Ir al contenido principal

Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Los liberales se lo explicamos, Sr. Juncker

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente de la última cumbre de la Unión Europea, dijo esta semana “que aquellos que quieren que Europa sea simplemente una zona de libre comercio deben explicar cómo se puede poner esa idea en funcionamiento”. Ese es uno de los principales problemas de los medios políticos y jerarcas que los dominan: quieren planificarlo todo mediante el mandato y la coacción, incluso la libertad. ¿Existe mayor sinsentido?

El profesor Jörg Guido Hülsmann plasmó en un ensayo, Secession and the production of defense, la absurda idea de imponer la libertad, a la que ha llamado “Ley de la Boétie” (que también verán escrito como Boëtie): si queremos imponer la libertad no seremos más libres, sino que sólo tendremos una ilusión de libertad que siempre nos llevará al totalitarismo de quien la dirige. No hay mejor prueba actual que la reguladísima Unión Europea: en nombre de la libertad nos dicen con quién hemos de negociar, cómo hacerlo, cuánto producir y en qué forma. También nos quieren restringir nuestras libertades individuales: nos prohíben productos o nos restringen su disfrute con impuestos, nos imponen un estilo de vida determinado (estatista), nos desprotegen de la amenaza que ellos representan y de la delincuencia común, etc.

No, Sr. Juncker, la libertad y el libre mercado no se pueden planificar. Pero sí que hay algo que puede hacer. Liberar a Europa de burócratas. Que cada europeo, por fin, sea responsable de sus propios actos. Se lo propongo directamente: ¡desmantele todos los estados europeos ya!

Que sea la acción descentralizada y libre de cada actor económico la que decida dónde, cuándo y cómo invertir, consumir o ahorrar. La producción forzosa como la Política Agraria Común (PAC); las políticas redistributivas; impuestos; imposición de las preferencias temporales mediante políticas fiscales y monetarias; creación de medios fiduciarios por parte del Banco Central Europeo; endeudamiento de los estado; etc. han de acabarse. Elimine toda autoridad estatal lo antes posible sin planificarla.

No se preocupe por nosotros. Si hemos sobrevivido a la carga de los estados omnipotentes europeos, podremos sobrevivir tranquilamente a nuestro propio destino sin depender de nadie, y sin que nadie, dependa de nosotros por la fuerza de la ley y obediencia no voluntaria. Tampoco se preocupe, Sr. Juncker, de “las injusticias” que pueda generar el laissez-faire absoluto. Por más injusticias que haya, no serán peores que los nocivos remedios de sus colegas. Aquí le doy una propuesta reducida de cómo crear una zona de libre comercio:

Elimine la seguridad social. Por fin será lucrativa para los productores y “de calidad” para el consumidor.

 

Elimine la educación pública. Nuestros hijos no se merecen la falsificación de la historia y economía a la que los someten.

Elimine las leyes al mercado financiero. El problema de las “burbujas” no se arregla con leyes dirigistas, sino con dinero privado respaldado con bienes reales.

Amortice toda la deuda estatal. Sus estados se están gastando la producción que no tienen y nunca tendrán.

Elimine el brazo armado del estado. La policía protege a los políticos no a los comerciantes ni a la gente de la calle. Ya se ocupará la valoración subjetiva de cada actor económico qué parte de su dinero destinar a la seguridad. Las empresas estarán encantadas en cubrir ese enorme “nicho” de mercado que ahora monopoliza el gobierno. Guardias privados, vallas, alarmas, seguros, armas, etc. son los que nos protegen de verdad en el día a día.

Privatice todos sus activos reales. El empresario privado no sólo cuidará mejor de los parques nacionales (sino se quedará sin negocio) sino que además lo convertirá en una empresa rentable. Aplíquelo también a las playas, empresas nacionales, calles, museos, transportes públicos, sector energético, de comunicación, etc.

Indemnice a sus víctimas. Con el dinero obtenido de la desnacionalización, amortice la deuda estatal, indemnice a los pensionistas, al sufrido pagador de impuestos, etc.

Y en fin, haga algo útil de verdad y váyase usted y el resto de funcionarios y burócratas a empresas privadas para hacer así, una Europa verdaderamente próspera donde sólo reine el “libre comercio” y la libertad.

Excusas del Gobierno

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace unos días llegó a la redacción un teletipo cuyo titular no necesitaba retoques: "la CMT paraliza una promoción de Imagenio por ofrecer demasiados descuentos y regalos". Es decir, Telefónica estaba haciendo una oferta excesivamente buena para el celo de la agencia reguladora española. Y esto, que hace seis años podría sonar razonable, por aquello de dar una tregua a los nuevos entrantes hasta que se convirtieran en competidores fuertes, ahora parece absurdo y rancio. El mercado, privado, de las telecomunicaciones ha cambiado tanto en tan poco tiempo que, como suele suceder, el organismo regulador público va muy por detrás.

Un redactor de Libertad Digital preguntaba este viernes a Montilla si se iban a lanzar de una vez a la piscina y liberalizar los precios del ADSL. Pero la llamada al ministro comunicaba. Decidió escudarse en la independencia de la CMT para asegurar que no tenía competencias al respecto. Sin embargo, un organismo al que destierran a Barcelona contra la voluntad de su director –que se ve forzado a dimitir– y de todos sus trabajadores, un organismo que ha visto como la renovación de su hermano energético consistía en colocar a la agradecida prole socialista al mando, es un organismo que no puede presumir de ser independiente del ministro. Y menos cuando la ley general de telecomunicaciones incluye una disposición transitoria, aún en vigor, según la cual es una comisión del gobierno y no la CMT quien tiene la potestad de fijar los precios y, por tanto, de dejar de hacerlo. Es más, el artículo 11.4 de dicha ley confiere al ministerio la potestad de actuar cuando lo estime conveniente. Sería deseable disponer de una agencia reguladora independiente del gobierno y de su color, pero ya que no la tenemos, que nadie se escude detrás de su falsa existencia para no hacer nada.

Ambas noticias son dos muestras de lo que está mal en el mercado español de las telecomunicaciones. El paso de un monopolio público a un mercado privado competitivo es un proceso complicado, en el que se avanza más por ensayo y error que por una planificación inteligente que resulta completamente imposible hacer bien. ¿Cómo va a regularse correctamente el mercado de la comunicación inalámbrica cuando a cada paso aparecer novedades tecnológicas como WiMAX, que hacen temblar las bases bajo las que se otorgaron las licencias UMTS? Es más, ¿cómo va a hacerse siquiera una regulación inteligente cuando se sigue considerando el ADSL como un mercado, cuando el mercado real es el de la banda ancha en general? El cambio de gobierno ha llegado en un momento en que hacía falta dar un paso cualitativo: la liberalización del ADSL. Consecuentemente, aún no se ha dado.

Hay que eliminar del mercado a los chupópteros que sólo viven de revender los accesos de Telefónica y permitir que sobrevivan menos empresas, pero que ejercen una competencia más real, como las cableras o, en el ADSL, empresas como Jazztel. Los usuarios de banda ancha y las empresas de verdad serán los más beneficiados.

El presidente Martin van Buren y los euro-burócratas

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

En 1837 Martin van Buren accedió a la presidencia de los Estados Unidos de América. En su discurso inaugural, Van Buren abogó por los principios del laissez-faire y la inacción política. Tan sólo dos meses más tarde, la mayor quiebra bancaria del país –anuncio de lo que sería la mayor recesión jamás padecida antes de 1929–, desafiaría tales intenciones. Ante tal situación, el presidente Van Buren ratificó en su primer mensaje al Congreso su compromiso en la reducción de gastos y la inacción por parte del Ejecutivo. Es más, expresó su confianza, incluso la necesidad, de más capitalismo, más empresarialidad, más competencia e iniciativa privada, y menos ayudas legislativas y regulaciones por ley.

Los grandes intervencionistas de la época lo señalaron y denunciaron, pero lejos de arrugarse, Van Buren no sólo se mantuvo en sus principios sino que llevó a cabo una importante y exitosa desregulación financiera conocida como la Independent Treasury System. Aparte de dicha desregulación, este presidente desbarató los planes de los liberticidas de turno (el joven Lincoln incluido) para usar la depresión como excusa para la expansión del papel del Gobierno en la vida de los americanos. De hecho, el gasto del Gobierno Federal cayó un 21 por ciento en cuatro años, y la deuda permaneció estable. También redujo los aranceles y dejó que los precios de los bienes, servicios y trabajo fluctuaran libremente. Gracias a que no ejerció el poder, el saneamiento económico terminó rápidamente y una gran oportunidad para los liberticidas fue obstaculizada.

Hoy hace una semana que la mayoría de votantes de dos de los países llamados “fundadores” de la Unión Europea bloquearon la “Constitución” hecha por y para los políticos que nos ha tocado padecer. La preocupación sobrevuela a los euro-burócratas y varios de ellos ya se lamentan por no haber seguido el trámite parlamentario. Algunos proponen repetir la consulta hasta que salga un sí hastiado. Y otros, obviar tal consulta y directamente apartar la mirada.

¿Que habría hecho Martin Van Buren si perteneciera a esta clase política europea? Seguramente hubiese batallado contra tanto liberticida. Empezaría por retirar el Proyecto de Constitución y a continuación, iría desmontando el aparato supraestatal europeo. Si bien, antes de empezar ya habría sido encasillado como euroescéptico insolidario, y para ser realistas, probablemente no hubiese llegado nunca al poder.

Pero la cuestión es: ¿debemos esperar a que salga un Martin Van Buren para que nos salve? ¿Nuestra libertad debe depender de políticos que estén a su altura? ¿Uno debería guiarse de noche por la luz de las estrellas fugaces? Evidentemente, no. No, porque Van Buren no acertó por ingenio. Ni por sabiduría. Tampoco acertó por seguir una buena política. Acertó por no ejercer la política. Por negar los fundamentos intervencionistas, y por creer en la libertad.

Ningún político debiera guiar nuestras vidas ni moldear nuestros destinos. Ya sea desde Bruselas, Madrid… o donde quiera que estén. Hasta el más sagaz erraría si decidiese inmiscuirse en asuntos privados. Y es que, como ya nos advirtió el Padre Juan de Mariana en Discurso de las enfermedades de la Compañía:

…es loco el poder y mando… Roma está lejos, el General no conoce las personas, ni los hechos, a lo menos, con todas las circunstancias que tienen, de que pende el acierto. Forzoso es se caiga en yerros muchos, y graves, y por ellos se disguste la gente, y menosprecie gobierno tan ciego… que es gran desatino que el ciego quiera guiar al que ve.

Lástima que los eurócratas no hayan leído al Padre Mariana ni vayan a hacerlo. Nos estaríamos ahorrando muchos proyectos tan desastrosos como el de la Unión Europea.

¿Europeísmo o Unioneuropeísmo?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Tras los gratos fracasos de la Constitución Europea en Francia y Holanda, a los liberales contrarios al engendro intervencionista, se nos ha tildado con demasiada ligereza de antieuropeos. Aunque la Constitución no era plenamente respetuosa con la libertad, nos dicen, debíamos acatarla para favorecer la “construcción” europea. Europa aparece así como un lejano ideal por el que todos tenemos que sacrificarnos. Políticos, intelectuales y periodistas nos piden a los contrarios a la Constitución “fidelidad” hacia el “proyecto” europeo.

En realidad, sin embargo, los estatalistas no nos piden fidelidad a Europa, sino a la Unión Europea. No nos imploran que aceptemos el ideal de la concordia, paz y colaboración entre los europeos, sino que nos sometamos al omnipotente Estado que pretende apoderarse de la idea de Europa.

Pero no deberíamos caer en la trampa de identificar Estado con sociedad. La Unión Europea es sólo conjunto de burocracias superpuestas, a cual más intervencionista, que restringen severamente nuestra libertad a través de unos políticos que se lucran con los frutos de nuestro trabajo. Nadie espere de mí la más remota fidelidad hacia semejante aberración.

Los liberales deberíamos ser cuidadosos en este punto. Soy consciente de que muchos aspiran a que tras esta Constitución podrá redactarse otra de corte auténticamente liberal. No nos engañemos. La libertad no necesita de Estados y, mucho menos, de nuevos Estados.

Pocos errores se me antojan tan grandes como instrumentalizar el Estado para alcanzar mayores cotas de libertad. No se pueden emplear medios socialistas para conseguir la libertad. ¿Alguien realmente espera que una vez constituido el superestado europeo éste se autorrestrinja y convierta en el principal garante de nuestra libertad?

Los europeos no necesitamos otro Estado. Es más, nada hace más daño a la unidad europea que la propia Unión Europea. Tan sólo tenemos que acudir a los titulares de los principales diarios para comprobar que el fracaso de la Constitución Europea se ha identificado como una crisis “de Europa”, y no del Estado europeo. Cuando la estructura política ha tambaleado ha arrastrado consigo a la sociedad.

No sólo eso; los españoles, gracias a los fondos de cohesión, nos hemos convertido en unos aprovechados y explotadores para alemanes, holandeses e ingleses. Los gobiernos de Francia y Alemania han conseguido acrecentar la fobia de los españoles contra sus respectivos ciudadanos. El eje francoalemán es visto hoy como un mecanismo de dominación de nuestro país. Pero lejos de identificar a Chirac y Schröder como únicos culpables de querer regir nuestros destinos, hemos desarrollado un odio generalizado hacia todos los franceses y alemanes.

Fabricando tensiones, confusión y odio no se conseguirá jamás una Europa unida. Los liberales debemos renegar de estas intentonas constructivistas de crear ex novo un nuevo Estado. No hemos de sentirnos antieuropeos, sino antiunioneuropeos o, si se prefiere por ser más acorde con nuestra tradición, antiestatalistas.

Sólo bajo la égida del capitalismo, del libre comercio, de la libertad de movimientos de personas y del patrón oro conseguiremos una Europa verdaderamente unida; cuyos ciudadanos, en lugar de dedicarse a pelear por el reparto del botín saqueado a otros individuos, se beneficiarán de una pacífica y voluntaria cooperación.

Y todo ello nada tiene que ver con crear nuevos Estados sino, más bien, con reducir los ya existentes. No demos carta de naturaleza a nuestro peor enemigo.

El Whiskey Tax

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Los impuestos, además de su función recaudatoria, tienen un aspecto netamente político, que los hace entrar en el juego de premios y castigos arbitrados desde el poder para afianzarse. Un claro ejemplo de ello fue el impuesto sobre el Whiskey, arbitrado por Hamilton con el apoyo del Presidente de los Estados Unidos, George Washington.

El país estaba dividido entre las colonias del noreste y las del oeste y el sur, por donde el país se estaba extendiendo. En las segundas predominaba una sociedad más rural, con valores individualistas e igualitaristas, que se desprendían del hecho de que cualquiera podía labrarse un futuro desplazándose más al oeste y adquiriendo las tierras que abrían antes de llegar al horizonte. Esos estadounidenses eran favorables a los republicanos de Thomas Jefferson y Madison. Los Estados más tradicionales, con una mayor población urbana, más compleja y comercial estaban más volcados a la industria y al comercio exterior. El estadounidense de Nueva York o Massachussets era más nacionalista y buscaba más poder para el Estado Federal. Era en estos poblados del norte donde los federalistas de Washington y Hamilton más apoyo recavaban.

Hamilton había presentado sus tres famosos informes: Report on Public Credit (1790), que se responsabilizó de las deudas de los Estados y las pagó, junto con las federales, a la par, el Report on a National Bank (1790), que dio lugar al primer fracaso de un banco central y el Report on Manufactures (1791). Este último, rechazado por el Congreso, intentó restituir el mercantilismo a niveles casi colbertianos. Su restitución del crédito público necesitaba de fondos, y uno de los impuestos arbitrados fue el del Whiskey, con un tipo del 25%. El preciado licor era ampliamente comerciado en los Estados de base republicana, en el oeste y el sur, donde incluso, ante el escaso desarrollo de las instituciones financieras, el Whiskey era utilizado como dinero. El impuesto sobre el Whiskey era, por tanto, una medida de venganza y su objetivo era tanto recaudatorio como político.

Los Estados del back-country, desde los territorios más occidentales hasta Virginia, Carolina y Georgia, se negaron a pagar el impuesto. Hubo una revolución silenciosa en contra del impuesto, lo que dejó a Nueva York, entonces capital, ante un nuevo reto y una nueva oportunidad para afirmar el vacilante y precario poder central. Washington expresó de forma certera que, si no se detenía la rebelión del impuesto sobre el Whiskey, “podemos decir adieu a todo gobierno en este país, a excepción del gobierno del populacho y de los club” y que “si las leyes se van a pisotear con impunidad, se pondrá fin, de un golpe, al gobierno republicano”.

Washington, que quería afirmar el poder del gobierno federal y Hamilton, que quería hacerlo sobre la parte de la población que se había rebelado contra sus reformas, decidieron nada menos que enviar 13.000 soldados, una fuerza mayor que la del Ejército Continental que ganó la Guerra de Independencia, a arrollar a los resistentes. Se puede considerar como unas maniobras, sin mayor importancia, porque no hubo una sola batalla. Un ejército de grandes proporciones frente a una sociedad que se había rebelado pacíficamente.

Este caso ilustra cómo se pueden utilizar los impuestos para castigar a determinadas capas de la población. Que su incidencia no es estrictamente neutral, especialmente en los impuestos especiales. Y que el Estado puede valerse de esa incidencia desigual para castigar o beneficiar a sectores específicos.

El caso de Terri Schiavo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El conservadurismo socialista, esa asfixiante corriente ideológica típicamente francesa -pero asimilada a día de hoy por la toda la izquierda europea- ha vuelto a perpetrar un crimen por estrangulamiento. Como casi siempre, las principales víctimas son el francés pobre y el pobre francés en general, pero la sociedad europea también pagará caro este nuevo triunfo del pensamiento único socialconservador.

Se trata de la retirada del proyecto de liberalización de los servicios en Europa. La propuesta de la Comisión Europea que parecía contar con un amplio respaldo consistía en que los bienes económicos que ofrecen los arquitectos, economistas, ingenieros, fontaneros y demás profesionales en forma de servicios, dejasen de estar restringidos por medio de agresivas regulaciones al territorio de los diferentes estados miembros.

El proyecto era de esas contadísimas cosas buenas que salen de la capital europea del intervencionismo y de la burocracia. Su esencia consistía en inhabilitar las barreras que impedían la prestación de servicios de todo tipo en países distintos al de origen o de residencia y así dar un importante impulso a la división europea del trabajo y del conocimiento. Suponía permitir una mejora cualitativa del mercado europeo al tiempo que éste se extendía hacia el centro y este del continente y hubiese permitido incrementar de manera significativa la productividad del trabajador medio y, especialmente, la de los trabajadores menos cualificados de Europa.

Los más aptos para prestar determinados servicios en mejores términos se hubiesen podido especializar y la mayor productividad de quienes finalmente ganasen el favor de los demandantes europeos hubiese beneficiado a aquellas personas menos cualificadas no sólo como consumidores sino como meros miembros de una sociedad más productiva gracias al mayor valor relativo que su cooperación adquiriría en los nuevos y mejores procesos de producción.

Es la maravilla del mercado libre: la extensión de los intercambios libres y pacíficos beneficia a toda la sociedad a través de la división del trabajo incluyendo a aquellas personas que están menos cualificadas o que poco han hecho por mejorar. Y es que el gran arquitecto o médico al que se le abren nuevos mercados no sólo empuja a otros arquitectos o médicos menos cualificados a especializarse en aquellos aspectos de su oficio que mejor saben hacer, sino que estará dispuesto a pagar más a quien le ayude a plegar sus planos o limpiar sus instrumentos.

Los políticos franceses, profesionales del agresionismo social –oficio al que a nadie se le ha ocurrido poner sanas barreras-,  han invocado la incompatibilidad del proyecto con el “modelo social europeo” para pedir su retirada. En el trasfondo está el cercano referéndum de la Constitución Europea en el país vecino y, en ese contexto, un posible guiño de los conservadores sociales a los social-conservadores franceses para ocultar las felices consecuencias de la libertad económica.

Una constitución socialdemócrata para Europa

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Mi intención en esta segunda parte de mi análisis del proyecto de constitución para Europa es explicar los motivos por los que, en caso de seguir adelante, representará el gran triunfo histórico de la socialdemocracia. En un artículo anterior expliqué el indebido papel de lo democrático en este tratado. En el presente me dispongo a explicar la estrecha relación en términos de economía política entre el texto constitucional y las posiciones socialistas; o, a la inversa, su escasa relación con el liberalismo.

Tan sólo desde la perspectiva del socialismo democrático es posible llegar a considerarla “el logro histórico más importante que ha vivido la civilización en el último siglo”. Parece evidente a estas alturas que José Luis Rodríguez Zapatero entendido a la perfección o, al menos, mucho mejor que la inmensa mayoría de los políticos, la esencia del texto y la enorme importancia para su corriente ideológica. El presidente del gobierno de España mantiene que “el tratado constitucionaliza el modelo social de Europa”. ¡Y tiene más razón que un santo! De poco importa que fuera de este argumento a favor del sí, ZP haga gala de una pobreza argumental tan sólo superada por una derecha que con los desperdicios del pensamiento único socialista ha apañado una extravagante defensa de este proyecto de constitución socialista para Europa.

Es más, la constitución no se conforma con los “logros” sociales y perjuicios individuales ya alcanzados en la legislación intervencionista europea, sino que pretende, como bien apunta una vez más ZP, “definir una buena estructura organizativa para que Europa siga avanzando”; hacia el socialismo democrático, se entiende. Como ejemplo de la estructura que permitirá mayores dosis de ingeniería social en el futuro vale la pena mencionar la inserción en la constitución de lo peor del intervencionismo social estadounidense. La defensa de la discriminación positiva tanto cuando se dice defender la discriminación como cuando se dice estar hablando a favor de la igualdad: “La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado.”

Esta vez las palabras de Zapatero no son, por desgracia, demagogia para sus fieles e incondicionales seguidores. El liberalismo económico y político que contribuyó a la idea original de Europa ha desaparecido de este tratado gracias a las buenas artes de los políticos socialistas y la necedad y los complejos de muchos que creen no serlo. Quizá no haya mejor forma de entender el rechazo de las ideas liberales en la letra y el espíritu de este tratado (a excepción del mercado libre interior del que disfrutamos sin necesidad de una farragosa constitución) que estudiando el tratamiento que se otorga en el texto al libre mercado y a la propiedad privada, los dos pilares de una sociedad de vínculos contractuales en la que la libertad de acción pacífica de las personas queda por encima de los designios y caprichos políticos.

En cuanto a la propiedad, Carlos Rodríguez Braun ya ha indicado con acierto que no hay rincón del texto constitucional en el que pueda encontrarse una referencia a la propiedad privada. Es más, se dice claramente que “La Constitución no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros.” El término Propiedad aparece en 11 ocasiones y 6 de ellas es para defender la propiedad intelectual o industrial y 2 para atacar directamente la propiedad privada. Un individuo tiene derecho a la propiedad de sus bienes, faltaría más, pero sólo si no hay una ley que diga lo contrario: “Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida que resulte necesario para el interés general.” ¿Quién decide lo que es el interés general? ¿Los burócratas de Bruselas o nuestros políticos? Poco importa. La cuestión es que el derecho a la propiedad privada brilla por su ausencia.

Con respecto al libre mercado ocurre algo similar. En ninguna ocasión puede encontrarse en el texto la expresión libertad de mercado. Tampoco están presentes mercado libre, libre mercado ni ninguna otra combinación clara del los sustantivos libertad y mercado. Por si no era evidente que esta constitución poco o nada tenía que ver con el liberalismo económico, la única vez que se relaciona directamente economía y mercado es para separarlas por el adjetivo social; la verdadera protagonista de las más de 300 páginas del tratado de marras con más de 150 apariciones estelares.

En realidad el mercado no es libre en esta constitución ni cuando se habla de libre competencia porque se hace en referencia al modelo estático de competencia perfecta que, con todas sus secuelas de legislación antimonopolio y antitrust, limitan la verdadera competencia libre.

Pero si lo “social” (e impuesto) como antítesis de lo “individual” (y voluntario) se lleva el premio al protagonista principal, el de mejor debutante novel lo hace el ecologismo. De hecho, este proyecto de constitución puede ser considerado como el primer texto constitucional que adopta los postulados del ecologismo radical. Se mire por donde se mire estamos ante una constitución ecologista: “Las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad.” Se puede decir con letras más grandes, pero difícilmente de forma más clara. Y así hasta 9 veces se identifica el desarrollo económico de Europa con las peligrosas ideas del movimiento verdirojo.

Con todo, lo que más debe asustarnos de esta rendición incondicional a lo que propugna ese conglomerado de organizaciones para-gubernamentales dedicadas en cuerpo y alma a la desinformación científica es la inclusión en el Tratado del “principio de precaución”. Como ya he tenido la oportunidad de comentar con anterioridad, este principio representa la mayor amenaza contra la libertad individual y el liberalismo que occidente haya conocido en las últimas décadas. Y es que la aplicación política de esta forma autoritaria de entender la precaución invierte la carga de la prueba, erosiona el principio de responsabilidad, desincentiva la innovación, impide la elección y gestión privada de los riesgos, paraliza el progreso económico y pone en manos del gobierno de turno un poder arbitrario de intervención en el mercado que genera una enorme incertidumbre. “La política medioambiental de la Unión tendrá como objetivo un nivel elevado de protección, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los principios de precaución y de acción preventiva,…”. Recuerden que no cito el panfleto de un grupo radical y marginal, cito el artículo III-233 (sección quinta) de la propuesta de constitución europea sobre la que tenemos la oportunidad de dar nuestra opinión el próximo domingo.

Resulta cuanto menos paradójico que los gobiernos europeos que tanto criticaron el principio de precaución aplicado a un dictador genocida que supuestamente amenazaba a occidente, defiendan ahora ese mismo principio pero aplicado en contra de la gente pacífica que utiliza los medios de su propiedad para tratar de satisfacer las necesidades del prójimo a cambio de una retribución voluntariamente acordada.

Justo es reconocerle a la propuesta de constitución los escasos aspectos positivos que contiene. Por ejemplo en el artículo I.I.4.1. se establece que “La Unión garantizará en su interior la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales y la libertad de establecimiento,…”. Sin embargo, de estos derechos ya disfrutamos sin necesidad de constitución alguna. Tampoco es despreciable que se menciona que “El presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.” Pero sin aclarar si se debe de cuadrar anualmente o en cada centuria de poco nos sirve esta aislada frase a favor del equilibrio presupuestario. Por último es de agradecer que se permita a todo estado que apruebe la constitución, abandonar la Unión de acuerdo con sus propias normas.

Sin embargo, estos aspectos positivos para cuyo disfrute no precisamos de esta constitución, no consiguen ocultar la esencia socialdemócrata del texto. Los socialistas lo han entendido así desde un principio mientras que los conservadores no se han enterado de lo que está en juego. ¿Y cuál es, a todas estas, la postura de los liberales acerca de este proyecto de constitución? En mi opinión, una constitución donde el progreso y el derecho siempre son sociales, el desarrollo sostenible, los principios de precaución y la propiedad cualquier cosa antes que privada, no merece el más mínimo apoyo de quienes se consideren liberales.

Constitución europea: “No” por principio

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

En esta primer aproximación a la magna pretendiente no voy a entrar en la dialéctica de artículos dañinos frente a artículos benignos. Advierto de antemano, también, de que no voy a responsabilizar al PSOE de los males de esta Constitución, porque si bien es cierto que este partido ha empeorado notablemente el poder de decisión de los representantes políticos españoles, sería demagógico y del todo injusto juzgar su postura en virtud de una técnica legislativa. Además, después de todo, la propuesta de Constitución es una gran obra socialdemócrata, y suicida sería que el Gobierno la atacara o rechazara por un quítame allá esas pajas.

Si hubiese que criticar al Gobierno por estos motivos, ¿qué habría que decir del Partido Popular? Lo justo sería despellejarlo sin piedad analítica –por su apoyo al texto constitucional– y aplaudir a los socialistas, por la exhibición propagandística mediante la cual han logrado convencer a más de un supuesto liberal del partido conservador.

En esta ocasión, por lo tanto, tan sólo quiero analizar la capa más superficial, pero ciertamente envolvente, del tratado, o, lo que es lo mismo, el espíritu general del proyecto. En este sentido, el proyecto de Constitución para Europa es realmente un producto de los tiempos que corren, en los que la democracia ha sido endiosada muy por encima de los valores a los cuales tradicionalmente se suponía que servía. La aritmética delante de la justicia o, quizá mas gráficamente, la justicia a los pies de la aritmética. ¿No nos habrán puesto el carro delante de los bueyes?

Lo primero que llama la atención a todo lector desprevenido es que la Constitución no comienza declarando que pretende ser un texto a través del cual los ciudadanos europeos se dotan de una unión que ayude a garantizar sus derechos inalienables frente a las agresiones de otros ciudadanos, o frente al uso indiscriminado e imprevisible del poder político. Ni mucho menos. El espíritu que se respira en cada uno de los apartados, pero cuyo postulado explícito se hurtó al ciudadano europeo en las correcciones que dieron lugar al último borrador, hay que buscarlo en una papelera de Bruselas.

Esa desaparecida declaración de principios no es otra que la frase de Tucídides que encabezaba el preámbulo del Tratado que algunos pretenden que se convierta en la ley de leyes de la Europa Unida. La inclusión de esta cita era el justo reconocimiento a una idea que constituía el espíritu de toda la obra: una alabanza al método para la detentación del monopolio del uso legal de la violencia que usurpaba el trono que suele reservarse a los límites del poder político. La cita de Tucídides con que comenzaba el texto es desgarradora para todo amante de la libertad individual: "Nuestra Constitución (…) se llama democracia porque el poder no está en manos de unos pocos sino de la mayoría".

La Constitución que se precia antes del sistema aritmético de toma de decisiones que del límite del ámbito de las decisiones políticas como salvaguarda de los derechos inherentes del hombre ha muerto como Constitución de hombres libres antes de haber nacido. Y es que una cosa es que en la Constitución se establezca el sistema democrático como sistema de obtención de legitimación del uso del poder coactivo del Estado porque –bajo nuestro actual sistema social– no se haya encontrado o no sea practicable una opción mejor, y otra bien distinta es que se anteponga, aunque sólo sea simbólicamente, el poder de la mayoría a la libertad de cada individuo.

Por si había alguna duda, no son los ciudadanos los que crean una Unión –como fue el caso de la fórmula elegida por los redactores de la Constitución de EEUU–, sino que, más bien al contrario, resulta ser la propia Unión (o el texto constitucional) la que, "al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación". O tal vez sean "los pueblos de Europa" los que, "al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes". En cualquier caso, entre la Constitución americana y la europea, el individuo ha pasado de sujeto a objeto del edificio constituyente. Del racionalismo moderado al constructivismo social –si se quiere, paternalista– más descarado.

Los padres de la Constitución de EEUU, aunque establecieron un sistema democrático para aquella Unión, no perdieron de vista que el carácter democrático no era un fin sino un medio; y, dicho sea de paso, un medio bastante peligroso. Por ejemplo, Thomas Jefferson era consciente de que "una democracia no es otra cosa que regla de la muchedumbre, según la cual el cincuenta y uno por ciento de la gente puede arrebatar los derechos del otro cuarenta y nueve por ciento". Por eso trató de dejar claro en la Constitución que si "la mayoría oprime a un individuo es culpable de un crimen, abusa de su fuerza y quebranta la fundación de la sociedad al actuar en función de la ley del más fuerte". Aunque quizá debió decir "de la ley del más numeroso".

Nuestras sociedades pasaron del dogma consistente en que ciertas familias tenían un derecho divino a gobernar sobre el resto al dogma según el cual la mayoría tiene derecho a gobernar sobre la minoría. Puede discutirse si el segundo es en la práctica más o menos opresivo que el primero, pero es indiscutible que, como principio, no es más cierto ni menos tiránico. Por eso, aunque se acepte como instrumento, jamás puede ser el principio rector o inspirador de un tratado constitucional.

Obviamente, no hay nada en la naturaleza de las mayorías que insufle justicia en sus decisiones. Las mayorías, de igual forma que las minorías, están formadas por individuos con pasiones, debilidades e intereses que no tienen por qué refrenar por el hecho de pertenecer al grupo mayoritario. Antes bien, si pertenecer a la mayoría legitima de alguna forma sus pretensiones –o, al menos, legaliza sus deseadas actuaciones en sociedad–, sus integrantes podrán dar rienda suelta a sus bajas pasiones.

Como estupendamente resumió Lysander Spooner: "No hay ni una partícula de verdad en la noción según la cual la mayoría tiene un derecho a gobernar, o ejercer poder arbitrario, sobre la minoría, simplemente por ser el primer grupo más numeroso que el segundo. Dos hombres no tienen más derecho natural a gobernar a uno que el que uno pueda tener a gobernar a dos". Y es que, como dijera el Padre Juan de Mariana en 1599, el problema de la democracia es que "no se pesan los votos, se cuentan".

La Constitución europea confunde el fin con el medio. Se ha puesto el medio en el primer plano, y los fines han sido abandonados a los vientos de la imprecisión más absoluta. Así se deja la puerta abierta a todo tipo de agresiones a los derechos individuales. Si no se cierra, apoyar esa Constitución sería una acción liberticida. Mientras tanto, al amante de la libertad individual le queda expresar su no por principio.

Sociedad sin Estado

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Se ha preguntado qué es el estado y qué utilidad tiene? No lo examine según las intenciones de los políticos, sino por sus acciones. En economía hay una lección que tendría que ser el primer capítulo de cualquier manual: la intervención del estado conduce a la servidumbre y pobreza generando pérdidas netas totales.

El estado no produce, por eso ha de incautar, mediante impuestos, el dinero a los ciudadanos que “gobierna” aunque éstos no quieran ser sus sirvientes. ¿Usted paga impuestos porque quiere? No, los paga porque sino el estado tomaría represalias contra su persona y propiedad. Si usted deja de pagar un impuesto, el gobierno de turno le enviará cartas amenazándole. Si no hace caso, intentará requisar sus cuentas bancarias. Si no encuentra dinero en sus cuentas, le enviará “oficiales del estado” para apresarlo y obligarle a pagar; pero si usted en ese momento persiste en defender lo que es suyo y se resiste a la “autoridad”, ésta no dudará en darle muerte y arrebatarle lo que había sido suyo.

Qué sentido tienen los conceptos de cooperación social, solidaridad, distribución de la riqueza, igualdad, talante… cuando éstos sólo funcionan bajo la amenaza de la extorsión y el miedo. Todos ellos han de ser actos voluntarios, y la mejor forma de llevarlos a cabo es mediante el libre mercado.

La sociedad no se ha desarrollado gracias al estado ni a ningún dirigente, sino gracias a la cooperación natural de los hombres. A medida que el hombre fue capaz de transformar su entorno para satisfacer sus necesidades fue creando bienestar para su comunidad. La cooperación social voluntaria es el prerrequisito básico de cualquier sociedad y del Capitalismo.

Pero tal vez crea que sin la intervención del estado la sociedad se volvería un caos. Muchos autores se están dando cuenta que los “servicios públicos” no tienen porque ser suministrados por un gobierno. Desde que se hizo la liberalización parcial de las comunicaciones este sector ha proliferado dándonos una gran oferta de servicios más baratos y variados que cuando eran un monopolio estatal. Imagínese si se privatizara la sanidad, la seguridad pública, la justicia…

La sanidad pública sólo genera largos periodos de espera, funcionarios incompetentes, tratos preferentes y un servicio que cuesta mucho dinero aunque usted no lo use.

La seguridad también es más eficiente en manos privadas. La seguridad pública ha sido eliminada en algunas partes de Estados Unidos generando una policía privada preocupada por su cliente, más eficiente y más barata. Las vallas, alarmas, seguros, instrumentos de defensa no los sirve el estado, sino la empresa privada.

Incluso la justicia privada se ha desarrollado sorprendentemente debido a la incompetencia de su homónima pública. La American Arbitration Association en Estados Unidos ha resuelto 14.500 casos laborales; Judicate West soluciona cualquier litigio en menos de 30 días a un coste muy asequible para cualquier bolsillo. En España, la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad administró 12.500 procedimientos arbítrales en 2004 con un tiempo máximo de espera de 35 días.

Según Inmaculada Sainz de Robles, árbitro inmobiliaria de la empresa Arbin, el arbitraje privado “llega a soluciones prácticas para las partes, y todo es más natural que en un juicio”. Además, “al juzgado [público] una parte va voluntaria y la otra forzada. Al arbitraje todos van porque quieren soluciones. Es muy frecuente que las partes lleguen a un acuerdo antes que el árbitro decida”.

Sin la “competencia desleal” del estado este tipo de empresas proliferarían creando mejores y más variados servicios trabajando por aquello que más valoramos: la protección física, judicial y médica.

Las bondades del sistema de libre empresa nos muestran muchos más ejemplos históricos y actuales; y las conclusiones son claras, no dejemos que el estado haga aquello que otros saben hacer mejor. El mejor gobierno es el que menos gobierna, y en consecuencia, el mejor gobierno es el que no existe.