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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

El órdago centralizador y totalitario de Evo

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

No cabe duda de que el referéndum autonomista celebrado el pasado 4 de mayo en la provincia boliviana de Santa Cruz constituye un acto puramente democrático en busca de una libertad política y económica que pretende ser cercenada por el Gobierno Sozionalista de Evo Morales. Ante tal acto de osadía hacia la legítima autoridad del presidente indigenista, el esbirro de Hugo Chávez ha convocado un referéndum revocatorio para el próximo 10 de agosto, de cuyo resultado dependerá la instauración de un poder centralizador en Bolivia o bien la consecución de cierto grado de autonomía y libertad territorial.

Los pueblos latinoamericanos que sufren el yugo del nuevo comunismo populista iniciado por Hugo Chávez en Venezuela intentan reaccionar ante los fines totalitarios de sus respectivos gobiernos. En este sentido, el pueblo venezolano, tras un denodado esfuerzo de movilización y protesta social, logró retrasar, de momento, la aprobación de la reforma constitucional bolivariana. Un texto en el que, más allá de sus pretensiones nacionalizadoras y comunistas en el ámbito económico, establecía la desaparición por ley de cualquier atisbo de poder político paralelo, tanto judicial como legislativo y territorial, capaz de ensombrecer la autoridad del mandatario chavista.

La reciente convocatoria electoral de Santa Cruz es un nuevo ejemplo de lucha y resistencia social ante la falta de libertad individual que quiere imponer el presidente boliviano Evo Morales. Las provincias de Tarija, Beni y Pando serán las próximas en intentarlo. Ante esto, Morales ha reaccionado convocando a su vez un referéndum revocatorio a fin de acallar a través de las urnas cualquier voz crítica o discordante con su discurso homogeneizador y dictatorial.

En esencia, el presidente boliviano ha lanzado un órdago a los poderes autonomistas de su país. En caso de resultar vencedor, Morales contará con la supuesta legitimidad de las urnas para imponer en Bolivia su particular proyecto centralizador y totalitario. Y es que en dicha votación se decide no sólo la implantación de un auténtico sistema autonomista, sino también la propia autoridad del presidente para aplicar hasta sus últimas consecuencias su nueva Constitución política.

Chávez perdió la partida en su día, aunque en ningún caso descarta volver a reanudar el proceso. Al fin y al cabo, el presidente bolivariano, a modo de director de su particular casino, marca las reglas del juego. Ahora, le toca a Bolivia. Su nuevo proyecto constitucional, cocinado al gusto de Evo, no tiene desperdicio.

Su contenido es un océano continuo de despropósitos contra toda clase de libertad, ya sea política, económica e individual. Como siempre, la izquierda ideológica trata de imponer su verdad, su modelo de sociedad, avasallando las preferencias y la libre voluntad de sus ciudadanos. Tan sólo hace falta observar el preámbulo para percatarse de su espíritu totalitario. Tras dejar atrás "el Estado colonial, republicano y neoliberal", Bolivia (entiéndase Morales y sus seguidores) asumen "el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario". Como siempre sucede en la izquierda, la rimbombancia de sus conceptos maquilla en gran medida la vergüenza de sus auténticos despropósitos liberticidas.

Curiosamente recoge el principio básico, al tiempo que liberal, de "la libre determinación de los pueblos". Aunque, por supuesto, en la práctica niega tal derecho. En materia económica, sobra decir que impone un sistema planificado de producción, basado en la nacionalización de todos sus recursos naturales, sobre la base de la tan nombrada y difundida "justicia social". Excusa sobre la cual se cimienta y fortalece todo tipo de intervención pública contemporánea.

No obstante, el texto reza lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva". Eso sí, "siempre que ésta cumpla una función social". Además, "la expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, o cuando la propiedad no cumpla una función social". Así pues, adiós propiedad privada, adiós.

Pero más allá de su economía "colectivista" (es decir, comunista, aunque con sus propios matices), el nuevo Estado boliviano aspira a constituir una democracia "directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, entre otros" En este sentido, "las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo". ¿Les suena?.

Por otra parte, su artículo 28 establece que el ejercicio de todos los derechos políticos se suspenderá en caso de "traición a la patria". Además, pese a instaurar departamentos autónomos a nivel territorial, se trata de una mera formalidad ya que la Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento) es la "única con facultad de aprobar y sancionar leyes en el territorio boliviano".

Por supuesto, "los alcances, la organización, el funcionamiento, la estructura, las competencias, las atribuciones, la asignación de los recursos económicos financieros y la coordinación del sistema de descentralización y de autonomías se regirán mediante esta Constitución y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización", que se desarrollará una vez aprobado dicho proyecto. Es evidente cuál será el resultado de la citada Ley.

Por si acaso, la Constitución delimita claramente las competencias de los distintos organismos territoriales. En concreto, el Estado se reserva potestad plena en materia de legislación, justicia, fiscalidad, banca, empleo, deuda, comercio exterior, seguridad, producción, recursos naturales, servicios públicos, administración, patrimonio, tierras, y un largo etcétera. De este modo, las funciones autonómicas quedan delimitadas a cuestiones meramente marginales. Además, "toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al Estado".

Es decir, adiós Santa Cruz, adiós. Por desgracia, al igual que con Venezuela, soy pesimista acerca del resultado que obtendrá el órdago lanzado por Evo. Ojalá me equivoque, pero Bolivia está a un paso de ser engullida por el sozionalismo latinoamericano. Hoy y siempre, me siento cruceño.

Un Gobierno chorizo y chivato

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Un vecino no tiene por qué conocer el estado de las cuentas de otro. Da igual que la Autoridad Garante de la Protección de Datos Personales ordenara que se dejara de dar esa información; el daño estaba hecho. Muchos han podido ver la información y buena parte ya estará disponible en otros sitios web y redes P2P.

Para más desfachatez, el responsable de la publicación, un tal Vincenzo Visco, calificó la medida como "un hecho de transparencia, de democracia". De democrático y transparente no tiene nada. El tener un cargo público no te otorga el derecho a contar las intimidades de los ciudadanos, y dentro de esta categoría se incluye la declaración de la renta. Es un abuso de poder intolerable. Y lo peor es que los ahora expulsados del poder lo saben, como lo demuestra el hecho de que hayan esperado a publicar estos datos después de las elecciones para "evitar polémicas", es decir, perder votos.

Ya no sólo es que el Estado no tenga derecho a ofrecer a cotillas de todo tipo la declaración de la renta de los contribuyentes debido a que pertenece a su intimidad. Además, los politicastros han dado una valiosísima información que puede ser utilizada por todo tipo de delincuentes a la caza y captura de víctimas. Los secuestradores, timadores, ladrones y demás ralea han visto facilitado su trabajo de encontrar a personas con dinero suficiente como para que les merezca más la pena hacerlas objeto de sus fechorías. Como si los ciudadanos no tuvieran suficiente con que el Estado esté robándoles todos los días a través de los impuestos.

Y no sólo eso. Imaginen también la magnífica base de datos que han puesto a disposición de bancos a la caza y captura de potenciales clientes de grandes cuentas o de empresas que ofrecen productos de un precio elevado. Los amigos de la transparencia y la democracia les han ofrecido los datos necesarios para que los machaquen a base de publicidad telefónica, por correo electrónico y otras vías. Miles de personas ya pueden decirle adiós a la tranquilidad. Y encima, seguramente el Estado italiano persiga a las empresas privadas que vendan datos con información similar. Menuda hipocresía.

Lo peor del caso es que, en el caso de que las denuncias contra esta violación de la intimidad prosperen, quienes pagarán la indemnización serán las propias víctimas con sus impuestos. El sueño de los capos mafiosos. Pobres italianos: primero les roban con los impuestos, luego violan su intimidad y posiblemente terminen condenados a pagar por el hecho de que el Estado los haya convertido en víctimas.

El precio de la cultura

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El presidente de UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), Alejandro Echevarría, ha declarado que "una industria privada no puede financiar por ley a otra industria privada", refiriéndose a la obligación que tienen las cadenas en gastarse el 5% de sus ingresos brutos anuales en cine español.

Echevarría no es más que el presidente de un lobby y empresario del sector. Sólo cuidará de sus intereses y se aprovechará de los medios políticos cuando le interesen. Por esa razón ha afirmado que la cultura se ha de "financiar con recursos públicos". Menuda gracia, como si nuestro dinero no tuviese mejores destinos que lucrar a los ociosos actores.

El proteccionismo al mundo de la farándula es indefendible. El Estado, al igual que el mercado, discrimina entre "buenos" y "malos". La diferencia entre ambos es que en el mercado el soberano son los millones de consumidores que libremente se gastan su dinero en una película, en otra o en ninguna. Es el acto más democrático que hay. El cineasta que mejor se adapte a los gustos de la gente, más fama y dinero recibirá. Por el contrario, el Estado y sus subvenciones discriminan los contenidos según las decisiones del regulador de turno y de un puñado de oligarcas. Las películas no se realizan para satisfacer a la gente, sino a un pequeño comité del Gobierno que se financia con nuestro dinero.

En este país, son los burócratas quienes escriben los guiones de las películas y documentales con toda su larga lista de requisitos. ¿Defensa de la cultura? Más bien uso partidista de los contenidos y propaganda política pagada con nuestros impuestos.

Fíjese que aquello que el Gobierno quiere impulsar, siempre acaba siendo un caos, un nido de corrupción e ineficiencia. No sólo afecta al mundo de la cultura y cine. Nos han dicho que el Estado ha de tener el monopolio de la justicia. Esto ha provocado que en España existan más de millón y medio de sentencias pendientes, 270.000 de tipo penal. El Estado creó leyes para protegernos de las enfermedades en el trabajo y esto ha creado que seamos uno de los países con más bajas laborales y absentismo de Europa. En nuestro país, más de la mitad de las bajas laborales se deben al estrés. ¿Se pregunta por qué? Porque son las más difíciles de diagnosticar. Si quiere conseguir una, sólo ha de conectarse a internet, estudiar los síntomas y recitarlos delante del doctor de la Seguridad Social. Le dará la baja de forma inmediata.

El Estado también nos quiso garantizar una educación, la suya, y esto ha causado que el aprendizaje de nuestros jóvenes sea cada vez más deplorable, como muestran los informes internacionales. El Gobierno socialista quiso crear empleo estable y digno entre los jóvenes con salarios mínimos y regulaciones. El resultado ha provocado que seamos uno de los pocos países de Europa donde el desempleo en este segmento haya aumentado entre 2006 y 2007, situándolo por encima de la media europea.

Los incentivos que crea el Gobierno no arreglan nada porque no tienen nada que ver con nuestras prioridades ni nuestro bienestar, más bien al revés. El Gobierno sólo obedece a los grupos de presión e intereses de las minorías. Hay quien a esto lo llama democracia. Si el Estado toma nuestro dinero para impulsar la cultura con cánones digitales y leyes proteccionistas sólo conseguirá crear contenidos artísticos a su gusto y conseguirá que nadie vaya al cine. Y es que en última instancia, todo este dinero tirado al pozo sin fondo de la cultura no lo podremos usar para pagar nuestras facturas. ¿Qué derecho tiene el Estado a sacarnos el fruto de nuestro trabajo por la fuerza?

Soberanía nacional o soberanía popular

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Son estos días muy a propósito para reflexionar sobre el significado liberal de la Constitución a que dio lugar la revuelta de los españoles contra los invasores franceses y en concreto su contribución más importante y significativa: la soberanía nacional promulgada por las Cortes de Cádiz en 1810 y recogida como base de la Constitución de 1812. Hay dos fuentes históricas de esa idea. La más inmediata es el hecho de que, con el Rey y el heredero legítimos en manos de los franceses, fuera el pueblo español el que recuperara su destino expulsando a los franceses. El otro se refiere a una idea enraizada en el pensamiento político español desde el comienzo de la era moderna, y es que el origen del poder está en el pueblo. Juan de Mariana ofreció sus palabras a esta idea, que era anterior a él. Pero el jesuita se aferró a ella como ninguno otro antes y sacó las conclusiones más consistentes.

La soberanía nacional aúna en dos palabras varios conceptos distintos. Por un lado coloca al pueblo español como sujeto de la nación española, que no en vano es definida en el primer artículo del texto constitucional como “la reunión de todos los españoles”. Como sujeto y protagonista de la historia de la patria, lo que se estaba refrendando en la lucha contra los invasores franceses, el pueblo español era la fuente del poder legítimo y, como tal se constituyó primero en juntas y más tarde en Cortes. Otro elemento ínsito en la expresión “soberanía nacional” es la noción de que los individuos son portadores de derechos iguales. Una tercera es que forman una comunidad nacional y una cuarta, dicho sea sin voluntad de agotar con esta otras posibles, es la idea de que ese poder originario, esa soberanía, se articula por medio de instituciones representativas.

Pero en la práctica es este último aspecto el que ha primado sobre los demás. La soberanía nacional ha dado lugar a una soberanía popular entendida no tanto en la idea de que en el pueblo residen los derechos como en la de que él tiene todo el derecho e incluso el derecho absoluto de imponer, por medio de los mecanismos democráticos, cualquier ley que considere conveniente. Las leyes son legítimas porque se ajustan al ordenamiento jurídico, pero especialmente porque su fuente, el pueblo, consultado periódicamente por medio de las elecciones, es la única fuente legítima de normas comunes.

De este modo se produce la trasmutación de un concepto, la soberanía nacional, que es compatible con el liberalismo a otro, la soberanía popular, que resulta completamente opuesto. Si el primero merece el calificativo de liberal en cuanto tiene de contraposición a la soberanía del Rey, más por adición de ideas como la de que surge de una comunidad de ciudadanos con derechos iguales o la de que puede retirar el poder que le haya otorgado a un gobernante si éste viola tales derechos, la soberanía popular tiende al poder absoluto, ungido por la supuesta legitimidad de la voluntad popular. Es un cambio sutil, pero sustancial y determinante.

El recuerdo de la Constitución de 1812, con todos sus errores, como la proclamación de una religión oficial, nos debe servir para celebrar el primer texto constitucional que situó a en nuestro país los derechos de los ciudadanos como base del ordenamiento jurídico y para reflexionar sobre el conflicto entre éstos y la mera aplicación de la regla de la mayoría.

Primero primarias

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Ese reparto infinito en la responsabilidad, ese disolvente universal de la moral que es el reparto igualitario e indiscriminado hará de las futuras derrotas sin cuento del PP eventos más y más extraordinarios y memorables.

Hay una ideología que es como el éter: está en todas partes y estamos tan acostumbrados a movernos de ella rodeados que apenas la percibimos. Es ese pensamiento débil que es destilación de las ruinas ideológicas y morales del progresismo, un panbuenismo que tiembla ante ideas como la responsabilidad personal. La sociedad es la culpable, todos somos responsables, las intenciones eran buenas y demás. No es de extrañar que todo lo que suene a liberalismo, que es libertad y es responsabilidad, no pase el filtro de SSS, el filtro del éter ideológico y de la moral diluida.

Que los partidos no tienen aprecio al mandato constitucional del funcionamiento democrático para ellos, todos lo sabemos. Que el PP comparte ese desdén no habrá quien lo niegue mirando al espejo. Pero ya hay quien, dentro de ese partido, ha visto la necesidad de lograr que la amplia base social que lo sustenta tenga voz y voto en su destino, y pide esa democracia de abajo arriba en forma de primarias. Sus promotores se han echado atrás, pero han dado lugar con su iniciativa a uno de esos movimientos que se alimentan de la ilusión de la gente por mejorar las cosas; y no habrá quien lo pare.

Las primarias cambiarían a aquel partido. Su destino no se decidiría por la autorréplica del aparato, sino por el sentir de sus afiliados, que sería también el de sus votantes. Y la presentación de distintas candidaturas forzaría a los candidatos a retratarse, a hablar a sus militantes sobre sus propias ideas para el futuro. El debate ideológico de que habla Esperanza Aguirre sería ya inevitable, y así se vería quién pide perdón por existir tomando de prestado las ideas de los rivales y quién se sabe superior precisamente por no mendigar los deshechos ideológicos de otros.

Peligro, el Gobierno nos quiere ayudar

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Es que los políticos han de intervenir más aún en el sector privado rescatando empresas deficitarias que han sido incapaces de valorar sus riesgos? ¿Desde cuándo los gobiernos resuelven las crisis?

Las medidas de Solbes, además de no ser precisamente escasas, nada tienen que ver con la reactivación económica que supuestamente es lo que pretenden propulsar los socialistas. Los famosos 400 euros, que en realidad no lo serán porque hasta que los recibamos íntegramente se les tiene que descontar la imparable inflación, no son más que migajas comparado con la expropiación forzosa que realiza el Gobierno a nuestra capacidad productiva. El Gobierno nos arrebata cada mes la mitad de lo que producimos. Si usted cobra 20.000 euros brutos, que en realidad son más de 26.000 pero que no verá jamás en la nómina, el Estado se queda con más del 50% de todo el desembolso que la empresa realiza por su trabajo, en nuestro caso, más de 12.200 euros. Si quiere saber qué cantidad de dinero le expropia el Estado haga las pruebas en la web ¿Cuántos impuestos pago?

Otras medidas como la de alargar el plazo de las hipotecas gratuitamente, pueden convertirse en un severo riesgo para el deudor. ¿No han pensado que esto generará un plus de intereses para el deudor que, a la larga, lo puede dejar ahogado si siguen aflorando riesgos como la inflación? ¿Qué tipo de solución es esta cuando el Euribor está en máximos y hay muchas probabilidades de que Banco Central Europeo suba los tipos? A propósito, ¿recuerdan cuando el Gobierno dijo que el Euribor había alcanzado sus máximos? Otra mentira electoralista.

¿Qué nos hace pensar que el Gobierno será juicioso y justo cuando lo único que hace siempre es satisfacer sus propios intereses y jamás responde de sus negligencias? Por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) acaba de anunciar que regalará 60 millones de euros a otros países. ¿Va hacer esto que lleguemos más desahogados a final de mes? Esto no paga nuestras facturas. La inútil institución, que pertenece Ministro de Asuntos Exteriores, tenía un presupuesto de 270 millones de euros en 2002 que ahora, en 2008, supera ya los 942 millones. Muy probablemente, usted ni sabía de la existencia de esta agencia gubernamental que, lejos de ayudarle en sus cuentas domésticas, le está empobreciendo, porque es usted quien paga ese dinero.

Lo realmente preocupante es que organizaciones absurdas como la AECI, que no han ayudado a mejorar la vida de nadie excepto de los burócratas que trabajan en ella, las hay a toneladas. Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, que en esto de saquear al ciudadano también son auténticos profesionales, se gastó medio millón de euros en una web que, según los políticos catalanes, "impulsará la lectura". ¿Es realmente necesario que en plena crisis se gasten el dinero del ciudadano en algo así? En este país han fomentado más la lectura las revistas del corazón, los diarios deportivos y los periódicos gratuitos, que son privados, que cualquier biblioteca o iniciativa pública, por más cibernética que pretenda ser.

Nuestra economía no necesita más ayudas del Gobierno. Todo lo contrario. Lo que necesita es expulsar a los políticos de nuestras vidas. La economía española sufre de un exceso de regulación empresarial tal y como demuestran los datos de diferentes organizaciones internacionales. Tenemos un mercado laboral que es la desgracia de Europa. Estamos entre los países de la UE con mayor desempleo juvenil, a la cola de Europa en productividad y a la cabeza en absentismo laboral, lo que supone un gasto del 1,22% del PIB. La única forma de salir rápido de la crisis es otorgar a particulares y empresas más libertad de comercio. Que la sociedad civil pueda innovar por ella misma, invertir y crear riqueza con sus ideas y bajo su riesgo. Sólo la libre iniciativa de la sociedad civil crea riqueza, prosperidad, diversidad e innovación. El Estado es el único freno a nuestro bienestar.

Go East, Mariano

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

Más allá del fulanismo y el carguismo, versiones castizas de ese vicio atroz de la derecha española llamado patrimonialismo, una derrota electoral es la oportunidad ideal para que un partido alce sus ojos del ombligo propio y se pregunte hasta qué punto los principios que dice defender se ajustan a las promesas hechas a sus lectores.

Ahora que los expertos del PP se rebanan los sesos redactando las ponencias de su congreso saqueando de paso las existencias del Starbucks más próximo, quizá les vendría bien desplegar el catalejo y practicar la política comparada. Les propongo echar un vistazo a Polonia y a su actual partido gobernante, Plataforma Cívica, ganador de las últimas elecciones de aquel país frente a los conservadores paternalistas de Derecho y Justicia y a sus socios del movimiento social Liga de las Familias.

El éxito de Plataforma Cívica, miembro del Partido Popular Europeo y liderado por Donald Tusk, fundador en Gdansk del sindicato democrático Asociación de Estudiantes Polacos en los tiempos heroicos de la lucha contra la dictadura comunista, se basó en una mezcla de carisma y defensa sin complejos de un programa liberal y laico, que no laicista, contra el intervencionismo y el discurso radical de los hermanos Kaczynski y de sus aliados integristas.

Tusk se presentó como el atractivo candidato del cambio prometiendo entre otras cosas la implantación del tipo único impositivo del 15% para IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades, la privatización de empresas públicas, la liberalización de las universidades y de la sanidad y la elección directa de los alcaldes y gobernadores de las provincias. Además, frente a la intransigencia del Gobierno de entonces, planteó una política social moderada en cuestiones como el aborto y las uniones de personas del mismo sexo, en sintonía con el sentir de la mayoría de los partidos de centro-derecha e izquierda moderada de la Unión Europea. Atractivo personal, ideas claras, ambición y errores ajenos (autoritarismo y corrupción, causas del hundimiento de la Liga y de los nacionalistas etnicistas del partido Autodefensa, que se han quedado fuera del Parlamento), éstas son las claves del triunfo en Polonia de una opción liberal por encima del socialismo del resto de los partidos.

No sé hasta dónde llegarán Tusk y los suyos. Supongo que algo se dejarán en el camino del consenso y la demagogia. Sin embargo, y salvando las diferencias, la victoria de los liberales en algunos países del Este de Europa (también en Hungría, aunque allí el desempeño del Gobierno ha dejado bastante que desear) frente a los ex comunistas y a las fuerzas nacionalistas y confesionales demuestra que es posible la articulación de una opción política no izquierdista, liberal, nacional y capaz de gobernar sin hacer concesiones al progresismo ni proponer la vuelta al Concilio de Trento.

El caso polaco es uno de tantos que convendría figurasen en la agenda de los cerebros grises del PP y think tanks anexos. En los años ochenta, los demócratas del Telón de Acero tomaron a España como modelo de transición. Al final, fue la ruptura más o menos pactada, y no la reforma, la que trajo la libertad a sus países. Casi 30 años después de la caída del Muro, las tornas han cambiado y somos nosotros quienes debemos tomar nota. Por si alguien en Génova está interesado, sepa que existen vuelos diarios entre Madrid y Varsovia, con ofertas más que interesantes. Además, la mayoría de los líderes de Plataforma Cívica hablan un inglés excelente.

Menos playa y más abrigos, Mariano. Si los miembros fallecidos de Village People levantasen la cabeza, seguro que lo primero que harían sería cambiarle la letra a uno de sus mayores éxitos: Go East!

La extensión del foralismo en España

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

En su trabajo Naciones por consentimiento. Descomponiendo el Estado-Nación, Rothbard asegura que un mayor número de nuevas naciones, de tamaño por tanto más reducido, puede incluso favorecer el desarrollo del libre mercado, ya que el poder estatal quedaría contrarrestado a través de la competencia administrativa proveniente de otras entidades políticas en competencia directa. ¿Pero se traduce de algún modo esto en la práctica?

Bien, echemos un vistazo al índice de libertad económica que elabora anualmente la Fundación Heritage, que analiza 157 países de todo el mundo. En la edición de 2008, recientemente publicada, observamos que los modelos federalistas y secesionistas ocupan los primeros puestos de la tabla. El ranking lo lidera nuevamente Hong Kong, seguido de Singapur. El tercer puesto es ocupado por Irlanda, constituido como país independiente del Reino Unido en la primera mitad del siglo XX, mientras que el cuarto y quinto puesto son ocupados por Australia y EE.UU, respectivamente, ambos con sistemas políticos federales. Es más, el modelo federal de Canadá (puesto 7) y el cantonés de Suiza (9), superan incluso en libertad económica a la avanzada economía liberal de Reino Unido. España se sitúa en el puesto 31 del ranking. ¿Casualidad? Lo dudo.

Mientras, en España, las comunidades autónomas gestionan ya más recursos que el propio Estado en materia de gasto. Así, el gasto público regional, en cuanto a operaciones no financieras, aumentará de media un 6,03% en 2008, hasta alcanzar los 164.396 millones de euros. Esto supone un 7,76% más que el gasto que contempla los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente ejercicio: 152.560 millones. Sin, duda, se dirá que tal proceso también se está traduciendo en una regresión de las libertades individuales y en el auge de nuevas trabas administrativas y fiscales al libre mercado en ciertas comunidades autónomas. Y no les falta razón. Sin embargo, observo más oportunidades que desventajas.

La descentralización conlleva el auge de entidades administrativas con capacidad autónoma, aunque de momento limitada, para establecer sus propios marcos y normas regulatorias dentro del propio Estado nacional, fomentando con ello la competencia fiscal y económica entre los diversos territorios que lo constituyen.  A este respecto, destaca la Comunidad de Madrid como referente obligado para el resto de regiones a la hora de fijar sus respectivas políticas fiscales. Desde su llegada al poder en 2003, la presidenta regional Esperanza Aguirre ha provocado un efecto arrastre en la eliminación de determinados impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, que tras la rebaja en esta región ha terminado siendo eliminado por el Gobierno nacional del PSOE, contradiciendo su supuesta ideología progresista.

Según los últimos datos oficiales, los vascos disponen de una PIB per cápita de 30.600 euros, duplicando casi la de los extremeños y andaluces. Le siguen Madrid (29.900) y Navarra (29.500). Por el contrario, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, receptores netos de los recursos tributarios de las comunidades autónomas más ricas, siguen ocupando los puestos de cola en este ámbito. Su PIB per cápita sigue siendo inferior al 80% del PIB per cápita medio español (situado en 23.396 euros). Es más, la diferencia entre regiones ricas y pobres se ha ampliado el pasado año, poniendo en evidencia algo que la Escuela Austriaca viene demostrando desde sus inicios: la redistribución de los recursos no genera en ningún caso riqueza ni capital, tan sólo dependencia e ineficiencias económicas.

Así pues, la descentralización política y administrativa, que tantos insisten en criticar, lejos de suponer un peligro o riesgo, acentúa dos esferas básicas de la praxis política. Por un lado, la autoridad de los gobiernos locales y regionales, lo cual implica el acercamiento de la administración a los ciudadanos, en términos de eficiencia, accesibilidad y comprensión. Pero también, en cuanto a la posibilidad de ejercer un control más férreo y directo de la gestión pública por parte de los individuos, ya que la decisión de aumentar impuestos es mucho más perceptible.

Por otro, al competir más estrechamente, con entes descentralizados similares, el Gobierno regional pondrá énfasis y esfuerzo en el desarrollo y mantenimiento de políticas públicas claramente tendentes a mejorar los niveles de desarrollo y crecimiento económico puesto que, de no seguir tal dinámica, su población emigraría a contextos más favorables para sus intereses particulares, votando con los pies.

Desde mi punto de vista, asistimos a una oportunidad histórica para el tránsito del estado autonómico a un estado federal. Y más aún para la posible consolidación en el futuro de un modelo netamente foral (ya sea de regiones o de provincias) en el que las distintas comunidades administrativas dispongan de plena autonomía tributaria bajo el principio de libre consentimiento. De este modo, se abre una puerta a la configuración de un Estado central mínimo que se alimentaría de las aportaciones voluntarias de cada entidad política, bajo la férrea y cercana supervisión de sus respectivos contribuyentes.

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Democracia interna en los partidos políticos

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

La renovación de ideas y personas es imposible en los partidos políticos si su funcionamiento interno no es democrático. En España, los estatutos de los partidos recogen formalmente la democracia interna pero, en la práctica, sus fórmulas de validación de nuevas candidaturas y de participación impiden que los militantes voten libremente los miembros de su comité de dirección, que sólo buscan la perpetuación de cargos.

La ausencia de elección democrática por parte de los afiliados de un partido en cada circunscripción local, regional y nacional de los aspirantes a los diversos puestos provoca que accedan a las candidaturas personalidades menores, que sólo siguen el guión marcado por el comité que los ha colocado y son incapaces de defender un discurso propio.

Ante la carencia de selección entre diferentes propuestas que compitan por captar el voto directo, libre y secreto de los afiliados, se perpetúa el pensamiento único y se dificulta la renovación ideológica dentro de las organizaciones.

Si además se aplican medidas disciplinarias a las corrientes internas no alineadas con el discurso de la dirección, se margina a los librepensadores y no se aplica la limitación de mandatos dentro de los partidos se impide el acceso al ámbito político de profesionales, ajenos o no al régimen imperante, que logren introducir nuevas ideas y ayuden con mayores bríos a la evolución sociocultural de cada nación.

A las anteriores carencias, habría que sumar la necesidad de selección previa, mediante los votos de los militantes, de los candidatos oficiales que deben representar al partido en cada convocatoria electoral, de modo que el elegido resultase de una discusión pública sobre su capacidad de liderazgo, preparación, ideas y valores, así como de la concreción de sus propuestas de solución y defensa de los intereses de los ciudadanos.

Es decir, como mínimo, se echa en falta la instauración de procesos verdaderamente democráticos, como las primarias y los caucus que llevan a cabo con total transparencia democrática el Partido Republicano y el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Allí, los diversos candidatos van enfrentando su discurso estado por estado y, expuestos al análisis pormenorizado de los medios de comunicación, van recibiendo apoyos para alcanzar un número máximo de compromisarios que les permita liderar su partido para concurrir a las elecciones presidenciales.

Si observamos el artículo 6 de la Constitución, pese a que se explicita que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos", el cainismo nacional y la falta de apego "real" a la filosofía de la libertad, presentes en la mayoría de dirigentes políticos, boicotean cualquier candidatura opcional, interponiendo trabas estatutarias, como la consecución de un alto número de compromisarios como avales, a modo de barrera que impida la mínima disensión dentro del partido.

Actualmente, los partidos actúan de forma endogámica y huyen de la renovación interna, evitando preguntar "directamente" cuál es la voluntad de los militantes acerca de ideas y proyectos que generen alternativas al régimen político.

En mi modesta opinión, dado que aportan financiación y constituyen los recursos humanos de la organización, deben ser los afiliados y no las castas directivas los que decidan quiénes deben ser promovidos dentro de la organización interna y, en las diferentes elecciones, quiénes deben ser candidatos. Sólo extendiendo la democracia por las principales instituciones de la sociedad se logrará alzar a las personas más capaces a posiciones que impulsen nuestro país hacia mayores cotas de prosperidad, conforme a los principios de la Constitución Española de 1978.

Por ello, si queremos un mejor comportamiento de los partidos políticos, es preciso exigir la obligatoriedad constitucional de democracia interna "efectiva" y aplicar el voto "libre, igual, directo y secreto" a todas sus elecciones de cargos directivos y de candidatos. Y, de modo equivalente, para favorecer la renovación institucional, debería exigirse lo mismo en los sindicatos, en las patronales, en las universidades y en las principales instituciones de la nación que reciban fondos públicos.

Probablemente, sea requisito imprescindible el concurso de notarios públicos para que proporcionen "fe pública" y validen la limpieza de cada proceso de democracia interna a lo largo y ancho de todas las instituciones en España. Y, sin duda, una nueva redacción del artículo 6 debe intentar explicitar con mayor detalle lo anterior, como requisito fundamental previo para concurrir a las elecciones a cargos públicos. A modo de esbozo inicial y para su posterior discusión:

Artículo 6 (propuesta)

  1. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.
  2. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos. Se instaurará el voto libre, igual, directo y secreto entre los afiliados, validado por un notario público, para seleccionar a los miembros de los comités de dirección y, también, para elegir los candidatos a las diferentes elecciones. En los procesos de democracia interna deberá ser aceptada cualquier candidatura que acredite ante notario público la recepción de firmas de, al menos, un cinco por ciento de los afiliados.
  3. Los actos, fines y programas de los partidos políticos deberán reconocer y respetar los derechos fundamentales y las libertades públicas establecidas por la Constitución.
  4. La financiación de los partidos políticos deberá ser transparente. Las aportaciones privadas que contribuyan a su financiación serán desgravables en su integridad y, deberán ser fielmente reflejadas en cuentas contables. Anualmente, la financiación será auditada por el Tribunal de Cuentas y, publicada para conocimiento de los ciudadanos.
  5. Los partidos, asociaciones y agrupaciones de carácter político que incumplan alguno de los preceptos establecidos por este artículo serán ilegales y no podrán constituirse. Los que lo hicieren, una vez constituidos, deberán ser disueltos judicialmente por el procedimiento dispuesto en una ley orgánica.

Como habrán comprobado, la anterior propuesta incide sobre algunas fisuras normativas y aboga por un artículo 6 y por una redacción de la ley de partidos que garanticen de modo eficiente la democracia interna, la financiación transparente y la sujeción a la Constitución de los actos, fines y programas de los partidos políticos como condición previa para que puedan participar en los procesos electorales.

Chávez aprieta el acelerador

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

De hecho, en las últimas dos semanas el gorila rojo ha expropiado tres productoras de cemento y una importante empresa siderúrgica. A juzgar por sus objetivos, la construcción del socialismo está al caer.

Sin embargo, lejos de acercarle a su ansiado sueño colectivista, estos nuevos robos pueden conducirle al abismo por el que el pueblo indignado suele arrojar a los tiranos. Y es que hasta ahora la vía venezolana hacia el socialismo marchaba relativamente bien para sus dirigentes porque se dedicaban principalmente a expropiar materias primas como el petróleo, para cuya extracción y comercialización no se requieren de grandes dotes de gestión y que suponen una continuada fuente de ingresos. Además, Chávez ha contado con la ayuda de empresas occidentales que se aliaban con él con tal de hacerse con parte del botín. Sin embargo una cosa es expropiar una fuente de energía o una materia prima que luego vendes en el mercado y otra bien distinta es hacerte con una empresa que se dedica a crear productos cambiantes gracias la cooperación de numerosos bienes de capital y que requieren de una compleja gestión siempre alerta a los caprichosos cambios de los consumidores en el mercado.

Lo simpático de esta nueva ola de expropiaciones es que los propietarios de la mayoría de las acciones de la siderúrgica SIDOR se han destacado en los últimos años por defender públicamente la política ultra intervencionista del matrimonio Kirchner en Argentina. Es como si La Rebelión de Atlas estuviese ocurriendo en la realidad y Orren Boyle, el presidente de Associated Steel, hubiese sido expropiado por los politicastros que tanto defendía. Parece que a la familia Rocca, los Boyle del momento, no le ha gustado en esta ocasión el sentido de estas nuevas agresiones contra la propiedad privada. Es lo que tiene jugar con fuego, que uno termina quemándose. A lo mejor esta experiencia le sirve para que se transformen en los Rearden del mañana y déspotas como Chávez dejen de encontrar apoyos en el mundo empresarial.