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La Fiesta de la Democracia, ésta es la periodística descripción con la que muchos medios de comunicación describen los días en los que se celebran elecciones en España. Los ciudadanos se visten de domingo, porque generalmente suele ser domingo y antes del aperitivo o después de misa, si son creyentes y practicantes, se acercan a su colegio electoral para depositar en las urnas los votos preceptivos. Después, vuelven a sus quehaceres, en muchos casos con la satisfacción del deber cumplido. Semejante comportamiento es ante todo un asesinato de la libertad y no porque este protocolo, esta liturgia electoral sea dañina, al menos no mucho, sino porque muchos de ellos creen que la Democracia consiste únicamente en esto. Y no debemos culparles, al menos no del todo, porque políticos, instituciones y periodistas así nos lo venden y de esta manera, la Fiesta de la Democracia se convierte en un día grande, sobre todo para el liberticida.

La libertad conlleva responsabilidades. Puede que a los partidarios del Estado de Bienestar les suene extraño puesto que piensan que el Estado, dentro de su infinita sabiduría, conoce nuestras necesidades y cómo satisfacerlas y que no debemos preocuparnos porque ya proveerá. El Estado, sus funcionarios, debe tener manga ancha, debe tener cierta libertad de acción, cierta capacidad de maniobra y generalmente esta suele chocar con los intereses de la gente así que taimadamente, sin apenas notarlo, incluso con justificaciones morales aceptadas por todos, va reduciendo la participación ciudadana al elemental ejercicio de introducir un papel en una urna y al liberador pero inútil desahogo de gritarle al televisor o a la radio cuando lo que vemos u oímos nos indigna. La libertad queda cercenada aun con el traje del domingo.

España es ante todo una partitocracia, un régimen donde las leyes y las normas nacen, cuando no se escriben, en las sedes de los partidos que ostentan en ese momento el poder, son ratificados en unas Cortes Generales donde la disciplina de partido es un tabú difícil de romper y donde una docena de congresistas y senadores ostentan la dirección de cientos de compañeros a los que todos pagamos por no tener ninguna iniciativa propia, ni un pensamiento que se aparte de la visión oficial del partido. Y este modelo se repite en las administraciones autonómicas y locales, de forma que todo viso de individualismo, de iniciativa particular se pierde en un grupo donde la disidencia queda severamente castigada. Las listas cerradas, que es el sistema usado en España frente al más responsable sistema de la elección directa, es una manera más de favorecer a esta superburocracia que se llama partido político y que dice representar al ciudadano.

Así, las Instituciones, cuyos representantes son elegidos en la mayoría de los casos por el poder legislativo o ejecutivo así elegidos, terminan convirtiéndose en meras herramientas para los intereses partidistas. Si, como en España, el Estado tiene fuertes raíces en la sociedad y en la economía, estas mutan en verdaderos enemigos de los que dicen proteger. De esta manera y en los últimos meses, las reguladoras económicas "independientes" han favorecido operaciones como la OPA de Gas Natural sobre Endesa o la de Sacyr sobre BBVA porque los presidentes de tales empresas fueron "colocados" por el PP, ahora en la oposición, y no se pliegan a los intereses políticos del poder. Hasta instituciones tan cercanas a los ciudadanos como las asociaciones de vecinos terminan siendo una mera comparsa, una herramienta entre patética y útil para los grupos en la oposición en su acoso y derribo al poder, compañía que rápidamente dejan detrás cuando la alternancia se hace efectiva.

La separación de poderes, otro de los mecanismos que se articulan para que el poder del administrador quede limitado, es otra entelequia, una teoría que no termina de traspasar las tapas de los libros. El Poder Judicial responde también a los intereses de los partidos políticos, desde los cuales se dan nombres y se censuran otros para elegir los cargos que gobernarán la judicatura. Este situación permite que muchas situaciones legalmente sospechosas, puedan llevarse a cabo y, aunque con el tiempo se demuestre su naturaleza ilícita, sea imposible deshacer el entuerto como en el famoso caso Rumasa.

El régimen en el que vivimos amenaza con convertirse en una especie de totalitarismo democrático, un sistema donde tenemos la sensación de controlar nuestras vidas con un papelito lleno de nombres a los que no podemos asignar ni una cara ni un discurso. Una democracia que cada vez se parece más a los regímenes populistas que tanto daño han hecho, tanto daño hacen por todo el globo terráqueo. Se plantean muchas cuestiones, pero todas se resumen en una, cómo debemos articular el traspaso del poder de estos "representantes de la ciudadanía" a los ciudadanos, cómo podemos recuperar aquellas responsabilidades que hemos cedido o nos han sido arrebatadas por la fuerza de la "democracia", en definitiva como recuperamos la libertad de decidir, de equivocarnos.

Madrid es una de las regiones con la economía más dinámica y productiva de toda España. Generadora de empleo y riqueza, no es de extrañar que en las elecciones municipales y autonómicas sea la joya que desean todos los partidos, aunque sólo sea por el prestigio que supone. Sin embargo, Madrid tiene una desgracia, que tanto en la Comunidad Autónoma como en el Ayuntamiento de la capital gobierna el Partido Popular. Y esto no es una desgracia por sí mismo sino porque, a la vez, en el Gobierno de España lo hace el Partido Socialista Obrero Español, lo que genera no pocos conflictos de intereses en los que las carreteras y autovías son protagonistas indiscutibles.

A fecha de hoy existen cuatro infraestructuras donde la polémica está a la orden del día. La M-30, autovía de circunvalación de la capital cuyas obras de mejora acomete el Ayuntamiento de Madrid y que choca directamente con los intereses del Ministerio de Medio Ambiente que exige un Estudio de Impacto Medioambiental. El desdoblamiento de la M-501, también conocida como la "Carretera de los Pantanos", que conecta el este de la región con el centro y donde el mencionado Ministerio también pone sus trabas ante la posible existencia del lince ibérico. La R-1, autopista de peaje que pretende ser una alternativa a la N-1 en su entrada por el norte de Madrid. Y por último, el cierre de la M-50, otra de las carreteras de circunvalación de la capital. En estos dos casos existe un conflicto entre quién debe acometer las obras, si la Comunidad de Madrid que gestiona las carreteras que empiezan y terminan en su territorio y que pretende ejecutarlas lo más rápidamente posible o el Ministerio de Fomento que asegura que son de su competencia al ser de interés general y que no termina de darle prioridad.

Las razones de unos y otros tienen su lógica aunque no la compartamos. El argumento medioambiental es la más polémico y el favorito de los medios de comunicación. Las obras de la M-30, además de las molestias que suponen para el sufrido conductor, generan no pocos problemas de contaminación, ruidos, vertidos y todo tipo de esperpentos medioambientales. No es extraño que oposición, ecologistas, vecinos afectados y por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente hayan llevado el tema a Bruselas. El exceso presupuestario del alcalde más socialista de la derecha española no atraviesa los mejores momentos por mucho que mejore la circulación de la ciudad.

La aparición de excrementos de lince ibérico a unos centenares de metros de la M-501 generó una polémica inusitada en torno al desdoblamiento de la Carretera de los Pantanos. El excesivo número de accidentes en una carretera desbordada por el crecimiento de la Comunidad, la petición expresa de los alcaldes de la zona y de buena parte de los vecinos y las medidas medioambientales correctoras que se adoptarán en las obras no han sido suficientes para el Ministerio de Medio Ambiente que está más preocupado por la protección de una especie en peligro de extinción y una zona con un ecosistema especialmente atractivo.

El ciudadano tiende a tomar partido en virtud de sus simpatías políticas, como si de un equipo de fútbol estuviésemos hablando, sin entrar en el meollo del asunto, que toda esta polémica no nos sale barata. No me estoy refiriendo a los lógicos y seguramente disparatados presupuestos de todas estas obras más o menos faraónicas, más o menos necesarias; me estoy refiriendo a que el simple enfrentamiento entre administraciones gobernadas por diferentes partidos o el mismo pero con diferentes intereses, conlleva un gasto que sale del mismo sitio, del bolsillo del contribuyente. El trabajo de funcionarios, de peritos, de técnicos, las horas de trabajo, hasta el material de oficina usado para parar la iniciativa de una de las partes tiene su simétrico en la otra y ambas incrementan el coste de algo que ni siquiera sabemos si se va a construir. Todo ello, sin tener en cuenta lo que podríamos denominar como daños colaterales estatales.

La eficiencia no es precisamente una de las virtudes de las Administraciones Públicas, tienden a duplicarse, a triplicarse, a pisarse competencias y a luchar entre sí por el "bien" del administrado y con todo, son incapaces de ponerse de acuerdo en cuáles son sus competencias. Si ya tenemos bastante con aguantar una Administración, tres es un exceso inaceptable. Las luchas por el poder les salen gratis pues se hacen con dinero público, dinero que obtienen a golpe de decreto o de normativa fiscal. Eso sí, todo muy democrático que para eso hemos votado.

Dicen que son los dictadores los que tienen querencia por emular a los antiguos faraones y llenar la tierra de sus sufridos súbditos de gigantescos y costosos monumentos erigidos en los lugares más inverosímiles. Lo cierto es que las democracias tienen también un elevado número de proyectos faraónicos a sus espaldas pero con una diferencia: mientras que el dictador la levanta y punto, que para eso es dictador, la democracia tiene que explicarlo y de esa manera entramos en el turbulento mundo de la hipocresía como táctica política. Es posible que uno de los macroproyectos lúdico-políticos más repetidos por parte de los demócratas de pro sean las Exposiciones, ya sean universales, internacionales o vecinales. El presidente, el alcalde, el gobernador gusta dejar impronta de su labor a costa de los contribuyentes, que para eso le han elegido.

En algo más de dos años disfrutaremos en España de la Expo Zaragoza 2008 de la que se dice que "será la celebración Internacional de la fecunda relación del agua y las comunidades humanas, en un proyecto global, eficiente y solidario. De ahí, que el proyecto se construya sobre un concepto indisoluble: AGUA y DESARROLLO SOSTENIBLE". Y lo cierto es que la romanza, aunque un tanto hortera, es atractiva para muchos.

El sempiterno cambio climático y las sequías más o menos periódicas que vive la Península Ibérica son dos razones más que suficientes para dotar a tan histórica ciudad de una exposición políticamente correcta. Los organizadores, es decir, el Ayuntamiento que dirige el socialista Juan Antonio Belloch, tenía otra razón poderosa. La llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero supuso la derogación del Plan Hidrológico Nacional, medida del anterior gobierno del Partido Popular, no menos intervencionista, que pretendía dotar a España de un plan general de reparto de recursos hídricos a través de una serie de infraestructuras y trasvases de ríos tan caudalosos como el Ebro a zonas deficitarias pero necesitadas de agua como el turístico Levante español. Nada que ver con el libre mercado. La oposición frontal de los zaragozanos, y en general de aragoneses y catalanes, a que les tocaran su Ebro creó una impresión de egoísmo e insolidaridad inapropiada para los intereses socialistas. Una Exposición basada en el agua es ante todo una buena medida de expiación de la culpa. También lo es para gastar dinero a espuertas.

Si una cosa nos enseñó la Exposición Universal de Sevilla de 1992 fue que las medidas referentes al control de gasto público son una quimera, una utopía imposible de conseguir. Lo cierto es que cuando el control es público, el amiguismo, la arbitrariedad y en general la corrupción termina por adueñarse de la situación. Da lo mismo que sea una Exposición, el urbanismo o los parques eólicos. La ubicación de la Expo Zaragoza requiere alguna actuación en el río. Al situarse en un meandro que suele sufrir con cierta asiduidad las acometidas y las subidas de caudal del Ebro, la necesidad de un azud, de una pequeña presa que controle el caudal, es más que un capricho. Pero necesario no quiere decir ni mucho menos rentable y la rentabilidad no es un concepto que maneje el político con asiduidad.

Endesa, la eléctrica dominante en la zona, mucho más preocupada de las OPAs de Gas Natural y la alemana E.ON, desestimó realizarlo cuando descubrió que el coste que en el preacuerdo, ya deficitario, se elevaba a 24 millones de euros, se iba a casi duplicar hasta los 44. Si las cifras presupuestarias ya eran disparatadas, cuando se calculó que las pequeñas turbinas que se iban a instalar en la infraestructura, teniendo en cuenta las crecidas y los caudales medios del río, sólo generarían lo que un pequeño molino, se llegó a la conclusión de que el coste adecuado no sería de más de 3 ó 4 millones de euros y hasta ahí podíamos llegar. Por supuesto, el alcalde sufrió cierto desasosiego ante el abandono de la eléctrica. Su visión pública de la economía le hizo preguntarse cómo era posible que un empresario le creara este problema político. El concurso posterior quedó vacío ya que ninguna empresa estaba dispuesta a gastarse tanto dinero. Al final el mismo Ayuntamiento ha decidido tirar de erario público y acometer su construcción con un presupuesto inicial de 10,7 millones de euros.

Lo que está claro es la diferencia de criterio de uno y de otro, mientras que el empresario piensa en sus accionistas, en la rentabilidad, en el beneficio de aquellos que le apoyan con su dinero y su confianza, en sus clientes, el político no duda en gastarse el dinero de los contribuyentes en aventuras más o menos descabelladas, deficitarias y de dudosa utilidad. Y esto es sólo el principio, hasta 2008 restan unos cuantos meses de desarrollo insostenible, sobre todo para el contribuyente.

Un político debe ser capaz de predecir lo que va a suceder mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ocurrió lo que predijo.

Winston S. Churchill

1917 fue un año prolijo en acontecimientos. Corría el tercer año de lo que más tarde se conocería como la Gran Guerra y el frente occidental que se formó durante un frenético mes de agosto de 1914 se había transformado en una estrecha línea de trincheras que partía Europa desde el Canal de la Mancha hasta Suiza y donde los avances más significativos apenas llegaban, en el mejor de los casos, a unos cientos de metros. El frente oriental donde se enfrentaban rusos contra alemanes y austriacos era algo menos estático pero igual de sangriento. Los muertos y heridos en ambos bandos se acumulaban a ritmos insospechados y la desesperación entre los soldados era algo más que un sentimiento reprimido. El pacifismo que durante el principio de la guerra era un movimiento maldito ganaba adeptos en ambos bandos.

El Kaiser Guillermo no era ajeno a este sentimiento y mientras en el frente occidental se producían huelgas en el ejército francés, lo que obligó a los británicos a ofensivas suicidas para ocultar a los alemanes su debilidad, en el oriental se abrió una puerta que a la larga sería letal. El movimiento bolchevique tenía en Lenin uno de sus pilares fundamentales pero Lenin peregrinaba de país en país a la espera de una oportunidad de entrar en Rusia y arrebatar el poder al Zar. La propaganda bolchevique había encontrado entre tanto descontento a eficientes correos que abogaban por el cese del conflicto como paso previo para la Revolución y militantes bolcheviques como Alexander Helphand ya se habían dirigido en 1915 al gobierno alemán en términos de igualdad de objetivos, la salida de Rusia de la guerra. El Kaiser decidió dar un golpe de mano y desde Zurich y a través de territorio alemán para evitar que las fuerzas de la Entente lo pudieran detener, Lenin fue escoltado hasta territorio ruso en la primavera de 1917, llegando a Petrogrado el 16 de abril. El objetivo del Kaiser y de buena parte de su gobierno se había logrado y la máquina revolucionaria se pondría en marcha.

El emperador Carlos de Austria, que había sustituido a su tío Francisco José tras su muerte, se dirigió al Kaiser en términos de preocupación por lo que podría pasar en otras monarquías europeas si la revolución bolchevique tenía éxito. El Kaiser no parece que se inmutara pensando seguramente que tal circunstancia no era posible en su tradicional Alemania. Todo quedó en una anécdota. Sin embargo, el propio Lenin dijo nada más llegar al futuro Leningrado que “No está lejos la hora en que, ante el llamamiento de Karl Liebbknecht, el pueblo alemán vuelva sus armas contra los explotadores capitalistas”.

Lo cierto es que la Revolución bolchevique tuvo éxito y Rusia se retiró de la guerra dejando a los aliados occidentales en una situación preocupante. Lo cierto es que los últimos coletazos de la guerra y durante las conversaciones de París, una docena de ciudades alemanas incluidas Berlín, presentaban levantamientos bolcheviques, Viena sufrió una “revolución roja” y Bela Kun estableció un gobierno comunista en Hungría durante nueve meses con el terror como elemento fundamental de su política.

A esta incapacidad manifiesta de prever el futuro no fue ajena el propio Lenin. La salida de Rusia del teatro de la guerra no iba a ser un mero formalismo y los alemanes exigieron conquistas territoriales y control de hecho de muchos territorios. La negativa de las autoridades bolcheviques paró la retirada de tropas y los alemanes empezaron a conquistar territorios que antes nunca habían podido soñar. El ejército bolchevique apenas podía hacer frente a nada y la firma de la paz de Brest-Litov fue claramente negativas para los intereses comunistas. Aunque la Gran Guerra terminó formalmente el 11 de noviembre a las 11 de la mañana, hora de París, en el este europeo continuó. El pacifismo de los bolcheviques era una excusa para tomar el poder. La mentira es revolucionaria 

El nacionalismo alemán, que dio sus primeros coletazos en la era napoleónica, alentado y promovido por Prusia, con Bismarck como eficiente arquitecto, ayudó a la creación de Alemania y del militarismo alemán y fue padre del nazismo y padrino de la revolución bolchevique. La incapacidad de ver las consecuencias de sus actos a medio y largo plazo y sólo manejar los beneficios instantáneos es una máxima del político iluminado. Ni Bismarck ni Guillermo II ni Lenin ni muchos que luego los sustituyeron estuvieron a la altura.

A pesar de tan sangriento ejemplo, seguimos viendo como desde el Estado se establecen grandes planes. Por lo general, estamos hablando de predicciones económicas como la inflación o el gasto presupuestario, otras veces de políticas sociales más o menos intervencionistas, rara vez planes quinquenales como los de los chinos y afortunadamente en muy pocos casos, guerras y agresiones violentas como la que llevó a Irak a la invasión del pequeño estado de Kuwait. Si como regla general vemos que son idealistas, verdaderos videntes con sueños de grandeza, quitémosles su principal herramienta para que sus sueños, sus ensoñaciones y disparates dañen al menor número de personas. Hagamos más pequeño el Estado, que la gente coja las riendas de sus vidas otra vez. Que sus torpezas no nos afecten, al menos demasiado.