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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

ZP no es el garante del mercado, sino el problema

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

ZP se cree el Dios de la moral y de la producción, pero como a todo potencial Dios terrenal siempre le ha faltado el artefacto represor que hiciese posible llevar a cabo su obra divina. Efectivamente, la maquinaria represora del Estado ha convertido a ZP en el redentor mesiánico que siempre ha ansiado.

Sin duda alguna, al auténtico Dios no le harían falta leyes, impuestos, ni crear deuda pública o manipular la oferta monetaria a su antojo para conseguir su fin porque Él sería capaz de hacer lo imposible: convertir los recursos escasos en ilimitados. Eso sería fantástico porque la economía ya no tendría sentido y todos disfrutaríamos de todo tipo de lujos sin hacer nada: comida, vivienda, automóviles, escuelas… Todo nos lo ofrecería la naturaleza. El problema es que ningún ser humano puede cambiar esta situación, y si lo intenta mediante el uso de la fuerza, tomando el poder del Estado, veremos las típicas señales de cualquier dictadura de la producción: pérdida de nuestro poder adquisitivo, de libertad y el asesinato del individualismo. En otras palabras, cuando un gobernante cree que él, como Dios terrenal, y sus ángeles (ministros) son los garantes del bienestar económico entonces nos convertiremos en los esclavos de los dirigentes políticos.

El Estado siempre es una molestia para la economía privada y desarrollo. Lo mejor que puede hacer es no meterse en los asuntos de los demás, porque cuando lo hace no es para nuestro bien, sino para su bien a nuestra costa. De hecho, ¿cuántos euros ha visto usted de los 130 mil millones (sin contar déficit ni deuda) que despilfarra el estado?

La rebaja, ni siquiera eliminación, de impuestos que ha prometido ZP puede parecer una contradicción a lo apuntado, pero no es más que otra promesa que carece de valor real. La única buena noticia, en lo que se refiere al impuesto de sociedades, sólo puede ser una: eliminarlo inmediatamente. Porque si el impuesto es perjudicial para la economía de aquí cinco años también lo es ahora, mantenerlo sólo obedece a motivos recaudatorios, electoralistas y partidistas.

Usted tal vez crea que eliminar la gran mayoría de los impuestos sea imposible, pero no es menos imposible que eliminar los accidentes automovilísticos, la violencia en las calles o el consumo de drogas. La única diferencia es que eliminar los impuestos sólo nos enriquecerá a todos, mientras que permitir que el Estado tome la responsabilidad de suprimir los males que “provoca” el perverso hombre–blanco–judeocristiano estimulará que los políticos nos roben más dinero, libertad con leyes y castigos y anulen nuestra voluntad individual. Además, aquellos males de los que el dictador moral nos responsabiliza seguirán existiendo habiendo nosotros traspasado nuestro dinero y libertad al estado para nada.

El único garante del (libre) mercado y solidaridad es el hombre libre, no el Estado ni burócratas que se enriquecen a nuestra costa ¡Hay algo más antisolidario que la usurpación violenta de su dinero! Un catalán no necesita a un político para comerciar con un aragonés o un madrileño, el interés personal de cada uno de ellos creará esa solidaridad interterritorial que ZP quiere para él. Cuando el político crispa el ambiente, la solidaridad y comercio desaparecen. Que se lo cuenten a Freixenet.

¿De verdad cree que un grupo de funcionarios como ZP o Montilla saben gestionar su vida y economía mejor que usted? Si los políticos le dejan sin dinero no serán ellos quienes lo paguen, sino usted.

Vuelve el mystere

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Los adolescentes intelectuales que frecuentan el actual Consejo de Ministros, le tiran más, en cambio, al helicóptero, en cumplimiento de las normas de "buen gobierno del gobierno" (ZP y la sintaxis viven una relación especial de rechazo mutuo), dictadas por el gabinete surgido del 11-M, que exigen una total austeridad en el ejercicio del poder.

En consecuencia, actualmente los aparatos de vuelo sólo se utilizan para tareas de alto riesgo, como llevar una ampolla de urbasón a la ministra Trujillo cuando le pica una abeja fascista, trasladar a la Ministra de Fomento a Estepona para impartir un curso de verano y de paso darse un garbeo por la feria, o depositar gracilmente al ministro Bono en el césped del Bernabeu, que era una ilusión que tenía desde pequeño y tampoco es cuestión de que se le reviente la hiel por una tontería.

Pero a Rodríguez, este festival heliotransportado le ha debido parecer una frivolidad, así que ha vuelto a la ortodoxia socialista en materia de vuelo, recurriendo de nuevo al tradicional mystere. ¿Que el Presidente de la Comisión Europea no tiene una buena combinación para pasarse por La Moncloa camino de Bruselas? No hay problema. Se le envía un avión del ejército ("un mystere mim-mo", que decía aquél), pues los asuntos de estado, y la OPA catalana lo es en grado sumo, no admiten demora. Además, un presidente ha de distinguirse en algo de la tropa ministerial, y el mystere, las cosas como son, viste un huevo.

Creo que la única ministra que no ha disfrutado aún de los placeres del vuelo en helicóptero es la de Cultura. A ver si celebra pronto su bautizo del aire y nos regala otra frase memorable, tal vez sobre la inepcia de los gobiernos de aznar en materia de aeronaves, que con el calor que hace en las cabinas vinieron a comprar los aparatos con el ventilador por fuera.

Un estatuto liberticida

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Nos recordaba el profesor Jesús Huerta de Soto, hace unos días, que la librecambista Castilla se vio obligada a aceptar las medidas proteccionistas aprobadas merced a la presión de la burguesía catalana, que no quería competir con los de fuera. La historia parece repetirse con el estatuto aprobado en el parlamento catalán. Tanto lo del proteccionismo como lo de, por sorprendente que parezca, emplear Madrid para imponerlo a toda España.

El intervencionismo del estatuto se puede mostrar sin más que citar algunos fragmentos en los que se llega al extremo de decir que “corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de tiempo libre” (134.4), reconoce el “derecho a gozar de los recursos naturales y del paisaje en condiciones de igualdad” (27) mientras, al mismo tiempo, “los poderes públicos deben facilitar el acceso a la vivienda” (47), ardua tarea si alguien quiere disfrutar del paisaje que tenía antes de la construcción de más viviendas. Entre muchos otros ejemplos. Es difícil encontrar un artículo que no sea liberticida.

Sin embargo, como de todos es sabido, el exceso de presencia del estado provoca una clara y evidente pérdida de competitividad. La solución consiste en garantizarse que el resto de España tendrá que padecer una presencia similar. Por eso, el artículo 182 del estatuto otorga a la Generalidad la potestad de designar representantes en todos los organismos reguladores de algo cuyas decisiones pueda afectar al peinado de cualquier catalán del reino, es decir, todos. Banco de España, Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (claro), Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, etcétera.

La jugada es, por tanto, la misma que antaño. Se utiliza ese malvado centralismo que tanto critican para evitar que el resto de España pueda optar por reducir los impuestos o liberalizar mercados mientras se emplean las nuevas competencias para reducir aún más los pocos resquicios de libertad que hay en Cataluña. La única ventaja es que, en un mundo cada vez más globalizado, resulta más difícil que nunca esconderse debajo de un ala tan pequeña como es España y seguir prosperando. Francia también lo está intentando, cobijándose bajo una Unión Europea que quiere convertir en una réplica de su fracasado modelo político, intentando así alargar su agonía. Es una prioridad para mantener nuestra prosperidad que fracasen ambos en su intento.

Aprovechando que este estatuto está provocando tanta tensión sobre la constitución, el PP haría bien en plantear una reforma distinta: la eliminación de estatutos en todas las comunidades y su sustitución por un sistema en que las competencias fueran cedidas a todas las comunidades, sin excepción, recogiendo el gobierno central sus impuestos y las regiones los suyos. Lo malo no es que el régimen foral permita al gobierno vasco reducir su impuesto de sociedades para atraer inversiones espantadas por el terrorismo y la coacción institucional, sino que La Rioja no pueda hacer lo mismo, favoreciéndonos a todos de esa competencia entre gobiernos.

Pero eso jamás lo querrán los nacionalsocialistas que gobiernan en lugares como Cataluña o el País Vasco, pues lo que desean es tener más poder que sus vecinos e intentar imponerles sus opciones políticas y económicas. Porque, mal que le pese a don Jesús, eso del nacionalismo liberal no se lleva.

La naturaleza del hombre y del Estado

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en La naturaleza del hombre y del Estado

Algunos liberales minarquistas blanden la naturaleza del hombre como razón apodíctica contra la viabilidad de una sociedad sin Estado. Arguyen que el anarco-capitalismo a lo sumo sólo sería factible si todos los hombres fueran “buenos” o “pacíficos” por naturaleza, pero puesto que no lo son el Estado es necesario para controlarlos y contener así sus querencias agresivas. Los anarquistas de mercado son de este modo acusados de obviar la importancia de la naturaleza humana o furtivamente equiparados con los comunistas que ansían forjar un hombre nuevo que sea compatible con su particular idea del paraíso en la tierra.

Lo cierto es, no obstante, que los anarco-capitalistas no pasan por alto la naturaleza humana ni apuestan en absoluto por reformarla. Tales críticas, que atacan un mero hombre de paja, provienen de un conocimiento superficial de las tesis sostenidas por aquellos unido, en ocasiones, al afán por desacreditar una postura que se rechaza sin ulterior análisis, casi instintivamente, como si la cuestión fuera auto-evidente.

Como dijera Hayek en relación con el liberalismo clásico, se trata de “un sistema social que no depende para su funcionamiento de que encontremos hombres buenos que lo dirijan, o de que todos los hombres devengan más buenos de lo que son ahora, sino que toma al hombre en su variedad y complejidad dada”. El anarco-capitalismo, como el minarquismo en los ámbitos en los que demanda la no-intervención del Estado, no se adhiere a ninguna concepción específica de la naturaleza del hombre, sino que la asume como algo dado, sea cual sea ésta. Proclama que la libertad plena, una sociedad de relaciones voluntarias-contractuales, la ausencia de agresión institucionalizada, es deseable sea la naturaleza humana vil, benigna o cualquier combinación de ambas.

El motivo por el cual los detractores tildan de ingenua esta postura es porque de algún modo presumen que una sociedad sin Estado es una sociedad indefensa frente a las tendencias criminosas de numerosos individuos. Pero el anarco-capitalismo propugna una sociedad sin Estado, no una sociedad sin ley y orden. No propone que la ley, los tribunales, los jueces, la policía, las prisiones, el ejército… desaparezcan, sino que sean privatizados, que los servicios de justicia y gendarmería sean comprados y vendidos libremente en el mercado, de modo que cada cual pague por aquello que quiere y la protección de las personas y sus propiedades deje de responder a intereses políticos y pase a ajustarse a los deseos de los consumidores. El por qué el hecho de que haya gente con inclinaciones agresivas exige que haya una sola “agencia de protección” con jurisdicción sobre un territorio en lugar de múltiples agencias compitiendo entre ellas en ese mismo territorio es algo que los críticos deberían explicar, porque en absoluto resulta auto-evidente.

Los delincuentes son (ineficientemente) reprimidos por el Estado pero, ¿ quién reprime al Estado, el más sistemático de los agresores? Lo que erróneamente achacan al anarco-capitalismo es, pues, lo que sucede con el Estado: nadie aplaca sus tendencias agresivas. En un escenario anarco-capitalista, sin embargo, las empresas de protección/justicia no sólo perseguirían a los (auténticos) delincuentes de forma más eficiente, sino que además se chequearían mutuamente. Si una agencia ofreciera un mal servicio o se volviera despótica de la noche a la mañana los clientes acudirían a la competencia y aquélla se quedaría sin fondos. Pero no podemos cambiar de “proveedor” si el Estado sube los impuestos o dispensa un mal servicio.

El argumento de la naturaleza humana puede parcialmente extrapolarse a otro nivel: si el Estado es necesario porque hay elementos sociales agresivos, ¿es necesario un gobierno mundial por el hecho de que hay Estados nacionales abiertamente tiránicos? Hoy al menos los Estados se “chequean entre ellos” en cierta medida (la gente aún puede elegir con los pies emigrando) ¿Pero quién chequearía al gobierno mundial? Y si es mejor tener muchos Estados que uno solo, ¿por qué no es mejor que haya múltiples agencias de protección en un territorio en lugar de una?

Por otro lado, el Estado lo conforman hombres, ¿por qué iban a ser los gobernantes menos malvados que los gobernados? ¿Por qué el supuesto de que el hombre es malvado por naturaleza es una razón para centralizar el poder en lugar de dispersarlo? Los individuos no pueden escapar al Estado, pero sí pueden escapar a la empresa de seguridad que se torna agresiva acudiendo a la competencia. La idea, no obstante, de que una empresa de seguridad se vuelva agresiva se les antoja a algunos demasiado insoportable, y en respuesta abogan por una institución que ya es agresiva per se, el Estado. La naturaleza humana, dicen, llevaría a que varios grupos (individuos, mafias, agencias…) agredieran a los individuos pacíficos, así que para protegernos de estos grupos debemos apelar a un “grupo” que ya agrede a los individuos pacíficos sistemáticamente. Extraña lógica.

El Estado, como canal socialmente legitimado para ejercer la coerción, sirve, además, de parapeto a aquellos que por naturaleza buscan imponer sus valores a toda la sociedad. No es casualidad tampoco que tiendan a ser los individuos más innobles los que alcanzan posiciones de autoridad. La política atrae a los ávidos de poder y la competencia electoral, contrariamente a la del mercado, premia a los demagogos y a los que seducen con engaños a la ciudadanía. En un escenario anarco-capitalista nadie podría ampararse en el Estado para camuflar sus inclinaciones dominadoras, de modo que se desincentivaría la agresión sistematizada. Nadie agrediría a terceros y osaría decir que lo ha hecho por el bien común o para proteger de otras agresiones a las víctimas.

Como señala el anarco-capitalista David Friedman, “una utopía que sólo fuera viable en una sociedad de santos es una visión peligrosa; no hay suficientes santos”. En este sentido el anarco-capitalismo no requiere más santos que el Estado mínimo, acaso menos. Sea cual sea la naturaleza del hombre, ésta no constituye una objeción a un sistema de ley policéntrica. Un libre mercado de servicio de protección, y no un monopolio de la fuerza agresivo en sí mismo, debe ser la respuesta a las querencias violentas de un segmento de la población.

Independencia, ¿para o contra el individuo?

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

Hace casi dos siglos y medio, los representantes de trece colonias británicas decidieron arriesgar sus “vidas, fortunas y sagrado honor” para conseguir la secesión del Imperio.

Llama hoy la atención releer sus escritos sobre el asunto; no reclamaban para sí los poderes detentados por los ministros de Su Graciosa Majestad. Su disidencia iba más allá; sostenían que esos ministros estaban usando poderes que ningún mortal debería poseer. Es más, sostenían, correctamente, que estas extralimitaciones atentaban contra la legislación británica. Cantaban “no hay rebeldes aquí sino traidores en casa”.

Desde sus orígenes, y siempre al amparo de la legislación británica, en las colonias se habían establecido asambleas locales con una activa participación local. Esto había permitido una sana competencia fiscal entre las regiones y un igualmente sano respeto mutuo entre las diversas comunidades religiosas. Así, cada inmigrante que llegaba a Norteamérica se encontraba con una multitud de pequeños poblados con diferentes credos y diferentes sistemas fiscales entre los que elegir.

Los intentos británicos por cambiar esta situación y establecer unos tributos sobre los que los americanos no tenían derecho a opinar fueron recibidos con profundo desagrado. No en vano, buena parte de los emigrados habían abandonado la metrópoli precisamente para alejarse de la tutela odiosa del Estado. La causa independentista era tan clamorosa que incluso iglesias tan comprometidamente pacifistas como los mormones y los cuáqueros, se unieron a las filas del Tío Sam.

Cuando finalmente lograron la secesión, las trece colonias se constituyeron en Estados y estos, a su vez, se unieron en torno a los llamados Artículos de la Confederación, que pronto fueron sustituidos por una Constitución.

Pero ésta tuvo notables detractores que no cesaron hasta conseguir que se incluyeran diez enmiendas, la célebre Carta de Derechos, para proteger los derechos individuales. Resulta especialmente llamativa la última, “los derechos no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por esta a los Estados, quedan reservados para los Estados, respectivamente, o para las personas.”

Si bien es evidente que esta enmienda no se ha seguido a rajatabla, ciertamente evidencia una tendencia a respetar la autonomía de cada individuo frente a los poderes públicos. Es más, Thomas Jefferson, el tercer hombre en ocupar la presidencia tras adoptarse la Constitución, se fijó como objetivo presidencial reducir el peso del sector público; eso en una época en que la presión fiscal y las regulaciones eran casi anárquicas comparadas con las actuales. No es de extrañar que haga doscientos años que los Estados Unidos son la Tierra Prometida por excelencia de todos aquellos que anhelan emigrar a una nación con más oportunidades. No es de extrañar que la suya, en consecuencia, haya sido, en palabras de Reagan, “una historia de esperanzas cumplidas y sueños convertidos en realidad”.

Pero de ahí no se desprende, lamentablemente, que todos los procesos independentistas hayan dado frutos tan benignos como el Sueño Americano. Prueba de ello fue el decepcionante proceso de descolonización que se llevó a cabo durante la Guerra Fría. Educados en las bienpensantes universidades occidentales, algunos funcionarios de otros continentes se encontraron, de pronto, al mando de países recién independizados. No dudaron en aplicar las consabidas políticas de ingeniería social. El Estado tenía que gestionar la minería, la agricultura, los transportes, la industria, la cultura… Se empeñaron en gravar la creación de riqueza, cuando no de impedirla abiertamente, al tiempo que subvencionaban la pobreza. En pocas décadas, lo único que le quedaba por gestionar era la pobreza más desesperante.

Hoy en día, sigue habiendo procesos independentistas. Y algunos, en vez de aprovechar la oportunidad para aliviar el peso burocrático que quiebra la espalda de los ciudadanos, dejan llevarse por la fatal arrogancia de la que hablaba Hayek y pretenden diseñar en vano civilizaciones a su imagen y semejanza.

La aparición del derecho penal

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

La justicia es “dar a cada uno lo suyo”, según la clásica sentencia. En la Edad Media el Derecho estaba concebido sobre la idea de restitución. Cuando se cometía un robo, por ejemplo, el acto que coincidía con el ideal de justicia era la restitución de lo robado por el criminal a la víctima.

La restitución tiene varias virtudes. La principal es que reinstaura el orden natural de las cosas. La víctima no debió nunca sentirse desposeída de su propiedad. O jamás debió ser agredida. La restitución devuelve lo robado o estafado a quien no debió verse privado de ello, o en los delitos contra la persona le otorga alguna compensación lo más adecuada posible allí donde, por la naturaleza del acto, no cabe deshacer el daño.

La segunda virtud se refiere al criminal. Cuando comete el acto contra la propiedad o la persona, se convierte en un ser antisocial, porque atenta contra las normas básicas del funcionamiento de una sociedad justa y en armonía. Si se le fuerza a restaurar el daño inflingido, por un lado queda en paz con la víctima. Y por otro demuestra con los hechos que es capaz de mantener una convivencia productiva, lo que favorece la reinserción del delincuente en la sociedad. La sociedad está basada en la producción y la oferta de bienes, que intercambiados por los generados por otras personas, familias y empresas, ayuda a construir la compleja trama de relaciones que llamamos sociedad. El ladrón no aporta nada, e incluso destruye. Cuando se ve forzado a restituir a la víctima, ha de integrarse de nuevo en el entramado productivo, lo que le inserta en el camino de la participación social.

El final de la Edad Media está ligado al creciente protagonismo de los poderes reales, germen del Estado Moderno. Uno de los mojones de la creación del poder central es la destrucción de la restitución y la creación del derecho penal.

El cambio consistió en negarle a la víctima el derecho a la restitución, para quedárselo el Rey. De este modo no se restaura el orden natural, la víctima sigue siéndolo porque no ha recibido lo que le correspondería en justicia, y se impide la recuperación de la relación pacífica entre la víctima y el criminal. El Rey llegaba incluso a negar a la víctima la calidad de tal, ya que se pasaron a definir ciertos actos antisociales como “crímenes contra el Estado”, cuando el sujeto de los comportamientos injustos no es el mítico Estado, sino personas de carne y hueso. Este proceso cambió el cariz de las penas. Ya no consisten en devolver el derecho dañado a la víctima, sino en perseguir a quien ha actuado “contra el Estado”. Puesto que la pena deja de estar fijada de forma objetiva por el daño causado, y dado que ahora depende de las normas que emanan del propio Estado, éstas serán tan duras como el nuevo beneficiario desee. Su voracidad y su voluntad de condicionar el comportamiento de los súbditos no tiene más límites que la propia conveniencia del Estado. En consecuencia, las penas se hacen más duras.

La situación llegó a ser tal que, en el caso de Inglaterra “el Derecho real estableció normas coactivas, declarando criminal a la víctima que obtuviese restitución antes de llevar al delincuente ante la jurisdicción del Rey, para que así el monarca pudiera tener su parte”[1]. La aparición del derecho penal ha favorecido, además, que se creen delitos sin víctima, lo que en el derecho privado basado en la restitución es sencillamente inconcebible. Una sociedad libre habría de acabar con el derecho penal.


[1] Bruce L. Benson, “Justicia sin Estado”. Unión Editorial, Madrid, 2000.

Presupuesto social(ista)

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

La Consejera de Hacienda, por ejemplo, que no es precisamente la delegada provincial de Bandera Roja, anunciaba esta semana la feliz noticia de que el presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año próximo va a crecer un trece por ciento. Bien, traduzcamos: En 2006, la tajada que el gobierno autonómico va a expropiar de la riqueza total producida por los murcianos, va a ser un 13% más abultada que la incautada en el presente ejercicio.

Sólo un socialista es capaz de seguir pensando, a pesar de la abrumadora evidencia histórica en contra, que la elite burocrática conoce las necesidades de los contribuyentes mejor que ellos mismos. Es la fatal arrogancia de que hablaba Hayek, cuyo legado intelectual los políticos de la derecha ignoran perfectamente (así les va; así nos va),

El insulto definitivo ocurre cuando nuestros políticos detallan con entusiasmo la cantidad de cosas maravillosas que van a hacer con nuestra riqueza, sin que ninguno repare en las inversiones a que la iniciativa privada se ve obligada a renunciar en contrapartida. Los gobernantes toman dinero de A para entregarlo a B, pero en sus explicaciones sólo detallan los beneficios que a B le reportarán esos ingresos inesperados. Ninguno hará mención a las consecuencias que A habrá de soportar por el expolio de que es objeto.

Unos impuestos moderados son indispensables para que el Gobierno cumpla las funciones básicas que le son propias, sin que la economía y el bienestar ciudadano se vean amenazados. Sin embargo, cuando la fiscalidad crece para financiar estupideces prescindibles como los cientos de órganos consagrados a los distintos lobbys marxistoides (chúpate esa Pitilingrado) o para regar de subvenciones a los miles de asociaciones que hacen de la lactancia presupuestaria un modo de vida, la disuasión que se ejerce sobre la sociedad productiva puede llegar a ser letal.

Por otra parte, entre el vergonzante progresismo pepero y el socialismo fetén, igual los votantes acaban un día prefiriendo el original ¿Lo entenderá mejor así la alegre muchachada socialista de Valcárcel?

El gobierno contra la gente

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

En mi artículo de la semana pasada comenté las consecuencias que podía tener la sumisión del gobierno ante los grupos de presión, concretamente, de los transportistas: “El problema es que si funciona a uno [el uso de la violencia para el propio bienestar], ¿qué impide que el resto de sectores que están agrupados en diferentes asociaciones no hagan lo mismo? Nada.” Después hemos sufrido las violentas huelgas de los pescadores y el gobierno se ha arrodillado ante ellos. Esta semana parece que serán los agricultores quienes se apunten a la movida pidiendo lo mismo que los otros dos sectores.

Los medios de estos grupos de presión para exigir su bienestar han sido, entre otros: violentas huelgas, la quema de camiones con gente dentro, han apuñalado a una persona, han bloqueado el transporte marítimo, han saqueado tiendas de ultramarinos… Aún hay mucha gente que cree que el gobierno está para protegernos, pero curiosamente, ha sido el gobierno quien ha incentivado todo este caos. Su musa ha sido la de siempre: el estado del bienestar, el igualitarismo y el socialismo, en resumen, la barbarie. Estos grupos de presión han estado a punto de asesinar a gente inocente y no les pasará nada. ¿Cuál será el próximo paso?, ¿el secuestro, el asesinato? Otros grupos han empezado a aplicar el experimento en España ya.

Si lo analizamos bien, veremos que la fuente del problema son los mandatos de los burócratas y políticos que regalan derechos, subvenciones… y se creen libres para esclavizar a todos los españoles con más impuestos y tributos para mantener su particular visión socialista. Como dijo en una ocasión Thomas Sowell, la política es el arte de conseguir que tus intereses egoístas parezcan “intereses nacionales” (en Europa gusta más decir “bien común”). Si los políticos suben impuestos por el bien común (más dinero para ellos) sólo conseguiremos menos dinero para nosotros y nuestras familias. Si el político crea más subvenciones en nombre del bien común (más votos para ellos y más dinero para sus amigos) sólo conseguiremos tener una economía ineficiente, atrasada e incapaz de competir con un mundo cada vez más globalizado. ¿Y las consecuencias sociales? Violencia legalizada por el estado contra el ciudadano.

No hay ningún interés por parte del gobierno en nuestro bienestar, sino en el suyo. Sus acciones les delatan. La solución, pero, no es prohibir nada ni regular más. No hemos de regalar derechos a nadie porque todos tenemos los mismos derechos; si los transportistas, pescadores, agricultores y los que puedan venir tienen el beneplácito de pagar menos ¿por qué nosotros no? ¿Es que somos menos humamos que ellos? ¿Es que acaso hemos de abandonar nuestra inocencia y empezar a quemar la propiedad privada de otros, cortar carreteras y agredir a gente para que nos hagan caso? ¡Cómo podemos dar a otros derechos que nosotros mismos no nos atrevemos a aplicar o pensar siquiera!

Si el gobierno se aparta del mundo económico por completo nadie podrá reclamarle nada y todos viviremos conforme a nuestra propia responsabilidad, esfuerzo y actos. El gran beneficiado será el consumidor y la gente sin necesidad de recurrir a la violencia como forma de vida. Nadie tiene más derechos que cada uno de nosotros, y el gobierno no tiene derecho alguno para satisfacer su egoísmo recurriendo a la falsa llamada del bien común. Los políticos pueden hacer todos los experimentos que quieran, pero sólo hay una solución, acabar con el estado del bienestar que engendra violencia y pobreza. El problema es que si dejamos a los políticos hacer más experimentos del bienestar, en una de estas ya no podamos levantar la cabeza nunca más. Apliquémoslo ya, acabemos con la tiranía del estado del bienestar y sustituyámoslo por el libre mercado y el laissez-faire.

Las amenazas al gobierno funcionan

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El sector de los transportistas ha conseguido la mayoría de sus exigencias a costa de amenazas, paros y violencia. La conclusión que hemos de sacar es clara: organízate, quéjate por todo, chantajea al gobierno y usa la violencia de los piquetes contra los que no están de tu parte para conseguir tus fines. Es muy duro que una sociedad se tenga que fundamentar en estos valores. El problema es que si funciona a uno, ¿qué impide que el resto de sectores que están agrupados en diferentes asociaciones no hagan lo mismo? Nada. El poder omnipotente, partidista y despótico del gobierno genera siempre el caos y la miseria colectiva.

La pregunta que nos hemos de hacer, como actos económicos individuales, es: ¿qué gano con este tipo de sociedad planificada y partidista? Nada tampoco. Fíjese que en la sociedad actual basada en la barbarie socialista sólo ganan los que se organizan en grupos que usan los métodos antes mencionados a expensas de los que no están organizados. Usted como consumidor pierde porque el estado le roba sin recibir nada a cambio, y usted como asalariado, empresario de otro sector… también pierde. Al final somos la mayoría de la sociedad que tras ir perdiendo poder adquisitivo continuo mediante los impuestos e inflación que genera el estado (inflación crediticia aumentando la oferta monetaria) alimentamos a una minoría gritona e histérica que cree que cualquier medio justifica su fin. Les es más fácil amenazar a la sociedad y al estado que recurrir al pacífico libre mercado.

El remedio a esta situación de caos y barbarie es muy simple: más libertad económica, o lo que es lo mismo, más Capitalismo. El gobierno no ha de entrometerse en los asuntos privados de las personas ni en sus negocios, y no sólo porque hace ganar a unos a expensas de los otros, sino porque el estado no es nadie para gestionar nuestros ingresos, ahorros e inversiones como le plazca.

En un estado de laissez-faire absoluto estas cosas no pasan. En una sociedad que convive bajo el pacífico paraguas del laissez-faire cada uno es responsable de sus acciones, ya sean buenas, malas o fortuitas. No se castiga, como sucede actualmente, al menos indefenso para dárselo al quejica y al violento. Y es esta garantía también la que hace que las cosas funcionen y nosotros, como actores económicos en conjunto, ganemos más.

En una sociedad libre (laissez-faire) cuando un sector empieza a morir o se debilita sus recursos se reubican en otros escenarios de la producción donde son más necesarios, es decir, se destinan los factores productivos (trabajo, capital…) a las cosas que el consumidor desea. No se mantienen sectores muertos o sobre explotados. Este flujo continuo es lo que permite además la innovación y creación de riqueza. Los impuestos, leyes que pretenden regularlo todo y grupos de presión dinamitan esta armonía creando el caos económico y social.

Evidentemente, las quejas de los transportistas son lógicas, y es que el auténtico culpable de la situación es el gobierno económicamente asfixiante que no piensa en más que recaudar. Pero la solución no es hacer leyes especiales a un sector porque pueda quejarse más, sino eliminar la injusticia que genera el estado, y esto sólo puede ser reducir drásticamente las leyes, impuestos y el propio estado.

La ilusión del Dios burocrático

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

El Estado no está gobernado por ángeles sino por hombres espoleados por los mismos incentivos que el resto de los mortales. A las supuestas insuficiencias del mercado no cabe oponer, pues, un modelo idealizado de Estado que sólo responde a nuestros deseos y nada tiene que ver con la realidad. Es preciso atender a la estructura de incentivos que actúa sobre legisladores, burócratas y votantes para saber cómo procede el Estado en el mundo real y por qué carece de sentido pensar que pueda hacerlo de otro modo.

A menudo se habla de “bienes públicos” para referirse a uno de los presuntos fallos del mercado. Un bien público sería aquél que por el hecho de generar externalidades positivas (tener efectos beneficiosos sobre terceros sin que éstos paguen un precio) tiende a subproducirse en el mercado y debe ser proveído por el Estado en la cantidad “óptima”. Más allá de las inconsistencias de este concepto, advertimos que la gestión estatal sería un caso paradigmático de bien público: las leyes que salvaguardan el orden de mercado y generan grandes externalidades positivas a la población en general son subproducidas frente aquéllas que favorecen a los grupos de interés y perjudican al resto de la sociedad, porque en el primer caso tiene lugar un efecto “free-riding” (“ya se implicarán los demás”) mientras que en el segundo los “lobbys” presionan activamente porque retienen para sí los frutos de esas medidas.

Siguiendo a la escuela de la Elección Pública, el ciudadano se abstiene de informarse y participar en el proceso político pugnando por medidas que benefician a todos porque éstas no le afectan de un modo particular y su capacidad de influir en la gestión estatal es muy pequeña. Cuando compramos un televisor nuestra elección es decisiva: si no nos pronunciamos no tenemos televisor y si no nos informamos podemos comprar uno que no nos satisfaga. Pero en el contexto de la gestión pública la repercusión de un voto bien informado es casi nula, motivo por el cual muchos individuos ni se informan ni votan. Por otro lado, tampoco se votan políticas concretas, sino políticas en bloque de los distintos partidos. Los grupos de presión, en cambio, sí tienen capacidad de influir en la gestión pública, y las medidas que demandan no favorecen a todos sino a ellos exclusivamente, a expensas de los demás. De este modo el Estado sirve sistemáticamente a los grupos de presión en detrimento del resto de la ciudadanía.

Otro rasgo característico del Estado democrático es su visión cortoplacista. Las generaciones futuras no votan y en todo caso las funestas consecuencias (y quizás también las culpas) de las políticas intervencionistas, que a veces a corto plazo parecen positivas, recaerán sobre los gobiernos venideros.

Los burócratas tampoco tienen incentivos para economizar, antes al contrario. Una reducción del presupuesto público beneficia a la sociedad, pero no a los funcionarios, que se ven privados de poder, protagonismo social, posibilidades de escalar administrativamente, remuneraciones… El sentido de la responsabilidad se diluye en un contexto en el que los burócratas no registran pérdidas cuando yerran en su gestión ni obtienen recompensa cuando aciertan. De hecho en numerosos ámbitos acertar significa devenir prescindible. Si resolver un problema conlleva un recorte de presupuesto o la cesación de un cargo o de un departamento, la tendencia será más bien no resolverlo o incluso crear de nuevos. La existencia de problemas es la coartada de los burócratas, luego tienen incentivos para generarlos subrepticiamente.

Un Estado que promueva el interés de toda la sociedad y no el interés de algunos grupos y el suyo propio es un Estado que no se corresponde con la realidad. Que haya quien pretenda comparar el funcionamiento real del proceso de mercado con esta ilusión es un ejemplo más de los artificios a que se recurre para justificar el estatismo.