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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

La democracia y la lucha por la libertad

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Se ha hecho famosa la idea de Karl Popper sobre la democracia según la cual su mayor virtud es que ofrece la capacidad de cambiar de Gobierno sin violencia. Ciertamente es una idea cargada de cinismo y realismo al mismo tiempo. Quizá jamás se haya dicho nada tan cierto y favorable a la vez sobre el sistema democrático. Dice el filósofo:

La democracia no se puede caracterizar por completo como el gobierno de la democracia (), pues una mayoría podría gobernar de un modo tiránico. En una democracia los poderes de los gobernantes han de estar limitados. En una democracia, los gobernantes (esto es, el gobierno) pueden ser expulsados sin derramamiento de sangre.

No se puede decir mucho más en su favor. Pues, estrictamente hablando, y como comienza a sugerir en las primeras palabras de esta cita, hay una contradicción esencial entre el principio democrático y el principio de la libertad. Según el primero, el mayor número decide. Según el segundo, cada individuo decide sobre sí mismo y lo que le pertenece, sin ninguna intervención de un tercero que no sea asumida y aceptada. Si Pedro y Juan deciden que Ana debe dedicar la mitad de su trabajo a ellos, la situación será perfectamente democrática, pero no tiene lugar en una sociedad libre.

Si observamos el sistema democrático desde una perspectiva histórica, su explicación a la vez más sucinta y certera es la teoría de la difusión del poder de Powelson; esto es, la idea de que los diversos grupos sociales se han visto forzados, en determinadas sociedades, a llegar a acuerdos, a compromisos entre sí para alumbrar un sistema político que, si no les daba el poder absoluto, al menos les acogiera. La generalización de ese proceso ha llevado a la recuperación del ideal democrático, primero con una base social de propietarios y luego con el sufragio universal.

Poco a poco el ideal democrático ha ido ganando terreno y el de la libertad se ha visto más y más comprometido. Ya no somos una comunidad de hombres libres, sino una sociedad que elije a unos representantes que dictan normas para todos. El liberalismo ha intentado refrenar el poder mediante constituciones, pero como reconoce Friedrich Hayek ese camino ha resultado en fracaso. El poder siempre avanza y sólo necesita revestirse de democracia para hacerlo. De hecho, una de las consecuencias más negativas de la democracia es que otorga un halo de legitimidad a un proceso, el político, que es esencialmente injusto.

Básicamente hay dos formas de producción, la económica y la política. La primera es la que tiene como base la propiedad y el libre intercambio y la segunda la extracción coactiva por parte del Estado. La democracia fomenta esta última, ya que el discurso político se desplaza hacia la cesión de renta o riqueza a grupos lo suficientemente mayoritarios, organizados o poderosos como para sacar partido del proceso. Cada avance en ese sentido, además, acrecienta el poder de quienes están en el Gobierno.

Frente a todo ello no es que la sociedad esté totalmente inerme. Es cierto que hay enormes dificultades para ejercer un control efectivo del poder. En términos estrictamente democráticos, sólo cabe votar cada cuatro años. Pero como lo que se elige es a representantes o partidos políticos, sólo se pueden "comprar" paquetes enteros, sin poder rechazar una parte de los programas. Y eso una vez cada cuatro años, no a cada momento, como en el mercado.

Pero eso no quiere decir que no quepa hacer nada. Por supuesto que se puede favorecer un cambio político que lleve a una reforma constitucional más liberal. Los propios cauces abiertos por lo que reste de Estado de Derecho son perfectamente válidos. Pero hay que ir más allá, aunque en este aspecto sólo quepa confiar (¿quién se lo reprochará a los liberales?) en el esfuerzo individual y en el de los grupos creados por la sociedad civil.

Es necesario tomarse las libertades por la propia mano, estén reconocidas por la legislación o no. Cada cual debe juzgar hasta dónde se puede llegar, pero el derecho a la objeción de conciencia, a la revuelta civil, a ignorar el Estado nos pertenece a todos. Y el uso, la costumbre, sigue siendo una fuente importante de presión política. No la desaprovechemos.

Un problema entre empresas, cuando interesa

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Que el Gobierno no se meta en asuntos económicos ni de cualquier otro tipo es algo loable; que lo haga unas veces sí otras no, ya empieza a molestar; pero que por sistema defienda los intereses de todos los países menos del que gobierna, ya es indignante. En el caso de Repsol contra Bolivia, Zapatero, lejos de defender a Repsol, tomó la brillante decisión de condonar parte de la deuda a Bolivia.

Si el caso de Argelia prospera mucho más, probablemente el Gobierno español hará algún tipo de favor a Argelia como ya ha hecho con otros países. Siendo esto enervante, porque no lo paga ZP sino usted, lo más desconcertante es la enorme hipocresía y falsedad con la que actúa este Gobierno. Después de haber vivido el alucinante intervencionismo del Gobierno contra Endesa en el caso E.On, después de haber recibido críticas internacionales por el partidismo de órganos reguladores como la CNMV y la CNE a favor del Gobierno, después de la persecución por parte del Gobierno contra empresarios como Francisco González (presidente de BBVA) o Manuel Pizarro (presidente de Endesa), después de todo ello el Gobierno nos dice ahora que la crisis de Argelia es un asunto privado. ¿Desde cuándo ha respetado el PSOE los asuntos privados? ¿Desde cuándo le ha interesado al PSOE cualquier cosa que no sea la compra de votos?

El Estado es el monopolio de la fuerza unilateral, de la violencia, de la represión en un territorio determinado. De él se espera que use estas armas en defensa del ciudadano, pero nadie de este país ni del mundo entero es lo suficientemente anciano como para recordar que cualquier Gobierno haya usado esta “concesión” en defensa del ciudadano. Si el Gobierno es incapaz de defender a sus ciudadanos dentro y fuera del país, ¿de qué nos sirve el Gobierno y toda su enorme, coactiva y costosísima maquinaria? De lastre para nuestro bienestar.

Un Gobierno arbitrario es un Gobierno tiránico del que nadie se puede fiar. Como muestran los últimos años del Gobierno socialista, los altos funcionarios sólo intervienen cuando pueden sacar tajada. Si cumplir sus obligaciones les supone entrar en un conflicto de intereses, entonces no dudan en traicionar a aquellos a quienes han de proteger. ¿Cree que tiene sentido que el Gobierno se mantenga al margen de esta crisis porque, como ha dicho Moratinos, España tiene buenas relaciones con Argelia? Si usted está en Argelia, u otro país aliado de España como Cuba, Venezuela o Bolivia, y el Gobierno le encarcela por algún error, ¿también ha desentenderse el Gobierno español porque se lleva muy bien con el Gobierno de ahí? Si al Gobierno se le da libertad, siempre se mostrará arbitrario. El mejor principio es que el Gobierno no intervenga para nada y en nada, y menos en economía. Al final nos sale más a cuenta asumir por nosotros mismos todos los riesgos que ceder el poder de la fuerza a alguien que no tiene incentivo alguno en defendernos y que su beneficio está, precisamente, en todo lo contrario como ha desvelado Moratinos con sus palabras.

El “sozionalismo” conquista América Latina

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

En los primeros años del presente siglo asistimos con incredulidad, y no menos vergüenza, al surgimiento de un nuevo concepto totalitario: el sozionalismo. Una nueva forma de gobernar, cuyo principal referente e impulsor es Hugo Chávez, el actual presidente de Venezuela. La denominada Revolución Bolivariana está imbuida de términos y concepciones singularmente próximos a los dos modelos de gobierno más crueles y sanguinarios que ha conocido la humanidad: el comunismo y el nacionalsocialismo.

La reforma constitucional que, recientemente, ha anunciado Chávez tiene por objeto la conquista definitiva e ilimitada del poder político para, acto seguido, poder moldear a su antojo la economía y sociedad venezolanas. Y es que, la citada reforma, que será aprobada a finales del presente año, no sólo instaura la posibilidad de un mandato indefinido para el líder bolivariano, sino que, más importante aún, remueve hasta los cimientos la infraestructura sobre la que se ha asentado a lo largo del siglo XX la democracia y prosperidad de Venezuela. La propiedad privada, simplemente, dejará de existir, ya que su restringido ejercicio dependerá, exclusivamente, de los designios arbitrarios de la elite gobernante, al igual que sucedió en su tiempo con el régimen nazi.

En la actualidad, y tras cerca de ocho años en el poder, Chávez cuenta ya con todos los mecanismos necesarios para dirigir a su antojo los resortes que atribuye al mandatario el poder estatal. Sin embargo, la Constitución, reformada parcialmente en 1999, era el último escollo a batir antes de poder izar plenamente la bandera del sozionalismo en aquel país. Hasta ahora, el líder bolivariano ha logrado conquistar, sin grandes dificultades, el Poder Judicial, los organismos electorales y legislativos, el ejército, el Banco Central, así como los principales resortes de la economía nacional (véase la nacionalización de la petrolera PDVSA y demás sectores estratégicos).

Pero su ambición estatista no acaba, ni mucho menos, ahí. El nuevo texto terminará por fagocitar los últimos vestigios de libertad individual y empresarial en un país que, curiosamente, acogió hasta mediados del siglo XX a decenas de miles de emigrantes españoles ante la esperanza de poder hallar un futuro mejor. La expropiación, en nombre del interés social, será la norma y no la excepción, en caso de que la citada reforma sea aprobada. Surge, además, el concepto de empresa comunitaria y propiedad comunal, al tiempo que Chávez trata de restar competencias a los gobiernos regionales de Venezuela para, así, asegurarse un control total del poder político y territorial.

Su mano visible se abalanza ya sin pudor ni miramientos sobre la industria alimentaria y de distribución del país, provocando con ello escasez de numerosos productos básicos; la minería, la agricultura, las telecomunicaciones, la siderurgia o el sector energético se han convertido en las primeras bajas significativas de la “guerra contra el capitalismo y el imperialismo”. Pero no las últimas. Según la disidencia venezolana, la sanidad, los seguros, los inmuebles, el mercado financiero, los medios de comunicación y hasta la religión serán, sin duda, los próximos enemigos a batir por el sozionalismo venezolano.

No por casualidad, al llegar a la Presidencia, el Gobierno incluyó el término Bolivariano en la denominación de todas las grandes instituciones del Estado, incluido el nombre del propio país (República Bolivariana de Venezuela) y su Carta Magna. Además, tal ideología está bañada por el odio secular, propio del totalitarismo, hacia todo lo que representa una amenaza para el proyecto vital del pueblo. Si bien éste, adopta máscaras diversas en función de quién lo propugne: Capitalismo, Judaísmo, Imperialismo…

Sus ansias de expansión tampoco han de resultarnos sorprendentes a la luz de la historia. Chávez no oculta, en absoluto, su intención de adherir a su causa nuevos adeptos: Bolivia y Ecuador ya han sido neutralizadas, pero Guatemala, Perú, Argentina e, incluso, Brasil no están exentos de poder formar parte del futuro proyecto sozionalista. En este sentido, tampoco resulta casual el hecho de que Venezuela se esté rearmando a través de cuantiosos contratos de equipamiento con Rusia, Irán, China o… ¡España!

Y qué decir de la particular simbología que ha de acompañar, por norma, a todo totalitarismo que se precie… ¿No les recuerda a algo? ¿Quién duda ahora de las intenciones reales de Chávez? Quizá, nuevamente la Sociedad de Naciones (antigua ONU), como en su día lo hizo de los verdaderos objetivos de Adolf Hitler. O quizá alguien más cercano…

De cómo el Estado destruye el libre mercado

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Quizá una de los argumentos que más se usan para justificar la acción del Estado en nuestras vidas es la imposibilidad del mercado de cubrir las necesidades de la gente en aspectos que no se perciben como un beneficio económico directo. Qué liberal no ha polemizado con alguien que no llega a convencerse de cómo los intercambios libres entre personas son capaces construir las calles, las carreteras que comunican municipios o pedanías poco poblados o prestar cualquier tipo de transporte público que los conecte con zonas de mayor densidad de población.

Y semejante duda sobre las capacidades del libre mercado tiene su lógica, no porque éste no sea capaz de cubrir esas necesidades, sino porque los hombres de estado llevan décadas, sino siglos, asegurando que es imposible y que sin su dirección y sus planes todo degeneraría hacia un caos destructivo. Sin embargo, la acción del Estado es causa de muchos de estos males y rara vez de la solución; diría que nunca. El Estado se convierte en un freno a la economía, en un agujero negro de la riqueza, en un destructor de la iniciativa, de la asociación libre y voluntaria, de la responsabilidad individual.

La inhibición de la acción humana se suele hacer evidente todos los veranos en España, cuando miles de hectáreas de montes y prados arden sin control. Los, a menudo, ineficaces sistemas antiincendio organizados por municipios y comunidades autónomas crean una falsa sensación de seguridad de la que muchos se despiertan de manera trágica. La gestión y cuidado de las fincas generaría un boyante sector empresarial, financiado en principio con lo que el sector público dedica a estos costosos sistemas, reduciendo el impacto de los fuegos a la vez que creando riqueza, puestos de trabajo, competencia por realizar esa labor de manera más eficiente, a la vez que se favorecería la responsabilidad de los dueños para con sus propiedades, que en muchos casos deja mucho que desear. El abandono de fincas a cambio de subvenciones, dentro de la política agrícola europea, es uno de los ejemplos de cómo el Gobierno destruye riqueza. La explotación de las fincas –turismo medioambiental, agricultura, ganadería, productos silvícolas o cinegéticos– dentro de un mercado libre sería suficiente para hacer compatible la generación de riqueza y su conservación, acercándonos de esa manera a uno de los objetivos de los grupos ecologistas, la conservación del medio ambiente.

Otro ejemplo donde el Estado desacelera y destruye la iniciativa individual es nuestro sistema de salud pública. Prácticamente todos hemos padecido o conocemos a alguien que ha sufrido la ineficacia de un sistema sobrepasado, donde la tardanza en realizar pruebas esenciales puede llegar a convertirse en tragedia, donde trucos administrativos transforman interminables listas de espera en éxitos electorales. Sin embargo, en España el sistema sanitario privado tampoco recibe excelentes valoraciones por parte de sus clientes. No es de extrañar, pues ha nacido como complemento al público, de forma que muchos casos clínicos terminan derivados al primero y, si bien esta situación se está corrigiendo, las primas de los seguros que cubren determinados tratamientos son inalcanzables para economías modestas. El Estado crea un sistema ineficiente que retiene recursos financieros que podrían ayudar a crear multitud de empresas que satisfagan a los ciudadanos, de forma que sean estos los que decidan qué relación calidad-precio quieren pagar por proteger su salud.

Un ejemplo similar es el que se vive en el sector de la educación. Los resultados no acompañan y cada vez son más los que nos quejamos de la calidad de la educación pública, que empeora año a año, y del sistema, ineficiente y poco preparado para los cambios tecnológicos y sociales que vive la sociedad española. A eso hay que añadir un adoctrinamiento moral que se pretende con asignaturas como Educación para la ciudadanía, pero que de alguna manera ya está presente en los contenidos y el ideario que actualmente se imparte. De nuevo las quejas hacia el sector privado se dirigen hacia su elitismo y su coste desorbitado, lejos de las economías del español medio. La concertación de colegios privados, es decir la alianza del sector público y privado, favorece esta situación y no permite que se genere una competencia real entre colegios para dar una educación adecuada y asequible a todas las economías y familias, pues los colegios se suelen limitar a cumplir con los requisitos que se les impone desde la administración. De hecho, el actual sistema hace imposibles otros sistemas de educación como el homeschooling, que permitiría a las familias controlar en todos los sentidos los contenidos y valores que quieren transmitir a sus hijos.

Cualquiera que sea el sector en el que el Estado tiene algún tipo de presencia o influencia, se produce un fenómeno parecido. Los ciudadanos creen que se les cubren una serie de necesidades cuando en realidad debían ser ellos, como individuos responsables, los que las satisficieran. Los sistemas públicos se vuelven ineficientes, muy pequeños para las necesidades reales, pero no pueden desaparecer porque ello supondría reconocer su propio fracaso. Se incrementa la presión fiscal y se crean nuevos aparatos burocráticos en forma de organismos públicos o comisiones que gastan estos recursos que los contribuyentes podrían invertir de una manera más apropiada en negocios y servicios que se adecuen más a sus verdaderas necesidades y no a las que ciertos políticos consideren esenciales.

Reforma electoral, ¿para qué?

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

Los textos de Ciencia Política suelen analizan los sistemas electorales según dos criterios: gobernabilidad y representatividad. Sin embargo, pocos aluden a un aspecto fundamental subyacente a la forma en que los ciudadanos eligen a sus representantes politicos: la relación que se supone aquéllos tienen con éstos. Algo que me temo estará ausente de la apasionante discusión que se avecina en España.

Como la mayoría de las democracias de la llamada Tercera Ola, la española obedeció la regla de la estabilidad, consistente en la creación de un sistema de dos partidos fuertes y disciplinados con implantación nacional. De ahí el sistema de listas cerradas y bloqueadas y la abundancia de provincias que eligen tres o cinco diputados como prima a los dos partidos más votados. Por si esto fuera poco, las provincias más pobladas –Madrid, Barcelona, Valencia– se encuentran infrarrepresentadas. Nuestra Constitución establece que ninguna provincia podrá exceder el 10% de la representación y que todas enviarán al menos dos representantes al Congreso de los Diputados. Así, Madrid cuenta con 17 diputados menos de los que le corresponderían de acuerdo a su población, un obstáculo más a la obtención de representación por parte de partidos pequeños.

Por cierto, la Constitución también establece que la circunscripción electoral para Congreso y Senado es la provincia, así que la próxima vez que escuchen o lean a algún plumilla hablar de la implantación del sistema alemán –mitad de diputados elegidos en circunscripciones uninominales, mitad elegida en listas nacionales– mediante una Ley Orgánica, ríanse a mandíbula batiente, pues tal reforma exige la modificación de la Constitución.

Como excepción a la regla de la estabilidad, o gobernabilidad, sobre la representación, el sistema español introdujo un mecanismo que beneficia a los partidos pequeños localistas, aquellos que se presentan en un pequeño número de provincias donde sin embargo cuentan con un apoyo importante. Son las reglas para la formación de grupos parlamentarios, que exigen bien la obtención del 5% de los votos, 15 diputados o al menos 5 diputados habiendo obtenido el 15% de los votos en todas las provincias en las que se presentaron listas. Este mecanismo ha permitido que partidos como el PNV, que nunca han superado el 2% de los votos u obtenido más de 8 diputados, hayan podido contar con un grupo parlamentario propio. La voz de los nacionalistas ha sido amplificada mientras que partidos como el comunista o el CDS han sido duramente castigados por un sistema diseñado precisamente para evitar que existan, o al menos para dificultar su desarrollo y expansión.

De esta aproximación sucinta al sistema electoral español cabe inferir al menos dos conclusiones preliminares:

  1. Sesgo partitocrático e irresponsabilidad de los representantes. Son las cúpulas de los partidos, en su calidad de "instrumento fundamental para la participación política" (C.E., art. 6) que deciden quién es o no elegido. De esta forma, la independencia de los representantes y el papel de los afiliados sin cargo orgánico en el partido quedan inhibidos. No existe posibilidad de compromiso entre representantes y representados ni de rendición de cuentas. La consecuencia de todo esto es el cinismo y la alienación que caracteriza la cultura política española y que reflejan todas las encuestas realizadas en los últimos veinte años.
  1. Comunitarismo. A pesar de que el sistema electoral español permite que más del 90% de los votos se traduzca en representación –el sistema de dos vueltas francés suele dejar a más del 20% de los votantes sin un solo diputado en la Asamblea Nacional– la mayoría de los grupos parlamentarios, que son nacionalistas, defienden proyectos políticos basados en identidades construidas, excluyentes y discriminatorias que juzgan el valor de una persona de acuerdo a criterios como el manejo de una determinada lengua o el nacimiento en una región o provincia particular. A pesar de no representar más del 12% de los votos, se las arreglan para formar grupos parlamentarios –cuatro en la actualidad de un total de ocho– de forma que la apelación a principios intangibles y maleables como la identidad nacional, el hecho diferencial –"la voz de la tierra"–, socava otros criterios políticos como la prosperidad económica personal o la libertad individual, valores secundarios frente a la defensa de una identidad grupal presentada en estado de conflicto permanente e irresoluble contra otra u otras.

¿Ciudadanos o vasallos? ¿Seres pensantes o ganado? ¿Personas capaces de determinar lo que más les conviene y obrar en consecuencia o miembros de tal o cual "colectivo"? ¿Cómo nos ven los políticos? A la hora de valorar un sistema electoral o apoyar o rechazar una reforma determinada sería conveniente que todos nos hiciéramos estas preguntas. Puesto que hasta la fecha no ha habido ningún sistema político que no implique un cierto compromiso entre libertad y estabilidad, autodeterminación y orden –soy de los que piensan que el poder es como el dinero; si se aboliera hoy, alguien lo reinventaría mañana–, al menos deberíamos ser conscientes de lo que estamos dispuestos a entregar, y a cambio de qué.

Rajoy apóstol

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

En esta España de duelos por los consensos recién muertos y quebrantos del Estado de Derecho, en que el Gobierno crea problemas donde no los había y convierte el escenario público en el retablo de las maravillas, Rajoy ha mostrado su honradez hablando a los españoles de reformas. Una de la sisa pública y la otra del sistema electoral.

Rajoy ha hablado de su propuesta fiscal como si no hubiera habido otras; la madre de todas las rebajas, las de enero y de verano en todo un año fiscal. No es para tanto. Yo creo que los españoles nos beneficiaríamos de una reforma de verdad, que apostara por la sencillez del impuesto hasta dejarlo en un único tipo marginal, sin deducciones. Pero si Rajoy prometiera tal cosa se vería abocado a llevarla a cabo por no faltar a su palabra, y no es él hombre de grandes cambios en materia económica, me da a mí. Al menos reconoce que el mundo no se acaba en el terruño, que estamos en un mundo globalizado en que la competencia fiscal es un hecho y ha propuesto una rebaja del Impuesto de Sociedades apreciable, aunque insuficiente. También abrirá la mano en la descentralización fiscal, con pasos breves, pero en la buena dirección.

De la reforma electoral sólo ha mostrado su preocupación por que el viejo principio del gobierno de las mayorías se haya convertido en el gobierno de las minorías. El sistema electoral es la clave de esta democracia antidemocrática, de esta partitocracia extendida a todas las instituciones, de los órganos reguladores al Tribunal Constitucional. Permite, como en Baleares o Navarra, que el sentir mayoritario de los ciudadanos se quede en nada y favorece a los partidos sectarios, nacionalistas y de oportunidad, que entienden la política como el arte de "¿qué hay de lo mío?".

En las democracias los ciudadanos eligen a los representantes. En España son los políticos quienes los eligen y le dejan a los ciudadanos el mal trago de aceptar toda la lista o rechazarla. Por eso en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, vemos a representantes interpelando duramente al presidente de su propio partido, porque sabe que es a los electores a quien debe su sueldo. Aquí la fidelidad se debe al jefe. Y a la jerarquía de partido le llamamos "democracia" porque somos así de cachondos.

Ninguna reforma que no pase por circunscripciones uninominales se puede considerar como tal. Darle contenido a la palabra democracia en nuestro país. Esa sería la mejor contribución, y la más honrada, de un Rajoy presidente de España. No hace falta adoptar el sistema británico, o el estadounidense. Bastaría con seguir el sistema francés, a dos vueltas, que favorece a la vez la creación de partidos pequeños y de mayorías estables, pero con representantes guardando fidelidad a los electores y no necesariamente al partido.

Me temo que Rajoy no llegará tan lejos. Le falta audacia y acaso le sobre cobardía, disfrazada de prudencia. Sólo su honradez le puede animar a dar ese paso. ¿Hará Rajoy apostolado de la honradez? Esperemos.

Liberalismo y democracia

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Resulta curioso que el debate teórico acerca de la democracia desarrollado a las puertas del siglo XX y comenzado ya el siglo XXI, con los enormes avances en materia de conocimiento y tecnología que disfrutamos, se siga sustentando sobre la base de conceptos y argumentaciones que se remiten al modelo de democracia directa, que se concibió en las postrimerías del siglo V a.C., constituyendo Atenas su ejemplo práctico más paradigmático.

Al mismo tiempo, desde la óptica contraria, inserta en la perspectiva crítica liberal, se vuelve a cuestionar mediante la restauración de conceptos liberales clásicos la vigencia y validez de un modelo, el representativo, que se creía ya permanente e inamovible, pero que, sin embargo, ha evolucionado de modo paradójico justo en contra de lo que sus fundadores pretendían con su instauración. Esto es, el control y la restricción del poder político con el fin de defender y garantizar la libertad y ámbito privado de los individuos.

Nuevamente resurge el dilema que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad: el problema del poder, en cuanto a su titularidad, su ejercicio y su particular naturaleza. En las últimas décadas del siglo XX se viene produciendo un debate teórico tendente a cuestionar la vigencia de tal modelo (democracia representativa) por verse éste supuestamente afectado por una situación de crisis, si bien es cierto que la interpretación de la misma difiere en función del análisis de dos problemáticas divergentes: en tanto crisis de representación o legitimidad (visión neomarxista), o bien crisis de gobernabilidad (perspectiva neoliberal).

Estas dos corrientes analíticas opuestas y enfrentadas no sólo difieren en el problema, sino fundamentalmente en la solución que proponen. Mientras que la primera opta por reclamar una mayor participación ciudadana en el ámbito de la esfera pública con el fin de reforzar la construcción de una "auténtica democracia", la segunda propone un modelo que limite el poder político y maximice la libertad individual, consistente en la formación de una Estado mínimo.

Este regreso o restauración teórica de conceptos y modelos interpretativos clásicos cuyos principales referentes se sitúan en épocas y períodos pertenecientes al pasado, la Antigua Grecia y la Época Moderna, respectivamente, derrumba la teoría del "fin de la historia". Lo cual no debe extrañarnos si tenemos en cuenta que, si bien es cierto que las circunstancias y condiciones de las sociedades actuales son radicalmente distintas, el problema central de la Política sigue careciendo en la práctica de una solución final y definitiva. Esto es, la configuración del mejor régimen posible y, por consiguiente, la articulación y ordenación óptima del poder político.

La pregunta central que viene a colación sería, pues, la siguiente: ¿por qué ha de ser considerada la democracia como el mejor régimen político posible? La respuestaa tales cuestiones deriva de nuestra particular concepción acerca de lo que consideremos el principal valor a tener en cuenta en toda sociedad: la igualdad(democracia) o la libertad (liberalismo). Así pues, en función de la primacía de uno u otro, obtendremos sistemas políticos plenamente opuestos:

  1. Si el único valor a tener en cuenta es la igualdad, en tanto participación en el poder político, la consecuencia que se deriva de ello será la instauración de la democracia, una tradición teórica cuyo énfasis recae en el quién: ¿quién debe gobernar?
  2. Por el contrario, si lo fundamental es la defensa de la libertad del individuo, no cabe duda que el modelo a seguir será el concebido por los fundadores del liberalismo político primigenio, en tanto conformación de un Estado netamente liberal, una tradición que se centra en el cómo: ¿cómo se debe gobernar?

Lo paradójico de tal temática es que hoy en día la democracia es concebida en todo su esplendor como forma de gobierno deseable e, incluso, como el único sistema legítimo a tener en cuenta en el ámbito político mundial. Al hilo de tal exposición, cabe decir que, históricamente, tan sólo han existido dos modos de concebir la libertad, valor básico del individuo: la libertad moderna, concebida como independencia del individuo con respecto al poder en un determinado círculo de actividades; y la libertad antigua, consistente en el hecho de participar activamente en el Gobierno, siendo así el individuo libre por el simple hecho de que participa en la elección de su dueño y orientador de sus designios vitales.

Siguiendo las definiciones expuestas, llegamos a una conclusión ciertamente significativa y sorprendente: la libertad contemporánea ha sufrido un retroceso tal que, por paradójico que nos pueda resultar, se asemeja mucho más a la concepción antigua que a la moderna. Es decir, la libertad actual centra su objeto y punto de atención mucho más en la participación que en la defensa de las libertades individuales y restricción del poder público. En este sentido, se ha cumplido ciertamente la predicción señalada por Constant en su crítica al pensamiento de Rousseau, en tanto que la implantación del sistema democrático supondría "la total sumisión del ciudadano para que la nación triunfe y que el individuo se convierta en esclavo para que el pueblo sea libre".

Así pues, hemos vuelto al sistema de libertad de los antiguos, sólo que ahora su práctica, inherentemente problemática y claramente inferior a la concepción moderna, se ha visto infinitamente agravada por las extraordinarias dimensiones del Estado y formación política actuales.

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Kleftes, armatores, anarcocapitalistas y liberales

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Si hay algo que me asombra de Red Liberal es la fuerza y virulencia a la que llegan las disputas entre liberales clásicos y anarcocapitalistas. No dudo que son, sobre todo, debidas a la distancia que imponen las comunicaciones electrónicas; está bien estudiado que el lenguaje escrito tiende a parecer más agresivo: las mismas palabras acompañadas de un cierto tono de voz o de ciertos gestos en la cara nos parecerán mucho menos graves. Razón por la que hay ciertas cosas que es mejor no decir por correo electrónico, pues aumentamos el riesgo de que se nos malinterprete.

Pero me estoy desviando un pelín. La sorpresa viene porque disputas tan etéreas puedan llegar a ser tan enconadas. Unos piensan que el Estado es el mal absoluto y, por tanto, los liberales que no optan por destruirlo no son auténticos liberales. Jesús Huerta de Soto ha llegado a concluir que él no es liberal, sino anarcocapitalista, y que los liberales clásicos son utópicos porque se creen que puede existir un Estado mínimo y que no crezca. Los liberales tradicionales consideran que es precisamente el Estado el que garantiza que podamos tener ciertas libertades, si bien éstas nunca puedan ser completas precisamente por la existencia de ese monopolio de la coacción, y que la lucha debe ir encaminada a desembarazar al monstruo de todas aquellas funciones que dañan nuestras libertades sin aportarles nada. Así, los anarcos harían daño a la causa asustando a la gente que podría ver en el liberalismo una opción interesante pero sale huyendo ante una propuesta tan radical y poco realista.

A unos y otros me gustaría contarles una historia de tantas. En la Grecia bajo el control otomano, en regiones montañosas como Rumelia, la autoridad del Estado no tenía una presencia muy notable que digamos. La autoridad era principalmente local y ejercida por patriarcas. Grupos de bandidos llamados kleftes robaban a viajeros desarmados, se apostaban en los desfiladeros para atacarlos y en ocasiones atacaban directamente a las aldeas. Los campesinos les tenían tanto miedo como a los representantes del Estado.

Alí Pasha, que no era precisamente un gobernante tonto, decidió conceder la amnistía a los bandidos más exitosos para que formaran armatores, o bandas paramilitares que reprimían el delito en su zona de la montaña, bajo el mando de un kapitanos. Esto no dejaba de ser un reconocimiento a una labor exitosa como bandido. Los más conocidos fueron Georgios Karaiskakis, Nikita Stamatelopoulos, Theodoros Kolokotronis y Odysseas Androutsos, que más tarde lucharían en la guerra de independencia de Grecia.

En Occidente, donde la barrera entre Estado y delito está firmemente establecida, resulta en ocasiones difícil ver el parecido que puede tener el primero con una mera banda de delincuentes exitosa. Pero así es como siempre surge un Estado; siendo el monopolio de la coacción, es natural que sean los profesionales de la violencia quienes lo establezcan. Razón de más, dirán los anarquistas, para negarle legitimidad moral. Razón de más, dirán los liberales clásicos, para considerar que resulta ingenuo esperar que el anarcocapitalismo funcione; siempre habrá una banda especialmente exitosa en el negocio de la protección. Y ambos tendrán toda la razón.

El Estado tiende a crecer, de modo que resulta ingenuo, o utópico en palabras de Huerta de Soto, pensar que puede mantenerse a éste con las funciones mínimas imprescindibles. Sin embargo, el anarcocapitalismo también tiende a crear estados; por más que las agencias de seguridad, en general, puedan no convertirse en monopólicas, basta un breve periodo en un lugar concreto para que así ocurra. Aunque a largo plazo los monopolios en un mercado libre sean insostenibles, siempre y cuando exista demanda suficiente para el bien que comercializan, a corto sí que pueden mantenerse, y eso es todo lo que necesita una agencia para convertirse en Estado y prevenir la competencia futura. Otras agencias podrán intentar revertirlo, pero ese proceso sólo tendría un nombre conocido: guerra.

Entonces, si ningún objetivo es viable, ¿por qué esforzarse? Simplemente porque ningún sistema político es estable, y el que nuestros sistemas ideales tampoco lo sean no debería llevarnos a abandonar, porque son más deseables que la situación actual. Y el camino que lleva hacia ellas es compartido, y resulta improbable que en nuestras vidas lleguemos al punto en que las diferencias entre liberales clásicos y anarcocapitalistas tengan importancia más allá de la académica. Claro que quizá sea precisamente eso lo que hace tan enconados estos debates para algunos, que les importa más el mundo de las ideas puras que el mundo real y las libertades que nos faltan. Discúlpenme si a mí no.

El eterno agravio

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Curiosamente, los que más énfasis ponen en su exigencia de una compensación histórica pertenecen a regiones españolas que en los dos últimos siglos han gozado de un mayor nivel de vida. Sin embargo, la ominosa certeza de haber sido siempre una nación sometida al yugo extranjero es más fuerte que la satisfacción de disfrutar de un bienestar muy superior al de los propios opresores. Cuando los campesinos del sur de España, entre ellos mi padre, acudían, por ejemplo, a la campaña de la manzana de Lérida a trabajar catorce horas diarias y a dormir tirados en una manta en las naves agrícolas, no eran conscientes de que estaban tiranizando al noble pueblo catalán. Sus hijos ya lo sabemos gracias al señor Cerdá (con acento agudo), y esa es una mancha que llevaremos siempre para nuestra vergüenza.

En la sede de la soberanía nacional hemos de escuchar a estos políticos compitiendo por ser los más agraviados. Los países catalanes, el pueblo vasco, las naciones gallega y aragonesa y el nonato estado canario ponen de manifiesto, por boca de sus representantes, la existencia de estas injusticias ancestrales que ni siquiera el régimen democrático del 78 ha corregido de forma satisfactoria.

En las anteriores legislaturas existía el sobreentendido de que el discurso victimista era una mera cuestión táctica para obtener más dinero del Estado. Con ZP en el poder, y este es un mérito únicamente suyo, esta peculiar retórica se ha convertido en aspiración política irrenunciable.

En la tribuna del Congreso se exigió un referéndum para la autodeterminación de algunas regiones y se afirmó que la ciudadanía española ha sido impuesta, sin su consentimiento, a varios millones de personas (¿?), declaraciones que van abiertamente en contra de la Constitución. Y ante esas andanadas y otras más que siguieron, ZP comenzó su réplica agradeciendo a los protagonistas su exquisito talante democrático y continuó mostrando su firme decisión en seguir trabajando para que tanto agravio se vea alguna vez redimido. A ver si lo hace pronto, porque los opresores murcianos, tiranos andaluces y déspotas madrileños ya no soportamos más tanto cargo de conciencia.

El socialismo implica mucha ignorancia

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Artículos en prensa.

Según Bustelo centenares de millones de personas creyeron en el comunismo, pero "su esfuerzo y, muchas veces, su generosidad y sacrificio de poco sirvieron", ya que con el tiempo se comprobó que "el modelo sólo engendraba dictadura en el plano político e ineficacia en el económico". Cree Bustelo que la socialdemocracia funcionó mejor: "Gracias a la eficacia de la economía de mercado y a unas políticas sociales de apoyo a los de abajo, hubo un incremento notable del bienestar general."

Seguramente en los regímenes comunistas sólo una minoría dominante cree en el sistema y se lo impone coactivamente a los demás, quienes quizás saben perfectamente que aquello no funciona en absoluto y tratan de escapar o trampean en los mercados ilegales. La generosidad del comunista es pura fachada, una completa falacia que, en realidad, consiste en ser muy desprendido con el dinero de los demás: sacrificios sí, pero para otros. Y creer en ideas sociales equivocadas y promoverlas sólo puede tener resultados nocivos, así que el compromiso vital no es tan bonito como parece.

Las políticas sociales se publicitan como generadoras de bienestar porque no pueden presentarse como lo que realmente son: redistribuciones ilegítimas de riqueza que en realidad apenas ayudan a los pobres pero sirven para captar votos y mantener burocracias parasitarias; el avance social se produce a pesar de las políticas sociales, y no gracias a ellas.

Bustelo muestra que se puede ser profesor de historia económica e ignorar lo fundamental de la ciencia económica. "La dificultad estriba en que la añeja receta de socializar los medios de producción, que constituía la pieza maestra de toda política de izquierdas, resultó inservible. A decir verdad, no hay una explicación cumplida de por qué esa fórmula, en lugar de curarlos, agrava los males de la sociedad. La afirmación de un preclaro profesor escocés de hace más de doscientos años de que no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio, no ha sido desmentida. ¿Pero por qué la humanidad sólo ha de funcionar si se basa en el egoísmo?"

Sí que existe una explicación correcta de la imposibilidad del comunismo, ofrecida por Mises y Hayek muchos decenios antes de la caída del telón de acero, que ellos mismos habían predicho. Los seres humanos tienen capacidades cognitivas limitadas, y es imposible para un planificador central obtener, procesar y difundir toda la información (dispersa, tácita y no articulada) sobre las capacidades y preferencias de los individuos necesaria para dirigir la economía de una sociedad; sin propiedad privada no hay precios de intercambio ni pruebas de beneficios y pérdidas y el cálculo económico es imposible. La sociedad es un orden complejo espontáneo y emergente que no puede ser diseñado ni impuesto.

Muchos socialistas desconocen esta explicación o prefieren ignorarla porque destroza todos sus ingenuos sueños. Por eso sólo suelen mencionar el problema de los incentivos (que existe pero no es el esencial): no es que la gente no pueda vivir en el comunismo, sino que en general no quiere, va a lo suyo, es egoísta y normalmente sólo sirve a otros a cambio de algo. El ser humano es generoso pero de forma limitada porque es imposible ser completamente altruista: es una estrategia de supervivencia evolutivamente inestable y no exitosa.

Bustelo se pregunta si "no cabría haber mejorado más la distribución de la riqueza mediante los impuestos". Respuesta sencilla, que seguramente le cueste aceptar: no. Que una distribución sea mejor o peor es una cuestión subjetiva; afinen su lenguaje quienes defienden distribuciones más igualitarias (con menos dispersión) y recuerden que los impuestos se basan en la violencia (intente no pagarlos). Su receta política: "Sí que cabe hacer más de lo que se hace, especialmente en nuestro país. Resulta que la España de los diecisiete años de gobiernos de izquierda tiene menos fiscalidad y menos gasto social que la media europea." ¿Por qué acercarnos nosotros a la media y no pedir a los demás que corrijan ellos sus excesos socialistas?

Tal vez sea ése el cometido de la izquierda en el siglo XXI. Ya que como parece que habrá que esperar al siglo XXII o al XXIII para que los avances del saber permitan cambiar el funcionamiento de la economía, luchemos entre tanto por las muchas causas pendientes: ecologismo, ayuda al tercer mundo, políticas generosas de inmigración, laicismo, educación, emancipación definitiva de la mujer, derechos humanos, antiimperialismo, coexistencia pacífica de nacionalismos, etcétera. Además, claro está, de lograr un gasto social como el de Suecia.

Como no conoce la ciencia económica cree que tal vez algún día cambie y encuentre una receta mágica. Y quizás también se logre la cuadratura del círculo y se encuentre el número primo máximo. Entretanto, a defender topicazos políticamente correctos.