a sentir las sacudidas de la crisis económica.

Lo más llamativo a poco que se reflexione sobre este asunto es la existencia, en una sociedad libre, de un colectivo que tiene el poder de fijar su propia retribución, con independencia de las fuerzas del mercado. Ya se ha dicho que la retribución de todos los factores, humanos o no, depende de la valoración que de su producción, de su servicio a la sociedad, hagamos el resto de los ciudadanos.

En el caso de la mayoría de los funcionarios, tal retribución no depende de esto, pero tampoco de ellos mismos, sino de otro organismo con capacidad para aprobar el presupuesto de estos gastos. Y subiendo por esta escalera se llega a los parlamentos nacional y autonómicos, y a los ayuntamientos, donde encontramos a una serie de personajes que sí pueden fijar su propio sueldo. Con independencia de todo. ¿No resulta esto un tanto anómalo en una sociedad que se dice libre?

Y, sin embargo, ahí está la discusión. Los parlamentarios condescienden este año a no subirse el sueldo en solidaridad con los que pagamos forzadamente los impuestos que han de financiar dicha subida.

Evidentemente, si tal recaudación no fuera forzada, estos privilegiados tendrían que hacer como todos, poner sus servicios a disposición de la sociedad y sujetarse a la valoración que los ciudadanos, en el mercado, hiciéramos de su trabajo. Mientras tanto, podrán seguir subiéndose el sueldo a su gusto y voluntad; el resto, mantengámonos en la ilusión de que tenemos los mismos derechos. Entre otros, el de cada cuatro años elegir a nuestros propios privilegiados, los queramos o no.

Investigación científica e intervención estatal

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

La producción y difusión de ciencia y tecnología dependen del marco institucional adecuado basado en derechos de propiedad, especialización, libre empresa y comercio. Aunque en general ya se acepta que la planificación centralizada del socialismo es letal para el progreso económico, muchos siguen recomendando y defendiendo un sistema científico socialista que en realidad tampoco puede funcionar. Se asume sin apenas discusión que la ciencia necesita y merece intervención pública. Esta idea resulta ser falsa y se basa en argumentos teóricos falaces, aparentemente persuasivos pero que resultan falsos si se analizan críticamente en profundidad y se contrastan con la realidad empírica.

La opinión generalizada respecto a la investigación científica básica es que el Estado debe financiarla (a través de centros de investigación públicos o subvencionando las actividades privadas) porque es un sector estratégico esencial para la competitividad nacional y porque se trata de un bien público (no rivalidad, los beneficiarios adicionales no implican mayores costes; e imposibilidad de exclusión, no se puede excluir a ningún beneficiario), de modo que ninguna empresa privada competitiva la realizaría en cantidad y calidad suficientes porque tendría que asumir todo el coste mientras que otras aprovecharían los resultados.

Se comprueba en la historia que prácticamente todos los avances de la ciencia clásica se produjeron sin ninguna ayuda estatal. Muchas invenciones cruciales han sido resultado de la demanda del mercado: fueron producidas por científicos conectados al mundo comercial (transporte, comunicaciones, vestido, alimentos, armamento, iluminación). Múltiples ejemplos muestran que el mayor poder e intervencionismo estatal está relacionado con menos innovaciones tecnológicas, y a menudo los grandes proyectos científicos estatales terminan en sonoros fracasos. Los datos empíricos muestran que las empresas privadas se encargan de investigar (produciendo tanto ciencia básica como aplicada) en la medida en la que el conocimiento científico es necesario para incrementar la productividad y la competitividad. Además son las empresas, no las naciones, quienes producen y compiten, y es el gasto de la industria privada lo que impulsa el crecimiento económico. Los datos de diversos países muestran que el gasto estatal en ciencia no sólo no estimula el gasto privado sino que incluso tiende a expulsarlo.

No es tan obvio que una empresa pueda fácilmente parasitar el conocimiento científico producido por otras. La ciencia publicada no está disponible gratis: es necesario saber entenderla, asimilarla, aplicarla, seleccionar lo relevante entre la gran cantidad de información disponible. La experiencia científica tiene un coste elevado: una empresa que desee aprovechar la ciencia disponible debe contar con científicos en activo que puedan utilizar lo que ellos mismos y otros han producido. No tiene sentido simplemente copiar lo que hacen otros si no se domina esa materia, si no se sabe escoger e incorporar a un proceso productivo eficiente. Una empresa competitiva puede aprovechar una posición dominante si consigue ser la primera y adelantarse en un determinado ámbito.

Los agentes económicos intentan internalizar los beneficios de su actuación, pero esto no significa que no actúen en absoluto si no lo consiguen de forma completa, si hay beneficiarios que se aprovechan sin pagar por ello. Es posible beneficiar a los demás por generosidad o simplemente como efecto colateral inevitable. Además servir gratuitamente a otros puede incrementar el prestigio de una persona o empresa. En las economías libres abunda el patrocinio privado de muchas actividades.

Los defensores de la ciencia financiada y dirigida por el Estado aseguran que el mundo científico actual es diferente del pasado, que la ciencia actual es muy cara para la financiación privada, y que se ha aprendido a producir ciencia de forma organizada, planificada, centralizada. La ciencia básica ha llegado en muchos ámbitos a una situación problemática: ya se sabe mucho pero es muy caro aprender más (por las energías implicadas o la complejidad de los problemas), y quizás lo fundamental ya se conoce y sólo queda completar los detalles.

A los científicos les gusta investigar y defienden sus preferencias pero suelen ignorar realidades económicas como la subjetividad de las valoraciones y los costes de oportunidad. A menudo se conforman con salarios relativamente modestos (buscan más satisfacer su curiosidad y prestigio intelectual), pero no son pocos y reclaman instrumental muy caro. Pueden ser respaldados por conglomerados empresariales de todos los sectores interesados en recibir contratos estatales que permitan el mantenimiento de su actividad.

Las burocracias estatales son malas directoras del avance científico. Favorecen ciencia oficial establecida, los paradigmas dominantes y los pequeños avances incrementales, no fomentan la variedad y el riesgo que es necesario para alimentar al proceso selectivo de la evolución del conocimiento. La variedad se produce mediante la competencia, no mediante el monopolio, y el Estado es el principal monopolista de la financiación científica. Muchos científicos se convierten en dependientes del favor político, por eso no critican el sistema y se adaptan a vegetar en él.

Los gobernantes utilizan la ciencia para la propaganda política y presentan las enormes cantidades de dinero presupuestadas para la ciencia como si el gasto garantizara el éxito: presumen de lo mucho que se gasta, no de lo mucho que se consigue gastando poco (eficiencia). La ciencia estatal consigue resultados pero de forma ineficiente: no se realiza cálculo económico empresarial porque no hay consumidores que muestren sus preferencias al adquirir el conocimiento ni accionistas pendientes de los resultados de beneficios y pérdidas.

Los gobernantes pueden juzgar que la producción científica de su país es insuficiente, pero esta es una valoración particular que puede resultar arbitraria e incompatible con las auténticas preferencias y capacidades de los ciudadanos. De haber algún tipo de intervención científica por parte del Estado es mejor que sea como consumidor (financiador), pero no como productor. El Gobierno puede influir sobre la cantidad y calidad de científicos incrementando sus salarios, subsidiando la educación y la producción científica y mediante propaganda pública que haga la ciencia más atractiva.

Los innovadores suelen ser individualistas difíciles de dirigir, y muchos descubrimientos se producen por trabajadores independientes que no comparten ideas establecidas que pueden resultar prejuicios que bloquean el avance de lo nuevo y original. Debido a la naturaleza única y objetiva de la realidad las diversas teorías científicas tienden a converger y ser uniformes, pero el acuerdo en ocasiones no es resultado de la aproximación independiente a la misma verdad sino que se produce por presiones de conformidad dentro de grupos de trabajo: los poderosos imponen sus puntos de vista, transmiten sus ideas a los aprendices e intentan desplazar a los críticos. Pensar diferente no es garantía de tener razón, pero tampoco lo es amoldarse sin más a la opinión mayoritaria.

La investigación a gran escala no es necesariamente más eficiente. Los grandes grupos tienen problemas de administración y organización: generan inercias, presiones de conformidad, y dificultades de atribución del éxito. Pretender unificar toda la actividad científica puede ser una pésima idea: puede parecer que la existencia de grupos separados que investigan lo mismo implique que se están desperdiciando recursos, pero en la ciencia es esencial la confirmación independiente de los resultados. Las presuntas sinergias que resultan de la unificación cooperativa no siempre funcionan y la eliminación de la competencia fomenta la pereza y la desidia.

Es difícil encontrar el equilibrio adecuado entre la investigación dirigida a resolver un problema o proporcionar un producto o servicio y la producción y aprovechamiento de resultados no previstos o no intencionados. En algunos trabajos rutinarios en ámbitos conocidos el trabajador sabe lo que el empleador espera de él y el cumplimiento es fácilmente controlable y predecible. Pero esto no se cumple en el ámbito de la creación auténticamente innovadora, y la relación entre el investigador y el financiador puede resultar conflictiva si quien paga impone restricciones o exige resultados inaceptables para el trabajador. En una economía de mercado libre no intervenida los consumidores tienen la última palabra frente a las propuestas de los productores. Pero si a un inventor o creador se le deja completamente libre para hacer lo que quiera, resulta ser el productor quien controla el proceso investigador a expensas de financiadores y consumidores. El balance entre el control gestor y el espíritu innovador puede ser muy difícil.