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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

No al voto electrónico

Fernando Herrera se sorprende de la gran cantidad de cosas que podemos hacer y, de hecho, hacemos por vía electrónica, mientras algo en apariencia tan sencillo como votar por internet o telefónicamente nos está vedado. "¿Nos fiamos menos del teléfono para un voto que apenas va a tener influencia en nuestra vida que para una operación con el banco, que nos la puede arruinar?", se pregunta.

Es un argumento muy válido, pero sólo si eliminamos del paisaje el hecho incontrovertible de que el voto ha de ser secreto. Cuando una operación electrónica está asociada a una identidad, se abre la puerta a innumerables mecanismos de control y posibilidades de auditar el proceso, empezando por el hecho de que uno mismo puede acceder a los resultados y mirar qué actos se supone que hemos llevado a cabo electrónicamente, comprobando que se está haciendo todo bien.

Sin embargo, al votar, la opción que hemos elegido se desvincula completamente de nuestra identidad. De hecho, es un requisito obligatorio y es necesario que así sea. Hay que evitar que nuestro voto esté condicionado por lo que puedan pensar de él terceras personas. No es difícil pensar en circunstancias en las que esto resulta clave: desde evitar que el cacique del lugar pueda comprobar que estamos votando por él a que nos fiscalicen los proetarras repartidos por las mesas electorales del País Vasco y Navarra. De hecho, las papeletas deberían estar situadas en cabinas y debería ser obligatorio que todos o llegáramos con el voto traído de casa o lo introdujéramos en el sobre dentro de esas cabinas protegidas por cortinas.

Ese requisito del secreto hace que el voto electrónico, por más que el recuento sea instantáneo, sea mucho más vulnerable al fraude que el emitido con papel. De ahí que sea desaconsejable el proyecto del Gobierno de que los emigrantes españoles en el extranjero voten por internet. Josu Mezo, editor de Malaprensa y conocido detractor del voto electrónico, escribió en 2004, recordando el clima de elecciones como las repetidas a la Asamblea de Madrid o las generales del 14-M, que "gracias a nuestro actual procedimiento de votación y recuento, en ninguna de ellas hubo dudas de que los votos contados eran los votos realmente depositados en las urnas. ¿Podríamos decir lo mismo si el escrutinio lo hubieran hecho ordenadores conectados en red? Creo que la respuesta es obvia. Si implantamos el voto electrónico, más pronto que tarde habrá unas elecciones con un resultado sorprendentemente favorable para el partido en el poder, y muchos ciudadanos de buena fe creerán que ha habido tongo, sin que se sea posible probar lo contrario".

Otra cosa distinta sería emplear la tecnología para facilitar el proceso de voto. Podrían emplearse máquinas en esas cabinas secretas en las que pudiéramos emitir por medio de una pantalla táctil nuestro voto, que se imprimiría inmediatamente para que pudiéramos depositarlo en la tradicional urna. Se ahorraría mucho papel usado para imprimir papeletas de partidos carlistas y demás fauna y las papeletas podrían ser emitidas de tal modo que luego se pudieran escanear electrónicamente de forma sencilla, acelerando el escrutinio pero dejando un rastro de papel verificable que permitiera hacer un recuento. No sé si merecería la pena el gasto, la verdad, pero tampoco que se deba ir más allá si queremos seguir manteniendo la mucha o poca confianza que tengamos en nuestro proceso democrático.

Sí al voto electrónico

En cambio, parece mentira lo poco que, en una democracia que se pretende "avanzada" como la nuestra, ha avanzado la posibilidad del voto electrónico. De hecho, en este concreto aspecto, parece que no haya llegado aún la Sociedad de la Información.

Lo cierto es que por internet podemos realizar transacciones de las más importantes que nos imaginemos, en las que está en juego nuestro dinero y patrimonio. Podemos comprar prácticamente de todo, desde una entrada de teatro a una casa; podemos apostar a juegos de azar; podemos realizar cualquier tipo de operación bancaria… si hasta nos podemos arruinar en Bolsa. Y, sin embargo, no podemos votar.

Podemos realizar donaciones, y participar en subastas. Consultar el tiempo, jugar solos o acompañados. Podemos cometer terribles delitos que prefiero no enumerar. Podemos hacer cosas simples o complejas. Hay quien incluso hace la declaración de la renta por internet, ¿alguien puede imaginar una acción más responsable en nuestra sociedad dejada al arbitrio de la red de redes? Y, sin embargo, no podemos votar.

Alguien dirá que no todo el mundo tiene acceso a internet. Pero tampoco parece necesario para emitir un voto. Si hay voluntad, la Sociedad de la Información tiene soluciones que no pasan por la banda ancha. Por ejemplo, se podría votar telefónicamente, desde el teléfono fijo o el móvil. La práctica totalidad de los bancos ofrecen este canal para sus operaciones. Y en estas jugamos con nuestro dinero, ¿por qué no íbamos a poder votar telefónicamente? ¿Nos fiamos menos del teléfono para un voto que apenas va a tener influencia en nuestra vida que para una operación con el banco, que nos la puede arruinar? Y, sin embargo, no podemos votar.

Es curioso que en plena concienciación ecologista a nadie se le ocurra el gran ahorro en términos medioambientales que supondría la generalización del voto electrónico. ¿Cuántos arbolitos hacen falta para imprimir las ingentes cantidades de papeletas que se han de suministrar a los colegios electorales? ¿Y el gasto energético de su transporte, y de las urnas, y de los mismos votantes cuando viven lejos de su colegio electoral? La de tiempo y dinero que podríamos ahorrar para otros menesteres más dignos del Estado del bienestar. Y, sin embargo, no podemos votar.

Parece que la fiesta de la democracia exige inexcusablemente de nuestra presencia física cada cuatro años (con la curiosa excepción del voto por correo, convencional, no electrónico). No importa lo que avance la tecnología o el desperdicio de recursos que ello suponga, los gobiernos no parecen dispuestos a privarse de sus papeletas. Así que podemos declarar y pagar impuestos por vía electrónica, pero no podemos votar… aquí hay gato encerrado, como dice el refrán.

Desde luego, el voto electrónico tiene mi voto, y que sea por última vez presencial.

La izquierda mata

Y es que el Estado, como entidad, ha sido el responsable del asesinato de decenas de millones de vidas a lo largo de las últimos tiempos.

El grueso de dicha masacre ha tenido lugar, sobre todo, durante el pasado siglo XX con el estallido de las dos Guerras Mundiales que asolaron el planeta y el auge del Estado totalitario que, en manos de los comunistas y los nacional-socialistas acabaron con millones de cadáveres a sus espaldas. Ninguna plaga, enfermedad o catástrofe natural registrada ha podido superar, ni de lejos, la capacidad de destrucción que ha demostrado la dirección del poder político al frente del monstruo estatal.

Tal y como recoge El Libro Negro del Comunismo, la ideología de izquierdas por excelencia puso en "funcionamiento una represión sistemática, hasta llegar a erigir, en momentos de paroxismo, el terror como forma de Gobierno". Como resultado, la práctica de este pensamiento se ha cobrado cerca de 100 millones de vidas: 20 millones bajo el yugo de la Unión Soviética, unos 65 millones en la República Popular China, 1 millón en Vietnam, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 1 millón en los regímenes comunistas de Europa oriental, 150.000 en Latinoamérica, 1,7 millones en África, 1,5 millones en Afganistán y unas 10.000 muertes provocadas por "el movimiento comunista internacional y partidos comunistas no situados en el poder".

Y ello sin tener en cuenta la barbarie llevada a cabo por los regímenes nacional socialistas en la primera mitad del pasado siglo. Pese a ello, el ciudadano medio sigue confiando ciegamente en el papel protector del Estado y, por lo tanto, en la supuesta lógica que orienta las decisiones políticas de nuestros dirigentes. Algunos dirán que el riesgo de un Estado totalizador ha quedado atrás. Sin embargo, en la actualidad tales riesgos persisten, puesto que los gobiernos siguen disponiendo de sofisticadas herramientas de control político y económico. Sólo que ahora sus efectos se materializan en pobreza y subdesarrollo.

Véanse si no las barreras administrativas y económicas que mantienen la gran mayoría de los países desarrollados (sobre todo la UE y EEUU) para dificultar el comercio internacional con el Tercer Mundo de alimentos, cereales y una gran variedad de materias primas. Sin embargo, las consecuencias de tales políticas son ampliamente superadas por una estrategia mucho más peligrosa: La lucha contra el supuesto cambio climático. Así, el absurdo intento por frenar un ligero calentamiento del planeta que, según numerosos científicos, responde a causas naturales (derivadas de la acción solar), amenaza con impedir el ansiado desarrollo y progreso económico de cientos de millones de personas.

No es algo nuevo. En el pasado reciente, los grupos ecologistas, apoyados fervientemente por la izquierda política en su conjunto, pusieron en marcha apocalipsis climáticos de diversa índole cuya responsabilidad recaía en la acción del hombre y, sobre todo, del libre mercado. Sin embargo, con el paso de los años, tales mitos acabaron siendo desmentidos por la realidad.

Si tan sólo una décima parte de las profecías apocalípticas anunciadas por el ecologismo a lo largo de las últimas décadas hubiera llegado a materializarse, en la actualidad la raza humana habría desaparecido del planeta o, como mínimo, entraría a formar parte del listado de especies en peligro de extinción.

En 1960, el científico ecologista Paul Ehlrich afirmó que "la batalla para alimentar a la humanidad ha terminado. En los años 70, centenares de millones de personas morirán de inanición". Años más tarde profetizó la muerte de 4.000 millones de personas en la década de los 80. Entre ellas, 65 millones de estadounidenses. La única solución: imponer el "control de la natalidad" a través de la esterilización masiva.

Asimismo, la doctora Jane Goodall –Premio Príncipe de Asturias en 2003, al igual que ahora el afamado Al Gore– es fundadora del Optimum Population Trust, una organización que, entre otras afirmaciones, advierte de que tener familias numerosas constituye un "ecocrimen". Goodball es tomada como un referente entre las filas ecologistas y socialistas.

Un ejemplo aún más elocuente de los efectos de este tipo de ideologías fue la prohibición del DDT (un tipo de insecticida) aprobada en 1972. Como resultado, en la actualidad, entre uno y dos millones de personas continúan muriendo de malaria cada año –de 30 a 60 millones de vidas desde entonces–. Y es que el DDT es uno de los productos más efectivos que se conocen para acabar con el insecto que transmite dicha enfermedad mortal.

Su prohibición fue impulsada por los ecologistas debido a la temida lluvia ácida que, pese a todo, se ha demostrado que no presenta ningún peligro para la salud. No se engañen. Hoy asistimos a un proceso similar, sólo que, en este caso, la excusa para detener el crecimiento económico (y, por tanto, extender la pobreza) se centra en el temido ascenso de las temperaturas del planeta. Y eso que se han estabilizado desde el 2000. La izquierda, revestida ahora con su careta de salvadora de la naturaleza, no ceja, pues, en su empeño de aumentar el poder del Estado frente a la libertad de los individuos. Y como resultado, la pérdida de nuevas vidas humanas pasará a engrosar su abultada lista de víctimas.

De Solzhenitsyn y España

Sólo por eso mereció el odio africano de la izquierda patria. Pero ese sentimiento se multiplicó el día que le entrevistó José María Íñigo. Él, que sabía lo que de verdad era una dictadura, consideraba la de Paco Franco poco menos que un juguete roto al lado de la maquinaria, engrasada con sangre, del socialismo en Rusia.

¿Una dictadura? ¡Pero si aquí se podía comprar una fotocopiadora! Es indudable que la de Franco fue una dictadura con todas las de la ley, pero por más que se quiera sustituir su historia por una caricatura, no es en absoluto comparable con el nacional socialismo o con el socialismo así, a secas, que pretendían el control absoluto de la sociedad, la implantación de un hombre y una sociedad nuevos, los ideales que muchos pronuncian una y otra vez como exaltación de la virtud y la justicia y no de la barbarie y la destrucción. La igualdad real es el mejor nombre que ha encontrado el crimen.

El día que pueda llegar el juicio de la Historia sobre Franco, caerán sobre él muchos juicios severos; especialmente sus concesiones a la venganza y al exterminio en sus primeros años y, también entonces, su política económica que fue padre y madre del hambre de postguerra. Pero no fue un régimen totalitario… porque no pretendió controlar (del todo) la economía. La sociedad se basa en relaciones que habitualmente se llaman económicas, y el control de la economía es la que permite la de la sociedad. Esta fue la principal diferencia entre los regímenes totalitarios, como el que denunció Solzhenitsyn y aquellos en los que, como en España, se podía hacer una fotocopia simplemente entregando el símbolo de la libertad, que es el dinero.

¿Hacia dónde nos lleva el proceso autonómico español?

No lo sé y, sinceramente, no creo que lo sepa nadie. Si nos atenemos a las intenciones de los nacionalistas con sus nuevos y proyectados estatutos de autonomía este proceso no tiene muy buen aspecto. A modo de replicantes, muestran un afán intervencionista descarado por imponer todo tipo de controles al inerme administrado que cae bajo sus respectivas jurisdicciones con la excusa de robar parcelas de poder al Estado central.

Tampoco el liberal podrá congratularse al ver cómo el gasto/endeudamiento, el número de funcionarios y las regulaciones crecen exponencialmente en todas las autonomías, lo que puede llevar a un serio deterioro del mercado. Además, es preocupante la falta, a su vez, de descentralización de competencias y de recursos de las CC AA a favor de las corporaciones locales. Si a esto sumamos la grosera discriminación ejercida sobre todo lo que "huela" a castellano por parte de ciertos poderes autonómicos o la amenaza fascistoide (que en demasiados casos ha acabado en criminal eliminación física) que emplean como baza política algunos nacionalistas de "pata negra" sobre la vida y hacienda de los no domesticados bajo su credo, el panorama es ciertamente desolador.

No obstante, pese a la ausencia de una teoría austríaca del Estado, es posible (no probable) que el resultado final a largo plazo del proceso liberticida de descentralización autonómico español sea diferente al proyectado por los políticos. Los procesos sociales no siempre responden de la manera a cómo les gustaría a sus planificadores.

Traigo a colación lo que el moralista escocés Adam Ferguson escribió en sus Principles of Moral and Political Science a propósito de su análisis del paso del sistema feudal a los burgos libres en Inglaterra:

Los barones de Inglaterra […] no sabían que las concesiones (charters) arrancadas a su propio soberano se habrían de convertir en la base de la libertad del pueblo al que ellos deseaban tiranizar.

Tal vez mecanismos no previstos en esta carrera por el poder de las autonomías como la competencia fiscal, la amenaza del voto con los pies, la nueva estructura de incentivos que se forma a posteriori, el temor a las deslocalizaciones de empresas, a la fuga de inversiones y talentos (al traspaso de la riqueza, en suma) hacia otros territorios sea lo que retuerza y desfigure finalmente los diseños totalitarios de estos nacionalismos con "hambre de balón".

La derrota del PP en las pasadas elecciones generales del 9-M se debió a diversos factores. Uno de ellos fue no tomar la descentralización de los poderes del Estado como estrategia propia y fuera a remolque renuente del PSOE. Los malos resultados reiterados del PP en Cataluña y, últimamente, en el País Vasco muestran que tiene un problema de envergadura. El pedir a un partido conservador que tome la iniciativa sobre cambios del reparto del poder político territorial es estéril (como mucho emulará de mala gana al PSOE, nunca innovará). España es mucho más que el "Estado español". En casi todos los ámbitos, el PP es inmovilista. En definitiva, no es un partido liberal.

La historia de los pasados siglos nos muestra que los nacionalismos no traen nada bueno para el liberalismo, pero lo novedoso en estos momentos es que estamos en una era de crecientes intercambios comerciales (globalización) y de ideas (internet) a escala planetaria. Las guerras y los conflictos son ahora demasiado caros; pese a que su erradicación es imposible, no salen generalmente a cuenta. La competencia entre unidades administrativas diversas y no muy extensas en un entorno mundial y de interconexión progresiva tal vez, a la postre, resulte ser un inesperado aliado del liberalismo y un freno, por fin, eficaz a las tendencias expansionistas de los gobiernos. Regresaríamos, pues, a Montesquieu (el poder sólo es frenado por el poder) o a la conveniencia de la "difusión del poder" de la que habló Lord Acton.

Podría ser que ni los diversos nacionalistas, ni los no nacionalistas comprendamos muy bien o preveamos hacia dónde nos lleva este acelerado (y delicado) proceso actual de descentralización del poder político español que se está desplegando delante de todos nosotros. Se nos abre una gran interrogante. He esbozado una respuesta hipotética favorable a las posiciones liberales, si bien pudiera perfectamente no ser así. Nuestro futuro, por tanto, está abierto.

Sabemos gracias a Popper que no todos los acontecimientos sociales tienen su génesis en acciones y proyectos intencionados de los individuos (el psicologismo o voluntarismo en el terreno social quedó mortalmente herido tras él). Hayek, por su parte, nos recordaba que la función esencial de las ciencias sociales consiste en explicar los efectos no intencionados de las acciones intencionadas; es decir, el estudio de las consecuencias no deseadas de acciones humanas que pretendían otra cosa. El sagaz Menger ya observó que éste era un problema interesante y harto curioso, seguramente "el más curioso de todos los problemas de las ciencias sociales".

Cómo agravar una crisis

Este complicado contexto constituye el caldo de cultivo ideal para que los políticos comiencen a aplicar disparatadas medidas de "estímulo económico" que al final sólo emponzoñan más la situación, agravando y prolongando el necesario e inevitable período de catarsis.

La última ha sido dilapidar el superávit presupuestario en absurdos proyectos sociales y en obras públicas varias. La noticia, lejos de suscitar decepción y angustia, ha sido considerada adecuada y conveniente para acelerar la recuperación.

El problema es que, como ya expliqué, tirar del gasto público no es la solución para ninguno de los problemas de la economía. Si durante años la sociedad española ha estado concentrándose en producir vivienda, pagando las importaciones (especialmente el petróleo) con cargo a la deuda, parece claro que, ahora que nos han cerrado el grifo, la única manera para superar el bache consiste en reorientar nuestra estructura productiva para financiar nuestras importaciones con nuestras exportaciones.

Dicho de otra manera, o bien reducimos nuestras importaciones o bien dejamos de producir viviendas y empezamos fabricar los bienes que demandan nuestros acreedores internacionales (como China o Alemania). El problema del primer camino es que nuestra dependencia del petróleo es difícilmente corregible a medio plazo; de modo que sólo nos queda la segunda opción.

Cuanto menos produzcamos para nosotros y más vendamos al extranjero (modelo chino), más rápido amortizaremos la deuda pasada y podremos volver a centrarnos en satisfacer nuestras necesidades. Es un ajuste doloroso que necesariamente implicará una fuerte caída en nuestros niveles de vida, pero no puede evitarse de ningún modo.

Por poner una analogía comprensible: si yo pido un crédito al consumo de 100.000 euros pagaderos en diez años (10.000 anuales, si nos olvidamos de los intereses) y mi única fuente de renta es un salario de 2.000 euros al mes, tendré que ahorrar 10.000 euros de 24.000 para devolver el préstamo. Lo que significa que sólo tendré 14.000 al año para mi disfrute personal. Sin duda, cuando dilapidé los 100.000 euros en consumir sin freno disfruté mucho, pero ahora me tocará apretarme seriamente el cinturón durante los próximos diez años para sufragar ese exceso.

Por supuesto, siempre tengo la opción de reducir aún más mi consumo (a 4.000 euros anuales, por ejemplo), de modo que amortice 20.000 cada año de mi crédito al consumo. Así, en cinco años devolvería el préstamo. Otra opción sería buscar un segundo o incluso un tercer empleo para hacerme con una renta anual de 50.000 euros. En este caso, gastando 10.000 al año en mis cosas podría amortizar el crédito en dos años y medio.

La receta, por consiguiente, es clara: menos consumo y más trabajo para amortizar las deudas. Los españoles tampoco tienen demasiadas alternativas: les toca pagar la factura del petróleo desde el año 2000 hasta la actualidad, y ello significa menos consumo y, si fuera necesario, más trabajo por salarios más bajos.

Pero ¿qué está haciendo el Gobierno para combatir la crisis? Simplemente, olvidarse de todo lo anterior. ¿Que estamos endeudados hasta las cejas? No pasa nada: yo, el Estado, me endeudo todavía más. ¿Que debemos ahorrar y restringir el consumo? No pasa nada: yo, el Estado, voy a gastar mucho más. ¿Que hemos de dejar de basar en el ladrillo el modelo productivo? No pasa nada: yo, el Estado, me voy a hartar de construir carreteras y viviendas de protección oficial. Puro keynesianismo suicida.

El Estado debería, por el contrario, reducir el gasto público y los impuestos para facilitar la amortización de la deuda y la reestructuración productiva. Pero la rebaja impositiva en ningún caso debe financiarse (como ha sucedido con los famosos 400 euros) con cargo al déficit público, ya que ello sólo incrementa la cantidad de deuda pendiente de amortizar.

Es cierto que en la magnitud y en el estallido de la crisis el PSOE no ha tenido demasiada responsabilidad, o al menos no mayor que el PP (en cuya segunda legislatura aparecieron la burbuja inmobiliaria y la expansión del déficit corriente) y otros gobiernos del mundo: la causa última de la crisis se encuentra en la política monetaria que han seguido los bancos centrales durante los últimos años.

No obstante, no es menos cierto que el Gobierno sí tiene buena parte de la responsabilidad en el rumbo catastrófico que puede tomar la crisis durante los próximos meses. El déficit público no ayudará a la recuperación, sino que le dará la estocada definitiva.

La quiebra de las cuentas públicas

Como consecuencia, en pocos meses su balance de resultados refleja un desequilibrio presupuestario (diferencia entre ingresos y gastos) próximo a 2.000 euros anuales (2 por ciento del PIB). De este modo, Rodríguez se ve obligado a ampliar su ya abultada deuda financiera para asumir los pagos comprometidos a contratistas e inquilinos, y que a día de hoy se sitúa en algo menos de 40.000 euros anuales (40 por ciento del PIB). Y todo ello en un contexto de acentuada crisis económica y clara incertidumbre financiera.

A finales de 2008, casi el 14 por ciento de los inquilinos que viven en el citado edificio se quedan en el paro, con lo que dejan de pagar sus respectivos alquileres (impuestos). El contrato de arrendamiento establece que dichas personas tienen derecho a permanecer en sus viviendas de por vida, ya que se trata de un particular alquiler en usufructo que incluso heredarán sus hijos. De esta forma, los gastos que ocasionen deberán ser asumidos, de algún u otro modo, por el resto de inquilinos del edificio, quienes por el momento mantienen sus puestos de trabajo.

Sin embargo, a pesar de la delicada situación que atraviesa su empresa, dicho gestor insiste en mantener, e incluso incrementar, su política de gasto, sin tener en cuenta los riesgos subyacentes que amenazan la viabilidad económica del edificio en cuestión. Y es que, según él, en poco tiempo la situación mejorará, de tal forma que sus inquilinos volverán a encontrar trabajo, y así podrá recuperar las rentas perdidas.

Pero lejos de cumplirse su pronóstico, un año después (2009) la situación tan sólo empeora. El desempleo en la comunidad se dispara hasta cotas próximas al 20 por ciento, de modo que los ingresos procedentes del alquiler de viviendas se desploman respecto al año anterior, hasta el punto de que la facturación de la comunidad disminuye (recesión). A ello se suma el hecho de que la compañía en la que trabaja el señor Rodríguez está asociada a un club, presidido por el señor Barroso, cuyos estatutos establecen un desequilibrio anual máximo del 3 por ciento en el balance de cada entidad asociada (3.000 euros).

Ante este panorama de gastos crecientes e ingresos decrecientes, entidades e inversores comienzan a desconfiar de la solvencia del señor Rodríguez, por lo que endurecen las condiciones del crédito, e incluso comienzan a denegar nueva financiación a la empresa que preside. Las garantías que ofrece para el pago de sus compromisos financieros (emisión de deuda pública) comienzan a perder credibilidad ante la difícil coyuntura que atraviesa la compañía.

¿Qué opciones le quedan al señor Rodríguez antes de que su entidad sea declarada públicamente en quiebra? Tan sólo dos a fin de mantener sus compromisos de gasto: O bien subir el alquiler al resto de inquilinos de la comunidad (elevar impuestos), o bien disparar la deuda de la entidad que preside, pese a su encarecimiento. De este modo, serán los hijos y hasta los nietos de los actuales inquilinos del edificio quienes, finalmente, tendrán que pagar el exceso de gasto adquirido en la actualidad. Y es que el señor Rodríguez no concibe eso de apretarse el cinturón en épocas de crisis.

Zapatero y el Estado como instrumento

En el último congreso del PSOE, Zapatero expuso lo que será su gestión y su política. Embriagado por la aclamación de sus fieles, alcanzó la iluminación total, y en pleno Nirvana soltó las primeras perlas totalitarias que se le pasaron por la cabeza: "el Gobierno es para nosotros el instrumento, el camino" y "el cambio que invocamos va mucho más allá de una mera alternancia en el Gobierno". Cuando todos nos preguntábamos a qué cambio se refería, afirmó que "el cambio es la transformación de la sociedad para que los valores humanos prevalezcan sobre el dinero o el poder. Ese es el cambio del que hablamos." Pues nada, se agradece la aclaración demagógica.

Más allá de las medidas concretas que pretende tomar, lo que me interesa es resaltar su deseo explícito de utilizar el aparato estatal como instrumento y la convicción de que así debe ser.

La idea de que el Estado es un instrumento para transformar económica y socialmente las sociedades es compartida por todos los partidos políticos sin excepción. La única diferencia son los fines que se proponen alcanzar y los beneficiarios de sus políticas.

Se plasma así, el deseo de que las formaciones e instituciones sociales no sólo sean un producto deliberado de la voluntad humana, sino que sean, además, una construcción que el individuo puede moldear, alterar o modificar ilimitadamente a su antojo para satisfacer sus anhelos. En las democracias actuales, por ejemplo, se nos asegura que las medidas deliberadas que emplean las autoridades son para lograr la llamada "justicia social". Es decir, que legitiman la coacción argumentando que las intervenciones son necesarias, benignas, sociales y a favor de los desfavorecidos.

Ciertamente, parece evidente que toda la maquinaria estatal es un instrumento, pero al servicio del poder político de turno. Conviene desmitificar la visión de un poder político carente de fines propios. El Estado es utilizado por el poder político para perseguir y alcanzar sus propios fines. Los políticos actúan praxeológicamente, pero no catalácticamente.

Para ello, los gobiernos buscan la legitimidad necesaria. ¿Cómo? Haciendo creer a la sociedad civil que es ella la que controla al Estado y se gobierna a sí misma, de forma que el Gobierno es un mero mandado/sirviente que ejecuta las órdenes y deseos del pueblo soberano. De ahí los eslóganes que suelen utilizar: "el pueblo es soberano", "juntos avanzamos", "la voluntad común", "hay demanda social de", "juntos podemos", "pacto social", "el pueblo es sabio y ha decidido". De esta forma consiguen que no sepamos dónde acaban ellos y dónde empezamos nosotros. Consiguen identificar sus intereses con los de la población. Sí, sé que recuerda a los antiguos totalitarismos, pero es que la democracia también puede ser totalitaria. Y vivimos en ella.

¿Cómo es posible que esto suceda? Básicamente porque, pese a la visión sentimental que tenemos de ella, en la moderna democracia no se ponen restricciones a los organismos gubernamentales. En la democracia moderna la tripartición clásica del poder se ha quebrado y los gobiernos han traspasado los poderes que las constituciones les habían asignado. Lo cual, dicho sea de paso, no la hace muy liberal, pese a que así la llamen. Hayek se refería a ella como democracia ilimitada, ya que el poder que se le otorga es ilimitado.

La primera consecuencia de una democracia ilimitada es que sus resultados no suelen ser los deseados o aprobados por la mayoría de la sociedad. Otra consecuencia es que el poder político se olvida del interés general para centrarse en ganarse el apoyo de grupos organizados de presión concediéndoles todo tipo de beneficios, que es lo mismo que decir que los gobiernos se centran exclusivamente en alcanzar sus propios fines (mantenerse en el poder), como hemos visto antes.

Si de algo tiene que ser instrumento el Estado es para garantizar el cumplimiento de las reglas independientes de fines (de mera conducta que diría Hayek) y el cumplimiento de los contratos, que es lo que garantiza la convivencia pacífica, la cooperación social y la libertad. Si la existencia del Estado tuviera alguna justificación, sería única y exclusivamente para que utilizase el monopolio de la coacción para realizar estas funciones. Un Estado "sin políticas", un Estado "mínimo". No parece que éste sea el rumbo que vaya a tomar el actual estado del bienestar.

Y esto es, lamentablemente, lo que permite a Zapatero y a los políticos hablar del carácter instrumental del Estado y utilizarlo para invadir todas las esferas de nuestras vidas que deseen. Éste es el principal motivo por el que el socialismo, como comentó Schumpeter en Capitalism, Socialism and Democracy, a pesar de no poder mantener sus promesas y de ser una alternativa peor para la mayoría de la gente que un sistema basado en el libre mercado, está destinado a triunfar.

Necedades buenistas de Mayor Zaragoza

Según Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, la globalización "ha sustituido la justicia y el buen criterio político por las leyes del mercado". Típico de su forma chapucera de escribir de forma grandilocuente sin argumentar con un mínimo rigor, no aclara si se refiere a las leyes económicas descriptivas del funcionamiento de los mercados libres (como la formación de precios de los bienes según oferta y demanda) o al aparato jurídico inseparable de un sistema de intercambios voluntarios (respeto al derecho de propiedad, principio de no agresión y cumplimiento de los compromisos contractuales). Un mercado libre es en sí mismo justo, ya que da a cada uno lo suyo, pero los colectivistas pretenden sustituir la legitimidad ética de la libertad individual por la falaz "justicia social" (en realidad injusticia socialista) administrada por "el buen criterio político" (del cual afirmar que está en vías de extinción implicaría reconocer de forma en exceso generosa que ha existido alguna vez).

Mayor Zaragoza cree que para que los hambrientos del mundo no inicien una revolución que amenace la estabilidad mundial "hay que evolucionar a un nuevo sistema planetario" basado en el "desarrollo global" y no en la guerra y el dominio. Está muy bien que critique la guerra y la opresión, pero su odio al mercado y su profunda ignorancia de la ciencia económica le llevan a afirmar que el gasto bélico crece "por necesidades de la economía mundial" y que es la globalización del mercado la que "causa graves crisis como la alimentaria". El gasto bélico es político, lo realizan los estados, los mismos que con sus manipulaciones monetarias y crediticias, sus subvenciones y sus barreras comerciales han provocado la crisis alimentaria.

Los necios de altos vuelos que pasan casi toda su vida en la alta burocracia internacional parecen perder por completo el contacto con la realidad. No entienden que la sociedad humana es un orden complejo espontáneo que se coordina mediante ajustes locales, los únicos posibles para personas cuyos intereses y capacidad de conocimiento y acción son muy limitados. Su megalomanía les lleva a colectivizarlo todo a la mayor escala posible, en este caso la planetaria, e insisten en que todos deben sentirse afectados y participar en el "desafío común": "Los desafíos globales requieren soluciones globales, que implican a su vez cooperación a escala mundial."

Los buenos en este cuento de hadas son los estados integrados a gran escala bajo la tutela de unas Naciones Unidas bien dotadas "de los medios personales, financieros y técnicos necesarios": quizás un guiño en recuerdo de su etapa en la cúspide de la Unesco. Los malos son los que ahora tienen el poder real: las "grandes corporaciones supranacionales", esas empresas tan maléficas y omnipotentes que constantemente le están ofreciendo bienes y servicios a precios atractivos no vaya a ser que usted los rechace o decida recurrir a la competencia.

La "concentración progresiva del poder económico, tecnológico y mediático", esa que sucede voluntariamente por las múltiples y cambiantes decisiones de accionistas, trabajadores y consumidores, es denunciada. La concentración política, esa que llevan a cabo funcionarios no elegidos (o como mucho votados cada mucho tiempo sin opción de renuncia) y que se basa en el monopolio de la violencia, es alabada.

Como mediocre sermoneador que predica desde su presunta superioridad moral, no analiza la problemática ética sino que repite tópicos biensonantes, da órdenes e imparte exigencias tras las cuales camufla su ignorancia y sus preferencias particulares: "Los mínimos nutritivos deben garantizarse." "Existe ya el conocimiento. Debemos ser capaces de aplicarlo. Es incuestionable que la gran urgencia actual consiste en hacer posible el disfrute por parte de todos de los frutos del saber." Reclama grandes inversiones en investigación y producción para la energía, el agua, los alimentos, la vivienda: como si no hubiera ya ingentes cantidades de recursos dedicados por particulares y empresas privadas a estos ámbitos, que prosperan en ámbitos institucionales basados en la libertad individual; las que él propone serán con absoluta seguridad "excelente negocio", pero no parece estar recomendando su idea a ahorradores interesados en invertir sabiamente su capital. "Es inadmisible que se transfieran ‘al mercado’ deberes morales y responsabilidades políticas que corresponden a los gobernantes democráticos." Perdón, pero… ¿por qué cree que lo que él particularmente no puede admitir nadie podrá hacerlo? ¿Acaso cree que su nociva filosofía política es la única posible?

La ingenuidad de su ensoñación no parece conocer límites: "Podemos imaginar islas, incluso artificiales, con fuentes de energía eólica, termomarina, termosolar… produciendo grandes cantidades de energía y agua potable". Ni una mención a sus costes, a lo que habrá que renunciar, a si serán viables económicamente. Basta con imaginarlas, desearlas muy fuerte, ordenarlas desde arriba, y se harán realidad.

"Hay que dejar de depender, con un plan mundial de emergencia, de las energías fósiles, cuyo precio se ha duplicado en los últimos tres años, y favorecer lo que durante décadas las grandes compañías petroleras han desacreditado y ocultado descaradamente: la contribución que pueden aportar las energías renovables, la nuclear (de fisión y de fusión), el hidrógeno…" En este caso el plan obligatorio (¡Hay que!) no sólo es mundial sino además de emergencia. Es que las grandes compañías petroleras son tan malvadas que hacen buenas a las nucleares… Y eso que casi todas tienen su sección de renovables.

"La especulación sobre materias primas, con el petróleo y los alimentos en primer lugar, ha llegado a niveles intolerables." Y el nivel tolerable, ¿cuál es? ¿Quién lo decide? ¿Algún análisis intelectual mínimamente informado además de esta protesta llorona? Exige "aplicar, de una vez por todas, impuestos sobre las transacciones de divisas que, según las palabras del propio secretario general de Naciones Unidas, no afectarían el funcionamiento del mercado". Pero ¡cómo es posible que el mandamás supremo de la ONU no nos hubiera asegurado esto antes para así poder proceder con el saqueo financiero a gran escala! El principio de autoridad ante todo, especialmente si se cita lo más penoso de alguien como Amartya Sen, premio Nobel de Economía: "El Estado, no el mercado, debe ser el responsable del bienestar de los ciudadanos, sobre todo de los países en vías de desarrollo." Que nadie se dé cuenta de que hemos vuelto de la ciencia de la economía positiva a la manipulación de masas de la moralina política.

Como visionario agitador, Mayor Zaragoza parece dado al forofismo: "Los diagnósticos ya están hechos. Ahora es necesario aplicar los tratamientos adecuados a tiempo. En momentos de gran aceleración histórica, son más necesarios que nunca los asideros morales. Se avecina una nueva era."

Un húngaro burgués ante el comunismo

Sándor Márai fue un importante novelista húngaro y burgués, cuya vida se extendió a lo largo de casi todo el siglo XX, desde 1900 a 1989, unos pocos meses antes de la caída del Muro de Berlín. Su obra reflejaba el mundo de la burguesía de su época, y estaba llena de reflexiones sobre la naturaleza humana, la amistad o el sentido de la vida.

Pero Márai también nos dejó dos volúmenes de memorias: Confesiones de un burgués, que trata sobre el primer tercio de siglo, y ¡Tierra, Tierra!, que fue escrita en los años 70, exiliado en EEUU, donde acabó de un tiro con su vida años más tarde. En esta última el autor narra sus experiencias durante los últimos años que pasó en su tierra natal; años muy convulsos, caracterizados por el final de la guerra y el cambio del régimen nazi al soviético, que experimentó en sus propias carnes. A lo largo de las más de cuatrocientas páginas desfilan brillantes reflexiones sobre su gran y única pasión, la literatura y la lengua húngara (en la que escribió durante toda su vida, a pesar de contar con unos 10 millones de lectores en esa lengua, como el mismo autor afirma), así como sobre la libertad y el comunismo, dejándonos un testimonio interesantísimo de lo que sucedió en esos años.

Buena parte del libro consta de sus observaciones sobre el "hombre soviético", fruto de varias semanas en las que se vio sometido a compartir casa con unos treinta soldados rusos; tiempo que dedicó observarles con detalle. Llegó a conclusiones sumamente interesantes: para él, el ser soviético era algo totalmente desconocido, e incluso llega a decir que tras esa convivencia forzada, "nunca, ni por un solo instante, sentí que tuviéramos algo en común", y que convivían "como si fuésemos animales del mismo redil".

Asimismo, apunta diversas características de esas personas que conoció, que demuestran las terribles consecuencias morales de la coacción sistemática, como las siguientes:

  • La negación de devolver lo prestado y el descaro que tenían al incumplir su palabra: ausencia de costumbre de cumplir con los contratos.
  • El "yermo vacío de sus vidas": ausencia de libertad para llevar a cabo los proyectos vitales de cada uno y la total represión de la conciencia y los comportamientos existentes en el régimen soviético.
  • Las diferencias que existían entre los mayores, que habían sido educados en familia (y de los que dice que "a veces se atisbaba –por detrás de la máscara del bolchevique y del soldado rojo– un fenómeno muy entrañable: el del ser humano ruso") y los jóvenes que habían sido adoctrinados en los campos de educación marxista-leninista: adoctrinamiento estatal y usurpación de la familia como legítimo educador.
  • La aniquilación de todo lo individual (como el reconocimiento y logro personales, incentivos existentes en una economía de mercado), el convertir al individuo en un simple número que es manipulado desde una autoridad central: "el ruso sabe que su persona no importa mucho… sólo importa si es posible utilizar al hombre en cuestión, es decir, el material disponible", llega a decir Márai.

Tampoco faltan ejemplos particulares de la miseria oculta que vivían los soviéticos, como el del soldado ruso que le confiesa al autor, mirando alrededor con cautela: "si yo hablara algún idioma no volvería a Rusia… en mi país no se está bien… Además, no hay libertad. No nos enseñan idiomas porque no quieren que podamos leer libros extranjeros". También cuenta el caso de un prisionero, que habiendo estado encarcelado por húngaros y soviéticos, afirmaba que, a pesar de que los primeros le trataban con crueldad, en su cárcel seguía existiendo como individuo, mientras que con los segundos su individualidad había desaparecido.

Igualmente exquisitas son sus reflexiones sobre el comunismo, algo que no puede existir sin el Terror, "porque un sistema cuyas dimensiones no son humanas sólo puede ser aceptado por la fuerza, con métodos inhumanos"; y aprovecha para criticar la pasividad y aquiescencia de los intelectuales europeos de la época, que "fingían ignorar que un régimen que solo puede sobrevivir si les arrebata a los seres humanos su libertad –la del derecho a la propiedad privada, de empresa, del derecho al trabajo, de expresión, la de escribir…– no puede renunciar a la tiranía porque ésa es la única posibilidad de salvaguardar el poder". También habla del comunismo como una nueva religión represiva, que consiste en la "estatalización o expropiación del alma", consecuencia de coartar la libertad individual al máximo y de abolir la propiedad privada.

Hasta se encuentra una observación que apoyaría ciertas tesis de los anarquistas de mercado acerca del periodo inmediatamente posterior al cerco de Budapest por parte del Ejército Rojo: "Cuando no existían ni el Estado ni la Administración, la gente se las arreglaba bien, por extraño que parezca, basándose en un orden personal e individual. No existía ningún tipo de sistema, pero había un orden personal que funcionaba", orden que se rompió cuando los comunistas trataron de planificar la sociedad húngara, siempre desde el aparato centralizado de Moscú.

Finalmente, harto del sistema soviético que se había implantado en su país, Márai se plantea el exilio. Se sentía asfixiado, como "un dato numérico dentro de una categoría dada", totalmente despojado de la libertad, no solo para escribir sino especialmente para callar libremente, porque comprendió que con su mera presencia estaba justificando la violencia existente, y ese "es el momento en que hay que abandonar el área infectada" y decir no; debía marcharse de Hungría para que no pudieran comprarle como individuo.

Es en el momento en que se pregunta hacia dónde ir, cuando se plantea a sí mismo la siguiente reflexión, que sigue muy vigente en la actualidad: "¿En qué parte de Europa existe un verdadero afán de libertad con todas sus consecuencias? Si la gente desea realmente la libertad, ¿por qué aguantar sin rechistar todo tipo de servidumbre?"