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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

El sufrimiento como coartada

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Siniestros terribles como el accidente del avión de Spanair en el aeropuerto de Barajas del pasado 20 de agosto despiertan reacciones que van de la natural conmoción a otras más injustificables. Aun partiendo de su naturaleza casual –una conclusión provisional mientras no se esclarezcan las causas– hemos podido comprobar como la mayoría de los medios de comunicación han aprovechado la ocasión para alimentar los numerosos prejuicios y supersticiones contra el capitalismo que se hallan desperdigados en el subconsciente de muchos individuos.

Según una de las insinuaciones vertidas con más éxito, los problemas económicos de la compañía aérea explicarían que hubiera descuidado el mantenimiento o la sustitución del aparato siniestrado. O dicho de otro modo, como la mayoría de las aerolíneas tienen como principal incentivo para transportar pasajeros la obtención de beneficios, pudiera ser que la compañía redujera deliberadamente el coste de sus controles de seguridad para conseguir ese objetivo. Pues bien, incluso si se confirmase una especulación tan gratuita, no podría deducirse que las empresas que se dedican a una actividad conspiran para liquidar la fuente de sus ingresos.

Aparte de la ligereza de los medios de comunicación, se ha repetido una práctica que me causa cada vez más estupor. Se trata de una de las medidas que, de un tiempo a esta parte, los gobiernos u organizaciones satélites adoptan cuando ocurre una tragedia de estas características y que consiste en el envío de un contingente de psicólogos para "ayudar" a los familiares de las víctimas que se acercan al tanatorio, sin que, para empezar, medie una petición de estas personas en ese sentido.

Subyacen, creo, cuestiones muy trascendentes bajo ese aparente gesto de dadivosidad. Por un lado, la idea utópica de que todo sufrimiento subjetivo puede y debe ser suprimido como algo patológico y, por otro, la obscenidad de aprovechar los momentos de máxima pena y sufrimiento de los individuos para intentar moldear sus sentimientos, con la ayuda de los estudiosos –y, por lo tanto, potenciales manipuladores– de la mente humana.

Hasta hace poco la simple ocurrencia de un despliegue de ese tenor hubiera sido tachada de ridícula unánimemente. La intimidad de los familiares en ese trance únicamente se veía alterada por la frecuente destemplanza con la que el personal de los masificados hospitales públicos les comunicaba la noticia fatal de la muerte de una persona allegada. Pero pretender forzar una ayuda emocional no solicitada escapaba de la imaginación del más pintado de los servidores del Estado.

Difuminado de forma general el relativo consuelo que en estas ocasiones las religiones prestaban con la esperanza del reencuentro ultraterrenal con los seres queridos, ahora el nuevo culto oficial del Estado encomienda a sus agentes una especie de cura psicológica rápida de los familiares por la pérdida del ser querido, aparte del ofrecimiento de información que antes asumía el personal administrativo de los tanatorios. Los avances científicos en el campo de la psicología, que han llegado en paralelo a la intromisión en los más íntimos detalles de la vida por parte de los gobernantes, se quieren utilizar para imponer una suerte de felicidad oficial. De ahí a la obligatoria dosis de "soma" del Brave new world (Un mundo feliz) para superar un desagradable bajón emocional solo media un paso.

Desconozco cuáles son las reacciones de las personas a las que se ofrece un psicólogo o una "asistencia psicosocial" en esas circunstancias. El propio impacto de la muerte de un ser irrepetible sobre sus personas cercanas dista mucho de ser uniforme. Ahora y siempre. El amor, el afecto y los sentimientos hacia otras personas varían del mismo modo que sus manifestaciones. Pero aceptar resignadamente que "traten" a un individuo por el desgarro que le puede producir la muerte de un ser querido supone una invasión de su intimidad que invita a ulteriores atropellos de su dignidad como ser humano. Que no nos digan desde el Estado cómo tenemos que reaccionar en tales circunstancias. Que no nos priven de nuestra naturaleza humana para sentir de la manera que queramos.

Problemas con el intervencionismo

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Continuamente escuchamos a los políticos proponer nuevas medidas para solucionar supuestos problemas existentes en la sociedad. La más de las veces estas medidas consisten en añadir nuevas dosis de intervencionismo en el sistema, a través de nuevas leyes, regulaciones, subsidios, etc.

Esta manera de actuar provoca una tendencia peligrosísima hacia una mayor planificación centralizada de la sociedad (ya dijo Mises que "el intervencionismo aboca forzosamente al socialismo"), en la que políticos y burócratas tratan de manejar los complejísimos asuntos sociales como si de un problema de fácil solución se tratara; éstos pretenden convertirse en los dioses terrenales a los que hay que acudir para resolver cualquier tipo de dificultad, ya sean por los altos precios del petróleo, la bajada de precios de la leche o el mejor desempeño de los competidores.

Sin embargo, en primer lugar, ya deberíamos desconfiar de la identificación de los problemas a resolver, ya que quien lo hace son políticos y burócratas, que tienen unos intereses particulares que no coinciden con los de la mayoría de la gente, tal y como ponen de manifiesto las enseñanzas de la Escuela de la Elección Pública. Así, surgen algunas preguntas que resulta difícil contestar. ¿Por qué escogen tratar de resolver un cierto asunto y no otro? ¿Cómo saben cuál es más urgente e importante? Esos problemas que requieren una solución política, ¿son realmente problemas reales? Y si lo son, ¿atañen al conjunto de la sociedad o solo a un grupo particular, pequeño y con gran influencia sobre el poder político? La Ley de la Memoria Histórica, por ejemplo, ¿qué hueco venía a tapar?

Y en segundo lugar, aun identificando problemas reales cuya resolución sea urgente, lo más probable es que las soluciones intervencionistas fracasen en conseguir los resultados deseados, tal y como enunció Mises en su teoría del intervencionismo y otros autores austriacos han puesto de manifiesto. Una de las mejores ejemplificaciones de esta idea es el inevitable fracaso de los controles de precios, dado que éstos son absolutamente imprescindibles para lograr cierta coordinación entre los planes de consumidores y productores, y una distorsión de éstos genera inexorablemente consecuencias negativas, como pueden ser escaseces artificiales, racionamiento, mercados negros, etc. Por muy buenas intenciones que tengan los planificadores, los controles de precios no podrán funcionar. Similar patrón se podría aplicar a otros tipos de intervenciones, como subsidios al desempleo o los impuestos progresivos como instrumentos para ayudar a los más desfavorecidos.

En conclusión, deberíamos ser cautos con aquellos que van con la arrogante pretensión de que "nosotros, el Gobierno, podemos hacerlo mejor que la sociedad libre", identificando problemas que quizá no son tales, o aplicando medidas que provocarán resultados no deseados por la sociedad, como coartada para impulsar nuevas medidas intervencionistas.

El error neoliberal en la limitación del poder estatal

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

¿Cómo es posible asegurar que mediante la aplicación y restauración de conceptos liberales clásicos, tendentes a limitar y restringir el ámbito de actuación del poder político, no se vuelva a producir el mismo proceso de acrecentamiento y ampliación de la esfera pública, tal y como venimos presenciando a lo largo de estos dos últimos siglos con la incorporación y desarrollo del denominado gobierno representativo?

Como consecuencia de la natural aspiración y tendencia del poder hacia la ampliación y extensión de sus competencias, se ha visto afectado de modo directo el ámbito perteneciente a la esfera privada. En este sentido, la restricción de la libertad individual se pone de manifiesto en la ingente regulación y actividad legislativa referida a la ordenación de la sociedad civil en su conjunto pero, de modo especialmente relevante, en lo en materia económica y comercial. Una intervención estatal cuya plasmación a nivel institucional se pone de manifiesto con el auge y posterior desarrollo del Welfare State en las sociedades occidentales tras la Segunda Guerra Mundial, pero cuyos inicios tienen ya su origen tras la Primera Guerra Mundial y la crisis económica del 29 en Estados Unidos.

El peligro que amenaza a la libertad en este ámbito deriva, fundamentalmente, de la gran capacidad de actuación regulatoria mostrada por el poder legislativo en el particular contexto de los regímenes democráticos. Se trata, en definitiva, del monopolio efectivo por parte del legislador en tanto productor de ley mediante el mecanismo representativo de mayoría parlamentaria.

Frente a la presencia cierta de tal amenaza, se argumenta la existencia de límites constitucionales con el fin de restringir el ámbito de actuación gubernamental. Pero, ¿acaso el Parlamento y, por tanto el mismo legislador, no poseen también la capacidad de modificar tales normas constitucionales, pudiendo así decidir sobre la propia supervivencia de tal fundamental marco limitativo? De ahí, precisamente, que se pueda afirmar que el poder legislativo se ha visto enormemente acrecentado, en tanto que la Constitución, norma básica del sistema, queda a merced del mismo.

Nada tiene que ver, pues, la función legislativa precedente con la actual. En este sentido, cabe señalar aquí que en el Estado constitucional característico del siglo XIX el Parlamento terciaba en la función legislativa con competencia propia ya que, conforme a las leyes liberales clásicas, éste se encontraba integrado por elementos de selección nacional, en tanto que los diputados tenían que ser sujetos de cierto mérito personal, autoridad propia y especial consideración o respetabilidad.

Por ello, se consideraban representantes de todo el pueblo al gozar de una autoridad moral que les permitía adoptar sus decisiones con absoluta libertad, ya que se encontraban exentos de comisiones, obediencias partidarias y consignas. Eran, pues, auténticos representantes, no meros delegados partidistas tal y como hoy sucede. Esta conformación interna propia del Parlamento liberal permitía además la existencia y desarrollo de una auténtica esfera de discusión, deliberación y argumentación que, por otro lado, dificultaba enormemente el logro de consenso en torno a medidas arbitrarias, parciales o excesivamente concretas, por lo que las leyes de esta suerte elaboradas reflejaban una mayor ecuanimidad, abstracción y generalidad, mostrándose así más acordes con la protección de la libertad individual. A este respecto, el proceso legislativo precisaba de una unánime cooperación por parte de diversos órganos constitucionales (Monarca, Congreso y Senado), hasta tal punto que la ausencia de acuerdo paralizaba todo el proceso.

El cambio observado a este respecto es radical, ya que la incorporación progresiva de la dimensión democrática y social a la estructura y práctica política del Estado moderno ha traído como consecuencia la preponderancia y dominio total por parte del legislativo. Una relevante concentración de poder del todo impensable e inaceptable en el anterior dualismo constitucional conformado por la cooperación y complementación existente entre Parlamento y Corona, carente esta última hoy de toda autoridad política propia, junto con el Senado o Cámara Alta, despojado también de sus poderes tradicionales.

La función de la Cámara Alta se limita ahora a un aspecto meramente formal, pues su derecho de voto en el proceso legislativo se reduce tan sólo a un simbólico derecho de veto carente, por otro lado, de toda importancia, ya que tal obstáculo puede ser fácilmente salvado por el Parlamento mediante la aprobación de una nueva resolución por mayoría.

Así pues, resulta evidente el particular proceso de concentración llevado a cabo por la denominada Cámara Baja o Parlamento, que se instaura en la actualidad como único órgano legítimo y exclusivo de producción legislativa. Es más, el problema se ve acrecentado gravemente al observar un fenómeno político paralelo que, por ser ya habitual, no deja de ser menos peligroso. Nos referimos al denominado Gobierno parlamentario: un proceso en el que el aumento de poder por parte del Parlamento se ve ciertamente agravado por la constatación de un principio básico de los regímenes representativos actuales, consistente en el hecho de que el Gobierno depende de la confianza parlamentaria. Es decir, plena identificación y homogeneización entre Gobierno y Parlamento mediante la obtención de la mayoría en la cámara de representantes a través de la victoria electoral.

A tanto ha llegado el poder así acumulado, que no es raro ver calificado al Parlamento de soberano, o lo que es lo mismo, de instancia cuyas insuperables facultades le permiten hacer todo lo que quiera, salvo […] hacer de un hombre una mujer, o viceversa.

Leibholz

Como resultado, la democratización progresiva de nuestra vida política ha supuesto el crecimiento y la concentración del poder legislativo hasta límites insospechados.

El Parlamento, además, ya no es ese órgano representativo en el que los diputados acuerdan leyes y toman decisiones sin otra coacción que la de la conciencia y prestigio propios, seguros de la confianza de sus electores, sino que ahora tal institución se caracteriza por la coacción y el mandato impuesto por el partido político, de modo que los diputados se han convertido ahora en meros delegados de intereses organizativos y sectoriales, en tanto representan a su partido, no al supuesto interés de toda la población.

Aparte de configurarse los partidos como agentes políticos centrales de todo el sistema, hay que señalar también el surgimiento de influyentes grupos de interés, tanto económicos como sectoriales, que en su pugna y competencia por hacer un hueco en la esfera pública tratan de servirse del poder político instaurado con el objetivo de proteger sus intereses y fomentar sus demandas. De este modo, a la democracia de masas y a la de partidos, debemos añadir ahora la que podríamos denominar democracia de asociaciones (corporatismo).

Este particular proceso tiene también como efecto el desbordamiento de lo político, irrumpiendo así cada vez más intensamente en los dominios de la vida social (justicia social), económica (Estado de Bienestar) e individual (regulación administrativa, burocracia, fiscalidad, y legislación, incluso a nivel moral), con la consiguiente y lógica amenaza a las libertades y derechos básicos del individuo.

Surge, pues, un nuevo tipo de "totalitarismo": el tan denostado por los liberales "despotismo democrático" o "tiranía de la mayoría", que finalmente parece haber logrado su tan ansiada conquista al imponerse en la práctica de nuestro sistema político actual.

De este modo, la implantación del Estado liberal ha fracasado estrepitosamente en sus fines y objetivos, pues, de forma correlativa a su instauración se ha producido la emergencia e introducción de una imparable dimensión democrática que, a su vez, ha propiciado el surgimiento y progresivo desarrollo de una dimensión social adyacente. En este sentido, la dimensión democrática y social se complementan y refuerzan mutuamente. Es más, la democracia se configura de hecho como la base fundamental a través de la cual se posibilita el ascenso e introducción de la correlativa dimensión social. De lo cual podemos concluir que para evitar esta última se hace imprescindible eliminar de forma plena la primera. Es decir, la democrática.

¿Cómo conseguir tal objetivo? Esta es, precisamente, la cuestión en la que se centra la visión anarcocapitalista, propia de la perspectiva austriaca. Una nueva vía con la que superar las contradicciones y problemáticas insertas en la perspectiva política liberal, tanto clásica como contemporánea (neoliberalismo).

Función Pública, declaración patrimonial y auditorías

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Actualmente existen más de 2,5 millones de funcionarios incorporados a las Administraciones Públicas lo que representa un 14 % de la población activa de España. Cerca de medio millón pertenecen a la Administración General del Estado y los dos millones restantes han sido incorporados a las Administraciones Autonómicas y a los Entes Locales durante las últimas décadas.

Probablemente muchos ciudadanos sientan necesidad de minimizar o incluso eliminar la función pública de sus vidas frente al tamaño excesivo del Estado y, como consecuencia de ello, el constante incremento de la regulación pública, la gestión pública de parte del ingreso familiar con la exacción de tributos y los actos administrativos con los cuales políticos y funcionarios toman decisiones en aspectos estrictamente privados. En estos momentos el gasto público alcanza más del 38,6% del Producto Interior Bruto según fuentes de Eurosat y, desde el inicio de la democracia en España el 6 de diciembre de 1978, el tamaño del Estado se ha duplicado por medio de la creación de gobiernos y parlamentos regionales y el surgimiento de la nueva Administración Autonómica.

El proceso de descentralización ha centrifugado un exceso de competencias hacia las autoridades regionales, provocando situaciones dramáticas de duplicidad de puestos y de indefensión de los ciudadanos como consecuencia de múltiples legislaciones y de actos administrativos arbitrarios en multitud de áreas de nuestra vida. Dado que parece poco probable que la función pública desaparezca en el futuro cercano y que los funcionarios aplican la legislación vigente, es interesante analizar brevemente como se podría mejorar su gestión.

En aras a mejorar la función pública, en primer lugar, todos los altos cargos de las diferentes Administraciones Públicas deberían realizar una declaración patrimonial al tomar posesión, en donde se indiquen absolutamente todos sus bienes y los de sus familiares más allegados. Esta medida de transparencia de los cargos públicos sólo sería útil acompañada de una nueva institución, similar a una Agencia para la Función Pública que se dedique a realizar auditorías patrimoniales a los funcionarios laborales y de carrera con puestos ejecutivos y, especialmente, a los altos cargos de libre designación.

No menos importantes es la urgente necesidad de que también se realicen auditorías jurídicas, que sean serias y alcancen a todas las unidades administrativas, para asegurar que cada cargo público cumple con la normativa aplicable cuando se tramitan y resuelven los expedientes administrativos. Para implementar con garantías legales las auditorias a los funcionarios, puede ser útil un Tribunal de Investigación de la Función Pública que visualice la presencia judicial e interventora ante los funcionarios y altos cargos y sirva para que, al menos, se lo piensen dos veces cuando reciban presiones para realizar algún tipo de irregularidad administrativa.

En cualquier caso, las actuaciones de ese tribunal especializado deberían ser iniciadas por las denuncias anónimas de los ciudadanos o por la nueva agencia arriba citada, y sus actuaciones deberían requerir el imprescindible concurso de jueces independientes para que se atengan a la ley.

En segundo lugar, existen altos cargos públicos que mantienen sine die en sus puestos, independientemente de los gobiernos que organicen la Administración, por lo que pueden gestionar sus unidades administrativas como si se tratase de cortijos privados. Por ello, los altos cargos y los funcionarios de libre designación de las Administraciones Públicas deberían mantener su cargo sólo hasta alcanzar una limitación máxima de una o dos legislaturas, para limitar una acción ejecutiva continuada que pudiese alimentar redes clientelares de empresarios y grupos de interés.

Pero, sin duda, puestos a posibilitar que la función pública se aproxime a la eficacia del mercado para servir mejor a los ciudadanos, habría que introducir el salario variable en función de objetivos dentro de las Administraciones Públicas para estimular el trabajo de los mejores funcionarios con incentivos por productividad, nocturnidad, peligrosidad o riesgo que permitan mejorar los diversos servicios públicos.

Ya vimos como la relación entre el ciudadano y el Estado sería más justa abordada dentro del Derecho Privado con jueces ejerciendo tutela sobre los derechos individuales de cada persona y evitando los privilegios derivados del Derecho Administrativo.

Pero intentemos ir más allá. Si se debe garantizar previamente el mérito y la capacidad de los funcionarios dentro de un área del conocimiento y en el ámbito de una legislación específica, una vez realizado un concurso oposición, el funcionario debería poder elegir ejercer desde el ámbito público o como profesional privado.

Es decir, si el interesado paga una tasa pública por un determinado servicio público, un funcionario debidamente acreditado mediante un concurso oposición debe poder resolver un expediente conforme a ley o proporcionar fe pública respecto de la seguridad de una determinada actividad desde el Derecho Privado, al igual que se hace ahora con los privilegios del Derecho Público, pero actuando de un modo similar a los notarios en aspectos técnicos, sanitarios, medioambientales, alimentarios, etc.

Si le compensase económica y profesionalmente, mediante su firma, el funcionario público o privado acreditaría el cumplimiento (o no) de una determinada legislación, garantizaría y asumiría frente a terceros la responsabilidad por la seguridad de un equipo, un proceso, una instalación, un sistema, un proyecto o, incluso, la actividad económica concreta de una persona física o jurídica durante un periodo de tiempo determinado.

Evidentemente, con estas breves líneas sólo se pretende esbozar la dirección que pueden adoptar las Administraciones Públicas para disminuir su exceso de tamaño. El planteamiento anterior requiere el concurso de compañías de seguros que prestaran sus servicios a funcionarios privados debidamente acreditados por una titulación y por un concurso oposición que, sin duda, encontrarían el incentivo adecuado para desarrollar su labor en el mercado.

Quizás sería más adecuado emplear la palabra inspectores privados. Pero aquellos que conozcan el funcionamiento de las sociedades de clasificación en la certificación y supervisión de edificios, hospitales, bosques, obras civiles, industrias, barcos, aviones, naves espaciales o centrales nucleares podrán analizar la disminución que podría lograrse en el tamaño del sector público con la constitución de agencias para la prestación de los servicios públicos y, con la posibilidad de convocar concursos públicos que acrediten profesionales con el mérito y la capacidad necesarias para prestar servicios fedatarios desde el ámbito del Derecho Privado.

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¿Quién es Sarah Palin?

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Obama es un hombre capaz de hacer vibrar con un discurso situado entre el vacío, el éter y la nada, un logro espectacular. Ha rellenado el enorme hueco que dejan sus ideas con la pretensión de que es el hombre que puede cambiar la política en Estados Unidos, un mensaje que suena muy bien después de ocho años de Administración Bush. Sin embargo, para no convertirse en una opción demasiado arriesgada ha elegido como candidato a vicepresidente a un hombre del circuito de la política washingtoniana: Joe Biden. Bien, pues McCain, que en sí mismo tiene algo de outsider, ha elegido a una persona que fue capaz de poner patas arriba la política de su estado.

Para ello se enfrentó a su propio partido, carcomido por la corrupción, el gasto público y las buenas migas con los intereses especiales. El cambio, que en Obama es una bella promesa, lo es de verdad en la experiencia, corta pero significativa, de Sarah Palin.

Pero aún hay más razones que convierten a esta mujer en la mejor de las opciones entre las que podía escoger McCain. Es pro-vida y decidió dar a luz a su quinto hijo a pesar de saber que tenía síndrome de Down. No me achaquen ese "a pesar" a mí; lo usan a diario muchos pequeños Mengueles que se escudan en "los derechos de la mujer" para segar una vida que no quieren cuidar. Además, Sarah Palin es favorable a la libertad de armas, tiene un historial demostrado, como alcaldesa y como gobernadora, de reducción de impuestos, y favorece tanto el control del gasto como la privatización de los servicios públicos, incluida la sanidad.

Es decir, que es una candidata asumible por dos grupos de votantes potenciales que veían con desconfianza a John McCain: la derecha socialmente conservadora y la económicamente liberal. Además, Palin es la primera mujer con opciones reales de convertirse en vicepresidente, y podría ganarse una parte del voto femenino que ha quedado desencantado con la derrota de Hillary ante Obama. "El cambio no viene de Washington; va hacia Washington", dijo ante una enfervorizada masa de militantes Barack Obama nada más ser elegido oficialmente por su partido como candidato a suceder a George W. Bush. Puede que tenga razón, aunque quizá ese cambio no venga del lado demócrata.

Zapatero es un bromista

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Una de las bromas más célebres que nos lanzó el presidente del Gobierno fue llamar fracasada a Ángela Merkel. Si no lo encuentra gracioso debe ser porque usted es un derechista malhumorado. Como ya sabe, para nuestro presidente ser de izquierdas es sonreír: "todo se puede decir con una sonrisa" (esta es otra muestra que nos ratifica que ZP es un bromista). Riámonos con algunas de sus bromas económicas que parecen haberse olvidado en el tiempo.

En agosto del año pasado ZP dijo que la crisis del crédito "no va a tener una afectación significativa o importante en la evolución de la economía en general, y en particular de la economía española". Pasado un año, los números nos muestran que los préstamos hipotecarios crecen a un ritmo menor al de 1995, los embargos hipotecarios se han disparado un 60%, somos los líderes europeos en la caída de la construcción y la actividad cayó en junio casi un 16%. Desternillante.

En febrero de 2008 Zapatero hacía, no una broma, sino dos, en una entrevista que le realizaron. Primera, que el Euribor lo decretaba el Banco Central Europeo (esta es realmente buena). Después añadió que "[el Euribor] ha llegado a un techo, está bajando ya, y a partir, aproximadamente, de junio [de 2008] (…) bajará la cuota de la hipoteca". Desde entonces el Euribor ha subido unos 100 puntos básicos, alrededor de un 20%. Evidentemente, las cuotas hipotecarias también han subido con él. ¿Entiende la broma?

A Carme Chacón y a Beatriz Corredor también se les ha pegado algo de esto. La primera dijo en noviembre de 2007 que el sector de la vivienda estaba "fuerte", que como sabrá, es todo lo contrario a débil o agonizante. Pues bien, en ese mismo año el 40% de las oficinas inmobiliarias cerró. En 2008 se espera que cierren el 30% de las agencias inmobiliarias y el BBVA ha pronosticado que la crisis del sector durará cuatro años y hará historia. Esto es, que será tan nefasta que se estudiará en las facultades de económicas del futuro.

La otra chistosa, Beatriz Corredor, actual ministra de Vivienda, apuntó hace un par de meses que "ahora" es el momento para comprar viviendas. No mañana ni pasado, sino ahora mismo. ¿Qué hace aquí? ¡Salga a comprar una! Mientras tanto, los precios van cayendo mes tras mes. Son de esas bromas que se llaman pesadas y tal vez de mal gusto, pero no deja de ser una broma.

¿Se acuerda de ese "aterrizaje suave de la economía" española? En realidad fue otro chiste. No sólo lo usó Carme Chacón, ni la siempre bromista María Antonia Trujillo (las ex de Vivienda), sino alguien que consideramos la oveja negra de los socialistas porque siempre está serio, Pedro Solbes, ministro de Economía. En junio de 2007 el ministro nos dijo que la economía aterrizaría suavemente y luego añadió que creceríamos por debajo del 4%. Todos pensábamos en un 3,9%; un 3,8% los más pesimistas; incluso hubo antipatriotas que llegaron a pensar en un 3,7%. Pero no, ahora que ya han ganado las elecciones, nos dicen que no pasaremos de un paupérrimo 1,5%. La gracia está en que la bajada es mucho mayor a la que dijo entonces. ¿Lo va captando? A ver qué le parece esta. En enero de 2008, dos meses antes de las elecciones, Solbes concedió una entrevista a un diario sensacionalista de izquierda donde profetizó "menos inflación y más empleo". Sólo siete meses después somos el país con mayor paro juvenil y femenino de la UE y tenemos el nivel más alto de desempleo desde 1998. A propósito del paro, ZP dijo que jamás llegaríamos a previsiones de desempleo superiores al 10%, como con el Gobierno del PP. Bueno, en este segundo trimestre hemos llegado al 10,44% y en los últimos 12 meses se han creado más de 620.000 desempleados según la Encuesta de Población Activa (EPA). Las previsiones no son mucho mejores. InterMoney, que siempre ha ido de la mano del Gobierno, prevé un paro superior al 13% para el año que viene. ¿Entiende el chiste? Es que es humor socialista es a veces difícil de entender porque es tan surrealista y absurdo como las "teorías" ecologistas y keynesianas.

Sigamos con el jefe de este circo, Zapatero. En septiembre de 2007, el presidente del Gobierno dijo que la economía española gozaba de "gran confianza externamente e internamente" y que duraría. Según los últimos datos del ICO, la confianza del consumidor ha caído a mínimos históricos. Desde que se registra este índice, jamás había estado tan bajo.

El presidente también suele hacer cuantiosas bromas sobre la inflación. Por ejemplo, en febrero de este año dijo que cerraríamos 2008 con una inflación del 3%. Los últimos datos nos dicen que llevamos una tasa interanual del 5,3%. La mayor de los últimos 15 años y una de las más altas de la zona euro.

En fin, se me acaba el espacio aunque me dejo mucho material. La verdad es que bien mirado, más que un Gobierno responsable, de tecnócratas, de hombres y mujeres de Estado, lo que tenemos es un Gobierno de payasos y payasas (esto lo añado para que no se moleste Aído, la bromista de Igualdad). ¿Se siente defraudado por el Gobierno? Venga hombre, siempre puede auto engañarse como ZP,  pensando que un café vale 80 céntimos. Como dice nuestro líder "ser optimista es una exigencia moral". No le extrañe que nos lleguen a multar si le contradecimos, que las cuentas del Estado no están para bromas.

Gane quien gane, usted y yo perdemos

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Conviene aclararlo por si algún piadoso contribuyente piensa que el dinero que las autonomías van a obtener cuando finalmente se ponga en marcha el invento, superado el chantaje del PSC, va a repercutir positivamente en algún aspecto de su vida privada.

El estado de las autonomías es el mayor fracaso, y el más siniestro, de la Gloriosa Transición Española. So capa de proporcionar un amable encaje constitucional a las regiones que exigían el reconocimiento de su carácter nacional, el famoso "café para todos" ha convertido  España en una federación de diecisiete republiquitas que compiten entre ellas para ver quién sangra con más éxito la caja nacional. La clase política que dirige estos diecisiete virreinatos tiene, además, que justificar los enormes sueldos que detraen del esfuerzo de todos, inventando continuos problemas y agravios territoriales a los que dar respuesta en aras de la dignidad local. La persecución de la lengua común en algunos territorios o la pelea por la distribución de los recursos hídricos nacionales son ejemplos que hablan por sí solos del desastre autonómico y de sus efectos perversos sobre los ciudadanos, que se ven privados de derechos elementales a mayor gloria de la clase política autonómica.

Sumen los diputados de todos los parlamentos autonómicos, los consejeros o "ministrillos" a una media de doce por autonomía, más el resto de altos cargos ocupados en defender la dignidad y los derechos históricos de sus territorios, y verán que tenemos a más de dos mil señores y señoras cuya única preocupación es exacerbar el elemento identitario de su terruño para justificar sueldos, dietas, secretarias y coche oficial.

Añadan el elefantiásico número de organismos de toda laya dedicados a los asuntos más peregrinos, con la legión de funcionarios necesaria para hacerlos funcionar, y verán que sea cual sea el reparto de los cada vez más depauperados fondos estatales, la mayor parte va a ir a parar a la financiación de miles de entes absurdos y a los sueldos de sus dirigentes. Sin ir más lejos, Aragón, Baleares, Valencia, Murcia y Andalucía cuentan con una "Dirección General para el Cambio Climático", que ya es tener humor, con miles de funcionarios dedicados, entre otras labores igual de elevadas, a que los osos polares no fallezcan de un golpe de calor por culpa del calentamiento global.

La fauna de la tundra quizás aguarde con expectación el resultado del nuevo reparto de los recursos nacionales para ver cuánto les toca a sus protectores españoles. A mí, la verdad, me da exactamente lo mismo. Sea cual sea la decisión lo único evidente es que me va a tocar pagar. Por eso, cuando escucho a los políticos de todos los partidos cantar alabanzas a nuestro sistema autonómico como una de las grandes conquistas de la modernidad no puedo estar más de acuerdo. En lo que a su vida privada se refiere, no cabe duda de que las autonomías han sido un éxito esplendoroso.

Paradojas sobre el Estado mínimo

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los temas más apasionantes desde el punto de vista liberal (y, me atrevería a decir, general) es si es o no necesaria la existencia de un Estado y, si es el caso, cuál es el tamaño mínimo que este debería tener, tamaño medido, se supone, en competencias.

Sin entrar en disquisiciones filosóficas para las que no creo estar preparado, sí es necesario que, de alguna forma, defina lo que entiendo por Estado, a efectos de dar claridad a las siguientes reflexiones. Para mí el Estado es el ente que es capaz de imponernos el cobro de impuestos, supuestamente a cambio de una serie de servicios, entendidos en sentido amplio. Contrariamente a los otros agentes presentes en el mercado, el Estado puede imponer, y de hecho lo hace, la "adquisición" de sus servicios a todos los ciudadanos. Coherentemente, el Estado se suele considerar como el único monopolista de la violencia, el único que puede ejercerla sin verse sometido a sanción.

La teoría económica neoclásica ha mostrado también su interés por identificar cuáles son aquellos servicios que no se pueden dejar al arbitrio del mercado, por ser productos de determinadas características, los llamados bienes públicos. El conjunto de estos bienes públicos constituiría el contenido del Estado mínimo. Como es sabido, dicha teoría económica descansa sobre unos supuestos y metodologías que le permiten "demostrar" económicamente cualquier cosa que les pueda parecer interesante en un momento dado, por lo que sus resultados no parecen especialmente fiables ni relevantes.

Sí se puede decir que tradicionalmente se han considerado servicios públicos la justicia, la defensa, la seguridad, la sanidad, la educación y otros más. Se puede observar, por tanto, que el contenido del Estado mínimo y la consideración de servicio público son bastante dinámicos.

Desde mi punto de vista, la discusión sobre el Estado mínimo se puede resolver por analogía con la discusión sobre el precio justo. ¿Cuál es el justiprecio de las cosas? La respuesta la sabemos, al menos desde el punto de vista de teoría económica (aunque creo que ya hay referencias a Santo Tomás de Aquino con este tema). El precio justo es aquel que fija el libre mercado: al que voluntariamente el vendedor accede a vender, y el comprador a comprar. Cualquier otro precio es arbitrario, por muy sofisticado que sea el método de cálculo.

Pues bien, la misma solución aplica, a mi modo de entender, al Estado. ¿Cuál es el justi-tamaño del Estado? Pues ni más, ni menos, que el que fija el mercado en cada momento. Cualquier otro tamaño es arbitrario. En definitiva, el tamaño del Estado mínimo quedaría determinado, paradójicamente, por el mercado.

Lo que nos lleva a la segunda paradoja. Entendamos ahora el Estado como monopolio de la fuerza. El Estado es la única entidad aceptada con capacidad para imponer un comportamiento a los individuos. ¿De qué forma puede el mercado disciplinar al Estado, para que éste tenga el tamaño que en cada momento aquel demanda? Es imposible, no lo puede hacer, precisamente porque el monopolio de la fuerza reside en el ente al que se trata de disciplinar.

De esto sigue, de forma inmediata, que el Estado no tiene límites, pues puede hacerse con el control de la sociedad mediante el uso del recurso cuyo monopolio detenta: la fuerza. Parece, por tanto, que lo queramos o no, es incompatible el Estado con el mercado; al menos, es una situación inestable que ha de moverse hacia algún sitio: más intervencionismo, o desaparición del Estado. Aspectos que tanto Hayek como Mises, y Rothbard de forma más radical, tienen claro.

¿Cuál es la solución? Hay que romper el monopolio de la fuerza del Estado. Hay que permitir que aparezcan "competidores" al Estado. Y que el Estado deba competir con estas entidades por satisfacer al ciudadano en los servicios públicos. Si lo hace bien, consigue ingresos (ya no impuestos) y sobrevive; y, si no, tendrá que desmontarse.

En otras palabras, la solución es que el mercado preste los servicios considerados como públicos. Solo así se conseguiría que el "Estado" tenga en cada momento el tamaño que demanda el mercado. Pero, claro, este Estado no es ya tal, es una empresa más en el mercado.

Cómo decidir la subida de los funcionarios

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Como es sabido, la propuesta del Gobierno se sitúa en 2-3% de subida, frente al 5,3% de inflación interanual (medida por el IPC) que hemos tenido en agosto. Todo ello lleva a preguntarse si este mecanismo de revisión salarial es justo, sobre todo en comparación con lo que ocurre en la empresa privada. La respuesta nos la da la teoría económica.

En un mercado libre, una inflación del 5%, esto es, una subida de precios generalizada por esa cantidad (que solo se puede dar por mayor emisión de moneda) se traduciría en el corto plazo y de forma inequívoca en una subida de los salarios por el mismo porcentaje. Esto es así porque el precio de los factores de producción sigue al de los bienes de uso: los beneficios extraordinarios se terminan trasladando a una mayor retribución de los factores debido al proceso competitivo por los recursos.

Como desgraciadamente nuestro mercado real dista de ser libre, esto no sucede en absoluto, y la inflación no se traslada así de automáticamente a los sueldos de los empleados privados.

Pero, ¿qué pasaría con los funcionarios? La actividad de los funcionarios no se guía por el mercado. En estas condiciones, no existe un precio de mercado para el bien de uso que ellos producen. Hay algunos economistas que califican directamente de waste, desperdicio de recursos, esta actividad, precisamente por no estar orientada por las preferencias de los individuos, sino por otros criterios.

Al no existir un precio de mercado para el bien producto de su actividad, no hay forma de determinar su retribución a partir de su producción, como sí ocurre con los empleados en actividades del mercado. Dicho de otra forma, el salario de los funcionarios y demás empleados de la Administración Pública es completamente arbitrario, pues el mercado no valora su producto. Por supuesto, se puede establecer un sueldo a partir de los de aquellos empleados privados que desempeñan actividades que se puedan considerar similares, pero el problema sigue existiendo.

Llegados a este punto, resulta evidente que es imposible que la inflación se traslade por vía del mercado al sueldo de los funcionarios, como sí ocurriría con el de los trabajadores de las empresas (en un mercado libre).

La única forma que tienen los funcionarios de mantener su poder adquisitivo es la movilización, las huelgas a las que periódicamente nos tienen acostumbrados. ¿Anticipo de un otoño caliente?

Pobreza para el ciudadano

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Lamentablemente, Occidente está dominado por el socialismo y la tiranía de las buenas intenciones que nos llevan al otro extremo. Algo que se agrava con las promesas no cumplidas de todo político. En lo poco que llevamos de legislatura, la Renta Básica de Emancipación sufre retrasos de medio año. Según los últimos datos, no la cobraron ni el 12% de los jóvenes que la solicitaron. Curiosamente, el Gobierno socialista consideró esta cifra un éxito. Algunos cheque-bebé se demoran hasta cuatro meses. Sólo 8 millones de declarantes han recibido los 400 euros del Gobierno, el restante 46% de los contribuyentes no ha visto ni un céntimo.

Con estos ejemplos es lógico que se ataque al Gobierno y al socialismo en términos de eficiencia. La economía privada es más eficiente que la estatal en términos de rendimientos y creación de riqueza, pero muchas veces se desprecia algo mucho más básico, y es la incapacidad crónica de cualquier Gobierno para satisfacer las necesidades del ciudadano.

En España por ejemplo, tenemos un panorama económico más que preocupante. Los productos básicos sufren subidas de dos dígitos, la confianza del consumidor se derrumba, el desempleo sube como un cohete, la morosidad no para de aumentar y somos de los primeros en la UE en desempleo total, juvenil y femenino. ¿Qué hace el Gobierno? El ministro de Industria, Miguel Sebastián, quiere gastarse casi 400 millones de euros en comprar bombillas que además contaminan y repartirlas por lo alto y ancho del país. Esta semana el Estado ha destinado 25 millones de euros a la bahía de Acapulco en México [!]. Como si esto no fuera poco, también el Gobierno quiere cofinanciar el 60º aniversario de los Derechos Humanos de la ONU y destinar más de 10 millones de euros a la lucha contra el SIDA. ¿Toca ahora despilfarrar el dinero en todo esto? ¿Alguien del Gobierno se ha dado cuenta que mucha gente que le votó lo está pasando, y pasará, francamente mal?

Evidentemente un socialista, que parece tener los bolsillos llenos por el desprecio que muestra ante la crisis, considera tal dilapidación de dinero usurpado al ciudadano libre un logro social, pero cualquiera con un mínimo de sentido económico ve claramente que el Gobierno no sólo es ineficiente o que sus acciones nacen de la coerción y la extorsión de los impuestos y leyes arbitrarias, sino que es incapaz de localizar los problemas o carencias reales del hombre para neutralizarlas como oferente alternativo al del libre mercado. La gran ventaja del liberalismo no sólo es que cada uno puede hacer con su vida y propiedad lo que le dé la gana, sino que es capaz de detectar las carencias de la sociedad (demanda) para facilitarlas a través de un precio (oferta). El mercado, a diferencia del Gobierno, siempre cubre las más urgentes de las necesidades. Los políticos en cambio, siempre cubren las más urgentes necesidades de sus gabinetes, ministerios y amigos generando pérdidas netas a la economía del ciudadano.

Ya no es cuestión de liberalismo, sino de sentido común. Cuando más ricos sean el Estado y los políticos, menos recursos poseeremos nosotros para nuestro bienestar y más dinero dispondrán ellos para incrementar su poder y cederlo a causas perdidas. Jamás ningún país ha salido de una crisis con estas recetas económicas, y es que ningún Gobierno tiene la capacidad ni la voluntad de solucionar los problemas reales de la gente.