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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

El fiasco de las bibliotecas públicas virtuales

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Es algo que siempre he defendido; cuando se discute qué puede hacer el Estado para fomentar el uso de la red mi opción predilecta es incrementar el atractivo de la red poniendo todo el material del que dispone gratuitamente en internet, a ser posible de una manera cómoda y fácilmente accesible. Poco a poco, se van obteniendo éxitos en ese sentido. Por ejemplo, parece que por fin TVE va a poner al menos una parte de sus archivos audiovisuales en su web. Razón hay para congratularse: parece que por fin podremos ver aquello que ya hemos pagado obligados.

El problema es que la mayoría de estos proyectos parecen empeñados en alcanzar grandes números de publicaciones y páginas escaneadas, que es lo que permite al político vender su gestión, en lugar de ofrecer un servicio útil al público. De hecho, muchas veces los responsables de estos proyectos ni siquiera responden a cuestiones básicas como qué está permitido hacer con los contenidos digitalizados, pregunta que repite constantemente el gran José Antonio Millán cada vez que surge alguno de estos proyectos, generalmente sin encontrar respuesta.

Recientemente he tenido ocasión de experimentar uno de estos proyectos, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Un proyecto notable, que recoge fondos de bibliotecas estatales de toda España y de algunas colecciones privadas, las digitaliza y las pone a disposición de todos en internet. El problema es el de siempre; recientemente era objeto de atención el hecho de que casi hubiera alcanzado los 4 millones de páginas y casi 2.000 cabeceras, siendo la publicación más antigua de 1777. Pero nadie reparaba en lo difícil que es utilizarla y lo poco útil que termina siendo. Resulta que se busca por título, por fecha o por biblioteca donde se guarda. Si pese a todos encontramos algo que nos interese accederemos no a la publicación sino a una ficha técnica en la que se esconde un enlace titulado "copia digital". Ahí podremos navegar en busca del ejemplar que nos interesa, que podremos ver en imágenes (una por página) o descargar en un PDF que básicamente consiste en agrupar todas las imágenes una detrás de otra.

Comparémoslo con Google Books. En principio hay una única caja de búsqueda. Usted pone un término en ella y le devuelve libros donde ese término esté en la editorial, el título, el autor y, sobre todo, el contenido. En algunos de ellos, básicamente los de dominio público, podremos acceder al contenido completo, que podemos consultar online con un interfaz web muy cómodo o descargar en PDF o texto. En resumidas cuentas, un servicio cómodo de usar y muy práctico para el usuario.

De acuerdo que hay proyectos de bibliotecas virtuales públicas más lustrosos que la de prensa histórica. Por ejemplo, está la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, a la que he criticado agriamente pero que en comparación es una delicia. Pero todos padecen en mayor o menor medida del mismo defecto. Quizá sea porque Google es una empresa privada y busca servir al cliente, mientras que la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, como tantas otras en el viejo continente, busca principalmente justificar el trabajo y las sumas invertidas en los procesos de digitalización. Y para eso sólo hacen falta números.

Sistema electoral con segunda vuelta

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Favorecer la evolución pacífica e integradora de las principales instituciones de un país, evitando involuciones demagógicas que atenten contra los derechos individuales y la libre interacción en el mercado, implica garantizar el progreso socioeconómico a largo plazo. Pero lograr tan noble objetivo requiere alcanzar mayorías de gobierno estables que eviten el cambalache con partidos políticos minoritarios.

En España, al igual que en cualquier otro país que sufra la lacra del nacionalismo excluyente, las políticas negociadas con su entorno se traducen en deterioro constante de la unidad territorial y judicial y, en permisividad ante legislaciones y decisiones administrativas autonómicas que coaccionan la libertad de mercado y atentan contra la propiedad privada, la igualdad ante la ley, la libertad y la vida de miles de ciudadanos indefensos.

La ley electoral permite un desequilibrio parlamentario que beneficia el voto concentrado en circunscripciones provinciales e, injustamente, perjudica el voto disperso en la circunscripción nacional, en contra del artículo 1 de nuestra Constitución que instaura como "como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".

Así, por ejemplo, como resultado de las últimas Elecciones Generales 2008, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) con tan sólo 303.246 votos recibidos ha logrado 6 diputados con orientación política independentista y totalitaria. Por el contrario, se perjudica a los partidos nacionales, como Unión Progreso y Democracia (UPyD), que con más votos a nivel nacional, 303.535, sólo ha obtenido 1 escaño.

Haciendo cálculos con dichos resultados, algunas personas reclaman la instauración de una circunscripción autonómica, pero no se resolvería el problema de debilidad gubernamental y se permitiría mantener la "sobreponderación" del voto a partidos políticos locales.

Por otro lado, otros ciudadanos piden el aumento del número de diputados, aunque sólo se incrementaría el número de políticos privilegiados por los impuestos sin que se facilitara la formación estable del Gobierno de España sin distorsión de su acción política por minorías, puesto que la desproporcionalidad del sistema electoral seguiría existiendo.

Sin embargo, con la doble vuelta electoral se puede asegurar la formación del Gobierno de España por el partido que reciba más apoyos sin quedar rehén de minorías. No hay que olvidar que éstas ostentan un incomprensible trato de favor que sobrepondera sus votos hasta seis veces más.

Supongamos una primera vuelta con circunscripción provincial para elegir 100 diputados, entonces los partidos minoritarios seguirían alcanzando representación en el Congreso de los Diputados para encauzar las peticiones de sus votantes de una forma no proporcional a los votos recibidos, como sucede hasta ahora.

Adicionalmente, imaginemos una segunda vuelta con circunscripción nacional para elegir 250 diputados entre aquellos partidos que hayan alcanzado un porcentaje de votos suficiente en la primera vuelta, entonces los ciudadanos podrían elegir qué partido debe formar un Gobierno nacional estable sin el concurso de minorías que distorsionen las políticas presupuestarias, legislativas y administrativas hacia su región.

No obstante, debemos reconocer que para aplicar correctamente el artículo 1, no habría que permitir la sobreponderación de ningún voto y sería ajustado a la Constitución tratar por igual el voto emitido por cada ciudadano. Con ello, se tratarían con justicia los votos recibidos por los partidos nacionales como PSOE, PP, IU o UPyD, dado que se valoraría "con igualdad ante la ley" el voto de cada ciudadano, con independencia de donde se emita, sin absurdos favoritismos hacia el voto local concentrado en ciertas regiones.

La gobernabilidad de España sería mucho más fácil y se evitaría la actual permisividad con las políticas nacionalistas en regiones como Cataluña, País Vasco o Galicia.

Con una Constitución sin fisuras normativas y sin una ley electoral que distorsione el espíritu de la norma legal básica se debería facilitar la formación de un Gobierno nacional estable, que impulse políticas orientadas hacia la libertad y el desarrollo socio económico en todas las regiones de España, sin distorsionar sus decisiones por peticiones segregacionistas claramente minoritarias.

Por ello, es imprescindible plantear cuanto antes en el Parlamento la reforma del artículo 68 para emplear una segunda vuelta electoral con circunscripción electoral nacional, de forma que cada legislatura se elijan los diputados con garantías de estabilidad en la formación del Gobierno de España.

Como punto de partida a debatir, sugiero la siguiente propuesta de cambio del artículo 68:

Artículo 68 CE (propuesta)

1. El Congreso se compone de 350 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley electoral.

2. La ley electoral establecerá como requisitos fundamentales: la obligatoriedad de democracia interna previa para la elección de los candidatos en todos los partidos políticos que reciban fondos públicos y, la obligatoriedad de presentar listas abiertas y celebrar doble vuelta electoral para la elección de los Diputados, en las condiciones expresadas en el anterior apartado.

3. En la primera vuelta electoral, la circunscripción electoral es la provincia y se elegirán 100 Diputados. En la segunda vuelta electoral, la circunscripción electoral es el distrito único nacional y se elegirán 250 Diputados. La ley permitirá participar en la segunda vuelta sólo a aquellos partidos que hayan recibido un mínimo del 5% de los votos del censo electoral nacional durante la primera.

4. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en función del porcentaje de votos obtenido por cada partido en la circunscripción, de modo que el voto de cada ciudadano valga igual en todo el territorio nacional, sin distinción alguna entre provincias.

5. Ante atentado terrorista o coacción exterior que altere el normal discurrir del proceso electoral, éste deberá ser interrumpido y pospuesto por un mes, aunque nunca más de dos veces consecutivas.

6. El Congreso es elegido cada cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

7. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio libre y secreto a todos los españoles, en igualdad de condiciones tanto dentro como fuera del territorio nacional. En caso contrario, bastará una sentencia judicial del Tribunal Supremo sobre irregularidades en las últimas elecciones para forzar la Disolución de la Cámara y la repetición del proceso electoral.

8. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.  

Si se observa en detalle nuestro régimen de libertades, por mucho que exista jurisprudencia de un Tribunal Constitucional con absoluta falta de independencia respecto de los políticos que eligen sus miembros, la actual ley electoral incumple el artículo 6 de la Constitución que explicita para los partidos políticos que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos".

Por otro lado, la mayor o menor validez del voto según donde se emita y las listas cerradas al Congreso de los Diputados, no permiten cumplir completamente la premisa de "sufragio universal, libre, igual, directo y secreto" que establece el actual artículo 68.

Por ello, en la anterior propuesta también se incluye la obligatoriedad de democracia interna para la selección de los candidatos de los partidos políticos que reciban fondos públicos, la igualdad ante la ley de todos los votos emitidos y, las listas abiertas para que los elegidos tengan cierta independencia respecto del órgano directivo de su formación, aunque este tema se abordará con más detalle en otro comentario.

También hemos redactado un nuevo apartado cinco, dado que al analizar el discurrir de las dos últimas elecciones generales en España, se comprende la necesidad de establecer algún tipo de norma que evite el concurso de acciones terroristas o de magnicidios que desvirtúen la orientación del voto de los ciudadanos.

En cualquier caso, si estos requisitos no quedan correctamente "definidos" en la Constitución, la posterior ley electoral puede distorsionar gravemente el espíritu de la ley básica, dinamitando la formación de Gobiernos estables que permitan la búsqueda del interés general de todos los españoles.

Con base en Gobiernos débiles y en Tribunales controlados políticamente, se está legislando de forma inconstitucional y se aplican políticas de hechos consumados nada legales, por lo que algunos territorios de España están logrando desligarse poco a poco de la Constitución Española de 1978 sin ajustar sus políticas a la "obligatoriedad de la ley".

De no producirse cambios, seguiremos con la paulatina "de-construcción" de España y de las libertades de los ciudadanos no nacionalistas, debido a la enorme dificultad para formar mayorías sin pactos o sin coaliciones con minorías independentistas.

Rajoy y la derecha garbancil

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Manuel Fraga aleccionaba a Felipe González, en plena década de los Gal, con el precio de los garbanzos, entre la risa floja y la condescendencia del socialismo aún patrio. Aznar, nada más llegar al poder, se olvidó de la regeneración democrática que había prometido en campaña y mantuvo la estructura de politización de la justicia y con ella del resto de las instituciones dizquedemocráticas. Le faltó verdadera ambición o sucumbió al atávico atractivo del poder. Y buscó la legitimidad en el éxito económico y en la "normalidad", esto es, en el mensaje de que el centro derecha en el poder no era el ogro cuartelero y robapensiones con que Prisa y TVE identificaban al PP.

Mariano Rajoy ha acertado al seguir al frente del PP tras la derrota electoral; ha salvado a su partido de una lucha que hubiese abierto las heridas, entre hachazos y puñados de sal de sus medios enemigos. Se presenta para renovar el apoyo unánime del partido a un equipo que combine la relación de fuerzas con sus preferencias. Pero Rajoy está amarillo de garbancilismo; su campaña se ha basado en la situación económica, en la constatación de que el Gobierno ha despreciado el bolsillo de los españoles y la apelación del recuerdo colectivo de que el PP sabe gestionar la economía y los socialistas, no.

La crisis no ha hecho más que asomarse, y cuando se le vean las fauces el crédito del Gobierno se hundirá. Los problemas de seguridad e inmigración vendrán de la mano del paro; y entonces todo el mundo recordará que Rajoy hablaba de integración, de derechos y de deberes de los inmigrantes. Y miles de españoles reticentes sentirán que es él quien habla de los problemas que en realidad le atañen. Rajoy ha hecho este cálculo y espera que su ábaco le lleve a La Moncloa en 2012.

Pero Zapatero ha salido reforzado de las urnas y piensa llevar su proyecto político a término. Al PP se le tolera, siempre que admita la culpa de existir, sin muchas pretensiones. Entonces se le cuelga el cartel de "derecha civilizada". Eso sí, ante cualquier protesta por el cierre de este o aquél medio, la persecución de los periodistas incómodos, el uso político de la Justicia, Educación para la Ciudadanía o el acuerdo con ETA y el PSOE (que se define como el partido central de la democracia, el que reparte bulas de legitimidad en España) le cerrará la boca o le cortará las alas con el BOE en la mano. Ni un paso más allá del cordón sanitario.

Pero ante ese proyecto los platos de garbanzos no aseguran nada y el ábaco de Rajoy puede quedarse corto de cuentas. Hay que mirar a los socialistas a la cara y decir que no se está dispuesto a permitir ni un solo atropello de la libertad de los españoles. Aunque para eso hace falta levantar la mirada algo más allá de la economía, dar verdadero contenido a los manidos "valores" y proclamar que no se está dispuesto a reconocer a los demás el derecho a tolerarte o no. Hace falta el convencimiento de que la libertad y los derechos de la persona están por encima de cualquier consideración y de que el PP es el partido que se identifica con ellos. Si Rajoy es o no la persona adecuada para ello lo veremos a partir de junio.

Secesión y libertad: el caso de Kosovo

Escrito por Philipp Bagus en . Publicado en Análisis diario.

Alemania tuvo su mejor época en los siglos XVIII y XIX, cuando estaba formada aún por muchos estados pequeños e independientes. Florecía su cultura: la música, con compositores como Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Brahms, Liszt y los Schumanns; y la literatura, con autores como Schiller y Goethe. La competencia entre los estados ponía la base de un sistema universitario excelente que se convirtió en el modelo para todo el mundo y que ayudaba al progreso de la ciencia. Sólo hasta 1930, Alemania contaba con 27 premios Nobel en química, física y medicina, una cifra mayor a la de ninguna otra nación. Además, económicamente, fue en los estados alemanes donde la revolución industrial se introdujo con más fuerza, después, naturalmente, de Inglaterra.

Todos estos hechos están relacionados con la competencia entre los estados alemanes y la facilidad que existe en estados pequeños de "votar con los pies" cuando el Gobierno se torna más opresivo. Estados pequeños como son hoy Lichtenstein o Mónaco no pueden permitirse el lujo de cerrar las fronteras porque necesitan importar muchos bienes y servicios, ni pueden ser opresivos sin que sus ciudadanos se marchen. Por ello están obligados a adherirse al comercio libre.

El hecho de que hubiera muchos estados independientes en Alemania fomentó mucho la libertad y, con ella, la cultura, la ciencia y la riqueza. Ojalá hoy se independizaran otra vez Sajonia, Baviera, Hamburgo, Bremen, etc., y se corrigiera el error trágico de 1990 de reunir la parte oeste y la parte media de Alemania. Sería un impulso enorme para los alemanes.

La tendencia está clara. Cuanto más pequeños son los estados, más incentivos hay para que sean más liberales. Por eso, la independencia –diga lo que diga el derecho internacional– de un país como Kosovo no me asusta.

En Kosovo el 88 % de la población son étnicamente albaneses kosovares, 8 % serbios y 4 % de otros grupos étnicos. Parece que esos 88% de albaneses kosovares ya no quieren aguantar el mando del Estado serbio.

Criticar esta independencia potencialmente liberalizadora porque pueda estar en contra del derecho internacional me parece problemático. Y criticar la secesión porque podría causar más secesiones, lo que reduciría el tamaño de los estados aumentando los incentivos a liberalizar, me parece un error trágico. Si la crítica al caso de Kosovo se basa últimamente en el deseo de la unidad del estado español, el argumento se reduce a un nacionalismo estatista y miope.

Aunque esta secesión en sí es difícilmente criticable, sus circunstancias sí lo son. Ahora, la defensa de Kosovo es más sencilla debido a la estancia de tropas de la OTAN en su territorio. Esas tropas son financiadas por impuestos, por ejemplo, de alemanes a los que nada importa la independencia del Kosovo. Los albaneses kosovares deberían defenderse ellos solos o con ayuda voluntaria.

Una crítica adicional a una secesión podría ser que, simplemente, se está constituyendo otro estado que también oprimirá a sus súbditos. Esa opresión puede ser más o menos intensa que la opresión por el estado central. Por ejemplo, la opresión aumentará si Hamburgo, en un experimento instructivo y corto, se independizara con un régimen comunista. En este caso es legítimo y heroico formar grupos armados de forma voluntaria para defender a sus pobres habitantes de la opresión comunista, como es igualmente legítimo defender a los súbditos de cualquier opresión de cualquier Estado. Pero lo que no está bien y es tiránico es forzar con impuestos a quienes no quieren financiar la reconquista de Hamburgo por el Estado central. Es trágico que los estatistas nacionalistas que defienden la intervención del estado central en casos similares piensen que son liberales.

Caros derechos

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Artículos en prensa.

Al parecer considera un "fraude intelectual" la "cantinela que tratan de imponer los beatos y beatas del libre mercado" (esto es citar con objetividad, precisión, laicismo y corrección sexual progresista), porque "es imposible incrementar la libertad hasta el infinito y bajar los impuestos hasta el cero, es decir, la idea de que la disminución de los impuestos incrementa necesariamente la libertad es una superchería". Conozco liberales que hablan (hablamos) de impuestos cero, pero lo de la libertad infinita parece más bien poético: por aquello de que mi libertad acaba donde empieza la de los demás, y es difícil alcanzar el infinito con barreras concretas tan próximas. Y además a los liberales la imposición, aunque sea de ideas correctas y adecuadas, nos parece fea y generalmente ilegítima.

Para Laporta "la libertad depende de los impuestos", y tiene razón, sólo que la dependencia es justo en el sentido contrario al que él defiende: lo cierto es que a más impuestos, menos libertad. ¿O usted se siente más libre cuando otros deciden presuntamente en su nombre en qué se gastan el dinero que sistemáticamente le confiscan cada vez en mayor cantidad?

Este funcionario de universidad pública (¿habrá aquí un conflicto de intereses al defender la acción estatal y la fuente de su salario?) ni siquiera se molesta en distinguir claramente los derechos negativos (no interferencia en mi propiedad) de los derechos positivos (que otros me proporcionen un bien o servicio). Quizás no conozca la diferencia, puede que le parezca irrelevante, o tal vez mezclándolo todo se confunde mejor y la demagogia queda más rica.

Típicamente positivista (la ley es la ley, es la ley, es la ley…) considera que "los derechos no son sino un conjunto de reglas respaldadas por la fuerza del Estado y financiadas con el dinero público". No se molesta en analizar el contenido de dichas reglas, ni en explicar de dónde vienen y qué sentido tienen: parece obsesionado con el dinero público (ese que no es de nadie) y la coacción estatal, y la noción de derecho natural seguramente le dará risa floja. "Los derechos y las libertades son también la expresión de un poder del Gobierno y de una autoridad jurídica": los individuos brillan por su ausencia, estamos lejos de intentar defenderlos de la opresión del monopolio jurisdiccional.

Acierta cuando afirma que "no hay propiedad privada sin impuestos, ni contratos sin impuestos, ni préstamos sin impuestos": pero lo hace por accidente, porque lo de que los impuestos acompañen siempre a la propiedad no se debe a que sean imprescindibles para protegerla, sino a que la voracidad fiscal no conoce límites y se grava toda la riqueza, cuando está quieta y cuando se intercambia. Él quiere decir que la propiedad y los contratos sólo pueden defenderse mediante la institucionalización burocrática y el pago involuntario por parte de los súbditos del poder, pero bastantes pensadores ven otras alternativas en la filosofía política como la participación del propio mercado en la defensa de la propiedad y la vigilancia del cumplimiento de los contratos. Laporta está rotundamente en desacuerdo y rechaza las alternativas con un mínimo esfuerzo de análisis: "Sólo un Estado puede crear un mercado firme y dinámico en el que esté asegurada la garantía de los contratos y las transacciones sean respaldadas por la ley"; "donde el poder del Estado no puede intervenir con eficacia surge la mafia y la extorsión".

Eso es argumentar y lo demás son tonterías: ya sabe usted que en sus relaciones no vigiladas por papá Estado o es usted un mafioso o un extorsionado, puede elegir; y la realidad histórica del derecho mercantil y los mecanismos de relaciones legales no estatales deben de ser pura fantasía. Menciona "los derechos que tenemos para protegernos del gobierno y sus abusos" y asegura que esta protección es "impensable sin instituciones públicas": necesitamos al Estado para protegernos del Estado, qué curioso.

Y es que "sin Estado no hay predicción, sin predicción no hay derechos, y sin derechos no hay mercado. Pero como los derechos dependen de los impuestos, resulta que sin impuestos no hay mercado. Todo lo demás son patrañas. Si alguien quiere mercado, ha de querer impuestos." Al hacer estos encadenamientos entre proposiciones este sujeto igual cree que sabe algo de lógica. Y su deducción es que los que queremos mercado (cierto) estamos obligados (suponemos que ontológica o epistemológicamente) a querer impuestos (más bien dudoso).

Asegura rotundo que "los derechos son, efectivamente, una de las cosas más valiosas que tenemos: valen mucho más que su precio". Ni siquiera contempla la posibilidad de que haya derechos demasiado caros, que no merecen la pena: ha establecido que no sólo valen más que lo que cuestan, sino mucho más. Como no entiende que las valoraciones son subjetivas, no permite que cada persona los estime según le plazca, y que en ocasiones prefiera renunciar a ellos, o conseguirlos de alguna otra forma.

Se indigna con las ofertas electorales de disminución de impuestos "porque aquellos ciudadanos que ceden a la burda oferta del reclamo electoral se encontrarán seguramente con que hay un incendio y no existen medios para sofocarlo, tienen un pleito y han de esperar mil años para verlo resuelto, enferman y se ven amontonados en el pasillo de un sanatorio, quieren un buen colegio para su hijo pero sólo los hay de pago, y les asaltan su tienda con toda impunidad porque no aparece por allí un coche de policía en toda la noche". Parece que el dinero o se paga en impuestos o misteriosamente desaparece, de modo que no es posible contratar servicios privados de extinción de incendios, arbitraje jurídico, medicina o seguridad, que como no disfrutarán de un monopolio legal seguramente serán de mejor calidad que los públicos porque los consumidores insatisfechos podrán dejar de patrocinarlos. Y quizás algún lector se ha dado cuenta de que Laporta es tan poco hábil argumentador que mete la pata hasta el fondo mencionando la posibilidad del colegio de pago: tanto insistir en que hay pagar por los derechos y ahora resulta que sólo defiende los otorgados graciosamente por los políticos a unos a costa de otros. Que cada uno pague por lo que recibe tiene que estar muy mal: los derechos que molan son los que me pagan a mí los demás con la intermediación estatal (que suele quedarse un buen pellizco de comisión).

Laporta vuelve a acertar al denunciar que "España es un país en que los derechos de los ciudadanos funcionan bastante mal… porque es un país en el que no son muy eficaces las leyes". Con catedráticos de filosofía del derecho como él, ¿qué espera? Pretende que los desaguisados en servicios públicos se deben a que no están suficientemente financiados: olvida que las prestaciones privadas equivalentes suelen costar bastante menos y ser mucho más apreciadas por sus clientes. Tal vez la productividad (por llamarla de alguna manera) del funcionariado estatal tenga algo que ver. Recordemos cuál es su estatus laboral.

Anima a un debate de calidad: "A ver si conseguimos de una buena vez alcanzar un nivel digno en la discusión de estos temas cruciales. Para ello los electores no han de ser tratados como estúpidos ni los políticos como pícaros irredimibles". El pseudointelectual trata a sus lectores como los políticos a los electores. El nivel de esta discusión mejorará muchísimo simplemente con que Laporta deje de participar en ella. Que aprenda algo parece difícil.

Frenar el secesionismo totalitario vía artículo 155

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Recientemente hemos comprobado la irresponsabilidad estratégica de las grandes potencias occidentales como Alemania, Francia, Italia, Inglaterra o EE.UU. en los asuntos internacionales otorgando validez a la declaración unilateral de independencia de Kosovo respecto de Serbia, pese a ser contraria a la legalidad internacional. Hay que recordar que el apartado 7 de la Declaración de Principios del Derecho Internacional prohíbe recurrir a la autodeterminación para "desmembrar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes". Tampoco debe olvidarse que el secesionismo de la región de Kosovo no ha sido aceptado por Serbia ni ha recibido la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Probablemente sea acertada la predicción de Rusia, al considerar que la decisión de Kosovo en contra de la legalidad internacional sienta un grave precedente que desestabilizará muchas regiones del planeta con minorías secesionistas.

En España, como era de prever, los partidos nacionalistas ya han aprovechado para intentar realizar analogías imposibles con las autonomías derivadas de la Constitución Española de 1978 (CE).

Aunque, salvo honrosas excepciones, no se está nombrando durante la presente campaña electoral, el horizonte temporal del secesionismo siembra enorme incertidumbre sobre el futuro de nuestra nación. Existe un Estatuto de Autonomía que otorga categoría de nación a Cataluña y se ha convocado un referéndum de autodeterminación secesionista en Vascongadas para el próximo 25 de octubre. Ambas acciones intentan llevar a término una política de hechos consumados, como en Kosovo. Pero van en contra del derecho internacional y son claramente inconstitucionales, diga lo que diga el nada independiente y extremadamente politizado Tribunal Constitucional.

Es conocida la estrategia nacionalista de dejar que unos muevan el árbol de la democracia, para que los otros recojan las nueces de la independencia. Y es permanente su acoso a las principales instituciones del país, derivado de la falta de sensatez de muchos políticos, y de las fisuras y deficiencias normativas de la Constitución.

Con la alianza firmada en el Pacto del Tinell entre el partido socialista y los partidos nacionalistas radicales para la formación de mayorías de gobierno en connivencia con los mismos, legislatura tras legislatura, se está desmembrando la estructura territorial de España.

La centrifugación de competencias hacia los gobiernos autonómicos está agrandando el tamaño del Estado y disparando la corrupción local en las diversas regiones de España para que, un día sí y al otro también, los independentistas realicen políticas, actos y hechos concretos, en contra de los derechos y libertades de los ciudadanos no nacionalistas.

Toda persona de bien razonará que es preciso detener la diáspora de personas que huyen hacia territorios en donde puedan vivir normalmente sin el acoso abertzale, catalanista o galleguista. Observará como muchos ciudadanos ven pisoteados sus derechos con inmersiones lingüísticas y educativas, distorsión de la historia común, desigualdad ante la ley, barreras comerciales, y acoso y presión constantes hacia aquellos no sometidos al régimen nacionalista. Y solicitará que es urgente parar el actual proceso de ruptura del modelo de Estado para poder garantizar la convivencia pacífica en el medio y largo plazo en España.

Actualmente la redacción del artículo 155 de la Constitución Española permite al Gobierno "adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma a cumplir con las obligaciones derivadas de la Constitución u otras leyes". Hasta el momento ningún presidente ha tenido a bien aplicarlo aunque, el próximo mes de octubre, pero el referéndum de autodeterminación independentista, ilegalmente convocado por el lendakari Ibarretxe, podría ser una buena oportunidad para que un Gobierno sensato y valiente mostrara los límites marcados por la Constitución.

Sin embargo, en mi opinión, el artículo 155 también debe ser reformado para ayudar al Gobierno en la toma de decisiones a adoptar en caso de incumplimiento por parte de una Comunidad Autónoma de las obligaciones constitucionales. Al menos, se deberían expresar medidas concretas, sin miedo a que el Estado pueda suspender un Estatuto de Autonomía y deba asumir temporalmente las competencias autonómicas, cuando la legislación y las acciones de los políticos de la Comunidad Autónoma actúen de forma que atente gravemente a los derechos y libertades individuales o el interés general de España.

Serviría de ayuda para adoptar la decisión, citar en el mismo tanto la aplicación por el Gobierno del artículo 116, que legisla los estados de alarma, excepción y sitio, como la convocatoria de un referéndum entre todos los ciudadanos españoles que introduce el artículo 92.

Nuevamente, pese al carácter cainita que nos caracteriza a los españoles y al deseo de eliminar el Estado de algunos lectores anarquistas, tengo a bien exponer un esbozo inicial de cómo estimo debe realizarse una reforma del artículo 155, de modo que pueda ser empleado por el Gobierno frente a derivas secesionistas totalitarias en territorios autónomos, para poder proteger eficientemente los derechos y libertades de los ciudadanos en todas las regiones de España:

Artículo 155 (propuesta)

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente a los derechos y libertades individuales dentro de su territorio, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno deberá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas y, en caso de ser necesario, podrá aplicar el artículo 116.

3. Para la ejecución de las medidas previstas en los apartados anteriores, en caso de ser necesario, el Gobierno también podrá suspender la aplicación del Estatuto de Autonomía y asumir todas las competencias del mismo durante un periodo no superior a cuatro años. La suspensión de la aplicación del Estatuto de Autonomía deberá ser ratificada en referéndum por todos los ciudadanos del país, conforme al artículo 92, antes de transcurrido un año.

4. Transcurrido el tiempo de suspensión del apartado anterior, se aplicará el Estatuto de Autonomía, se restituirán las competencias y se convocarán elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma afectada.

Es difícil pero esencial solventar internamente la problemática secesionista en España sin intervención alguna de la hipócrita comunidad internacional, de la cual nada bueno nos podemos esperar, como han vuelto a demostrar algunas naciones "amigas" de la Unión Europea, permitiendo la secesión de Kosovo respecto de Serbia, aun siendo contraria al derecho internacional y abriendo heridas étnicas que difícilmente cerrarán.

Los dilemas de la democracia directa

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

Los más insatisfechos con la democracia representativa, ese sistema político en el poder de los individuos se limita a la elección de quienes lo ejercerán en su nombre, proponen la sustitución parcial o total de algunas decisiones políticas de los representantes por el voto directo de los ciudadanos capacitados para ejercer el sufragio.

Salvo Alemania, cuya constitución permite el referéndum, aunque hasta la fecha este derecho no ha sido regulado y por lo tanto no se puede ejercer, casi todos los sistemas democráticos, o poliárquicos, contemplan la democracia directa. Lo más común es que la Constitución contemple una relación tasada de asuntos susceptibles de ser decididos directamente por los ciudadanos. La reforma constitucional y la modificación de los límites de las regiones y municipios, así como la independencia de una parte del territorio nacional, suelen ser objeto de referéndum, aunque en algunos casos el voto popular debe ser refrendado posteriormente por el legislativo, y casi siempre el poder judicial o constitucional tiene la potestad de limitar el alcance de las decisiones. Por ejemplo, los tribunales supremos estaduales y federal de los Estados Unidos han anulado incluso a posteriori algunos referendos por tratar de asuntos que o bien sobrepasan el alcance de la constitución del estado en cuestión o de la federal, o contradicen la letra o el espíritu del constituyente, y que por tanto requieren una reforma constitucional, proceso mucho más complejo que un simple plebiscito.

Los únicos dos países importantes, por su tamaño o economía, que permiten el ejercicio de la democracia directa más allá de estas cuestiones son Suiza y los Estados Unidos. En ambos casos, la democracia directa es consecuencia de la formación de estas naciones, repúblicas federales (Aunque Suiza se defina como confederación, la incapacidad de una de sus partes para independizarse del resto la convierte de hecho en una federación; por el contrario, Canadá, un país federal, se ha convertido recientemente en una confederación multinacional al regular la separación de cualquiera de sus provincias y conceder a los esquimales derechos especiales como pueblo distinto) creadas por el acuerdo previo de sus partes en reuniones en las que cada asistente derivaba su autoridad de la voluntad de al menos una parte de las personas residentes en el territorio que representaba. Por tanto, el recurso al referéndum no es más que la aplicación de este principio de forma descendente.

En cambio, el origen monárquico de la mayoría de las democracias occidentales y/o su formación como nación-Estado por métodos autoritarios inhibe la democracia directa, que no forma parte del acervo nacional, o al menos del origen de la nueva comunidad política. Como dijo Platón en Las Leyes, "un buen comienzo vale la mitad de la batalla, y eso es algo que todos aplaudimos. Pero en mi opinión un buen comienzo vale más que la mitad, y todavía nadie lo ha valorado como se merece". Lo mismo podríamos decir de un mal comienzo, como profetizó Max Weber tras la Primera Guerra Mundial a propósito del régimen alemán, cuyo sesgo estatista y carismático podría acabar con la libertad individual y la democracia y dar paso a una dictadura salvífica por voluntad de los ciudadanos. Los triunfos electorales de los nazis en 1930 y 1931 hicieron que las llamadas democracias de segunda ola (aquellas instauradas o reformadas a partir de 1945) se blindaran contra los riesgos del populismo y la demagogia en momentos de crisis y descontento restringiendo la entrada de nuevos partidos (doble vuelta en las elecciones, umbrales altos para la obtención de representación en el legislativo, restricción del referéndum…) y poniendo en funcionamiento el llamado Estado del Bienestar para amortiguar el impacto de los ciclos económicos en los ciudadanos con menor poder adquisitivo.

El fin del consenso socialdemócrata y el éxito de las políticas de liberalización económica y social (por ejemplo, la educación) llevadas a cabo en numerosos países de Europa, incluso en los escandinavos, ha puesto en cuestión las premisas sobre las que se construyó el Estado del Bienestar. Sin embargo, esta democratización no se ha traducido a la política. Subsisten la desconfianza ante el pueblo y el miedo a que el descontento pueda ser capitalizado por algún líder o movimiento que acabe con la libertad y el pluralismo.

El caso español es aún más complicado. El pasado autoritario y guerracivilista de nuestro país hizo que los artífices de nuestra transición hacia la democracia diseñaran un sistema altamente intervencionista en lo económico (la táctica de ganar demócratas a golpe de subsidio contra la que advirtiera Huntington en 1968) y sumamente elitista y cerrado en lo político. Así, el artículo 6, que establece que "los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamental para la participación política" inhibe en principio cualquier extensión de la democracia directa. Es por esto que el referéndum nacional no vinculante contemplado en el artículo 92 sea perfectamente coherente con el espíritu de nuestra Carta Magna. Si a esto le sumamos el funcionamiento patrimonialista (caso del Partido Popular) o leninista (PSOE) de nuestros partidos y el federalismo de hecho, que no de derecho, de nuestro sistema político, cualquier propuesta de democracia directa pasa necesariamente por la reforma en profundidad de nuestra constitución y por la revisión de algunos de los principios que la vieron nacer.

El problema es que ninguna de las reformas planteadas hasta la fecha redundan en un reforzamiento del poder de los ciudadanos vis a vis el de las cúpulas de los partidos o del Estado, valga la redundancia. En este sentido, es llamativo que tanto el plan Ibarreche como el nuevo Estatuto de Cataluña olvidan, cuando no restringen, el ámbito de actuación de los ciudadanos, llegando incluso a cuestionar el principio de sufragio universal. En el primer caso, el voto de los vascos no residentes en Euskadi se plantea como una concesión que el Gobierno de aquel territorio otorgará a quienes considere reúnen las condiciones para formar parte del pueblo vasco. Por su parte, la prolija declaración de derechos del estatuto catalán, que en muchos casos duplica de forma innecesaria y redundante lo dispuesto por la constitución, olvida mencionar el derecho al sufragio. Un despiste bastante sospechoso.

Las elecciones y la libertad

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Yo tengo especial debilidad por el impuesto cero a 7 millones de españoles (PP), que el gasto público no crezca por encima del PIB (PP), la liberalización del suelo (UPyD) y la legalización del cannabis (Ciudadanos e IU). El PP y UPyD tienen cierto protagonismo en la corta lista de medidas liberales, mientras que en el top-ten del servilismo parecen sentirse cómodos todos los partidos.

El PSOE nos propone una dosis más de fascismo en la política, como si tuviésemos ya poca. UPyD que amemos a la Administración Pública, como el masoquista a su amo. Estos dos y Ciudadanos quieren que el Estado nos adoctrine desde las aulas. Tampoco se libra el PP. Pero ¿y el top ten de las medidas liberales no propuestas? Pongamos por caso el cheque escolar o desvincular a asociaciones privadas (Iglesia, sindicatos, asociaciones…) del Estado y que vivan por aportaciones voluntarias. O muchas otras.

Si todas las agrupaciones políticas proponen sujetar más nuestras vidas a su designio, o a lo que decida el Gobierno de turno, si lo que hay de liberal se encuentra en partidos variados, ¿qué debe hacer un votante que ame la libertad? Hay cuestiones que van más allá de lo que cabe en un programa electoral y que tienen que ver con el modelo de sociedad que quiere imponernos el actual Gobierno. Pero no puede apoyar a un partido en un punto de su programa y a otro partido en un distinto apartado. El voto va al ciento por ciento por una única opción. Supone la compra de un paquete con componentes que están podridos. Y lo sabemos al votar.

Y es que las elecciones democráticas no son lo mismo que la libertad. Ésta se refiere a la capacidad de elegir sobre la propia vida y lo que a uno le pertenece. Y, como decía Lysander Spooner, "un hombre no es menos esclavo porque se le permita elegir a un nuevo señor una vez cada legislatura". El principio de la democracia y el de la libertad son distintos y no debemos confundir el segundo con el primero. Pero ello sólo quiere decir que, si nos place, podemos acudir a las urnas, pero que jamás es suficiente para defender nuestra libertad.

Más capacidad de voto implica mayor poder para el Estado

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Desde diversas corrientes, y fundamentalmente desde la democracia participativa, se sostiene la necesidad inmediata de integrar a la ciudadanía en el ámbito de la esfera pública a través de la creación y desarrollo de nuevos mecanismos de participación política (como la extensión del referéndum a múltiples ámbitos), transformando así el circuito clásico de representación vigente.

En este sentido, no pongo en duda que nuestro actual sistema presenta importantes disfunciones y problemas, ya que es evidente el creciente distanciamiento entre la ciudadanía y sus representantes, así como el exitoso surgimiento de nuevos actores o movimientos sociales que vienen a sustituir o complementar a los partidos políticos en su función de agregación de intereses y recepción de demandas sociales.

Tales fenómenos son innegables, pero la exigencia de una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos no me parece una vía lógica y necesaria para tratar de mejorar el funcionamiento de nuestro actual sistema. Y es que lo que se pretende desde el pensamiento crítico es establecer unos cauces de participación diferentes a los tradicionalmente establecidos por la democracia representativa clásica, a través de los cuales se piensa que los individuos pueden hacer valer mejor sus intereses, satisfacer sus aspiraciones y generar un mayor apoyo social hacia las instituciones políticas.

En mi opinión, los defensores de la democracia participativa tienen como objetivo implantar nuevos cauces de integración y participación social, cuya validez y utilidad se dirige más bien hacia la representación de intereses más inmediatos y concretos que hacia la formación de un interés general o voluntad colectiva (muy cuestionable, por cierto).

Más allá de su propia complejidad y, más difícil aún, implantación práctica, tales cauces, entendidos éstos como mecanismos plenamente institucionalizados, supondrían una enorme y muy diversa expresión de intereses sectoriales y particulares de muy difícil conciliación en la elaboración e implementación de políticas públicas concretas.

Sus defensores ven en la democracia participativa una forma complementaria de democracia que junto a la representativa, entendida ésta como conformadora de la voluntad general, introduciría cauces e instituciones para la representación de intereses propios y particulares.

Sin embargo, dicha idea me parece altamente inviable en el marco de la esfera pública por mostrar una evidente contradicción interna en su formulación: no considero plausible la implantación de mecanismos institucionalizados que pretendan dar cabida a la representación de intereses particulares en el ámbito de la esfera pública, cuya principal característica definitoria consiste precisamente en agregar dichos intereses (numerosos, variados y contrapuestos) para la formación de una supuesta visión común, un hipotético interés general o voluntad colectiva.

En este sentido, la única institución capaz de dar cabida a tal cantidad y diversidad de intereses así como de representar tal multiplicidad de visiones es única y exclusivamente el mercado, ya que contempla la participación e interacción social de todos los individuos como la base y estructura fundamental sobre la que se sustenta.

Éste debe ser entendido únicamente como libre mercado, carente por tanto de regulación o planificación alguna: es el único que permite la libre interacción de individuos y acciones, y el único que permite a través de sus mecanismos la libre expresión y representación del conjunto de intereses y visiones individuales.

Yo diría que, más que asistir a una crisis de representación, nos encontramos ante una crisis propia de los partidos políticos como actores o representantes que muestran una gran dificultad e incapacidad a la hora de incorporar el conjunto de demandas sociales existentes, caracterizadas por su enorme cantidad y diversidad.

El gran cambio socio-económico propio de las últimas décadas ha configurado una sociedad cuyo rasgo fundamental reside en su enorme complejidad y pluralidad, por lo cual queda completamente invalidada la visión clasista y estrictamente ideologizada que se desarrolló con el surgimiento de los partidos de masas. Así pues, la clásica visión partidista es simplista y carece de valor y utilidad para seguir vigente en las sociedades contemporáneas de hoy en día. Este fenómeno se hace visible por el claro desbordamiento de los partidos ante el auge de nuevas demandas que, al carecer de mecanismos válidos de representación, se ven en la necesidad de abrir nuevas vías (léase ONGs o movimientos sociales de toda índole), así como cauces de comunicación al margen del circuito institucional.

Sin embargo, me resulta paradójico la falta de atención prestada por las principales corrientes de pensamiento inmersas en el actual debate teórico sobre un elemento que considero especialmente relevante y que, en mi opinión, subyace y se configura como elemento central y núcleo de la problemática acerca de la representatividad de nuestro sistema político: ¿a qué se debe el hecho de que los mecanismos vigentes de representación se vean altamente desbordados y muestren una palpable insuficiencia e ineficacia en el proceso de recepción y plasmación de intereses y demandas sociales?.

Esta cuestión básica tiene en mi opinión una respuesta clara: el prolongado ejercicio de intervención pública llevado a cabo en el tiempo a través del modelo estatal de welfare state ha configurado un sólido proceso de aprendizaje social consistente en reflejar o intentar transmitir a la esfera pública un elevado número de intereses y demandas que pertenecen indudablemente a la esfera o ámbito de lo privado.

Es decir, el enorme desarrollo del Estado intervencionista ha terminado por convertir aspectos privados en elementos de atención pública, hasta tal punto que dicha confusión terminológica y conceptual prácticamente se ha institucionalizado. Tanto se ha ampliado el ámbito de intervención pública y tanto ha aumentado la esfera de actuación y funciones del Estado que, de forma artificial, se ha originado la sensación de que un creciente número de intereses y demandas particulares precisan de atención pública y, por tanto, deben ser emitidas hacia dicho ámbito con el objetivo de ser representadas.

En este sentido, la misma lógica empleada por el Estado para ampliar su ámbito de intervención es aplicada igualmente y de forma paralela desde la propia sociedad. Ambas esferas, Sociedad y Estado, siguen por tanto la misma lógica, ambos fenómenos se encuentran íntimamente relacionados. De hecho, el segundo (aumento de demandas sociales) es consecuencia inequívoca del primero (incremento de la intervención pública).

Dicho proceso, que viene produciéndose de forma escalonada desde hace décadas, ha terminado por colapsar los mecanismos institucionales de representación. Mientras que diversas corrientes pretenden aumentar tales mecanismos de entrada o configurar nuevos cauces de representación política para que estas nuevas demandas emergentes tengan cabida en la esfera pública, personalmente considero que tales iniciativas no hacen más que agravar el problema y aumentar la lógica de amplitud pública de forma escalonada.

Por ello, veo más lógico y factible aplicar el método justamente al contrario con el objetivo de desatascar el circuito de representación política. Se trataría pues de ir disminuyendo paulatinamente la esfera de intervención pública, cuyo lugar sería ocupado por el mercado que, como ya he señalado anteriormente, sí dispone de los mecanismos adecuados para representar de forma eficaz y real la diversidad y multiplicidad de intereses sectoriales o individuales.

La aplicación de esta terapia de adelgazamiento estatal permitiría iniciar una lógica contrapuesta a la anterior, permitiendo así que las exigencias y demandas actuales que no encuentran espacio suficiente en el modelo vigente puedan encontrar su representación en el ámbito de la esfera privada.

La terapia de choque aquí expuesta alcanzaría su límite en el momento en el que se lograra un amplio consenso en torno a las funciones públicas o estatales que mayoritariamente fuesen definidas como ineludibles, obligatorias y fundamentales para el marco de actuación propio de la esfera pública. En mi opinión, debería ser precisamente ésta la cuestión fundamental sobre la que centrar el debate teórico sobre la necesidad de reforma democrática.

Referéndum en las decisiones políticas trascendentales

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Que un político sea elegido como presidente de un país durante una legislatura, no significa que reciba un cheque en blanco para jugar con el futuro de los ciudadanos. Cualquier persona con moral y sensatez que aprecie verdaderamente las libertades debe entender la enorme utilidad de establecer control sobre determinadas decisiones políticas, para evitar involuciones que aumenten el tamaño del Estado, restrinjan derechos e hipotequen la convivencia pacífica en democracia.

Ahora que se acercan las próximas elecciones generales en España, habrá personas que miren retrospectivamente las políticas adoptadas por el Gobierno durante esta legislatura. Algunos sentirán impotencia porque no existan barreras constitucionales frente al intervencionismo del Estado y se disgustarán por el incremento de la presión fiscal.

Otros estarán aún más conmovidos por los nuevos estatutos de autonomía separatistas surgidos de parlamentos regionales y aprobados por minorías, que atentan contra los derechos y libertades fundamentales de las personas no nacionalistas.

Seguramente todos echarán de menos la facultad de poder ratificar (o rechazar) con una votación ciertas medidas que pueden antojársele al poder ejecutivo y, por ejemplo, se indignarán por la negociación amoral con terroristas o por la impunidad de los partidos filo-terroristas que consiguen cargos públicos con los que financiar delitos en España.

El elevado porcentaje de abstención en las sucesivas elecciones democráticas sólo viene a corroborar el desencanto de la población ante la indigencia intelectual y moral de muchos representantes que restringen libertades individuales e, incluso, pretenden ceder soberanía ante la coacción y el chantaje de grupos terroristas.

Por ello, tal vez fuese interesante plantear la reforma constitucional del artículo 92 de la Constitución Española de 1978 (CE)para poder emplear el mecanismo democrático del referéndum para que los votantes puedan controlar decisiones políticas de especial trascendencia que afecten a la convivencia y al desarrollo socio económico del país, en el medio y largo plazo, con obligatorio acatamiento del resultado por parte del Gobierno y del Parlamento.

A pesar de que el carácter cainita de los países latinos invita a guardarse ciertas ideas para tertulias privadas, y solicitando cierta simpatía inicial sin la cual todo entender es vano, deseo plantear la modificación del actual artículo 92 de la CE del siguiente modo:

Art.92.

  1. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a referéndum vinculante para su ratificación por una mayoría de dos tercios de todo el censo electoral de Españay, siempre, en los siguientes casos:

    1º Aprobación de cambios que afecten al ordenamiento constitucional, conforme al título X.

    2º Aprobación de tratados o convenios internacionales, previa aplicación del artículo 94.

    3º Aprobación de cambios en cualquier Estatuto de Autonomía, en las competencias delegadas en una Comunidad Autónoma, o en el reparto del presupuesto y la financiación de la misma.

    4º Aprobación de suspensión de una Comunidad Autónoma durante una legislatura, previa aplicación del artículo 155.

    5º Aprobación de suspensión de un Partido Político por vulneración reiterada de sus cargos públicos, de su estructura interna y de su funcionamiento, respecto de los artículos del Título Preliminar de la Constitución.

    6º Aprobación de un proceso de negociación con cualquier grupo organizado o con cualquier nación que amenace, coaccione, agreda o atente contra el interés general de España o contra los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos.

    7º Aprobación de la prestación de ayuda o de participación directa en conflictos bélicos o guerras, salvo en caso de agresión directa o amenaza externa demostrable contra el interés general de España o contra los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos.

    8º Aprobación de nuevos impuestos, tasas, aranceles y tarifas, o aumento del importe de los ya existentes en los ámbitos nacional, autonómico o local.

    9º Aprobación de nuevo endeudamiento, o aumento del ya existente en los ámbitos nacional, autonómico o local.

    10º Aprobación de déficit presupuestario en los ámbitos nacional, autonómico o local.

    11º Aprobación de leyes o normas de rango inferior que impidan la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado en los ámbitos nacional, autonómico o local, y de modo especial cuando establezcan regulaciones, concesiones, subvenciones, ayudas, tarifas, primas, incentivos o cualquier otro privilegio en favor de personas físicas o jurídicas.

    12º Aprobación de cualquier cambio normativo en el Código Penal y, en las leyes o normas de rango inferior que establezcan las rebajas de penas, los tratamientos penitenciarios especiales o cualquier otro privilegio en contra del derecho de reposición del daño causado a las víctimas.

  2. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del Presidente del Gobierno, del Congreso de los Diputados, del Senado, o del Defensor del Pueblo; o bien de la iniciativa popularsolicitada formalmente al Parlamento con respaldo acreditado de firmas de al menos un cinco por ciento del censo electoral.

  3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

Algunas políticas pueden ser justificadas por parte del Gobierno por servir al interés "general" o por su función "social" pero, al afectar gravemente a las vidas de todos los ciudadanos durante muchos años, los gobernantes deben consultar y convencer a los votantes de su idoneidad para lograr su aprobación mayoritaria en una votación directa por referéndum.

Sin embargo, para un cambio constitucional tan importante, también se necesitaría conseguir el convencimiento de los mismos políticos respecto de la filosofía de la libertad, la ética no intervencionista y la necesidad de reconstruir el procedimiento de control ciudadano sobre aquellas prácticas gubernamentales que son cruciales para el desarrollo y proyección de una nación.